Las farmas inyectan más de 103 millones de euros al año entre los profesionales sanitarios... Un estudio demuestra la “red de intereses” que tejen las multinacionales farmacéuticas a través de los pagos que realizan a los profesionales sanitarios... En 2022, 2.789 profesionales sanitarios recibieron cantidades superiores a 5.000 euros de una única empresa

"Lo llaman “transferencias de valor” cuando podrían llamarle “red de intereses”. Un nuevo estudio, realizado por Ángel María Martín Fernández- Gallardo, Inspector Farmacéutico del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) y vicepresidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento (AAJM), demuestra cómo, con "precisión quirúrgica”, las 18 principales farmacéuticas que operan en el Estado reparten dinero a profesionales sanitarios con la intención de introducir sus medicamentos en los sistemas de salud.

En total, y sirviéndose de los datos de 2022 que hace públicos Farmaindustria, estas empresas repartieron 103 millones de euros entre más de 90.000 profesionales sanitarios por conceptos como la asistencia a congresos o pagos por servicios realizados que, “en función del interés terapéutico estratégico de la multinacional y el valor que tenga ese profesional para su interés terapéutico estratégico”, varían desde el coste de una comida hasta decenas de miles de euros por servicios que le haya realizado.

Y, detrás de estos pagos, unas figuras: los líderes de interés, conocidos como KOL (su acrónimo en inglés), personajes con “influencia, prestigio y credibilidad”, normalmente médicos, que expanden los mensajes entre sus compañeros, en palabras de Martín. Son “referentes” que extienden su capa de influencia entre los más de 90.000 profesionales que viven en casi 2.000 localidades que abarcan el 74% de las zonas de salud, donde vive el 87% de la población de España, tal y como se recoge en el estudio.
“En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales que reparten de manera muy selectiva”

“Las multinacionales farmacéuticas tienen una extensa red social trabajando a pleno rendimiento en función de su interés terapéutico y para ello se sirven de toda una red de más de 90.000 profesionales”, explica a El Salto el autor del estudio. Este análisis demuestra que en España hay 2.789 profesionales sanitarios líderes de opinión que recibieron pagos superiores a 5.000 euros de alguna de estas multinacionales. Además, 856 profesionales sanitarios recibieron más de 15.000 euros de todas las multinacionales farmacéuticas hay nueve que cotizan por encima de los 100.000 euros que reciben un pago medio de las farmas de 147.614 euros.

El autor del informe contextualiza qué significan estas cifras: “En España, el salario medio mensual de un profesional fue de 3.122 euros, según el INE en 2022. Con los 103 millones de euros les están retribuyendo con el equivalente a 33.333 pagas anuales, igual al salario anual de 2.750 profesionales sanitarios que reparten de manera muy selectiva”.
Obligación de transparencia

Pero, ¿de dónde parten estas cifras? En junio de 2013, y con la intención de mejorar en transparencia en este área, se aprobó el Código de divulgación de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) que obliga a todas las empresas miembro de la EFPIA a divulgar las transferencias de valor y los pagos realizados a profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias en concepto de donaciones, actividades formativas, prestación de servicios e investigación y desarrollo correspondientes al año anterior. En 2016, la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reconoció el interés general de la publicación de las transferencias de valor de forma individual, estableciendo que ya no será necesario que cada profesional firme un consentimiento.

“En España, las 18 empresas pertenecientes a Farmaindustria publican el montante que han destinado a pagar a cada médico, dando los datos del médico, nombre completo, lugar de trabajo, dirección, localidad y país”, explica el vicepresidente de AAJM, quien ha cruzado los informes de las 18 farmas para elaborar la investigación.
En cuanto al montante aportado a los líderes de opinión, destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones

Con respecto al montante aportado a los líderes de opinión por estas empresas destaca Janssen, con 3,3 millones de euros; le siguen GSK, con 2,5 millones de euros; Pfizer, con 2,4 millones y AstraZeneca, con 2,3 millones. Entre las cuatro acumulan el 42% del importe total que reciben los líderes de opinión que se embolsaron más de 15.000 euros al año.

Y, en cuanto a especialidades, los pagos se realizan con una precisión quirúrgica, siendo las áreas más remuneradas oncología médica, hematología, dermatología y reumatología, las cuales representan solo el 6% de los especialistas del Sistema Nacional de Salud, pero aportan el 50% de los líderes de opinión. “¿Alguien puede creer que sea fruto del azar que el 18,5% del gasto farmacéutico hospitalario sea en oncología y el 11,5% en hematología, y que la inversión de las multinacionales farmacéuticas en líderes de opinión de oncología y hematología sea también del 18,6% y el 11,6%?”, se pregunta el autor del estudio.

Otro dato que demuestra la dirección de sus dádivas: solo 22 enfermedades concentran el 74% de los líderes de opinión que han ganado más de 15.000 euros al año, mientras que la clasificación internacional de enfermedades CIE11 de la OMS recoge 17.000. “Eufemísticamente lo llaman transferencias de valor, pero es evidente que es una inversión en valores, acciones de un mercado de valores muy selectivo que les reporta un suculento beneficio económico”, asegura Martín.
Desde la AEMP hasta los hospitales públicos

Una red de influencias que llega hasta la propia AEMP, tal y como analiza el informe. “El 10% de los asesores externos de la AEMP, que son 311 expertos, son líderes de opinión y han recibido más de un millón de euros en un año”, explica Martín.
El análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen

Además, el análisis demuestra que las multinacionales tienen una marcada preferencia por los grandes hospitales públicos, que acumulan la mayoría de los líderes de opinión que reclutan y de los pagos que les hacen. El Hospital Clínic, el Vall de Hebrón, el Ramón y Cajal, el Doce de Octubre, La Paz y Gregorio Marañón encabezan la lista, dos de Barcelona capital y cuatro de Madrid capital, que con 189 profesionales acumulan el 22% de todos los líderes de opinión que han recibido pagos superiores a 15.000 euros y, con 6,1 millones de euros, el 24% de los pagos.

No en vano, según el último informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre el estado de la Atención Especializada, el gasto farmacéutico es la partida que más ha aumentado en los servicios hospitalarios. Así, entre el 2014 y 2019 el aumento fue de 44,3%, y entre 2014 y 2023 del 86,19%. Entre los factores detrás de este gran aumento, desde FADSP apuntan al envejecimiento de la población, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la introducción de nuevos fármacos con un alto precio.

Para Martín, la clave está en mejorar la transparencia mediante declaraciones de intereses: “El Ministerio de Sanidad debería exigir a los profesionales que declaren todos los intereses y hacerlos públicos. Y esta labor no la debería de hacer la industria farmaceútica, tendría que ser una labor pública. Así, cualquier ciudadano podría conocer los pagos que la industria le está haciendo al médico que quiera y no tendría que hacer una minuciosa labor de recopilación como la que he hecho yo”, zanja."                 (Sara Plaza, El Salto, 22/06/24)

Pruebas del COVID-19, un fraude de más de 2.000 millones... Los fraudes de empresas y laboratorios a fondos públicos de lucha contra el Covid-19 superan ya los 57.000 millones de dólares sólo en Estados Unidos

 "A medida que la pandemia de COVID-19 continúa, el gasto de dinero público de muchos países en pruebas del virus continuó aumentando en 2022 y, sorprendentemente, está superando incluso a los momentos más duros de la pandemia.

Hasta el 31 de octubre del pasado año, en Estados Unidos, Medicare ya había gastado 2.000 millones de dólares en pruebas de COVID-19 en 2022, una cantidad que superará el total del año pasado a medida que se presenten reclamos. Así lo indican los datos hechos públicos por CareSet, una organización de investigación que trabaja para hacer que el sistema de salud norteamericano sea más transparente.

La cantidad gastada hasta octubre de 2022 se compara con los 2.000 millones de todo 2021 y los 1.500 millones en 2020, según datos de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El fraude y el gasto excesivo están contribuyendo este incremento del gasto porque el dinero público para las pruebas de COVID-19 no está sujeto a algunas de las mismas restricciones financieras y reglamentarias que otras pruebas cubiertas por Medicare, el programa de seguro del gobierno para personas con discapacidad y para los mayores de 65 años.

