Los «muñecos» de José Luis Moreno... uno, Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López... otro, Juan José Ullastres García, que facilito sociedades a los hijos de Villarejo, y hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre

"«Operación Titella» Jose Luis Moreno y sus muñecos.

 Jose Luis Rodríguez Moreno, donante de la caja B del PP, es el protagonista de la operación Titella en la que se investigan múltiples delitos, entre ellos los de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes, sin olvidar la rama que conecta, presuntamente, con un grupo de “narcos” liderados por Carlos José Brambilla Ulloa.

Más de 700 sociedades forman el entramado que esta banda de presuntos criminales usaba para estafar a otros empresarios y entidades bancarias, para blanquear capitales procedentes del narcotráfico y para llenar, con sus opacas operaciones, los zulos que Moreno disimulaba en habitaciones secretas de su mansión en Boadilla del Monte.

Moreno fue detenido en Junio de 2021, junto a varios de sus testaferros y colaboradores más cercanos (53 personas en total), los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid que le seguían la pista desde 2018, destaparon en sus investigaciones una trama perfectamente organizada liderada por el ventrílocuo, en la que a base de falsificar facturas, pelotear cheques bancarios y falsificar documentos, con la colaboración del notario barcelonés ENRIQUE BELTRÁN RUIZ, habrían acumulado un botín de más de 50 millones de €.

Desde los papeles de Bárcenas

Moreno aparecía en los papeles de Barcenas como donante desde 1999 hasta 2003 de la caja B del Partido Popular, la misma caja que sirvió para pagar sobresueldos, obras en negro en sedes del partido, dopar las campañas electorales durante décadas e indemnizar al padre de Abascal (12.000€) por unos supuestos desperfectos en su comercio en Amurrio.

Esta vinculación con los populares le llevo a usar sociedades del mismo vivero que varios de los implicados en Gurtel, Promociones Digitales Riazor SL, Antara Tres Ibérica SL y Crystal Forest SL fueron creadas por Luis Miguel Triguero Gómez,  facilitador de sociedades preconstituidas que proveyó a Pablo Crespo Sabaris, Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon de las empresas que usaron en dicha trama (Real Estate Equity Portfolio SL, Proyectos Financieros Fillmore SL y Castaño Corporate SL)

Triguero, que durante un tiempo fue sospechoso de ser “Luis el carbón”, también es el autor intelectual de MITFORD SPAIN SL la única sociedad cuya titularidad ostenta ANA AZNAR BOTELLA, la hija del Boss y compañera de Alejandro Agag, uno de los amigos de Jacobo Gordon que se libró por los pelos de ser imputado en la Gurtel.

Moreno también participaba en Cultus Opera Producciones SL con Pablo Lago Bornstein, que junto a su hermano Santiago fueron imputados en la causa de la caja B de los populares.

Bornstein fue apoderado de Jesús  Gil y del matrimonio Bárcenas y su hermano Santiago asesoraba a Bárcenas y Francisco Correa, un “crak” en su especialidad.

Cultus Opera Producciones SL resulto se un nido de bandidos (presuntos), como secretario de la sociedad figuraba Pedro Jose Mejías Villatoro uno de los españoles que aparecían en los “Papeles de Panamá” y que gestiona los capitales de la familia Franco y de Borja Thyssen y a su esposa Blanca Cuesta, estos últimos acusados de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 a través de sociedades gestionadas por el abogado Villatoro.

 Otro de los detenidos en la operación Titella fue el empresario Antonio Luis Aguilera, un viejo conocido de la policía, Aguilera ejercía de testaferro (presunto) de Moreno junto a su secretaria Marta Dillet Gran, entre ambos crearon parte del entramado societario que se usó en la operación, en este caso acudieron a otra conocida facilitadora de sociedades Vanessa Duran Mesas, que también proveyó de empresas al narco de la trama Carlos Jose Brambilla Ulloa.

Vanessa Durán fue la proveedora de Gao Ping y de su socio Chen Shengli, el jefe del hermano de la presidenta Ayuso, también facilito sociedades a Daniel Alcázar Barranco dueño de PRIVIET SPORTIVE SL (una de las empresas beneficiadas por contratos por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia), el elenco de personajes implicados en casos de corrupción que acuden a Vanessa es interminable.

 En el caso de Aguilera, Crónica libre ha detectado más de 30 sociedades instruméntales procedentes de su vivero. Como se puede ver en la imagen superior.

 Moreno, Aguilera y el narco Brambilla, contaron, en sus actividades delictivas, con la complicidad y colaboración del notario barcelonés  ENRIQUE BELTRÁN RUIZ que: «participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas del blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita» y se ocupaba por un salario mensual de 10.000€ de dar credibilidad «a sociedades pantalla carentes de actividad».

 “Como se venía observado a lo largo de toda la investigación, el Notario Enrique BELTRAN RUIZ, colaboraba, bajo remuneración, con la organización criminal, percibiendo un salario de AGUILERA, así como préstamos y donaciones de dinero en efectivo…”

El patrimonio oculto de Moreno se estima entre los 400 y los 900 millones de euros, su mayor parte oculta en paraísos fiscales, antes de su detención la policía detecto su intención de crear un banco en la Isla de Malta para blanquear dinero procedente de sus actividades."            (Román Cuesta  , Crónica Libre,  09/01/23)

 

"«Operación Titella» 2ª parte: Más «muñecos» de José Luis Moreno.

Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López. La caja de muñecos de José Luis Rodríguez Moreno guarda muchas sorpresas, el actor checo Martin Czehmester era uno de los habituales en las series y galas del productor y ventrílocuo, como demuestran sus cameos en Aquí no hay quien viva, Planta 25 o La sopa boba y sus apariciones en Reyes y estrellas, Noche de fiesta o Sábado Sensacional, Czehmester también participaba en el entramado societario que se investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes que dirigía Moreno.

Czehmester aparece como representante de la sociedad Iconic Horizon SL cuyo administrador único era otra sociedad, en este caso Youmore Tv SL que tuvo como administrador único a Moreno hasta 2014 y a partir de dicha fecha al actor checo.

En febrero de 2018 Martin Czehmester pasó a ser el administrador único de Koping Gestion SL, una sociedad instrumental creada por Juan José Ullastres García, célebre por proporcionar al comisario Villarejo la empresa TAJA DEVELOPS SL, que este adquirió bajo la identidad falsa, facilitada por el Ministerio del Interior, de Francisco Javier Hidalgo Estévez.

TAJA DEVELOPS SL da nombre a una de las múltiples piezas del caso Villarejo, pieza que a fecha de hoy permanece en secreto y que esconde en sus entrañas los encargos del Ministerio del Interior al comisario durante los años en que Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento y M. Rajoy ocupaba el Palacio de La Moncloa.

Fuentes de la investigación señalan que dicha pieza recoge información que afecta a la “defensa y seguridad del Estado y documentos que especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP”, es decir a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, que albergó la policía política entre 2012 y 2016.

La misma pieza detalla las identidades falsas que uso Villarejo y las de los “colaboradores” del policía, así como los pagos, a cargo de los fondos reservados, que se realizaron a estas personas, entre los que aparece el chófer de la familia Bárcenas.

Juan José Ullastres García también facilito sociedades a los hijos del comisario, a Jose Manuel Villarejo Gil SPIMACO SPAIN SL en 2015 y a Gonzalo y Blanca Villarejo Irka Develops SL en 2013, pero en la trayectoria de Ullastres hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre y actual Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de

Lasquetty fue Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2010 a 2014, siendo presidenta la ya citada Esperanza Aguirre, mientras Juan Picon de Leaniz formaba parte del entramado de Capio (Idcsalud Holding SL) unos de los principales beneficiados por la privatización de la sanidad madrileña.

Otro de los clientes de Ullastres fue Jose Luis Aneri Molina, el principal protagonista del fraude de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, un delincuente que también se nutría de sociedades pantalla por medio de Ignacio Manuel Moreno Amatriain, quien, para cerrar este círculo vicioso, facilito empresas a la trama de Moreno, en concreto a Marta Dillet Gran, secretaria de Antonio Luis Aguilera, uno de los principales colaboradores del productor.

Por cierto, Amatriain también estaba detrás de la sociedad Iyansa Quality SL, que tutelaba la web de Alvise Pérez #GobiernoDimision y que apareció por arte de magia tras una denuncia de FACUA.

En breve la tercera parte de este culebrón digno de Moreno, en el que un primo del alcalde Almeida protagoniza un sonado cameo. (...)"             ( Román Cuesta , Crónica Libre, 14/01/23)

Perjudicados por el pelotazo de Ana Botella y Blackstone: "Lo pasé jodidamente mal, tuve depresión"... A Laura Murillo, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como la de Ana Botella cuando todo salió a la luz, "Solo cambia el casero"... No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre... "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple"

 "Todo fue perfectamente legal". "No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere". "Nadie resultó perjudicado". Los jueces han hablado. Y lo han hecho en esta línea varias veces. 

