La carrera hacia la libertad de los condenados por Gürtel

 "Desde finales de diciembre, cinco de los principales condenados por la primera etapa de la trama Gürtel han mejorado su situación penitenciaria, en dos de los casos antes de haber cumplido la mitad de la pena. El extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias; los dos cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego, y el que fuera consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, han visto como la justicia ―en cuatro de los cinco casos en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias― les concedía la semilibertad o, en el caso de López Viejo, salidas diarias restringidas. Sin embargo, cada uno tiene por delante su particular calendario penitenciario, según reflejan diversos documentos judiciales. Cuatro esperan haber reunido los requisitos legales para que un juez les excarcele entre finales de 2024 y 2027.

 Luis Bárcenas. El 27 de diciembre el extesorero acudía al Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent, en Madrid, para comenzar a disfrutar de la semilibertad que días antes le había concedido Instituciones Penitenciarias. Condenado a 29 años y un mes, para entonces Bárcenas hacía más de un año que había cumplido la mitad de los 12 años de cumplimiento efectivo que fijó la Audiencia Nacional. En su caso, la semilibertad era fruto de la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, que permite a internos que, como él, están clasificados en segundo grado (el ordinario, en el que está más del 70% de los presos en España) acceder a beneficios del tercer grado, como las salidas diarias. Desde entonces abandona durante 15 horas al día el recinto penitenciario para ir a trabajar. Pese a que esta situación es, prácticamente, un tercer grado, Bárcenas ha intentando sin éxito que se le progrese a esta clasificación. El juez lo rechazó el pasado julio.

Si lo logra finalmente (cada seis meses se revisa la clasificación de los reclusos), obtendría ventajas a corto plazo ―pasaría de 36 días de permiso al año a 48―, pero sobre todo le permitiría aspirar a la excarcelación a medio plazo. Según su calendario penitenciario recogido en el auto de julio, el 20 de septiembre de 2024 habrá alcanzado las dos terceras partes de la pena, lo que le abriría la puerta a que un juez le concediera la llamada “libertad condicional adelantada”, una medida excepcional contemplada en el artículo 91 del Código Penal. Justo un año después cumplirá las tres cuartas partes para aspirar a la libertad condicional ordinaria (artículo 90). Para lograr cualquiera de las dos, además de los respectivos requisitos temporales, Bárcenas tiene que estar clasificado, precisamente, en tercer grado además de haber tenido buen comportamiento y, en el caso de la libertad condicional anticipada, haber “desarrollado continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales”. El extesorero, que ha realizado un taller de justicia restaurativa y participa en un programa de reinserción para delincuentes económicos, aprovecha sus salidas del CIS para, además de trabajar como contable, colaborar con una ONG. El extesorero extinguirá la pena el 19 de septiembre de 2028.

Pablo Crespo. El que fuera número 2 de la trama Gürtel está condenado en cinco piezas de la macrocausa de corrupción a un total de 73 años y 4 meses de cárcel, aunque la Audiencia Nacional fijó que el máximo que debe cumplir son 18 años. En diciembre pasado ya había cumplido la mitad. En su caso, y al contrario del extesorero del PP, la justicia sí le ha concedido el tercer grado penitenciario ―lo hizo en febrero―, por lo que en diciembre de 2025, cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, podrá aspirar a que el juez le conceda la libertad condicional anticipada. De no lograrlo, en junio de 2027 cumpliría el requisito temporal para la ordinaria. Extinguirá la pena el 12 de diciembre de 2031. El auto judicial con el que se le concedió en febrero la semilibertad en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias se destacaba que Crespo había disfrutado de 11 permisos “sin incidencias”, que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y que había participado “con excelente aprovechamiento” en un programa de reinserción. La resolución también destacaba su colaboración con la justicia.

Francisco Correa. Condenado a 105 años y siete meses en siete juicios por corrupción, la Audiencia Nacional fijó para el cabecilla de la trama un máximo de estancia en prisión de 18 años. Aunque aún tiene que sentarse en el banquillo en otros tres juicios, el auto con el que el juzgado le concedió en junio el tercer grado ya destacaba que las hipotéticas condenas no ampliarán su tiempo de estancia en la cárcel. Su acceso a la semilibertad, como pasó con su número dos, se produjo en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias. El juez consideró que era merecedor de este beneficio porque su evolución en prisión había sido “muy positiva” y colaboraba con la justicia, además de tener una oferta de trabajo. Ahora, y con la mitad de la pena cumplida desde 2022, su vista está en julio de 2025, cuando habrá cumplido dos terceras parte de la condena y enero de 2027, cuando alcance los tres cuartos. No extinguirá la pena hasta el 9 de julio de 2031.

Rosalía Iglesias. La esposa de Bárcenas accedió a la semilibertad el pasado lunes después de que la Audiencia Nacional corrigiera a Instituciones Penitenciarias y ordenara aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, como al extesorero. Condenada a 12 años y 11 meses de prisión, el tiempo máximo en prisión se le fijó en siete años y seis meses. Al no haber ingresado en prisión preventiva ―al contrario que su marido, Crespo o Correa― su grado de cumplimiento de la pena es inferior aunque esta es más baja. De hecho, aún no ha cumplido la mitad de la misma (lo hará en julio de 2024) y no llegará a los dos tercios hasta octubre del año siguiente. Su calendario penitenciario tiene en rojo otras dos fechas: el 28 de mayo de 2026 habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena y el 11 de abril de 2028 extinguirá el castigo. Como Bárcenas, Correa y Crespo, cumple su condena en el CIS Victoria Kent, del que en breve podrá salir a diario para trabajar y ayudar con una ONG. Además, deberá participar en programas de reinserción por orden del juez.

Alberto López Viejo. El exconsejero de la Comunidad de Madrid es, de los cinco, el que tiene los plazos más largos para la excarcelación. Condenado a 27 años y 10 meses, de los que tiene que cumplir 13 años y nueve meses, López Viejo no cumplirá la mitad de la pena hasta abril del año que viene. De este modo, no alcanzará las dos terceras partes hasta julio de 2027; las tres cuartas partes hasta septiembre de 2028, y no la extinguirá hasta el 13 de febrero de 2032. Aunque aspiraba a que se le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario —el mismo que a Bárcenas e Iglesias―, el juez optó en julio por aplicarle otro artículo, el 117, que le permitirá salir varias veces a la semana para hacer voluntariado con refugiados ucranios a pesar de estar en segundo grado penitenciario. Es el mismo artículo por el que Iñaki Urdangarin abandonó a partir de 2019 varios días a la semana la prisión de Ávila también para colaborar con una ONG. No obstante, el magistrado apuntaba en el auto que, de continuar con la evolución “positiva”, el exconsejero obtendrá “en el futuro no lejano mayores cotas de libertad”."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 21/08/23)

Se han producido con una asombrosa frecuencia casos de corrupción política, fundamentalmente vinculada al sector de la construcción y al urbanismo... Se supone que, si la corrupción encuentra su mejor caldo de cultivo en ayuntamientos y comunidades autónomas, ese debería ser uno de los grandes temas de preocupación cara a las elecciones, y que la honestidad personal de cada candidato debería ser uno de los requisitos más exigidos por los votantes de cualquier partido. Y, sin embargo, la experiencia demuestra que no es así... El problema con los casos de corrupción municipal y autonómica no es solo el efecto sobre el sector afectado en particular... se reduce el gasto en educación y en sanidad porque se utiliza ese dinero en otros sectores en los que es más fácil el soborno o que brindan más oportunidades lucrativas para los responsables políticos o su partido. Un corrupto hábil suele ser al mismo tiempo un hábil charlatán. Y una vez que le das poder a un charlatán nunca lo recuperas

 "Con fecha de 2015, 600 ayuntamientos de este país ya habían sido investigados por corrupción y en más de 300 casos se habían abierto causas judiciales. Según los datos del catedrático Manuel Villoria, especialista en el tema, el 60% de los ayuntamientos de Murcia y el 40% de los de Canarias habían pasado por ese trance. En la memoria de la Fiscalía de 2022 se contabilizan 45 diligencias relacionadas con corrupción política, muchas de ellas con hasta 15 y 20 piezas abiertas distintas. Está claro que la corrupción política se investiga y se sanciona en España y que la policía y los fiscales hacen su trabajo cada vez mejor. Lo que no está nada claro es que tenga una repercusión electoral.

