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26.4.23

Ayuso fichó por "su significado relieve en la enseñanza universitaria" como profesor de liderazgo a Albert Rivera en la universidad Cisneros que le regaló el título a Pablo Casado. Hoy, Albert Rivera ha fichado como profesor a Toni Cantó tras cerrar la 7NN (F. Loaiza)

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Ayuso fichó por "su significado relieve en la enseñanza universitaria" como profesor de liderazgo a Albert Rivera en la universidad Cisneros que le regaló el título a Pablo Casado. Hoy, Albert Rivera ha fichado como profesor a Toni Cantó tras cerrar la 7NN.

"Albert Rivera ficha para su Instituto de Liderazgo a Toni Cantó tras el cierre de su tele ultra" (El Rastreador , eldiario.es, 20 de abril de 2023)

En 'Porque me da la gana' de @aliciaguti en @AkalEditor se explican muchas de las tramas que envuelven a la figura de Ayuso. Muy recomendable para entender a la nueva lideresa del PP

11:10 a. m. · 20 abr. 2023 44,4 mil Reproducciones

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  "Toni Cantó está de suerte. 

Después del cierre de 7NN, el canal ultraconservador del que fue estrella, Cantó ha recibido la enésima oportunidad laboral de su vida, esta vez en el Instituto de Liderazgo que dirige Albert Rivera. El expresidente de Ciudadanos 'repesca' así a otro ex de Ciudadanos para su proyecto de Posgrado en Liderazgo Político y Management Político del Instituto Universitario de Liderazgo Cardenal Cisneros.

Cantó ya aparece, de hecho, en la página principal que anuncia el programa 'Cómo comunicar en público' de dicho Instituto, donde se describe la comunicación como “una de las herramientas con mayor capacidad de influencia y transformación y una de las habilidades propias de los líderes del siglo XXI” y que promete a los futuros alumnos “sesiones eminentemente prácticas” para “mejorar [sus] habilidades comunicativas” y “gestionar los retos y las oportunidades que se crean al hablar en público”.

“Reconocidos profesionales de primer nivel”

Según la web del Instituto, las sesiones serán impartidas por “reconocidos profesionales de primer nivel de los distintos ámbitos de la comunicación, la televisión, la radio, las artes escénicas, el bel canto, las redes sociales, los gabinetes de comunicación y los entornos empresariales y directivos”. Entre los ponentes y profesores también están el actor y director teatral Albert Boadella, la directora de Comunicación de Mediaset Sandra Fernández –ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid–, la soprano Angélica de la Riva y los ex de Ciudadanos Francisco Carrillo y Fernando de Páramo.

En la página oficial del programa también se garantiza una experiencia de “networking” para los estudiantes. “Los ponentes, líderes en sus respectivos ámbitos de actuación, compartirán en exclusiva con los participantes sus experiencias profesionales en un ambiente de cercanía y confianza. Se organizarán actividades que promuevan el networking con ellos y con el resto de las participantes”, reza la web.

El curso está dirigido a “cargos y portavoces institucionales y sus staffs y equipos de comunicación”, así como a “empresarios, directivos y profesionales que quieran mejorar sus competencias en comunicación y oratoria”.

Esta no es la primera vez que Rivera recluta a Cantó para enseñar sobre liderazgo. En 2021, el actor que ha probado suerte en (al menos) UPyD, Ciudadanos y PP ya fue invitado por Albert Rivera para dar unas clases en su recién abierto posgrado, que en ese momento describió como un “programa único en España” con “profesores de primer nivel”.                   (El Rastreador  , eldiario.es, 20 de abril de 2023)

8.11.22

La candidata del PP a la alcaldía de València elude explicar lo que cobra de la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana

 "Está en mi declaración, hacemos declaración de bienes todos los años en las Corts y en el Ayuntamiento. Efectivamente soy concejala del Ayuntamiento de València, síndica de las Corts y secretaria general pero tengo un único salario como concejala y como gran parte de concejales del Ayuntamiento de València o del Gobierno valenciano se puede compaginar con algunas clases puntuales siempre y cuando no tengan un componente de salario público”.

 Así respondía este jueves en À Punt la portavoz del PP en València y en las Corts Valencianes, María José Catalá, aspirante a la alcaldía en 2023, preguntada por su sueldo como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana.

Català, repreguntada en varias ocasiones sobre la cuantía concreta que percibe, eludió hacer pública la cifra de su remuneración: “Lo que se cobra normalmente por los créditos que imparto. Cobro lo que cobra un asociado, depende del número de créditos que se impartan. No cobro una cantidad al mes, cobro puntualmente cuando se imparte una clase, pueden ver la cifra en mi declaración de bienes”.

Sin embargo, ni en la declaración publicada en el Ayuntamiento de València ni en la de las Corts Valencianes aparece el desglose de la cuantía que percibe. En el caso del documento del Consistorio, además, consta que desde 2017 también colabora con la Universidad Cardenal Herrera y que hizo lo propio entre 2017 y 2019 en el Instituto de Educación Superior EAE, otra entidad vinculada al Grupo Planeta.

De “consultora” a “contratada”

Como informó elDiario.es, recientemente Catalá presentó un escrito en el Ayuntamiento de València comunicando que su relación laboral con la VIU modificaba su naturaleza jurídica. Según el escrito remitido el 2 de agosto, Catalá pasaba de “consultora externa” a “contratada laboral (profesora asociada)”, una acción que, apunta, no supondrá “variación de carga docente, ni de horario, ni de condiciones económicas”, las cuales no se especifican. En 2021, Catalá mantenía la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de València, actividad por la que percibe 74.000 euros brutos e impide que cobre de otras ocupaciones. En 2020 el pleno municipal acordó concederle la compatibilidad para desarrollar la actividad como docente, especialista en diversas áreas, en calidad de “consultora externa”.

En el escrito, Catalá indica que “como profesora contratada a tiempo parcial desarrollará su labor docente exclusivamente en modalidad online, con una dedicación de 24 ECTS [créditos], y en la franja horaria de 18 a 22 horas”, con dos asignaturas cada cuatrimestre a su cargo. La propia concejala ha sido quien ha comunicado al consistorio el cambio, que se produce por razones de organización de la propia universidad, de cuya plantilla pasa a forma parte. Así, el Ayuntamiento da el visto bueno al cambio de lo que se deduce que no existe ninguna circunstancia irregular, lo que aún hace más llamativa la resistencia a dar a conocer su remuneración.

En contraposición, el concejal socialista de Hacienda, Borja Sanjuán, quien también obtuvo el visto bueno para compatibilizar su actividad como edil y como profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universitat de València, no tuvo ningún reparo en declarar en el expediente que su retribución como docente asciende a 270 euros al mes, un expediente que analiza la Agencia Antifraude tras una denuncia anónima pese a estar aprobado en el pleno municipal (con el voto favorable del PP) y haber pasado por tanto los pertinentes controles jurídicos municipales.

La VIU se creó en la época de Gobierno del PP como institución académica por la Generalitat Valenciana en 2008 como oferta de formación online. En 2014, cuando Catalá era consellera de Educación, el Grupo Planeta pagó cuatro millones de euros por el 70% de la universidad, en la que el Ejecutivo había invertido más de 30 millones de euros. Planeta, con varias escuelas de negocio en su cartera, fue la única oferta en firme que se presentó al concurso en 2013 y la venta se formalizó en enero de 2014.

