El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)

"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

La historia de cómo el juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach han acabado perseguidos por la Justicia

 "La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. Tras investigar al empresario del ocio nocturno, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán se enfrentan al que muchos consideran uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.

 En julio de 2018, el caso Cursach, que durante varios años se había centrado en desvelar un presunto entramado mafioso urdido para salvaguardar los intereses del magnate del ocio Bartolomé Cursach, saltaba por los aires. Tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del considerado rey de la noche mallorquina y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al denunciar las filtraciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial. Nada hacía sospechar todavía que aquella denuncia por supuesta revelación de secretos se convertiría en el germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional. 

 Y es que, más de cuatro años después, y tras un turbulento peregrinaje judicial, Cursach ha sido absuelto de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears, la que le situaba en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche, mientras, en un giro de 180 grados, el juez y el fiscal que lo investigaron se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España por la Fiscalía contra un magistrado y un representante del Ministerio Público: sobre cada uno pesan solicitudes de pena de más de cien años de cárcel por numerosos delitos presuntamente cometidos para apuntalar sus tesis mientras instruían el caso Cursach. Junto a ellos, se encuentran a las puertas del banquillo cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que trabajaron estrechamente. Los dos juristas niegan, sin embargo, la comisión de acto delictivo alguno y defienden el trabajo que llevaron a cabo al frente de la causa.

 La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. A lo largo de sus interminables vuelcos llegaron a trascender cargos por homicidio, narcotráfico, corrupción de menores o extorsión, a fabricarse falsas agresiones de supuestos sicarios del magnate, a esgrimir grabaciones como arma y a aflorar comprometedores mensajes de WhatsApp convertidos en piedra angular de las acusaciones que hoy pesan sobre aquellos que un día quisieron levantar las alfombras del mayor imperio del ocio de Balears. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, hasta cuarenta encarcelados y 45.000 folios, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach.

Comienzan las investigaciones

Sin embargo, nada de todo ello podía presagiarse en 2013. Fue el año en que comenzó todo, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño de un concurso, convocado el año anterior, para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes pesquisas dieron pie, con el paso del tiempo, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra a los negocios del magnate, quien comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Balears, exclusivos gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas.

Con todo, no sería hasta mediados de 2015 cuando la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios comenzaría a tomar forma. En junio de ese año, el juez Manuel Penalva, que lo había sido anteriormente de vigilancia penitenciaria y había servido en Juzgados de Alicante e Inca (Mallorca) antes de recalar en Palma, cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, Carmen González. Decenas de testigos comenzaron a desfilar ante el magistrado y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Hablaban, sobre todo, de extorsiones y amenazas. Uno de ellos, camarero del buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito's (cuyas galas habían conquistado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, a Marlene Dietrich, Ray Charles y Charles Aznavour), aseguraba, incluso, haber presenciado fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP del local con las que se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate, unas acusaciones que, años después, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud.

Por su parte, otra testigo aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Los hechos también acabarían siendo tiempo después desechados por la Policía Nacional al señalar en un extenso informe que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo. La supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció también agresiones que, según las posteriores investigaciones, nunca se produjeron, como la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Un atestado policial señala incluso cómo la testigo llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Cursach, enfrentado a quince delitos

Con toda esta ristra de acusaciones a sus espaldas, hasta una quincena de delitos recayeron entonces sobre el empresario del ocio. Entre ellos, los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Ninguno de ellos ha logrado probarse a lo largo de estos años y, en la actualidad, tanto la supuesta madame como el camarero de Tito's están siendo investigados, junto a otros testigos, por un presunto delito de falso testimonio.

 Con todo, el 28 de febrero de 2017, Penalva ordenaba, a instancias de Subirán, detener a Cursach y a Sbert. Tres días después, los dos empresarios eran enviados a prisión sin fianza. Hasta entonces, apenas habían trascendido unas pocas imágenes del magnate, habitualmente alejado de las cámaras pero siempre envuelto en leyendas populares. Parapetado tras unas gafas oscuras de aviador, Cursach había comparecido en una ocasión en el Parlament balear para ser interpelado sobre las irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública impulsada en Balears, el hospital de Son Espases, cerca de cuyos terrenos había adquirido una finca. Manifestó que desconocía que allí se iba a construir un hospital y que había adquirido el terreno porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. E ironizó: “No lo compré para sembrar patatas”.

Tan solo dos semanas más tarde de que Cursach ingresara en prisión, eran arrestados el director de Tito's, el exjefe de camareros del establecimiento nocturno y otro extrabajador de la discoteca. Para entonces, decenas de policías locales de Palma llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la Península como Estremera y Albocàsser. 

Presiones a testigos: “A ver cómo atamos los cabos sueltos”

Apenas unos meses después de los encarcelamientos, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar el caso Cursach, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la presunta madame, erigida hasta entonces en la principal testigo de la causa.