España no sufre un problema de corrupción sistémica, pero sí se ha demostrado que, en el ámbito municipal y autonómico, se han producido con una asombrosa frecuencia casos de corrupción política, fundamentalmente vinculada al sector de la construcción y al urbanismo. Ahora, las noticias sobre la compra de votos en Melilla (Coalición por Melilla) y municipios como Mojácar (PSOE) amplían el campo de esa corrupción en un escenario especialmente grave, el electoral. La rapidez con la que se investiguen, atajen y castiguen esas redes será fundamental, pero también los mecanismos de control de que dispongan los partidos políticos para vigilar sus estructuras locales, de las que son responsables.

Según la mayoría de los estudios publicados, los ciudadanos no tenemos experiencias directas de corrupción en el trato con la Administración del Estado (los funcionarios son honestos). Sin embargo, tenemos una percepción muy alta de que existe corrupción en el país porque es evidente que ha habido un gran problema a la hora de controlar a los partidos, municipios y autonomías y por la discrecionalidad con la que han podido actuar en lo relativo al urbanismo. Está por ver si las nuevas legislaciones aprobadas desde 2015 han levantado una barrera suficiente o si lo único que ha ocurrido es que estalló la burbuja que alimentó toda esa podredumbre y que, ahora, toda la red está a la espera de nuevas oportunidades.

Se supone que, si la corrupción encuentra su mejor caldo de cultivo en ayuntamientos y comunidades autónomas, ese debería ser uno de los grandes temas de preocupación cara a las elecciones que se celebran hoy y que la honestidad personal de cada candidato debería ser uno de los requisitos más exigidos por los votantes de cualquier partido. Y, sin embargo, la experiencia demuestra que no es así. No está claro, por los resultados electorales anteriores, que la corrupción sea el motivo de una mayor abstención o que el partido más afectado sufra una pérdida notable de apoyos. Quizá porque la polarización es tan grande que las personas con sesgo partidista deciden ser tolerantes con los casos que implican a su grupo.

La campaña ha tratado tangencialmente el tema y no parece que los anuncios de reavivar la burbuja inmobiliaria realizados por el PP en toda España hayan despertado la alarma de los ciudadanos. La candidata popular a la Comunidad de Madrid (muchos de cuyos ayuntamientos se vieron implicados en casos de corrupción en los años dos mil), por ejemplo, ha anunciado que permitirá a todos los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso sin necesidad de realizar una modificación del planeamiento urbano local. Se trata de vivienda pública, se dirá, pero ya es conocido que, en Madrid, esos pisos acaban fácilmente en manos de fondos de inversión.

El problema con los casos de corrupción municipal y autonómica no es solo el efecto sobre el sector afectado en particular. Es que la corrupción modifica, además, la composición del gasto público. Numerosos estudios han demostrado que disminuye el gasto destinado a educación y a la sanidad pública, por ejemplo. ¿Cómo? Paolo Mauro, economista del Fondo Monetario Internacional, lo ha explicado con sencillez: se reduce el gasto en educación y en sanidad porque se utiliza ese dinero en otros sectores en los que es más fácil el soborno o que brindan más oportunidades lucrativas para los responsables políticos o su partido.

Un corrupto hábil suele ser al mismo tiempo un hábil charlatán. Y una vez que le das poder a un charlatán nunca lo recuperas, decía el escritor y científico Carl Sagan."             (Soledad Gallego-Díaz , El País, 28/05/23)

Comisionistas: un cáncer de la democracia española... En los últimos años ninguna institución política ha quedado limpia y a salvo de la penosa lacra de las comisiones y los comisionistas

 "En los últimos años ninguna institución política española ha quedado limpia y a salvo de la penosa lacra de las comisiones y los comisionistas. Tampoco la Casa Real. Es más, algunos destacados miembros de la realeza –fieles al manual franquista de la economía productiva para beneficio de unos pocos (los de siempre)–, han practicado este negocio sin pudor.

 El caso Nóos se aireó en el año 2010, cuando el juez José Castro, que investigaba las adjudicaciones del pabellón polideportivo Palma Arena, decidió abrir una pieza separada y requirió información sobre varios convenios firmados durante 2005 y 2006. Los firmantes de aquellos acuerdos, el Gobierno balear y el Instituto Nóos –una supuesta fundación deportiva en principio “sin ánimo de lucro” presidida por Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma y yerno de Juan Carlos I– terminaron mal.

 Tras la investigación de Castro, la Fiscalía Anticorrupción presentó contra el yerno del actual rey emérito y su socio, Diego Torres, cargos por malversación, fraude, prevaricación y falsedad. Otra inmensa tapadera para el cobro de comisiones ilegales al descubierto.

En el auto del magistrado quedó acreditado que el duque de Palma y su cómplice recibieron 5,8 millones de euros de los Gobiernos valenciano y balear. En su declaración, Urdangarin exculpó a su esposa, la infanta Cristina, que en abril de 2013 fue imputada por presunta apropiación indebida de fondos públicos, aunque finalmente quedó absuelta. Durante el interrogatorio, Torres resumía de esta manera, ante el juez, la forma de actuar del insigne comisionista deportivo: “Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración”. 

Al final, quedó acreditado que el Instituto Nóos no pudo justificar la necesidad del gasto con cargo a las arcas públicas, ni el desorbitado precio de los actos contratados por las administraciones implicadas, ni la excepcionalidad de la contratación. Es decir, la fundación vendía humo, puro humo, y su única finalidad era generar comisiones para los involucrados en la red.​ El propio Jaume Matas, presidente balear, confesó de qué iba todo aquel chiringuito en el programa de Jordi Évole: “A Urdangarin le habría recibido a la hora que él hubiera querido y donde él hubiera querido”. El trato de favor hacia el marido de la infanta Cristina no tenía como finalidad promocionar el turismo, la imagen de marca y el deporte en las islas, sino agradar a la monarquía. “¡Era el duque de Palma!”, sentencia Matas. “La familia real es fundamental para Mallorca. No sé las cifras, ni las cantidades. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que ellos estuvieran bien”.

El 11 de enero de 2016 se abrió la vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares. Finalmente, Iñaki Urgangarin fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e ingresó en la prisión abulense para mujeres de Brieva. Actualmente se encuentra en libertad y dando grandes titulares en la prensa rosa por sus infidelidades conyugales. ¿Seguirá con su negocio de comisionista o se habrá arrepentido realmente? Solo el tiempo lo dirá.

El caso Nóos no fue sino la primera entrega de una serie de truculentas historias que han perseguido a la Casa Real española en los últimos años. Pero el expediente Urdangarin iba a quedar en un juego de niños tras destaparse la madre de todos los casos del comisionismo patrio: los negocios del rey emérito en Arabia Saudí. En la madrugada del viernes 13 de abril de 2012, Juan Carlos I sufría una grave caída que iba a marcar el final de su reinado.

 El monarca se encontraba disfrutando de un safari en Botsuana en compañía de su amante, Corinna Larsen, cuando tropezó con un escalón en un bungaló de lujo y se rompió la cadera. Su affaire con la empresaria alemana, la infame cacería de elefantes en la que participaba y el hecho de que el monarca se diera a una vida de placeres y despilfarros mientras los españoles sucumbían a la grave crisis económica de 2008 acabó con el gran mito del patriarca de la Transición. Terminaba la leyenda del monarca que iba a pasar a la posteridad como el mejor de los reyes; comenzaba otra leyenda mucho más negra y oscura: la del soberano comisionista que no perdona un maletín repleto de dinero negro.