Los costes crecientes preocupan porque la necesidad de incentivos financieros para expandir la disponibilidad de las pruebas ha pasado.

Al principio de la pandemia, las pruebas eran críticas para frenar la propagación del virus y escaseaban. Entonces, el gobierno de Estados Unidos promulgó medidas para que fuera más rentable ingresar al negocio de las pruebas de COVID-19. 

Estas medidas incluyeron una generosa tasa de reembolso de Medicare, requisitos para que el seguro privado cubra las pruebas, incluso obligar a los planes de seguro a pagar cualquier precio en efectivo que exigieran los proveedores fuera de la red, laboratorios, y un fondo considerable para evaluar a aquellas personas que no tenían seguro.

Esas medidas lograron atraer laboratorios nuevos y existentes al negocio de COVID-19 y ayudaron a garantizar que la mayoría de las personas tuvieran acceso a las pruebas, incluso si algunas enfrentaban esperas excesivas para obtener sus resultados. 

Pero los incentivos también atrajeron a especuladores de precios, estafadores y personas sin experiencia en el negocio de los laboratorios. El resultado fue un enfoque caótico que iba desde programas de prueba fallidos y confusión sobre los nuevos requisitos hasta un fraude total.

Un laboratorio con sede en Chicago, Northshore Clinical, usó conexiones políticas en Nevada para acelerar la concesión de licencias y generó un gran volumen de facturación a través de acuerdos con distritos escolares, universidades y gobiernos locales. También se produjeron prácticas de facturación cuestionables que peritos en seguros describieron como fraudulentas. Un estudio de las pruebas de Northshore en el campus de la Universidad de Nevada en Reno encontró que la compañía pasó por alto el 96% de los casos de COVID-19 durante diciembre de 2021.

La compañía presentó 600 páginas de documentación a los reguladores estatales para respaldar su afirmación de que arregló las deficiencias detectadas por los inspectores, pero finalmente le pidió al estado que cancelara su licencia y se retiró de Nevada antes de que terminara la investigación. 

El 20 abril de 2022, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra personas en ocho estados que supuestamente enviaron más de 149 millones de dólares en facturas falsas de COVID-19 a programas federales. La Oficina del Inspector General del Departamento de Salud también realizó análisis de los datos de Medicare, incluso para un informe publicado recientemente, al que Diario16 ha tenido acceso, que encontró que 378 laboratorios habían facturado a Medicare por costosas pruebas complementarias en «niveles cuestionablemente altos» después de evaluar a las personas para detectar COVID-19.

 Los fiscales generales en un puñado de estados han tomado medidas contra los laboratorios por falsificar resultados, cobrar tarifas por «resultados acelerados» que llegaron días después y prácticas de marketing engañosas.

Los programas para pagar las pruebas de COVID-19 no son los únicos fondos de asistencia para la pandemia que han atraído a personas que buscan obtener ganancias rápidas. Los préstamos del Programa de Protección de nóminas se destinaron a negocios falsos o se gastaron en artículos de lujo en lugar de mantener a las personas empleadas. Los programas estatales ampliados de desempleo también vieron un fraude sin precedentes que una contabilidad parcial del gobierno estadounidense estima en 57.300 millones de dólares. 

Según los datos de CareSet, más de 2.300 nuevos laboratorios se han inscrito como proveedores de Medicare desde que comenzó la pandemia y han estado facturando por las pruebas de COVID-19, prueba de la mayor capacidad generada por las medidas federales."                 (J. A. Gómez, diario16, 07/01/23)

La farmacéutica Teva es declarada culpable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos... El veredicto del jurado establece la responsabilidad de la compañía por su papel en la crisis sanitaria que ha causado “la muerte y destrucción” de casi medio millón de ciudadanos

 "La farmacéutica Teva fue declarada el jueves responsable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos en un juicio que se alargó medio año en Nueva York y que fue pionero por llevar ante la Justicia a las grandes empresas implicadas, después de que todas las demás acusadas pactaran acuerdos multimillonarios para abandonar el banquillo.

 El jurado del proceso, que comenzó el pasado junio en la Corte Suprema estatal, emitió ayer un veredicto de culpabilidad para Teva Pharmaceuticals USA y varias de sus subsidiarias, que habían sido acusadas por la Fiscalía General de los cargos de “perjuicio público” por su papel en una crisis sanitaria que ha costado la vida a casi medio millón de estadounidenses en las últimas décadas.

La fiscal demócrata Letitia James, que ha encabezado el caso, se adjudicó una “victoria” y dijo que el jurado había atribuido la “responsabilidad” a ese fabricante de productos opiáceos por “la muerte y destrucción infligida sobre los estadounidenses” a los que “engañó sobre los verdaderos peligros de los opioides”, según un comunicado. En marzo de 2019, James presentó la demanda más extensa del país para responsabilizar a más de una decena de fabricantes y distribuidores por la epidemia de los opioides, incluyendo a Purdue Pharma, la fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, y a sus propietarios, la familia Sackler.

No obstante, ya antes de comenzar el juicio las acusadas empezaron a negociar y firmar acuerdos con la Fiscalía, la primera de ellas Johnson & Johnson, que se comprometió a pagar 230 millones de dólares y a suspender en todo el país la producción y las ventas de sus productos opiáceos para resolver la demanda. Hace un mes se produjo el último pacto, el de Allergan -subsidiaria de AbbVie y conocida por fabricar el Botox-, que acordó pagar 200 millones y dejar de producir, vender y promover opioides para librarse del juicio.

En total, la Fiscalía recabó en total unos 1.500 millones de dólares que se destinarán a paliar la devastación de la crisis de los opioides en Nueva York, con tratamientos para la recuperación de los adictos y programas educativos. Buena parte de ese monto, en torno a unos 1.000 millones aportados por las grandes distribuidoras McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen y Johnson & Johnson, forma parte de un acuerdo global de 26.000 millones que firmaron las cuatro empresas para poner fin a miles de demandas impulsadas por numerosos estados y ciudades del país contra ellas.

 Teva, la única farmacéutica que quedaba en pie en el juicio, calificado de “maratón” por el juez, tendrá que someterse ahora a otro proceso que determinará cuánto debe pagar por alimentar crisis de los opioides en EE UU, según determinó hoy el jurado con su veredicto después de unas dos semanas de deliberaciones."                      (El País, 31/12/21)

Casi todos los miembros del comité de la Asociación Española de Pediatría que tomó la decisión de recomendar vacunar a los niños contra la gripe reconocen relaciones económicas con los fabricantes de los fármacos

 "La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha dado este otoño un salto cualitativo importante en sus recomendaciones sobre la vacunación de la gripe. Por primera vez, la sociedad científica llama a vacunar a todos los niños de entre seis meses y cinco años de edad, una decisión que ha sido recibida con sorpresa por algunos sectores médicos y que llega cuando los organismos reguladores evalúan si aprobar o no la vacuna pediátrica frente al coronavirus.

La propuesta de la AEP va más allá de la posición del Ministerio de Sanidad, que solo considera necesario (y financia) la vacunación de los menores con patologías de riesgo o que conviven con personas que las sufren. Las familias que deseen inmunizar a sus hijos deberán recibir de su pediatra la receta y asumir el coste de la vacuna. Las disponibles cuestan unos 15 euros por dosis y el primer año se requieren dos, aunque en los siguientes basta con una. La población diana asciende a unos 2,3 millones de niños. Sociedades científicas como la Asociación Española de Vacunología (AEV) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) no comparten la recomendación de la AEP y siguen los criterios del ministerio.

Sobre el debate médico, abierto desde hace años acerca de esta vacuna, planea la controversia en torno a los conflictos de interés que surgen cuando sociedades científicas emiten recomendaciones que tienen importantes repercusiones económicas mientras reciben cuantiosas aportaciones de las empresas farmacéuticas beneficiadas por sus posicionamientos. La AEP y su fundación recibieron en 2020 un total de 363.000 euros de dos de los mayores fabricantes de vacunas pediátricas contra la gripe, GSK y Sanofi. Las dos compañías destinaron también el año pasado otros 253.000 euros a otras asociaciones de pediatras regionales y de atención primaria.

