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30.10.23

La ingeniería fiscal en Luxemburgo explicada en cinco pasos

 "La familia francesa Perrodo, dueña de la petrolera Perenco y una de las principales accionistas en la promotora inmobiliaria Kronos Homes, una de las más conocidas en España después de que la rica heredera e influencer Tamara Falcó se convirtiera en su imagen de marca. El multimillonario griego Spiros Latsis, con negocios que van desde el transporte al petróleo o los centros comerciales. Y por supuesto los principales fondos de inversión del mundo, con el gigante Blackstone a la cabeza, que controla más de 20.000 viviendas en España. Todos ellos tienen algo en común: utilizan sociedades en Luxemburgo para canalizar sus inversiones inmobiliarias en Europa.

La elección del Gran Ducado obedece básicamente a razones tributarias. El dinero entra en la UE desde paraísos fiscales sin mayores problemas y, tras invertir en proyectos inmobiliarios de toda Europa, regresa multiplicado a los territorios de baja fiscalidad. 

 El experto alemán Christoph Trautvetter, miembro de Tax Justice Network y autor de un reciente estudio sobre el papel de Luxemburgo en la ingeniería fiscal que busca reducir a cero la factura fiscal de los grandes capitales, lo explica así: “Los inquilinos de muchos países europeos, especialmente en las ciudades más grandes, están sufriendo la explosión de los precios de la vivienda y el alquiler. Estas explosiones de precios están impulsadas en parte por los inversores profesionales de los mercados financieros mundiales que descubrieron los bienes inmuebles residenciales como una inversión lucrativa. Muchos de ellos canalizan sus beneficios del sector inmobiliario europeo fuera de la UE prácticamente sin pagar impuestos. Para ello, suelen utilizar los pagos de intereses intragrupo canalizados a través de Luxemburgo”.

Pero, ¿cómo funciona esa ingeniería fiscal? Vamos a explicarlo en cinco sencillos pasos, tomando como ejemplo un reciente proyecto inmobiliario de Kronos.

Este reportaje forma parte de una investigación sobre los privilegios fiscales del sector inmobiliario en los países de la UE realizada por el consorcio internacional Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.

1. El negocio

La compañía Kronos utiliza Luxemburgo como base de operaciones para realizar sus inversiones inmobiliarias en España y Portugal.

Luxemburgo sirve como vía de entrada del dinero utilizado en los diversos negocios de Kronos, procedente en su mayoría de paraísos fiscales, y también juega un papel fundamental para reducir el pago de impuestos por los beneficios obtenidos.

Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo: el proyecto H2O, que consistió en la construcción de 252 viviendas, 372 garajes y 18 locales comerciales en la zona del puerto de Badalona, una ciudad a poco más de diez minutos de Barcelona.

Para poner en marcha dicho negocio se constituyó una empresa en Luxemburgo, llamada Barkeno Sàrl, única propietaria de una filial en España denominada Barkeno Developments SLU.

De acuerdo con el Registro Mercantil de Luxemburgo, el 68,04% del capital de Barkeno Sàrl pertenece a cuatro miembros de la familia Perrodo, una de las más ricas de Francia gracias a la empresa petrolífera Perenco, de la que son dueños. Los Perrodo realizaron su inversión desde compañías en Bahamas, que en 2021 fueron trasladadas a Guernsey, una de las islas del canal de la Mancha que funciona como paraíso fiscal.

El resto del accionariado de Barkeno Sàrl pertenece a compañías con sede en Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernsey y Suiza, propiedad de los socios de los Perrodo. Todos ellos son territorios de nula o baja fiscalidad.

El proyecto H2O se inició en 2015 y la práctica totalidad de las viviendas, garajes y locales fueron entregados a sus compradores en 2020 y 2021. Estaba previsto que los últimos se vendiesen en 2022.

2. El viaje del dinero desde Bahamas a España

Barkeno Sàrl fue constituida el 30 de julio de 2015 en Luxemburgo.

En diciembre de 2015, Barkeno Sàrl recibió 15,8 millones de euros procedentes de una compañía de Bahamas, llamada Tchak Limited y que pertenece a la familia Perrodo.

Para recibir ese dinero, Barkeno Sàrl emitió un producto financiero propio de Luxemburgo: certificados de participaciones preferentes convertibles o CPECs por sus siglas en inglés (Convertible Preferred Equity Certificates). Este producto ha sido muy utilizado desde hace años para invertir en sociedades de Luxemburgo desde otros países.

El motivo es que, a efectos fiscales, los CPECs se consideran deuda para la empresa de Luxemburgo que recibe el dinero y fondos propios (equity) para quien lo presta. Eso significa que los intereses que paga la sociedad de Luxemburgo son deducibles fiscalmente y, al mismo tiempo, quien recibe ese dinero en otro país no tiene que declararlo como ingreso financiero.

Ese mismo mes de diciembre de 2015, Barkeno Sárl prestó su vez 15,7 millones a su filial española (Barkeno Developments SLU).

En definitiva, el dinero viajó en pocos días desde Bahamas a España con parada en Luxemburgo.

En los dos años siguientes, 2016 y 2017, Barkeno Sàrl prestó otros 3,3 millones de euros a su filial española. El dinero también llegó a Luxemburgo a través de préstamos de los Perrodo y sus socios en el negocio.

3. Préstamos a un tipo de interés desorbitado

La sociedad española Barkeno Developments SLU recibió, en total, 19 millones en préstamos de su matriz luxemburguesa.

El tipo de interés pactado fue del 8%, un porcentaje desorbitado entre 2015 y 2017, que fue cuando se suscribieron los préstamos.

La mejor prueba la encontramos en la propia sociedad española. Además de recibir 19 millones de su dueña luxemburguesa, recibió un préstamo de 8 millones del Banco Sabadell a finales de 2015, que dos años después se amplió mediante una línea de crédito de 59,4 millones. Pues bien, el tipo inicial pactado con la entidad financiera fue del 3,08%, que se redujo incluso al 2,5% tras la novación en 2017.

En otras palabras, Barkeno Developments SLU estuvo pagando en intereses tres veces más por el dinero que recibió de sus accionistas en Luxemburgo que por el que le prestó el Banco Sabadell en España.

4. Pierde Hacienda

Pero, ¿por qué razón decide una sociedad pagar esos sobrecostes financieros a sus accionistas?

La respuesta es sencilla: para pagar menos impuestos.

A finales de 2020, Barkeno Developments SLU ya había devuelto a su matriz luxemburguesa todo el dinero que le había prestado como principal, además de 5.818.731 euros en pago de intereses.

Si los préstamos se hubiesen firmado al mismo tipo de interés que con el Banco Sabadell, la sociedad española habría pagado 1.995.277 euros en intereses a Barkeno Sàrl.

Por tanto, abonó 3.823.504 euros más por el tipo de interés exorbitante pactado con sus accionistas. Como ese dinero es un gasto para la sociedad española, eso significa que los beneficios de Barkeno Developments SLU se redujeron en esa misma cantidad: 3.823.504 euros. Y dado que en España las sociedades tributan en impuestos el 25% de sus beneficios, la empresa del grupo Kronos redujo su factura fiscal en 955.876 euros gracias a la ingeniería fiscal.

