El Poder Judicial en funciones avala que jueces se manifestaran con sus togas contra el pacto de PSOE y Junts

 "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, no sancionará a los jueces que se manifestaron el pasado noviembre contra el contenido del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos jurisdiccionales. Esas concentraciones, que se celebraron ante las sedes de juzgados y tribunales, también derivaron en actos de rechazo a la ley de amnistía.

La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— aprobó por unanimidad en su reunión de este jueves una propuesta de acuerdo de la autoridad disciplinaria que sostiene que “mostrar preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ acordó en un mismo documento abrir y cerrar las diligencias informativas incoadas a raíz de dos denuncias presentadas por la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón. En las denuncias, el colectivo alegaba que esas movilizaciones comprometieron la “imparcialidad” de los jueces que asistieron y supusieron una “instrumentalización del Poder Judicial para la lucha política”. Una de las denuncias se centraba en los presidentes de las audiencias provinciales de Córdoba y Jaén y en el juez decano de Sevilla, que acudieron a estas movilizaciones e hicieron declaraciones a los medios. La otra iba dirigida contra los jueces que asistieron a la concentración en la ciudad de Córdoba, la primera en celebrarse, aunque sin identificarlos nominalmente. 

La propuesta de archivo aprobada descarta que se pueda aplicar a estas movilizaciones el artículo 418.3 de la ley del Poder Judicial, que considera falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. El argumento utilizado es que no se dan, en este caso, los elementos que convertirían en sancionable la conducta de los jueces: ni las concentraciones ni las declaraciones tienen como destinatario “un poder del Estado”, ni se dan en ellas “críticas o censuras”. 

Por ejemplo, en la circular que envió el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, citaba a los magistrados y jueces a una concentración “para rechazar las referencias” que se hacían en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias” y expresar su “adhesión expresa” al contenido del comunicado que días antes habían publicado todas las asociaciones judiciales. En otras ciudades como Salamanca, el motivo de la convocatoria fue reunirse “en defensa de la separación de poderes y contra la ley de amnistía”, según fuentes de la Audiencia Provincial consultadas por Europa Press.

El término 'lawfare' sirve para designar maniobras para, a través de los tribunales o los cuerpos policiales, perjudicar a un determinado sector político. El acuerdo entre ambas formaciones prevé que la ‘guerra judicial’ contra el independentismo se investigue en el Congreso, lo que soliviantó a todas las asociaciones de jueces y fiscales. Tras el revuelo formado, el PSOE explicó después que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas.

El acuerdo, de nueve páginas, hace alusión a diferentes sentencias del Tribunal Supremo que, a lo largo de años, han ido modulando el derecho a la libertad de expresión de los jueces. La conclusión a la que ha llegado la doctrina del Alto Tribunal es que los jueces gozan del derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, aunque esa libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, deben abstenerse de realizar conductas que “quebranten la confianza social en el Poder Judicial”. 

“Confianza social” en el sistema judicial

A este respecto, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, recuerda que el órgano de gobierno de la magistratura aprobó en 2016 un documento que determinó que los jueces deben ejercer su derecho a la libertad de expresión con “prudencia y moderación” con el objetivo de “preservar la independencia y apariencia de imparcialidad” y mantener la citada “confianza social” en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales.

Pero, en base a esta doctrina, la autoridad disciplinaria concluye que resulta “evidente” que los jueces y magistrados denunciados no han llevado a cabo una actuación que pueda ser sancionable. E incluso llama la atención sobre los “enormes riesgos” desde el “punto de vista democrático” que implica “confundir 'opinar' con 'criticar'”. Según su informe, con estas manifestaciones los jueces únicamente pretendían exteriorizar “una preocupación frente a las consecuencias de un acuerdo” y trasladar a los ciudadanos “la necesidad de respetar la separación de poderes y la independencia judicial”. 

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, sí firmó el comunicado junto al resto de asociaciones judiciales que criticaba las menciones al 'lawfare' en el acuerdo entre el PSOE y Junts. Sin embargo, no secundó las movilizaciones de jueces. En un mensaje en la red social X —antes Twitter— este colectivo señaló que esas convocatorias “no garantizan” que los magistrados mantengan “una imagen de imparcialidad y neutralidad”."                 (Elena Herrera, eldiario.es, 08/02/24)

Joaquín Urias (ex letrado del Tribunal Constitucional) ha enumerado hasta seis nombres de jueces con nombres y apellidos que han aplicado el ‘lawfare’ durante su carrera profesional en el sistema judicial: -Vicente Ríos, contra Mónica Oltra. -Manuel García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont. -Sala Segunda del Supremo, presidida por Marchena. -Pablo Llarena, proces

Joaquín Urías@jpurias
 

Una magistrada me reta a nombrar jueces que hacen lawfare. Vale. Ahí van:

-Vicente Ríos, contra Mónica Oltra.

-Manuel García Castellón, contra Podemos, los CDR y Puigdemont.

-Sala Segunda del Supremo, presidida por Marchena.

-Pablo Llarena, proces.

Opinar no es delito, señora.

12:29 a. m. · 12 nov. 2023 1,9 M Reproducciones

 

 "Juristas comienzan a señalar a compañeros que han aplicado el ‘lawfare’ en numerosos casos mediáticos.

El constitucionalista Joaquín Urías y la magistrada Victoria Rosell citan casos como el del ex juez Alba, condenado a seis años de prisión por conspirar contra ella “para hacer méritos con el PP” en plenas elecciones.

 a reacción unánime de todos los estratos de la judicatura contra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el referido al presunto ‘lawfare’, comienza a tener contestación entre los propios juristas y magistrados, algunos de los cuales han comenzado a señalar a compañeros que aplicaron esta supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de jueces y fiscales de España han mostrado estos días de forma unánime en reiterados comunicados su “preocupación” y “rechazo” por los acuerdos de socialistas y Junts, especialmente en el concerniente al concepto de lawfare que incluye el pacto entre ambas formaciones. El máximo órgano de gobierno de la judicatura ha llegado a afirmar en una declaración institucional que el proyecto de amnistía, que aún no se conoce, será “incompatible con el Estado de Derecho”.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías ha enumerado hasta seis nombres de jueces y juezas con nombres y apellidos que han aplicado el ‘lawfare’ durante su carrera profesional en el sistema judicial.

Así, Urías ha asegurado que magistrados tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional aplican en algunos de sus autos judiciales el polémico ‘lawfare’ con fines políticos partidistas. Ante las amenazas de interposición de denuncias de compañeros por estas acusaciones, el propio Urías argumenta que todos estos jueces señalados “seguramente no prevaricaron, porque están convencidos de haber hecho lo justo. Pero, desde luego, con sus sentencias actúan políticamente. Y eso es lawfare”, concluye.

Entre los jueces señalados por Urías de aplicar lawfare se encuentran Vicente Ríos, contra la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra; el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por sus actuaciones judiciales contra Podemos, los CDR y Carles Puigdemont; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, magistrado de esta Sala Segunda del Supremo que instruyó el caso del ‘procés’; y también otros como la magistrada Carmen Lamela, también de la Sala Segunda del Supremo, o el ex juez Salvador Alba, que cumple actualmente una pena de seis años de prisión por conspirar contra la magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando comenzó su carrera política con Podemos.