En el primer vuelco que sufría el caso, afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

 Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -ahora acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.

Penalva, apartado del caso Cursach

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Las normas de reparto hablaron y el incómodo caso Cursach llegó a manos del juez Miquel Florit. Tras las denuncias interpuestas por los abogados de Cursach y Sbert a raíz de las supuestas filtraciones mientras el caso se hallaba bajo secreto, en julio de ese año el veterano magistrado abría diligencias penales dirigidas a averiguar el origen de las revelaciones y, de la mano de la Policía Nacional, se introducía de lleno en la investigación de las presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa. 

Ante el cariz que comenzaron a tomar las pesquisas, con informes de la Policía Nacional apuntando al “clima de terror” presuntamente sembrado por Penalva y Subirán, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con ellos acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros de Blanqueo en paralelo a sus investigaciones.  

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

El hallazgo del chat reveló manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Los whatsapps desvelarían, incluso, que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Confiscación de los teléfonos móviles de dos periodistas

Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, el juez Florit daba un paso en falso que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: en diciembre de 2018 acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa y desencadenaba, con ello, una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. La medida fue, además, declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional.

 El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgaba la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada. Tras él, alguien debía recoger de nuevo el testigo del caso Cursach, pero varios magistrados decidieron abstenerse por su relación de amistad con Penalva. Finalmente, la causa recayó en manos de la jueza Carmen Abrines, quien prosiguió la labor iniciada por su antecesor mientras la Policía Nacional continuaba internándose en los entresijos del caso Cursach.

En sus atestados, los inspectores centran sus pesquisas en los principales testimonios en los que se sustentó el caso Cursach, afirmando cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos por los que los antiguos investigadores se encuentran ahora bajo el foco de la justicia.

Detenciones ilegales y aleccionamiento de testigos

La magnitud de las investigaciones condujo a la magistrada a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ante el aforamiento de Penalva y Subirán, y llevó a dos fiscales procedentes de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, a personarse en la causa. Herranz fue, precisamente, el fiscal que rompió a llorar durante el juicio al término del juicio contra Cursach: “Este procedimiento es un fracaso total de la Justicia”, afirmó entre lágrimas mientras, en una imagen inédita, acusados y defensas estallaban en un extenso aplauso. 

 A raíz de lo arrojado por las investigaciones contra ellos, el 29 de enero de 2020 el juez Penalva y el fiscal Subirán eran finalmente imputados. La causa, en manos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, no se ha librado de los inauditos vaivenes que han sacudido a las investigaciones desde su inicio. Mientras el magistrado cerró en dos ocasiones la instrucción del caso determinando que los dos juristas cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, Anticorrupción considera que las actuaciones que ambos desplegaron fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. 

 Entre medias, el instructor llegó a archivar la causa para el exfiscal Subirán, quien alega que un trastorno de estrés postraumático le impide afrontar con garantías su derecho de defensa. Una supuesta afección que, según los fiscales de Madrid, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido. Finalmente, el TSJIB revocó el sobreseimiento que su propio presidente había decretado y Subirán, quien ha estado presente en la instrucción de la mayoría de causas de corrupción que durante los últimos quince años han sacudido Baleares, volvía a ser imputado.

Peticiones de más de cien años de prisión

En la actualidad, Penalva y el exfiscal, ya jubilados, afrontan peticiones de condena, por parte de la Fiscalía, de más de cien años de prisión. En concreto, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Sobre los cuatro policías de Blanqueo -un inspector jefe, José Luis García, dos subinspectores, Miguel Ángel Blanco y Blanca Ruiz, y un agente, Iván Bandera- pesan, por su parte, solicitudes de pena que oscilan entre los 71 y los 105 años de cárcel.

Anticorrupción enmarca su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Nueva línea de investigación

Sin embargo, no es la única línea de investigación que se cierne sobre los antiguos investigadores. La Audiencia Provincial de Balears, que durante varios meses ha juzgado a Cursach, Sbert y a otros quince acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar Penalva y Subirán, y de la que todos los procesados han sido absueltos, ha ordenado investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto exjuez como exfiscal habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

 A lo largo de la sentencia absolutoria, el tribunal hace hincapié en la “temeridad” y “mala fe” con la que actuaron las acusaciones intentando mantener un proceso penal con “fines distintos” a los regidos por la ley. Las magistradas condenaron por ello a los empresarios al pago de las costas generadas a Cursach y su mano derecha tanto en el juicio oral como en la fase de instrucción. Los acusadores prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano al que, por primera vez, llegará el caso Cursach. Únicamente se ceñirán a su desacuerdo con las costas, puesto que ninguna de ellas discute la absolución de los procesados.