El safari de Botsuana, un escándalo de proporciones internacionales que terminó con la abdicación de 2014, fue un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Hay quien cree que si aquel episodio en África no hubiera trascendido a la opinión pública hoy Juan Carlos seguiría siendo rey de España. Nunca lo sabremos. En cualquier caso, lo más vergonzoso estaba aún por llegar. La prensa británica empezó a filtrar información sobre la supuesta fortuna oculta del rey emérito (más de 2.000 millones de euros, según Forbes y The New York Times) y la sombra del cobro de comisiones ya no se apartó del viejo monarca. 

En julio de 2018 el medio digital OkDiario publicó las grabaciones de un encuentro secreto que había tenido lugar tres años antes en Londres entre Corinna Larsen, el comisario José Manuel Villarejo (hoy en prisión) y el ex director ejecutivo de Telefónica Juan Villalonga, amigo común de ambos. En aquellos audios, Corinna aseguró que Juan Carlos I le había donado 100 millones de dólares, un regalo en agradecimiento y pago por su amor que según la empresaria alemana fue el fruto de la intermediación del rey emérito en la adjudicación de las obras de construcción del tren AVE a la Meca. También le acusó de ocultar su supuesta fortuna en un banco suizo sirviéndose de testaferros, así como de fundar sociedades pantalla en paraísos fiscales para canalizar los ingresos. El comisionista de comisionistas quedaba al descubierto.

Finalmente, el sospechoso asunto ha servido para que el rey emérito se vea obligado a poner al día sus cuentas con Hacienda (hasta tres regularizaciones fiscales se han sucedido en un corto período de tiempo) pero las causas penales han sido archivadas al entender la Fiscalía Anticorrupción que el monarca no puede ser procesado porque goza de especial protección constitucional (inviolabilidad real); porque no se ha podido probar el origen de los ingresos extra; y porque los delitos han prescrito. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire y sin ser contestada: ¿de dónde salieron los 100 millones de dólares que Juan Carlos donó a Corinna Larsen por el “cariño” que sentía hacia ella? La examante del primero de los Borbones asegura que la donación fue una entrega del rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdelaziz, como pago por la construcción del AVE en el desierto. 

El dinero habría sido ingresado en 2008 en la cuenta de una sucursal bancaria panameña del banco privado ginebrino Mirabaud. En las últimas semanas, todo eso ha sido archivado por la Justicia española por falta de pruebas y en una polémica decisión. Pero una cosa queda clara: también en este juego del comisionista hay clases. Están quienes juegan en tercera división (arañando lo que pueden de aquí y allá y arriesgándose a terminar en el calabozo) y los del palco VIP que gozan de inmunidad total. El famoso periodista Jaime Peñafiel, experto en información sobre Casa Real, reveló en el programa Todo es mentira de Cuatro cuál puede ser el origen de la fortuna del rey emérito: “Una comisión por cada barril de petróleo que le permitió cobrar el dictador, una comisión que perduró hasta tiempos de Aznar”. Qué maravilloso el mundo del comisionista que permite máximos rendimientos sin tener que poner el despertador a las seis de la mañana, cada día, para ir a trabajar.

La nueva hornada

Con tanta redada policial y tanto juicio, lo normal es que hoy por hoy la figura del comisionista hubiera entrado en franca decadencia. Nada más lejos. La actividad causa furor entre mucha gente que la sigue viendo como una manera de enriquecerse de forma rápida y sin apenas esfuerzo. Es lo que ha ocurrido con el caso mascarillas. En marzo de 2020, durante lo peor de la pandemia, cuando miles de personas caían enfermas y morían contagiadas, el Ayuntamiento de Madrid buscaba material sanitario allá donde fuese posible. España no disponía de stock suficiente de cubrebocas y tuvo que recurrir a otros países, mayormente asiáticos. Dos conseguidores, Luis Medina y su socio Alberto Luceño, iban a dar el pelotazo de sus vidas ofreciéndose para poner en contacto al consistorio municipal madrileño con empresas extranjeras.

 El problema fue que este negocio se hizo a costa de comprar productos de baja calidad y a un precio desorbitado, de modo que la Justicia investiga si se ha cometido un delito de estafa. La clave podría estar en un misterioso personaje, el empresario malasio San Chin Choon, con quien Medina y Luceño contrataron la compra de miles de mascarillas y guantes. Localizado el proveedor malasio, este declara que todo es legal y está en regla. Para darle al caso un aspecto más sórdido, se da la circunstancia de que Medina y Luceño contactaron con un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para ofrecer su negocio al Ayuntamiento de la capital, de modo que el escándalo está servido. “Contacté con Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender, que al ser primo del alcalde imaginé que me podría dar un contacto con el Ayuntamiento”, declaró Medina ante el juez. Sea como fuere, el negocio acabó siendo redondo para los comisionistas. Las mascarillas, guantes y test de diagnóstico covid-19 costaron a los madrileños casi 12 millones de dólares, de los que Medina y Luceño percibieron la correspondiente comisión (un millón el primero y más de 5 millones el segundo).

Rápidamente los mediadores diversificaron sus ganancias. ¿Cómo? Comprando bienes de lujo. Medina adquirió un yate modelo Eagle 44 por valor de 325.515 euros al que no sin algo de cinismo bautizó como Feria en homenaje a su padre, el conocido duque de Feria procesado en los años 90 por el rapto de una niña de 5 años. “El velero de los sueños de Luis Medina”, rezaba el titular de una conocida revista del corazón. La Fiscalía investiga si con el dinero sobrante adquirió diferentes tipos de bonos por valor de 400.000 euros.

Al hijo del duque de Feria no se le conoce profesión concreta, más allá de que su madre, la célebre modelo Naty Abascal, lo introdujese en su momento en el mundo de la moda y la alta sociedad. Ha ejercido como embajador de la marca italiana Dolce & Gabbana pero, según él mismo reconoce ante el juez, se dedica a todo un poco, desde “bróker de materias primas” a “compraventa de minería” pasando por la “alimentación, carne, pollo, cerdo…” Ahora la Justicia apunta a que Medina pudo aprovecharse de su condición de “personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid” para quedarse con el negocio de las mascarillas.

Mientras tanto, el socio Luceño destinaba 60.000 euros a unas minivacaciones en Marbella (a 10.000 euros la noche). También empleó el dinero en comprar tres relojes de lujo Rolex y 12 coches de alta gama de las marcas Ferrari, Lamborgini o Aston Martin. Los vehículos pedían mansión de lujo, que adquirió, como no podía ser de otra manera, en una zona exclusiva de Pozuelo de Alarcón al módico precio de un millón de euros. En su cuenta profesional, el comisionista dice que cree “en la motivación, profesionalidad y responsabilidad”, así como “en un futuro hecho sobre un presente”. 

Además, Luceño se define a sí mismo como una persona que “lucha y cree en el posicionamiento (aunque sacrifique dinero)”, a lo que añade: «Diferenciación, más posicionamiento, más valores, igual a éxito”. Retórica de coach barato, aquí lo que cuenta es la agenda y los contactos, todo el mundo lo sabe a estas alturas de la vida. Un buen enchufe en las administraciones públicas mejor que cualquier carrera, habría que añadir. Una vez más, queda acreditado que el comisionismo mal entendido no deja de ser una especie de parasitismo social, privilegio de casta que algunos aprovechan con destreza e imaginación para llegar a la cima del éxito.

