"Preocupados de que las transferencias y los acuerdos de patrocinio puedan ser tan herméticos como la línea defensiva del Manchester United, los legisladores están presionando para que los gobiernos den marcha atrás en su oposición a que los clubes de fútbol sean incluidos en una ley de la UE que combate el lavado de dinero."Los Estados miembros se niegan a someter a los clubes, ligas y agentes de fútbol a las normas básicas de diligencia debida", afirmó el eurodiputado verde Damien Carême, codirector de las negociaciones del Parlamento y seguidor del Racing Club de Lens en Francia.
"Esto es una bendición para los matones y los oligarcas, que podrán continuar con su pequeño negocio de amaño de partidos y transferencias dudosas con total impunidad".Las demandas del Parlamento son el último paso en las disputas sobre un plan de la UE propuesto hace dos años para racionalizar las salvaguardias de Europa contra el lavado de dinero en todos los ámbitos, que actualmente difieren de un país a otro.
Las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que representan a los gobiernos nacionales, están estancadas, en parte porque los países se resisten a la inclusión del fútbol en la legislación.
Si bien se podría argumentar que el fútbol mundial y la corrupción van de la mano (en 2015, las autoridades estadounidenses acusaron a nueve funcionarios de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que gobierna el juego en todo el mundo, por extorsión, conspiración y corrupción).Los expertos sugieren que el lavado de dinero, aunque menos obvio, podría estar muy extendido.Europol y la Comisión Europea han destacado los riesgos de la industria en informes de los últimos años.Como dijo Carême, "el fútbol es un sector clave para el blanqueo de dinero".
Operación Cero
La forma en que suele funcionar es la siguiente: dado que los delincuentes luchan por gastar el dinero que ganan con negocios ilegales sin llamar la atención de las autoridades, lo canalizan a través de empresas legítimas para que parezca que el efectivo está limpio.En lo que respecta al fútbol, una técnica común es inflar el precio de la transferencia de un jugador y luego devolver las ganancias adicionales al hampa.Uno de los países que parece haber tenido un problema particular es Bélgica.Una investigación llamada “Operación Cero” expuso bandas de lavado de dinero que operaban en clubes de fútbol belgas en 2018. La investigación dio lugar a una ofensiva contra la liga, lo que obligó a los clubes a introducir nuevas salvaguardias.
Pero es la experiencia de Bélgica en particular la que hace reflexionar a los gobiernos.Las salvaguardias del país se convirtieron en un engorroso ejercicio de marcar casillas en lugar de una forma efectiva de luchar contra los lavadores de dinero, según Niels Appermont, profesor de derecho económico en la Universidad de Hasselt, quien investigó las reglas con la ayuda de una subvención de la UEFA.(En ningún momento intervino la UEFA en el estudio, dijo)."Veo y reconozco problemas importantes en este sector", dijo Appermont."Nuestro punto en el caso belga es que si se quiere abordar bien estos problemas", entonces no se debe "utilizar una solución única y tratar de comprender el mercado que se intenta regular".
Quienes están cerca de la situación afirman que la cantidad de obstáculos que ahora hay que superar y la burocracia que hay que sortear hace que sea más difícil para los clubes belgas, que incluyen a Anderlecht y Standard Liège, competir en transferencias de jugadores.Los eurodiputados han sugerido introducir umbrales para proteger a los clubes más pequeños de la carga administrativa de los controles de diligencia debida.Pero los gobiernos rechazan ese compromiso.
Paisaje futbolístico diverso
La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para que se escuche su voz en las negociaciones.Han instado a los legisladores a consultar primero y luego crear un conjunto de reglas personalizadas para el deporte, incluidas salvaguardias contra el lavado de dinero.La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para hacer oír su voz en las negociaciones.
Dicen que aplicar un enfoque único para todos sin evaluar las consecuencias podría perjudicar a los clubes más pequeños que no están equipados para manejar el papeleo."Los responsables políticos de la UE deberían colaborar adecuadamente con las partes interesadas del fútbol para evaluar los impactos y desarrollar opciones políticas que cumplan con nuestros objetivos compartidos sin correr el riesgo de consecuencias no deseadas en el diverso panorama del fútbol europeo", dijo un portavoz de la UEFA." (Bjarke Smith-Meyer , POLITICO, 15/12/23; traducción DEEPL)
"En las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares.
Los fondos de inversión privados son vulnerables al blanqueo de
capitales porque contienen una variedad de factores de riesgo
estructurales que ayudan a camuflar comportamientos ilícitos.
En 2020, un boletín filtrado del FBI encontró que
los delincuentes y las grandes fortunas estaban usando «fondos de
colocación privada, incluidas inversiones ofrecidas por firmas de
capital privado y fondos de cobertura, para eludir los programas anti
blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés) de otras
instituciones financieras y blanquear dinero».
Un informe de Global Financial Integrity (GFI) «Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica»,
al que Diario16 ha tenido acceso, examina los factores de riesgo de
blanqueo asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica.
Analiza el circulo de actores y facilitadores involucrados, los métodos
de contacto utilizados por los perpetradores y los canales usados para
mover dinero ilícito. La proximidad geográfica, económica, histórica y
cultural de la región con los Estados Unidos las políticas norteamericanas siempre hayan tenido un impacto significante en Latinoamérica.
El 54% de los casos de lavado de dinero en bienes
raíces se encontraban vinculados a fondos ilícitos de la región de
Latinoamérica. «En el imaginario popular, las capitales mundiales del
blanqueo son países pequeños con historias de leyes financieras laxas y
secretas. Pero hay un buen argumento de que, en este momento, el mejor
lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es en
realidad Estados Unidos», dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en 2021.
El
nuevo informe de GFI proporciona una serie de estudios de casos y
analiza la regulación ALD de los fondos de inversión privados en Brasil, México, Chile y Argentina.
Brasil sigue siendo el mercado de inversión privada más grande de Latinoamérica. Las estimaciones de Preqin, una base de datos de activos alternativos, revelan que alrededor de 38.000 millones, o el 44% del total de activos bajo gestión en América Latina, se concentra en Brasil, un país donde el Santander es
uno de los principales bancos. Desde el punto de vista del blanqueo de
capitales, una tendencia particularmente interesante que ha surgido en
el espacio de los fondos de inversión privados brasileños es la
participación de las oficinas familiares en las inversiones generales.
Según Tom Cardamone, presidente de GFI, «A pesar de
la escala de la riqueza bajo gestión, las ‘oficinas familiares’ tienen
poca o ninguna supervisión regulatoria en la mayor parte del mundo. Esto
es especialmente preocupante dado el estrecho vínculo entre la riqueza y
la corrupción en muchas partes del mundo. La naturaleza no regulada de
estos fondos los convierte en un vehículo particularmente útil para
enmascarar los beneficios de la corrupción o el lavado de dinero».