Precisamente, Rosell ha señalado este lunes que no existe “ningún ‘error judicial’ en el ‘lawfare’ del juez Alba”, el caso que le afectó personalmente en su carrera política. Recuerda la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género que el ex juez en prisión “fue candidato al Consejo General del Poder Judicial y al TSJC por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)”.

Rosell ha recordado que Alba, “para hacer méritos con el PP y José Manuel Soria”, ex ministro durante la etapa de Mariano Rajoy, “en plenas elecciones nos imputaban delitos a mí y a Carlos Sosa (director de Canarias Ahora) falseando pruebas que publicaban El Mundo y otros. Querían encarcelarnos”, concluye Rosell."                   (Natalio Blanco, Diario16, 13/11/23)

El principal problema que tiene la democracia española no son los políticos, los partidos, la polarización del Parlamento o la crispación, sino que es la Justicia. España necesita una verdadera revolución en todo lo que se refiere al funcionamiento de los tribunales, revolución que debe iniciarse con una investigación a fondo y sin piedad de todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales... La situación de los tribunales es crítica. En España se adoptan decisiones injustas a sabiendas de que lo son, sin que los jueces que las adoptan o los fiscales que las incitan sufran castigo alguno. En España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor... Los jueces han implantado una dictadura judicial... En España ya no hay ruido de sables en los cuarteles, sino rasgueo de togas en los tribunales (J. A. Gómez)

 "El principal problema que tiene la democracia española no son los políticos, los partidos, la polarización del Parlamento o la crispación, sino que es la Justicia. España necesita una verdadera revolución en todo lo que se refiere al funcionamiento de los tribunales, revolución que debe iniciarse con una investigación a fondo y sin piedad de todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales.

Evidentemente, esto no se soluciona con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que esa inspección ha de ser individual, cotejando las decisiones tomadas por los profesionales de la Justicia y si éstas han sido adoptadas de manera libre o ha habido injerencias externas.

La situación de los tribunales es crítica. En España se adoptan decisiones injustas a sabiendas de que lo son, sin que los jueces que las adoptan o los fiscales que las incitan sufran castigo alguno. En España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor.

Además, se ha llegado a un punto en que las actuaciones de jueces y fiscales, siempre favoreciendo a los poderosos, gozan de una impunidad muy superior a la que tiene el Jefe del Estado con su inviolabilidad. Nadie puede toser a un juez porque, en el momento en que un ciudadano o una empresa denuncia las injusticias perpetradas, entonces se produce una concatenación de represalias que terminan con la vida del osado que se ha atrevido a cuestionar una sentencia. 

En España no sirve la máxima de «hay que respetar las decisiones judiciales» porque la gran mayoría de las que se toman en las altas instancias proceden de comportamientos presuntamente corruptos o de sublimar intereses espurios. (...)

Los jueces, y esto requerirá un análisis paralelo, han implantado una dictadura judicial que les coloca, en pleno siglo XXI, en la misma posición que los militares durante la Transición. En España ya no hay ruido de sables en los cuarteles, sino rasgueo de togas en los tribunales. Ante esto, Sánchez ya debería saber lo que tiene que hacer y a la ciudadanía no le importaría que, por tomar decisiones justas, le llamaran jacobino."         (J. A. Gómez, Diario16, 02/08/23)

El objetivo estratégico de Feijóo, si hubiera ganado las elecciones, consistía en anular todavía con mayor eficacia la independencia del poder judicial... El actual CGPJ iba a reconquistar el control de los nombramientos de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (22) pendientes. ¿Qué suponía esto? Lisa y llanamente: condicionar la doctrina constitucional durante décadas

 "Aunque este es un asunto que parece, solo digo parece, no interesar a los ciudadanos, sería bueno que vayan sabiendo esto: el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en ocupar La Moncloa supondrá –si no se repiten elecciones y obtiene en ellas, junto con Santiago Abascal, la mayoría absoluta– el naufragio de su plan para dar otra vuelta de tuerca al Estado Judicial Español controlado, salvo el Tribunal Constitucional, por la derecha.

 Aunque parezca cosa de iniciados, el objetivo estratégico del presidente del PP y su círculo de asesores consiste en anular todavía con mayor eficacia la independencia del poder judicial y ponerla en manos del poder económico, a través de los grandes despachos de abogados.

Una de las medidas más relevantes que pensaba poner en práctica inmediatamente –«devolver» la función de nombrar a jueces y magistrados– era precisamente eso. El actual CGPJ iba a reconquistar el control de los nombramientos de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (22) pendientes. ¿Qué suponía esto? Lisa y llanamente: condicionar la doctrina constitucional durante décadas.

¿Por qué? Feijóo prometía, aparte de devolver las funciones para hacer esos nombramientos, cambiar el sistema de elección del CGPJ, plan que requería tiempo para aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. No menos de nueve meses o un año. Mientras tanto, se mantenía indefinidamente al actual CGPJ caducado y mutilado. Este Consejo debe tener 20 miembros a los que se une el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside. Fue elegido por cinco años a primeros de diciembre de 2013.

En noviembre de 2018, el presidente del PP, Pablo Casado (89 escaños), propuso al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez (120 escaños), nombrar a Manuel Marchena para presidir el TS y el CGPJ. Marchena, consultado por el exministro de Justicia Rafael Catalá –que llevó la negociación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado–, dio su luz verde. Sánchez aceptó. Se pusieron de acuerdo en el nombre de Marchena y el PP no propuso cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Ambos no reunían la mayoría de tres quintos exigida para modificar ciertas leyes, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de 1985. El pacto naufragó al filtrarse el nombre de Marchena.

Desde entonces, el PP puso como pretexto que con el procedimiento vigente, cuyas últimas modificaciones se hicieron en los gobiernos de Aznar y de Rajoy, no apoyaría la renovación del CGPJ caducado. Desde la UE se exhortó a hacer los nombramientos con el sistema actual y luego, en todo caso, cambiar el sistema de elección. En este proceso, el Gobierno consideró que un CGPJ caducado ya no podía seguir haciendo nombramientos. Εl Senado aprobó en marzo de 2021 la ley que anuló esa facultad. Feijóo pareció entrar en razón pero cuando el pacto para la renovación estaba sobre la mesa giró de posición y rechazó firmar el acuerdo porque el Gobierno eliminaba el delito de sedición en el Código Penal.

 Lo que queda del CGPJ de 2013 (sin su presidente, Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y otras bajas por jubilación, fallecimiento o dimisión) debía, pues, según el plan Feijóo, realizar todos los nombramientos pendientes. Son alrededor de 100. Todos altos cargos y magistrados del Supremo. Quienes van a dirigir la justicia durante la próxima década. Ya circulaban, en las semanas previas al 23J, listas de amigos de los actuales vocales conservadores del CGPJ. El plan suponía un ataque a la Constitución. Porque entregaba las facultades de gobierno del Poder Judicial a un órgano que tiene una duración tasada de cinco años y prácticamente lo duplica. Porque, además, las bajas producidas han alterado los equilibrios profesionales, establecidos por la Constitución, de 12 jueces y 8 juristas. Las bajas han afectado más a los jueces, que son los que se jubilan, y menos a los abogados, que hoy son los que de hecho han pasado a mandar mucho más. Y son ellos quienes se preparaban para hacer los nuevos nombramientos cuando supieron que Feijóo les concedería este enorme poder.

Tres son hoy hombres fuertes del CGPJ: su nuevo presidente en funciones desde el 19 de julio, Vicente Guilarte (letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España), José María 'Mario' Macías (socio del bufete Cuatrecases Gonçalves Pereira) y Enrique Lucas (director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo).