Núñez Feijóo, presidente del PP y jefe de la oposición, ha calificado a ambos personajes, quizá con demasiada benevolencia, como “pillos de la pandemia”. Sin embargo, de confirmarse la estafa, los intermediarios habrían ido mucho más allá de dos avispados o simples listillos, ya que protagonizaron un obsceno caso de enriquecimiento meteórico mientras el pueblo español sufría los estragos de la pandemia y los efectos de una devastadora crisis económica. Nunca antes el dicho “a río revuelto ganancia de pescadores” fue más cierto y más nauseabundo.

Ante el escándalo de las mascarillas, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha tirado balones fuera, desmarcándose de los presuntos comisionistas. Cuando el negocio de las mordidas queda al descubierto nadie conoce a nadie. Todos se pierden sin dejar rastro, los clientes desaparecen, los compradores se esfuman, los vendedores ponen tierra de por medio y los conseguidores se encogen de hombros. “Esto es una cacería por parte de la izquierda”, denunció el primer edil madrileño. “No hay ninguna duda de que detrás de esta cuestión están el PSOE y Sánchez, que tiene una obsesión personalísima por Madrid”, insistió al tiempo que dijo sentirse estafado como alcalde de Madrid. Y además añadió que era “un honor y un motivo de orgullo que la izquierda le haya puesto en la diana de la cacería política a la que acostumbra”. Muchas excusas peregrinas, pero ni una explicación convincente sobre un pelotazo millonario que ha servido para enriquecer a unos pocos adláteres del poder.

La pandemia ha alimentado el talento de algunos para lucrarse con el negocio del comisionismo, que también se ha promocionado desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para aclarar qué hay detrás del contrato para la compra de mascarillas chinas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado destapó el affaire (no para garantizar la limpieza de la política sino en venganza contra Ayuso) y eso le costó el cargo. La cúpula del partido terminó derrocándolo y colocando a Feijóo, que a partir de ahora se andará con mucho más cuidado a la hora de meterse con la lideresa madrileña. Está claro que en este país el que denuncia al comisionista termina pagándolo caro. Al final, el acuerdo para la compra de mascarillas del Gobierno regional generó unos beneficios de 55.000 euros para el Hermanísimo de Ayuso.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha empezado a investigar el caso “a la vista de que los hechos denunciados” por tres grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid –PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid– “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia”. Las denuncias recibidas en Fiscalía se refieren a la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad (1 de abril de 2020) para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 6,05 euros y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, S.L., en la que supuestamente habría intermediado Tomás Díaz Ayuso. La presidenta ha admitido que esa negociación existió, pero “es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”.

Una vez más, será la Justicia la que tenga que aclarar si la operación, llevada a cabo en un momento crítico en que no había mascarillas en el mercado y miles de personas estaban muriendo por el coronavirus, cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público, que advierte de las “incompatibilidades” en las transacciones comerciales de la Administración en la que participan “cónyuges, personas vinculadas con una análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como parientes en segundo grado”, entre otros. Una relación por la que se puede producir un “conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación”. Según Clara Velasco, profesora de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en este caso “hay que ver” si el hermano de Ayuso “ha vulnerado esta prohibición utilizando como pantalla la empresa que finalmente consigue el contrato, por un lado, y por otro si el titular del órgano de contratación tenía un conflicto de interés”. Con todo, destaca, haría falta una investigación más exhaustiva para aclararlo, según una información del diario Ara.

El negocio suscrito por la Comunidad de Madrid es muy discutible desde el punto de vista ético (el aspecto legal se sustanciará en los tribunales), y ni siquiera la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia puede justificar que se incumpla la normativa en vigor. Carmela Sánchez, experta en economía financiera y sector público de la Universidad de Santiago de Compostela, recuerda que en los contratos durante el estado de alarma se “redujeron los controles” y es más difícil “comprobar” posibles malas praxis. “Se agiliza la contratación en perjuicio de la transparencia”, matiza. Y aunque considera que el hecho de que se pueda cobrar algún tipo de “comisión” en una contratación pública es “sorprendente”, la cantidad de 55.850 euros –un 3,6% del total– es la normal para este tipo de intercambios, añade la información del periódico catalán.

“Durante 2022 se adjudicaron más de 16.000 contratos de administraciones públicas. Esto es muchísimo. Sabemos que la mayoría tenía que ver con la crisis sanitaria, mascarillas, geles, guantes, pero también se aprovechó el momento para colar concesiones de televisión pública, la gestión de la piscina municipal de un pueblo, los camellos de la cabalgata de Reyes, pistolas Táser para la policía… Se ha aprovechado la pandemia para colar contratos que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria”, asegura Eva Belmonte, directora de Civio. Los contratos se firmaban de forma rapidísima, su publicación oficial no tanto, de ahí que esté costando investigar si hay más casos como el de Medina y Luceño. La ley obliga a la Administración a publicar en quince días, pero este trámite no siempre se ha cumplido. Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas están revisando cientos de contratos en busca de comisionistas y especuladores que hayan podido sacar tajada.

Ninguna parcela del Estado queda a salvo de la codicia de los comisionistas. Ni siquiera el deporte, del que se debería esperar que transmitiera valores de honestidad, ética y juego limpio. En las últimas semanas han salido a la luz pública unas grabaciones que recogen conversaciones privadas entre el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué. En los audios queda el descubierto el compadreo entre ambos personajes para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí. El contrato contemplaba una comisión millonaria para Kosmos, la empresa de Piqué, de 4 millones de euros por cada una de las seis ediciones del torneo, mientras que la Federación recibiría 40 millones por temporada (240 en total). En principio, no parece haber nada delictivo en la firma de este contrato. Ahora bien, ¿es ético o moral que el presidente del fútbol español favorezca a un comisionista que en realidad es un jugador que va a tomar parte en la Supercopa compitiendo con su club? ¿No se adultera la competición al mezclarse deporte y negocios? La posibilidad de que se produzca un conflicto de intereses está sobre la mesa. De momento, Piqué ha negado que haya cometido ninguna irregularidad: “Simplemente le estoy intentando ayudar [a Rubiales]. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la Federación. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones”, se defendió el central culé.

Rubi y Geri (con esa familiaridad se referían el uno al otro en las conversaciones) llegaron incluso a barajar la posibilidad de recurrir a Juan Carlos I por sus contactos con los jeques árabes (el futbolista llega a sugerir que con la mediación del monarca el negocio se remataría con éxito). De una de esas conversaciones se desprende que ambos contemplaron la opción de hablar con el rey emérito para que ayudara a que dicha competición se celebrara en Arabia Saudí. “Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de ahí, con los reyes o con quien sea de los saudíes. Porque podemos entrar fácil. Yo sé que tú, supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar, seguro… El emérito, ¿eh?”, asegura el defensa del Barcelona. A la pregunta, Rubiales responde: “Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno… nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé”. Un ejemplo de manual de comisionismo acelerado.

El escándalo estaba servido y, tal como cabía esperar, llegó a oídos de Juan Carlos I en su lejano exilio de Abu Dabi. De inmediato, el monarca se puso en contacto con el programa Espejo Público de Antena 3, presentado por Susana Griso, para negar su participación en cualquier trabajo, intermediación o cobro de comisiones: “Susana, desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un whatsapp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis, y le dije amablemente que no estaría aquí. Pero de lo otro nunca”.