Una portavoz del grupo inmobiliario, a preguntas de Investigate Europe y de infoLibre, negó cualquier irregularidad: “Las tasas de interés utilizadas para los préstamos intragrupo en las estructuras de Kronos vienen definidas por análisis de precios de transferencia, que son actualizadas anualmente por expertos independientes, siguiendo los directrices de la OCDE. Es importante señalar que dichos tipos de interés no pueden ser comparables con los préstamos bancarios, ya que estos normalmente están garantizados hipotecariamente por un activo inmobiliario, mientras que un inversor asume un mayor riesgo ya que su deuda está subordinada y no garantizada, lo que consecuentemente debe implicar una mayor rentabilidad”. Dicha portavoz añadió que “en ningún caso la intención de cualquier transacción de este tipo es incurrir en sobrecostes en nuestras empresas, ya que estas se celebran en condiciones de plena competencia y libre mercado”.

Los periodistas enseñaron las cuentas de Barkeno Developments SLU a un inspector fiscal y a un técnico de Hacienda y ambos son unánimes: los préstamos entre sociedades del grupo tienen que realizarse “por su valor de mercado”, según indica el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Hay hasta cinco métodos para calcular ese valor, pero básicamente se puede afirmar que sólo podría acordarse un tipo de interés del 8% para el préstamo intragrupo si la compañía no tuviese ninguna otra vía para obtener ese dinero a un tipo más bajo. Algo que a priori desmienten las operaciones realizadas por la Barkeno Developments SLU con el Banco Sabadell, que llegó a darle una línea de crédito de 59,4 millones, de los que utilizó menos de 30. “La sociedad española tendría que estar prácticamente en quiebra para pedir entre 2015 y 2017 dinero a un tipo de interés del 8%”, resume el inspector fiscal.

5. El dinero viaja de vuelta a los paraísos fiscales

El dinero que llegó a España en 2015, regresará a los paraísos fiscales multiplicado y sin pagar demasiados impuestos, gracias a la estructura societaria cuyo eje se encuentra en Luxemburgo. Ese camino de vuelta del dinero se produce a través de dos vías.

La primera la acabamos de ver: el pago de intereses por los préstamos recibidos de la matriz. En total, casi 5,82 millones de euros, de los que más de 3,82 pueden considerarse beneficio traspasado gracias a los sobrecostes financieros.

La segunda es el abono de dividendos. En 2020 y 2021, la sociedad española pagó por este concepto 12,66 millones a Barkeno Sàrl.

En total, 16,48 millones de beneficio trasladado a Luxemburgo por una sola operación inmobiliaria.

Pero el Gran Ducado no es el destino final del dinero. Exactamente el mismo sistema utilizado por la sociedad española para trasladar sus beneficios a Luxemburgo, es el que utiliza Barkeno Sàrl para mover el dinero hacia las empresas en paraísos fiscales de sus principales accionistas.

En primer lugar, el pago de intereses por los préstamos recibidos. Entre 2015 y 2021, Barkeno Sàrl abonó a las empresas de sus accionistas más de 4,5 millones de euros en intereses y costes financieros.

En segundo lugar, Barkeno Sàrl pagó en 2021 a las empresas de sus accionistas 13,2 millones de euros en dividendos.

Todas esas sociedades están en países considerados paraísos fiscales o territorios de baja tributación. En el caso de los accionistas mayoritarios de Barkeno Sárl, los cuatro miembros de la familia Perrodo, sus sociedades están ahora en Guernsey.

¿Y cuántos impuestos pagó Barkeno Sàrl en Luxemburgo? Entre 2017 y 2021, poco más de 37.000 euros en total, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil del Gran Ducado.

Las grandes cifras del proyecto inmobiliario H2O dan una idea de lo rentable que puede ser el ladrillo: una inversión de poco más de 19 millones generó a los accionistas unos dividendos de 13,2 millones. O, lo que es lo mismo: lograron una rentabilidad del 69%.

Barkeno Developments SLU ingresó 81,5 millones en 2021 por la venta de viviendas, locales y garajes y pagó en total en España 4,5 millones por el impuesto de sociedades (un 5,5% respecto a sus ingresos y un 24% respecto a su beneficio bruto). En cuanto a los 13,2 millones repartidos en dividendos entre los accionistas, no fueron objeto de ningún tipo de retención fiscal ni en España ni en Luxemburgo. Se supone que los impuestos por los dividendos se pagarán cuando lleguen al bolsillo de los inversores (los Perrodo y sus socios), una vez que los distribuyan sus sociedades en paraísos fiscales. Pero sólo se supone porque la opacidad es una de las señas de identidad de esos territorios de nula o escasa tributación.

Luxemburgo y la inversión fantasma

Las estructuras de evasión u optimización fiscal en Luxemburgo son muy utilizadas por las personas adineradas. Y los préstamos intragrupo son una forma habitual, aunque no la única, de trasladar los beneficios obtenidos en negocios inmobiliarios a lugares con tipos del impuesto de sociedades del 0%. "Al utilizar estructuras híbridas y permitir el anonimato total, se aseguran finalmente de que los inversores (normalmente muy ricos) paguen menos impuestos que un trabajador medio en sus países de origen o incluso evadan por completo los impuestos y el escrutinio", denuncia Christoph Trautvetter en su estudio.

Una publicación de 2019 del Fondo Monetario Internacional (FMI), The Rise of Phantom Invesments (El auge de las inversiones fantasma), destacaba que "según las estadísticas oficiales, Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes, acoge tanta inversión extranjera directa (IED) como Estados Unidos y mucha más que China. Los cuatro billones de IED de Luxemburgo equivalen a 6,6 millones de dólares por persona. Una IED de este tamaño no refleja las inversiones de ladrillo y mortero en la minúscula economía luxemburguesa".

Los autores explican que la inversión extranjera directa puede ser “un importante motor de una auténtica integración económica internacional, estimulando el crecimiento y la creación de empleo e impulsando la productividad mediante transferencias de capital, cualificaciones y tecnología". Sin embargo, añaden, gran parte de esa inversión en Luxemburgo "es de naturaleza fantasma, es decir, inversiones que pasan a través de cascarones empresariales vacíos. Estos cascarones, también llamados entidades de propósito especial, no tienen actividad empresarial real". El objetivo es pagar menos impuestos a través de la ingeniería fiscal.

El estudio del FMI añade: "Curiosamente, unos pocos paraísos fiscales bien conocidos acogen la inmensa mayoría de la IED fantasma del mundo. Luxemburgo y los Países Bajos albergan casi la mitad. Y si añadimos a la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur, las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías acogen más del 85% de todas las inversiones fantasma".

Puede que las inversiones sean fantasma, pero quienes se embolsan finalmente el dinero que transita por las estructuras societarias opacas no lo son. Tienen nombres y apellidos, pero eso no significa que siempre se les conozca. A veces, consultando Registros sobre los titulares reales de las empresas, como el que era de acceso público en Luxemburgo hasta que fue cerrado a finales de noviembre tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden descubrir algunos de estos nombres. Así fue como Investigate Europe e infoLibre encontraron decenas de empresas del grupo Kronos en Luxemburgo y su vinculación con los cuatro miembros de la familia Perrodo.

12.10.23

Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de las transferencias ficticias de las multinacionales a nivel global... Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB

 "La expresión lavado de dinero se acuñó a principios del siglo pasado y está vinculada a una figura icónica del mundo criminal: el gánster Al Capone. El mafioso de origen italiano montó una cadena de lavanderías, entre otros negocios, para blanquear la fortuna que acumuló a través de sus actividades ilícitas. 