 «Un juez que falle a favor de los consumidores y en contra de los bancos, puede despedirse de llegar al Tribunal Supremo», dice una fuente judicial consultada.

 Y por fin, el equilibrio ideológico, que pretende defender la Constitución, también se ha roto. Entre los vocales progresistas del CGPJ se han producido tres vacantes por lo que la mayoría conservadora sigue siendo absoluta, sin reflejar los cambios electorales de 2019. En definitiva: ha fracasado el intento de Feijóo de otorgar la facultad constitucional de nombramientos de los altos cargos judiciales a lo que ya son los restos del viejo CGPJ. Ello hubiera configurado una nueva composición de la justicia española absolutamente deslegitimada, ajena al modelo constitucional y entregada a los grandes bufetes de abogados."                (Ernesto Ekaizer , El Periódico, 05/08/23)

Las dos derechas, la judicial y la política, han hecho el siguiente cálculo: si el Partido Popular gana las próximas elecciones, cambiarán el modo de elección o ni siquiera necesitarán cambiar el modo de elección para formar un Consejo General del Poder Judicial conservador. Y si no ganan, prefieren un CGPJ muerto (como al actual) a otro dominado por la izquierda. Por eso Núñez Feijóo, presionado por las dos derechas, no va a acordar nada. Para cumplir la Constitución el líder popular tendría que tener un valor y una autonomía que le faltan

 "El pasado 11 de mayo se conoció que el Partido Popular volvía a condicionar la renovación del Consejo General del Poder (en lo sucesivo CGPJ) a que PREVIAMENTE se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los doce Vocales del CGPJ sean elegidos exclusivamente por los Jueces y Magistrados, sin intervención parlamentaria. La noticia no era casual porque en el Pleno del Congreso de los Diputados de ayer 16 de mayo se debatió una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que propugnaba el cambio de elección de los Vocales judiciales del CGPJ en el mismo sentido, es decir, elegidos exclusivamente por los miembros de la carrera judicial.

El tema ya constituye obstrucción constitucional y, a pesar de las veces que se ha comentado en esta sección, merece un nuevo comentario. Por un lado, debemos examinar el trasfondo constitucional de lo que me atrevo a llamar extorsión del Partido Popular. Por otro lado, se debe analizar el trasfondo político y sociológico del empecinamiento del partido que preside Núñez Feijóo en no permitir que se renueve un órgano constitucional que cada vez está más muerto.

Haciendo abstracción del contenido de la petición del partido conservador, la extorsión que está haciendo a este país (y no sólo al Gobierno) merece una glosa. Los términos del problema son los siguientes. Existe una Ley que regula la elección del CGPJ que el Partido Popular se niega a cumplir porque no le gusta. Es legítimo que no le guste porque no satisface los intereses de la derecha judicial (como vemos más abajo) y no acepta la máxima latina dura lex sed lex. Por eso, el Partido Popular exige cambiar la Ley, pero no tiene mayoría parlamentaria para el cambio y a pesar de ello exige que se cambie… porque sí, porque ese es su deseo, un deseo parlamentariamente minoritario. Es decir, en este caso concreto (pero podría ser otro) el Partido Popular quiere imponerse a la mayoría parlamentaria. Así no se actúa en democracia dónde el principio de mayoría es sagrado: manda la mayoría parlamentaria y el Partido Popular no tiene esa mayoría. Es decir, lo que pretende el partido de Núñez Feijóo es que la mayoría parlamentaria se pliegue a los deseos de la minoría que se debe considerar más selecta, más legítima que la mayoría.

Por eso, el Partido Popular está sometiendo al Gobierno y a la mayoría parlamentaria (la que tiene que elegir el CGPJ) a una extorsión: no permite que se cumpla la Ley y exige que se legisle conforme a sus deseos, que no son los de la mayoría.

¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué tantos años de incumplir la Ley? Porque desde 1980, con la primera Ley que reguló el CGPJ y su modo de elección, la derecha judicial y la derecha política ha considerado que ese órgano constitucional es de ellos. No les falta razón en un sentido porque si los doce Vocales de extracción judicial que componen el Consejo (más otros ocho que no son de origen judicial) fueran elegidos sólo por los Jueces y Magistrados, la derecha arrasaría, pues de todos los miembros de la carrera judicial el número de afiliados a la asociación conservadora (La Asociación Profesional de la Magistratura) triplica con creces a los afiliados a la Asociación progresista, Jueces y Juezas para la Democracia. Por eso las dos derechas exigen que los doce Vocales sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados, pues saben que con ese procedimiento de elección siempre van a dominar el CGPJ.

Sucede, sin embargo, que el CGPJ no es el comité de empresa de los Jueces y Magistrados, sino un órgano constitucional del Estado que no está al servicio de los miembros de la carrera judicial, sino para organizar el gobierno del Poder Judicial, es decir, para encargarse de que el Poder Judicial sirva a los intereses de todos los españoles y no sólo los intereses corporativos de los Jueces y Magistrados. Tampoco es, como intentan las dos derechas, un órgano de oposición de los Gobiernos de izquierda. Por eso, ningún órgano constitucional debe ser elegido conforme a intereses corporativos, sino conforme a intereses generales, intereses que representa el Parlamento.

Además, más allá de la semántica, el Poder Judicial interesa también a los Fiscales, a los Letrados de la Administración de Justicia, a los abogados, a los procuradores y a los médicos forenses, por lo que, puestos a reservar la elección de los Vocales judiciales a los profesionales (cosa que nunca debe hacerse por el corporativismo que conlleva), no podrían dejarse fuera de la elección a todos los restantes Cuerpos y profesionales interesados en la Justicia.

Las derechas aducen que con el procedimiento de elección de Jueces por Jueces se asegura la despolitización de la Justicia. Pero eso es una falacia de esas que tanto gustan y producen las derechas. Desde el momento en que todo el mundo admite que hay asociaciones judiciales de derechas, de centro y de izquierda, ¿de qué despolitización nos hablan? La despolitización del Poder Judicial es una mentira de la derecha para ocultar que quiere controlar como sea el CGPJ. Con el mismo desparpajo, la prensa de derechas repite otra mentira, que esa despolitización es una exigencia de la Unión Europea. Dejando a un lado que el actual Comisario de Justicia de la Unión es un político conservador que está haciendo demasiados guiños a la derecha española, hay que aclarar dos cosas:

• Los Tratados comunitarios no contienen previsiones sobre los órganos de gobierno del Poder Judicial;
• Difícilmente podrían formular exigencias de esta clase cuando los Consejos de la Judicatura son una cierta rara avis en la Europa comunitaria y países tan democráticos como Alemania no lo tienen.

En definitiva, las dos derechas, la judicial y la política, han hecho el siguiente cálculo: si el Partido Popular gana las próximas elecciones, cambiarán el modo de elección o ni siquiera necesitarán cambiar el modo de elección para formar un CGPJ conservador. Y si no ganan, prefieren un CGPJ muerto (como al actual) a otro dominado por la izquierda. Por eso Núñez Feijóo, presionado por las dos derechas, no va a acordar nada. Para cumplir la Constitución el líder popular tendría que tener un valor y una autonomía que le faltan."    (Javier García Fernández  , Sistema Digital, May 17, 2023)

El poder judicial también se pudre por la cabeza... La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal

 "La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal. 