Además, el informe utiliza una serie de estudios de caso para resaltar cómo existen riesgos de blanqueo, corrupción y crimen organizado en los fondos de inversión privados en América Latina.
Los factores de riesgo incluyen una base de clientes a menudo
compuesta por personas adineradas, incluidas personas políticamente
expuestas, una estrecha relación entre los grandes gestores de fondos y
sus clientes, el uso de empresas pantalla y fideicomisos
para gestionar inversiones, tercerización de operaciones y gestión de
riesgos, poca transparencia en torno al origen de la riqueza y los
fondos, y estructuras de inversión que pueden incluir múltiples cuentas
en diferentes jurisdicciones, incluidos paraísos fiscales, con fondos
moviéndose a través de una cuenta de concentración.
El informe, además, ofrece una serie de importantes recomendaciones:
El nuevo gobierno brasileño, que tiene los mayores AUM en la
región, debe ser el primero en adoptar regulaciones ALD que aborden
riesgos futuros cuando surjan. Igualmente, los reguladores deben
reflexionar sobre la estructura de las oficinas familiares y realizar
una evaluación de riesgos del sector.
Las autoridades
latinoamericanas deben buscar regular a los intermediarios y a las
profesiones sobre debida diligencia ALD/CFT, ya que son fundamentales
para permitir que el dinero ilícito se mueva a través del sistema
financiero dentro de la región, pero también para que se invierta en
fondos de inversión privados en el extranjero.
Los Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, Malta y otros países dentro de la UE deben realizar una evaluación sólida del riesgo de lavado de dinero de sus sectores de fondos de inversión privados.
Las autoridades del orden latinoamericanas involucradas en investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado
deben recibir capacitación sobre las complejidades de los fondos de
inversión privados y la forma en que pueden usarse para ocultar activos
ilícitos." (J. A. Gómez, Diario16, 31/12/22)
"La familia francesa Perrodo, dueña de la petrolera Perenco y una de las principales accionistas en la promotora inmobiliaria Kronos Homes, una de las más conocidas en España después de que la rica heredera e influencerTamara Falcó se convirtiera en su imagen de marca. El multimillonario griego Spiros Latsis,
con negocios que van desde el transporte al petróleo o los centros
comerciales. Y por supuesto los principales fondos de inversión del
mundo, con el gigante Blackstone a la cabeza, que controla más de 20.000 viviendas en España. Todos ellos tienen algo en común: utilizan sociedades en Luxemburgo para canalizar sus inversiones inmobiliarias en Europa.
La elección del Gran Ducado obedece básicamente a razones tributarias. El dinero entra en la UE desde paraísos fiscales sin mayores problemas y, tras invertir en proyectos inmobiliarios de toda Europa, regresa multiplicado a los territorios de baja fiscalidad.
El experto alemán Christoph Trautvetter, miembro de Tax Justice Network y autor de un reciente estudio sobre el papel de Luxemburgo en la ingeniería fiscal que busca reducir a cero la factura fiscal
de los grandes capitales, lo explica así: “Los inquilinos de muchos
países europeos, especialmente en las ciudades más grandes, están
sufriendo la explosión de los precios de la vivienda y el alquiler.
Estas explosiones de precios están impulsadas en parte por los
inversores profesionales de los mercados financieros mundiales que
descubrieron los bienes inmuebles residenciales como una inversión
lucrativa. Muchos de ellos canalizan sus beneficios del sector
inmobiliario europeo fuera de la UE prácticamente sin pagar impuestos. Para ello, suelen utilizar los pagos de intereses intragrupo canalizados a través de Luxemburgo”.
Pero, ¿cómo funciona esa ingeniería fiscal? Vamos a explicarlo en cinco sencillos pasos, tomando como ejemplo un reciente proyecto inmobiliario de Kronos.
Este reportaje forma parte de una investigación sobre los privilegios fiscales del sector inmobiliario en los países de la UE realizada por el consorcio internacional Investigate Europe, en la que infoLibre participa como único medio español.
1. El negocio
La compañía Kronos utiliza Luxemburgo como base de operaciones para realizar sus inversiones inmobiliarias en España y Portugal.
Luxemburgo sirve como vía de entrada del dinero
utilizado en los diversos negocios de Kronos, procedente en su mayoría
de paraísos fiscales, y también juega un papel fundamental para reducir el pago de impuestos por los beneficios obtenidos.
Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo: el proyecto H2O, que consistió en la construcción de 252 viviendas, 372 garajes y 18 locales comerciales en la zona del puerto de Badalona, una ciudad a poco más de diez minutos de Barcelona.
Para poner en marcha dicho negocio se constituyó una empresa en Luxemburgo, llamada Barkeno Sàrl, única propietaria de una filial en España denominada Barkeno Developments SLU.
De acuerdo con el Registro Mercantil de Luxemburgo, el 68,04% del capital de Barkeno Sàrl pertenece a cuatro miembros de la familia Perrodo, una de las más ricas de Francia gracias a la empresa petrolífera Perenco, de la que son dueños. Los Perrodo realizaron su inversión desde compañías en Bahamas, que en 2021 fueron trasladadas a Guernsey, una de las islas del canal de la Mancha que funciona como paraíso fiscal.
El resto del accionariado de Barkeno Sàrl pertenece a compañías con sede en Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernsey y Suiza, propiedad de los socios de los Perrodo. Todos ellos son territorios de nula o baja fiscalidad.
El proyecto H2O se inició en 2015 y la práctica totalidad de las
viviendas, garajes y locales fueron entregados a sus compradores en
2020 y 2021. Estaba previsto que los últimos se vendiesen en 2022.
2. El viaje del dinero desde Bahamas a España
Barkeno Sàrl fue constituida el 30 de julio de 2015 en Luxemburgo.
En diciembre de 2015, Barkeno Sàrl recibió 15,8 millones de euros procedentes de una compañía de Bahamas, llamada Tchak Limited y que pertenece a la familia Perrodo.
Para recibir ese dinero, Barkeno Sàrl emitió un producto financiero propio de Luxemburgo: certificados de participaciones preferentes convertibles o CPECs por sus siglas en inglés (Convertible Preferred Equity Certificates). Este producto ha sido muy utilizado desde hace años para invertir en sociedades de Luxemburgo desde otros países.
El motivo es que, a efectos fiscales, los CPECs se consideran deuda para la empresa de Luxemburgo que recibe el dinero y fondos propios (equity) para quien lo presta.
Eso significa que los intereses que paga la sociedad de Luxemburgo son
deducibles fiscalmente y, al mismo tiempo, quien recibe ese dinero en
otro país no tiene que declararlo como ingreso financiero.