A Laura Murillo, de 49 años, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como esta. O como la que dijo Ana Botella cuando todo salió a la luz. "Solo cambia el casero", aludió la exalcadesa de Madrid allá por 2014. No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre. Obviamente, también cambiaban las condiciones. A Murillo, por ejemplo, le subieron el alquiler más de 200 euros.

Era teleoperadora a tiempo parcial cuando le llegó el burofax de Fidere sin que nadie le hubiera notificado el cambio de propiedad. A ella le había tocado una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que le permitía salir adelante con un sueldo de 700 euros y una hija de 12 años. "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple", recuerda ahora por teléfono, casi una década después.

"Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y con nuestros salarios. Detrás de esta decisión política hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras... Pero detrás de esas casas hay vidas". Son las palabras que Arantxa Mejías pronunció hace algunos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando apenas tenía 25 años descubrió, como otros cientos madrileños, que la casa en la que vivía con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Decidió dar la batalla, y no se arrepiente, afirma ahora, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Aquella venta sorpresa y opaca de vivienda social fue una de Botella que más polvareda ha levantado en la capital, tanto en el plano político como social. Un polvo sostenido en el tiempo que, sin embargo, se ha asentado lentamente en cientos de hogares ya vacíos y listo para una lucrativa venta. Han pasado casi diez años de la operación. Algunos tribunales han dado la razón a unos pocos vecinos, el Tribunal de Cuentas calculó que el Ayuntamiento había perdido 23 millones de euros al vender 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Condenó a Botella y a su equipo a reparar el patrimonio dilapidado, aunque una revisión posterior anuló esta condena gracias a los votos de dos magistrados colocados por el PP.

La venta fue todo una ganga para los especuladores —Blackstone es el mayor casero de España, con cientos de miles de viviendas dedicadas al mercado del alquiler— y un serio tormento para los inquilinos que vivían en las casas, a quienes se intentó desahuciar después de cancelar los contratos e imponer nuevas condiciones con subidas de precio que, en ocasiones, superaban el doble.

No hubo malversación ni prevaricación

Los múltiples recorridos judiciales de este caso no han dejado apenas consecuencias para los artífices de este pelotazo con bienes públicos. El pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid daba carpetazo a la última vía judicial abierta. En este caso se juzgaba por la vía penal, gracias a una querella del PSOE y de la Plataforma de Afectados por la EMVS, con Mejías y el abogado Benítez de Lugo al frente. Se acusaba a los responsables de la empresa municipal de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Pero el tribunal no lo considera acreditado. La Fiscalía tampoco, y el Ayuntamiento de Madrid, del mismo color político que el que realizó la venta, también retiró los cargos.

Cuando a Murillo le llegó la orden de desahucio por impago ni siquiera intentó pelear. Entregó las llaves y se marchó de la urbanización del Ensanche de Vallecas. Fueron muchos como ella en esa promoción e la EMVS, recuerdan los activistas. Ella ya se había puesto en contacto con organizaciones por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. Recurrieron a los tribunales. Su contrato con la EMVS seguía en vigor, y estos ordenaron a la empresa entregarle otra casa. Sobre todo porque se había quedado sin una vivienda pública, en el paro y con una menor a cargo. Hoy vive en otra casa de la EMVS en Villaverde, ya han pasado seis años. Paga 350 euros al mes. "Y alguna vez me retraso, pero la EMVS no es un fondo buitre, la tienes que liar muy gorda para que te desahucie", apunta.

Son varias las personas a las que se tuvo que realojar en viviendas públicas debido a los desahucios de Fidere. Imposible saber cuántos, apuntan desde la PAH. En estos casos, el precio que ha pagado el contribuyente madrileño es doble, inciden. Por un lado, la vivienda social perdida con la venta. Por el otro, la vivienda social destinada a los expulsados, cuando ya vivían en una. Un sinsentido, resumen. Fidere, en cambio, no opina lo mismo.

La empresa todavía le reclama a Murillo más de 5.000 euros de deuda por los seis meses que estuvo sin abonar sus mensualidades. "No pienso pagar. Primero porque no tengo dinero. Pero sobre todo porque a mí me ha costado la salud. Tuve que dejar mi trabajo durante ese tiempo. Lo he pasado jodidamente mal. Me diagnosticaron depresión, perdí muchísimo peso, tenía ansiedad y me pasaba todo el día llorando. Aún me asusto cuando llaman al telefonillo, por si son los buitres pidiéndome la deuda", comenta por teléfono. "Yo soy una prueba muy clara de las consecuencias que ha tenido esto", sentencia.

Casos como el de Murillo han sido habituales en los últimos años. Desahucios de familias vulnerables, de ancianas enfermas, madres solas con hijos a cargo... Algunos se suspendieron en la puerta gracias a la presión de la PAH y otros colectivos, pero muchos se fueron sin hacer ruido, dejando vacías unas casas que ahora han multiplicado su valor. Según calculó el propio Ayuntamiento durante la alcaldía de Manuel Carmena, el paquete de casas que Blackstone compró por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones.

"Conmigo pincharon en hueso"

"Está muy claro que lo que querían era comprar barato y venderlo después", explica José Pedro López. En un parque del barrio de La Peseta, en Carabanchel, este operario de 37 años recuerda el estado en el que estaban su casa, los garajes y las zonas comunes "prácticamente hasta antes de ayer". Humedades, el ascensor averiado durante años, lámparas que colgaban de los cables y un sinfín de desperfectos que Fidere nunca reparó. "Hasta que se han levantado las medidas cautelares y pueden venderlo todo si quieren. Le han dado un buen lavado de cara", puntualiza. Él es de los pocos que han resistido y han ganado sin recurrir a la vía judicial.

López y su pareja llegaron en 2012 al piso de 50 metros cuadrados que les había adjudicado la EMVS en régimen de alquiler sin opción a compra. Fue un salvavidas para la familia, con una niña pequeña y otro bebé en camino. Él estaba desempleado en ese momento. "Ya vimos algo raro cuando dejaron de pasarnos varios recibos los meses anteriores a la venta", asegura. En su caso, lo pisos se vendieron con su contrato recién firmado, así que pudo esperar "más o menos tranquilo" varios años hasta que Fidere le remitió el temido burofax. Llegó cuando su contrato estaba a punto de caducar, en 2017. "No querían renovarlo. Querían hacer uno nuevo con condiciones nuevas. Si pagaba 430 euros más los gastos de comunidad, pasaba a pagar 600 euros el primer año, 800 euros el siguiente año y 900 el tercer año. Era inasumible", ilustra.

"Si no hubiera tenido una familia, quizás hubiera tirado la toalla", reconoce. "No es fácil enfrentarte a la posibilidad de quedarte sin casa. Son muchas comidas en las que tus hijos hacen preguntas, en las que se nota la tensión. Lo han pasado muy mal, pero también ha sido una lección de vida para ellos", explica López con una emoción que a veces roza el llanto.

Decidieron no pagar y resistir. Primero participó en la plataforma de afectados por la EMVS, pero con el tiempo dejó de verlo claro. "Me parecía que buscaban más los titulares y el impacto político que la defensa de las familias a las que ya estaban desahuciando", explica. Buscó apoyo en el movimiento social por el derecho a la vivienda, del que ya formaba parte. Consiguió ir aplazando la fecha del desalojo con apoyo de la PAH y del Sindicato de Vivienda e Carabanchel. "Fidere nunca quiso negociar nada, pero sabían que no me iba a ir fácilmente, que conmigo habían pinchado en hueso", afirma.

Solo con la llegada de la pandemia, el fondo buitre se avino a razones. "Tengo un alquiler medianamente razonable y vinculado a los ingresos de la familia y de siete años de duración. Las negociaciones han sido duras y, sin el apoyo de los colectivos de vivienda habría sido imposible", apunta. "Muchos de los vecinos se acabaron yendo o aceptando alquileres de más de 700 euros. No se les puede culpar, porque pelear es una pesadilla", dice.

Un calvario psicológico

"Desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico", resumía durante el juicio Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados que llevó a los tribunales la operación. "El resultado judicial se encaja con frustración. Todavía se culpabiliza a los afectados por defender un derecho. Es muy triste, como si todo esto pasara por un capricho mío", explica Mejías. Sus padres, adjudicatarios de una vivienda de la EMVS antes de la venta, también se enfrentaron al desahucio al no querer firmar los nuevos contratos de Fidere. "Nos querellamos y al final forzamos una negociación. Hoy siguen en su hogar, resistiendo", resume. "Pero han sido muchos años y sin apenas experiencia. Me ha desgastado bastante", reconoce.