¿Qué dice la Constitución del CGPJ?

Que es un órgano de gobierno del poder judicial y, por tanto, es un órgano de naturaleza política. Justamente por eso, el CGPJ no puede formar parte de dicho poder, es decir, no puede ejercer la función jurisdiccional, que ejercen de manera exclusiva y excluyente los jueces y magistrados que integran el poder judicial (principio de exclusividad). 

Por ser un órgano de naturaleza política, sus miembros tienen que tener legitimación democrática. Y legitimación democrática visible.

(Los jueces y magistrados en cuanto portadores de un poder del Estado también tienen que tener legitimación democrática, pero dicha legitimación les viene de “su sumisión únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE). Los jueces y magistrados no reciben su legitimidad democrática de manera directa de las Cortes Generales, sino de la manifestación de voluntad de las Cortes Generales objetivada en la ley. La legitimación democrática de los jueces y magistrados es “objetiva y pretérita” y no resulta, en consecuencia, visible. El Congreso y el Senado no eligen a los jueces, sino que hacen la ley a la que los jueces están sometidos. De ahí que la primera obligación de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional sea la de “hacer visible” su legitimidad mediante “la motivación” de su decisión, es decir, la identificación de la ley y la interpretación de la misma con base en la cual han tomado la decisión que han tomado. “Las sentencias serán siempre motivadas” (art. 122.3 CE) Por “sentencias” hay que entender cualquier decisión de naturaleza jurisdiccional. La “motivación” es la forma en la que se hace visible lo invisible en el ejercicio de la función jurisdiccional).

La legitimación democrática de los miembros del CGPJ, por el contrario, sí tiene que ser una legitimación visible. Porque ellos no ejercen la función jurisdiccional, sino una función política, de “gobierno”.

Legitimación democrática visible solo la transmitimos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio y, con base en el resultado del ejercicio de ese derecho, las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que elegimos directamente los ciudadanos.

Como consecuencia de ello, es obvio que los miembros del CGPJ únicamente pueden ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. Únicamente el órgano constitucional Cortes Generales puede trasmitir legitimidad democrática. No hay ningún otro que pueda hacerlo, porque nadie más la tiene.

De esta transmisión de la legitimidad democrática de manera exclusiva por las Cortes Generales deriva la exigencia de la renovación periódica de los miembros del CGPJ, vinculada a la renovación las propias Cortes. Aunque no se hace coincidir exactamente en el tiempo, solo se admite la desviación de un año. Las Cortes Generales cada cuatro años. El CGPJ cada cinco.   

De dicha transmisión de naturaleza política deriva también la exclusión de la prórroga del mandato. De la misma manera que es improrrogable el mandato de diputados y senadores, tampoco puede serlo el de los miembros del CGPJ. Porque se pierde la conexión en la transmisión de la legitimidad. Transcurrido el plazo del mandato, tanto los diputados y senadores como los miembros del CGPJ carecen de legitimidad para poder continuar ejerciendo la función que tienen constitucionalmente encomendada. Los diputados y senadores pierden la conexión con el “cuerpo electoral”. Los miembros del CGPJ con los depositarios de dicha legitimidad recibida del cuerpo electoral. 

Desde 2018 se está incumpliendo la Constitución de manera manifiesta. El CGPJ carece de legitimación democrática y no está, en consecuencia, en condiciones de ejercer la función de “gobierno” del poder judicial. La prórroga de un órgano de naturaleza política es “constitutivamente anticonstitucional” por la desconexión que supone con el principio de legitimidad democrática.

De esa situación “constitutivamente anticonstitucional” deriva la putrefacción del órgano, que salta a la vista. Y de la prolongación de dicha putrefacción deriva el desorden que empieza a hacerse visible en el conjunto del poder judicial y que se extiende al Ministerio Fiscal, a los Letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios, cuyo trabajo es imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

Pruebas de todo ello las estamos teniendo todos los días a través de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Hasta que se vuelva a respetar la Constitución, el desorden irá a más, no pudiéndose excluir que lleguemos a un punto de no retorno, que no tenga solución en términos constitucionales.

La putrefacción del poder judicial también empieza por la cabeza."                (Javier Pérez Royo , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)

Un grupo de vocales conservadores se consolida como una extensión del PP en el Poder Judicial

 "Las rebajas de condenas a cientos de delincuentes sexuales —incluidas excarcelaciones— tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’ han sumido al Gobierno en una de sus peores crisis en un momento crítico, a apenas unos meses de la cita electoral del próximo mayo. El asunto, muy delicado, se ha convertido en uno de los ejes de la labor de oposición del Partido Popular, cuyos dirigentes han llegado a acusar al Ejecutivo de no proteger a las mujeres. En esa estrategia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado aliados en el caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Miembros del órgano consultados por elDiario.es ven una “acción coordinada” entre el PP y un grupo de vocales del sector conservador con el objetivo de “desgastar” al Gobierno a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. Las fuentes consultadas sitúan en este grupo a cinco de los 11 jueces y juristas elegidos en su día a propuesta del PP, a los que atribuyen el liderazgo de una estrategia de choque institucional que se ha venido poniendo de manifiesto en sus movimientos dentro y fuera del órgano en los últimos meses. Estos vocales son José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Carmen Llombart, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán, de acuerdo a estas fuentes. 

 Es el mismo grupo que lideró durante el pasado otoño el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista; que buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición o que ha llevado a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado. Sus últimos movimientos están relacionados con la ley del 'solo sí es sí'.

Tras la polémica por un encuentro con eurodiputadas en el que se criticó al Gobierno “a espaldas” del resto de vocales, el último episodio que ha elevado la tensión en el CGPJ es la filtración de los datos provisionales sobre las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de esta norma: un total de 701 sentencias rebajadas, según unas cifras que todavía son provisionales y que no recogen cuántas veces los jueces han rechazado estas revisiones a la baja.

La información ocupó portadas de medios de comunicación la noche del pasado martes, antes de que estuviera a disposición de los vocales y cuando había una orden expresa y por escrito del presidente, Rafael Mozo, de que no se difundieran esos datos hasta que estuvieran completos y clasificados, coinciden varias fuentes. Todavía no hay fecha para la comunicación oficial de estos datos, confirma un portavoz. El asunto se tratará en la reunión de este jueves de la Comisión Permanente, el principal núcleo de poder del órgano.

El pleno había acordado el 9 de febrero por unanimidad recopilar esa información a petición de la vocal conservadora Ángeles Carmona, que preside el Observatorio contra la Violencia de Género, un órgano dentro del propio CGPJ encargado de abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Para ese momento, los medios de comunicación estaban haciendo sus propios recuentos aunque con datos parciales porque no todos los tribunales territoriales daban la información. El asunto es complejo porque hay varias vías para aplicar la ley del 'solo sí es sí' a un delincuente sexual. Lo puede hacer un tribunal al revisar una condena firme —son las cifras que se han difundido hasta el momento—, pero también si está juzgando el caso o si está estudiando un recurso ordinario en un tribunal superior o en el Supremo.  

Los vocales coincidieron entonces en que era pertinente hacer un “análisis detallado de las incidencias surgidas en la aplicación de la ley y poder ofrecer datos contrastados de manera transparente”, según informó el órgano en una nota de prensa. La semana siguiente, el 16 de febrero, la Comisión Permanente tenía previsto analizar una propuesta de Carmona sobre medidas encaminadas a “facilitar la recopilación y estudio” de esos datos. Pero el asunto se acabó retirando del orden del día y no se volvió a tratar. Algunos vocales expresaron que era algo que debía tratarse con cautela, entre otros asuntos, por la complejidad que entraña en términos de protección de datos manejar estas resoluciones. A nadie se le escapaba que se trata de una información altamente sensible y de gran impacto político. 