En este caso, además, los 12 miembros del Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP) que ha aprobado la recomendación también admiten haber percibido pagos de la industria en los últimos cinco años, según la declaración de intereses incluida en la recomendación. Los datos publicados por el sector ofrecen detalles más precisos y actualizados: seis de ellos percibieron el año pasado entre 5.000 y 14.000 euros de GSK y Sanofi, otros tres cantidades menores (menos de 1.000 euros) y tres más ningún importe.

De los 12 miembros del Comité, todos declaran haber cobrado en los cinco años anteriores por participar en “actividades docentes subvencionadas” por los fabricantes de vacunas; ocho forman o han formado parte de consejos asesores de las farmacéuticas (en su mayoría de GSK); seis han contribuido a ensayos o estudios clínicos de las compañías; y en cuatro casos la relación con la industria se limita a haber sido invitados a eventos o cursos de formación. Solo uno de ellos deja claro en la declaración de intereses que “desde que es miembro del CAV-AEP no ha aceptado patrocinio directo alguno de ningún laboratorio farmacéutico para ninguna actividad”.

Ildefonso Hernández, portavoz de Sespas, defiende que “como norma general, no es bueno ni deseable que las sociedades científicas hagan recomendaciones de este tipo que van más allá de lo establecido por las autoridades sanitarias porque es algo que genera confusión entre los ciudadanos y que puede acabar provocando una presión innecesaria e interesada sobre el sistema sanitario”. Este especialista destaca que el asunto “adquiere especial relevancia cuando existen conflictos de interés en las personas que elaboran estas recomendaciones”.

Abel Novoa, coordinador del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), recuerda que “el objetivo no es impedir la colaboración con la industria, sino que exista un buen gobierno es este ámbito”. “Hay muchos ejemplos de instrumentos para que los distintos actores puedan relacionarse sin conflictos de interés que puedan poner en duda su imparcialidad. Revistas de prestigio como JAMA, por ejemplo, no dejan que quienes firman los artículos donde se establecen los protocolos e indicaciones para el manejo de enfermedades tengan conflicto alguno. Otro ejemplo son los comités de evaluación de posibles conflictos que muchas sociedades científicas han desarrollado en otros países, pero no todavía en España”, concreta.

 En una respuesta por escrito, la AEP defiende que sus recomendaciones “están basadas siempre en el criterio científico” y que “evita el respaldo de las actividades de la industria en las que no se aprecia otro interés que el puramente comercial”. Sobre los cobros de los miembros del Comité Asesor de Vacunas, la AEP sostiene que la relación de sus miembros con la industria “está sujeta al Marco Ético de la sociedad”, aunque estos especialistas “en el ejercicio de su libertad profesional, pueden participar en otras actividades en calidad de expertos en su materia y a título personal”.

La AEP asegura que ya tenía previsto recomendar la vacunación universal de los niños de seis meses a cinco años el año pasado, pero que decidió esperar porque entonces priorizó “la vacunación de personas mayores y de grupos de riesgo”. Pese a ello, la sociedad pidió el pasado febrero al Ministerio de Sanidad incluir a los niños en el calendario vacunal. Una petición que no ha sido atendida, pero que la AEP seguirá “solicitando hasta que lo sea”.

Un portavoz de GSK considera que “no tiene sentido deducir que estas colaboraciones condicionan el criterio clínico de los profesionales sanitarios” y destaca que “la colaboración entre la industria farmacéutica, profesionales sanitarios y sociedades científicas y médicas es particularmente importante” para “la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas, y su uso adecuado”. Por su parte, Sanofi sostiene: “Creemos que las interrelaciones entre industria farmacéutica y profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias son indispensables y benefician a todos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2012 la vacunación de los niños contra la gripe, aunque esta medida —adoptada poco después de la amenaza pandémica de la gripe A— no ha sido seguida por muchos países y las coberturas logradas en los que sí lo han hecho son en general bajas.

Aunque la AEP asegura que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) también recomienda esta medida desde ese año —algunos documentos técnicos de esas fechas evaluaban si podía ser útil en algunas situaciones—, un portavoz del organismo no lo confirma. “La Unión Europea y los Estados miembros no han acordado una recomendación conjunta sobre la vacunación de los niños”, expone por escrito. Dinamarca, Finlandia, Letonia y algunos Estados alemanes son los únicos de la Unión Europea —además del Reino Unido, que la abandonó en febrero de 2020— que tienen programas de vacunación universal para la infancia.

Según la AEP, “existe evidencia científica suficiente para recomendar la vacunación antigripal universal en los niños de 6 a 59 meses”. Las razones son que esta medida “proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria”, ya que “los niños preescolares y escolares son los principales difusores de los brotes de la gripe”. La tasa de hospitalización de niños sanos es de “uno de cada mil casos”, añaden los pediatras.

 El Ministerio de Sanidad y otras sociedades científicas, por el contrario, piensan que la vacunación infantil de niños sanos no presenta un balance coste-beneficio favorable dada la escasa gravedad de los cuadros clínicos desarrollados por los menores. “Es una vacuna con una efectividad reducida, que protege a cerca de la mitad de quienes la reciben. Está indicada en personas para las que la gripe es realmente un riesgo, pero este no es el caso de los niños”, concluye José Tuells, coordinador del grupo de trabajo de vacunas de Sespas."               (Oriol Güell, El País, 08/10/21)

Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los opioides en EE UU

"En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. 

Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.

En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales de este caso, el Estado informó de que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.

Balkmam explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de márquetin falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis". El juez sostuvo que los acusados se embarcaron en una gran campaña para difundir los mensajes de que "había un bajo riesgo de abuso" de los opioides para tratar el dolor. "Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas", apuntó. La propia junta de asesoría científica contratada de los acusados les informó de que muchos de los mensajes de campaña "eran engañosos y no debían difundirse", reza el fallo.

El juez afirmó que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en el Estado. Oklahoma esperaba una multa de 17 mil millones de dólares para financiar programas de prevención y tratamientos para superar la adicción durante los próximos 20 años. "El Estado no presentó pruebas suficientes de la cantidad de tiempo y costos necesarios, más allá del primer año, para mitigar la crisis de los opioides", escribió Balkman. Las acciones del gigante farmacéutico avanzaron este martes cerca de un 2% porque esperaban un castigo mayor.

Lisa Baldwin, parte del equipo legal, explica por teléfono desde Cleveland que aunque no se consiguió la suma que estaba buscando, el fallo representa un “éxito para Oklahoma” que va a poder recuperar ese dinero para invertirlo en programas de prevención, asesoría a las familias afectadas y a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios de ayuda. “Las víctimas están tremendamente agradecidas porque sienten que por fin se ha hecho justicia”, afirma.

"Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides", dijo este lunes Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó.

En 2017, el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, demandó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) por causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de márquetin agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó que J&J era la compañía “líder” del engaño, actuando motivada por “la codicia”. Según el fiscal, entre 2015 y 2018 se otorgaron 18 millones de recetas de opioides en un Estado con una población de 3.9 millones.

Las otras dos compañías farmacéuticas demandadas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente. 200 millones de la multa de Purdue se destinarán a financiar un centro de estudios de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.

Los abogados de J&J defienden que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante el juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días.

La abogada Baldwin no se atreve a afirmar que este fallo histórico servirá de precedente para los que vienen porque cada cual tiene un contexto diferente y argumentos que desconoce. Pero está segura de que el hecho de que J&J tenga que hacerse responsable de sus acciones es un espaldarazo para el resto de las demandas.

El primer juicio federal por opioides

La decisión del juez Balkman llega solo dos meses antes de que comience el primer juicio federal por opioides. La batalla judicial del 21 de octubre es el resultado de 2.000 demandas pendientes en un tribunal federal en Cleveland, Ohio, presentadas en gran parte por gobiernos locales que buscan responsabilizar a varios fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias por la mortal crisis de opioides, declarada emergencia nacional por la Casa Blanca. 