Casi una década después, la fiebre de los alquileres sigue sin una ley que la enfríe de verdad. Los fondos buitre como Blackstone han tenido alfombra roja para llegar, comprar a precio de ganga los activos tóxicos de los bancos y elevar los precios hasta límites sin precedentes en las grandes ciudades españolas.
Mejías, en cambio, cree que la batalla ya es en sí misma una victoria. "Quedarnos de perfil ante situaciones así no ayuda a cambiar las cosas. Ahora tengo 33 años y sé qué es lo que realmente importa. Me siento vencedora, aunque no lo ha dicho un juez", apunta.

Murillo también aprendió a la fuerza que los desahucios los paraban primero las personas. "No sé a cuántos fui, pero me volqué mucho con la gente que estaba en mi situación", recuerda. López solo ha confirmado lo que ya sospechaba. "Nuestros representantes políticos al final sirven a los intereses de las grandes empresas y no a los de quienes los votamos", asegura. Esperaba más del "ayuntamiento del cambio" de Carmena en este caso, "pero al final he resistido después de mucho esfuerzo y estoy satisfecho". Nadie les devolverá las noches en vela. Las viviendas seguirán siendo de Fidere. El PP sigue gobernando en la ciudad y Ayuso arrasó en la Comunidad. Es Madrid, la capital de la libertad."               (Jairo Vargas Martín, Público, 11/02/22)

¿Quiénes han trabajado para la misma empresa de fondos buitres?: dos hijos de Aznar y Pujol

José María Aznar y Oleguer Pujol. Unidos por los fondos buitres

"El pequeño de los Pujol Ferrusola y el heredero de los Aznar Botella han ayudado al fondo buitre Cerberus a quedarse los llamados activos tóxicos de la banca, consistentes en miles de viviendas por toda España, en una operación altamente lucrativa que ha provocado un alud de desahucios.

 Cerberus Capital Management es un fondo de inversión norteamericano que, a raíz de la crisis del ladrillo en España, ha comprado grandes stocks de propiedades inmobiliarias a entidades como Bankia y la Sareb, el banco malo, que no habían podido cobrar los créditos a los promotores o a las familias que los habitan.

Cerberus opera en Europa a través de Promontoria Holding BV, con sede en Holanda, que controla una veintena de filiales españolas que se están quedando los activos tóxicos de la banca a precios irrisorios. Dos de estas filiales son Ursus Alfa, de la que ha sido consejero Oleguer Pujol Ferrusola, y Haya Real State, de cuyo consejo de administración es miembro José María Aznar Botella desde hace dos años.

En síntesis: el hijo pequeño del ex presidente Jordi Pujol y el heredero del ex presidente José María Aznar trabajan para un fondo buitre que no sólo adquiere miles de viviendas a precio regalado, sino que, a menudo, las familias que los ocupan se ven abocadas al desahucio por no poder pagar la hipoteca."              (Somatemps, 04/01/16)

Los abusos más flagrantes del fondo buitre al que Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales

 "Los inquilinos de las 18 promociones de casas que el equipo de Ana Botella vendió al fondo buitre Magic Real Estate-Blackstone por 120 millones de euros han visto cómo sus viviendas, de origen social, se han convertido en pisos sometidos a las exigencias del libre mercado más feroz, en el que se mueven sus nuevos caseros: los fondos de inversión.

A Arancha Mejías, presidenta de la plataforma de afectados por la venta, el trabajo de destapar los comportamientos del fondo buitre y las  dudosas condiciones del proceso de venta –cercadas ahora por un informe de la Cámara de Cuentas– le ha costado caro. Le ha costado su casa. Fidere (filial de Blackstone) le ha remitido un burofax en el que le informa de que no le renueva el contrato. Recopilamos algunas de las situaciones denunciadas por los afectados en estos años.

Desahucios sin alternativa

José se fue antes de que lo echaran. Julia resistió y consiguió frenar su desahucio, pero al final tuvo que irse, igual que Mari Carmen. Todos ellos fueron desahuciados de su casa por Blackstone. Los precios del alquiler los asfixiaron y el fondo buitre los expulsó sin ofrecerles una alternativa habitacional.

Ahora, José, que empezó a pagar el alquiler con opción a compra de la empresa municipal de la vivienda (EMVS) pensando que esa vivienda algún día sería suya, vive en casa de sus padres. A Julia, de 80 años, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó una vivienda de una red solidaria en la que tuvo que ir realojando a los desahuciados de los fondos a los que vendió sus casas. Perdió a su hija, enferma, en el proceso.

Este modus operandi de realojo era habitual y se llevaba a cabo para e vitar el ruido mediático que supone un desahucio de este tipo. Blackstone se ahorraba así “asumir el coste social” de echar a las familias de sus casas con la ayuda del consistorio, a quien pasaban listas con los futuros desahuciados.

Subidas del 40% en los alquileres

Las condiciones de venta obligaron a Fidere, filial de Blackstone en España, a subrogar el precio del alquiler a las familias cuyo contrato con la EMVS aún estuviera vigente. Pero solo hasta la siguiente renovación. A partir de ese momento, el fondo es libre de subir las cuotas mensuales de sus inquilinos, con aumentos progresivos de hasta el 43% acumulado en tres años.

Recordamos que el perfil de los adjudicatarios de estas viviendas es el de personas que, por sus condiciones económicas y/o familiares, no pueden permitirse una vivienda en el mercado libre.

Precios del agua disparados

Fidere no solo tiene en propiedad pisos de la EMVS. Durante estos años ha ampliado su cartera comprando viviendas públicas en otras zonas de la Comunidad, como en Torrejón de Ardoz. En esta localidad, el fondo adquirió al Banco Popular unos 200 pisos de alquiler público procedentes del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid que la entidad había ganado por sorteo y aplicó a sus inquilinos subidas en los suministros de más del 100%.

El cambio de la empresa contratada por Fidere para la gestión energética del edificio  cargó a las familias con subidas de precio por metro cúbico de agua caliente (de 0,9 a 3,25 euros) y de la calefacción (de 0,04 a 0,07 euros por Kw/h). Además, en el caso del agua los inquilinos tienen que asumir dos nuevos importes extra: un "depósito de garantía" de 50 euros y una cuota de 8,55 euros a cada vivienda.

Miles de inquilinos en sus manos

Desde 2014, Blackstone se ha ido haciendo  con un buen puñado de promociones infiltrándose en las empresas que recibieron –en el marco de planes públicos de vivienda– el encargo de sacar adelante los bloques de pisos. La cartera del fondo se compone hoy  por más de 1.900 casas distribuidas por toda la Comunidad de Madrid en las que viven miles de inquilinos sujetos a sus condiciones.

La situación en los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid quería sanear sus endeudadas arcas públicas y para ello se embarcó en una macrooperación inmobiliaria sobre la que hoy planean indicios de ilegalidad por saltarse la ley de concursos públicos en el proceso de adjudicación, según un informe de la Cámara de Cuentas.

 Este informe, que reveló en exclusiva este medio, sostiene que el consistorio vulneró las "más elementales reglas de buena gestión" al facilitar información privilegiada a cuatro empresas –una de ellas la adjudicataria final– sobre las condiciones de la venta antes de anunciar el proceso públicamente.

Los afectados se querellaron sin éxito contra el Ayuntamiento por este proceso, que permitió comprar a Blackstone 18 promociones de vivienda a un precio más que atractivo. También lo hizo el PSOE, aunque ambas causas se archivaron. 

Ahora, el actual consistorio de Ahora Madrid, tras explorar la vía de iniciar una comisión de investigación sobre la deuda del Ayuntamiento, quiere intentar reabrir la causa como querellante avalado por los argumentos del citado documento de la Cámara de Cuentas y el informe jurídico de un despacho de abogados."                 (eldiario.es, 06/09/16)

Así vendió Botella viviendas sociales al fondo buitre... de su hijo

"Un buen día, los inquilinos de una de las urbanizaciones de vivienda protegida en Carabanchel se encontraron en su edificio con un gran cartel que anunciaba una nueva promoción de viviendas. Era 2013 y en un primer momento nadie sospechó de que unos meses después el emisor de su recibo de alquiler cambiaría la EMVS por la empresa Fidere.

 Emprendieron entonces una investigación. Descubrieron que su vivienda ya no pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) porque se habían vendido un total de 5.315 inmuebles públicos, incluidos en 18 promociones de viviendas de Protección Oficial.

El Ayuntamiento de Madrid analiza ahora las manifiestas irregularidades de este proceso en la Comisión de Investigación de la Deuda, Contratación y Políticas Públicas donde participan el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, Mercedes González por el PSOE y Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos. El PP se ha negado a formar parte de la mesa al considerar que esta auditoría es una “cacería” y una “causa general contra el partido”.

