¿Los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos muchos creen que el problema ha desaparecido... pero, como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial... ¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? El lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas... es la “corrupción moderna”, como las redes transaccionales de finanzas ilícitas (Yuen Yuen Ang, Johns Hopkins University)

 "En una sociedad cada vez más orientada hacia el desempeño, las métricas son importantes. Lo que medimos afecta lo que hacemos”, sostenía el informe de 2008 de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico. “Con las métricas equivocadas, estaremos luchando por las cosas equivocadas”.

La Comisión estaba desafiando la primacía del PIB como la métrica del desarrollo. Pero la misma observación se aplica a la corrupción, que se mide convencionalmente -y engañosamente- como un problema unidimensional.

Los índices de corrupción global, entre ellos el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, les asignan una calificación única a los países. Estas métricas demuestran consistentemente que los países ricos están “muy limpios”, mientras que los países pobres son “altamente corruptos”. Por ejemplo, el IPC de 2023 ubica al Reino Unido (puesto 71) como el vigésimo país menos corrupto del mundo, mucho más limpio que China (42) y Brasil (36). La mayoría de los usuarios del IPC, entre ellos medios, empresas y analistas, interpretan estos números como un hecho.

Ahora bien, ¿los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? Las métricas unidimensionales como el IPC eclipsan el hecho de que las variedades cualitativamente diferentes de corrupción no se pueden reducir a una calificación única. Estas métricas también sub-miden sistemáticamente lo que yo llamo “corrupción de los ricos” -que tiende a ser legalizada, institucionalizada y ambiguamente poco ética- por contraposición a la “corrupción de los pobres”.

En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos, en cambio, muchos creen que el problema ha desaparecido. En The Quest for Good Governance  (La búsqueda de una buena gobernanza), Alina Mungui-Pippidi llega a concluir que las economías avanzadas han alcanzado un estado final de “universalismo ético”, donde “el mismo trato se aplica a todos”. Gran Bretaña es “el ejemplo histórico clásico” en este sentido, a lo que agrega que “el imperio británico se fragmenta habitado principalmente por poblaciones de ascendencia europea”. En resumidas cuentas, el Occidente rico está limpio.

Pero dado el actual ascenso del populismo en las democracias de altos ingresos, lo que en gran medida es una reacción contra las ventajas desmesuradas de las que gozan los ricos y los individuos con conexiones políticas, el “universalismo ético” parece más ilusorio que real. Como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial.

¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? La calificación no se basa en encuestas realizadas internamente por Transparencia Internacional, sino en una combinación de diversas encuestas de terceros. Casi todas ellas provienen de organizaciones occidentales como la Unidad de Inteligencia de The Economist, y tienden a depender considerablemente de respuestas de ejecutivos de empresas occidentales.

Por otra parte, las palabras que se emplean en estas encuestas suelen ser vagas. Por ejemplo, el Anuario de Competitividad Mundial, una de las fuentes del IPC, les presenta a los ejecutivos de empresas una opción binaria burda: “Sobornos y corrupción: existen o no existen”. No sorprende que el IPC muestre, año tras año, que los países ricos están “muy limpios”, aún si sus ciudadanos comunes no están de acuerdo.

Consciente de que no había otras alternativas para estas métricas convencionales, a pesar de varias críticas (inclusive del propio creador del IPC), dirigí el Índice de Corrupción Desglosada. Al igual que el IPC, el ICD es una métrica de corrupción basada en percepciones que depende de encuestas de expertos. Sin embargo, desglosa la corrupción en cuatro variedades distintas: robo pequeño (extorsión por parte de funcionarios de poca monta), robo grande (malversación de fondos por parte de los políticos), dinero para acelerar trámites (pequeños sobornos para superar obstáculos burocráticos o asedio) y dinero de acceso (grandes pagos a cambio de privilegios exclusivos y lucrativos como contratos y rescates).

Mientras que las tres primeras variedades de corrupción -endémicas en los países pobres- son abiertamente ilegales y directamente nocivas, el dinero de acceso podría ser ilegal (como en el caso del soborno) o permisible (como en las finanzas de campaña). Los métodos sofisticados de compra de privilegios pueden involucrar a instituciones enteras donde ningún individuo es corrupto. Por ejemplo, el lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas. En Estados Unidos, los bancos colectivamente gastaron miles de millones de dólares en hacer lobby a favor de regulaciones laxas, lo que condujo a la crisis financiera de 2008 y, sin embargo, solo un banquero fue imputado.

El ICD usa una encuesta de expertos original para calificar los cuatro tipos de corrupción. A fin de mejorar la calidad de la medición, empleo viñetas estilizadas en las que se les pide a los participantes que califiquen la prevalencia de escenarios representativos específicos en lugar de niveles de corrupción general. Más abajo se puede visualizar mi prototipo, que abarca 15 países. El resultado total del ICD de cada país aparece en la parte superior y se desglosa en las cuatro categorías de corrupción. Cada cuadro coloreado representa el tipo más dominante. Ahora podemos comparar no solo los niveles agregados de corrupción percibida, sino también el tipo y configuración de la corrupción en los diferentes países.