Pero, para entonces, los técnicos del Observatorio contra la Violencia de Género llevaban más de dos semanas recopilando esos datos porque así se había acordado en una reunión celebrada a finales de enero para abordar otro asunto: el repunte de asesinatos machistas a finales de 2022. La información, aunque parcial, estaba ya en manos de varios trabajadores del órgano y el martes por la noche saltó a los medios de comunicación. Un hecho que generó un profundo malestar en vocales del minoritario sector progresista, que acusan al núcleo duro de los conservadores de estar detrás de la filtración y de utilizar la institución como “una plataforma para hacer una oposición”. 

“Trabajan abiertamente para Génova y al dictado de Esteban González Pons [vicesecretario de Institucional del PP y su principal estratega en materia judicial]. Es una estrategia encaminada a apoyar al PP en su ataque al Gobierno”, dice a elDiario.es una vocal elegida en su día a propuesta del PSOE. “Es gravísimo. La difusión de esos datos debería haberse hecho a través de la Oficina de Comunicación, tal y como establece el artículo 620 de la ley del Poder Judicial”, apostilla otro vocal progresista, que recuerda que este análisis de impacto normativo no se ha hecho con otras reformas del Código Penal.  

Otros miembros de este grupo coinciden en que hay vocales del sector conservador instalados en una estrategia de desgaste del Ejecutivo. Pero creen que el órgano tampoco actuó con la diligencia debida en relación a un tema “socialmente relevante”. “Hemos fallado como institución. Si tienes estos datos, hay que darlos. Pero no se tendría que haber hecho así”, dice un vocal. Algunas voces señalan al presidente por sustitución, el progresista Rafael Mozo, al que ven “poco decidido” en sus funciones: “No quiere enfadar a nadie y eso no es posible”. 

“Opacidad” sobre las rebajas de penas

Los vocales señalados se defienden al asegurar que no es un asunto que se pueda tratar con “opacidad” y afirman que los consejeros interesados en los datos “no tenían más que pedirlos” a los funcionarios del CGPJ. “Quien no los tiene es porque no quiere. Lo inteligente habría sido haber empezado hace un mes a a dar información día a día y actualizarla, con los matices que hubiera hecho falta. Si quieren esperar a que estén todos los datos nos iríamos a dentro de cinco años”, sostiene un miembro de este grupo, que afirma que la “actitud” de comunicación del órgano le “suena” a unas declaraciones que hizo recientemente la delegada del Gobierno contra Violencia de Género, Victoria Rosell, en las que lamentó la “alarma injustificada” creada en torno a esta ley. 

La difusión de los datos al margen de la Oficina de Comunicación ha sacado a la luz las discrepancias dentro del propio sector de vocales elegidos a propuesta del PP. La filtración no gustó a otros miembros de ese bloque que sí fueron de la mano del núcleo duro en asuntos como el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, pero que han dado muestras de forma reciente de su apuesta por mantener una imagen más institucional y rechazar el choque directo con el Gobierno. En este grupo están los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz. 

Es un distanciamiento que se ha evidenciado también en otros temas, como el debate en torno a la declaración institucional sobre los problemas que la parálisis del órgano está provocando en la cúpula judicial. De hecho, no se llegó a aprobar ningún texto al respecto por el choque entre vocales. Fernández, Martínez Moya y Díaz suscribieron junto a vocales progresistas una propuesta muy criticada por este núcleo duro de los conservadores. En un voto particular, la calificaron de “inútil”, “decepcionante” e “insuficiente” y dijeron que suponía adoptar una “actitud complaciente” con quienes “socavan los fundamentos del Estado de derecho”, en alusión a los partidos que promovieron la reforma que impide al CGPJ en funciones renovar la cúpula judicial. 

La reunión con las eurodiputadas  

Vocales del grupo minoritario creen que la difusión de los datos sobre la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ es parte de una “operación” que tuvo otro episodio la semana pasada, con la reunión que mantuvieron en la sede del CGPJ un grupo de eurodiputadas expertas en Igualdad y las conservadoras Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, y Llombart, que también forma parte de esta institución. 

La gestión de ese encuentro y los asuntos tratados en el mismo agravaron la crisis del órgano. El malestar fue mayúsculo en la Comisión de Igualdad presidida por la progresista Clara Martínez de Careaga, que no fue convocada por el Observatorio. Vocales progresistas creen que Carmona y Llombart se excedieron en sus funciones al “actuar por su cuenta” y utilizar el CGPJ como “una plataforma para hacer una oposición cruda al Gobierno”.

Se remiten, para ello, a la difusión de la reunión que hicieron varios medios de comunicación, con titulares en los que se atribuían a la institución las valoraciones “individuales y personales” de dos de sus integrantes. Y también a las declaraciones de la eurodiputada del PP Rosa Estarás, que aseguró que el CGPJ les había trasladado que “el daño a España es irreversible” tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’. 

Tampoco era la primera vez que estos vocales seguían la estrategia del PP de tratar de externalizar a Europa asuntos de ámbito nacional. El pasado enero estos mismos cinco vocales remitieron una carta a la Comisión Europea en la que arremetían duramente contra el Gobierno, al que responsabilizaban del bloqueo en la renovación del CGPJ y de haber dado “un paso atrás” en la lucha contra la corrupción. Lo hicieron a través de unas “respuestas complementarias” remitidas a la vicepresidenta Vera Jourovà y al comisario de Justicia, Didier Reynders, al margen del formulario que la Comisión Permanente había remitido para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de derecho. 

El CGPJ tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. Ha seguido funcionando desde entonces con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013. Cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV.

Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Carlos Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Lo sustituyó el progresista Rafael Mozo, por ser el vocal de más edad, y que ejerce desde entonces el puesto de presidente “por sustitución”.                         (Elena Herrera  , eldiario.es, 1 de marzo de 2023)

El primer fiscal anticorrupción de España: "Lo que está ocurriendo con el CGPJ es una forma de corrupción"

 "Carlos Jiménez Villarejo, el primer fiscal anticorrupción de la historia de España, atiende a El Periódico de Aragón, del grupo Prensa Ibérica, con motivo de su vista este miércoles a Zaragoza, donde presentará sus obras completas: Justicia-Democracia, Memoria democrática y Corrupción y fraudes. Jiménez Villarejo tuvo un breve paso por el mundo de la política, pues en mayo de 2014 fue elegido eurodiputado por Podemos y, dos meses más tarde, presentó su renuncia.

¿Cómo explica usted la no renovación del Consejo General del Poder Judicial? 

Es un fracaso de la cúpula del poder judicial. La solución justa sería que todo el consejo del poder judicial dimitiera y abandonara sus cargos de tal forma que no hubiera más remedio -políticamente hablando- de que se reuniera quien se tenga que reunir para llegar a un acuerdo en la constitución de un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La primera condición es que ya no exista físicamente, es decir, que ya no haya consejeros del poder judicial que estén cobrando un sueldo por no hacer nada, lo cual me parece un abuso de poder. Eso merece un reproche grave que debería conducir a la disolución inmediata por dimisión de la totalidad de los miembros del CGPJ.