Un siglo después el término permanece, pero a las tradicionales tapaderas del dinero sucio se han sumado esquemas cada vez más sofisticados para rebajar el pago de impuestos sobre negocios legales. Una estrategia en auge donde los paraísos fiscales funcionan como grandes lavadoras y algunos países comunitarios juegan un papel crucial: casi un tercio de los beneficios que las multinacionales trasladan de forma ficticia fuera de la UE hacia territorios offshore pasa antes por algún Estado miembro de fiscalidad laxa. En conjunto, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de los beneficios corporativos desviados a nivel global.

Estas son algunas conclusiones de la última actualización de The Missing Profits of Nations (Los beneficios perdidos de las naciones, en castellano), una investigación firmada por Thomas Tørsløv (Banco Nacional de Dinamarca), Ludvig Vier (Ministerio de Finanzas danés) y Gabriel Zucman (Universidad de Berkeley y NBER), que evidencia cómo la UE se ha convertido en una puerta trasera para las multinacionales hacia territorios de fiscalidad cero. El 77% de las ganancias desviadas ficticiamente desde el Viejo Continente llega a otros países de la UE en primera instancia, con Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos a la cabeza. Después, casi la mitad de ese dinero continúa su viaje hacia los clásicos paraísos fiscales offshore, como las Islas Bermudas o las Caimán.

La investigación, que construye nuevos indicadores a partir de datos de 2015, estima que el 36% de las ganancias globales que las multinacionales obtienen fuera del país de la matriz se desvía a paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Son 616.000 millones de dólares al año (prácticamente la misma cifra en euros, al cambio actual), casi tres cuartos procedentes de países considerados de tributación elevada, como Alemania, España o Estados Unidos. El 35% del total (216.000 millones de dólares) procede de la UE —de empresas europeas y no europeas—, frente a los 143.000 millones (23%) de EE UU y 76.000 millones de otros países de la OCDE.

Irlanda, uno de los países comunitarios que más ha exacerbado la competencia fiscal en los últimos años, es el destinatario número uno: recibe más de 100.000 millones de beneficios corporativos desviados desde otros puntos del globo. Le siguen las jurisdicciones del Caribe y Singapur.

Las grandes corporaciones emplean tres fórmulas para trasladar beneficios: manipulan los precios intragrupo de importación y exportación, pagan intereses ad hoc sobre préstamos entre filiales o mueven bienes intangibles, como patentes, algoritmos o logotipos, a países de baja fiscalidad. Por ejemplo, Luxemburgo recibe 88.000 millones de dólares en pagos procedentes de filiales situadas en países con impuestos elevados, tanto europeos (Francia, España...) como extracomunitarios (Japón, EE UU...), pero solo se queda con 47.000 millones. El resto salta desde ahí a paraísos fiscales ubicados fuera de las fronteras comunitarias.

“Este resultado es relevante desde una perspectiva legal y política. Los tratados de la UE prohíben a los Estados miembros gravar los pagos (como intereses o regalías intragrupo) a otros países” de la Unión, señala la investigación. “Un país como Alemania puede imponer impuestos sobre los pagos a las Islas Bermudas, pero no sobre los pagos a Luxemburgo. Trasladando los beneficios primero a Luxemburgo y luego a las Bermudas, una multinacional puede eludir las normas alemanas contra la elusión (...). En la práctica, para evitar las normas contra la elusión, las empresas deben tener un nivel mínimo de actividad real en los paraísos fiscales de la UE”.

 La UE no considera paraíso fiscal a ningún país de su entorno, pese a los privilegios que algunos de ellos conceden a las multinacionales. El estudio de Tørsløv, Vier y Zucman, en cambio, incluye a 43 territorios en su lista, cinco de ellos de la OCDE y en su mayoría miembros de la UE (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza). En todas estas jurisdicciones, el tipo efectivo del impuesto de sociedades es bajo y la ratio entre beneficios y salarios de las corporaciones extranjeras es superior a la de las firmas locales —en los demás países es al revés—.

La extrema competencia fiscal entre Estados ha llevado a la comunidad internacional a revisar las reglas fiscales globales, que fueron diseñadas en los años veinte del siglo pasado y no reflejan las dinámicas de la globalización. El nuevo marco tiene como objetivo reducir los incentivos para trasladar beneficios y elevar así la imposición fiscal a las multinacionales, pero su diseño se está viendo retrasado por obstáculos técnicos y políticos, y hasta 2024 no se espera que entre en vigor.

La UE, la más afectada

La UE es, a la vez, un coladero para los beneficios empresariales y la más afectada por los tinglados fiscales de las multinacionales: las ganancias desviadas ficticiamente suponen el 1,5% del PIB de la Unión, el doble con respecto a Estados Unidos (0,8%). Si ese dinero se quedara donde se genera, los países de elevada tributación de la UE tendrían un 20% más de beneficios para gravar y EE UU elevaría ese importe en un 10%, mientras que la cifra caería en un 55% en los paraísos fiscales, hasta en un 90% en territorios como Malta o las Bermudas.

 Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB. La pérdida en términos de ingresos fiscales es del 14%, una cifra que alcanza el 28% en el caso de Alemania y el 21% en Francia, en ambos casos por encima de la media europea del 18%. En EE UU el agujero recaudatorio es igual al español en porcentaje; del 5% en promedio para los países en desarrollo.

Aunque la UE pierde el doble de beneficios que EE UU en relación con su PIB, son las multinacionales estadounidenses las que desvían, en proporción, más ganancias: el 54% de ellas se va a paraísos fiscales, frente a un cuarto del resto. “Para Estados Unidos, el traslado de beneficios parece ser una estrategia de elusión fiscal más que una pérdida de ingresos fiscales. Para otras economías, parece ser una pérdida de ingresos más que una estrategia de ahorro de impuestos”, resume la investigación."         (Laura Delle Femmine, El País, 16/09/22)      

22.3.23

La alcaldesa de Marbella pidió cobrar un millón en Luxemburgo como primer pago por su mansión, y acumula más de 12 millones en patrimonio después de tres décadas en política

 "La alcaldesa de Marbella acumula más de 12 millones en patrimonio después de tres décadas en política.

 Desde que está en la política municipal y nacional, Ángeles Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades y empresas. A precio de mercado, el patrimonio que declara en la actualidad la alcaldesa de Marbella supera los 12 millones de euros, pese a que la también senadora dejó de ejercer como médica de cabecera en 1994 para dedicarse en exclusiva a la política.

Muñoz está casada, desde antes de entrar en política, con Lars Gunnar Broberg, promotor inmobiliario de la Costa del Sol que fue procesado el pasado septiembre por pertenecer a una organización criminal dedicada a lavar dinero del narcotráfico. Según la Audiencia Nacional, en esa organización ocupa un lugar destacado Joakim Broberg (49 años), hijo de un matrimonio anterior de Lars Gunnar que convivió con Muñoz desde su adolescencia.

Joakim Broberg tenía el teléfono intervenido con autorización judicial cuando celebró en 2019 la reciente victoria de su madrastra en Marbella y del PP en otras localidades donde él tiene intereses inmobiliarios, así como en la Junta. “Tenemos la jodida Andalucía”, afirmó en un pinchazo telefónico.