Actualmente Planeta tiene el 70% del accionariado, y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de los Estudios Superiores, el 30% restante. Cuando elDiario.es publicó su relación laboral con la empresa, la parlamentaria rechazó que la actividad pueda considerarse una “puerta giratoria” porque “no la ha fichado la VIU” y continua su trayectoria política en activo como concejal y diputada."                 (Carlos Navarro, eldiario.es, 03/11/22)

14.9.21

Caso de corrupción en el departamento de la UCM... insólita historia de presiones para retirarme de un concurso público, puntuaciones imposibles, entrevistas amañadas, documentos robados, amenazas y prevaricación...

 "La verdad sobre el 'caso Quirós': una crónica en primera persona.

 Ayer desayuné con una historia en prensa digital que cuenta un caso de corrupción en el departamento de la UCM donde me doctoré, y del cual soy el principal afectado. Me veo en la necesidad de aportar la información de que dispongo, rectificar alguna imprecisión y ayudar a esclarecer los hechos. Acompáñenme en esta insólita historia de presiones para retirarme de un concurso público, puntuaciones imposibles, entrevistas amañadas, documentos robados, amenazas y prevaricación. Prometo no aburrirles.

Me gusta ser profesor en Cuenca. La UCLM es una universidad que trata bien a su profesorado, y trabajo con un equipo competente y acogedor. El alumnado conquense es muy agradecido, llevo ya diez cursos y estoy muy a gusto. Sin embargo, me gustaría en algún momento volver a trabajar en Madrid, donde crecí, me doctoré y tengo a mi familia. Hacer menos kilómetros en este Ford Escort que tiene ya 25 años. Así que hace un par de inviernos decidí presentarme a las plazas que salieran aquí de mi especialidad, para tantear posibilidades.Thank you for watching

Esa plaza es para mi compañera de partido, no te presentes

Cuando, el verano pasado, apareció mi nombre en una lista de aspirantes a una plaza de Semiótica, recibí en mi teléfono un mensaje de Fernando José Quirós Fernández, jefe del departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, que es lo que ha contado El Confidencial:

"Hablamos de esa plaza y yo te hice un ruego. ¿Te acuerdas? Haz lo que creas oportuno, estás en tu derecho. Pero yo también estoy en el mío de sentirme traicionado".

En un primer momento, no entendí de qué me hablaba. Meses antes, yo había ido contando a todo el mundo que estaba echando plazas en Madrid, para que, si sabían de alguna, me avisaran. Me llegaron unas cuantas, entre ellas esta. Quirós, con quien coincidía en la Asociación ULEPICC, me pidió que no me presentase a una que sacarían en su departamento, porque era para una profesora asociada, Juana Escabias, que, casualmente, es la Secretaria de Cultura del PSOE en la Comunidad de Madrid. El mismo partido del que Quirós había sido militante muchos años. Lo cierto es que yo ni registré mentalmente aquella advertencia. Pensé que se refería a su misma plaza de Asociada, para renovar su contrato. Los asociados están obligados a ganar su propia plaza nuevamente cada cuatro años para poder seguir en su puesto (a la mitad del profesorado le ocurre esto, en realidad).

Pero yo no tenía pensado presentarme a plazas de Asociado, que ni siquiera piden currículo académico, porque están pensadas para fichar profesionales de fuera de la universidad que impartan algunas horas. Había actualizado mis 420 páginas de CV para solicitar nueve plazas a tiempo completo, de Profesor Ayudante y Contratado, de esas que sí exigen trayectoria docente e investigadora. Si no recuerdo mal, fueron cuatro en la URJC y cinco en la UCM, en hasta cuatro departamentos diferentes. Ayer mismo volvió a pasar: en casi todas quedé segundo, porque en todas ganó el candidato interno de cada departamento aunque tuviera menos méritos, pero esa otra trama queda para la segunda temporada, que si no se nos alarga mucho esta crónica.

Ante la bronca de Quirós, pensé que habría echado la plaza de Asociado por error. Una vez que tienes rellena la solicitud en el formato que pide una universidad, presentar una convocatoria más o menos no cuesta nada. Es hacer un clic más. Protocolariamente, me disculpé ante Quirós. Sólo después supe que la asociada llevaba sólo un año, y entendí el volumen del pastel.

"Retírate o ganarás, ella no puede competir contigo… y borra esta conversación"

Fernando Quirós pretendía que no echase una plaza que sí era de mi perfil y a la que yo legítimamente aspiraba, porque la reservaba para la compañera de su antiguo partido. Cuando me vio en la lista de admitidos, me echó una bronca tremenda por WhatsApp, que es la que ahora ha difundido El Confidencial:

"Vas a ganar la plaza y la asociada que tenemos dentro del Departamento se quedará de asociada nada más. (…) No puede competir con un contratado doctor, encima das el perfil. (…) Por cierto la profesora asociada necesita la plaza como el comer porque la han echado de la escuela de teatro del Ayuntamiento de Madrid. Entrarás en Periodismo y Nuevos Medios pero no esperes que yo te de la bienvenida. (…) La solución es no concurrir, pero esa decisión no me corresponde a mí. Haz lo que creas oportuno y por favor borra esta conversación".

Quirós reconocía que ella no puede competir con mi currículum y yo cumplía el perfil, me pidió abiertamente "que esperase", insinuando que sacarían en algún momento una plaza para mí. Con toda naturalidad. No era la primera vez que yo oía algo así, cualquiera que conozca la universidad conocerá esta melodía. Ya antes se me había pedido que no echase tal plaza, porque era para fulanito, y no echase aquella otra, porque era para menganita. Tonto de mí, había ido haciendo caso, también porque estaba a gusto trabajando primero en Boston, en la Universidad de Harvard, y después en la de Castilla-La Mancha. Quería jubilarme en Madrid, sí, pero no tenía prisa. Ahora tengo 41 años, unos padres de 70 y un bebé al que cuidar. La cosa va cambiando. No estoy dispuesto a dejar de presentarme a ninguna plaza pública en mi ciudad natal por capricho de nadie.

Sin embargo, en un primer momento me asusté, y me vine abajo. Reaccioné acobardado, no tuve el desparpajo y la decisión que gastan los hijos de buena cuna, cuando se saben sobradamente merecedores de cualquier puesto. Sorprendido y asustado ante el monumental broncazo, quise en caliente aplacarle y le dije que valoraría retirarme, o no reclamar. Que se tranquilizase. Sabía cómo se las gasta y sé del poder que tiene un catedrático como Quirós, candidato a Decano, fundador y expresidente de la Asociación Internacional de Investigación ULEPICC, a cuya junta directiva yo pertenecía en ese momento (hoy ya no, claro). Todo un patriarca capaz de levantar teléfonos y mover hilos para hacer descarrilar una carrera, como efectivamente intentó más tarde. Pero no nos anticipemos.

Días después, hablándolo en frío con mi pareja, me repuse. Decidí que ya está bien, que ocurra esto mil veces no justifica que ocurra mil y una. Si todos tragamos con estas trapacerías por sabernos impotentes e indefensos, pequeñitos y amenazados con el aislamiento profesional, nunca cambiará la institución. Bien sabía que todo el mundo tiende a cerrar filas con el poder cuando están en juego sus lentejas, pero aun así decidí seguir en el concurso. E inicié el largo viaje hacia lo más hondo de la madriguera de la endogamia complutense. El infierno de un pulso individual kafkiano contra la corrupción institucionalizada. Una pesadilla que todavía continúa.