Ese mismo mes de diciembre de 2015, Barkeno Sárl prestó su vez 15,7 millones a su filial española (Barkeno Developments SLU).
En definitiva, el dinero viajó en pocos días desde Bahamas a España con parada en Luxemburgo.
En los dos años siguientes, 2016 y 2017,
Barkeno Sàrl prestó otros 3,3 millones de euros a su filial española. El
dinero también llegó a Luxemburgo a través de préstamos de los Perrodo y
sus socios en el negocio.
3. Préstamos a un tipo de interés desorbitado
La sociedad española Barkeno Developments SLU recibió, en total, 19 millones en préstamos de su matriz luxemburguesa.
El tipo de interés pactado fue del 8%, un porcentaje desorbitado entre 2015 y 2017, que fue cuando se suscribieron los préstamos.
La mejor prueba la encontramos en la propia sociedad española.
Además de recibir 19 millones de su dueña luxemburguesa, recibió un
préstamo de 8 millones del Banco Sabadell a finales de 2015, que dos años después se amplió mediante una línea de crédito de 59,4 millones. Pues bien, el tipo inicial pactado con la entidad financiera fue del 3,08%, que se redujo incluso al 2,5% tras la novación en 2017.
En otras palabras, Barkeno Developments SLU estuvo pagando en intereses tres veces más por el dinero que recibió de sus accionistas en Luxemburgo que por el que le prestó el Banco Sabadell en España.
4. Pierde Hacienda
Pero, ¿por qué razón decide una sociedad pagar esos sobrecostes financieros a sus accionistas?
La respuesta es sencilla: para pagar menos impuestos.
A finales de 2020, Barkeno Developments SLU ya
había devuelto a su matriz luxemburguesa todo el dinero que le había
prestado como principal, además de 5.818.731 euros en pago de intereses.
Si los préstamos se hubiesen firmado al mismo tipo de interés que con el Banco Sabadell, la sociedad española habría pagado 1.995.277 euros en intereses a Barkeno Sàrl.
Por tanto, abonó 3.823.504 euros más por el tipo de interés exorbitante pactado con sus accionistas. Como ese dinero es un gasto para la sociedad española, eso significa que los beneficios de Barkeno Developments SLU se redujeron en esa misma cantidad: 3.823.504 euros. Y dado que en España las sociedades tributan en impuestos el 25% de sus beneficios, la empresa del grupo Kronos redujo su factura fiscal en 955.876 euros gracias a la ingeniería fiscal.
Una portavoz del grupo inmobiliario, a preguntas de Investigate Europe y de infoLibre, negó cualquier irregularidad:
“Las tasas de interés utilizadas para los préstamos intragrupo en las
estructuras de Kronos vienen definidas por análisis de precios de
transferencia, que son actualizadas anualmente por expertos
independientes, siguiendo los directrices de la OCDE. Es importante
señalar que dichos tipos de interés no pueden ser comparables con los préstamos bancarios, ya que estos normalmente están garantizados hipotecariamente por un activo inmobiliario, mientras que un inversor asume un mayor riesgo ya que su deuda está subordinada y no garantizada,
lo que consecuentemente debe implicar una mayor rentabilidad”. Dicha
portavoz añadió que “en ningún caso la intención de cualquier
transacción de este tipo es incurrir en sobrecostes en nuestras
empresas, ya que estas se celebran en condiciones de plena competencia y
libre mercado”.
Los periodistas enseñaron las cuentas de Barkeno Developments SLU a un inspector fiscal y a un técnico de Hacienda y ambos son unánimes: los préstamos entre sociedades del grupo tienen que realizarse “por su valor de mercado”, según indica el artículo 18 de la Ley del Impuesto de Sociedades.
Hay hasta cinco métodos para calcular ese valor, pero básicamente se
puede afirmar que sólo podría acordarse un tipo de interés del 8% para
el préstamo intragrupo si la compañía no tuviese ninguna otra vía para obtener ese dinero
a un tipo más bajo. Algo que a priori desmienten las operaciones
realizadas por la Barkeno Developments SLU con el Banco Sabadell, que
llegó a darle una línea de crédito de 59,4 millones, de los que utilizó
menos de 30. “La sociedad española tendría que estar prácticamente en quiebra para pedir entre 2015 y 2017 dinero a un tipo de interés del 8%”, resume el inspector fiscal.
5. El dinero viaja de vuelta a los paraísos fiscales
El dinero que llegó a España en 2015, regresará a los paraísos fiscales multiplicado y sin pagar demasiados impuestos,
gracias a la estructura societaria cuyo eje se encuentra en Luxemburgo.
Ese camino de vuelta del dinero se produce a través de dos vías.
La primera la acabamos de ver: el pago de intereses por los préstamos
recibidos de la matriz. En total, casi 5,82 millones de euros, de los
que más de 3,82 pueden considerarse beneficio traspasado gracias a los
sobrecostes financieros.
La segunda es el abono de dividendos. En 2020 y 2021, la sociedad española pagó por este concepto 12,66 millones a Barkeno Sàrl.
En total, 16,48 millones de beneficio trasladado a Luxemburgo por una sola operación inmobiliaria.
Pero el Gran Ducado no es el destino final del dinero. Exactamente el mismo sistema utilizado por la sociedad española para trasladar sus beneficios a Luxemburgo, es el que utiliza Barkeno Sàrl para mover el dinero hacia las empresas en paraísos fiscales de sus principales accionistas.
En primer lugar, el pago de intereses por los préstamos recibidos. Entre 2015 y 2021, Barkeno Sàrl abonó a las empresas de sus accionistas más de 4,5 millones de euros en intereses y costes financieros.
En segundo lugar, Barkeno Sàrl pagó en 2021 a las empresas de sus accionistas 13,2 millones de euros en dividendos.
Todas esas sociedades están en países considerados paraísos
fiscales o territorios de baja tributación. En el caso de los
accionistas mayoritarios de Barkeno Sárl, los cuatro miembros de la familia Perrodo, sus sociedades están ahora en Guernsey.
¿Y cuántos impuestos pagó Barkeno Sàrl en Luxemburgo? Entre 2017 y 2021, poco más de 37.000 euros en total, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil del Gran Ducado.
Las grandes cifras del proyecto inmobiliario H2O dan una idea de lo rentable que puede ser el ladrillo:
una inversión de poco más de 19 millones generó a los accionistas unos
dividendos de 13,2 millones. O, lo que es lo mismo: lograron una
rentabilidad del 69%.