A los fabricantes los acusan de comercializar engañosamente opioides con mensajes que minimizan sus riesgos y a los distribuidores de no detectar y detener las órdenes sospechosas. Algunas de las compañías que participarán en el juicio sin precedentes son Purdue Pharma LP, Teva Pharmaceutical Industries Ltd y Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos McKesson Corp, Cardinal Health Inc y AmerisourceBergen Corp.

Un informe de la Administración de Control de Drogas presentado en la demanda colectiva revela que las compañías distribuyeron en Estados Unidos 76.000 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona entre 2006 y 2012. En seis años, la prescripción de los analgésicos para aliviar el dolor ha aumentado un 51% en el país: en 2006 fueron 8.400 millones de pastillas y en 2012 alcanzaron un total de 12.600 millones.

En Estados Unidos 66 millones de personas consumen opioides. Un sexto de esa población abusa de los narcóticos. Pero cada vez son más los políticos y ciudadanos que quieren cambiar esa realidad enfrentándose con la industria farmacéutica en los tribunales. A nivel nacional existen más de 2.300 demandas pendientes de los gobiernos estatales y locales."                (Antonia Laborde, El País, 28/08/19)

El líder de la diálisis logró 21 millones con sobornos a médicos de la sanidad pública

"La multinacional alemana Fresenius, líder mundial en productos para diálisis, logró aumentar sus ingresos en España en 21,1 millones de euros entre 2007 y 2014 gracias a los pagos irregulares que la compañía ha reconocido haber hecho a médicos de la sanidad pública, según consta en un documento hecho público por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El informe, que resume siete años de investigación interna de la empresa junto a las autoridades de EE UU, detalla cómo Fresenius consiguió información privilegiada de concursos públicos, influir en la redacción de las especificaciones técnicas y la derivación de pacientes a sus centros, entre otras prácticas.

La compañía, según el Departamento de Justicia, no mantuvo “controles internos sensatos, lo que permitió que los pagos improcedentes a los facultativos se prolongaran hasta 2014”. En total, “Fresenius ingresó aproximadamente 23,8 millones de dólares [21,1 millones de euros] gracias a estos pagos”, concluye el informe.

Entre los facultativos beneficiados figuran el jefe de sección de diálisis del Hospital Clínic de Barcelona, Francesc Maduell, y seis nefrólogos del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, según ha confirmado este diario a partir de la información contenida en el informe (que no cita el nombre de los implicados). Estos facultativos se suman a los ya publicados el pasado 24 de mayo: la presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), María Dolores del Pino, y el jefe del servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, Antonio Galán.

El documento del Departamento de Justicia aporta más información de los casos ya publicados por este diario el pasado 24 de mayo. Uno es el del jefe de servicio de Nefrología del Hospital General de Valencia, que recibió de Fresenius entre 2008 y 2011 “más de 81.000 euros sin que exista un acuerdo de consultoría ni un contrato” que justifique los pagos. Galán, que ha declinado responder a este diario, recibió en total unos 150.000 euros de la compañía, con la que intercambió información confidencial sobre un concurso público de 1,7 millones.

Sobre María Dolores del Pino, presidenta de la SEN e identificada como “jefa de Nefrología” de un “hospital público localizado en Torrecárdenas” (Almería) —cargo que ocupó hasta el pasado 12 de abril—, el Departamento de Justicia señala que Fresenius le propuso en 2014 “cómo debía ser redactado un concurso” a celebrar al año siguiente y en el que la compañía ganó un lote de 2,7 millones. “Fresenius entregó dinero y [otros] beneficios” a Del Pino, detalla el documento, algo que Del Pino niega.

Fresenius cerró en marzo un acuerdo de no enjuiciamiento con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. El pacto exime a la compañía de responsabilidades penales y civiles a cambio de una multa (208 millones de euros por varios conceptos), medidas de control (un supervisor durante dos años) y colaborar en las investigaciones.

Los hechos se refieren a España, México, Serbia, Bosnia, China, Turquía y otros 11 países de África y Asia. El acuerdo considera probado que la filial española de Fresenius “hizo pagos a médicos y profesionales sanitarios relacionados con concursos públicos”. La forma de llevar a cabo estos pagos fue mediante “contratos fraudulentos de consultoría”, “regalos u otros beneficios como viajes” y “donaciones para financiar proyectos de los médicos”.

El Departamento de Justicia pone como ejemplo el caso de Maduell, con el que firmó “entre 2008 y 2014 varios contratos de consultoría” por “340.000 euros, además de viajes a congresos médicos, otro a los Estados Unidos y un curso de inglés de dos semanas de duración”. El Hospital Clínic, que tiene a Fresenius entre sus proveedores, defendió ayer la legalidad de los pagos a su jefe de diálisis. “Los contratos de consultoría no son ilegales, como tampoco financiar los viajes a congresos. Fue en una de estas reuniones en Atlanta que Maduell visitó el Renal Research Centre de Fresenius en Nueva York”.

El hospital también asegura que “en horario fuera de su actividad en el hospital, Maduell hizo una gira de conferencias para la empresa, motivo por el que recibió el curso de inglés”. Francesc Maduell fue entre 2006 y 2010 secretario de la Sociedad Catalana de Nefrología (SCN) y ha publicado en los últimos años al menos dos artículos científicos relevantes relacionados con la compañía.

El Departamento de Justicia sostiene que “Fresenius también hizo pagos impropios a nefrólogos a cambio de que estos derivaran a pacientes a sus clínicas”. “En otras ocasiones, Fresenius compró negocios [clínicas de diálisis] a los médicos y luego les siguió pagando por el uso de los edificios en los que estaban localizados”, sigue el texto.

El documento destaca el caso de seis facultativos, que este diario ha identificado como miembros del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, a los que la compañía pagó “cinco millones de euros” por una clínica de diálisis situada en el centro empresarial Zoco Gran Santander. A esta cantidad, “debe sumarse el 5% de la facturación de la clínica durante los siguientes cinco años”. Según las cuentas de las empresas implicadas depositadas en el Registro Mercantil, la operación se cerró en 2004 y la cantidad extra abonada asciende a unos 750.000 euros hasta 2009.

Uno de estos facultativos es Ángel Luís de Francisco, ex jefe de Nefrología en el Marqués de Valdecilla y presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) entre 2002 y 2008. Otro, Manuel Arias Rodríguez, que ocupó el mismo cargo en el hospital, fue vicepresidente de la SEN en los años 90 y en 2014 fue nombrado por esta sociedad como vocal de Comisión Nacional de la Especialidad, órgano asesor de los ministerios de Educación, Ciencia y Sanidad en la formación y acreditación de esta disciplina. Un tercer nefrólogo es Julio González Cotorruelo, excoordinador de trasplantes de Cantabria.

Este diario ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de los facultativos a través del hospital Marqués de Valdecilla y la SEN. El centro sanitario informó de que los seis facultativos se han ido jubilando en los últimos años. Pese a ello, “cualquier información relativa a supuestas actividades o prácticas irregulares realizadas dentro del sistema sanitario público sobre la que se tenga conocimiento será investigada”, contestó por escrito el hospital, sin querer entrar en más detalles.

Los Gobiernos de Andalucía y la Comunidad Valenciana anunciaron tras la primera publicación del caso Fresenius sendas investigaciones para aclarar los concursos adjudicados en sus hospitales. Hasta donde ha podido saber este diario, el caso no está siendo investigado por ninguna fiscalía o juzgado español.

La SEC y la oficina del Departamento de Justicia en Massachusetts, que ha participado en las investigaciones, se han remitido “a los documentos hechos públicos” hasta la fecha y han declinado ofrecer más detalles del caso. Fresenius, por su parte, ha informado de que ha “apartado de sus cargos a los responsables” de su filial española durante los años investigados. La compañía también ha declinado ofrecer más información sobre los médicos involucrados.