Puntuaciones imposibles, y aun con eso no bastaba

Cuando salieron las puntuaciones, fue la primera sorpresa. Quirós había nombrado un tribunal de fieles. A Juana Escabias, que había sido fichada el curso anterior como profesora asociada y tenía por tanto sólo un año de experiencia, le otorgaron la máxima puntuación en docencia (2.0), diez veces más que a mi candidatura (0.2). Hace doce años que imparto clase en universidades públicas de España, así como en Italia y Estados Unidos, siempre en asignaturas relacionadas con el perfil de la plaza. Era del todo imposible. Alguien de esa misma Facultad me sopló cuál sería la trampa: le contabilizarían como si fuera docencia universitaria las clases que imparte en la escuela municipal de teatro, a la que asisten menores y algunos adultos, pero sin pasar Selectividad ni EvAU. No hay otra posibilidad, me dijeron.

En cuanto a investigación, la cosa fue aún peor. Juana Escabias presentaba como méritos científicos sólo reseñas de teatro, ediciones de obras ajenas, actas de congresos, pequeños ensayos publicados en revistas no científicas ni académicas, y producción divulgativa relacionada con el teatro. Investigación, a parte de su tesis, prácticamente nada. Su producción por otro lado, era la normal: eso es lo que cabe esperar de un profesor Asociado, porque no tiene trayectoria en la universidad, sino en el ámbito profesional. Pero, en un concurso público para profesor Ayudante, se valoran las publicaciones científicas indexadas, con resultados de investigación originales, de las que yo presentaba veintiséis. Ella, en rigor, presentaba sólo una. No aparecía en las bases de datos académicas de referencia como Google Scholar, Scopus o ResearcherID, no tenía un índice-h, ¡ni siquiera tenía un número ORCID, que es el código oficial que piden las revistas académicas para poder publicar en ellas! No había sido aún matriculada como investigadora. Las publicaciones que presenté (y las tesis que he dirigido), tenían relación directa con el perfil de la plaza (Teoría de la Información y Semiótica de la Comunicación, no dramaturgia), las suyas no, o muy indirectamente. Sin embargo, ella obtuvo el triple de puntuación, casi la nota máxima, y yo casi la mínima. Abracadabra.

Aun con eso, mi candidatura seguía ganando en el cómputo global por dos décimas, debido a que en otros campos (como formación, estancias en el extranjero, etc.) la vacuidad de su expediente era tan manifiesta que no había cómo arañar décima alguna. Así, de los 12 admitidos a concurso, sólo ella y yo pasamos a la segunda y última fase: la entrevista personal. El trámite donde siempre se cuecen las grandes remontadas y disparidades de puntuación en las plazas "con bicho". Que son muchas, en ese departamento. Ya hubo casos célebres en el pasado.

Entrevista amañada e irregular

En vista del panorama, acudí acompañado de testigos a la entrevista y, asesorado por un abogado, grabé toda la sesión pública, que es lo recomendable en estos casos (Sentencia nº114/1984 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 286/1998 del Tribunal Supremo). Menos mal que lo hice. Aquella sesión fue un sindiós en muchos sentidos.

El primero, porque el miembro de más edad y presidente del Tribunal, el profesor Jorge Lozano, no escatimó en alabanzas a mi currículum cuando le llegó el turno de valorarme:

"Le voy a confesar algo, no entiendo nada, si me permite, porque ese currículum supera al 95% de los catedráticos de esta facultad. Realmente sorprende mucho, Ud. tiene un Récord Guinness, no conozco muchos ayudantes que hayan dirigido tesis doctorales. (…) El problema tremendo en el que Ud. está, me ha recordado, si me permite, el verso de las siete y media que dice "Ay de ti si no llegas, más si te pasas, si te pasas es peor". Es decir, yo sinceramente, no sé qué hacer con un tan excelente currículum. (…)

Yo le agradezco mucho, es más, le invito a tener una conversación conmigo cuando no nos vean los de su grupo, porque, sinceramente, es muy difícil encontrar gente con pasión por la semiótica, (…) incluso entre muchos que imparten semiótica.

Me chirría que diga que quiere venir a un departamento a impartir semiótica, yo le invito a un bar, quiero decir, que este es el inicio de una gran amistad. Yo no puedo preguntarle más cosas. Ud. es víctima del currículum español, yo le digo que Ud. entrega ese currículum en Bolonia [epicentro internacional de estudios en Semiótica, perfil solicitado por la plaza] e imagínese, claro, Ud. lo sabe., ocho años de semiótica… no sé si tienen ese currículum Paolucci o Marsciani, en los que Ud. se apoya.

Quiero decir, felicidades, le admiro mucho, ¡cómo ha podido Ud. compatibilizar todo esto!, yo debo ser muy lento, es decir, tantas asignaturas, tantos idiomas, tantas publicaciones, tantos proyectos de investigación, realmente es algo verdaderamente admirable."

Mis oídos no daban crédito, ¡hay un díscolo!, pensé, aliviado. Hasta que entendí cuál era su estrategia. Lozano quería decir que yo tenía demasiado CV para esa plaza y que por eso no me iban a admitir. Puse ojos como platos. "Con permiso", respondí, "sólo en las plazas de Ayudante No Doctor se puede descartar a alguien por exceso de CV, en el caso de que tenga el doctorado. Pero en el resto de niveles, no existe la sobrecualificación: se publica un baremo, se evalúan los méritos presentados y lo que sale, sale, sin más. No se puede tener demasiados méritos". Héctor Fouce, secretario del tribunal y mejor informado de la normativa, asentía con cara de desesperación a mis palabras. Esa estrategia improvisada por Lozano había remado a contracorriente. No se habían coordinado bien.

En esas estábamos cuando irrumpió en la sala el quinto miembro del Tribunal, el profesor Joaquín Sotelo, que había faltado a toda la sesión porque estaba "repartiendo desayunos en su Colegio Mayor", según se me informó y recoge la grabación. Llegó en el minuto 37:47 de la sesión, después de que hubiera terminado mi exposición y respondido a las preguntas del tribunal. No pudo por tanto presenciar la entrevista, pero eso no le impidió evaluarla, emitir veredicto y firmar tranquilamente las actas, como si nada. Ese comportamiento le ha valido ser cesado e inhabilitado por Rectorado como miembro del tribunal.

Los disparates no habían hecho más que empezar. Terminada mi entrevista, me expulsaron de la sesión pública. Hector Fouce me informó de que mis acompañantes y yo debíamos abandonar la sala por exceso de aforo, debido al covid. No podía estar en la entrevista a Juana. "Pero son sesiones públicas", dije. "Si me voy yo, se vulnera mi derecho a presenciarla. Habilitemos un medio telemático, un teléfono con Skype, y yo la sigo a distancia". Imposible, me dijeron, eso no se puede hacer, te tienes que ir. Me negué, tranquilamente y sin perder los nervios, como acredita la grabación.