Una comparación reveladora se produce entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, en general, es menos corrupto que China, pero la brecha se achica al máximo en la categoría de dinero de acceso, el tipo dominante de corrupción en ambos países. En particular, la calificación de dinero de acceso de Estados Unidos es más alta que la de países de ingresos más bajos como Tailandia y Ghana. Si nos basáramos exclusivamente en calificaciones generales, llegaríamos a la conclusión de que Estados Unidos está limpio. Pero cuando se desagregan las calificaciones, podemos explicar el atractivo de las promesas populistas de “drenar el pantano”.

Aún más interesante es el hecho de que, en Estados Unidos y China, prevalecen diferentes formas de dinero de acceso. En una comparación basada en una viñeta sobre aceptación de sobornos a través de las redes personales de los políticos, China domina claramente. Sin embargo, cuando pasamos a prácticas de “puerta giratoria” y captura regulatoria a través del lobby, Estados Unidos pasa a ocupar la delantera.

En resumen, el dinero de acceso en Estados Unidos es principalmente institucional, mientras que el problema en China sigue enredado en relaciones personales que involucran sobornos y pilas de dinero escondido. China no necesariamente es más corrupta que Estados Unidos, pero su corrupción ciertamente tiene una calidad diferente.

Una mala medición de la corrupción no es un simple tecnicismo. Esencialmente, refuerza el mensaje ilusorio, hipócrita y muchas veces eurocéntrico de que los países de altos ingresos han alcanzado un estado duradero de pureza ética. En realidad, la corrupción no necesariamente desapareció cuando los países se volvieron más ricos -más bien, evolucionó, volviéndose más sofisticada e imperceptible.

Debemos seguir combatiendo la “corrupción de los pobres”. Pero, al desagregar la corrupción, las democracias capitalistas también pueden dirigir la atención necesaria, de manera urgente, hacia algunos de sus problemas más apremiantes, entre ellos la creciente desigualdad, la caída de la confianza pública en el gobierno y lo que la administradora de USAID, Samantha Power, llama “corrupción moderna” (como las redes transaccionales de finanzas ilícitas). Superar estos desafíos exige medirlos con precisión, y no hacer de cuenta que no existen."

(Yuen Yuen Ang, Professor of Political Economy at Johns Hopkins University. Revista de prensa, 26/03/24. Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.)

Denuncian que en los últimos años se ha generalizado la persecución judicial a los periodistas y denunciantes de corrupción que resultan molestos para políticos, bancos y grandes empresas... Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes... Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias... El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción

 "Los últimos acontecimientos sociopolíticos en España han popularizado el término ‘lawfare’, que define una campaña de guerra jurídica mediante la instrumentalización de la justicia con acoso y persecución judicial, con apariencia de legalidad, para tratar de perjudicar y desprestigiar al adversario y con la finalidad coactiva de que desista de alguna actuación molesta.

La proliferación de acciones judiciales formuladas por bancos, grandes empresas y el establishment contra periodistas, abogados, activistas y denunciantes de corrupción por sus críticas públicas y denuncias de actuaciones irregulares se ha generalizado de tal forma que la Unión Europea se ha visto obligada a redactar una propuesta de Directiva contra las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (DECPP).

El año pasado infinidad de periodistas, abogados y denunciantes de corrupción han denunciado públicamente que han sido presuntamente represaliados, perseguidos judicialmente o coaccionados por denunciar actividades ilícitas de grandes empresas, políticos, jueces o empresarios.

Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes, entre ellos a su presidenta Ana Patricia Botín, por presunta manipulación de la junta de accionistas, intervención en la estafa piramidal de Madoff y otras actuaciones presuntamente ilícitas de los directivos del banco cántabro y miembros de la familia Botín que, supuestamente, habrían acarreado perjuicios a la entidad, a sus accionistas y clientes del banco.

El abogado ejerce la defensa de su cliente y de los intereses de los accionistas minoritarios ante los tribunales y en las juntas del Banco Santander, haciendo mención a esas presuntas actuaciones irregulares de la entidad financiera.

Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que, según fuentes consultadas por este medio, han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias por haber presentado varios escritos de recusación en los que se aportaba información en la que se expresaba el indicio de la supuesta existencia de cuentas bancarias que presuntamente podrían ser de miembros de la judicatura.

El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.  

Según ha podido saber este medio, el letrado habría solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid y a juzgados de lo Mercantil y de Instrucción de Madrid que llevasen a cabo una averiguación de esos presuntos hechos a través de la petición por parte de los magistrados de comisiones rogatorias a las autoridades y bancos extranjeros que permitiesen confirmar o negar la existencia de las cuentas bancarias. Los organismos judiciales se han negado a reclamar esa información.