La Sociedad Española de Nefrología (SEN) solicita en una nota remitida a EL PAÍS que Fresenius “aporte a las autoridades sanitarias españolas toda la documentación” que ha compartido con las autoridades de Estados Unidos y muestra su disposición a apoyar “las investigaciones que Administraciones y hospitales” puedan llevar a cabo sobre el caso. Para la entidad, esto pondría fin a la peculiar situación de los profesionales delatados por la compañía en Estados Unidos, que ven puesta “en duda su honorabilidad” sin que hayan sido citados a declarar en Estados Unidos ni tampoco esté abierto ningún “procedimiento judicial” en España.

En su nota, la SEN contradice a las autoridades de EE UU y a Fresenius cuando afirma que no ha quedado acreditado “que ha habido pagos inapropiados”, algo que la propia compañía ha admitido y tanto la SEC como el Departamento de Justicia consideran demostrado.

La SEN también afirma erróneamente que “toda la información publicada por este periódico se basa en un documento hecho público por la SEC”.                (Oriol Güell, El País, 05/06/19)

A busca de beneficios das farmacéuticas deixa baleiras as farmacias galegas

"As farmacéuticas teñen as patentes dos medicamentos durante un período de dez a quince anos, isto tamén depende da lexislación de cada país nalgúns casos. Pasado ese tempo, o laboratorio que descubriu e comercializou primeiro un determinado medicamento deixa de ter a exclusividade aos dez anos, aínda que pode solicitar unha prórroga de dous máis. 

A teoría detrás deste período de exclusividade está en que a empresa fabricante quere ter beneficios logo de investir tempo e diñeiro en investigación. A partir de aí, o mercado e a capacidade de competitividade serán os parámetros que fagan máis ou menos rendible a produción do composto químico.

A rendibilidade convértese entón nun dos barómetros que incidirá se compensa ou non fornecer farmacias cunha determinada molécula, agora baixo o nome dunha marca comercial. Se non é así, poderase dar o caso de que a empresa implicada deixe de fabricar a menciña ou, como unha medida case de presión, os laboratorios deixarán se subministrar a un mercado concreto, porque noutros lugares do mundo o seu composto multiplica por unha marxe moi ampla os beneficios que poden tirar.

PERCORRIDO

Comezamos un percorrido por distintas farmacias da área sanitaria de Compostela. O noso obxectivo é mercar, baixo receita, un composto químico para combater a ansiedade e estados depresivos. Coma sempre, imos á nosa farmacia de referencia. Nada máis entramos a farmacéutica xa nolo di directamente: “Temos malas novas, nin o alprazolán nin o bupropión das marcas que levades están dispoñibles. Ademais non especifican a data de retorno”. Preguntamos que é a data de retorno “cando se estima que poden volver subministrar o medicamento ás farmacias”.

Ese mesmo día imos a dúas farmacias máis dentro da cidade de Compostela. Dentro da primeira o farmacéutico responde que “non hai desde hai varios días” mentres mira o rexistro no ordenador. “Non, non temos, pero é que ademais non hai en ningún lugar, quero dicir que non os teñen os distribuidores”. Recoméndannos seguir buscando por se pode haber noutro lugar. Iso facemos. Segunda parada e a resposta é a mesma, non hai e tampouco serven os xenéricos. Primeira noticia que había xenéricos.

E por que non os serven? “Hai máis de 500 medicamentos que non se distribúen desde hai tempo”. Preguntamos cal é o motivo, “non sabemos, só que deixan de enviar e nada máis”.
Fóra de Compostela as noticias non son mellores. “Tíñalos apartados? Se chamaches con tempo podíamos terchos apartado e viñas xa por eles, pero se che digo a verdade, só temos unha caixa e xa está apartada desde hai días”.

A auxiliar de farmacia e a farmacéutica buscan tamén no seu rexistro informático “tampouco están dispoñibles os xenéricos”. Preguntamos tamén se saben cales son os motivos da falta dos dous produtos. “Non sabemos, deixan de enviar e normalmente hai xenéricos pero neste caso nin siquera iso”.

Chegamos á última farmacia que visitamos. Pedimos os dous medicamentos. “Non, non temos, nin xenéricos”. Preguntamos os motivos. “Non sabemos, ademais, nos dous casos as patentes están liberadas, pero non hai.

O máis seguro é que as empresas estean vendendo fóra de España estes medicamentos, en Europa valen tres ou catro veces máis, así que envían para alá o que fabrican. Tamén pode ser que haxa un ou dous laboratorios que traballen estas fórmulas e teñan problemas para enviar ou fabricar, non se sabe”.

SOLUCIÓNS?

A recomendación de todas as farmacias consultadas foi pedir cita co médico de cabeceira para buscar un medicamento similar. Concertada a cita, faise un cambio de medicamento sen retirar os que buscabamos. A cuestión é que as fórmulas das novas menciñas por seren distintas deben subministrarse en doses diferentes, por tanto hai que reprogramar os horarios das doses. Preguntamos cal é a causa da falta dos compostos farmacéuticos e a resposta dos facultativos é que “mira, os laboratorios pensan en facer cartos e o máis seguro é que estean vendendo estes produtos fóra de España por un prezo máis elevado”.

 Primeira solución tomada, cambiar o medicamento. A outra solución podería ser que as autoridades públicas, autonómicas ou estatais asumisen a fabricación dos mesmos produtos? “Teoricamente é posible, non habería problema, nalgún momento tamén se falara de que as universidades ou laboratorios militares fabricasen medicamentos” dinos un farmacéutico que non quere dar o seu nome. “O estado pode tomar a iniciativa de fabricar medicamentos, mais leva tempo ademais dos investimentos en infraestruturas”.

 Con todo, “hai cousas a maiores como son unha industria de por medio, uns postos de traballo e por tanto non é tan simple de abordar”. Outras fontes consultadas din que “primeiro o estado tería que preguntar por que debería fabricar eses medicamentos, pois os produtos que faltan dentro do mercado non son os máis doados de fabricar”. Por tanto, máis encarecemento nos custes de produción farmacéutica.

A cuestión é que detrás do desabastecemento hai varias causas e a máis poderosa é a económica. Se o beneficio que lle poden tirar os laboratorios a un medicamento en España pode multiplicarse por dous, tres ou máis fóra, a produción irá satisfacer o mercado foráneo. Por outra banda, o estado podería asumir a fabricación deses produtos, mais cun custe elevado que ás veces non compensaría a manufactura, por tanto é mellor mercalos.

De momento non hai datas de solución para varios compostos médicos. Algúns datos apuntan que esta escaseza de remedios xa ven de tempo atrás e que se foi incrementando nos últimos tempos. O recomendable é pedir outra solución farmacolóxica aos médicos de cabeceira ou especialistas."                      (Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 14/05/19)

Multas de la UE de 1.000 millones a las farmacéuticas por retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y por prácticas de reparto del mercado o fijación de precios

"Da empleo a casi 680.000 personas en toda la Unión Europea, 41.000 de ellas en España, invierte algo más de 28.000 millones de euros en investigación y desarrollo y sus exportaciones rondan los 150.000 millones.

 Sin embargo, no todos los números de la industria farmacéutica europea esconden noticias tan positivas, tal y como expone la Comisión Europea en un informe publicado esta semana en el que cifra en más de 1.000 millones de euros el montante de las multas impuestas en los últimos nueve años a empresas del sector por sus artimañas para frenar la competencia en un ámbito de “importancia social y económica especial;.

Durante el período 2009-2017, el Ejecutivo comunitario ha examinado más de un centenar de casos, ha castigado 29, junto a trece autoridades nacionales de la competencia, y mantiene abiertas una veintena más de investigaciones. El análisis confirma que en 24 de los 29 casos sancionados relacionados con medicamentos el resultado se cerró con prohibiciones mientras que solo en cinco casos las empresas consiguieron librarse de la multa.

Para exponer las malas prácticas y conseguir pruebas, los responsables de la competencia realizaron inspecciones sin previo aviso en el 62% de los casos, en el 90% hubo petición de información y en el 45% entrevistas. La mayoría de las investigaciones a las que siguió una intervención, 17 de ellas, se iniciaron por denuncias.