El juancarlismo del 78 nos vendió el cuento de que esta democracia sería distinta, igualitaria, limpia de cortesanos y palaciegos. Sin embargo, la historia más negra de este país vuelve a repetirse una vez más y ahora vivimos la profunda decepción de que aquí siempre prosperan los mismos, los mal llamados comisionistas, un oficio bajo sospecha que promociona a grandes de España, instalados, familias bien colocadas de toda la vida. La misma nobleza corrupta parasitada con el sistema y la monarquía; los mismos señoritos del cortijo ahora reciclados en supuestos brókerespara dar el pelotazo a gran escala. Siguen estando ahí, las manos muertas, las clases ociosas que deambulan por los ministerios y ayuntamientos, los oportunistas que van a la caza del chollo del siglo. Una casta de alta cuna y baja estofa que se perpetúa de generación en generación, que tiene entrada libre en los grandes eventos nacionales y que se pasea por los despachos oficiales como Pedro por su casa. Conseguidores que alternan con los caciques en cotos privados de caza mientras disparan contra las cuatro liebres raquíticas que quedan. Arribistas con el carné del partido en los dientes que van cerrando negocios a destajo. Miembros de una estirpe de apellidos larguísimos como cansinas letanías. En eso consiste la esencia del comisionista: don de gentes, gente con don. Hoy venden un perfume en la televisión, mañana unos azulejos, una cuadra de caballos o unas mascarillas a precio de oro. Negocios diversificados para una ralea que no sabe hacer la o con un canuto y que nunca fue a la universidad. Y todo con el correspondiente jugoso porcentaje, sin dar golpe, solo tirando de una agenda milagrosa, de parientes influyentes y de amigos en las altas esferas. Nepotismo, enchufismo, amiguismo. Grandes males españoles que no hemos sabido o no hemos querido extirpar. Los comisionistas son los mismos de toda la vida (antes se les llamaba recomendados); los mismos que, cuando llegó la democracia, sacaron su dinero de España, a espuertas, por miedo a la Tercera República; los mismos del pañuelo en la solapa, la gomina en el pelo y el traje perfumado que siguen robando al patriótico grito de “viva España, viva el rey”. Comisionistas: seres agraciados por una feria jovial y secular para su goce exclusivo. Y mientras tanto, el pueblo hambriento mira, envidia y calla."                         (José Antequera , Diario16, 30/05/22)

La filtración de Natalie Edwards demostró que los gobiernos democráticos son los cómplices necesarios de los crímenes de la banca... Los Estados democráticos, cuando las autoridades de control encuentran casos de blanqueo de capitales, alcanzan acuerdos con los bancos responsables para evitar intervenir a estas grandes entidades y meter a los banqueros en la cárcel

 "Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards fue condenada y encarcelada por filtrar a la prensa los documentos que revelaban cómo los grandes bancos habían blanqueado en apenas 8 años más de 2 billones de dólares. En algunos casos, ese dinero procedía de organizaciones que financiaban al terrorismo internacional, a los cárteles de la droga o a cleptócratas corruptos. Esta funcionaria estará en una cárcel federal de Estados Unidos durante 6 meses y tendrá que vivir en libertad vigilada 3 años, mientras que los banqueros culpables se encuentran en la calle.

Uno de los puntos más importantes de la importancia de los más de 50.000 documentos filtrados por Edwards es cómo, en realidad, el sistema, los gobiernos, protegen a los grandes bancos que consiguen acuerdos con las autoridades judiciales, los llamados acuerdos de procesamiento diferido, para pagar millonarias multas, pero, en realidad, continúan actuando del mismo modo. Natalie Edwards demostró que los países democráticos son el cómplice necesario para que los bancos sistémicos globales continúen manteniendo el blanqueo de capitales como su negocio más rentable.  

En 2012, HSBC fue descubierto por permitir a los cárteles mexicanos de la droga blanquear dinero y realizar negocios en países prohibidos como Sudán y Myanmar. El banco fue multado con 1.900 millones de dólares. La entidad británica prometió cambiar sus formas y, para cumplir con esa promesa, el gobierno instaló un monitor independiente para vigilar de cerca sus movimientos. 

Sin embargo, los documentos filtrados por Edwards demuestran que HSBC continuó realizando operaciones bancarias y beneficiándose de los mismos tipos de clientes que lo metieron en problemas como, por ejemplo, una empresa de importación y exportación panameña que el Departamento del Tesoro detectó que estaba blanqueando dinero para los cárteles internacionales de la droga.

Por otro lado, JPMorgan Chase obtuvo su propio acuerdo de procesamiento diferido. Durante años, fue el banco principal del mayor estafador piramidal del mundo, Bernard Madoff, con el que, por cierto, mantuvo relaciones muy cercanas tanto con el Banco Santander (a través de Optimal) como con los fondos gestionados por Javier Botín y Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín. 

Al igual que ocurrió con el Santander, a pesar de las múltiples advertencias de los propios empleados de JP Morgan, el banco nunca presentó un informe de actividad sospechosa sobre Madoff y la entidad estadounidense supuestamente recaudó 500 millones de dólares en honorarios, tal y como se puede comprobar en la sentencia de la Corte Suprema del Distrito Sur de Nueva York, a la que Diario16 ha tenido acceso. 

Como castigo, se requirió que el banco pagara una multa de 1.700 millones de dólares y que prometiera mejorar sus defensas contra el blanqueo de dinero. 

No obstante, después de que se resolviera el caso Madoff, los propios investigadores del banco dijeron que sospechaban que había abierto sus cuentas a una presunta figura del crimen organizado ruso que es conocido por el tráfico de drogas y asesinatos por contrato, así como negocios vinculados al represivo régimen de Corea del Norte.

Lo mismo sucedió en Standard Chartered. En 2019, el gobierno de Estados Unidos modificó su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 después de que se descubriera que el banco continuaba compensando transacciones para individuos y empresas en países condenados por Estados Unidos, principalmente Irán, con quien el Santander también tuvo acuerdos de colaboración.

Standard Chartered pagó multas por un total de 1.100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas, y extendió los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido por sexta vez en el espacio de siete años. El banco se disculpó por sus «violaciones y deficiencias de control», pero prometió que no había ocurrido ninguna después de 2014.

Los documentos filtrados a BuzzFeed News por Natalie Edwars, sin embargo, muestran que Standard Chartered procesó cientos de millones de dólares para empresas que sospechaba que estaban eludiendo las sanciones contra Irán hasta, al menos, 2017.

Desde 2010, al menos 18 instituciones financieras han recibido acuerdos de enjuiciamiento diferido por violaciones contra el blanqueo de dinero o sanciones internacionales. De ellos, al menos cuatro volvieron a violar la ley y fueron multados. En dos ocasiones, el gobierno respondió a este tipo de reincidencia renovando el acuerdo de enjuiciamiento diferido, la misma herramienta que falló la primera vez.

España y el Santander, más de lo mismo

Aunque los acuerdos diferidos con los grandes bancos se dieran en Estados Unidos, en España ocurre algo parecido con la protección que el Estado concede a Banco Santander. No vamos a exponer de nuevo aquí todos los escándalos judiciales protagonizados por la entidad cántabra. Sin embargo, sí que es necesario volver a mencionar el caso de las cesiones de crédito, la adquisición de Banesto, el caso Inversión Hogar, los dividendos Cum-ex, el Caso Popular, el presunto fraude de una finca en Mijas, la ocultación de 2.000 millones a Hacienda por parte de la familia Botín, Valores Santander, el fraude piramidal de Madoff, Banif Inmobiliario, Ausbanc, los seguros PPI y un largo etcétera.

Sin embargo, el último gran escándalo judicial en España, protagonizado por el magistrado Santiago Pedraz, quien no dudó en sobreseer un caso de blanqueo de capitales en el que Santander estaba presuntamente implicado. Lo sorprendente (en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.

¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.

Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.

Para terminar de cimentar la protección al Santander, cuando un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para evitar dicha personación, según confirman las mismas fuentes. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.  "               (José Antonio Gómez , Diario16, 27/09/21)

Hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta. A Sir Jeremy Farrar, experto en enfermedades infecciosas, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". En una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19, que todo el mundo sabía que eran inútiles. La situación se parece cada vez más a la de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump

 "Al describir el ambiente que se respiraba en el número 10 de Downing Street el verano pasado, Sir Jeremy Farrar, el experto en enfermedades infecciosas que dirige el Wellcome Trust, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". Cuando se sentó en una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19 que todo el mundo sabía que eran inútiles.