 Además ha afirmado que no existieron irregularidades en las decisiones adoptadas en los últimos mandatos. Destacó la ausencia de los comparecientes requeridos por su implicación política: Ana Botella, Paz González, ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS; Fermín Oslé, ex consejero delegado de la EMVS; Ana Gomendio López, de la Consejería de Vivienda de la Comunidad Madrid; los concejales del PP, Pablo Cavero y Borja Carabante; el ex director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen; además de directivos y altos cargos de la EMVS como Pablo Olangua, Javier Tena y Juan José Gracia.

Según este relato, el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobaba en Junta de Gobierno la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. 

Estas habían sido recibidas en la EMVS sólo 6 días antes. Después de 20 días de negociación directa, y con una rebaja de dos millones sobre el precio que la empresa presentó al realizar la oferta, el fondo adquirió a través de la empresa Fidere, y por 128,5 millones de euros, un parque de 1860 viviendas, 1797 plazas de garaje y 1569 trasteros.

Cuatro meses después, el 31 de octubre de 2013, se formalizó el contrato a través del cual la titularidad de este paquete de viviendas públicas pasó a la empresa Fidere, que las adquirió a un precio unitario que había sido previamente fijado por la misma compañía. Además, se incluyeron 89 inmuebles más -también de protección oficial-, que en un inicio no estaban vinculados a la venta. 

El total de inmuebles transferidos ascendía a 5.315, según un informe de la Cámara de Cuentas. El comprador pagó 128,5 millones de euros por la operación en la que se incluyeron 652 viviendas destinadas a alquiler social, 72 a alquiler con opción a compra y 580 a alquiler con opción a compra para jóvenes.

Esta venta estaba sujeta a la autorización de la Comunidad de Madrid, que posee competencia en exclusiva en materia de viviendas, ordenación del territorio y urbanismo en la región. Fermín Oslé, en calidad de Consejero Delegado de la EMVS, solicitó este permiso en junio de 2013, pero la operación para entonces ya había comenzado con el anuncio en prensa de la enajenación y la recepción de ofertas por parte de las empresas. Según el PSOE, desde la Comunidad de Madrid se modificó la normativa autonómica para hacer un traje a medida de esta venta.

La deuda de la EMVS, el plan de viabilidad económica y Price Waterhouse Cooper

En junio del año 2013 se aprueba el Plan de Viabilidad de la EMVS. El objetivo era proyectar la actividad de la empresa hasta 2018, proponiendo “la adopción de una serie de medidas que permitan a la sociedad volver a una situación de equilibrio económico”, según el propio informe, que recuerda “el contenido estrictamente social del trabajo desarrollado por la EMVS”. El PP justificó esta operación haciendo referencia a la importante deuda que pesaba sobre la EMVS, que aumentó un 167% durante los gobiernos de Gallardón y Ana Botella.

Este plan fue respaldado por un informe encargado a la consultora Price Waterhouse Cooper (PWC): posteriormente, PWC asesoró también a Fidere, empresa adjudicataria de la venta. La comisión no ha tenido acceso a este informe, que se emitió en abril de 2013 y que no figura en el expediente, aunque sí es de libre acceso el borrador.

 En este documento, previo a la operación de venta, se analiza de la cartera inmobiliaria de la EMVS y se señalan los aspectos claves del proceso de venta que se estaba preparando.

El texto no puede considerarse un informe de tasación válido, ya que la empresa que lo realiza no está homologada para esta acción por el Banco de España. Tampoco se aporta información individualizada de los distintos tipos de inmuebles a vender, pero sí se fija una horquilla de precio que oscila entre los 110 y los 125 millones de euros, cifras en la que se mueven las 4 empresas que presentaron su oferta de compra. El 3 de mayo la operación se confirmaba mediante el anuncio de la venta en prensa. Un anuncio que sustituye al necesario pliego de condiciones.

La venta de las viviendas de protección oficial a fondos buitre

Tras el anuncio, la EMVS recibió cuatro ofertas por parte de las empresas Azora (118,5 millones de euros), Magic Real Estate – Blackstone (127,5 millones), Lone Star (95 millones) y Harbor Group (130 millones de euros). También mostró su interés en la operación Goldman Sachs, aunque su oferta fue descartada por no constar cantidad monetaria concreta. La adjudicación se resolvió obre base de la horquilla de precio fijado por PWC; y resultó escogida, a pesar de no ser la oferta más alta, la propuesta de Magic-Blackstone.

El día 20 de junio la Junta de Gobierno aprueba el famoso plan de viabilidad y sólo un día después se comunica a Magic Real Estate la admisión de su oferta. Esta empresa es el socio comercial del fondo Blackstone en España y actuaba en representación de Fidere, compañía que consta en la escrituras como propietaria. En ese momento se inició una negociación de compra-venta que duró 15 días. Durante este periodo, la EMVS rebaja el precio global en dos millones de euros por una supuesta morosidad en el pago del alquiler, aunque en la documentación oficial no constan datos que constaten esta situación de falta de pago.

Subida progresiva del precio de alquiler en un 43%

Las personas que habitaban estas viviendas no fueron informadas del inicio del proceso, ni tampoco de las consecuencias que para ellas tendría esta venta. “No existió ningún contacto previo, cuando fuimos descubriendo lo que había pasado nunca imaginamos que nos iban a hipotecar la vida de esta manera”, declaró Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de afectadas y afectados por la EMVS. Ana Botella declaró en pleno que “sólo cambia el propietario”, pero sus palabras tienen poca relación con la realidad. 

“La venta se hizo sabiendo que en pocos meses finalizarían todos los contratos de la EMVS que tenían vigencia”, relata Arantxa, que afirma que con la extinción del contrato de alquiler Fidere cambiço las condiciones: “se produce una subida progresiva del precio del alquiler en un 43%, hay que volver a pagar la fianza que pagamos hace 10 años y el nuevo contrato nunca tiene una duración superior a 3 años” -frente a los 10 que establecía la EMVS-. Nuevas condiciones que los inquilinos han de aceptar si quieren permanecer en su hogar.

Según la presidenta de la asociación de afectados, “la venta a estos fondos hiena -porque se comen la carroña financiera y se ríen de los inquilinos- fue un caramelo. Llevo pagados ya 70.000 euros por mi casa, que ha sido vendida por 65.000”. También explicó Mejías que han arrebatado a los inquilinos su derecho a compra transcurridos los 10 años de alquiler, tal y como se establecía el contrato firmado con la EMVS.

Hoy solicitan al nuevo ayuntamiento que adopte las oportunas medidas políticas y judiciales para dar una solución efectiva a estos 3 años de incertidumbre.

“Es muy difícil para mí el tener la responsabilidad de hablar de la situación tan sangrante que están atravesando mis vecinos. Para la gente que está aquí son papeles y expedientes, pero hay gente con tratamiento para aguantar la ansiedad y es una situación que desestructura la unidad familiar. Además, sabemos que nos enfrentamos a gigantes a los que el anterior ayuntamiento nos vendió”. Su deseo es que la nueva corporación adopte las medidas legales necesarias y actúe como intermediaria con la empresa que ahora es propietaria del inmueble, para dar fin a “una situación que es insostenible a nivel emocional y personal”.

Las irregularidades del proceso de venta

El proceso de enajenación de estas viviendas de Protección Oficial incurrió, según el concejal de Economía y Hacienda por Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, en una serie de prácticas que podrían calificarse, “cuanto menos como nocivas”. El primero, el incumplimiento de la propia EMVS de su fin social. A pesar de que se realizaron cambios estatutarios que pretendían modificar el objetivo final, se siguió manteniendo entre los objetivos la promoción del alquiler social.

De hecho, un año después de la venta, se explicita que por la situación del mercado inmobiliario, la empresa se orientará hacia el alquiler. “Lo que no se entiende es que para promocionar y potenciar el alquiler lo que se haga sea enajenar viviendas”, declaró Sánchez Mato. Para el concejal, esta venta sólo se entiende “como descapitalización de la empresa, algo que dificultaba el logro de objetivos explícitos”. Concluye además que esta acción resultó ser lesiva para el patrimonio de la EMVS y, en definitiva, para la ciudad de Madrid.

Según el concejal, en esta venta de patrimonio el PP vulneró las leyes de contatación del sector público, del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, las instrucciones internas de contratación y el reglamento de adjudicación de viviendas de Madrid. “Se han vendido viviendas a una entidad jurídica cuando el propio reglamento de la EMVS y del Ayuntamiento de Madrid dice que sólo se pueden vender viviendas sociales a entidades jurídicas si hubieran quedado vacantes después de intentos repetidos de ofrecer a personas físicas. Eso no ocurrió en esta venta”, afirma.