Nacida en Córdoba en 1960, la familia de Muñoz se trasladó pronto a Málaga. La alcaldesa es licenciada en Medicina, profesión que empezó a ejercer como interna residente en el hospital de la capital malagueña en 1984. En 1988 llegó a San Pedro de Alcántara para ocupar la plaza que había ganado como médica de familia. Hasta que en 1994 decidió entrar en política, siendo elegida teniente de alcalde de Benahavís, la localidad más rica de Málaga, al año siguiente. En ese momento ya había contraído matrimonio en segundas nupcias con el promotor inmobiliario Lars Gunnar Broberg, de origen sueco, y con el que ha tenido dos hijos. La pareja está casada en régimen de separación de bienes.

Es en 1998 cuando Muñoz da el salto a la política marbellí. Ese año es elegida presidenta del PP de la ciudad, cargo que sigue ostentando 24 años después. También en 1998, Muñoz compra una oficina en la calle Lagasca de Madrid, en el corazón del barrio más rico de la capital. De 85 metros cuadrados, el inmueble en Madrid tiene un valor real en la actualidad de 386.374 euros, de acuerdo al cálculo realizado con el precio del metro cuadrado en esa zona para locales no dedicados a vivienda. En su declaración de 2019, Muñoz afirma que se trata de una vivienda y que su valor es sensiblemente menor, 211.896,30 euros.

Al año siguiente, en 1999, Muñoz compra una vivienda en una urbanización de Benahavís. En su declaración de hace 3 años, la alcaldesa recoge un valor catastral de 124.126 euros por lo que en realidad es un ático dúplex en una de las urbanizaciones más caras de la zona. Allí el metro cuadrado está a 2.742,66 euros de media, por lo que el valor real de la vivienda ascendería a 416.885,32 euros, más del triple del precio declarado. Ese mismo año, Muñoz concurre a sus primeros comicios en Marbella, pero queda lejos del poder: obtiene tres escaños.

Segundas elecciones en Marbella y mansión

Las declaraciones de bienes de Muñoz ante el Ayuntamiento de Marbella y el Senado no recogen las propiedades de las que disfruta a través de dos sociedades en Gibraltar, solo las acciones que detenta de ambas.

En el año de sus segundas elecciones municipales en Marbella, 2003, Ángeles Muñoz adquiere la más valiosa de sus propiedades: una mansión en Benahavís que compró al 50% con su marido y que ahora está en venta. 

La mansión de Benahavís está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida 11 años antes. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muñoz es propietaria del 49% de Crasel Panorámica, un total de 44.174 participaciones con un valor idéntico en euros. En realidad esas 44.174 participaciones valen más de 6 millones de euros, el equivalente a lo que cuesta la mitad de su mansión. 

La lujosa vivienda de Benahavís está valorada en más de 12 millones de euros. A Muñoz le corresponderían 6.008.090,40 euros, según la valoración que hacen expertos del mercado inmobiliario a elDiario.es. Muñoz no recibe un sueldo como alcaldesa, solo dietas, y ha cobrado como diputada en el Congreso ocho años; seis por su cargo de senadora, que sigue ostentando; y otros ocho como parlamentaria andaluza en dos periodos distintos. Además ostentó un cargo de directora general con su mentor político, Javier Arenas, cuando este fue ministro de Trabajo.

Dos sociedades de Gibraltar

Instalada ya en la política marbellí, en 2005, Ángeles Muñoz hizo otro importante desembolso: una parcela de 2.787 metros cuadrados valorada en 3.140.949 euros. El terreno es adquirido través de la sociedad Hacienda Property, de la que Muñoz posee el 50% de la misma (la otra mitad es propiedad de su marido). Hacienda Property estaba a su vez participada por una sociedad con sede en Gibraltar, Cutaga Limited. 

Ángeles Muñoz Uriol actualizó su declaración de “intereses económicos” ante el Senado en 2021 para incluir los trienios como funcionaria autonómica. A día de hoy no ha puesto al día su declaración de patrimonio de 2019 y, por tanto, no aparece que el 7 de julio de 2020, hace más de dos años, adquirió a su marido el 50% que no tenía de Hacienda Property. 

El capital de la sociedad es de 548.895,60 euros, pero, de forma similar a lo que ocurre con la otra sociedad gibraltareña a nombre de la que está su mansión, el patrimonio inmobiliario de Hacienda Property roza los 4 millones de euros.

También en 2005, Hacienda Property, todavía con propiedad de Muñoz y Broberg repartida al 50%, compra una nave industrial en San Pedro de Alcántara por medio millón de euros, lo que equivale a 250.000 euros de desembolso para la alcaldesa de Marbella. Hacienda Property adquirió ese mismo año una nave industrial (300.000 euros) y un atraque en Puerto Banús (50.000).

Preguntado el Ayuntamiento por el hecho de que la alcaldesa no haya actualizado su declaración de patrimonio desde que adquiriera el 100% de Hacienda Properties, un portavoz del Consistorio se limitó a responder que dicha actualización estaba “pendiente” de realizarse.

La casa en Suecia con embarcadero

El año 2007 es uno de los más importantes en la vida política de Ángeles Muñoz. La legislatura anterior ha sido convulsa en Marbella debido a un pacto de PSOE y Partido Andalucista. Por fin, en 2007, el mensaje de regeneración de Muñoz para Marbella triunfa y se convierte en regidora de su municipio “de adopción”, según el término incluido en la biografía política de la web del Ayuntamiento de Marbella. 

En el histórico de adquisiciones de la alcaldesa, 2007 también es un año importante. Muy lejos de Marbella, en la localidad sueca de Skarhamm, el matrimonio compra una villa unifamiliar de 560 metros cuadrados. El valor de esa propiedad en Suecia, país de origen de Lars Broberg, es de 251.200 euros, según declara Muñoz.

La realidad del mercado inmobiliario es que, a día de hoy, asciende a 2.419.960 euros. El cálculo está realizado teniendo como referencia el precio medio del metro cuadrado en esa localidad (4.321,42 euros) y sin contar con que está en primera línea de playa y dispone de embarcadero propio. El 50% en propiedad de Muñoz supone un valor total y real de 1.209.980 euros.

La única propiedad que Muñoz declara en concepto de herencia es el 12,5% de un adosado en Estepona de 212 metros cuadrados. Su parte, a precio de mercado, equivaldría a 54.728,26 euros. La alcaldesa recibió la herencia en el año 2013. 

Solo consta una adquisición inmobiliaria de Muñoz anterior a su entrada en política, una oficina en el centro comercial Plaza de Marbella, que ahora está valorada en 534.127 euros si se atiende al valor del metro cuadrado de oficinas similares en el mismo lugar. En su declaración pública, Muñoz le atribuye un valor catastral de 90.662,35 euros.

"La alcaldesa de Marbella y su marido negociaron la venta de su mansión por nueve millones de euros con un comprador que debía ingresar los dos primeros pagos, de 500.000 euros cada uno, en una cuenta bancaria radicada en Luxemburgo, país donde acuden grandes fortunas internacionales por su alambicado sistema de sociedades pantalla y extraordinarios beneficios fiscales. 