Son tres años con el máximo órgano judicial en funciones...

Es evidente que no se puede consentir. No sé si hay mecanismos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial; sería difícil encontrar el mecanismo necesario para que ese CGPJ dejara de existir, no como órgano, sino en su composición actual. El fin es que sea irremediable y absolutamente necesario volver a llegar al acuerdo para constituir uno nuevo una vez que los que estén ahora mismo hayan abandonado sus puestos y, por tanto, renunciado a todos los beneficios que de ellos se derivan.

 Son muchos, sobre todo, económicos. Me parece de una injusticia flagrante que esas personas estén ocupando un cargo público sin contenido alguno de funciones y responsabilidades en un país que atraviesa la crisis que atraviesa en tantos sectores sociales. Por decirlo vulgarmente, están agarrados a los sillones.

A efectos prácticos, ¿en qué se traduce?

Habría que tensar algunas respuestas, pero no está en mi mano resolverlas y no me corresponde a mí. Están cometiendo una ilicitud y, por tanto, debería dar lugar a que esa ilicitud fuera concluida.

¿Quiénes tendrían que tomar esa responsabilidad?

Yo creo que son los mismos miembros que componen el CGPJ. Son ellos los que están cometiendo la ilicitud de permanecer en unos puestos que no les corresponden porque ya ha transcurrido el plazo que fija ley para que permanezcan en esos puestos. Hay personas que se están enriqueciendo injustamente.

Usted que ha ejercido como fiscal anticorrupción, ¿es una percepción de la opinión pública o realmente ahora hay menos corrupción que antes?

Ahora hay la misma corrupción que siempre, aunque pueda verse menos o verse más. Lo que está ocurriendo con el CGPJ es una forma de corrupción.

Entonces, ¿es España un país corrupto?

Yo no he dicho que España sea un país corrupto, yo he dicho que España sufre las consecuencias de la corrupción entendida como el aprovechamiento de los cargos públicos para el enriquecimiento, que esa es la sustancia de la corrupción en definitiva. Creo que esa realidad justifica que la fiscalidad anticorrupción exista. Si no hubiera corrupción, esa fiscalía no existiría.

¿Cómo ha cambiado esta fiscalía?

Se creó porque la corrupción era enorme y ha tenido fases de altibajos muy diversos. La corrupción sigue estando presente en muchos sectores de la sociedad y de las entidades públicas ya sean ayuntamientos, autonomías o ministerios. Insisto: cualquier aprovechamiento de un cargo público para un enriquecimiento se llama corrupción. Hay organismos como el Consejo de Europa que hace unos años destacó a España como uno de los países más corruptos de la Unión Europea.

¿Qué puede llevar a la opinión pública a pensar eso?

Para que esa corrupción aflore y no esté oculta, hace falta que haya medidas que favorezcan todo esto. Para eso yo confío en que la fiscalía anticorrupción esté pendiente, actúe y reaccione ante cualquier síntoma de conducta corrupta, que es el aprovechamiento de los cargos públicos para el enriquecimiento personal o familiar.

¿Por qué no se detecta toda la corrupción que hay?

Porque el culo de las personas que rodean a todas que se aprovechan de su cargo para corromperse no se atreven a denunciarlo porque la denuncia les supondría un perjuicio.

¿La sociedad está concienciada en la lucha anticorrupción?

Hay que estimular a la sociedad en general, a los ciudadanos en su totalidad, para que contribuyan a denunciar cualquier signo de corrupción en cuanto lo detecten. Es lo que hasta ahora no ha ocurrido. Los pocos que se han atrevido, lo han pasado muy mal porque han sufrido represalias y sanciones administrativas porque no estaban protegidos. Conozco a personas que han sufrido eso, que han sido maltratadas a límites inconcebibles desde el punto de vista administrativo.

¿Qué sería de una sociedad que no lucha contra la corrupción?

Estamos en una sociedad que si no reacciona debidamente ante tanta y tanta corrupción, se viene abajo desde el punto de vista moral y, sobre todo, desde el punto de vista moral-cívica, de creer en sus instituciones. Creo que falta confianza en las instituciones públicas porque no dan el ejemplo que deben dar, por ejemplo, con la corrupción y, particularmente, los partidos políticos. Ese paso es fundamental para limpiar la imagen del Estado y de allí que los ciudadanos se sientan satisfechos del Estado. El Estado le debe inspirar confianza y que no sea un conjunto de corruptos, para entendernos. Los partidos políticos deberían ser el mayor ejemplo de dignidad y de ética pública en España.

¿Lo son?

Honradamente, no.

En su carrera, también ha tenido un breve paso por la política. ¿Qué aprendizaje se lleva?

Estuve meses como Eurodiputado de Podemos en 2014. Fueron escasos meses como para que yo pudiera sacar conclusiones de la corrupción.

¿Cómo valora la situación de la izquierda a día de hoy?

Pienso que la izquierda tiene que estar en la línea que marcó el artículo 9 de la Constitución cuando dijo que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, no una proclamación retórica de la ley.

Para usted, ¿cuál es el valor de ese artículo 9?

La medida en la que vea que se está disminuyendo el paro, la pobreza o las situaciones de precariedad laboral. Al mismo tiempo que los que tienen el poder económico, que permanecen más o menos ocultos, sean conocidos y se revele su verdadera identidad y dónde tienen los capitales. Es un reto y ahora mismo yo no sé en qué nivel estamos.

Ahora que presenta en Zaragoza sus obras completas, también tendrá un encuentro con la sociedad civil. ¿Qué espera de este encuentro?

Espero transmitir una posición más activa de la que hay por parte de los ciudadanos para tener los ojos bien abiertos. Y que cuando haya que denunciar, se denuncie."                  (Alfonso Tremul / Iván Trigo, epe, 04/10/22)

Ernesto Ekaizer: Es el Tribunal Constitucional y no el Consejo General del Poder Judicial ¡estúpido!

 "El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha abandonado Madrid después de su visita de dos días, el 29 y 30 de septiembre, y la pregunta es: ¿ha logrado hacerse una idea sobre las razones que llevan al Partido Popular y al sector más recalcitrante del grupo conservador de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a bloquear, al menos desde el 13 de septiembre pasado, el nombramiento de dos magistrados en el Tribunal Constitucional para sustituir a Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol, cuyos mandatos de nueve años vencieron el 12 de junio de 2022?

El pasado jueves, mientras Reynders empezaba su agenda de encuentros, el CGPJ fracasó, una vez más por la resistencia de los vocales conservadores, a hacer esos nombramientos.

¿Preguntó Reynders por qué el PP, aparte del bloqueo a la renovación del CGPJ, y los vocales conservadores, a pesar de la presión de quien fuera «uno de los suyos», Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, siguen poniendo excusas para no realizar los nombramientos?

Porque aquí está el quid de la cuestión.

El citado día jueves 29, mientras se dirimía en el Pleno ordinario del CGPJ, los once magistrados del TC celebraban el último día de su propio Pleno convocado la semana pasada para dar salida a asuntos de trámite. 

Porque el TC sigue colgado de la brocha.

Precisamente, esa mañana del jueves, según pudo saber El Periódico, los magistrados comentaron informalmente, antes de empezar la sesión en la madrileña calle de Doménico Scarlatti, que esta podría ser la última del actual TC y que ya no volverían a verse en un Pleno, aunque sí en los actos protocolarios de toma de posesión de los nuevos magistrados.