El expediente, además, carece de documentación básica. No constan condiciones de venta, ni estudio, ni memoria, ni informes de viabilidad técnica ni jurídica, tampoco se publica el valor de las propiedades a enajenar. Se incumplieron todas las instrucciones internas de contratación y no se fijó con antelación el valor de la venta.

 Por otro lado, el Consejo de Administración de la EMVS no aprobó la convocatoria de venta, quien actuó como órgano de contratación fue el propio Consejero Delegado, Fermín Oslé, y la propuesta de adjudicación definitiva la hizo el Director de Gestión, Pablo Olangua. La competencia, sin embargo, correspondía a la Comisión Permanente de Adjudicación.

También es evidente la vulneración de los principios de igualdad, transparencia, no discriminación o concurrencia. La operación se diseñó para vender los inmuebles por lotes, algo que supone una barrera de acceso para la libre concurrencia. Además, la maniobra fue rápida porque las empresas ya tenían conocimiento de ella.

¿Es posible anular la venta y que las viviendas vuelvan a ser públicas?

Mariano Benítez de Lugo es el abogado que en 2014 presentó, en representación de los afectados y el PSOE, una querella que señalaba como responsables a Fermín Oslé y a Alfonso Benavides, que actuaba como representante de la empresa Fidere. El Juzgado de Instrucción núm. 38 de Madrid reconocía en una primera resolución que podía existir infracción penal, pero que finalmente fue archivada.

Según Benítez de Lugo, “las irregularidades en el proceso son infinitas” y alega que en la venta sólo se aplicaron las reglas de mercado. No reconoce como válido desde el punto de vista legal el procedimiento de adjudicación y difiere con el despacho jurídico externo que lleva el caso para la EMVS, que sostiene que el proceso podría ser anulable. “Hay argumentos para declarar la nulidad de pleno derecho y, por tanto, revertir esta venta”, declaró en la comisión.

Alega el letrado que se ha prescindido totalmente del procedimiento legal establecido, obviando elementos de contratación que eran de obligado cumplimiento, aunque los servicios jurídicos de la EMVS opinan que el proceso debe solucionarse por la vía del derecho civil. Mariano Benítez de Lugo también recordó que el programa electoral de Ahora Madrid recogía en su punto 3.2 la reversión de esta venta y criticó la “actuación perezosa” del actual gobierno, que ha emitido un informe sobre la posible irregularidad, pero que “tendría que haber empezado en junio del año pasado”.

 Opina también que aunque la vía jurídica continúa, la política está ausente e insta a la corporación a reunirse con Fidere para presionar en términos políticos y así encontrar una situación que palíe la situación de las personas afectadas."                    (Ana Encinas, Público, 12-07-16)

El PP y el fondo buitre Blackstone, a juicio por la venta de viviendas sociales en Madrid

"Fermín Oslé Uranga, antiguo consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, trabaja ahora en la constructora Velasco. Ahí le han avalado, según figura en su perfil público en inglés, su “especialización en procesos de rees­tructuración y reorganización de empresas”, y su conocimiento “extensivo” de la Administración y empresas públicas.

Este ejecutivo fue uno de los diez altos cargos del PP en la época de Ana Botella como alcaldesa de Madrid que dio plantón el 16 de junio a una comisión de investigación municipal. Esta comisión tenía que indagar en los detalles de la adjudicación, en julio de 2013, de 1.860 viviendas de la EMVS al fondo Blackstone. La compraventa fue denunciada como irregular el pasado abril por un informe de la Cámara de Cuen­tas y abrió un nuevo frente en el ya grave problema de acceso a la vivienda y de desahucios en los barrios más empobrecidos de la capital. 

El viernes 1 de julio está prevista la segunda sesión, a la que están llamados a declarar los responsables del informe de viabilidad de la consultora PriceWaterHouse Coopers, un plan para un proceso de venta que el actual equipo de Gobierno, PSOE y Ciudadanos consideran que estuvo amañado.

Entre quienes plantaron al Gobierno municipal y a todos los partidos de la oposición: dos actuales concejales del PP en el Ayuntamiento (Pablo Cavero y Borja Carabante), los antiguos gerentes de la empresa autonómica de vivienda (IVIMA) Juan Van-Halen y Ana Gomendio, además de la exalcaldesa Ana Botella. No existen imputados por esta venta, si bien Van-Halen y Gomendio sí están investigados por la venta paralela, también en 2013, de 2.900 viviendas autonómicas a Goldman Sachs.

Venta récord

En apenas cuatro meses y medio –entre marzo y julio de 2013–, el Consistorio de Ana Botella tenía firmado un contrato de venta de 18 promociones de vivienda pública (los 1.860 pisos con distintos tipos de alquiler más plazas de garaje y locales) con la unión temporal de empresas formada por el fondo Blackstone y Magic Real State.

En palabras de Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, esta celeridad se debe a que “los contratos ya estaban adjudicados”. El proceso de concesión –en función de lo dictaminado por la Cámara de Cuentas– incumplió tanto la normativa interna de la EMVS (que obligaba a informar y a presentar una oferta de compra a los inquilinos) como la ley de contratos del sector público.

Una muestra: el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, afirmaba en el pleno del 17 de abril de 2013 a pregunta de UPyD que “no existía ninguna operación” de venta de patrimonio. Dos semanas después, adelantándose en una semana a que la consultora Pricewaterhouse Coo­­­­­­­pers entregara un plan de viabilidad donde por primera vez se detallaba la cifra de 1.860 viviendas, la EMVS anunciaba en un periódico de tirada nacional la venta de las 18 promociones.

“La EMVS tenía poderes extrasensoriales, se adelantó a lo que la consultora iba a proponer”, afirmó en la comisión de investigación la concejala del PSOE Mercedes González. “Mes y medio antes de que se aprobara el plan de viabilidad de la EMVS, ya se había puesto en venta este patrimonio”, continuaba. Este desfase temporal es sólo uno de los aspectos irregulares que quieren seguir investigando los grupos municipales.

El núcleo del asunto: la adjudicación de las 18 promociones por 128,5 millones de euros estaba calculada 32 millones hacia abajo, según la Cámara de Cuentas. “El plan era capitalizar la empresa, y lo que hicieron fue descapitalizarla”, denunciaba Sánchez Mato. 

Y en la letra pequeña las irregularidades no acaban ahí: en julio se firma la adjudicación a Blackstone con dos millones adicionales de rebaja. Atribuidos, según Mercedes González, a “una supuesta morosidad en el pago de rentas por los inquilinos”.

Las consecuencias de la operación llegan hasta hoy. Sobre la mesa está la posible reversión de estos contratos, algo que desde el área de Equidad y Derechos Sociales, presidida por la concejala Marta Higueras, no se ve posible actualmente, si bien “se estudiarán todas las vías”, tal y como señaló en una reunión con los vocales de Ahora Madrid en los distritos.

Inquilinos sin protección

La onda expansiva de la venta a Fidere –el fondo que finalmente se quedó con las 1.860 viviendas– llega hasta hoy: este año terminan 350 contratos antiguos; en 2017, 352, y en 2018, 690, según el PSOE. Para quienes se estuvieran beneficiando de algún tipo de reducción de alquiler, el cambio de casero supondrá un aumento que varía de los 50 euros a más de 500 en función de la situación personal. Todo un desafío para la política social y de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. "             (Diego Sanz Paratcha, Diagonal, 30/06/16)

El 'clan Aznar', el 'clan Pujol' y el 'clan Aguirre'... unidos por los oscuros negocios de sus retoños, Aznar Jr., Pujol Jr, Aguirre Jr....

"(...) primero Ana Botella accedió --vía desahucio de Gallardón-- a la alcaldía del ayuntamiento de Madrid en 2011, posteriormente su hijo José María, como consejero de Real Haya Estate, pasaba a salvaguardar los legajos de la beautiful people del PP, beneficiados en sucesivas adjudicaciones de la Sareb con la gestión de los activos inmobiliarios y préstamos de Bankia por valor de 48.800 millones.

 Hoy, el proyecto del clan Aznar sigue en vigor. La familia sigue siendo intermediaria de referencia entre el poder económico y político.

Con la crisis, su posición tuvo que transmutar, corriendo del regazo del Estado y las cajas de ahorro a los brazos de los fondos inversión extranjeros. No era ni es una excepción, sino una transición en las estrategias de poder de los viejos clanes de la alta política.