Las negociaciones se remontan a diciembre de 2021, según consta en el borrador del contrato de compraventa al que ha tenido acceso elDiario.es. La propiedad sigue a día de hoy a nombre de una sociedad propiedad de Ángeles Muñoz y de su difunto marido, Lars Gunnar Broberg, fallecido el 4 de marzo pasado, aunque en el citado borrador se fija la entrega de las escrituras para antes del 21 de noviembre de 2024. La regidora marbellí ha rechazado responder a las 17 preguntas de un cuestionario que le remitió elDiario.es a través de un portavoz del Consistorio.

La mansión de Benahavís, colindante con Marbella, es la joya de la corona del patrimonio que ha acumulado Muñoz durante tres décadas en política. Al menos desde 2016, la alcaldesa y su marido habían intentado vender la casa al precio de 12 millones de euros, según el anuncio que aparecía en una web dedicada a la compraventa de casas. El anuncio desapareció de la web después de las primeras revelaciones del caso de narcotráfico que afectaba al marido y por el que sigue procesado su hijastro, Joakim Broberg.

En el borrador del acuerdo con Tareq M. A. H, el futuro comprador se comprometía a abonar los nueve millones de euros en tres plazos. El primer pago acordado por la reserva de la propiedad, “en concepto de arras o señal de la compraventa futura”, ascendía a un millón de euros a ingresar en dos plazos: 500.000 en el momento de la firma (el borrador lleva firma del 10 de diciembre de 2021) y otros 500.000 “no más tarde del 1 de marzo de 2022”. Ambos pagos se realizarían por transferencia a “una cuenta corriente abierta” de la que es titular Nordea Bank pero en otra entidad, Banque Internationale á Luxembourg, con sede en el Gran Ducado. Cuando se firmó el borrador habían pasado nueve meses desde la detención de Lars Broberg por integración en organización criminal y blanqueo del narcotráfico. Los ocho millones restantes se pagarían a través de la entrega un cheque de un banco español coincidiendo con la entrega de las escrituras y las llaves, antes del 21 de noviembre de 2024.

elDiario.es ha contactado igualmente con la parte compradora en la negociación, Tareq M. A. H., un antiguo ejecutivo bancario, ya jubilado, y ciudadano del Reino de Baréin, un país considerado un paraíso fiscal por la Agencia Tributaria española. Tareq M. A. H no ha respondido al requerimiento de este medio. Un segundo borrador, también en poder de elDiario.es, establecía las condiciones de un acuerdo de alquiler entre los dueños y el mismo Tareq: 5.000 euros al mes, cuando las casas similares en la misma zona se están alquilando a 30.000, seis veces más. 

¿A qué respondería la redacción de dos contratos de forma casi simultánea, tanto de compraventa como de alquiler? Cabe la posibilidad de que el objetivo fuera que el ciudadano de Baréin pudiera habitar la casa desde el mismo momento de la firma del contrato de alquiler sin poseer las escrituras, cuya entrega estaba prevista en el borrador de compraventa para antes de noviembre de 2024. Al tiempo iría ingresando el primer millón de euros en la cuenta de Luxemburgo de la alcaldesa y su marido y la vivienda no cambiaría de propiedad hasta más de un año después de las elecciones municipales. 

La respuesta del Ayuntamiento presidido por Ángeles Muñoz a las 17 preguntas formuladas por elDiario.es respecto a la presunta venta de su mansión consistió en unas líneas en las que no responde ninguna de las cuestiones sobre la presunta operación inmobiliaria y en las que se dedica reiteradamente a insultar a este medio e intentar denostar su labor informativa. 

Los dos borradores en poder de elDiario.es están redactados por el abogado Leonardo Felice Cultrera Muñoz, sobrino de Ángeles Muñoz, cuya firma aparece en las propiedades del documento digital al que ha tenido acceso este medio. Felice Cultrera Muñoz estuvo imputado en la causa por narcotráfico y blanqueo de capitales que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero la fiscal María Dolores López Salcedo decidió no solicitar su procesamiento y la causa quedó archivada para él.  

Leonardo Felice es hijo de Felice Cultrera, un ciudadano italiano procedente de la región de Catania que se hizo muy popular en Marbella en los años ochenta. Cultrera padre, ostentoso y excéntrico, irrumpió en la noche marbellí arrastrando una rista de antecedentes en su país. Figura prominente del gilismo, Cultrera se casó con Ana, una de las hermanas de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Uno de los hijos del matrimonio es el abogado Leonardo, quien firma el borrador del que hoy informa elDiario.es. Este medio ha escrito a su despacho de abogados pero no ha obtenido respuesta. 

El matrimonio recurrió a un paraíso fiscal para comprar la casa

La mansión de Benahavís está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida 11 años antes, en 2003. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, territorio al que las autoridades españolas consideran paraíso fiscal. 

Ángeles Muñoz es propietaria del 49% de Crasel Panorámica SL, un total de 44.174 participaciones con un valor idéntico en euros. Esta es la cantidad que declara ante el Senado y el Ayuntamiento Ángeles Muñoz por la mansión en cuestión. En realidad, esas acciones valen lo que cuesta la mitad de la casa: 4,5 millones, si se vende por 9 millones de euros; 6 millones, con el objetivo inicial de desprenderse de ella por 12. Se desconoce si después del fallecimiento de Broberg, Muñoz pasará a controlar el 100% de la sociedad.

La entidad destinataria última del millón de euros, Nordea Bank SA, tiene una antigua relación con el matrimonio Muñoz-Broberg. La sociedad de ambos, Crasel Panorámica SL, recibió en 2010 un crédito de 3,1 millones de euros por parte de esa entidad bancaria, que a día de hoy sigue teniendo oficina de representación en Marbella. Ese dinero, sin embargo, no salió del banco porque la operación incluía la contratación de un seguro de vida para Lars Broberg, asociado a una cartera de inversiones. Como garantía se hipotecó la mansión, valorada en 4,7 millones de euros a efectos hipotecarios, un valor muy inferior al que tiene ahora. La hipoteca venció el 21 de octubre de 2020, según consta en el Registro de la Propiedad número 4 de Marbella.

La vivienda nunca fue embargada por la Audiencia Nacional pese a la imputación por organización criminal y blanqueo del narcotráfico que pesó sobre Lars Broberg durante al menos un año y medio. En septiembre de 2022, el marido de Ángeles Muñoz fue procesado y se le impuso una fianza de 25 millones de euros como medida cautelar para asegurar la responsabilidad civil derivada de una posible condena. Sin embargo, la causa dejó de dirigirse contra él justo después porque su estado de salud le impedía defenderse y Broberg no debió depositar fianza alguna.

Las ventajas de Luxemburgo para una alcaldesa

La asociación Equity Release Victims Association (Víctimas de la Hipoteca Inversa Extranjera), un colectivo de afectados por el citado banco, planteó en 2014 que el producto financiero contratado por Ángeles Muñoz le podría servir para evitar en el futuro impuestos como el de sucesiones en España, al suscribir con Nordea el seguro de vida para su marido y copropietario de la mercantil, Lars Broberg, que tenía nacionalidad sueca. De igual modo, el matrimonio también podía minimizar sustancialmente el impuesto sobre el patrimonio, al minorar con la deuda hipotecaria la base imponible del impuesto.

Ángeles Muñoz no recibe un sueldo como alcaldesa, solo dietas, y ha cobrado como diputada en el Congreso ocho años; seis por su cargo de senadora, que sigue ostentando; y otros ocho como parlamentaria andaluza en dos periodos distintos. Además ostentó un cargo de directora general con su mentor político, Javier Arenas, cuando este fue ministro de Trabajo.