"A veces me sentía", escribe en sus memorias Spike, "como si me hubiera extraviado en un plató de El tercer hombre, esa fantástica película de Carol Reed sobre una novela de Graham Greene, en la que aparece un mercado negro de penicilina".

La analogía es reveladora porque la Viena de posguerra de Greene y el gobierno de Johnson transmiten la misma sensación de sordidez omnipresente. Además, la personalidad de Johnson tiene mucho en común con la de Harry Lime, el antihéroe interpretado por Orson Welles, que desprende bonhomía pero es totalmente egocéntrico y peligroso para cualquiera que se interponga en su camino.

 Los optimistas pueden convencerse de que los chantajistas y los vendedores de aceite de serpiente vieron su oportunidad de beneficiarse del caos en el momento álgido de la pandemia, pero esperan que no ocurra necesariamente lo mismo en tiempos más normales. Pero, como el escándalo ha sucedido al escándalo en los últimos dos años, me pregunto si no estamos entrando en una era más corrupta en la vida política británica. La situación se parece cada vez más a la de la Gran Bretaña del siglo XVIII o a la de los Estados ricos en recursos de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables.

Mi impresión se ha visto confirmada por las revelaciones de la semana pasada sobre el secreto "Consejo Asesor" del Partido Conservador, que reúne a los donantes ricos en un club exclusivo al que algunos miembros han pagado 250.000 libras esterlinas al año para unirse. El club, que no se reconoce en ninguna parte de las publicaciones del partido, conlleva la ventaja de reunirse regularmente con Johnson y Rishi Sunak.

Lo que tienen en común estos donantes súper ricos es que son partidarios del libre mercado thatcheriano, hostiles a la regulación y a la intervención del Estado. Entre ellos se encuentran las personas que han apoyado durante mucho tiempo a Johnson durante su ascenso al poder y que presumiblemente esperan que su dinero les gane acceso e influencia. Es increíble que los tories nieguen que los donantes se beneficien materialmente de su generosidad.

Como todo lo que hace el gobierno de Johnson y el partido tory, esta recaudación furtiva de fondos de los súper ricos tiene su lado farsante. Está orquestada por Ben Elliot, a quien el primer ministro le encargó el trabajo por sus vínculos con la alta sociedad. Elliot es famoso por dirigir una empresa de "conserjería" llamada Quintessentially, que atiende las necesidades más excéntricas de los famosos, como enviar una docena de pavos reales albinos a una fiesta de Jennifer López.

Pero mientras Johnson cultiva a los plutócratas y los tranquiliza con sus promesas populistas, también está prometiendo exactamente lo contrario a los antiguos votantes laboristas de las Midlands y el norte de Inglaterra. Todos los políticos hacen promesas que no pueden cumplir, pero hay una nueva desvergüenza en el proceso: Johnson se jacta de "destrozar" las normas de planificación urbana y rural, justo cuando los intereses inmobiliarios donan 17,9 millones de libras al partido conservador en los dos años que lleva como primer ministro.

 El creciente poder de los plutócratas, las promesas contradictorias para todos y el creciente olor a corrupción no son sorprendentes. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y sigue haciéndolo en la India bajo el primer ministro Narendra Modi. Los llamados regímenes pluto-populistas tienden a comportarse de manera similar porque todos se apoyan en una incómoda alianza entre plutócratas, nacionalistas y conservadores sociales.

Los intereses de los miembros de esta coalición son muy diferentes, por lo que sólo puede mantenerse unida prometiendo todo a todos, mientras se conceden privilegios especiales a los leales al partido. Para ello es necesario romper la división entre los partidos políticos y el gobierno, reduciendo la independencia de la administración pública y el poder judicial, y poniéndolos bajo control político .

 El peligro inherente al plutopopulismo es que el pegamento que lo mantiene unido es el rechazo a un statu quo que mucha gente considera inaceptable por razones bastante opuestas. Los miembros del "Consejo Asesor" no quieren más intervención estatal, pero los votantes de Hartlepool y Sunderland sí. Trump ganó la Casa Blanca prometiendo ayudar a la América desindustrializada, pero en la práctica dio prioridad al tradicional programa republicano de reducción de impuestos para los ricos y desregulación para las empresas. Las promesas populistas, como la reconstrucción de las infraestructuras estadounidenses, fueron rápidamente olvidadas.

El pegamento esencial para los gobiernos nacionalistas pluto-populistas es la ira, normalmente dirigida contra una minoría, como los negros en Estados Unidos o los musulmanes en la India. En Gran Bretaña, la necesidad de este pegamento es el motivo de las "guerras culturales", la mayoría de las cuales son importadas de Estados Unidos o surgen de una amenaza doméstica exagerada o fabricada. Una pintada en una estatua de Winston Churchill se infla hasta convertirse en un asalto generalizado a los tótems del nacionalismo británico.

En Gran Bretaña el racismo tiende a ser semioculto, (...) pero en los EE.UU. es ahora sorprendentemente abierto, como lo demuestra el gobernador republicano de Missouri que esta semana perdonó a la pareja que apuntó con armas a una manifestación de Black Lives Matter.

Los regímenes plutón-populistas son inestables por definición, porque se basan en la división y no pueden cumplir sus promesas a sus diferentes grupos. Aunque exigen ley y orden, tienden, una vez en el poder, a mostrar un desprecio por la ley y una intolerancia a la crítica de los medios de comunicación, combinada con medidas para suprimirla.

Todo esto crea el tipo de inestabilidad generalizada en la que florecen los chantajistas. La pandemia creó las condiciones óptimas para los vendedores de aceite de serpiente que pudieron utilizar el pánico del año pasado como medio para obtener grandes beneficios. Los que entregaron enormes contratos a empresas sin medios para cumplirlos pudieron culpar a las presiones de la crisis.

Lo que hace que las revelaciones sobre el club de donantes sean ominosas es que es sólo el último de una serie de escándalos que son anteriores a Johnson y a la pandemia. David Cameron sólo fue ligeramente criticado por los diputados por mostrar "falta de juicio" en el vigor con el que presionó a Greensill en su intento de acceder a la financiación del gobierno.

En general, tengo la sensación de que la emergencia de Covid-19 sólo ha servido para acelerar el impulso hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta, una en la que Harry Lime y sus chantajistas se habrían sentido muy a gusto."             

 (Patrick Cockburn, Brave New Europe, 10/08/21; traducción DEEPL)

El coste de la corrupción en España puede ser de 60.000 millones de euros anuales, de 90.000 o de 125.000 según la fuente consultada... España dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación...

"La corrupción sigue siendo noticia en España, ahora con la sentencia de dos expresidentes de la comunidad autónoma de Andalucia, uno a pena de cárcel y otro inhabilitado para cargos de representación, gobernada por el PSOE durante casi 40 años. 

Según el fallo judicial se desviaban fondos, legalmente destinados a empresas en crisis y trabajadores en situación de desempleo, con el propósito último de amordazar voces críticas empresariales y sindicales que permitieran una paz social ficticia. El montante de partidas públicas redirigidas sin control administrativo asciende a casi 700 millones de euros.

Un informe de 2018 realizado por Los Verdes/Alianza Libre Europea, grupo del Parlamento de Estrasburgo, estimaba el fraude por corrupción en España en 90.000 millones de euros, alrededor del 8 por ciento del PIB estatal. Para toda la UE el fraude corrupto alcanzaría los 900.000 millones de euros al año.

La web casos-aislados.com eleva esa cantidad a 125.000 millones de euros mientras que el Fondo Monetario Internacional la reduce a 60.000 millones de euros anuales.

En lo que va de siglo se han destapado en España más de 2.000 casos de corrupción y se registran por encima de 8.000 implicados en causas abiertas, ya cerradas, desestimadas por prescripción de delitos y otros motivos o sentenciadas aunque muchas de ellas recurridas en tribunales de orden superior.