Trabas más problemáticas

La lista de problemas identificados durante este ejercicio es larga y variada aunque el grueso de los casos se refiere a abusos de posición dominante en el mercado. Entre las trabas: desde conductas excluyentes para retrasar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos, hasta prácticas de reparto del mercado o fijación de precios, pactos entre empresas fabricantes de medicamentos originales y de genéricos para no comercializar los segundos y repartir los beneficios logrados por los fabricantes de los productos originales, o simplemente precios excesivos cobrados por medicamentos sin patente.

Por ejemplo, en 2013 Bruselas impuso una multa de casi 94 millones a la empresa danesa Lundbeck y otros 52 millones a otros cuatro fabricantes de medicamentos genéricos por cerrar acuerdos para retrasar la comercialización de las versiones genéricas del antidepresivo citalopram. Según la Comisión, las empresas de genéricos se comprometieron a no competir con la compañía danesa a cambio de dinero y de vender a Lundbeck sus genéricos que después los destruía. El Tribunal General dio la razón a los servicios de la competencia comunitarios aunque las empresas han recurrido la decisión.

Otro caso destapado estos últimos años corresponde a la farmacéutica francesa Servier y a otros cinco fabricantes de genéricos que cerraron acuerdos para proteger el medicamento más vendido por Servier, el perindopril para la presión arterial. Por ello fueron multados con 427 millones en Francia. Además de pagos a las empresas de genéricos, la estrategia de la compañía francesa incluyó la compra de tecnología a sus competidores y acuerdos sobre patentes. Servier recurrió y logró rebajar la multa a 315 millones, que todavía puede ser contestada.

Campañas de desprestigio y precios inflados

Pero más allá de bloquear o retrasar el acceso de genéricos al mercado, que cuando se comercializan son, en general, un 50% más baratos que los originales, algunos fabricantes utilizan estrategias de desprestigio. Por ejemplo, la autoridad nacional de la competencia francesa sancionó en 2013 a Sanofi-Aventis con 40 millones por su estrategia destinada a “engañar a los médicos y farmacéuticos para que paralizaran los mecanismos de sustitución por genéricos”.

A esto se suma la existencia de precios no equitativos en relación a medicamentos sin patentes. El informe está regado de ejemplos por toda Europa. La autoridad italiana de la competencia impuso una multa de 5,2 millones en 2016 a Aspen por abusar de su posición dominante en relación a varios medicamentos contra el cáncer cuyos precios inflaron entre un 300 y 1.500%. En el Reino Unido, la farmacéutica Flynn subió el precio del genérico fenitoina sódica hasta un 2.600%, gracias a una laguna legal.

Mientras, en Dinamarca, la distribuidora CD Pharma, aumentó el precio del syntocinon, administrado a mujeres embarazadas durante el parto, un 2.000% al elevar el coste de 6 a 127 euros. El análisis se hace eco también de la ilegalidad del acuerdo entre una asociación de farmacéuticos de Castilla-La Mancha y el servicio de salud regional, confirmado por el Tribunal Supremo.

Todo este tipo de conductas han impedido, según el Ejecutivo comunitario, no solo una rebaja de precios que ha perjudicado a pacientes y sistemas sanitarios, inflando el gasto hospitalario, sino también ha reducido los incentivos a la innovación. “Cuando una empresa ya establecida puede confiar en la exclusividad de sus productos antiguos durante más tiempo del que le corresponde esto puede afectar a sus incentivos para asumir el riesgo de innovar”, alerta el informe.

Ochenta fusiones examinadas

Tras este examen se esconde la preocupación expresada por el Consejo y el Parlamento Europeo ante la posibilidad de que prácticas contrarias a la competencia pudieran impedir el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales, asequibles e innovadores. 

Al hilo de esto, Bruselas ha analizado más de 80 fusiones de las cuáles 19 fueron consideradas problemáticas por el riesgo a inflar precios, especialmente de genéricos. De ahí que solo fueron autorizadas, tras el compromiso de las empresas a desprenderse de parte de sus negocios, como ocurrió en el caso de la operación de concentración entre Teva, el mayor fabricante mundial de genéricos, y Allegan, el cuarto."                 (Silvia Martínez, El Periódico, 03/02/19)

El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados

"El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados, según documentos a los que ha accedido EL PAÍS.

Estos fármacos no tienen otros alternativos y Aspen mantiene desde hace un lustro un pulso con el Ministerio de Sanidad para incrementar sus precios hasta en un 4.000%. En su estrategia, la empresa llegó a plantearse “destruir” lotes enteros de medicinas tras meses de desabastecimiento, según desveló una investigación del diario británico The Times. Sanidad se ha negado hasta ahora a acceder a estas pretensiones —la última vez la semana pasada— pero los elevados precios internacionales acaban beneficiando igualmente a la farmacéutica.

Según los datos obtenidos por este diario, los hospitales españoles pagan hoy 104 euros por cada caja de clorambucilo —para el tratamiento de la leucemia linfática crónica—, 30 veces más que los 3,37 euros que costaba en 2014. El busulfano —utilizado para otros tipos de leucemia— se paga hoy a 244,4 euros, 20 veces más que entonces. El melfalán, útil contra varios tumores, ha multiplicado su precio 19 veces. La tioguanina y la mercaptopurina, también indicadas contra la leucemia, son hoy seis y siete veces más caras, respectivamente. Con la última molécula, sin embargo, a la empresa le salió en 2016 un competidor que la vende algo más barata.

Aspen Pharmacare no ha contestado a las peticiones de información de este diario. Con sede en Sudáfrica, la compañía adquirió en 2009 su lote de fármacos a GlaxoSmithkline. Poco después empezó a exigir a varios gobiernos grandes aumentos de precio. En una entrevista hecha en 2015, el máximo responsable de la compañía en América Latina, Carlos Abelleyra, resumía así la filosofía de la compañía: “Aspen no investiga, lo que ha logrado que nuestro crecimiento sea tan fuerte es que determinamos de manera muy inteligente las necesidades de ciertos mercados”.

2009. Aspen Pharmacare compra a GlaxoSmithKline cinco fármacos contra varios tipos de cáncer hematológico.

2012. Correos internos de la empresa revelan que esta pretende aumentar los ingresos obtenidos de los sistemas sanitarios públicos europeos.

2013. Aspen pide al gobierno italiano un incremento del 2.100% y al español, del 4.000%. Varios países sufren desabastecimientos.

Abril de 2014. Aspen retira sus productos de España ante la negativa del Ministerio de Sanidad a atender sus peticiones.

Octubre de 2016. Italia multa a Aspen con 5 millones de euros.

Febrero de 2017. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española abre una investigación por “practicas abusivas”.

Mayo de 2017. La Comisión Europea abre otra investigación contra Aspen por “subir injustificadamente” los precios.

Noviembre de 2018. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Gobierno español rechaza de nuevo las demandas de Aspen.

En 2013, Aspen tuvo un primer enfrentamiento con el Gobierno italiano, que se negó a multiplicar el precio de los cinco fármacos. Durante la pugna, el laboratorio incurrió en prácticas irregulares que le acarrearon una multa en 2016 con cinco millones de euros por las autoridades de la competencia del país.

En España, los momentos de mayor tensión se produjeron a finales de 2013, cuando Aspen llegó a pedir incrementos que multiplicaban por 40 los precios iniciales, según fuentes sanitarias. Ante la negativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la compañía dejó de vender sus productos en el país a finales de abril. A partir de ese momento, los fármacos dejaron de venderse en las farmacias y pasaron a ser dispensados por los servicios de hematología de los hospitales.

 

Proceso abierto

A principios de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) también puso el foco en Aspen por “prácticas abusivas”. El proceso quedó en suspenso cuatro meses más tarde, cuando la Comisión Europea anunció su propia investigación al detectar prácticas irregulares en varios Estados miembros. La Comisión afirma que el proceso sigue abierto y que no informará de él hasta su conclusión.