 Ellos se negaron a comenzar. Finalmente, me dejaron sentarme en el aula contigua, dejando la puerta abierta. Dos profesoras entraron a la sala de la entrevista después de eso. E incluso cerraron las ventanas porque tenían frío. Nadie se quejó por ello. Tras una sucesión de alabanzas sin fin a su tesis doctoral, y como era previsible, la puntuación que se le otorgó en esa entrevista daba la vuelta al marcador. La plaza era suya. Hablamos de un salario de unos 1.250€ netos al mes. Son los juegos del hambre.

Documentos robados del archivo y méritos falsificados

Llegado ese punto, indignado por la sucesión infinita de trapacerías, decidí llegar al fondo de la cuestión. Presenté reclamaciones ante el Rector, el Decano, e Inspección de Servicios, adjuntando la documentación de los hechos —es lo que publicó ayer El Confidencial—. Solicitaba acceder a los expedientes para poder preparar la denuncia. El Rectorado admitió mi reclamación, me dieron acceso a los expedientes.

Allí me planté una mañana de sol, con mi bloc de notas dispuesto a documentar la denuncia en detalle. El personal de Rectorado me facilitó amablemente todas las carpetas, y pude recorrer de uno en uno los certificados de méritos presentados por Juana Escabias. Por supuesto no presentaba docencia ni investigación para competir con mi currículo, menos aún para sacar hasta tres y diez veces más puntuación. Todo era un despropósito. 

 Eso sí, el currículo estaba primorosamente ordenado, con índice y números de página, todo en su sitio. Todo, salvo un certificado, el más importante, el que yo iba buscando. Había desaparecido. Allí estaba su carpetilla trasparente de plástico, en el lugar esperado y con la etiqueta de lo que debía contener… pero vacía. Alguien se había llevado el certificado.

Ese era precisamente el papel que acreditaba su docencia. El personal de Rectorado, muy cooperador en todo momento, no daba crédito. "Debe tratarse de un error" me dijeron, "de lo contrario esto sería muy grave". "Blanco y en botella…" me dijo un señor con cara de poca sorpresa. "No dejes de reclamar, chaval. Pero tampoco esperes éxito". Removieron Roma con Santiago buscando el papel, he de decir, incluso llamaron a Secretaría de la Facultad, y consiguieron que nos enviasen el expediente en versión digital. Allí sí estaba el certificado faltante, escaneado.

 Efectivamente, se trataba de docencia impartida en una escuela municipal de teatro del Ayuntamiento de Madrid, por tanto, no era educación superior en ningún caso, y no tenía nada que ver con el perfil solicitado en la plaza. Desde la Facultad, nos confirmaron que Juana Escabias había pedido acceder a su propio expediente "para hacer una comprobación" después de que yo hiciera mi reclamación y pidiera acceso. Así lo afirma un testigo presencial. Si fue ella misma u otra persona quien sustrajo el certificado inválido, dejando la carpetilla vacía, no podemos saberlo.

Pero ahí no acabó la mañana. No encontré el papel que buscaba, pero encontré otro que no buscaba. Que ni siquiera sospechaba que pudiera existir. Héctor Fouce, secretario del tribunal evaluador y también co-director del Grupo de Investigación del que yo mismo formo parte desde antes de hacer la tesis, había firmado un papel a Juana Escabias como si perteneciese a nuestro grupo. Así ella podría ponerlo como mérito. Sólo había un problema: ni yo ni prácticamente ningún miembro del grupo la conocíamos de nada, no estaba en el grupo de correo ni de WhatsApp del equipo, jamás había aportado nada al mismo, ni asistido a ninguna de las reuniones o seminarios. 

Así lo han corroborado varios miembros del grupo por escrito. La catedrática fundadora y codirectora del mismo confirmó que no tenía noticia de esa incorporación, que no sabía por qué Héctor habría firmado ese papel. Vamos, que ese mérito era, si no falso, construido ad-hoc para esta plaza. Juana empezó a asistir al grupo sólo cuando se supo que yo no me retiraba del concurso. Poco después, claro, yo dejé de asistir. Y como dice el compañero de la columna vecina, Quique Peinado, aquí me cerré otra puerta. O muchas.

Rectorado me da la razón, pero inventan nuevos trucos

Tras acceder a los expedientes, pude ampliar y detallar aún más mi reclamación ante Rectorado. Funcionó. Estimaron de nuevo mi demanda, accediendo a mis peticiones de repetir de nuevo el proceso, incluyendo la entrevista y sobre todo la baremación, contabilizando todos mis méritos. En su resolución, Rectorado concluye que "la Comisión de Selección no ha aplicado correctamente la disposición reguladora" a la hora de baremar los apartados de 1) investigación, 2) docencia y 3) experiencia profesional. Les obliga a empezar de nuevo, les da la opción de hacerlo bien.

Además, la composición del Tribunal tendría que cambiar, porque el profesor Sotelo había sido inhabilitado, y el profesor Lozano desgraciadamente había fallecido a causa del covid. Deberían por tanto entrar los dos miembros suplentes, que estaban nombrados desde el principio del proceso, para completar el tribunal de cinco en caso de ausencias. Cinco es la cifra considerada idónea por la Complutense para estos tribunales, salvo imprevistos. Problema: los suplentes ya no serían manipulables, no admitirían formar parte de esta pantomima. Había un rayo de esperanza, al fin y al cabo. Eso creía yo.

La comisión se negó a convocar a los suplentes, incluso aunque alguno de ellos, me consta, lo solicitó expresamente. Sesionó rápidamente y en secreto, con sólo tres miembros, los mismos de la anterior ocasión: Héctor Fouce Rodríguez, Elvira Calvo Gutiérrez y Raquel Caerols Mateo. Y así, repitiendo sus miembros, repitieron nuestras puntuaciones. O casi. Variaron lo mínimo posible, tan sólo una décima. Y porque el formulario no admite centésimas, supongo. 

Además, idearon un nuevo resorte: de todos los candidatos descartados en primera ronda, de repente hubo uno que sí subió mucho, no una décima, sino ¡dos puntos enteros! Rescatado de su descarte, esta persona me quedaba ahora por encima, por si acaso se caía la candidatura de Juana, que en todo caso la plaza no fuera para mí. Así de flexibles son las baremaciones. De repente, seríamos tres para la nueva entrevista pública. Se las saben todas.

To be continued…

El abogado me aconsejó recusar ese tribunal antes de la entrevista por la amistad y enemistad manifiestas demostradas durante todo este proceso, como evidencia su negativa a incluir suplentes, por permitir evaluar la entrevista a miembros ausentes, o por los certificados emitidos ad-hoc por miembros del tribunal. Así lo hice, aunque ya con gran desesperanza, vista la rica variedad de mecanismos de que el poder dispone para reafirmarse en sus abusos. Efectivamente, no se admitió. Volverán a evaluar los mismos. Sin embargo, Inspección de Servicios sí ha admitido el caso a trámite y está en espera de la resolución final para actuar.

Y así termina la primera temporada de este intrincado drama. Habrá que esperar nuevos capítulos para ver si la entrevista transcurre según lo previsible o hay sorpresas. Veremos si el caso se resuelve en el ámbito universitario, contencioso, penal, o si llega al Supremo o a Estrasburgo. Personalmente, apostaría a que la institución demostrará todo su poder para dejar claro a cualquier aspirante a intruso que, aunque logre meter cabeza sin estar invitado a la fiesta, en el fondo no es ni será nunca uno di noi."                (Miguel Álvarez Peralta, InfoLibre, 09/09/21)

10.6.21

Máster de Cifuentes: crónica de una coartada fabricada en 24 horas

 "La carrera política de Cristina Cifuentes quedó arruinada en poco más de un mes. Transcurrieron 36 días entre las primeras informaciones sobre su máster irregular y su dimisión, que intentó evitar hasta el final. 