Para contrastar estos datos, debemos saber que España dedica unos 50.000 millones de euros cada año a Educación y 17.000 millones a subsidios para desempleados.

PP y PSOE, el bipartidismo creado ad hoc a la muerte del dictador Franco, en colusión con los partidos nacionalistas de derechas de Euskadi y Cataluña, PNV y CiU respectivamente, son las organizaciones más manchadas por la corrupción política. Hablar de corrupción española es casi sinónimo de PP, con el PSOE muy cerca, el nacionalismo conservador catalán liderado por el expresidente Pujol pisando los talones al PP y en mucha menor medida algunos escarceos atribuidos al PNV. Los cuatro partidos, también la UCD del expresidente Suárez, han conformado las mayorías parlamentarias que han dado sustento a todos los gobiernos de la era democrática contemporánea. En breve puede romperse esa realidad con el hito de un Ejecutivo de coalición donde entre una nueva formación de tinte izquierdista, Unidas Podemos.

En España, las grandes empresas y los bancos mayores financian a los principales partidos políticos, los políticos “financiados” nombran a los “jefes” del Poder Judicial, la policía y los militares, asimismo al Fiscal General del Estado, y el círculo cuasi perfecto se cierra con “favores” legales hacia el Poder Político. La red es permeable a la par que consuetudinaria, oficiosa, habiendo auténticos demócratas en cualquiera de los ámbitos citados que llevan a cabo su labor con dignidad disintiendo de las consignas veladas que reciben en privado. De ahí que a veces algún pez gordo y trama criminal acabe en prisión o con rasguños judiciales severos o moderados. En realidad, este sistema descrito opera en multitud de espacios internacionales. Montesquieu, al parecer, no ha sido bien entendido.

No obstante, ante el volumen de corrupción detectado mediática y oficialmente y la tupida telaraña que impide ver su presunta envergadura, cabe preguntarse si lo que aflora no es más que una porción diminuta del gigante cuerpo hoy invisible.

Aunque España entera ha registrado secuencias corruptas, los territorios más afectados y de impacto público han sido Madrid (PP), Comunidad Valenciana (PP), Galicia (PP), Murcia (PP), Castilla y León (PP), Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU de Pujol).

Los delitos imputados son muy variados: financiación ilegal de partidos políticos, enriquecimientos personales ilícitos, desvío de fondos irregulares, mordidas administrativas para ganar concursos de obras o servicios, recalificaciones de suelo, cambios de legislación para favorecer a multinacionales, concesión de licencias a empresas de amigos, subvenciones no transparentes a terceros, desvío de fondos a destinos no contemplados por la ley, caciquismo inveterado de personajes de dudosa reputación muy populares en sus comarcas, tarjetas de crédito emitidas de forma nominal para gastos privados y puertas giratorias de la Administración a los emporios que cotizan en la elitista Ibex 35 bursátil. En algunos casos concretos, la larga mano oculta de la corrupción hizo caer incluso a señeros dirigentes sindicales. (...)"                      (Armando B. Ginés, Rebelión, 25/11/19)

Dimite Ángel Viñas como concejal del PP tras chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

"El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión.

El PP de Madrid abrió ayer jueves un expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

 La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó. (...)"              (Público, 29/09/18)

Un mapa para predecir la corrupción política. El análisis de redes indica que se basa en grupos pequeños y que se pueden predecir los participantes en futuros escándalos

"La corrupción política se basa en pequeños grupos de no más de ocho personas en su origen, que funcionan en red y tienen una estructura modular que suele abarcar más de un escándalo de corrupción. 

Este es el retrato robot del comportamiento corrupto en política al que han llegado investigadores de varios países al analizar los escándalos de corrupción en Brasil durante los últimos 27 años desde un punto de vista original, no restringido a los efectos económicos.

Son conclusiones aplicables en general, que podrían permitir predecir casos de corrupción y tomar medidas para evitarlos, señalan los investigadores, que utilizaron el análisis de redes y la teoría de sistemas complejos para estudiar cómo evoluciona la red de corrupción a lo largo del tiempo.

 La similitud con el caso español, desde los numerosos casos de corrupción urbanística en ayuntamientos antes de la crisis a los grandes escándalos que se juzgan actualmente, resulta interesante.

Los investigadores crearon un modelo de red con 404 nudos (individuos) y los vínculos entre ellos, implicados en 65 casos bien documentados de corrupción en Brasil entre 1987 y 2014. El análisis de esta red muestra el mapa completo de las interconexiones entre ellos y revela muchos detalles de los escándalos.

El comportamiento corrupto en política limita el crecimiento económico, sustrae fondos públicos y promueve la desigualdad socioeconómica en las democracias modernas, señalan los investigadores, liderados por Haroldo V. Ribeiro, de la Universidad de Maringá, en la revista Journal of Complex Networks. Según el Banco Mundial, el dinero malversado por prácticas corruptas es de más de 2 billones de dólares anuales en todo el mundo.

“A pesar de las dificultades, del velo de secretismo que rodea la corrupción y frente a los que intentan a toda costa preservar su anonimato y no ser detectados, mostramos que al aplicar los métodos de análisis de redes se revela lo fundamental del comportamiento corrupto en política”, ha declarado el científico esloveno Matjaž Perc a Phys.org.

La investigación ha observado cambios grandes en el tamaño del componente principal de la red y en la propia red, que se deben a la fusión de distintos módulos cuando se revelan nuevos escándalos o cuando cambian los gobiernos. El número de políticos implicados en la corrupción conocida oscila al compás del ciclo de las elecciones cada cuatro años en Brasil.

El estudio cita varios ejemplos de la evolución e interconexión. En 1998 surgieron tres nuevos escándalos y uno de ellos, conocido como Dossie Cayman, reveló una conexión con dos módulos de la red de corrupción ya presentes en 1997. En 2005, de los cuatro nuevos casos de corrupción conocidos, uno, Escándalo Mensalao, estaba conectado con cuatro módulos de la red de 2004.

“Mostramos que la estructura dinámica de la red de corrupción política se puede utilizar para predecir con éxito los participantes en futuros escándalos”, aseguran los investigadores.

Para probar la potencia predictiva de la red, los investigadores aplicaron varios algoritmos diferentes con la intención de descubrir vínculos que faltaban y encontraron que entre dos y tres de los 10 individuos vinculados más probables cada año aparecieron en las etapas siguientes de la red de corrupción.

 Es posible así identificar a los pocos individuos que han jugado un papel protagonista en múltiples escándalos o lo harán en el futuro. La tasa de aciertos, sin embargo, no depende de cuándo se ha realizado el delito, sino de cuándo, y si, pasa al conocimiento público.

En su trabajo, los investigadores tuvieron ocasión de conocer en detalle el comportamiento corrupto y señalan que básicamente responde al interés propio de los corruptos, organizados en pequeños grupos que se forman en estructuras jerárquicas de segundo orden. Esto sugiere que los procesos de corrupción a gran escala son difícilmente manejables y que las personas tratan de maximizar la posibilidad de ocultar sus crímenes.

Los investigadores eslovenos que han colaborado con los brasileños en este trabajo “amenazan” con aplicar su método a estudiar los criterios que se están aplicando en su país para financiar la investigación científica, criterios que creen que responden a motivos políticos y no a la meritocracia, como sería lo justo. 

Lo importante es disponer de los datos, señala Perc, y eso es relativamente fácil cuando se trata de un sector público. Seguro que sus colegas esperan con interés las conclusiones que obtengan. "                (Malen Ruiz Elvira, Público, 22/01/18)

Sin perseguir y castigar a los ladrones y criminales de cuello blanco que han provocado la crisis, no saldremos de ella

"El escándalo vergonzoso de las tarjetas de Caja Madrid (que posiblemente debe haberse dado en muchas otras cajas) pone sobre la mesa un presupuesto sobre el que coinciden muchos economistas desde hace mucho tiempo: la confianza y la probidad son condiciones fundamentales sin las cuales es muy difícil que se produzca progreso económico.(...)