Después de todo, el clan Aznar lleva al menos 80 años saliendo airoso a los vaivenes del poder en España, apuntalando su apellido desde diversos y oportunos frentes: Aznar Acedo, el abuelo, defendió al dictador Franco desde las más elevadas posiciones en medios de comunicación oficiales (Avance, Cadena Ser, Radio Nacional de España) durante y después de la guerra. Aznar hijo, funcionario de carrera, Inspector de Hacienda, se hizo su propio hueco desde el díscolo Frente de Estudiantes Sindicalistas, vástago rebelde del Movimiento Nacional. 

Así, en una carta al director publicada en la revista SP en 1969, el joven Aznar recordaba que él tenía un camino propio: “¿No cree, usted, que teniendo un apellido de gran fuerza política como el que tengo; teniendo familiares como tengo en los más altos cargos políticos de la Nación, prácticamente; teniendo un historial falangista en mi familia como el que poseo: no cree, usted, repito, que para mí hubiese sido más fácil el irme al Movimiento y estar de convidado, que el estar listo para militar al lado de los ‘falangistas independientes’?”.  

Los aires tatcherianos  hicieron el resto, y en 1989 la nueva bandera del liberalismo arropaba sin pudor a los Aznar, elevándolos primero como líderes de la derecha española, y después, vía elecciones, a la máxima posición en el Gobierno. Su lema, la “transparencia”, era entonces el precepto moral de los Aznar: "Porque sólo las conductas transparentes salvan a una sociedad de la inestabilidad” le aconsejaba a Felipe González en 1989.

Mucho ha sucedido desde 1989: ocho años de reinado, y ya alejado de los focos de la política, los nuevos tiempos obligaron a nuevas estrategias para el clan. Conscientes de su papel, los hijos varones, José María y Alonso, lejos de seguir el legado de de juristas y periodistas y políticos, pasaron a estudiar Administración y Dirección de Empresas, ambos en CUNEF, institución creada por la patronal bancaria en 1973, adscrita a la Universidad Complutense, y de gran reputación en el sector financiero. 

Hoy, el primero es consejero en diferentes sociedades de gestión de activos inmobiliarios (Gesnova Gestión y Haya Real Estate), mientras el segundo fichó por el Santander y trabaja en sus oficinas centrales.

Nuevos tiempos, nuevos vientos dominados por las finanzas a los que se adoptó el Clan, pero que apenas distinguíamos el resto de los españoles antes de la crisis, arropados aún por las cálidas y seguras ropas de la socialdemocracia y el Estado de bienestar.

Con 22 años, en el 2000, Aznar Jr pasó ocho años entre Nueva York y Londres, como analista en el fondo de inversión SLS MANAGEMENT LLC, que maneja unos activos de 140 millones de dólares. Recaló en el fondo de Stephen Swid, inversor y mecenas cultural, patrono del Guggenheim y director de la Sociedad de Arte de Nueva York.

Quizá fue su antiguo jefe quien influyó en su interés por la pintura, una motivación que le llevó en 2009 a intentar vender a Caja Madrid una colección del pintor Gerardo Rueda --el favorito de su padre-- por 54 millones, cuando la caja la había tasado en tres millones. 

José María Aznar Botella defendió la operación con uñas y dientes, dando muestra de sus agallas al atacar al que fuera el apadrinado de Aznar Sr., Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, por su negativa a comprar la colección: “Con los pelos que se ha dejado por ti, es impresentable lo que has hecho”.  

Tan capaz era de defender el imperio familiar y su honor, que ante la filtración de los mensajes y un artículo escrito por Irene Lozano (que tildaba el mensaje como “pinitos en las artes mafiosas del chantaje y la extorsión”), la demandó exigiendo 50.000 euros por difamación, 3.000 por palabra.

No debió entender Lozano que aquello no eran pinitos, sino el rol del nuevo heredero, hoy uno de los consultores más preciados en España, y miembro destacado de la nueva clase emergente del régimen; como Aguire Jr, como Pujol Jr.

Cerberus y los fondos, la salvación de los hijos del régimen

A su regreso a España, Aznar mostró un olfato privilegiado al aprovechar las ventajas de un deprimido sector inmobiliario, para lo cual fue de inmensa utilidad su experiencia en fondos de inversión norteamericanos. 

En 2011, tras la victoria del PP en Madrid, y encumbrada su madre como alcaldesa en diferido, Aznar Jr. se asocia con el fondo estadounidense Cerberus: a través de su empresa Poniente Capital S.L, fundada ese mismo año con un capital de 3.000 euros, la cual ofrece servicios de asesoramiento al fondo; y como consejero en Promontoria Plataforma, posteriormente Haya Real Estate, propiedad de Cerberus.

El fondo Cerberus gestiona 20.000 millones de dólares y está liderado por pesos pesados del partido republicano y del clan Bush, viejos amigos de los tiempos de las Azores: John Snow (secretario del Tesoro entre 2003 y 2006 y Dan Qayle vicepresidente con Bush padre). 

Dicho fondo se hizo en 2007 con la otrora todopoderosa Chrysler, y en 2010 con la empresa de armamento DynCorp international, una de las mayores contratistas en la guerra de Afganistán. Sus extremidades les llevan a múltiples sectores, como el farmacéutico, transporte, aviación. Su nombre alude a Cerbero, perro de múltiples cabezas que guardaba la puerta del inframundo griego (Hades).

Quizá este carácter le lleva a tener diferentes intermediarios en España. No sólo Aznar Botella, pues la entrada de Cerberus en España se hizo a través de otro de los hijos del régimen: Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor de Jordi Pujol. Éste les introdujo en aquel sector que entonces pujaba en alza: la venta de edificios corporativos, en especial oficinas bancarias, y su arrendamiento posterior a los antiguos propietarios: el sale and lease back.

A través de su empresa Drago Capital, Pujol Jr introdujo al fondo en 2010 en España. Oleguer facilitó la compra de 1.200 oficinas del Santander por 2.000 millones, operación hoy investigada por el juez Pedraz. También facilitó la compra de la emblemática sede de Prisa, en Gran Vía 32. O las 100 oficinas de Caja Madrid. Eran las primeras compras del fondo en España, pero su gran negocio estaba por surgir con Aznar Botella.

No eran los únicos. En otro grupo de fondos de inversión se movía simultáneamente otro de los hijos del régimen, el hijo de Esperanza Aguirre. De la quinta de Aznar Jr, con 39 años, Fernando Ramírez de Haro Aguirre es director de área de Investment Management de la consultora Aguirre-Newman del primo de Aguirre madre, Claudio Aguirre. 

El vástago de Aguirre también es presidente de Property Invest Spain, propiedad de Zaphir Asset Management, fondo radicado en Luxemburgo y propiedad del grupo Aguirre. Los Aguirre están estrechamente ligados con Goldman Sachs: Claudio Aguirre es consejero internacional de la firma, y fue director del banco en España y Portugal entre 1987 y 1994. 

Su consultora Aguirre-Newman ha asesorado en múltiples compras a Goldman Sachs, la cual además fue adjudicataria de 2.935 viviendas del IVIMA por un importe de 200 millones de euros. Esta operación ha sido puesta en cuestión por el Tribunal de Cuentas (su venta por debajo del precio del mercado ha supuesto una pérdida de 98 millones) y por el juzgado 48 de Madrid, que también investiga la relación del mayor de los Aznar con ELQ Holding Llc, fondo radicado en Delaware y dueño de 338 de las viviendas adjudicadas a Goldman Sachs.

La oposición en la Asamblea de Madrid ha denunciado que tanto en la venta y adjudicación de viviendas del IVIMA como de la EMV del ayuntamiento aparecen dos sociedades filiales de Goldman Sachs, Blackstone y Cerberus, en lo que parece es un reparto del mercado, y en el que aparece recurrentemente la figura de Aznar Botella.

El rescate europeo: el gran negocio 

Y es que el nombre Caja Madrid no tiene el mismo sentido para Pujol, Aguirre y Aznar que para el resto de españoles: para ellos es un negocio que sigue dando beneficios. También hay un cambio del sentido que tenía para los patriarcas y matriarcas respecto a sus hijos. 

Los primeros gestionaban el negocio inmobiliario y manejaban un conjunto de empresas desde las cajas; los segundos las gestionan desde fondos de inversión.

Esta transición no fue tarea fácil después de que los patriarcas fueran apartados del poder tras el rescate de la mayoría de las cajas. En 2012, con Bankia intervenida y Rato apartado, todo parecía perdido para los viejos patrones de Bankia, los Aguirre y Aznar. En especial para el clan Aznar, que quedaba especialmente tocado, al ser Bankia secuestrada por el FROB y el Ministerio de Economía, al servicio del outsider De Guindos, y ser supervisado su devenir y venta por el Banco Central Europeo.  