Y terminó sentada en el banquillo de los acusados por la exclusiva que reveló El Confidencial: dos de las tres firmas que contenía el acta que enseñó para demostrar que había realizado el curso en Derecho Autonómico se falsificaron. Ni hubo tribunal de evaluación ni existió la presentación del examen final, como ella aseguró.

Los días previos a la publicación de la primera noticia clave del caso, el 4 de abril de 2018, fueron muy tensos en la redacción. Por dos vías distintas, teníamos la certeza de que el acta del máster se había fabricado de un día para otro, cuando ‘elDiario.es’ contó que las notas que salían en su expediente académico no eran reales. Pero la información que llegó a la redacción de El Confidencial iba un paso más allá, siendo de extraordinaria gravedad para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid: se había construido una coartada que implicaría más adelante la acusación de un delito de falsedad documental. De hecho, Cifuentes terminó en el banquillo de los acusados solo por esa razón. 

 El primer aviso lo dio una fuente a través de una segunda persona con la que mantuvimos un encuentro directo. Aquella reunión sirvió para concretar datos y darnos cuenta de que en la piscina había agua. Teníamos que seguir investigando, ya que la información era muy sensible por distintas razones. Las consecuencias de la revelación podían contribuir, como finalmente ocurrió, a la dimisión y procesamiento judicial de la dirigente. Cifuentes atesoraba, además, mucho poder. No solo era la presidenta regional, sino también un talento político al alza, ya que figuraba en todas las quinielas como posible sucesora del entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Durante varios días, los periodistas más implicados en la investigación, José María Olmo, David Fernández y Rafael Méndez, se centraron en ir comprobando cada indicio, averiguar más detalles y contrastar. Las informaciones eran cada vez más coincidentes, a pesar de que llegaban por distintas fuentes: horas después de que se hubiera publicado la información del máster irregular, se puso en marcha una operación para salvar a la presidenta.

Cifuentes grabó un vídeo a altas horas de la noche para enseñar el acta sobre su trabajo fin de máster. La intención, obviamente, era dar carpetazo al asunto. Pero, al final, solo consiguió agrandar las sospechas. El folio, sabía ya El Confidencial, se había fabricado en unas pocas horas y contenía dos firmas falsas. La propia directora del máster, Cecilia Rosado, reconocería más tarde haberlas usurpado siguiendo las órdenes de Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (y fallecido en 2019 en mitad del proceso judicial).

 Después de reuniones internas con los principales responsables del periódico y tiras y aflojas constantes con las fuentes para atar cabos, el 4 de abril de hace tres años publicamos: “El acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas”. Al consultar al entorno de la presidenta para que explicara su versión, se limitaron a asegurar que ella simplemente mostró el documento que la Universidad Rey Juan Carlos le hizo llegar, dando a entender que no sabían nada de lo que íbamos a publicar.

La misma tarde en que El Confidencial sacó su exclusiva, Cifuentes compareció en el pleno de la Asamblea y se negó a dimitir, insistiendo en que lo que había era “una operación política y de descrédito” contra ella. También insistió en que completó el máster y que ella en persona acudió a defender su trabajo final en el campus que la universidad tenía en Vicálvaro. Pero al día siguiente este periódico desvelaba que nunca hubo un tribunal que la examinara, ni las profesoras se reunieron para evaluar el trabajo fin de máster. Mientras íbamos obteniendo más detalles del caso, ni las profesoras del máster ni Álvarez Conde contestaban a las llamadas y mensajes de texto. El trabajo de verificación de este periódico fue crucial ante el silencio sepulcral de los protagonistas, que iban viendo cómo el hoyo se hacía cada vez más profundo.

Y es que políticamente las cosas se ponían feas para Cifuentes. Dentro del PP, se vivió una especie de esquizofrenia transitoria. Justo después de la revelación de la falsificación de las firmas, el partido celebraba su convención nacional en Sevilla y allí hubo un cierre de filas sin matices con la presidenta madrileña. “Siento el apoyo. Si no, no estaría aquí”, dijo en la capital andaluza ante decenas de medios de comunicación. Tres días más tarde, todo cambió. Su socio de gobierno, Ciudadanos, amenazaba con descabalgarla de la Puerta del Sol si no se apartaba y ahí sí saltaron todas las alarmas en Génova.

 Mariano Rajoy, de viaje en Argentina, evitó dar un apoyo expreso a la dirigente. Una semana más tarde, nadie dentro del PP quería mostrar su respaldo públicamente. Algunos incluso entendían un “desafío” su resistencia a dimitir, desconfiando de que otra solución fuera posible. Fue el 24 de abril cuando por la mañana y sin que Rajoy se lo llegara a pedir (no hizo falta), la presidenta, enfundada en un traje blanco y su característica coleta rubia, dimitía tras el caso máster y ahogada por el vídeo en el que aparecía robando unas cremas de un supermercado Eroski. Cifuentes abandonó la política de manera radical.

Hace apenas dos meses y medio, el 15 de febrero de este 2021, la Audiencia Nacional de Madrid la absolvió por el caso máster. La Fiscalía había pedido para ella tres años y tres meses de cárcel. Sí condenó a las otras dos acusadas (Rosado, como autora de la falsificación de las firmas, y María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación, como inductora de la falsificación). El personaje de Feito fue clave, porque actuó como intermediaria entre la universidad (donde había dado clases de inglés tiempo antes) y la Comunidad de Madrid.

La verdad judicial dice que no se pudo probar “contacto alguno” entre las dos condenadas y Cifuentes. Parece improbable que Feito decidiera por sí misma organizar una operación para falsificar el documento clave para Cifuentes, pero la sentencia insiste en que no se pudo probar que existiera una orden desde la presidencia de la comunidad para fabricar la coartada. La gran promesa del PP no tiene ya causas pendientes con la Justicia, pero se tuvo que apartar de la política por completo."                                   (Paloma Esteban, El Confidencial, 09/06/21)

28.1.21

¿Es posible aprobar la mitad de la carrera de Derecho en cuatro meses? Pablo Casado superó 12 asignaturas entre junio y septiembre de 2007

 "El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tardó siete años para aprobar 13 asignaturas de Derecho, pero en sólo cuatro meses superó 12 materias. Lo consiguió después de trasladar su expediente académico desde el ICADE al Centro de Estudios Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense. Pero, ¿es posible aprobar casi la mitad de la titulación en tan poco tiempo?

El exdirector del Centro de Estudios Cardenal Cisneros cuando Casado cursó sus estudios, Alberto Pérez de Vargas, ha admitido que hubo llamadas de altos cargos del PP y de la propia expresidenta madrileña Esperanza Aguirre para que se diera “facilidades” al dirigente popular, que acababa de sentarse como diputado en la Asamblea de Madrid, tras su etapa como líder de las juventudes populares.