Desde entonces, otros economistas e investigadores han demostrado, incluso con experimentos de laboratorio como los de Paul Zak, profesor de economía y fundador de un conocido centro de neuroeconomía en California, que la confianza es la base de la actividad económica y que, como mostró también el Nobel Douglas North, su ausencia es lo que puede explicar el atraso y la mala gestión económica en muchos países y épocas históricas.

 Los estudios del primero indican que fortalecer el estado de derecho aumentando las libertades, reducir las desigualdades y la corrupción y facilitar el entendimiento interpersonal son factores decisivos para generar una “buena política” y que ésta es la que promueve la confianza que es el fundamento de la prosperidad permanente. Y un economista del Banco Mundial, Steve Knack, incluso ha llegado a evaluar lo que llama “la economía de la confianza”, afirmando que es la mayor responsable de la ventaja económica de Estados Unidos sobre otros países.

Otros estudios de Yann Algan y Pierre Cahuc, entre otros muchos, han comprobado que la confianza influye directamente en la evolución a medio y largo plazo de la renta per cápita, y en la Chicago Booth School of Business se elabora un conocido indicador que muestra también que la confianza es determinante de la estabilidad de los mercados y las actividades financieras.

Son también muchos los economistas que consideran que la falta de confianza es lo que está impidiendo que se salga con prontitud y éxito de la crisis en la que estamos inmersos. 

Y esta idea, ya tan generalizada desde hace tanto tiempo, es la que lleva a considerar que será imposible recuperar la confianza en las instituciones y en las relaciones interpersonales necesarias para que haya de nuevo suficiente actividad económica generadora de riqueza sin que se persiga y condene a los responsables de todo lo que ha sucedido en la economía mundial y, en nuestro caso, en la española.

Así lo han defendido premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz o George Akerlof, quien subraya que dejar de castigar a los criminales de cuello blanco es un incentivo para que se cometan nuevos delitos económicos que destruyen la economía.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en casi todo el mundo es justamente todo lo contrario. Los responsables de los grandes fraudes y estafas económicas tienen cada vez mayor impunidad porque han acumulado mucho poder político.

 Un estudio de la Syracuse University de Estados Unidos (sus resultados pueden verse aquí) demuestra que la persecución a los fraudes cometidos por entidades financieras viene disminuyendo en los últimos años, justo cuando en mayor número se han cometido. A Obama le cabe también el lamentable honor de perseguir este tipo de delitos en mucha menor medida que Reagan o Bush.

En España estamos llegando a niveles de impunidad y desvergüenza que no solo han destruido la confianza de la población en las instituciones y en la clase política y financiera, sino que producen ya una indignación que está a punto de crear otro tipo de problemas sociales.

No se puede dejar libres a los ladrones, por muy alta que sea su cuna, por muy grande que sea su influencia, por muy poderoso que sea el partido que lo encumbra, por muy abultada que sea su cartera o por muy alto que esté quien puede ser que caiga si cae el ladrón.

Sin perseguir y castigar a los ladrones y criminales de cuello blanco que han provocado la crisis, sean quienes sean, ni saldremos de ella ni podremos evitar que la otra crisis que nos espera sea mucho peor y más trágica."               (Juan Torres López, Publicado en Público.es el 3 de octubre de 2014, en Ganas de escribir, 05/10/2014)

Los colores de la corrupción: la blanca, tolerada por la sociedad y por las élites; la gris, con ambigüedades; y la negra, la inaceptable

"Qué es la corrupción? Aunque parezca mentira, no está del todo claro. Ni siquiera cuando hablamos de corrupción política. Los expertos en el asunto manejan definiciones que admiten muchas dudas: para los partidarios de una visión amplia, se trata de abusos que contravienen la moral vigente con el fin de obtener beneficios particulares; para los que prefieren concretar más, son actos que violan la ley e implican el enriquecimiento de los corruptos.

 Pero, ¿qué ocurre cuando las costumbres aceptan que los responsables públicos rebañen algún botín? ¿No hay entonces corrupción? ¿Y si las leyes no previeran ciertos casos de saqueo? Cualquier definición cojea.

De todas formas, lo que parece probado es que la corrupción afecta de manera directa al funcionamiento de las instituciones políticas y, con especial saña, al de los regímenes democráticos, más transparentes. La abundancia de corruptelas acaba con la igualdad entre los ciudadanos, erosiona la eficacia de Gobiernos y Administraciones y degrada las condiciones que permiten el crecimiento económico sano.

 Aunque el mayor daño que ocasiona a las democracias reside en el deterioro de su legitimidad. Es decir, provoca eso que llamamos desafección, un distanciamiento casi insalvable entre la ciudadanía y las élites políticas que pone en peligro la cohesión comunitaria y desemboca en un escepticismo abstencionista, obstáculo para el progreso del sistema representativo.

Estos efectos han barrido España en la última década. Las encuestas nacionales y europeas lo muestran de un modo contundente: en torno al 90% de los españoles piensan en la actualidad que la corrupción es uno de los principales problemas del país y que contamina todos los niveles de Gobierno.(...)

 Eso sí, aquí la corrupción no se vincula con el crimen organizado y casi nadie confiesa haber pagado sobornos. Pero las impresiones sobre la putrefacción política resultan desoladoras.

 En una célebre tipología, el politólogo norteamericano Arnold J. Heidenheimer hablaba de corrupción de varios colores: la blanca, tolerada por la sociedad y por las élites; la gris, envuelta en discrepancias y ambigüedades; y la negra, que se cree inaceptable y por tanto punible. 

La mera observación nos dice que un mismo comportamiento, blanco durante mucho tiempo, puede teñirse de gris en un momento dado y más tarde ennegrecerse; o al revés. Y eso es lo que ha ocurrido en España: ciertos hábitos, como las donaciones empresariales a los partidos o los repartos partidistas en las cajas de ahorros, se han oscurecido de repente, para desconcierto de quienes los frecuentaban. 

 Aun así, sigue habiendo zonas bastante blancas o apenas grisáceas, como el nepotismo y las prácticas clientelares, producto de una cultura política que hunde sus raíces en el siglo XIX, si no antes. La recomendación engrasa todavía demasiadas decisiones.

El hartazgo de la opinión pública, motivado por una mezcla endiablada de penalidades económicas y escándalos continuos, exige medidas para castigar a los culpables y prevenir recaídas. 

Debemos aprovechar la oportunidad para mejorar la calidad de las instituciones democráticas y volver a legitimarlas. Incluso los estudios más benévolos —como el de la Unión Europea publicado en febrero— señalan con precisión dónde están los problemas: en los políticos más que en los funcionarios, en la financiación de los partidos, en los gastos y contrataciones de las Administraciones regionales y locales y en sus competencias urbanísticas, pervertidas por la locura inmobiliaria. Y no solo entre los corruptos, sino también entre los corruptores que les rodean. (...)

En 1995, cuando se vivía la anterior oleada de escándalos, Javier Pradera volcaba algunas de estas ideas en un magnífico texto sobre los partidos políticos —organizaciones opacas y proclives a incumplir las normas que ellas mismas aprueban— y recomendaba democratizar sus entrañas (La maquinaria de la democracia. Los partidos en el sistema político español, Claves de Razón Práctica, 58, 16-27). 

Veinte años más tarde, su diagnóstico sigue en pie, pero el mal ha crecido. La tramposa prosperidad del periodo 1995-2007 incrementó las ocasiones para delinquir y, al mismo tiempo, blanqueó las ilegalidades. (...)"               ( Javier Moreno Luzón , El País 2 ABR 2014 )