Mostrando entradas con la etiqueta Caso Mercurio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Caso Mercurio. Mostrar todas las entradas

17.12.12

“El concejal se repartía las comisiones con sus amigos del Ayuntamiento”

"Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. 

Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.

A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio.

 “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.

Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras.

 Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.

 Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. 

Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.

“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. 

Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS. (...)

En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. 

El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.

 Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. 

Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.

Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado.

 Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.

Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”.

 Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.

A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. 

Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche.

 “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.           (El País, 11/12/2012)

4.12.12

La trama corrupta de la Diputación barcelonesa

"La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial.

 Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa.

 El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. 

El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras.

 La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel.

 Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha.

 Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos.

 El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos.

 Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.     (El País, 30/11/2012)