Barkeno Developments SLU ingresó 81,5 millones en 2021 por la venta de viviendas, locales y garajes y pagó en total en España 4,5 millones por el impuesto de sociedades
(un 5,5% respecto a sus ingresos y un 24% respecto a su beneficio
bruto). En cuanto a los 13,2 millones repartidos en dividendos entre los
accionistas, no fueron objeto de ningún tipo de retención fiscal ni en España ni en Luxemburgo. Se supone que los impuestos por los dividendos se pagarán cuando lleguen al bolsillo de los inversores (los Perrodo y sus socios), una vez que los distribuyan sus sociedades en paraísos fiscales. Pero sólo se supone porque la opacidad es una de las señas de identidad de esos territorios de nula o escasa tributación.
Luxemburgo y la inversión fantasma
Las estructuras de evasión u optimización fiscal en Luxemburgo son muy utilizadas por las personas adineradas.
Y los préstamos intragrupo son una forma habitual, aunque no la única,
de trasladar los beneficios obtenidos en negocios inmobiliarios a
lugares con tipos del impuesto de sociedades del 0%.
"Al utilizar estructuras híbridas y permitir el anonimato total, se
aseguran finalmente de que los inversores (normalmente muy ricos) paguen menos impuestos que un trabajador medio en sus países de origen o incluso evadan por completo los impuestos y el escrutinio", denuncia Christoph Trautvetter en su estudio.
Una publicación de 2019 del Fondo Monetario Internacional (FMI), The Rise of Phantom Invesments (El auge de las inversiones fantasma), destacaba que "según las estadísticas oficiales, Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes, acoge tanta inversión extranjera directa (IED) como Estados Unidos y mucha más que China.
Los cuatro billones de IED de Luxemburgo equivalen a 6,6 millones de
dólares por persona. Una IED de este tamaño no refleja las inversiones
de ladrillo y mortero en la minúscula economía luxemburguesa".
Los autores explican que la inversión extranjera directa puede
ser “un importante motor de una auténtica integración económica
internacional, estimulando el crecimiento y la creación de empleo e
impulsando la productividad mediante transferencias de capital,
cualificaciones y tecnología". Sin embargo, añaden, gran parte de esa inversión en Luxemburgo "es de naturaleza fantasma,
es decir, inversiones que pasan a través de cascarones empresariales
vacíos. Estos cascarones, también llamados entidades de propósito
especial, no tienen actividad empresarial real". El objetivo es pagar menos impuestos a través de la ingeniería fiscal.
El estudio del FMI añade: "Curiosamente, unos pocos paraísos fiscales bien conocidos acogen la inmensa mayoría de la IED fantasma del mundo.
Luxemburgo y los Países Bajos albergan casi la mitad. Y si añadimos a
la lista Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Singapur,
las Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estas 10 economías acogen
más del 85% de todas las inversiones fantasma".
Puede que las inversiones sean fantasma, pero quienes se
embolsan finalmente el dinero que transita por las estructuras
societarias opacas no lo son. Tienen nombres y apellidos, pero eso no significa que siempre se les conozca. A veces, consultando Registros sobre los titulares reales de las empresas, como el que era de acceso público en Luxemburgo hasta que fue cerrado a finales de noviembre tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se pueden descubrir algunos de estos nombres. Así fue como Investigate Europe e infoLibre encontraron decenas de empresas del grupo Kronos en Luxemburgo y su vinculación con los cuatro miembros de la familia Perrodo.
"La expresión lavado de dinero se acuñó a principios
del siglo pasado y está vinculada a una figura icónica del mundo
criminal: el gánster Al Capone. El mafioso de origen italiano montó una
cadena de lavanderías, entre otros negocios, para blanquear la fortuna
que acumuló a través de sus actividades ilícitas.
Un siglo después el
término permanece, pero a las tradicionales tapaderas del dinero sucio
se han sumado esquemas cada vez más sofisticados para rebajar el pago de
impuestos sobre negocios legales. Una estrategia en auge donde los paraísos fiscales
funcionan como grandes lavadoras y algunos países comunitarios juegan
un papel crucial: casi un tercio de los beneficios que las
multinacionales trasladan de forma ficticia fuera de la UE hacia
territorios offshore pasa antes por algún Estado miembro de
fiscalidad laxa. En conjunto, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica
y Malta acaparan casi el 40% de los beneficios corporativos desviados a
nivel global.
Estas son algunas conclusiones de la última actualización de The Missing Profits of Nations (Los beneficios perdidos de las naciones,
en castellano), una investigación firmada por Thomas Tørsløv (Banco
Nacional de Dinamarca), Ludvig Vier (Ministerio de Finanzas danés) y
Gabriel Zucman (Universidad de Berkeley y NBER), que evidencia cómo la
UE se ha convertido en una puerta trasera para las multinacionales hacia
territorios de fiscalidad cero. El 77% de las ganancias desviadas
ficticiamente desde el Viejo Continente llega a otros países de la UE en
primera instancia, con Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos a la
cabeza. Después, casi la mitad de ese dinero continúa su viaje hacia los
clásicos paraísos fiscales offshore, como las Islas Bermudas o las Caimán.
La
investigación, que construye nuevos indicadores a partir de datos de
2015, estima que el 36% de las ganancias globales que las
multinacionales obtienen fuera del país de la matriz se desvía a
paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Son 616.000
millones de dólares al año (prácticamente la misma cifra en euros, al
cambio actual), casi tres cuartos procedentes de países considerados de
tributación elevada, como Alemania, España o Estados Unidos. El 35% del
total (216.000 millones de dólares) procede de la UE —de empresas
europeas y no europeas—, frente a los 143.000 millones (23%) de EE UU y
76.000 millones de otros países de la OCDE.
Las
grandes corporaciones emplean tres fórmulas para trasladar beneficios:
manipulan los precios intragrupo de importación y exportación, pagan
intereses ad hoc sobre préstamos entre filiales o mueven bienes
intangibles, como patentes, algoritmos o logotipos, a países de baja
fiscalidad. Por ejemplo, Luxemburgo recibe 88.000 millones de dólares en
pagos procedentes de filiales situadas en países con impuestos
elevados, tanto europeos (Francia, España...) como extracomunitarios
(Japón, EE UU...), pero solo se queda con 47.000 millones. El resto
salta desde ahí a paraísos fiscales ubicados fuera de las fronteras
comunitarias.
“Este resultado es relevante desde una
perspectiva legal y política. Los tratados de la UE prohíben a los
Estados miembros gravar los pagos (como intereses o regalías intragrupo)
a otros países” de la Unión, señala la investigación. “Un país como
Alemania puede imponer impuestos sobre los pagos a las Islas Bermudas,
pero no sobre los pagos a Luxemburgo. Trasladando los beneficios primero
a Luxemburgo y luego a las Bermudas, una multinacional puede eludir las
normas alemanas contra la elusión (...). En la práctica, para evitar
las normas contra la elusión, las empresas deben tener un nivel mínimo
de actividad real en los paraísos fiscales de la UE”.