Casado consiguió el título tras aprobar 12 asignaturas del plan de estudios de Derecho de 1953, que constaba de 25 asignaturas en cinco cursos. Lo hizo entre junio y septiembre de 2007

Muy difícil, salvo que sea un superdotado
El dirigente popular había iniciado sus estudios en el ICADE en 1999 y había agotado convocatorias en esa universidad. En 2005 decidió trasladar su expediente al Cardenal Cisneros. Él lo ha justificado por razones de cercanía.

Profesores de varias facultades de Derecho de universidades españolas han valorado, en declaraciones a El Mundo, como “muy difícil, casi imposible”, “muy complicado”, salvo que se trate de “un alumno superdotado” que alguien pueda aprobar tantas materias, la mitad de una carrera, en tan poco tiempo.

 Según el expediente académico de Casado, en febrero de 2005 se matriculó de 13 asignaturas en el Centro de Estudios Cardenal Cisneros, pero no se presentó a ningún examen. En mayo fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, además era asesor del entonces vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada; y secretario de la Comisión de Seguridad del PP de Madrid.

En el curso 2005-2006 se matriculó de nuevo de 13 de las 18 asignaturas que le quedaban, pero aprobó seis y en el siguiente, y último, 2006-2007, se matriculó de las 12 que le faltaban. Entonces, Esperanza Aguirre lo incluyó en las listas a la Asamblea de Madrid, donde consiguió en escaño como diputado.

En junio de 2007, ya diputado, Pablo Casado superó seis asignaturas con cuatro aprobados, un notable y un sobresaliente, mientras que en septiembre terminó las otras seis que le faltaban: con dos notables y cuatro aprobados."                   (El Plural, 17/05/18)

7.1.20

La OCDE aplaza los resultados de las pruebas de lectura de España para el estudio PISA por sospechas de fraude

"La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha suspendido la publicación de los resultados españoles de lectura del Informe PISA 2018 tras detectar un “comportamiento de respuesta inverosímil” en algunas zonas de España. Por ello no se darán a conocer el 3 de diciembre, como estaba previsto, junto a los de Matemáticas y Ciencias. 

La decisión de “aplazar la publicación” se ha consensuado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional español. La OCDE y el Gobierno español investigarán las “posibles fuentes de estas anomalías”, según ha explicado la OCDE en un comunicado. 

“Sabemos que al menos afecta a un 5% de los alumnos, pero podría ser la punta del iceberg. Estamos investigando más en detalle”, ha afirmado a EL PAÍS la analista senior del departamento de Educación de la OCDE y responsable del análisis de datos de PISA, Miyako Ikeda. Se examinaron casi 36.000 alumnos de 1.102 centros de todas las comunidades y de titularidad (pública, concertada y privada), lo que supone que al menos los test de 1.800 escolares de 15 años —en 4º de ESO si no han repetido ningún curso— tienen unos resultados anómalos.

 El “comportamiento inverosímil” se produjo en una sección nueva de la prueba de lectura denominada “fluidez lectora”. La organización descubrió que muchos españoles contestaron a esta sección de “manera apresurada”, de forma mucho más rápida que la media, lo que levantó las sospechas: por lo general los alumnos emplean entre 50 segundos y más de dos minutos en contestar a las preguntas de esta sección, en la prueba española muchos lo hicieron en “menos de 25 segundos en total”. Además, “estos estudiantes respondían siguiendo ciertos patrones: todas sí o todas no”. (...)

La OCDE subraya que ese comportamiento de respuesta anómalo “no ha sido uniforme en toda la muestra del país, sino que se ha observado sobre todo en determinados centros educativos de algunas zonas de España”, que no especifica. Según Ikeda, no hay puntos concentrados, sino que las anomalías son un problema “extendido” que se han producido “en zonas muy diferentes” del país, lo que refuerza la idea de un fallo no intencionado en vez de un eventual fraude. En cualquier caso, ha agregado, “es una proporción muy pequeña de los estudiantes, por el momento”.  (...)"          (Silvia Ayuso, Elisa Silió, El País, 17/11/19)

14.10.19

El plagio circular de los Maqueda: dos tesis copiadas en familia desnudan a la UCJC

"La familia Maqueda investiga unida. Los hermanos Aitor y Maider Maqueda Solórzano simbolizan como nadie los abusos en las tesis doctorales en la Universidad Camilo José Cela, el centro privado en el que se doctoró Pedro Sánchez. Los Maqueda leyeron su tesis en 2012 con ocho meses de diferencia. 

En uno de los casos aparece su padre, un catedrático de economía que fue senador del PNV, como codirector de tesis y los dos textos no solo tienen capítulos calcados entre sí, sino que reproducen a lo largo de páginas y páginas sendos discursos de ingreso del padre a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en 2003 y 2008. El tribunal que los evaluó fue casi el mismo y coincide con el que dio luz verde a la tesis de una alto cargo de la Comunidad de Madrid que dimitió tras desvelarlo 'ABC'.

Los nombres son casi siempre los mismos. En noviembre de 2012, Maider Maqueda Solórzano leyó su tesis en la Camilo José Cela. La tesis [en pdf], titulada 'Márketing, protocolo y responsabilidad social en las empresas del Ibex35', obtuvo un sobresaliente 'cum laude', como casi todas en España. Había sido dirigida por el vicerrector de investigación de la universidad, Adolfo Sánchez Burón, y por su propio padre, al que define como "guía y referente" en los agradecimientos. El padre, catedrático de Economía en la Universidad del País Vasco, ya está jubilado y tiene multitud de publicaciones. Fue senador del PNV entre 2004 y 2008.

El tribunal estaba presidido por Alfredo Rocafort Nicolau, catedrático de la Universidad de Barcelona y compañero del padre en la Real Academia de Ciencias Económicas, y contaba con Marian Taboada, profesora en la propia Camilo José Cela, a la que ascendió de profesora de inglés en el colegio Sek, dueño de la Universidad, y Francisca Parra Guerrero, asociada en el mismo centro.

Ese mismo día y en la misma universidad, los dos directores de la tesis y el presidente del tribunal evaluaron la tesis de Concepción Canoyra, un texto plagiado que le ha costado el puesto a la directora de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid. El caso, desvelado por 'ABC', está siendo investigado porque ese mismo texto lo presentó después con éxito un directivo de la Camilo José Cela en la Complutense.

Los nombres dan vueltas y reaparecen en distintas tesis con plagios. Ocho meses antes, leyó la tesis en la misma universidad Aitor Maqueda Solórzano. Tenía como director de tesis al mismo que su hermana y tres de los cinco miembros del tribunal eran los que evaluaron a la otra Maqueda. El título de su tesis era 'Los factores clave del éxito en los procesos de creación de empresas: financiación, márketing e innovación' y su objetivo era "el estudio de las necesidades de los emprendedores en la creación de nuevas empresas en el estado español". Tanto Aitor como Maider se presentan en la web como miembros de honor del Consejo Superior de Doctores, del que es vicepresidente su padre.

Las dos tesis, comparadas por este diario, tienen capítulos plagiados, como desveló una cuenta de Twitter dedicada a destapar plagios universitarios y que pide no ser revelada. Aparte de que los agradecimientos —irónicamente se intercambian los nombres para que cada hermano felicite al otro— y las bibliografías son casi iguales, la tesis de la hermana tiene 26 páginas idénticas a las del hermano. Los dos primeros capítulos de la tesis de Maider son los capítulos cuatro y cinco de la tesis de Aitor. Además, los hijos plagian los discursos de ingreso del padre, codirector de una de las tesis, a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, el primero en 2003 como electo para Bizkaia y el segundo en 2008 como numerario. Las biografías de las tesis de ambos hermanos recogen hasta nueves obras del padre, todas idénticas, pero no hacen alusión a estos discursos.