Según el abogado, ante el presunto intento de represalia mediante ‘lawfare’ desencadenado por Banco Santander contra su propio accionista, éste se ha visto obligado a solicitar al Gobierno que proceda a aprobar una ley orgánica para amnistiar a todos los periodistas, abogados, comunicadores o denunciantes de corrupción que, como él, se ven a diario perseguidos por ejercitar el derecho de información o defensa con libertad de expresión en los medios de comunicación o en los tribunales.

En dicha petición, el abogado hace referencia a las distintas recomendaciones de organizaciones internacionales e iniciativas legislativas de los parlamentos español y europeo para la despenalización de los delitos de difamación y para la protección contra las demandas abusivas que las grandes empresas, poderosos y grupos de presión vienen instrumentalizando en los últimos años para acallar a informadores, alertadores, abogados y activistas denunciantes de corrupción que alzan la voz para denunciar actos irregulares y defender los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado que acusó a un juez de prevaricar dentro de una causa por estafa procesal. La sentencia del Supremo mantiene que el abogado, en el contexto forense y del derecho de defensa de un escrito en un proceso penal que no trascendió fuera del procedimiento, estaba amparado por la libertad de expresión para poder hacer criticas contundentes sobre la labor jurisdiccional del togado. Además, se declara que los jueces, por razón de las responsabilidades de su función pública, están obligados a soportar el escrutinio social y tolerar críticas más duras que los ciudadanos que no ostentan cargos públicos.

Por otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pondría de manifiesto la inconsistencia de la acusación del Santander contra el abogado y de otras muchas que se producen a diario en los juzgados españoles de distinta instancia y la pertinencia de que el juzgado ordenase su sobreseimiento al ser un ejemplo más del ‘lawfare’ contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Se espera que esta iniciativa tenga eco entre los grupos parlamentarios y se proceda a proteger a los que se atreven a criticar de forma pública las actuaciones irregulares de aquellos que se creen impunes ante la Justicia por la protección que se les facilita, en ocasiones, mediante ‘lawfare’."                (J. A. Gómez, Diario16, 08/02/24)

Europa acaba con la impunidad de los jueces españoles... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los órganos responsables de los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben ser independientes e imparciales, por tanto, el actual sistema español por el que se archivan decenas de miles de denuncias queda absolutamente desacreditado

 "El mayor problema que tiene España no es la inflación, el desempleo, la incapacidad política, la Monarquía o la corrupción. La Justicia se ha convertido en la mayor problemática que afecta a la vida de los ciudadanos de una manera directa puesto que, además de la confirmada corrupción judicial existente, se suma la impunidad de los jueces ante los continuos atropellos que perpetran día sí y día también.

En España no hay justicia, salvo que tengas la posibilidad de contratar a los grandes despachos de abogados que pueden resolver asuntos espinosos de manera directa o a través del tráfico de influencias que tan bien pagan. A ese nivel no pueden llegar el 99% de los ciudadanos y, en consecuencia, el 1% restante es el que se lleva, en la mayoría de los casos, las sentencias favorables.

La problemática de la justicia en España no está en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en las mayorías de jueces conservadores o progresistas que sirven de correa de transmisión de los intereses políticos. El problema de la justicia en este país es que el propio sistema ha creado un escenario basado en la más absoluta impunidad.

Tal y como publicamos y analizamos en Diario16, la ley española viola la Constitución para blindar a los jueces, dado que la aplicación que se hace de la recusación en los procedimientos judiciales conculca derechos fundamentales y constitucionales. Además, causa indefensión a la parte recusante al limitar sus derechos de defensa, audiencia, contradicción y prueba.

 Además, según expertos juristas consultados por Diario16, es manifiestamente inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano.

Por otro lado, está el modo en que se gestionan las acciones disciplinarias contra los jueces porque es una evidencia de que no es muy ético, por no decir alegal. Una persona que tenga que juzgar a otra tiene que ser absolutamente libre e independiente. Sin embargo, en España, los jueces son los que juzgan a sus compañeros de carrera profesional, lo que provoca que las barrabasadas legales que se ejecutan en España pasen sin ningún tipo de sanción disciplinaria.

Sin embargo, una vez más ha tenido que ser Europa la que entre en juego y dicte jurisprudencia que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado que e órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Esto no sucede en España, puesto que a la hora de interponer sanciones contra un juez o magistrado, la responsabilidad recae sobre la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Jueces juzgando a jueces.

La sentencia del TJUE confirma su jurisprudencia por la que el régimen disciplinario aplicable a los jueces que pueden tener que aplicar el Derecho de la Unión debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control de sus actividades.

En consecuencia, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de un órgano competente para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias y para ejercer una acción disciplinaria contra jueces y fiscales deben respetar las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión y, en particular, del Estado de Derecho.