La UE no considera paraíso fiscal a ningún país de su entorno,
pese a los privilegios que algunos de ellos conceden a las
multinacionales. El estudio de Tørsløv, Vier y Zucman, en cambio,
incluye a 43 territorios en su lista, cinco de ellos de la OCDE y en su
mayoría miembros de la UE (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y
Suiza). En todas estas jurisdicciones, el tipo efectivo del impuesto de
sociedades es bajo y la ratio entre beneficios y salarios de las
corporaciones extranjeras es superior a la de las firmas locales —en los
demás países es al revés—.
La extrema competencia fiscal
entre Estados ha llevado a la comunidad internacional a revisar las
reglas fiscales globales, que fueron diseñadas en los años veinte del
siglo pasado y no reflejan las dinámicas de la globalización. El nuevo
marco tiene como objetivo reducir los incentivos para trasladar
beneficios y elevar así la imposición fiscal a las multinacionales, pero
su diseño se está viendo retrasado por obstáculos técnicos y políticos, y hasta 2024 no se espera que entre en vigor.
La UE, la más afectada
La
UE es, a la vez, un coladero para los beneficios empresariales y la más
afectada por los tinglados fiscales de las multinacionales: las
ganancias desviadas ficticiamente suponen el 1,5% del PIB de la Unión,
el doble con respecto a Estados Unidos (0,8%). Si ese dinero se quedara
donde se genera, los países de elevada tributación de la UE tendrían un
20% más de beneficios para gravar y EE UU elevaría ese importe en un
10%, mientras que la cifra caería en un 55% en los paraísos fiscales,
hasta en un 90% en territorios como Malta o las Bermudas.
Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en
2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades
y equivalente al 1,2% del PIB. La pérdida en términos de ingresos
fiscales es del 14%, una cifra que alcanza el 28% en el caso de Alemania
y el 21% en Francia, en ambos casos por encima de la media europea del
18%. En EE UU el agujero recaudatorio es igual al español en porcentaje;
del 5% en promedio para los países en desarrollo.
Aunque la UE pierde el doble de beneficios que EE UU en relación con su PIB, son las multinacionales estadounidenses las que desvían, en proporción, más ganancias:
el 54% de ellas se va a paraísos fiscales, frente a un cuarto del
resto. “Para Estados Unidos, el traslado de beneficios parece ser una
estrategia de elusión fiscal más que una pérdida de ingresos fiscales.
Para otras economías, parece ser una pérdida de ingresos más que una
estrategia de ahorro de impuestos”, resume la investigación." (Laura Delle Femmine, El País, 16/09/22)
"De Ferrovial destaca la glamurosa cara A: proyectos
internacionales, gestión de aeropuertos. Su reverso son los pozos negros
de la cara B, menos conocidos en Washington y Londres. Aunque sí en
Polonia, país laxo pero que enjuicia a su filial local, y a un
exministro, entre otros. Por corrupción y facturas falsas en la recogida
de basuras.
Las actuaciones polémicas cuestionan sus apelaciones a la seguridad jurídica,
a la legalidad, al Estado de derecho, a la competencia y la
competitividad basada en la excelencia y el respeto al contribuyente.
El
grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por
impulsar y participar en tres grandes carteles, asociaciones ilegales de
competidores para eliminar la competencia y anular el mercado,
coordinando ofertas, precios, condiciones. Y repartirse obras licitadas
por el Estado.
La más reciente (2022) fue contra las seis grandes constructoras: el G-7.
A la empresa de los Del Pino la multaron con 38,5 millones. Fue por
conjurarse, para “tomar un café” semanal con el resto durante 25 años
(1992 a 2017) donde se repartían obras, información y criterios para
licitar. Entraron en la ruleta proyectos como la Ciudad de la Justicia
de Madrid, la línea férrea Madrid-Extremadura, obras del Canal de Isabel
II, depuradoras gallegas.
La sanción de la CNMC fue
suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional —las tumba todas,
incluidas las prohibiciones de volver a participar en concursos
públicos— por presunto defecto de forma.
Otra fue al cartel de las carreteras (2014 a 2018): 12 empresas se repartieron 71 de las 101 licitaciones ministeriales. Y el tercero, el de la basura —los concursos de recogida de residuos, multado para el conjunto en 98,2 millones—.
El
otro bloque es el soborno político, ya a título individual. Fue
sistemático en la Cataluña pujolista. Las sospechas —no comprobadas—
empezaron por la adjudicación política y no con criterios técnicos de la
autopista Terrassa-Manresa. Y han desembocado en la cuestionada
concesión del 061 sanitario: 45 millones desde 2015.
El cogollo fue el caso del saqueo triangular del Palau.
Desde 1999 Ferrovial aportó durante un decenio 12 millones al templo
musical cuyos dirigentes se repartieron una parte. Al menos 6,6 fueron
para Convergència en 10 años, una comisión ilegal no del 3%, sino del
4%: 2,3 millones mediante entregas en efectivo; 2,1 a cambio de facturas
falsas al Palau por trabajos para el partido nacionalista; más de medio
por “convenios de colaboración permanente”...
En ese
tiempo la empresa obtuvo la concesión de la Ciutat de la Justícia y la
línea 9 del Metro (ingresos de 1.159 millones). Negó haber cometido
soborno ni tráfico de influencias. La Audiencia acreditó el hecho
delictivo cometido por dos de sus altos directivos en el caso Palau. No les pudo condenar a prisión, el delito había prescrito. Pero los hechos son verdad. Judicial." (Xavier Vidal-Folch , El País, 15/04/23)
"Una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan a los que se ofrecen en los paraísos fiscales en
el extranjero. Ese escudo, que es casi absoluto, ha aislado a la
industria de una supervisión significativa y le ha permitido forjar
nuevos puntos de apoyo en los Estados del país norteamericano.
Los Papeles de Pandora, el escándalo destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés) muestran una mirada sin precedentes sobre el
dinero que fluye hacia los fideicomisos en los Estados Unidos al
examinar más de 11,9 millones de documentos confidenciales mantenidos
por proveedores de servicios corporativos y fiduciarios en todo el
mundo.
La investigación identificó 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos vinculados a 41 países que poseen activos combinados por valor de más de 1.000 millones de dólares.
Un sistema tan sofisticado y localizado sólo pudo concebirse e
implementarse con el apoyo de los políticos que tienen el poder de
legislar. Y así es.
Competir con los paraísos fiscales
En
1995, mientras pescaba en Alaska, el abogado de Nueva York Jonathan
Blattmachr esbozó una idea que posicionaría a Estados Unidos para competir con los paraísos fiscales del mundo: aislar los activos de los fideicomisos de impuestos y acreedores.