Según Turnitin, el programa estándar antiplagio que usan las universidades, la tesis de Maider tiene un 19% de coincidencias con Aldo Olcese, un doctor en Economía, más un 15% de cosas ya publicadas, fundamentalmente la tesis de su hermano. Es decir, un 39% de la tesis no es original, a lo que hay que sumar que casi 70 páginas de la tesis de Maider reproducen capítulos exactos del discurso de ingreso de su padre como académico electo en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en 2003. Maider reproduce íntegramente 82 de las 109 páginas del discurso de su padre (todos los capítulos menos el primero y el último), que coinciden con las páginas de la 87 a la 153 de su tesis.

Turnitin da para la tesis de Aitor un porcentaje de coincidencia del 27% y tampoco evalúa las copias a su padre. La tesis de Aitor reproduce íntegramente 31 páginas —gráficos incluidos— del discurso de ingreso de su padre como académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en 2008, tras su paso por la política como senador del PNV. En concreto, los capítulos 14 y 15 de la tesis del hijo son idénticos a los epígrafes II, III y VII del discurso de Maqueda Lafuente nueve años antes.

El discurso de ingreso de Francisco Javier como académico numerario fue contestado por Alfredo Rocafort Nicalau, que fue el presidente del tribunal de las tesis de ambos hijos, Aitor y Maider, y que también evaluó la tesis de Concepción Canoyra. Ninguno de los afectados contestó el viernes a los mensajes de este diario. "Muchas gracias por darme la oportunidad de participar, pero lógicamente debo rehusar tu ofrecimiento", respondió por correo uno de ellos. Rocafort es catedrático en la Universidad de Barcelona, una universidad pública. Era entonces presidente de la academia de doctores y en el tribunal que evaluó la tesis de Aitor participó como vocal el secretario de esa organización, José Daniel Barquero Cabrero.

Un miembro del tribunal sí habló bajo la condición de anonimato. "Me avisaron en el último momento para ser miembro del tribunal. No me preocupé de nada de eso, la verdad". A pesar de los plagios, este profesor de universidad pide relativizarlo al haber usado páginas enteras procedentes del padre. "El padre es catedrático y era codirector de la tesis y le habrán pedido permiso". Los profesores acudían a los tribunales de tesis para engordar el CV. "A veces te mandan la tesis la noche antes y la lees aunque acabes tarde".

La universidad no contestó a este diario más que con un comunicado genérico. A pesar de que las preguntas eran sobre los Maqueda replicó con una investigación sobre el caso destapado por 'ABC', con los mismos protagonistas. "La Universidad ha revisado el procedimiento administrativo y ha comprobado que en las tesis aludidas se cumplieron los trámites y exigencias conforme a las normas internas y externas que resultaban de aplicación".
 
En ese momento la Camilo José Cela estaba empezando su proceso de producción masiva de tesis. Fundada en 2000 y propiedad del grupo empresarial SEK, que antes tenía un colegio, fue pilotada por el exsecretario de Estado para el Deporte con el PSOE Rafael Cortés Elvira. La Universidad Camilo José Cela lista un total de 182 tesis doctorales publicadas en el repositorio Teseo, del Ministerio de Educación

Prácticamente, la mitad de las tesis doctorales leídas en la universidad (93) se defendieron en los cursos de 2015 a 2017, dado que la aplicación del Plan Bolonia obligaba a presentar las tesis antes del 10 de noviembre de 2015 y defenderlas antes del 11 de febrero de 2016 bajo pena de ser expulsados de los programas de doctorado, aunque muchas universidades incluyeron moratorias a estas fechas. La universidad tenía un programa que permitía obtener la tesis en dos años.
 
Pedro Sánchez es doctor por la Camilo José Cela con una tesis que reproduce documentos que obtuvo del Ministerio de Industria de la época y que no eran accesibles al público. El periodo 2012/13, en el que leyeron sus tesis el presidente del gobierno en funciones y los hermanos Maqueda es, fuera del periodo señalado, el más productivo de la historia de la UCJC con 23 tesis doctorales presentadas.

Fuentes del sector explican que la Camilo José Cela necesitaba muchos doctores para poder dar clase incluso como asociados, lo que hizo que se pusiera en marcha la fábrica de producir tesis y dar doctorados de manera exprés. Eso ayuda a explicar alguno de los CV que tienen sus fundadores. Marian de la Morena Taboada, profesora de la UCJC y que evaluó las tesis de Maider y Aitor, pasó de dirigir el departamento de inglés el colegio internacional SEK-El Castillo, el precursor de la universidad, a dar clase de grado.

En la web de la universidad cita como especialidades disciplinas sin respaldo científico como el mindfulness o la programación neurolingüística. Según explica en la web de la universidad, "se ha especializado en diferentes herramientas educativas para potenciar el autoconocimiento y crecimiento personal como Mindfulness, Comunicación No-Violenta en el Marshall Rosenberg Institute de Nueva York, Educación Transpersonal y Programación Neurolingüística. Además, ha desarrollado una labor de divulgación e implantación del mindfulness".

La Camilo José Cela, con 3.500 alumnos, es una de las grandes universidades privadas de Madrid. El negocio de la educación superior privada se ha multiplicado en los últimos 20 años. El sector vive un boom económico por la alta rentabilidad que ofrece. Como desveló este diario, el fondo CVC compró en marzo la Universidad Alfonso X, con algo más de 2.000 alumnos, por 1.100 millones
 
El caso de la Camilo José Cela ha salpicado a la Complutense de Madrid, que se comió una tesis ya presentada en el centro privado. Pero hay centros con controles estrictos antiplagio. Jacobo Dopico, catedrático y miembro de la comisión de doctorado de Derecho en la Carlos III, explica el procedimiento allí para evitar plagios. "Tenemos controles antiplagio electrónico no solo en las tesis doctorales, también en trabajos académicos previos de fin de máster. Tienes que subir el trabajo a la aplicación que automáticamente pone a disposición de los miembros del tribunal la tesis y el resultado del Turnitin".

Turnitin no detecta copias sino coincidencias así que es posible que en textos legales, por ejemplo, haya muchas citas de jurisprudencia que aparezcan como plagio cuando no lo son. Dopico explica que "cuando hay una coincidencia por encima de un porcentaje razonablemente bajo es obligatorio que el doctorando responda y explique ante la comisión de doctorado cuáles son los motivos de estas coincidencias y debe ser revisado por el director de la tesis. Si el informe no pareciese una justificación suficiente se encarga un análisis externo y si hay plagio se le anuncia que el informe de plagio lo tendrán todos los vocales. La amenaza es de una entidad tan enorme que no se ha tenido que utilizar nunca".                      (Rafael Méndez, El Confidencial, 05/10/19)

10.10.19

Un directivo de la Camilo José Cela se doctoró con la misma tesis plagiada de la directora general de Ayuso

"El director de Carreras Profesionales y Emprendimiento de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), José Luis Málaga, se doctoró en la Complutense con la misma tesis que supuestamente plagió Concepción Canoyra, que este jueves dimitió como directora general de la Comunidad de Madrid.