Según indicaban las conclusiones del Abogado General de la UE, «las garantías de independencia e imparcialidad exigidas en virtud del Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, en particular en lo relativo a la composición del órgano, el nombramiento, la duración de las funciones así como las causas de abstención, recusación y cese de los sus miembros, que permiten disipar cualquier duda legítima, en la mente de los litigantes, sobre la impermeabilidad de este órgano frente a los elementos externos y su neutralidad frente a los conflictos de intereses».

Además, un aspecto muy importante de esta sentencia es el hecho de que no indique en ningún momento que ese órgano tenga que estar constituido por jueces porque, evidentemente, la independencia y la imparcialidad quedarían muy en duda."         (José Antonio gómez, Diario16, 13/05/23)

Comisionistas: un cáncer de la democracia española... En los últimos años ninguna institución política ha quedado limpia y a salvo de la penosa lacra de las comisiones y los comisionistas

 "En los últimos años ninguna institución política española ha quedado limpia y a salvo de la penosa lacra de las comisiones y los comisionistas. Tampoco la Casa Real. Es más, algunos destacados miembros de la realeza –fieles al manual franquista de la economía productiva para beneficio de unos pocos (los de siempre)–, han practicado este negocio sin pudor.

 El caso Nóos se aireó en el año 2010, cuando el juez José Castro, que investigaba las adjudicaciones del pabellón polideportivo Palma Arena, decidió abrir una pieza separada y requirió información sobre varios convenios firmados durante 2005 y 2006. Los firmantes de aquellos acuerdos, el Gobierno balear y el Instituto Nóos –una supuesta fundación deportiva en principio “sin ánimo de lucro” presidida por Iñaki Urdangarin, ex duque de Palma y yerno de Juan Carlos I– terminaron mal.

 Tras la investigación de Castro, la Fiscalía Anticorrupción presentó contra el yerno del actual rey emérito y su socio, Diego Torres, cargos por malversación, fraude, prevaricación y falsedad. Otra inmensa tapadera para el cobro de comisiones ilegales al descubierto.

En el auto del magistrado quedó acreditado que el duque de Palma y su cómplice recibieron 5,8 millones de euros de los Gobiernos valenciano y balear. En su declaración, Urdangarin exculpó a su esposa, la infanta Cristina, que en abril de 2013 fue imputada por presunta apropiación indebida de fondos públicos, aunque finalmente quedó absuelta. Durante el interrogatorio, Torres resumía de esta manera, ante el juez, la forma de actuar del insigne comisionista deportivo: “Urdangarin podía hacer lo que le viniera en gana, siempre y cuando no figurara en los órganos de administración”. 

Al final, quedó acreditado que el Instituto Nóos no pudo justificar la necesidad del gasto con cargo a las arcas públicas, ni el desorbitado precio de los actos contratados por las administraciones implicadas, ni la excepcionalidad de la contratación. Es decir, la fundación vendía humo, puro humo, y su única finalidad era generar comisiones para los involucrados en la red.​ El propio Jaume Matas, presidente balear, confesó de qué iba todo aquel chiringuito en el programa de Jordi Évole: “A Urdangarin le habría recibido a la hora que él hubiera querido y donde él hubiera querido”. El trato de favor hacia el marido de la infanta Cristina no tenía como finalidad promocionar el turismo, la imagen de marca y el deporte en las islas, sino agradar a la monarquía. “¡Era el duque de Palma!”, sentencia Matas. “La familia real es fundamental para Mallorca. No sé las cifras, ni las cantidades. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que ellos estuvieran bien”.

El 11 de enero de 2016 se abrió la vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares. Finalmente, Iñaki Urgangarin fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión e ingresó en la prisión abulense para mujeres de Brieva. Actualmente se encuentra en libertad y dando grandes titulares en la prensa rosa por sus infidelidades conyugales. ¿Seguirá con su negocio de comisionista o se habrá arrepentido realmente? Solo el tiempo lo dirá.

El caso Nóos no fue sino la primera entrega de una serie de truculentas historias que han perseguido a la Casa Real española en los últimos años. Pero el expediente Urdangarin iba a quedar en un juego de niños tras destaparse la madre de todos los casos del comisionismo patrio: los negocios del rey emérito en Arabia Saudí. En la madrugada del viernes 13 de abril de 2012, Juan Carlos I sufría una grave caída que iba a marcar el final de su reinado.

 El monarca se encontraba disfrutando de un safari en Botsuana en compañía de su amante, Corinna Larsen, cuando tropezó con un escalón en un bungaló de lujo y se rompió la cadera. Su affaire con la empresaria alemana, la infame cacería de elefantes en la que participaba y el hecho de que el monarca se diera a una vida de placeres y despilfarros mientras los españoles sucumbían a la grave crisis económica de 2008 acabó con el gran mito del patriarca de la Transición. Terminaba la leyenda del monarca que iba a pasar a la posteridad como el mejor de los reyes; comenzaba otra leyenda mucho más negra y oscura: la del soberano comisionista que no perdona un maletín repleto de dinero negro.