Millones de estadounidenses utilizan legalmente los fideicomisos
para administrar el patrimonio (dinero, propiedades, empresas, arte) al
confiar a una persona o entidad la posesión y uso de los activos para
los beneficiarios del fideicomiso como, por ejemplo, hijos o nietos.
Las leyes limitaron durante siglos la duración de los fideicomisos, pero Dakota del Sur
ayudó a liderar el movimiento para cambiar eso durante la
Administración Reagan, creando fideicomisos que podrían transmitirse de
generación en generación con poco o nada de obligaciones tributarias.
Blattmachr, uno de los primeros proponentes, recordó haberle dicho a un funcionario fiduciario en Delaware
acerca de la idea antes de que el estado creara fideicomisos dinásticos
en 1995. A partir de aquí, ese negocio comenzó a crecer como la espuma.
Sin embargo, este abogado no se quedó ahí y, durante sus vacaciones
en Alaska, propuso un segundo cambio radical en la ley. Quería proteger
los fideicomisos de las reclamaciones futuras de los acreedores, una
práctica que ya se aplica en paraísos fiscales como las Islas Cook y
Belice.
En unos meses, los políticos de Alaska aprobaron por abrumadora mayoría la legislación redactada por Blattmachr, su hermano y otros abogados.
La innovadora ley estimuló a otros estados, encerrados en la
competencia para hacer crecer la industria fiduciaria, a promover una
legislación de confianza que atrajera a clientes de todo el mundo.
Un senador de Dakota del Sur llegó a afirmar que «este tema para mí
es tan emocionante como ver cómo se seca la pintura, pero entiendo la
posición que ocupa nuestro estado en el negocio de los fideicomisos».
Los arquitectos de la industria se beneficiaron de los cambios
En 1997, antes de que se promulgara la nueva ley de fideicomisos en
Alaska, Jonathan Blattmachr, su hermano y otros ayudaron a lanzar una de
las compañías fiduciarias más importantes del estado. Ahora llamada Peak Trust Co., la empresa se ha expandido desde entonces a Nevada.
En New Hampshire, el líder empresarial Paul Montrone
ayudó con éxito a abogar por una legislación histórica sobre
fideicomisos en 2006. Un año antes, una compañía de responsabilidad
limitada recién formada administrada por su hijo había encargado un
estudio que encontró que la industria podía crear hasta 2.100 empleos y
producir, al menos, 3,7 millones de dólares en ingresos anuales para el
estado.
Montrone continuó en 2007 para cofundar Perspecta Trust, que publicitaba estrategias de riqueza para «individuos y familias de patrimonio neto ultra alto en todo el mundo».
Un informe preparado para el New Hampshire Trust Council y
compartido con los políticos legisladores en 2019 estimó que de 225 a
275 personas trabajaban en la industria fiduciaria del estado. Una cifra
insignificante.
Glenn Perlow, abogado general de la compañía y presidente del consejo
fiduciario del estado, dijo en una entrevista que la industria ahora
supervisa 600.000 millones en activos.
«La modernización de las leyes de fideicomiso de New Hampshire ha
tenido un impacto positivo y significativo en la economía de nuestro
estado, brindando nuevas oportunidades laborales con salarios superiores
al promedio y la actividad económica que generan», dijo." (José Antonio Gómez , Diario16, 10/04/23)
"Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica. Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas. Su compromiso con la sociedad española, a través del pago de impuestos, vamos a calificarlo, siendo generosos, como modesto, créditos fiscales mediante, nada que ver, por ejemplo, con otros empresarios ilustres que sí se han mostrado orgullosos de pagar impuestos en nuestro país. Desde 2010,
Una de las funciones más importantes de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Espero que el señor Del Pino algún día lo entienda, porque ese día va a llegar antes de lo que él espera, y posiblemente le coja desprevenido en los Estados Unidos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente las investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra divulgativa La riqueza oculta de las naciones.
En este sentido, frente a las peticiones de ciertos “patriotas de hojalata” patrios, reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: “Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito”.
La participación de Ferrovial en distintos cárteles acreditada por la CNMC
Sin embargo, de lo que adolece Ferrovial, por encima de todo, es de su falta de compromiso con el libre mercado. Un dato obviado por la prensa patria, y los distintos partidos políticos, es la participación de Ferrovial en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes. Sin embargo, este aspecto sí que ha sido analizado entre otros, por el profesor Juan Luis Jiménez, experto en política de la competencia y organización industrial, que en un excelente hilo en Twitter detalló ampliamente la participación de Ferrovial en estos cárteles.
Los cárteles, tal como señala Jiménez, “representan, sin duda, la peor de las restricciones a la competencia. Se trata de empresas que se ponen de acuerdo para aumentar sus beneficios a costa de perjudicar a los consumidores. De todos los cárteles, los más dañinos son aquellos que afectan a la obra pública. En éstos, las empresas pactan aumentar ilegalmente precios a contratos que utilizan dinero público y que están relacionados con obras públicas necesarias.” Y Ferrovial estaba en todos los tinglados alrededor de estos cárteles, tal como lo ha acreditado la Comisión Nacional del Mercado del Mercado de la Competencia. Permítanme adjuntarles dos notas de prensa de la propia CNMC.
En la primera la CNMC detalla el desmantelamiento de un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, donde obviamente participaba Ferrovial. Como desgrana el profesor Jiménez, “12 grandes empresas españolas, entre ellas Ferrovial, formaron un cártel para aumentar los precios de los concursos públicos de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento.”
En la segunda, la CNMC comunica la multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras, donde también participaba Ferrovial. Desde 1992, tal como detalla el profesor Jiménez, “Acciona, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain y Sacyr Construcción, se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública publicadas. En dichas reuniones decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.” Como resultado se produce una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas, impulsando al alza los precios.
Por eso, una súplica, sin acritud, dejen algunos de darnos sermones sobre las ventajas del liberalismo, cuando son ellos, en nombre del liberalismo, quienes, con sus acciones, socavan las bases del libre mercado y de la competencia. Lo más preocupante es que hasta ahora las corruptelas para esquivar la competencia les ha salido medio gratis.
El Estado debe dotar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de todos los medios y personal necesario para que actué con todas las de la ley, y ante comportamientos de cártel que imponga sanciones multimillonarias, y llegado el caso, que trocee corporaciones demasiado grandes para fijar precios por encima de los costes marginales. Pero para ello, antes, hay que acabar con las vergonzosas y vergonzantes puertas giratorias alrededor de la CNMC. Un cargo relevante de la CNMC, allá por 2016, ya me advertía de que el enemigo en la lucha contra los cárteles lo tenía dentro." (Juan Laborda , El Salto, 9 mar 2023)
"En la lista de los lugares en el mundo que son
paraísos fiscales -recientemente publicada por el Ministerio de Hacienda
de España- no están los principales, los estados de Estados Unidos que
son paraísos fiscales. Y la mayoría de los integrantes del IBEX35 -las
35 mayores empresas y entidades financieras que cotizan en las bolsas
españolas- tienen sus “empresas pantalla” en paraísos fiscales
localizados en Estados Unidos.