El domicilio del vendedor que aparece en el borrador coincide con la dirección que la alcaldesa ofrece como su “domicilio habitual” en la declaración de la renta, un local en un centro comercial del centro de Marbella, según publicaron La Sexta y El Plural. El local comercial es además señalado como sede varias empresas de Joakim y Lars Broberg utilizadas para blanquear dinero del tráfico de marihuana en el sumario por narcotráfico a gran escala que sigue la Audiencia Nacional. En ese mismo centro comercial tiene su oficina de representación Nordea Bank, la entidad donde el comprador debía ingresar su adelanto por la mansión.

El borrador del contrato de alquiler permite conocer las características de la mansión de Ángeles Muñoz. Tiene dos plantas y dos sótanos que albergan piscina cubierta, sauna, gimnasio y salas de cine y billar. En total, la vivienda tiene nueve cuartos de baño. También cuenta con una piscina exterior que ocupa 61 metros cuadrados."                        (Pedro Águeda  , eldiario.es, 19 de marzo de 2023)

4.10.22

España pierde en los paraísos fiscales de la Unión Europea más de 4.700 millones de euros en impuestos al año... Los tinglados societarios de las multinacionales españolas ubican en Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Chipre y Malta beneficios empresariales superiores a los 19.000 millones de euros aprovechando la baja presión tributaria de esos países.

 "Tres países comunitarios con sistemas tributarios low cost para los grandes grupos empresariales -Luxemburgo, Holanda e Irlanda- provocan, cada uno de ellos, una erosión en las arcas públicas españolas mayor que la que le generan el conjunto de los paraísos fiscales extracomunitarios, según revelan los trabajos de la Icrict (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional), que acaba de actualizar sus estimaciones.

"La UE tolera esta situación", denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG de transparencia Oxfam-Intermón. "Nos cuesta asumir que Irlanda o Luxemburgo son paraísos fiscales", señala, al tiempo que dice que "España forma parte del grupo de cinco países que más dinero pierden con estas prácticas dentro de la UE".

Los datos recopilados por la comisión (aquí Estado por Estado), de la que forman parte economistas como Thomas Piketty o Gabriel Zucman, revelan un inquietante panorama en el que los seis países con sistemas tributarios low cost para grandes corporaciones hacen perder cada año algo más de 45.000 millones de euros a las cuatro principales economías de la UE (Alemania, Francia, Italia y España). Básicamente en el impuesto de sociedades, a base de facilitar el aparataje societario y tributario para que multinacionales de esos países localicen allí beneficios por valor de 346.000 millones de euros.

"Se nos llena la boca hablando de competencia y armonización en España y esto lo tenemos abandonado. Se ha ido creando la sensación de que solo hay offshoring en el Caribe, que lo hay, pero es más agresivo el que se produce dentro de la UE", señala Ruiz.

Tanto como para que esas cuatro economías principales vean esfumarse cada año una cifra casi cinco veces superior a través de los entresijos legales de sus socios comunitarios (45.335 millones por 9.404) que en los paraísos offshore: 20.430 y 4.537 desde Alemania, 12.535 y 2.875 desde Francia, 7.609 y 990 desde Italia, y 4.761 y 9.404 desde España.

Las mil filiales en España de un país con el PIB de Euskadi

El balance particular de España apunta a la fuga de 1.714 millones por Holanda, país en el que distintas multinacionales españolas declaran beneficios por valor de 6.856 millones; otra de 1.583 millones en Luxemburgo por ganancias por valor de 6.333, y a una más de 1.034 en Irlanda por unos resultados netos de 4.128, mientras en el conjunto del offshoring extracomunitario la pérdida asciende a 1.002 millones por unos rendimientos de 4.007, la mitad de ellos en Suiza.

A las cifras de los tres grandes países comunitarios de impuestos low cost para grandes empresas se les suman otros Estados. Bélgica, un país que decidió no gravar los dividendos como medio para captar matrices de grupos transnacionales y que actúa como sumidero de otros 349 millones de euros del impuesto de sociedades español por la localización allí de beneficios por valor de 1.397, fundamentalmente de los sectores químico y farmacéutico. Chipre, que genera una erosión de cinco por ganancias de veinte. Y Malta, cuya mella alcanza los 75 por rendimientos de 301.

"Lo estamos alimentando. Tenemos un problema cuando creamos la imagen de que la rentabilidad no depende tanto de la calidad del producto como de la creatividad fiscal para pagar los mínimos impuestos posibles", apunta la responsable de justicia fiscal de Oxfam-Intermón, que llama la atención sobre los fluidos vínculos del sistema societario español con el de Luxemburgo.

Este país, cuya actividad económica arroja como resultado un PIB que el año pasado superó por primera vez los 70.000 millones de euros, similar al de Euskadi, es el quinto por número de filiales de sus empresas en España: tiene 1.032, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), una cifra que únicamente superan Alemania (1.454), Francia (1.343), EEUU (1.269) y Reino Unido (1.166).

Esa vasta red de sucursales luxemburguesas, que ocupan a 172.000 empleados y cuyo volumen de negocio alcanzó en 2020, en plena pandemia, los 38.805 millones de euros (equivale a más de la mitad del PIB del país) tras subcontratar operaciones por 22.200, canaliza hacia las matrices radicadas en el micro Estado una parte importante de los beneficios que esas firmas obtienen en España.

El mecanismo, no obstante, opera también desde España hacia el exterior, donde las multinacionales españolas mantienen una malla de 5.972 filiales que suman un volumen de negocio de 187.963 millones y emplean a 714.652 trabajadores, también según los datos del INE.

El informe país por país de la Agencia Tributaria, cuya última edición se basa en los datos de 2019, ofrece algunas cifras de interés para conocer el entramado internacional de las grandes empresas españolas: las 124 cuya cifra de negocio global supera los 750 millones de euros declaran manejar 14.753 sociedades filiales, el grueso de las cuales (9.810) tienen su domicilio fiscal en el extranjero.

Esa malla societaria facilita que 23 de esos grupos acumularan ese año beneficios por 160.620 millones de euros, por los que pagaron un impuesto de sociedades de solo el 2,6%. Mientras que la presión fiscal general se queda en el 16,7% y la de los que solo pagan fuera en el 9,2%, muy lejos del 25% nominal de España en ambos casos y también en el segundo del 15% en el que el G-20 y la OCDE acordaron situar el tributo global a los beneficios empresariales.

La elevada productividad por empleado en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda

Por otro lado, la Agencia Tributaria llama la atención sobre cómo "aumenta la brecha entre la localización de ingresos e impuestos" de ese grupo de empresas, con una escala en la que el 64,5% de los activos y el 55% de la facturación están radicados en España pero solo declaran allí el 43% de su beneficio y "el 33% del impuesto que pagan". Y también pone el acento en un dato: "Las mayores productividades por empleado se concentran en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, en todas ellas más de tres veces la productividad media".

"Luxemburgo es el país más utilizado por las empresas españolas, junto con el estado de Delaware (EEUU)", indica Ruiz, que advierte de que "no hacer nada sobre este sistema solo beneficia a los países y las sociedades que los aplican y se benefician de ellos. El paraíso crea las condiciones, pero quien las utiliza es la empresa".