Según publica este viernes el diario ABC, la tesis doctoral "Uso de las redes sociales en el sur de Europa", firmada por el directivo de la Camilo José Cela, es "calcada" de la que presentó Canoyra con el título "Marketing global: estudio internacional de los hábitos de los nuevos clientes".

La ya exdirectora general de Educación Concertada, Becas y Ayudas de la Comunidad de Madrid leyó la tesis el 30 de noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela y cuatro años después, del 21 de enero de 2016, lo hizo Málaga en la Universidad Complutense.

Canoyra dimitió este jueves por una información publicada por el mismo diario según la cual esta directora general habría plagiado "gran parte" de su tesis doctoral con párrafos extraídos de páginas web como El rincón del vago y Wikipedia.

El consejero madrileño de Ciencia, Universidad e Innovación, Eduardo Sicilia, ha pedido una reunión a la "mayor brevedad posible" con el rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Emilio Tora-Tamayo, para pedirle explicaciones por el control de las tesis doctorales, según han confirmado a Efe fuentes de la Consejería.

La Complutense abre una investigación

Fuentes de la Universidad Complutense han explicado a Efe que se llevará a cabo  una investigación interna, con carácter "reservado", por parte del Vicerrectorado de Estudios y por la Escuela de Doctorado del centro universitario.

La investigación, con la que normalmente se abre un expediente informativo, consistirá en revistar la tesis y el tribunal que la evaluó para "esclarecer" este asunto.  Sin embargo, desde la Complutense señalan que por el momento no ha recibido ningún tipo de denuncia o queja en el registro del centro sobre este documento.

El consejero madrileño de Ciencia, Universidad e Innovación, Eduardo Sicilia, ha pedido una reunión a la "mayor brevedad posible" con el rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Emilio Tora-Tamayo, para pedirle explicaciones por el control de las tesis doctorales. "            (Público, 04/10/19)

21.6.19

Fraude a gran escala en la formación de parados con "mordidas" al sueldo del profesorado en las academias de formación . La Comisión Europea exige a España que intervenga

 "La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.

Pero la petición de la OLAF es una intervención paralela a la de la justicia penal. De hecho, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea ha pedido al Ministerio de Trabajo, que gestiona el Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Hacienda, responsable del gasto de los Fondos Feder y de Cohesión, que investiguen las diferentes informaciones que publicó eldiario.es. Y es que en las noticias publicadas el pasado mes de abril se acreditaba que en la actualidad, las 'mordidas' a los sueldos de los profesores se continúan practicando.

Por parte del Ministerio de Hacienda ha tomado cartas en el asunto el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que ya ha mantenido reuniones para tratar de recabar información sobre las prácticas irregulares de numerosas academias que reciben fondos de la UE. En este sentido, sería interesante, plantean fuentes conocedoras de la investigación, que los centenares de profesores afectados por estas prácticas acudieran a la SNCA a denunciar a las academias que les estén obligado a reembolsar parte de su sueldo, bien sea a través de servicios ficticios o con dinero negro.

La SNCA depende de la Intervención General del Estado, por lo que su intervención puede ser clave en esta macrocausa que se perpetúa en el tiempo, aunque son en última instancia las autonomías las que deben actuar contra una práctica muy extendida y que hasta la fecha, por inacción, omisión o colaboración, se sigue produciendo.

La otra administración a la que la OLAF ha pedido cuentas es el Ministerio de Trabajo, que gestiona las ayudas del Fondo Social Europeo. En este caso, el departamento que dirige Magdalena Valerio ya se ha puesto en contacto con varias autonomías para reclamar información sobre el presunto fraude en los cursos de formación. De momento, los diferentes departamentos autonómicos se han puesto a confirmar las denuncias realizadas por eldiario.es. Hay casos certificados en la Comunitat Valenciana, Extremadura o Catalunya, donde existen incluso denuncias en una juzgado de instrucción. 

El fraude se fundamenta en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representará un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40% para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Como ya contó este periódico el pasado 31 de marzo, Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explicaba a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirmaba este docente.

En otra información se reproducía un audio en el que un empresario directamente planteaba al docente la manera en que debía cometer el fraude: "Pagamos autónomos, más 17 euros brutas la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora". Este periódico continuará revelando audios y documentación que demuestra que, lejos de acabarse, las "mordidas" a profesores continúan. "              ( /   , eldiario.es, 19/06/2019)


"La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada lleva investigando desde el pasado mes de noviembre de 2018 un fraude a gran escala en las ayudas de la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas a la formación para desempleados por parte de centros privados de formación, según la información en poder de eldiario.es. 

El modus operandi consiste, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana, en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos.

"Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana del que parte la investigación inicial. Eldiario.es ha hablado con varios profesores y técnicos de la administración que relatan los diferentes tipos de devoluciones del salario que los docentes se ven obligados a hacer a los centros de formación. 

A la denuncia que ya investiga la fiscalía especial Anticorrupción se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamente en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.

Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: "La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representarán un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar". Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas

Un 40 % para salarios de docentes como mínimo 

Y es ese 40% el foco de la controversia. Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explica a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. "En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma este docente.

Pero la contrafactura no es el único modo de que los docentes devuelvan dinero de sus sueldos a los centros de formación. En varias academias de Alicante, el modus operandi es más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros". 

Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros". 

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta. 

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema? "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector. 

¿Qué dicen en la administración? Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura. 

Añade Briones: "la única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía. De hecho, ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

Los centros no desmienten estas prácticas

Jordi Pérez es el secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.

Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias". 

En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A preguntas de eldiario.es y al ser referenciado por esta entrevista, Piñuel niega la mayor y rechaza responder a ninguna pregunta. "Yo ya estoy jubilado", afirma. 

Una respuesta llamativa, porque a Vicente Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas a su nombre por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.

Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, tiene una de las empresas de cursos de formación más potentes de la provincia de Alicante. Mora también niega este tipo de prácticas. "Siempre ha habido garbanzos negros, pero no es la tónica global", defiende. "¿Cómo se pueden demostrar esas acusaciones? En la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

Dos profesores que trabajan en la actualidad para centros de formación de Callosa del Segura y Orihuela señalan que siguen devolviendo dinero a las academias, pero quieren mantenerse en el anonimato por miedo a perder el trabajo. "Yo devuelvo el dinero en mano, pero declaro el máximo. Por eso, a principio de año tienes que prever que Hacienda te puede reclamar entre 1.000 y 4.000 euros", afirma uno de ellos, aunque recuerda que hay docentes que han declarado 100.000 euros y al año siguiente en la declaración han tenido que devolver 9.000.

El otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia. 

A cualquier persona a la que le interese este tema solo tiene que entrar en foros para encontrar decenas de comentarios sobre este fraude. Los hay de todo tipo, pero todos desde el anonimato. El trabajo peligra y la práctica ya está casi asumida hasta por la administración. Con esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, tal vez los denunciantes acaben poniéndole el cascabel al gato. O no, la práctica tiene tantos años como tiempo hace que están llegando los fondos europeos para los desempleados españoles. En abril cumplirán su XXV aniversario."            (Sergi Pitarch / , eldiario.es, 31/03/2019)