El safari de Botsuana, un escándalo de proporciones internacionales que terminó con la abdicación de 2014, fue un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Hay quien cree que si aquel episodio en África no hubiera trascendido a la opinión pública hoy Juan Carlos seguiría siendo rey de España. Nunca lo sabremos. En cualquier caso, lo más vergonzoso estaba aún por llegar. La prensa británica empezó a filtrar información sobre la supuesta fortuna oculta del rey emérito (más de 2.000 millones de euros, según Forbes y The New York Times) y la sombra del cobro de comisiones ya no se apartó del viejo monarca. 

En julio de 2018 el medio digital OkDiario publicó las grabaciones de un encuentro secreto que había tenido lugar tres años antes en Londres entre Corinna Larsen, el comisario José Manuel Villarejo (hoy en prisión) y el ex director ejecutivo de Telefónica Juan Villalonga, amigo común de ambos. En aquellos audios, Corinna aseguró que Juan Carlos I le había donado 100 millones de dólares, un regalo en agradecimiento y pago por su amor que según la empresaria alemana fue el fruto de la intermediación del rey emérito en la adjudicación de las obras de construcción del tren AVE a la Meca. También le acusó de ocultar su supuesta fortuna en un banco suizo sirviéndose de testaferros, así como de fundar sociedades pantalla en paraísos fiscales para canalizar los ingresos. El comisionista de comisionistas quedaba al descubierto.

Finalmente, el sospechoso asunto ha servido para que el rey emérito se vea obligado a poner al día sus cuentas con Hacienda (hasta tres regularizaciones fiscales se han sucedido en un corto período de tiempo) pero las causas penales han sido archivadas al entender la Fiscalía Anticorrupción que el monarca no puede ser procesado porque goza de especial protección constitucional (inviolabilidad real); porque no se ha podido probar el origen de los ingresos extra; y porque los delitos han prescrito. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire y sin ser contestada: ¿de dónde salieron los 100 millones de dólares que Juan Carlos donó a Corinna Larsen por el “cariño” que sentía hacia ella? La examante del primero de los Borbones asegura que la donación fue una entrega del rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdelaziz, como pago por la construcción del AVE en el desierto. 

El dinero habría sido ingresado en 2008 en la cuenta de una sucursal bancaria panameña del banco privado ginebrino Mirabaud. En las últimas semanas, todo eso ha sido archivado por la Justicia española por falta de pruebas y en una polémica decisión. Pero una cosa queda clara: también en este juego del comisionista hay clases. Están quienes juegan en tercera división (arañando lo que pueden de aquí y allá y arriesgándose a terminar en el calabozo) y los del palco VIP que gozan de inmunidad total. El famoso periodista Jaime Peñafiel, experto en información sobre Casa Real, reveló en el programa Todo es mentira de Cuatro cuál puede ser el origen de la fortuna del rey emérito: “Una comisión por cada barril de petróleo que le permitió cobrar el dictador, una comisión que perduró hasta tiempos de Aznar”. Qué maravilloso el mundo del comisionista que permite máximos rendimientos sin tener que poner el despertador a las seis de la mañana, cada día, para ir a trabajar.

La nueva hornada

Con tanta redada policial y tanto juicio, lo normal es que hoy por hoy la figura del comisionista hubiera entrado en franca decadencia. Nada más lejos. La actividad causa furor entre mucha gente que la sigue viendo como una manera de enriquecerse de forma rápida y sin apenas esfuerzo. Es lo que ha ocurrido con el caso mascarillas. En marzo de 2020, durante lo peor de la pandemia, cuando miles de personas caían enfermas y morían contagiadas, el Ayuntamiento de Madrid buscaba material sanitario allá donde fuese posible. España no disponía de stock suficiente de cubrebocas y tuvo que recurrir a otros países, mayormente asiáticos. Dos conseguidores, Luis Medina y su socio Alberto Luceño, iban a dar el pelotazo de sus vidas ofreciéndose para poner en contacto al consistorio municipal madrileño con empresas extranjeras.

 El problema fue que este negocio se hizo a costa de comprar productos de baja calidad y a un precio desorbitado, de modo que la Justicia investiga si se ha cometido un delito de estafa. La clave podría estar en un misterioso personaje, el empresario malasio San Chin Choon, con quien Medina y Luceño contrataron la compra de miles de mascarillas y guantes. Localizado el proveedor malasio, este declara que todo es legal y está en regla. Para darle al caso un aspecto más sórdido, se da la circunstancia de que Medina y Luceño contactaron con un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para ofrecer su negocio al Ayuntamiento de la capital, de modo que el escándalo está servido. “Contacté con Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender, que al ser primo del alcalde imaginé que me podría dar un contacto con el Ayuntamiento”, declaró Medina ante el juez. Sea como fuere, el negocio acabó siendo redondo para los comisionistas. Las mascarillas, guantes y test de diagnóstico covid-19 costaron a los madrileños casi 12 millones de dólares, de los que Medina y Luceño percibieron la correspondiente comisión (un millón el primero y más de 5 millones el segundo).