La situación de bloqueo entre Aspen y el Gobierno español fue tratada el pasado viernes por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que estudió la última propuesta de la farmacéutica. Esta sigue solicitando un aumento que va de ocho a 40 veces más sobre los precios de referencia de 2014, algo que el Gobierno, de nuevo, rechazó. El proceso, sin embargo, sigue su curso y queda abierto un plazo de alegaciones en el que la compañía podría presentar precios más bajos. Sanidad asegura que está culminando un expediente que remitirá a la Comisión Europea para que sea incorporado a su investigación.

Todas las fuentes consultadas admiten que el de Aspen es “un caso extremo” en el sector. “Lo primero que hacen es quedarse con los llamados fármacos huérfanos. Son moléculas sin competencia porque son baratas y no interesan a los grandes laboratorios ni a los fabricantes de genéricos”, explica un directivo del sector. “Una vez logrado el monopolio de facto, echan un pulso a las autoridades sanitarias. Casi siempre lo ganan porque consiguen subir los precios o se retiran de ese mercado para desviar las compras hacia otros donde sí los han subido”, añade esta fuente.

Francesc Bosch, jefe de Hematología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica que “aunque ahora existen tratamientos más modernos, eficaces y caros, el clorambucilo y el resto de fármacos de Aspen siguen siendo imprescindibles”. “Sirven para aquellos pacientes en los que se busca más frenar el avance de la enfermedad que curarla, ya que no está indicado someterlos a los tratamientos más agresivos”, añade. Bosch se muestra muy crítico con estas prácticas: “Hay que dedicar el dinero a la investigación y la práctica clínica. Todo esto no hace más que crear problemas a médicos y pacientes”.

Ramón García Sanz, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, comparte esta visión, pero también apunta a “los bajos precios de referencia existentes en España”. “Algo estamos haciendo mal cuando a nadie le interesa fabricar un medicamento que sigue siendo necesario. Esto crea las condiciones para que algunas empresas lleven a cabo este tipo de prácticas”, concluye.

La empresa farmacéutica Aspen Pharmacare mantuvo a partir de 2013 una intensa pugna con el Ministerio de Sanidad español. La empresa empezó pidiendo un aumento de los precios cercano al 4.000% y acabó retirándolos del mercado español, en abril de 2014, al no ver atendidas sus pretensiones. El motivo alegado por Aspen era que no podía seguir vendiendo en España porque a los precios fijados por Sanidad le resultaba insostenible.

Sin embargo, una investigación del diario británico The Times, que tuvo acceso a correos internos de la compañía, desveló hace un año su agresiva estrategia. Un mensaje, fechado en octubre de 2014, evidencia que, pese a lo afirmado por la empresa, Aspen Pharmacare seguía teniendo importantes stocks de fármacos en España que no sacaba a la venta. Un empleado preguntó qué hacer con ellos y la respuesta de un alto ejecutivo fue que “la única alternativa es destruirlos o donarlos”.

Los mensajes revelan que, a partir de 2012, Aspen se fijó como objetivo grandes incrementos de precios que los gobiernos pagaban por sus fármacos. En los meses siguientes, Alemania, España, Italia, Bélgica y Grecia, entre otros países, sufrieron problemas de abastecimiento."               (Oriol Güell, El País, 07/12/18)

Así influyen las farmacéuticas sobre los médicos

"Recientemente, un elaborado y extenso reportaje de CIVIO ponía el foco sobre las controvertidas relaciones entre farmacéuticas y médicos. Concretamente, informaban que "las farmacéuticas habían gastado 182,5 millones en 2017 en pagos a médicos (españoles) por sus servicios o para asumir los costes de entradas a congresos y viajes". 

 Además, también habían pagado 130 millones a sociedades médicas españolas por congresos (principalmente), donaciones y servicios. En la punta del iceberg, destacaban los 18 médicos que habían recibido más de 50.000 € de una sola farmacéutica.

Justamente, antes del 2018, los médicos menos trasparentes a la hora de declarar los pagos recibidos eran aquellos que más dinero conseguían. Con el comienzo del año 2018, la situación cambió y se podían publicar los datos de aquellos médicos que recibían dinero de farmacéuticas, independientemente de su consentimiento. Pese a ello, 13 laboratorios incumplieron su propio código ético, ocultando los datos de los médicos.

Las cifras anteriores ponen de manifiesto el evidente interés de la industria farmacéutica por cubrir los gastos de médicos y sociedades médicas en actividades tales como congresos. De hecho, en España, estas empresas gastaron más en médicos que alemanas e inglesas juntas.

Para entender este fenómeno, es necesario recordar que los planes de formación continuada ofrecidos por la sanidad pública para que los médicos actualicen sus conocimientos son bastante limitados. Las farmacéuticas aprovechan esta dejadez de funciones de las administraciones públicas sanitarias para cubrir gastos a médicos que, de otra forma, no tendrían otra forma de costear salvo pagándoselo de su propio bolsillo. 

Es el caso de inscripciones y asistencias a congresos u otros eventos formativos y científicos. Sin embargo, esta millonaria inversión de farmacéuticas en los médicos no es, ni mucho menos, altruista ni está carente de consecuencias sobre los pacientes.

La percepción que los médicos tienen sobre cómo influye recibir dinero de farmacéuticas en el ejercicio de su profesión es ciertamente peculiar y sesgada. Paradójicamente, aunque la mayoría de médicos rechaza la idea de que ésto tenga algún efecto sobre su juicio, sí que reconocen que afecta a sus colegas médicos. 

Por otro lado, no son pocos los médicos que tratan de ocultar estos conflictos de intereses en lugar de declararlos en artículos científicos y otras publicaciones. Si realmente no influyen en sus actividades como médicos, ¿por qué ocultarlo?

La aplastante realidad es que las farmacéuticas invierten tanto dinero en los médicos porque saben perfectamente que van a tener un retorno económico de múltiples maneras al influir sobre la actividad médica. No es sólo que se trate de una estrategia básica de marketing sino que también existen diferentes estudios que reflejan cómo estas acciones tienen efectos concretos sobre el ejercicio de los facultativos. 

Estos efectos van desde lo más evidentes, como son el aumento de la prescripción de fármacos concretos, hasta los más ocultos y complicados de demostrar como son el establecimiento de criterios más laxos para pautar tratamientos o "facilitar" el proceso de autorización de fármacos para que entren al mercado.

En esta cadena de relaciones sanitarias entre médicos y farmacéuticas está claro que ambos salen ganando, pero ¿qué ocurre con el último eslabón de esta cadena, los pacientes? Los resultados de múltiples estudios científicos sobre este fenómeno arrojan datos que hablan por sí mismos: ellos son los grandes perdedores. Los conflictos de intereses de los médicos (ya sean declarados o no) tienen un impacto negativo sobre la evidencia clínica, la opinión pública y la toma de decisiones clínicas.

Por mencionar sólo unas pocas publicaciones al respecto:

- Un estudio en Estados Unidos comprobó que bastaba simplemente con invitar a médicos a comidas gratis de menos de 20 $ por parte de la industria para que se produjera un incremento en la prescripción del fármaco de marca que se estaba promocionando.

-A través de un análisis de la base de datos de Medicare (programa de cobertura de seguridad social en Estados Unidos), se observó que los pagos de la industria a los médicos se asociaban con prescripciones más frecuentes de estatinas (fármacos para bajar el colesterol en sangre) de marca.

- Otro estudio reflejaba que la inversión en marketing de opioides por parte de la industria sobre los médicos se asociaba al año siguiente con una prescripción mayor de estos fármacos.

-Las farmacéuticas han recurrido a prácticas fraudulentas de marketing para promocionar entre los médicos fármacos para indicaciones no aprobadas por las agencias sanitarias. Es decir, para enfermedades de las que no había realmente pruebas de eficacia con dichos fármacos. Sólo en Estados Unidos, la industria ha tenido que pagar miles de millones en multas debido a esto y la lista suma y sigue.

- Otra investigación descubrió que la mayoría de los médicos que supervisan el proceso de aprobación de medicamentos a través de la FDA (Administración de alimentos y medicamentos) reciben pagos de las empresas farmacéuticas que monitorizan, justo tras su autorización.