¿Qué objetivo tiene publicar una lista con tan graves ocultaciones?
Según las declaraciones oficiales, el objetivo es la mejora de la
eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo
de capitales. Y fija unos criterios -acordes con el marco legal de la
Unión Europea- que identifica los países y territorios que facilitan la
instalación de sociedades extraterritoriales para la obtención de
beneficios sin actividad económica real, y que tienen una baja o nula
tributación, y ayudada por su opacidad y falta de transparencia.
La propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen ya
admitió públicamente en un foro mundial que su país ya era “el mejor
lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas” -mediante las llamadas
“empresas pantalla”- debido a la facilidad legal para crear tales
empresas. Es decir, por cumplir todos los criterios fijados para la
elaboración de la lista española de tales lugares por el planeta. Si
Estados Unidos -la única superpotencia realmente existente- ya ha
reconocido que es el mejor paraíso fiscal existente, ¿por qué no está en
la lista?
Se ocultan los principales paraísos fiscales
En su momento Oxfam Intermón ya denunció que el paraíso fiscal
preferido por las empresas del IBEX35 era el estado de Delaware en
Estados Unidos -con 352 filiales instaladas allí-, y los siguientes
-curiosamente países de la Unión Europea- eran Holanda -con 119
filiales-, Irlanda -con 75-, y Luxemburgo -con 56-, acumulando el 75%
del total de filiales de empresas del IBEX35 en paraísos fiscales. Es
decir, tres cuartas partes del tal fraude fiscal no están en la lista de
Hacienda.
El estado de Delaware en Estados Unidos tiene6.446
kilómetros cuadrados de superficie -el segundo menos extenso del país- y
1.003.384 habitantes -el sexto menos poblado- pero tiene más de un
millón trescientas mil empresas registradas, es decir, 1,3 empresas por
cada habitante. Y cumple con todos los criterios de Hacienda
anteriormente citados para ser paraíso fiscal. Pero no aparece en la
lista.
Como tampoco aparecen los demás estados de Estados Unidos convertidos
en los mejores paraísos fiscales del mundo -a saber, Nevada, Montana,
Wyoming y Dakota del Sur- que también permiten crear una empresa
pantalla sin informar de quién es su propietario -lo que sirve para
evadir el pago de impuestos y lavar dinero- y, de hecho, ya acumulan más
fondos monetarios que los clásicos paraísos fiscales reseñados en la
susodicha lista de Hacienda.
Benditos paraísos fiscales
En el imaginario colectivo, los lugares del mundo para el lavado de
dinero son países pequeños con un historial de leyes financieras
relajadas y secretas -creencia fomentada por la superpotencia que se ha
dedicado a denunciar a los otros paraísos- pero la realidad actual es
que el país más poderoso de la tierra es el paraíso fiscal por
antonomasia.
Durante la autodenominada “Cumbre de la Democracia” -foro virtual con
más de un centenar de países invitados inaugurado por Joe Biden, que
fue senador por Delaware entre 1973 y 2009- y de manera extremadamente
cínica, Yellen -la secretaria del Tesoro estadounidense- justificó
tamaño delito en la libertad que dispone cada estado miembro de EEUU
para establecer sus propias reglas.
Una libertad legal para una apropiación ilegal, ¡bendita libertad!
Porque Yellen no ha dicho nada de que Estados Unidos vaya a compensar
-por las enormes pérdidas económicas- a todos los países y pueblos del
mundo que están sufriendo tal atraco “legal”.
El IBEX35 vuelve a sus dueños extranjeros
Quizá la razón de fondo resida en que el capital extranjero ya es
dominante en el IBEX35 y la mayoría es capital estadounidense que
canaliza sus inversiones través de fondos de inversión tradicionales,
fondos de capital riesgo y fondos cotizados. Por lo que revierte a
Estados Unido sus ganancias en España incluidas las transferencia a sus
paraísos fiscales. Así se entendería que se oculten. A lo que se añade
el efecto perverso de que peligra tener dinero en los que sí aparecen en
la lista, con lo que se fomenta su traslado a los intocables paraísos
estadounidenses.
Estamos de acuerdo con la denuncia papal de los paraísos fiscales. El
Papa Francisco ha criticado los paraísos fiscales y señalado que las
finanzas hacen “perder lo concreto, que es la producción y el trabajo de
todos”, porque se debe “invertir en el bien común, no esconder en los
paraísos fiscales. La inversión es dar vida, es creativa. Uno esconde
cuando no tiene la conciencia limpia”. Y ha demandado “claridad,
transparencia, inversión y producción para crear empleo” y destacado que
“es importante el poder de las pymes para generar empleo porque de
abajo viene la creatividad siempre”.
EEUU y las demás oligarquías financieras necesitan paraísos
Y los necesitan como la otra parte de su existencia. Los necesitan
para depositar las ingentes ganancias de sus bancos, oligopolios y
fortunas personales. Son sus “puertos francos” -libres de impuestos- en
los que tener a salvo una parte de sus obscenos beneficios. No son una
anomalía a corregir. Los paraísos fiscales son consustanciales al actual
capitalismo monopolista dominante en las finanzas mundiales." (Eduardo Madroñal Pedraza , Diario16, 25/02/23)
"Tal y como publicamos en Diario16, existen una serie de sectores que facilitan que los millonarios y las grandes empresas evadan impuestos. Estas profesiones, entre las que se encuentran los grandes despachos de abogados,
actúan con total impunidad porque ningún político o gobierno ha querido
aplicarles una supervisión como la del sector financiero.
Gran parte de lo que sabemos sobre el sistema mundial de riqueza oculta
proviene, precisamente, de filtraciones dentro de la industria de
defensa de la riqueza. Los grandes despachos de abogados fiscales
facilitan el acto de desaparición de la riqueza para sus clientes
multimillonarios. Esta clase habilitadora ha ayudado a secuestrar
billones de dólares en fideicomisos, empresas ficticias anónimas y paraísos fiscales extraterritoriales.
Los Papeles de Panamá de 2016 y los Papeles de Pandora de
2021 fueron el resultado de filtraciones masivas de datos desde el
interior de las empresas de gestión de patrimonio, despachos de abogados
o grandes consultoras. Ahora, una nueva investigación publicada por The New Yorker rastrea
la decisión «una administradora de riqueza descontenta», para exponer
cómo los descendientes del magnate petrolero J. Paul Getty usan los
fideicomisos de Nevada para evadir los impuestos de California.