Penalva y Subirán defienden su inocencia

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que, por el momento, prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que ha presentado en el procedimiento judicial niega la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra sus patrocinados, quienes se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron. La defensa llegó a esgrimir grabaciones de “personas de más arriba” que serían entregadas en caso de no tomarse en consideración la tesis de Subirán en torno a una supuesta confabulación entre cúpula policial y fiscales para incriminarle, “con las consecuencias que ello implicará”, añadía. 

 Hasta el momento, exjuez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’ (en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas). Y es que, a juicio de Penalva, la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”.

Hallazgo de los Whatsapps

El TSJIB, sin embargo, ha determinado en varias ocasiones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”, por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los policías arrestados, quien hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El órgano judicial -en línea de lo también manifestado por la Fiscalía- incidía en que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Ahora, los caminos de Penalva y Subirán, así como los de Cursach y el resto de quienes fueron por ellos investigados, discurren de forma completamente inversa a como transcurrían hace más de cinco años, cuando ambos juristas se volcaron en destapar lo que hasta entonces, y durante décadas, había sido alimentado por la leyenda: cómo el magnate había medrado hasta la cúspide de la noche mallorquina. El empresario y su número dos se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido, mientras sus antiguos verdugos se enfrentan al que algunos consideran el mayor escándalo judicial en España. La historia de una metamorfosis judicial en una tierra, Balears, nunca ajena a los desmanes, la corrupción y los tratos de favor."                   (Esther Ballesteros  , eldiario.es, 22 de enero de 2023)

Rajoy se fue de vacaciones con la alcaldesa de Marbella y su marido imputado por narcotráfico. Al viaje también fue Javier Arenas, entonces presidente del Partido Popular de Andalucía... así que Rajoy de vacaciones en Suecia en un yate de lujo junto a un imputado por narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cuya esposa es la alcaldesa de Marbella, que tiene una hermana casada con el histórico mafioso de la 'cosa nostra', Felice Cultrera... o sea, la mafia y el PP, o la mafia del PP, a saber...

 "Continúan sucediéndose los escándalos en el seno del Ayuntamiento de Marbella. El que fuera presidente del Gobierno de España por el Partido Popular entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, guarda una relación más estrecha de lo que parece con la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, una política con uno de los patrimonios más cuantiosos (y difíciles de justificar) de todo el país, y con su marido, Lars Gunnar Sone Broberg, imputado por narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Durante las semanas previas a la salida de este artículo, ElPlural.com ha publicado numerosas informaciones sobre esta familia, sus problemas con la justicia y la complicidad y el silencio del Partido Popular ante sus actos.

La tríada Rajoy-Muñoz-Broberg

El nexo entre el expresidente del Gobierno y el clan Muñoz-Broberg se remonta al año 2008. De acuerdo con el programa laSexta Clave y con el periodista Joaquín Castellón, Rajoy se fue de vacaciones durante el verano de dicho año con Lars Broberg, con la alcaldesa de Marbella y con el entonces presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas.

Según informa también laSexta Clave, las cuatro personas visitaron Smögen, una zona de pequeñas islas interconectadas entre sí ubicada en Suecia, país de origen del imputado por narcotráfico. A su vez, se ha conocido que dicho viaje se llevó a cabo en un yate de casi 18 metros de eslora, una embarcación de lujo (valorada en aproximadamente un millón y medio de euros) que la familia Muñoz-Broberg tiene en propiedad a través de una empresa afincada en Chipre, paraíso fiscal.

Fue Broberg quien invitó a Rajoy a las vacaciones

Joaquín Castellón también ha podido confirmar que es Lars Gunnar Sone Broberg quien invita a Mariano Rajoy a dicha expedición. De la presencia de Javier Arenas en el viaje se conocen menos detalles, pero también se ha podido confirmar. Por aquellos tiempos, Rajoy era el líder de la oposición del Gobierno de Zapatero, y Ángeles Muñoz había estrenado, hacía tan solo un año, su puesto de alcaldesa de Marbella.

¿La gota que colma el vaso?

De vacaciones en Suecia en un yate de lujo junto a un imputado por narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, cuya esposa regía (y rige) Marbella con una vida de altísimos vuelos y lujos complicados de explicar.