Pedro González-Trevijano, en contacto con Lesmes, ¿tenía expectativas en que podrían producirse los nombramientos este jueves pasado? 

Fuentes consultadas la noche del miércoles por El Periódico dijeron que Lesmes iba a «apretar» todo lo posible para sacar esas designaciones adelante el jueves, una manera de exhibir el trofeo ante Reynders.

Es más: dicha versión estaba aderezada por otra. Y es que el sector conservador quería aparte de nombrar un candidato «pata negra», del Supremo, y miembro de la Asociación Profesional de la Legislatura (APM), ayudar con sus votos y el de Lesmes a nombrar al otro magistrado del sector llamado pogresista.

«No sería una novedad. La derecha se lo trabaja muy bien. Como nosotros incluimos magistrados conservadores civilizados en nuestra propuesta si ellos escogen a alguien que irá bien con sus planes, pues se pueden presentar como tolerantes» explica una vocal del sector llamado progresista que junto con el vocal elegido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Enrique Lucas, suman ocho.

El hecho es que el punto de los nombramientos del orden del día, el jueves pasado, comenzó a tratarse sobre las 11:40, aproximadamente, en la madrileña calle del Marqués de la Ensenada, sede del CGPJ. Y enseguida, tras los pretextos ofrecidos por uno de los negociadores del sector conservador, José Antonio Ballestero, increpado por Lesmes, quedó en evidencia que no habría fumata blanca.

Y cuando el reloj daba las doce, en Doménico Scarlatti los magistrados del TC entraban en el receso de media hora del Pleno para tomar el refrigerio. Y, claro, para actualizarse a través de los teléfonos móviles. 

Al confirmar, por tanto, que los nombramientos no salían el jueves, se intercambiaron entre ellos que la idea de primera hora de la mañana no se había concretado, que este del jueves no iba a ser el último Pleno y que ya se vería si se convocaba el siguiente.

¿Tampoco el magistrado Enrique Arnaldo estaba al loro de que no saldrían esos nombramientos para el TC? Es que Arnaldo se ha convertido, según noticias recogidas por este diario, en el hombre orquesta para el PP.

Según una de las grabaciones con autorización judicial en el caso Lezo, Arnaldo aparece en conversaciones con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, imputado por corrupción.

Arnaldo le explica: «Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno». Se refería a Consuelo Madrigal, que no fue reelegida fiscal general del Estado.

González en una conversación grabada con el ex ministro Eduardo Zaplana señala: «Y yo le digo a estos: Oye, joder, es que antes de poner a estos hijos de puta que tenemos es mejor poner a [Manuel] Marchena. Y me dice Enrique Arnaldo: Pues no estaría mal».

Las dotes para maniobrar y hacer encajes de bolillos aproximaron a Arnaldo y a Pablo Casado. Y, según parece, este magistrado tiene sintonía con Alberto Nuñez Feijóo.

Aunque el foco está puesto en si se nombran o no los dos magistrados, lo que sería la «primera derivada», fuentes judiciales apuntan que Arnaldo se ocupa de lo que sería la «segunda derivada». Y esa es la Presidencia del TC. Porque según la ley orgánica del TC tras la cobertura de las cuatro plazas (las dos del CGPJ y las dos del Gobierno) el Pleno procederá a nombrar ​al nuevo presidente o presidenta.

Y aunque parece una obviedad que el sector progresista contará con una mayoría formal de 7 a 4 magistrados, y, por tanto, podrá elegir, por fin, a un presidente o presidenta de su grupo sin votos conservadores, tanto el presidente saliente Pedro González-Trevijano  primero como Arnaldo después han intentado persuadir a María Luisa Balaguer, del grupo progresista, para que ella sea presidenta. 

No sería sino una reedición de la operación de la derecha que «cooptó» para sus posiciones a la magistrada Encarna Roca, que formaba parte del grupo progresista, con el ofrecimiento del puesto de vicepresidenta en julio de 2012.  

El objetivo sería impedir que el magistrado Cándido Conde-Pumpido sea el presidente, puesto al que llegaría con los votos exclusivos de la nueva mayoría de votos del sector progresista (teóricamente serían siete ya que a los cuatro actuales se sumarán uno de los dos que debe nombrar el CGPJ y los dos que nombrará el Gobierno).

Por eso, claro, es relevante conocer el nombre del candidato que escogerá el CGPJ, es decir, si estará, cuando llegue el momento de la «segunda derivada» por la labor de votar a favor de Conde-Pumpido. 

La magistrada Balaguer, que ha coqueteado con la posibilidad de ser presidenta en numerosas entrevistas, precisamente durante este interregno en el que el TC ha rebajado notablemente su actividad, ha dicho la semana pasada que votará, si se da el caso, por Conde-Pumpido para la presidencia.

Conclusión: detrás de los bastidores de la resucitada presunta disposición del PP a sentarse a negociar la renovación del CGPJ está el interés de retrasar al máximo los nombramientos en el TC, la formación de la nueva mayoría progresista y la presidencia de Conde-Pumpido. 

Ya lo planteó explícitamente Esteban González Pons en julio pasado antes de que el Congreso y el Senado aprobase la modificación de la ley orgánica de 2021 para devolver al CGPJ la facultad de nombrar a los magistrados del TC. «Es la única línea roja», declaró en rueda de prensa. «Si esta tarde dicen que aceptan, nosotros esta tarde nos sentamos con ellos», añadió el pasado 11 de julio.

Y el sistema de elección tampoco es una condición. ¿Por qué? Porque, sencillamente, en el plan entregado al Gobierno en julio el PP aceptaba que se renovara el CGPJ con la legislación vigente -elaborada por el Gobierno de Aznar y continuada con cambios por el de Rajoy- y que una comisión estudiara una propuesta «que asegure un cambio del sistema de elección del CGPJ por consenso».

Al presentar el punto del orden del día de los nombramientos, Lesmes urgió a cumplir el pasado jueves 29 la Constitución y la ley Orgánica del Poder Judicial. Y dijo algo más: que de lo contrario se estaba atacando a la democracia. "                (Ernesto Ekaizer, Fuentes informadas, 02/10/22)

Ernesto Ekaizer: Los vocales conservadores que se sienten apoyados por Feijóo han dicho en el Pleno que han perdido la confianza en Lesmes porque les está apreciando con hacer los nombramientos. ¡Toma castaña! Lesmes censurado por cumplir una vez la ley.

Ernesto Ekaizer @ErnestoEkaizer

#CGPJ Los vocales conservadores que se sienten apoyados por Feijóo han dicho en el Pleno que han perdido la confianza en Lesmes porque les está apreciando con hacer los nombramientos. ¡Toma castaña! Lesmes censurado por cumplir una vez la ley.

3:07 p. m. · 29 sept. 2022
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El gobierno de los jueces se instala en la ilegalidad... al saltarse el plazo legal para renovar el Tribunal Constitucional... jueces delincuentes, pero ¿Quién juzga al juzgador?

 "Ni las presiones políticas ni los plazos establecidos por ley logran desenredar la renovación del Constitucional. El órgano de gobierno de los jueces incumplió este martes el límite temporal fijado en la última reforma de la Ley del Poder Judicial para nombrar a sus dos relevos en el tribunal de garantías. El plazo, tal y como estaba previsto desde la pasada semana, expiró finalmente sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya puesto sobre la mesa una propuesta de nombramiento que acompañe a la que le corresponde hacer también al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha decidido rebajar el tono y esperar al órgano constitucional antes de designar a sus dos magistrados. Y eso que el órgano de gobierno de los jueces tuvo casi dos meses sin apenas actividad para hacer los deberes. Sin embargo, la negociación oficial entre sectores no comenzará hasta este viernes.