La divulgación de Getty se deriva de una demanda por despido improcedente. La asesora patrimonial, Marlena Sonn,
trabajó para varios miembros de la familia Getty durante ocho años,
aconsejándolos sobre estrategias socialmente responsables para sus
inversiones. Pero estaba preocupada por el uso por parte de la familia
Getty de fideicomisos con sede en Nevada y una oficina
familiar con sede en Reno, para mantener la ficción de que los miembros
de la familia no vivían en California, donde los impuestos son más
altos. Cuando sugirió que pagaran sus obligaciones tributarias de
California, la despidieron.
Ahora estamos viviendo la «edad de oro de la evasión fiscal», gracias tanto a la creciente concentración de la riqueza como a la expansión de la industria de defensa de la riqueza,
una clase que se centra en la evasión fiscal agresiva y la sucesión
dinástica de la riqueza. Las personas más ricas del planeta tienen
secuestrados más de 30 billones en todo el mundo, dinero que las
sociedades podrían estar gravando e invirtiendo para ampliar las
oportunidades para todos los demás.
Estados Unidos se ha convertido en un paraíso fiscal
de primer nivel gracias en parte a la manipulación de la ley de
fideicomisos estadounidense. Estos productos son un eje en el aparato de
ocultación de riqueza. Son un sistema de propiedad anticuado que los
habilitadores profesionales han transformado y manipulado para
satisfacer las necesidades de sus clientes millonarios.
La industria de defensa de la riqueza ha presionado para que se
cambien las leyes de fideicomiso. Estos abogados fiscales y asesores
patrimoniales proclaman que están ayudando a sus clientes a obedecer la
ley. Pero están redactando activamente nuevas leyes y presionando para
que se instalen.
Los gobiernos estatales de Nevada y Dakota del Sur, destino global para los fideicomisos de la casta multimillonaria, están trabajando juntos para convertirse en el «Delaware del Oeste», atrayendo la formación de corporaciones y no cobrando impuestos corporativos o sobre la renta.
Nevada también extendió su legislación estatal contra las
perpetuidades para que los fideicomisos puedan existir por 375 años y
sin la obligación de informar de los beneficiarios. El estado está
trabajando para mantener sellada la información sobre los fideicomisos,
aprobando una ley en 2009 para eximir a los documentos de las empresas
fiduciarias de la divulgación pública.
Es posible que sean el único estado que no coopera con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia Tributaria
de los Estados Unidos, para compartir datos, un vestigio del secretismo
del estado en torno a la industria del juego. Mientras tanto,
California es todo lo contrario, con impuestos corporativos y sobre la
renta progresivos y sin manipulaciones exóticas de la ley de
fideicomisos.
Hay más de una docena de estados que cambian activamente la ley
estatal para competir por negocios de fideicomisos globales. Y estos
sistemas de confianza son intencionalmente complicados. La complejidad
es el pan y la mantequilla de la industria de defensa de la riqueza, que
a menudo superpone múltiples sistemas de propiedad para ocultar las
transacciones. " (Martha Golfín, Diario16, 18/01/23)
"El Consejo de Europa
decidió recientemente que se añadieran una serie de territorios a la
exigua lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, lo que
eufemísticamente llaman en Bruselas «países no cooperadores a efectos fiscales». Esa lista, en la actualidad, está formada por: Samoa
Americana, Anguila, Bahamas, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa,
Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados
Unidos y Vanuatu.
Sólo por sentido común, resulta absolutamente sorprendente que nombres como Gibraltar, Islas Caimán, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo o Liechtenstein
no se encuentren en esta lista, cuando son la vía de escape de las
multinacionales y las grandes fortunas para esconder su dinero. Esto
tiene una repercusión en el funcionamiento y en el estado del bienestar
de los países miembros de la UE.
Estados Unidos, el mayor centro de blanqueo del mundo
En las últimas décadas, diferentes estados de Estados Unidos han implementado una serie de leyes que protegen y fomentan el blanqueo de capitales de las grandes fortunas mundiales. Nadie ha hecho nada para frenarlo y la Unión Europea, por supuesto, tampoco ha incluido al país norteamericano en su lista negra de paraísos fiscales.
Todo este proceso, además, se ha dado en medio de una hipocresía
imperial. El propio gobierno federal de los Estados Unidos ha condenado
durante mucho tiempo los paraísos fiscales, donde las reglas fiscales
laxas atrajeron a oligarcas, magnates de los negocios y cleptócratas.
Un documento del Departamento de Estado
señala que «negar a las personas corruptas el acceso a los sistemas
financieros de Estados Unidos y del mundo envía un fuerte mensaje sobre
nuestros valores y demuestra de manera significativa que hay
consecuencias para quienes se involucran en la corrupción».
En 2018, Estados Unidos presionó con éxito a las Bahamas para
que aprobara una legislación radical que exige que las empresas y
ciertos fideicomisos declaren la propiedad en un registro gubernamental
centralizado. En 2021, el Departamento de Estado publicó una lista de
353 «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, a lo largo de los años, mientras Estados Unidos
presionaba a las Bahamas, Suiza y Nauru para cambiaran sus legislaciones
fiscales, los líderes políticos de Wyoming, con la
esperanza de poder generar empleos y aumentar los ingresos estatales,
aprobaron una legislación para abrir la puerta al dinero sospechoso o,
directamente, al dinero negro. Así renació el Cowboy Cocktail,
una herramienta de secreto financiero ofrecida a los ricos del mundo
que buscan ocultar, invertir y gastar su dinero con un nivel de
anonimato de una efectividad que supera a la gran mayoría de paraísos
fiscales.
A este territorio norteamericano ha llegado dinero en efectivo de
millonarios y multimillonarios de todo el mundo. Las compañías
fiduciarias en Wyoming administran en la actualidad, al menos, 31.500 millones de dólares en activos, según los datos oficiales.
Otros estados, incluidos Dakota del Sur y Delaware,
pronto siguieron el ejemplo de Wyoming y desde entonces han eclipsado al
estado como paraíso fiscal. Hoy en día, las empresas fiduciarias de Dakota del Sur, ahora denominadas «El Gran Caimán de las Grandes Llanuras»
gracias a las leyes estatales que facilitan de manera similar el
secreto, administran 360.000 millones de dólares. De hecho, en 2020, 17
de las 20 jurisdicciones menos restrictivas del mundo para fideicomisos
eran estados estadounidenses, según un informe del catedrático israelí Adam Hofri-Winogradow." (J. A. Gómez, Diario16, 23/10/22)