Pero la intervención de las cajas también tenía su parte buena: el memorándum de entendimiento obligaba a las cajas a crear un banco malo y desprenderse de sus activos para sanear las cuentas: el Sareb, en el cual se tenían que depositar los activos tóxicos de las cajas de ahorro intervenidas, tanto viviendas como préstamos. En el Sareb el clan tenía contactos y más autonomía.

 La presidenta de Sareb era (hasta enero de 2015) Belén Romana, directora de Tesoro y Política Financiera con Aznar, y en su consejo se encontraba Martín Villa, diputado del PP hasta 1997 y ministro franquista. Entre medias, los hijos del régimen se convirtieron en actores intermediarios para juntar oferta y demanda, ya que conocían ambos sectores, a los fondos de inversión con capital para invertir por un lado, y a las cajas de ahorro y las administraciones públicas por otro.

500 empleados de Bankia, 74 millones de beneficio

El acercamiento de Aznar a Cerberus fue un golpe de suerte para el fondo estadounidense. Pasó de poseer un número reducido de oficinas y edificios a hacerse con el mayor lote del Sareb: la gestión durante diez años de los préstamos y viviendas de Caja Madrid, en dos concursos sucesivos, uno en 2013 y otro en 2014. 

Para llevar a cabo la venta de activos, Bankia les transfirió la infraestructura de su negocio inmobiliario (500 personas), llegando los sindicatos a un acuerdo con Cerberus para mantener los puestos de trabajo por dos años más si se cumplían los objetivos de venta. El negocio de gestión reportó a Haya Real Estate (Cerberus) unos ingresos de 146 millones en 2014 y unos beneficios de 74 millones. 

Según informaciones de Vozpopuli, en el año 2013, año en que se produjo el primer contrato entre Cerberus y Bankia, la empresa Poniente Capital de Aznar Jr. tuvo unos ingresos de 1,8 millones de euros. El año anterior había facturado 758.520 euros.

Posteriormente, en junio de 2014, Cerberus se hará con la inmobiliaria Cementa2 de CajaMar por 200 millones. En los dos últimos años, la operación más ambiciosa del duo Cerberus-Aznar era la operación llamada Big-Bang: hacerse con la propiedad del conjunto de los activos inmobiliarios que aún tiene Bankia. 

La primera oferta, por valor de 2.000 millones, fue desestimada por Bankia, por ser insuficiente, ya que estimaban poder recaudar unos 4.000 millones. Por el momento no han vuelto realizar ninguna nueva oferta, aludiendo al contexto de incertidumbre política y económica. 

Quizá sigan los pasos en la venta de los activos tóxicos que La Caixa vendió en diciembre: una vez formado el gobierno catalán, y resueltas las elecciones generales, TPG y Goldman Sachs se hacían con su propiedad.

Y es que Aznar Jr. no se fía del clima político. Según trascendió en enero, ha desaconsejado a fondos de inversión extranjeros a los que asesora, el invertir en el país, debido a los resultados del 20D. 

Estos resultados, poco esperados, quizá hicieron reflexionar al matrimonio Aznar-Cerberus sobre las compras hechas y el riesgo que podían tener en el futuro: ha conseguido amasar la segunda mayor cartera de activos de peso en el sector inmobiliario (después del BBVA), ha comprado el parque eólico de Renovalia, además de tener inversiones en el transporte marítimo (Trasmediterránea), la alimentación animal (Nutreco), e intentar en sucesivas ocasiones hacerse con clubes de futbol (Valencia y Español).

De la misma opinión es Aznar padre. En enero, en una entrevista concedida al Diario las Américas, advertía: “Yo estoy manteniendo silencio sobre la situación política española, pero simplemente quiero decir que España, desde el comienzo de la transición democrática en el año 1976, con la transformación que se produjo desde el punto de vista político, económico y social, logró un cambio de tal envergadura y tan positivo, que los españoles debemos fijarnos muy bien y actuar con mucha inteligencia para que no se pierda”.

El nuevo escenario electoral del 26J pone de nuevo en guardia al clan, con sus fichas colocadas y sus nuevos aliados avisados."                   (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 30/04/16)

El "negocio redondo" que Ana Botella facilitó a los fondos buitre con las viviendas sociales

"El Ayuntamiento de Manuela Carmena considera que los fondos buitre tenían montado un “negocio redondo” con la compra de viviendas sociales en la capital. Tanto la Cámara de Cuentas como el propio Consistorio están trabajando para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas durante el Gobierno del PP –sobre todo en los años de gestión de Ana Botella- en la venta de inmuebles protegidos a estos fondos de inversión. El nuevo capítulo corre a cargo de la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

La edil ha dado cuenta este martes del “negocio redondo” que tenían los fondos buitresen el Ayuntamiento de Madrid, gracias a la ayuda del PP: “compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a personas vulnerables que no pueden pagarlo y las desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”.

Higueras ha explicado en su comparecencia en el Consistorio capitalino –a petición del PSOE- que los fondos buitre solían pasar un listado a la Empresa Municipal de Vivienda Social (EMVS) con todas las familias a las que pensaban desahuciar, para que el Gobierno se encargara de darles una alternativa habitacional. Para el equipo de Carmena, lo normal sería que estas empresas asumieran un cierto coste social.

“Es verdad, los fondos buitre no han desahuciado a nadie porque la Empresa Municipal de la Vivienda les recolocaba a las familias que no podían pagar sus rentas como consecuencia de las subidas en sus contratos”, señalaba Higueras.

La delegada ha explicado que al asumir la presidencia del EMVS, los fondos buitre comenzaron a enviarle estos listados, “sin ningún pudor”, ha matizado. En estos comunicados, también advertían de que las familias que iban a ser desahuciadas se encontraban en una situación “verdaderamente extrema”, pero que “ellos no iban a tener a bien valorar”.

Higueras ha asegurado que cortó de raíz esta práctica porque no pretende ser “cómplice” de una “maniobra orquestada” por el anterior equipo de Gobierno, del PP. Ni tampoco permitirá que ninguna familia vulnerable se quede sin casa, ha sentenciado.

El PSOE había pedido esta comparecencia para preguntar a Higueras por las acciones que pretendía emprender el Ayuntamiento en contra de la venta de viviendas públicas a los fondos de inversión. La portavoz ha declinado pronunciarse, porque el informe de la Cámara de Cuentas que alerta de la gestión al margen de la normativa es provisional. ”Si se confirman las irregularidades veremos las acciones judiciales municipales que puedan ser más eficaces”, ha explicado."         (El Boletín, 27/04/16)

Ana Botella vendió 18 promociones de pisos protegidos en Madrid al fondo buitre de su hijo

"Las viviendas no se podían vender

La conclusión sexta del informe de la Cámara de Cuentas explica por qué, jurídicamente, no se podían vender estas promociones: La EMSV “contravino el contenido del Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado el 30 de octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección pública, a entidades jurídicas, que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio reglamento”.

Muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercitarlo: “La EMSV les negó la condición de interesados en el procedimiento en contra de los establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común (apartado IV.5), al que se remite, en los procedimientos de adjudicación de tales viviendas el Reglamento” municipal.

Otra irregularidad que detecta la Cámara de Cuentas es que, tras comprar las casas, la EMSV no “estableció una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que esta se ha subrogado y que exceden de las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad de Madrid”.

La venta a un fondo buitre (el grupo Magic Real State/Blackstone) de 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid tenía mayoritariamente alquiladas a familias con escasos recursos presenta graves irregularidades. Información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia y un “quebranto” millonario para las arcas municipales constituyen solo una parte de las presuntas ilegalidades halladas por la Cámara de Cuentas de Madrid en una operación que, desde que se consumó en 2013, tiene en pie de guerra a los inquilinos con su nuevo casero, que ha desahuciado a varias decenas de familias que no han podido afrontar las nuevas condiciones impuestas.

El informe, preliminar y sometido a alegaciones, elaborado por el órgano fiscalizador de las entidades públicas madrileñas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla una decena de irregularidades en la venta de estas casas por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La operación se cerró por 128,5 millones, unos 32 millones menos de lo que, según estudios que poseía el Consistorio, valían esos inmuebles, siempre según el informe.

Sin justificación fehaciente alguna, y saltándose además el procedimiento, el Ayuntamiento, gobernado entonces por la alcaldesa Ana Botella, rebajó el precio de adjudicación inicial (127,5 millones) en casi más de dos tras alegar los compradores que la morosidad en los pagos del alquiler era superior a la indicada por el municipio; y, además, en el mismo lote, le escrituró por tres millones otros 89 inmuebles (garajes, locales y trasteros) a pesar de que once de ellos se introdujeron a última hora en la operación y no figuraban en la relación de bienes pactadas inicialmente.  La entonces concejal de Urbanismo, Paz Fernández, hoy retirada de la política, ha declinado pronunciarse sobre este asunto hasta que el informe sea definitivo, y eludió facilitar las alegaciones que ha presentado ante la Cámara para refutarlo.