Rápidamente los mediadores diversificaron sus ganancias. ¿Cómo? Comprando bienes de lujo. Medina adquirió un yate modelo Eagle 44 por valor de 325.515 euros al que no sin algo de cinismo bautizó como Feria en homenaje a su padre, el conocido duque de Feria procesado en los años 90 por el rapto de una niña de 5 años. “El velero de los sueños de Luis Medina”, rezaba el titular de una conocida revista del corazón. La Fiscalía investiga si con el dinero sobrante adquirió diferentes tipos de bonos por valor de 400.000 euros.

Al hijo del duque de Feria no se le conoce profesión concreta, más allá de que su madre, la célebre modelo Naty Abascal, lo introdujese en su momento en el mundo de la moda y la alta sociedad. Ha ejercido como embajador de la marca italiana Dolce & Gabbana pero, según él mismo reconoce ante el juez, se dedica a todo un poco, desde “bróker de materias primas” a “compraventa de minería” pasando por la “alimentación, carne, pollo, cerdo…” Ahora la Justicia apunta a que Medina pudo aprovecharse de su condición de “personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid” para quedarse con el negocio de las mascarillas.

Mientras tanto, el socio Luceño destinaba 60.000 euros a unas minivacaciones en Marbella (a 10.000 euros la noche). También empleó el dinero en comprar tres relojes de lujo Rolex y 12 coches de alta gama de las marcas Ferrari, Lamborgini o Aston Martin. Los vehículos pedían mansión de lujo, que adquirió, como no podía ser de otra manera, en una zona exclusiva de Pozuelo de Alarcón al módico precio de un millón de euros. En su cuenta profesional, el comisionista dice que cree “en la motivación, profesionalidad y responsabilidad”, así como “en un futuro hecho sobre un presente”. 

Además, Luceño se define a sí mismo como una persona que “lucha y cree en el posicionamiento (aunque sacrifique dinero)”, a lo que añade: «Diferenciación, más posicionamiento, más valores, igual a éxito”. Retórica de coach barato, aquí lo que cuenta es la agenda y los contactos, todo el mundo lo sabe a estas alturas de la vida. Un buen enchufe en las administraciones públicas mejor que cualquier carrera, habría que añadir. Una vez más, queda acreditado que el comisionismo mal entendido no deja de ser una especie de parasitismo social, privilegio de casta que algunos aprovechan con destreza e imaginación para llegar a la cima del éxito.

Núñez Feijóo, presidente del PP y jefe de la oposición, ha calificado a ambos personajes, quizá con demasiada benevolencia, como “pillos de la pandemia”. Sin embargo, de confirmarse la estafa, los intermediarios habrían ido mucho más allá de dos avispados o simples listillos, ya que protagonizaron un obsceno caso de enriquecimiento meteórico mientras el pueblo español sufría los estragos de la pandemia y los efectos de una devastadora crisis económica. Nunca antes el dicho “a río revuelto ganancia de pescadores” fue más cierto y más nauseabundo.

Ante el escándalo de las mascarillas, el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ha tirado balones fuera, desmarcándose de los presuntos comisionistas. Cuando el negocio de las mordidas queda al descubierto nadie conoce a nadie. Todos se pierden sin dejar rastro, los clientes desaparecen, los compradores se esfuman, los vendedores ponen tierra de por medio y los conseguidores se encogen de hombros. “Esto es una cacería por parte de la izquierda”, denunció el primer edil madrileño. “No hay ninguna duda de que detrás de esta cuestión están el PSOE y Sánchez, que tiene una obsesión personalísima por Madrid”, insistió al tiempo que dijo sentirse estafado como alcalde de Madrid. Y además añadió que era “un honor y un motivo de orgullo que la izquierda le haya puesto en la diana de la cacería política a la que acostumbra”. Muchas excusas peregrinas, pero ni una explicación convincente sobre un pelotazo millonario que ha servido para enriquecer a unos pocos adláteres del poder.

La pandemia ha alimentado el talento de algunos para lucrarse con el negocio del comisionismo, que también se ha promocionado desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para aclarar qué hay detrás del contrato para la compra de mascarillas chinas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Pablo Casado destapó el affaire (no para garantizar la limpieza de la política sino en venganza contra Ayuso) y eso le costó el cargo. La cúpula del partido terminó derrocándolo y colocando a Feijóo, que a partir de ahora se andará con mucho más cuidado a la hora de meterse con la lideresa madrileña. Está claro que en este país el que denuncia al comisionista termina pagándolo caro. Al final, el acuerdo para la compra de mascarillas del Gobierno regional generó unos beneficios de 55.000 euros para el Hermanísimo de Ayuso.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha empezado a investigar el caso “a la vista de que los hechos denunciados” por tres grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid –PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid– “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia”. Las denuncias recibidas en Fiscalía se refieren a la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad (1 de abril de 2020) para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 6,05 euros y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive, S.L., en la que supuestamente habría intermediado Tomás Díaz Ayuso. La presidenta ha admitido que esa negociación existió, pero “es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”.