La Comisión Europea tiene previsto actualizar el próximo 4 de octubre su lista de paraísos fiscales, en la que no se prevé, ni de lejos, que pueda acabar siendo incluido alguno de esos seis países europeos, a los que el informe de la Icrict atribuye los siguientes registros: Irlanda importa el 61% de sus ingresos por beneficios empresariales al localizar distintas empresas en ese país ganancias por valor de 106.000 millones de euros; Bélgica, el 55% (46.000); Luxemburgo, el 49% (57.000); Holanda, el 28% (106.000); Chipre, el 92% (19.000), y, por último, Malta, el 36% (12.000).

La deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales

Entre los seis suman una deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales que dejan de tributar en los países de origen de las matrices de esos grupos multinacionales.

El impuesto global, que España, Alemania, Francia e Italia están dispuestos a aplicar mientras Polonia y Hungría pretenden vetarlo como palanca para inclinar a su favor negociaciones sobre otros asuntos en el ámbito comunitario, no entrará en el orden del día de la reunión del Ecofín, el órgano que reúne a los ministros de finanzas de la UE, convocada para octubre.

Este tributo debería actuar como un mecanismo de compensación que acabara elevando al 15% la presión fiscal para las multinacionales, que pagarían en el país de sus matrices lo que no acabaran desembolsando en el resto de áreas en las que operan.

"Las grandes empresas que operan a nivel transfronterizo y, sobre todo, las que están muy digitalizadas se aprovechan de la actual inacción política, mientras la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a una crisis del coste de vida y muchos países en desarrollo y mercados emergentes se enfrentan a una crisis de la deuda", concluye el informe de la Icrict sobre las medidas fiscales de emergencia para hacer frente a la crisis de inflación, en el que insta a los Estados partidarios del impuesto global a "seguir adelante y considerar sus propias medidas alternativas, formuladas si es posible de forma coordinada, para aplicarlas activamente y sin demora"."                (Eduardo Bayona, Público, 30/09/22)

7.6.21

'OpenLux' desvela los nombres de todos los españoles con sociedades en Luxemburgo en busca de opacidad o ventajas fiscales... En total hay 1.558 personas de nacionalidad española... Decenas de empresarios que figuran en la lista de los más ricos de España controlan en el Gran Ducado sociedades que en conjunto disponen de miles de millones de euros en activos

 "1.558. Esa es la cifra de personas vinculadas con España que controlan sociedades registradas en Luxemburgo, país que gracias a sus ventajas fiscales y su opacidad se ha convertido en uno de los destinos favoritos para las inversiones de multimillonarios de todo el mundo, pero también para el dinero sucio de miembros de organizaciones criminales o de políticos y funcionarios corruptos. 

La identidad de esas 1.558 personas ha quedado desvelada ahora gracias al proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que han elegido a infoLibre como medio colaborador en España.

Luxemburgo estableció en 2019 lo que se conoce como Registro de Titularidades Reales, cuyo acceso es libre y gratuito, pero que tiene una laguna fundamental: solo permite realizar búsquedas por el nombre de una empresa, pero no por el nombre de una persona física. Ello dificulta enormemente cualquier investigación periodística.

Sin embargo, Le Monde consiguió extraer del sitio web del Registro 3,3 millones de documentos de las más de 124.000 empresas operativas en Luxemburgo en 2020, incluidos los que aportan información sobre los verdaderos dueños de cada sociedad. El periódico francés compartió esos documentos con el OCCRP, cuyos equipos de datos y tecnología los procesaron para facilitar su consulta. OCCRP facilitó posteriormente el acceso a la base de datos a una docena de medios de todo el mundo [puedes consultar aquí una información con las preguntas y respuestas clave sobre OpenLux].

¿Quién está en Luxemburgo?

infoLibre publicará una serie de reportajes en los dos próximos meses con las informaciones más relevantes obtenidas tras investigar quiénes son y qué sociedades tienen las 1.558 personas vinculadas con España. La mayoría son ciudadanos españoles, aunque en la base de datos también figuran extranjeros que residen en España o que ocupan cargos en sociedades domiciliadas aquí.

Decenas de empresarios que figuran en la lista de los más ricos de España controlan en el Gran Ducado sociedades que en conjunto disponen de miles de millones de euros en activos. Pero también hay personas implicadas en grandes escándalos de corrupción. De hecho, en la primera entrega de la serie, se desvelan la conexiones entre Rodrigo Rato y el famoso traficante de armas Abdul Rahman El Assir en una sociedad luxemburguesa denominada Wheelerdale Corporation Sàrl, con unos activos de 77 millones de euros, que la Fiscalía Anticorrupción española vincula al patrimonio oculto en el extranjero del exvicepresidente del PP.

Esas 1.558 personas se pueden clasificar en tres grandes grupos.

En el primero están los nombres conocidos, personajes públicos que son los que tienen interés informativo y que centrarán los reportajes de este periódico.

En el segundo se encuentran ejecutivos del sector financiero, especialmente de fondos de inversión y sociedades gestoras de patrimonio. Muchas de estas compañías, aunque tengan su sede en España, montan empresas en Luxemburgo para gestionar desde allí las inversiones de sus clientes.

En el tercero figuran personas sin proyección pública o españoles que residen en el Gran Ducado, y que tienen allí un negocio o pertenecen a la directiva de una asociación o al patronato de una fundación.

Las razones que atraen al capital

Luxemburgo es un pequeño país de poco más de 2.500 kilómetros cuadrados –la mitad de la provincia de La Rioja–, que se ha convertido en el segundo destino más importante del mundo para el capital extranjero. En diciembre de 2019, se acumulaban en el Gran Ducado 5,06 billones de dólares en inversiones de cartera, más que en Japón, Alemania o Reino Unido. Y estaban registradas allí 124.045 empresas, un 90% de ellas controladas por no luxemburgueses. Al menos 266 miembros de la lista de multimillonarios de Forbes tienen sociedades en el país (ninguno de ellos es autóctono). Alrededor del 40% de las compañías se crearon simplemente para conservar activos, sin generar ninguna otra actividad económica.

Hay dos grandes razones que explican estos datos: las ventajas fiscales y la opacidad que Luxemburgo proporciona a las empresas.

Los activistas en temas de transparencia lo consideran uno de los sistemas financieros más opacos del mundo, y durante años ha sido un semiparaíso fiscal, acusado de formar parte de un "eje de evasión fiscal" en Europa. Todo ello, combinado con la estabilidad derivada de estar en el corazón de la Unión Europea, convierte al Gran Ducado en un imán para los inversores de todo el mundo.

Los extranjeros que abren empresas en Luxemburgo suelen buscar "desconectarse de sus propiedades", explica al OCCRP Gabriel Zucman, profesor asociado de la Universidad de California en Berkeley especializado en el estudio de los paraísos fiscales. "Ese es el servicio clave que presta este segmento de la industria financiera: desconectar a la gente de sus activos, crear opacidad financiera, dificultar la investigación de las autoridades en casos de corrupción, fraude o evasión fiscal", señala.