Lo cierto es que el segundo martes de septiembre estaba marcado a rojo en el calendario del CGPJ desde comienzos de verano. A mediados de julio, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la reforma impulsada desde el PSOE que permitía al Poder Judicial nombrar a sus magistrados al Constitucional estando en funciones, una modificación de la ley que incluía una cláusula para obligarle a hacer las designaciones, como muy tarde, el 13 de septiembre. Pocos días después, era el Senado el que daba su beneplácito al texto, que provocaba un profundo malestar dentro del sector conservador. El presidente del órgano, Carlos Lesmes, fijó el Pleno extraordinario para el 8 de septiembre, a la vuelta de vacaciones. Cinco días antes de que expirara el plazo.

Desde la aprobación definitiva de la norma en la Cámara Alta, la actividad del órgano de gobierno de los jueces no ha sido demasiado intensa. En pleno periodo estival, la agenda institucional recoge apenas cuatro citas en ocho semanas, sin tener en cuenta la reunión extraordinaria: un Pleno ordinario y un encuentro de la Comisión de Asuntos Económicos en los últimos días de julio, otro de la Comisión Permanente el 11 de agosto y un cuarto de la Comisión Disciplinaria el 7 de septiembre.

Por tanto, el órgano de gobierno de los jueces podría haberse metido a fondo en la renovación en pleno verano. Fuentes del CGPJ explican a infoLibre que no hay "obstáculo legal" alguno que impida convocar al Pleno en agosto. "Lo puede hacer el presidente, pero también se convoca obligatoriamente si lo piden cinco vocales", apuntan esas mismas fuentes, que recuerdan que ambos sectores, tanto el conservador como el progresista, tienen margen para "forzar" dicho encuentro. Otra cosa, sin embargo, es que tuviera "sentido" hacerlo sin un acuerdo previo sobre los candidatos, porque "no serviría para nada".

"El acuerdo se trabaja fuera del Pleno, mediante contactos entre vocales", aseveran las fuentes consultadas, que recuerdan precisamente que Lesmes ya dijo al convocar a comienzos de septiembre que "esperaba" que los mismos aprovecharan el parón estival para "alcanzar un consenso sobre los candidatos". Sin embargo, no fue eso lo que sucedió. "Durante el verano los contactos fueron inexistentes, totalmente inexistentes", apuntan desde el bloque conservador. De ahí que del Pleno extraordinario marcado por Lesmes se saliese sin fumata blanca y solo con la aprobación de las reglas de juego para la elección de los magistrados al Constitucional.

Una negociación que arranca cumplido el plazo

La negociación, de hecho, no se espera que comience hasta finales de esta semana. En las últimas horas, el sector conservador designó a los vocales encargados de mantener las conversaciones –José Antonio Ballestero y Carmen Llombart– y se puso en contacto con el bloque progresista para fijar la fecha del primer encuentro formal. Se intentó que la reunión fuera presencial y se fijara cuanto antes, pero los conservadores alegaron problemas de agenda y, al final, se terminó acordando que se celebre el próximo viernes de forma telemática. El encuentro, explican desde el bloque conservador, será "abierto", es decir, que los "participantes" definirán su contenido durante el transcurso del mismo. Hasta que no haya cierto consenso sobre dos nombres, no podrá convocarse nuevamente el Pleno para llevar a cabo la renovación del tribunal de garantías.

Los magistrados que el CGPJ ha enviado tradicionalmente al Constitucional proceden del Tribunal Supremo. En el bloque progresista suenan con fuerza algunos nombres, como los de los magistrados Pablo Lucas, Ángeles Huet, Eduardo Espín o José Manuel Bandrés, todos ellos de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, o Jacobo López, que preside la Sala de lo Militar. En cuanto al sector conservador, fuentes del mismo indican a este diario que su intención es buscar también candidatos en el Alto Tribunal. Reconocen que hay algunos que gustan. Sin embargo, matizan que "no se dan las condiciones para poder nombrarlos mientras no se solucionen un par de 'cosillas". Por el momento, prefieren no ofrecer nombre alguno ni aclaran qué cuestiones es necesario solucionar para que el camino quede despejado por completo.

El incumplimiento de los plazos marcados en la ley para tener lista una propuesta de designación se produce horas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, enviase una carta al propio Lesmes en la que urgía a "poner fin inmediatamente a la situación de interinidad" del órgano de gobierno de los jueces como paso previo a estudiar una posible reforma del sistema de elección del CGPJ. Un retraso que, sin embargo, no tendrá consecuencia alguna. Al fin y al cabo, coinciden diferentes juristas pulsados por este diario, la reforma normativa aprobada para desbloquear antes de este martes la renovación ni prevé una "sanción" ni "alternativa" alguna ante un posible incumplimiento. "Dicho esto, el incumplimiento del plazo que tenía el Gobierno para nombrar a sus candidatos tampoco lo tiene. Lo que ocurre es que lo del CGPJ es más llamativo. ¿Qué ocurriría si un justiciable no respetara un plazo?", resalta un constitucionalista.

El Gobierno rechaza ahora ir por libre

El Ejecutivo, por el momento, ha pedido calma. "Estoy segura de que en unos días veremos un acuerdo", ha apuntado tras la reunión del Consejo de Ministros la titular de Justicia, Pilar Llop. Incluso ha asegurado que esperará al órgano de gobierno de los jueces antes de poner sobre la mesa los dos nombramientos que le corresponden para el Constitucional, procediendo así a la renovación de manera conjunta. Lo harán, según fuentes gubernamentales, por "respeto" al Poder Judicial. Y se resisten desde Moncloa a especificar hasta cuándo se quedarán mirando al CGPJ. "Dejemos que trabajen para llegar a un acuerdo", ha insistido Llop, quien durante toda su comparecencia ante los medios ha evitado colocar la responsabilidad del fracaso sobre los vocales: "Esta situación de bloqueo es exclusivamente por culpa del PP".

La posición mantenida este mismo martes por el Gobierno contrasta con la de comienzos de verano. El primero de agosto, sin ir más lejos, el presidente, Pedro Sánchez, aseguraba que el Ejecutivo designaría a sus dos magistrados en septiembre aunque tuviera que descolgarse del Poder Judicial. De hecho, algunos ministros defendieron públicamente que era algo que podía hacerse a pesar de que la Constitución establece que dicha renovación debe hacerse "por terceras partes". Una interpretación que comparten juristas como José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo y comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas. "No existe ninguna norma que imponga que la renovación de los magistrados [...] se haga conjuntamente. La inacción de uno de los dos órganos no puede paralizar o hacer inefectivas las decisiones autónomas del otro", apuntaba en un reciente artículo publicado en El País.

Pero el Gobierno parece decidido a evitar el choque. De momento, se ha conseguido que en el Poder Judicial todos den por hecho que tiene que llevarse a cabo la renovación, guste más o guste menos. Habrá que ver, eso sí, cuánto tiempo más será necesario para que se produzcan unos cambios que harán virar la orientación del Constitucional hacia una tendencia más progresista acorde con la mayoría parlamentaria vigente desde 2019."           (Álvaro Sánchez, InfoLibre, 13/09/22)