Una vez más, será la Justicia la que tenga que aclarar si la operación, llevada a cabo en un momento crítico en que no había mascarillas en el mercado y miles de personas estaban muriendo por el coronavirus, cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público, que advierte de las “incompatibilidades” en las transacciones comerciales de la Administración en la que participan “cónyuges, personas vinculadas con una análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como parientes en segundo grado”, entre otros. Una relación por la que se puede producir un “conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación”. Según Clara Velasco, profesora de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en este caso “hay que ver” si el hermano de Ayuso “ha vulnerado esta prohibición utilizando como pantalla la empresa que finalmente consigue el contrato, por un lado, y por otro si el titular del órgano de contratación tenía un conflicto de interés”. Con todo, destaca, haría falta una investigación más exhaustiva para aclararlo, según una información del diario Ara.

El negocio suscrito por la Comunidad de Madrid es muy discutible desde el punto de vista ético (el aspecto legal se sustanciará en los tribunales), y ni siquiera la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia puede justificar que se incumpla la normativa en vigor. Carmela Sánchez, experta en economía financiera y sector público de la Universidad de Santiago de Compostela, recuerda que en los contratos durante el estado de alarma se “redujeron los controles” y es más difícil “comprobar” posibles malas praxis. “Se agiliza la contratación en perjuicio de la transparencia”, matiza. Y aunque considera que el hecho de que se pueda cobrar algún tipo de “comisión” en una contratación pública es “sorprendente”, la cantidad de 55.850 euros –un 3,6% del total– es la normal para este tipo de intercambios, añade la información del periódico catalán.

“Durante 2022 se adjudicaron más de 16.000 contratos de administraciones públicas. Esto es muchísimo. Sabemos que la mayoría tenía que ver con la crisis sanitaria, mascarillas, geles, guantes, pero también se aprovechó el momento para colar concesiones de televisión pública, la gestión de la piscina municipal de un pueblo, los camellos de la cabalgata de Reyes, pistolas Táser para la policía… Se ha aprovechado la pandemia para colar contratos que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria”, asegura Eva Belmonte, directora de Civio. Los contratos se firmaban de forma rapidísima, su publicación oficial no tanto, de ahí que esté costando investigar si hay más casos como el de Medina y Luceño. La ley obliga a la Administración a publicar en quince días, pero este trámite no siempre se ha cumplido. Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas están revisando cientos de contratos en busca de comisionistas y especuladores que hayan podido sacar tajada.

Ninguna parcela del Estado queda a salvo de la codicia de los comisionistas. Ni siquiera el deporte, del que se debería esperar que transmitiera valores de honestidad, ética y juego limpio. En las últimas semanas han salido a la luz pública unas grabaciones que recogen conversaciones privadas entre el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué. En los audios queda el descubierto el compadreo entre ambos personajes para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí. El contrato contemplaba una comisión millonaria para Kosmos, la empresa de Piqué, de 4 millones de euros por cada una de las seis ediciones del torneo, mientras que la Federación recibiría 40 millones por temporada (240 en total). En principio, no parece haber nada delictivo en la firma de este contrato. Ahora bien, ¿es ético o moral que el presidente del fútbol español favorezca a un comisionista que en realidad es un jugador que va a tomar parte en la Supercopa compitiendo con su club? ¿No se adultera la competición al mezclarse deporte y negocios? La posibilidad de que se produzca un conflicto de intereses está sobre la mesa. De momento, Piqué ha negado que haya cometido ninguna irregularidad: “Simplemente le estoy intentando ayudar [a Rubiales]. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la Federación. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones”, se defendió el central culé.

Rubi y Geri (con esa familiaridad se referían el uno al otro en las conversaciones) llegaron incluso a barajar la posibilidad de recurrir a Juan Carlos I por sus contactos con los jeques árabes (el futbolista llega a sugerir que con la mediación del monarca el negocio se remataría con éxito). De una de esas conversaciones se desprende que ambos contemplaron la opción de hablar con el rey emérito para que ayudara a que dicha competición se celebrara en Arabia Saudí. “Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de ahí, con los reyes o con quien sea de los saudíes. Porque podemos entrar fácil. Yo sé que tú, supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar, seguro… El emérito, ¿eh?”, asegura el defensa del Barcelona. A la pregunta, Rubiales responde: “Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno… nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé”. Un ejemplo de manual de comisionismo acelerado.