Zucman también destaca una ventaja de Luxemburgo frente a otros territorios fiscalmente opacos: la amplitud de los servicios financieros que presta. Las Islas Vírgenes Británicas o Panamá son lugares donde es posible crear empresas ficticias de forma rápida y barata, Suiza está especializada en la gestión de patrimonios privados almacenados en cuentas bancarias offshore y las Islas Caimán son las preferidas para constituir fondos de inversión. "Luxemburgo está presente y activo en todos estos ámbitos: desplazamiento de beneficios por parte de empresas multinacionales, constitución de fondos de inversión, gestión de patrimonios privados, creación de empresas ficticias, etc. Eso es lo que hace que Luxemburgo sea único", sostiene este investigador.

¿Para qué se utilizan las sociedades?

Muchas empresas luxemburguesas cumplen plenamente la ley y existen por razones legítimas. Sin embargo, otras son propiedad de personas con exposición política, funcionarios corruptos e incluso grupos criminales organizados.

Pero, ¿para qué se utilizan las empresas de Luxemburgo? El OCCRP y sus socios analizaron la actividad de las empresas de personas políticamente expuestas o con antecedentes penales y descubrieron dos grandes pautas.

La primera es el uso de Luxemburgo como puerta de entrada en la UE de activos que se habían mantenido en paraísos fiscales más tradicionales, a menudo en el Caribe. "Luxemburgo tiene una importante función de conexión de las empresas no europeas con los mercados europeos", indica al OCCRP Markus Meinzer, investigador de Tax Justice Network. "Los inversores extracomunitarios pueden invertir dinero sucio en la UE a través de Luxemburgo, libre de impuestos, de forma oculta".

Un porcentaje sorprendente de empresas registradas en Luxemburgo son filiales de otras compañías con sede en paraísos fiscales: las Islas Caimán ocupa el sexto lugar en la lista de países cuyas empresas tienen filiales en Luxemburgo, las Islas Vírgenes Británicas el 10º, Panamá el 16º y Chipre el 17º.

Un ejemplo lo constituyen los llamados bolichicos –un grupo de empresarios que se enriquecieron gracias a contratos con el Gobierno venezolano–, que supuestamente transfirieron activos multimillonarios desde Barbados a Luxemburgo. Posteriormente, sociedades luxemburguesas de los bolichicos movieron grandes cantidades de dinero, ya sea en forma de inversión o de préstamos a otras compañías, con destino a España y a Gibraltar.

La segunda gran pauta es constituir una sociedad en Luxemburgo para invertir en bienes inmuebles en otros países, especialmente en Francia. Esto se hace en parte para mantener el secreto y en parte para minimizar los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en otros países europeos, que pueden tener enormes diferencias fiscales con Luxemburgo.

Los ejemplos descubiertos por el OCCRP son múltiples. La familia de Oleg Toni, jefe adjunto de la compañía ferroviaria estatal rusa, controla un imperio inmobiliario en toda Europa a través de empresas luxemburguesas. Mohamed Najib Mikati, ex primer ministro libanés, implicado en varios casos de corrupción, es beneficiario de varias sociedades luxemburguesas cuyo único objetivo es poseer bienes inmuebles en Francia. Sukanto Tanoto, un magnate indonesio que ha sido calificado como el principal impulsor de la deforestación en el mundo y está acusado de fraude fiscal, compró en secreto un edificio histórico en Múnich por casi 350 millones de euros a través de una empresa registrada en Luxemburgo.

Las lagunas del Registro de Titularidades Reales

En 2019, para cumplir con la V Directiva Antiblanqueo de la UE, Luxemburgo creó el denominado Registro de Titularidades Reales, que exigía a las 124.045 empresas registradas allí identificar a sus beneficiarios últimos; es decir, a las personas físicas que controlan realmente una compañía.

Luxemburgo fue uno de los primeros países de Europa en establecer ese registro público y los defensores de la lucha contra la corrupción lo consideran un gran paso adelante. Sin embargo, tal y como se ha implementado, la base de datos tiene al menos tres limitaciones importantes.

La principal es que sólo se pueden realizar búsquedas por el nombre de la empresa o por el número de identificación de la sociedad, pero no por el nombre de una persona física. Ello complica enormemente cualquier investigación ya que para saber si una persona concreta tiene sociedades en Luxemburgo es necesario previamente conocer cómo se llama dicha compañía.

Un segundo problema es que la base de datos está incompleta. En buena medida ello se debe a que sólo existe la obligación de identificar a una persona física como beneficiario último cuando controla al menos el 25% de la empresa. Si nadie llega a ese umbral, en el Registro de Titularidades Reales figuran los administradores de la compañía, algo que es un agujero evidente puesto que no siempre coinciden éstos con los beneficiarios últimos.

Transparencia Internacional sostiene que este tema es especialmente crítico en Luxemburgo debido al gran número de fondos de inversión existentes en el país. El concepto básico de un fondo de inversión es que los individuos que invierten en él, y se benefician financieramente, no son los mismos que quienes controlan el fondo y toman las decisiones sobre las inversiones. Como resultado, "los delincuentes pueden estratificar o integrar las ganancias del delito invirtiendo dinero sucio en diferentes fondos de inversión, permaneciendo en el anonimato mientras su inversión esté por debajo del umbral de notificación".

Según el análisis realizado por Le Monde de los datos del Registro, un año después de su creación sólo el 52% de las empresas ha declarado quién es su verdadero propietario (las autoridades luxemburguesas niegan esta cifra y afirman que la real es del 88%). Lo cierto es que unas 40.000 sociedades no están obligadas a hacerlo, ya que nadie posee más del 25% de la compañía, mientras que otras 26.000 están incumpliendo la obligación legal de facilitar al Registro el nombre de su beneficiario último.

Le Monde y el OCCRP también identificaron decenas de casos donde los titulares reales declarados eran niños, personas fallecidas o testaferros evidentes.

Quizá el ejemplo más flagrante de esto último sea el de Prestigestate, la empresa propietaria de la casa más cara del mundo: Château Louis XIV. Con una extensión de 50.000 acres en las afueras de París y construida con materiales lujosos para evocar un Versalles de los últimos tiempos, la finca de 300 millones de dólares fue noticia en todo el mundo cuando se terminó de construir en 2011. Entre sus instalaciones se encuentran una sala de meditación bajo el agua y un club nocturno con obras de arte de valor incalculable. El castillo es formalmente propiedad de una empresa registrada en Luxemburgo cuyo verdadero dueño es el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman. Sin embargo, en el Registro figuran como titulares reales tres saudíes cercanos al príncipe.

Un tercer problema es que Luxemburgo no mantiene ningún registro histórico de los beneficiarios últimos. Cuando una empresa se liquida, la identidad de quienes han sido sus propietarios se elimina de inmediato. "Es una laguna enorme que la información pueda desaparecer de un día para otro", explica Thom Townsend, director ejecutivo de Open Ownership, una ONG británica que aboga por la creación de registros abiertos de beneficiarios últimos. "Desde una perspectiva de investigación, los registros históricos son fundamentales en la cadena de pruebas. Lo que hemos visto en los Papeles de Panamá es que las entidades corruptas cambian de propietario con bastante regularidad, para evitar que una persona sea rastreada", destaca Townsend.

Y cerrar una compañía ya no es algo extraño en Luxemburgo. En 2020, el año siguiente a la puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, aumentó de forma drástica el número de empresas liquidadas. Por primera vez en la historia del país, se eliminaron más sociedades de las que se crearon. Una prueba más de la alergia que tienen a la transparencia muchas de las personas que eligen el Gran Ducado para constituir una compañía."                      (InfoLibre, 02/06/21)