Así pasaron Rajoy y Arenas el verano de 2008: acompañados de esta pareja a cuyas propias polémicas hay que sumar las del resto de su familia: la hermana de la alcaldesa, Estrella Muñoz, ostenta un puesto de responsabilidad en Puerto Banús desde hace dos décadas, y el marido de su otra hermana, Ana Muñoz, es el histórico mafioso de la Cosa nostra Felice Cultrera, conocido, entre otras cosas, por sus chanchullos inmobiliarios con el corrupto exalcalde de Marbella, Jesús Gil. En esta famiglia nadie da puntada sin hilo."               (Sergio Ramiro, El Plural, 26/11/22)

La pirámide del blanqueo de capitales de la mafia rusa en la costa valenciana

 "Mientras la invasión rusa de Ucrania avanza y Estados Unidos y la Unión Europea impone sanciones contra los dirigentes del Kremlin, un juzgado de Benidorm continúa con la investigación de una presunta trama de blanqueo de capitales del crimen organizado del Este en varias localidades de la costa turística valenciana. El último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, al que ha tenido acceso elDiario.es, desgrana la estructura piramidal de la presunta trama, en la que figuran más de una cuarentena de investigados, incluidas varias empresas.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, detectó el transporte de grandes cantidades de dinero en España "hacia y desde el extranjero, especialmente Rusia". La presunta red movía "sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades" para invertirlo posteriormente en los sectores del ocio, de la hostelería e inmobiliario de la costa valenciana, especialmente en localidades como Benidorm o Altea, en un contexto de declive de la burbuja inmobiliaria. 

Hampones de "alto nivel criminal"

En el auto, la jueza instructora detalla la "forma piramidal" de la supuesta organización criminal. Así, el primer nivel lo conforman "empresarios rusos reconocidos en su país de origen, usados por las organizaciones criminales exsoviéticas y vinculadas a ellas y a sus miembros para poder llevar a cabo sus negocios sin despertar sospechas". "Sirviéndose", agrega, "de una fachada de hombres de negocios de prestigio por todo el mundo".

Los supuestos fondos ilícitos provenían de la cúpula del crimen organizado ruso de "alto nivel criminal", según datos de inteligencia policial de Europol. El grupo de blanqueo de capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante detectó "movimientos extraños" de capital por parte de ciudadanos rusos afincados en la costa valenciana, que recibían grandes transferencias de sociedades extranjeras "cuyos orígenes no estaban suficientemente justificados" y que provenían, presuntamente, del crimen organizado. Concretamente de hampones de los grupos Vory V Zakone (Ladrones de Ley) y del Sindicato del Crimen Podolskaya.

Blanqueadores y empresas pantalla

En un segundo nivel de la pirámide, la instructora sitúa a aquellos investigados que "ejecutan" las operaciones de blanqueo de capitales con los fondos ilícitos provenientes de los empresarios vinculados al crimen organizado, "a los que captarían como clientes a sabiendas de la ilegalidad del origen del dinero".

Para mover el dinero de sus clientes en España "sin ser detectado", habrían usado empresas pantalla, testaferros, trasvases de dinero en efectivo e incluso operaciones de hawala (un método de transferencias informales muy común en el mundo árabe e islámico).

Testaferros y transportistas de efectivo

Descendiendo en la pirámide, el tercer nivel lo integran los supuestos testaferros y colaboradores en las operaciones de blanqueo, "transportando cantidades de dinero en efectivo" o "efectuando labores de asesoramiento jurídico, fiscal o contable" a los miembros de la supuesta organización y a las sociedades mercantiles investigadas. Los fondos provenían de sociedades situadas en Emiratos Árabes y de empresas del sector energético radicadas en Letonia y Reino Unido.

Funcionarios y policías

El cuarto nivel estaría formado por miembros de la administración y funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las que supuestamente los presuntos mafiosos de habrían infiltrado para para favorecer sus negocios, todo ello a cambio de dinero o de otros favores. La presunta red del hampa del Este, tal como informó este diario, compró a policías y guardias civiles para labores ilegales de seguridad y cobro de deudas.

"Afinidad política" con un edil del PP

El auto acuerda el sobreseimiento provisional de la causa para el edil popular de Seguridad del Ayuntamiento de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, al que los investigadores del grupo de blanqueo de la Policía Nacional situaban como miembro de cuarto nivel de la presunta red (figuraba como investigado por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias).

No hay "suficientes indicios de que presionara o influyera en ningún cargo público o funcionario" en beneficio del presunto líder de la red de blanqueo, Alexey Shirokov, a pesar de las conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores.

La jueza no descarta que el edil "haya prestado consejo o intervenido por un simple interés o deseo de quedar bien ante Alexey Shirokov con quien parece [que] existe una relación de amistad" y con quien comparte militancia en el PP (remarca la "afinidad política entre ambos"). De las actuaciones de la investigación tampoco "se desprende que exista ningún contacto con ningún otro de los partícipes del delito ni que haya intervenido en ninguna de las empresas pantalla", asegura el auto.

A pesar de la "buena relación" entre ambos, la instructora no ve indicios de que el concejal popular influyera o se prevaleciera de su cargo en ayuda al ciudadano español de origen ruso ni que estuviera "al servicio" de la presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales."             (Lucas Marco, eldiario.es, 06/03/22)