- Un metanálisis encontró que, tras hallarse pruebas de un riesgo incrementado de infarto de miocardio por el fármaco rosiglitazona, que los investigadores con conflicto de interés continuaron defendiendo dicho medicamento (a menudo no mostrando sus relaciones con la industria). Esto podría haber retrasado la retirada del mercado de dicho fármaco en varios países.

Por suerte, en nuestro país, con el establecimiento de la prescripción por principio activo desde el año 2011, las influencias de las farmacéuticas sobre la prescripción de los médicos se limitaron considerablemente. No es ninguna sorpresa que dicha medida supusiera un ahorro millonario para las arcas de la Sanidad Pública por no comprar innecesariamente caros medicamentos de marca.

Aun así, en la actualidad, la industria sigue promocionando fármacos más nuevos y caros (donde no existen genéricos) frente a otros fármacos más antiguos, baratos y mejor conocidos. Esto es especialmente evidente en los nuevos tratamientos contra el cáncer, especialmente caros y de efectos menos conocidos que los ya presentes en el mercado. No es de extrañar, por tanto, que los médicos que más dinero han recibido de la industria en el año 2017 sean especialistas relacionados con el cáncer.

Dada la aplastante evidencia científica que existe sobre la influencia que tiene la industria farmacéutica sobre los médicos, ¿no sería lógico prohibir dichas relaciones en lugar de simplemente reconocer dichos conflictos de intereses como si tal medida solucionara así el asunto?"                (Esther Samper, eldiario.es, 18/10/18)

"Las farmacéuticas no investigan en nuevos antibióticos, les sale más rentable invertir en males crónicos"

"La resistencia antimicrobiana es uno de los grandes problemas sanitarios que afronta la humanidad. Cada vez se detectan más superbacterias capaces de vencer a los antibióticos disponibles y, si la resistencia continúa creciendo al ritmo actual, en el año 2050 morirán por infecciones bacterianas unos 10 millones de personas al año, lo que además conllevará un coste económico global que superará los 100.000 millones de dólares.

El mal uso que hacemos de los antibióticos es una parte fundamental del problema, pero también lo es la falta de innovación en ese sector. El problema es de tal magnitud que organismos e instituciones de todo el mundo han comenzado a cuestionarse la viabilidad del actual mercado farmacéutico, cuyo modelo de innovación está "agotado", según un informe publicado hoy por el Instituto de Salud Global. Hablamos sobre la necesidad de modificar este modelo con una de las autoras de este informe, analista asociada del ISGlobal, Elena Villanueva.

¿Por qué es tan importante la resistencia antimicrobiana?

Esencialmente porque los niveles de mortalidad que se están alcanzando son muy grandes, pero lo más grave no es tanto la situación actual, que también lo es, sino el crecimiento exponencial. Hay informes que indican que de aquí a 2050 puede convertirse en la primera causa de mortalidad, por encima incluso del cáncer. Además, no contamos con tratamientos para muchas de las bacterias que se están haciendo muy resistentes.

¿A qué se debe esa carencia?

Entre los motivos del aumento de la resistencia de las bacterias está el mal uso que se está haciendo de los antibióticos disponibles en la actualidad, pero también hay que destacar un hecho que a veces pasa desapercibido y es que en los últimos años apenas han llegado al mercado nuevos antibióticos. Desde 1970 solo se han desarrollado dos nuevos tratamientos antibióticos, que además no sirven para las bacterias más resistentes.

¿Por qué no se han desarrollado nuevos antibióticos?

No se puede perder de vista la complejidad que supone desarrollar nuevos antibióticos, que es una parte importante del problema. Pero también hay que destacar que, tal y como funciona el sistema en la actualidad, no hay un incentivo económico para que las farmacéuticas investiguen en nuevos antibióticos.

Cabría esperar que el desarrollo de nuevos medicamentos para una enfermedad intratable sería un buen negocio. ¿Cuál es el problema?

En primer lugar el tratamiento con antibióticos suele ser de una duración muy corta, de en torno a una semana o 10 días dependiendo del antibiótico, y a las farmacéuticas les resulta muchísimo más rentable invertir en enfermedades crónicas. Por otro lado, como hay un problema de multirresistencia, un nuevo tratamiento antibiótico solo se utilizará cuando el anterior deje de hacer efecto.

Pero en el informe se dice que los beneficios de los antibióticos son de unos 40.000 millones de dólares. ¿No es incentivo suficiente?

A pesar de que esa cifra pueda parecer alta, es muy pequeña en comparación con los beneficios astronómicos que provienen de la venta de productos para otro tipo de enfermedades. Hay que tener en cuenta que esta cantidad es similar a la que corresponde a la venta de un único producto farmacológico contra el cáncer y piensa en la cantidad de tipos de cáncer que hay. Al final, mientras el sistema siga priorizando la investigación en base al retorno económico, el sector farmacéutico investigará solo aquello que le resulte más rentable.

¿Es eso a lo que el informe llama "fallo del mercado farmacéutico"?

Sí, y no es nuevo, ni solo pasa con los antibióticos, pasó lo mismo con la hepatitis C o con los tratamientos para el VIH pediátrico que sufren los países empobrecidos, son ejemplos que nos encontramos y nos damos cuenta de que el mercado nos falla. También el problema del precio se da cada vez más en el caso del cáncer, donde los tratamientos que son efectivos son cada vez más caros y obligan a los gobiernos a tener que elegir. Pero en este caso el problema no es que sean caros, sino que ni siquiera los tenemos.

¿Y cuál es la alternativa?

Nosotros planteamos la necesidad de liderazgo de las instituciones públicas, de forma que si el sector privado no nos provee de unos medicamentos que necesitamos, sea el sector público el busque alternativas. Por ejemplo, en Inglaterra se ha planteado la creación de un fondo para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos al que tengan que contribuir tanto los países como las farmacéuticas.

¿Pero el sector privado también podrá recurrir a esos fondos?

Por ahora no hemos avanzado lo suficiente como para responder a esa pregunta, pero la idea sería que la investigación se mantuviera en poder público, independientemente de quién la llevase a cabo. Al final, si es el sector privado quien la hace, se le pagará por el producto conseguido, pero serán las instituciones públicas las que mantengan la capacidad regulatoria sobre ese producto y las que decidirán los precios. 

Si es así, puede funcionar, pero si lo que hacemos es dar subsidios a las empresas no estaremos resolviendo nada, salvo eliminar el riesgo que supone la inversión en investigación, y eso solo es un parche.

¿Ya hay alguna iniciativa en este sentido?

Sí, una de las iniciativas que ha puesto en marcha la OMS ha sido ofrecer una cantidad variable de millones de euros al laboratorio que desarrolle un nuevo antibiótico o, al menos, una innovación que nos permita avanzar en la buena dirección. Se le paga una compensación económica acorde con el riesgo, pero los que tienen finalmente el poder y la capacidad de gestionar el producto son los gobiernos.

¿Crees que una farmacéutica va a desarrollar un producto que no puede gestionar?

A lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad de obtener unos beneficios astronómicos de las ventas. Porque se supone que su modelo de negocio está basado en la innovación y el riesgo, pero lo que estamos viendo es que la mayoría de sus ingresos vienen por las ventas y no por el descubrimiento en sí. 

Eso es perjudicial porque genera un sistema perverso, en el que los incentivos no son obtener un beneficio para la sociedad, sino en vender más y a mayor precio y no hay que olvidar que no estamos hablando de vender galletas, sino medicamentos.

¿Cree que será posible un cambio así?

No hablamos de cambiar el sistema de la noche a la mañana, pero somos optimistas. Parece que empieza a haber movimiento a nivel político y se empieza a hablar de desligar el coste de la investigación del precio final del medicamento y de explorar nuevos modelos que nos hagan acabar con la dependencia de los intereses económicos de las farmacéuticas. 

Ha habido mucha concienciación ciudadana y política sobre el hecho de que estamos ante un problema real. Hace unos años estos problemas se consideraban puntuales y se creía que el sistema de innovación funcionaba bien y ahora parece que todos coincidimos en que no funciona y esto es un gran avance."                (Entrevista a Elena Villanueva, eldiario.es, 09/05/17)