El informe de la Cámara de Cuentas describe a lo largo de 65 páginas hechos que en algunos casos pueden revestir carácter delictivo. La Cámara analiza en este informe la desinversión que hizo el Ayuntamiento en los años 2012 y 2013 al vender un total de 6.844 inmuebles que le reportaron 261,8 millones de euros. 

Entre ellos, las citadas 1.860 viviendas, alquiladas dentro de programas de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados). Muchos de estos inquilinos tenían contratos con la EMVS que estipulaban un derecho de opción de compra pasados siete años en unos casos y 10, en otros.

El informe revela que todas esas casas (que formaban un total de 18 promociones) se vendieron en bloque vulnerando la ley y sin darle siquiera a los arrendatarios la posibilidad de ejercer su derecho de opción de compra. El Ayuntamiento de Ana Botella justificó la decisión en la necesidad de equilibrar las cuentas de la EMVS. 

Pero al poco de llegar el nuevo casero, y a medida que iban expirando los contratos firmados con la EMVS, las condiciones del alquiler cambiaron al alza, con incrementos de hasta un 43%, según explica la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por la venta de las Viviendas de la EMVS, Arancha Mejías. “Se pasó de pagar en torno a 400 euros, dependiendo de los metros cuadrados de la casa, a unos 700. Y se elevó el precio de la comunidad. Y llegaron los desahucios: solo en la promoción de Carabanchel, una quincena”, asevera Mejías.

El informe arroja conclusiones demoledoras: “Han sido los interesados en la compra [de estas viviendas], los que han fijado el precio de venta y [este] ha sido aceptado” sin más por la EMVS, subrayan los redactores del documento. En la venta de estos inmuebles, la EMVS “prescindió de las instrucciones internas de contratación” fijadas por su Consejo de Administración en 2008 y los enajenó “sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta y sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar”.

 Es decir, el precio se puso “por un acuerdo negociado entre el comprador” y la EMVS pero sin que existiesen “tasaciones previas que fijaran dichos valores” ni un “estudio o informes de viabilidad técnica y jurídica de la operación”. Y, además, saltándose las “normas de contratación e incumpliendo los criterios de racionalidad, economía y eficacia que debe presidir la gestión de los intereses públicos”.

El Consejo de Administración de la EMVS aprobó el 11 de junio de 2008 las instrucciones internas que había que seguir para la compraventa de inmuebles públicos. Estas normas se incumplieron, según el informe de la Cámara de Cuentas. 

“La venta de las 18 promociones se ha realizado sin que haya un informe técnico de valoración en el que se cifre el valor objetivo y cierto de mercado de los elementos objetos de enajenación, aunque teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto al precio, por ser viviendas de protección pública. 

Ello puede ser indicativo, de una deficiente o mala gestión en la administración y valoración de los intereses públicos a los que la venta, en todo caso, ha de responder”, concluye el informe.

La EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal, con gestión privada que se rige por unos estatutos aprobados por el pleno del Ayuntamiento el 28 de febrero de 1997 y modificados luego en febrero de 2005 y noviembre de 2013. Es mercantil, pero dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas, destaca el informe.

La Cámara de Cuentas ha instado a la exalcaldesa Ana Botella y al anterior gerente de la EMVS, Fermín Oslé, a que ofrezcan explicaciones sobre las graves irregularidades detectadas en esta macrooperación de venta de casas protegidas. Botella ha eludido contestar personalmente a la Cámara y se ha adherido a las alegaciones presentadas por los miembros de su anterior equipo de gobierno.

Poco después de caer en manos de este fondo buitre las casas, los vecinos afectados acudieron a los tribunales. El asunto cayó en el Juzgado 38 de Instrucción de Madrid, que lo sobreseyó provisionalmente sin practicar las pruebas que le pedían los damnificados y con las que intentaron demostrar las irregularidades de la compraventa y sugirieron un trato de favor municipal al grupo empresarial beneficiario, vinculado societariamente con empresas para las que trabaja el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella, según argumenta la presidenta de los afectados y ha denunciado la denominada Asociación Corruptil en un escrito presentado ante el juzgado 48 de Madrid, que investiga malversación de caudales en otra operación de compraventa de casas públicas del IVIMA ejecutada por la Comunidad de Madrid. Este es el primer informe oficial que se hace sobre la macrooperación de la EMVS.

Este informe, sometido en la actualidad alegaciones, se refiere solo a la EMVS, aunque el Gobierno del expresidente Ignacio González también enajenó 2.935 viviendas protegidas del IVIMA, en fechas coincidentes y mediante un procedimiento similar, a otro fondo buitre, Azora-Goldman Sachs. Los afectados del IVIMA presentaron una querella que está siendo investigada por el Juzgado número 48 de Madrid, en la que ya está imputado Juan Van-Halen, exdirector general de Vivienda de Madrid, quien presentó su dimisión en el cargo que tenía en el Ministerio de Fomento al conocer que el juez le había llamado como investigado sobre este asunto. 

Los de la EMSV también interpusieron una querella, que fue sobreseída provisionalmente por el Juzgado 38 de la plaza de Castilla. “A la vista de los nuevos datos que recoge el informe de la Cámara de Cuentas vamos a pedir la reapertura del procedimiento en el Juzgado 38”, avanza Mejías."       (José Antonio Hernández, El País, 05/04/16)

 "El Ayuntamiento de Madrid, durante los años 2012 y 2013, cuando estaba gobernado por Ana Botella, vendió 18 promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin aplicar las "instrucciones internas de contratación".

Así consta en un anteproyecto de informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de operaciones de enajenaciones del patrimonio inmobiliario de la EMVS y de los controles realizados por las instituciones competentes, al que ha tenido acceso Europa Press.

El escrito, adelantado por eldiario.es, destaca que la EMVS, en la venta de determinados inmuebles, "ha prescindido de la aplicación de las instrucciones internas de contratación", procediendo a la venta de los mismos "sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta".

También se ha hecho "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar que se ha fijado por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores", lo que supone "un incumplimiento" de las normas internas de contratación.

En este punto añaden que no sólo se incumple la normativa interna sino varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) así como a los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos", recoge la Cámara en su informe.

1.860 viviendas afectadas

En concreto, las promociones vendidas componen un total de 1.860 viviendas vendidas a dos entidades jurídicas del mismo grupo societario, Fidere Gestión y Fidere Vivienda, en régimen de arrendamiento y de arrendamiento con opción a compra, más los correspondientes garajes y trasteros (para un total de 5.315 inmuebles).

Esta venta se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

La venta a Fidere "contraviene" para la Cámara de Cuentas el contenido del Reglamento de Adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS aprobado por el Ayuntamiento en 2008 y modificado luego en octubre de 2012, que impide la venta de viviendas de protección a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.

A su vez, sostiene el órgano fiscalizador que en esta venta el Ayuntamiento no promovió "una verdadera concurrencia de interesados en la compra, dado que con carácter previo al anuncio de la misma, el 3 de mayo de 2013, ha facilitado el acceso, de manera privilegiada, al menos a cuatro entidades jurídicas, una de las cuales resultará ser la adjudicataria de la venta, a los datos e información relativa a los elementos que configuran las 18 promociones, colocando a esas entidades en situación de ventaja respecto a otros posibles interesados".

La Cámara de Cuentas concluye que la EMVS lanzó el anuncio de venta desconociendo el valor objetivo del mercado de los inmuebles, renunciando a un informe técnico hecho por personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación homologadas.

"Solo tiene como referencia una estimación por aproximación al total de los bienes, que carece de condición de informe técnico de valoración, hecha por PwC, que no solo carece de validez de tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar (...) sino que además se revelará, en la fase de negociación, posterior con la que resultaría la adjudicataria, como asesora de esta última", destaca el informe.

En consecuencia, ve un incumplimiento de las instrucciones internas de contratación respecto a la obligación de fijar "el precio objetivo y cierto" del bien a enajenar, además de "vulnerar las más elementales reglas de buena gestión y administración de bienes ajenos y además afectados al cumplimiento de fines sociales e intereses públicos".

Recalca que el precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128,5 millones de euros, resulta inferior a su valor contable (159,4 millones) e inferior también al valor total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garaje y locales.

La Cámara de Cuentas entiende que se ha podido afectar con la enajenación a los arrendatarios de las viviendas, a los que se ha negado la condición de interesados en el procedimiento en contra de lo que marca la normativa.

Además, recrimina a la EMVS que no se haya establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control "para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado y que exceden las obligaciones que tienen los promotores privados de viviendas de protección pública, cuyo control corresponde a otras instituciones de la Comunidad".               (Público, 06/04/16)