El escándalo estaba servido y, tal como cabía esperar, llegó a oídos de Juan Carlos I en su lejano exilio de Abu Dabi. De inmediato, el monarca se puso en contacto con el programa Espejo Público de Antena 3, presentado por Susana Griso, para negar su participación en cualquier trabajo, intermediación o cobro de comisiones: “Susana, desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un whatsapp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis, y le dije amablemente que no estaría aquí. Pero de lo otro nunca”.

El juancarlismo del 78 nos vendió el cuento de que esta democracia sería distinta, igualitaria, limpia de cortesanos y palaciegos. Sin embargo, la historia más negra de este país vuelve a repetirse una vez más y ahora vivimos la profunda decepción de que aquí siempre prosperan los mismos, los mal llamados comisionistas, un oficio bajo sospecha que promociona a grandes de España, instalados, familias bien colocadas de toda la vida. La misma nobleza corrupta parasitada con el sistema y la monarquía; los mismos señoritos del cortijo ahora reciclados en supuestos brókerespara dar el pelotazo a gran escala. Siguen estando ahí, las manos muertas, las clases ociosas que deambulan por los ministerios y ayuntamientos, los oportunistas que van a la caza del chollo del siglo. Una casta de alta cuna y baja estofa que se perpetúa de generación en generación, que tiene entrada libre en los grandes eventos nacionales y que se pasea por los despachos oficiales como Pedro por su casa. Conseguidores que alternan con los caciques en cotos privados de caza mientras disparan contra las cuatro liebres raquíticas que quedan. Arribistas con el carné del partido en los dientes que van cerrando negocios a destajo. Miembros de una estirpe de apellidos larguísimos como cansinas letanías. En eso consiste la esencia del comisionista: don de gentes, gente con don. Hoy venden un perfume en la televisión, mañana unos azulejos, una cuadra de caballos o unas mascarillas a precio de oro. Negocios diversificados para una ralea que no sabe hacer la o con un canuto y que nunca fue a la universidad. Y todo con el correspondiente jugoso porcentaje, sin dar golpe, solo tirando de una agenda milagrosa, de parientes influyentes y de amigos en las altas esferas. Nepotismo, enchufismo, amiguismo. Grandes males españoles que no hemos sabido o no hemos querido extirpar. Los comisionistas son los mismos de toda la vida (antes se les llamaba recomendados); los mismos que, cuando llegó la democracia, sacaron su dinero de España, a espuertas, por miedo a la Tercera República; los mismos del pañuelo en la solapa, la gomina en el pelo y el traje perfumado que siguen robando al patriótico grito de “viva España, viva el rey”. Comisionistas: seres agraciados por una feria jovial y secular para su goce exclusivo. Y mientras tanto, el pueblo hambriento mira, envidia y calla."                         (José Antequera , Diario16, 30/05/22)

“Las administraciones dejan que las empresas nos roben”

 "Las empresas utilizan muchas artimañas para engañar a los consumidores, cobrarles de más o hacerles pedir servicios que no han solicitado. Lo denuncia Rubén Sánchez (Sevilla, 48 años), que ha pasado más de media vida defendiendo los derechos de los usuarios en Facua-Consumidores en Acción, de la que ahora es secretario general. “Las compañías juegan con el desconocimiento, con la falta de cultura de la reclamación, con no responder a nuestras quejas para que nos cansemos y con meternos miedo: ‘Te voy a cortar la luz, te voy a meter en una lista de morosos, te voy a embargar”, explica Sánchez. El periodista publica ahora ¿Por qué dejas que te roben? (Aguilar), un libro que desgrana los abusos que ha visto en sus casi tres décadas trabajando por los derechos de los consumidores.

Pregunta. ¿Por qué la gente, según usted, deja que las empresas le roben?

Respuesta. Porque nos educan para dejarnos robar. Seguimos un discurso de nuestra sociedad capitalista de hiperconsumo donde nuestra educación como consumidores nos la dan las empresas a través de la publicidad. En casa no se suele hablar de consumo racional ni se enseña en la escuela. Y cuando vemos irregularidades, poca gente reclama y los que lo hacen suelen recibir la callada o la negativa de las empresas.

P. ¿Cómo tratan las compañías españolas a los consumidores?

R. Cuanto más grandes son las empresas, peor tratan a los consumidores. Aunque si son compañías pequeñas en sectores donde hay una larga tradición de fraudes, como el energético o el telefónico, también maltratan al usuario. Las grandes empresas saben que pueden ganar más con prácticas prohibidas, desde subirte la tarifa antes de que venza el contrato hasta colarte cosas en el recibo que no has pedido, como antivirus o seguros, porque el riesgo de que tenga consecuencias es muy reducido. Si no te das cuenta te lo siguen cobrando, y si te das cuenta no te suelen devolver lo pagado. A lo que ganan con tu tarifa le añaden un plus con prácticas ilícitas. Las empresas ganan mucho dinero cometiendo fraude, porque el riesgo es ínfimo: muy poca gente reclama y las multas de la administración son ridículas. Es como si por robar dos millones en un banco a lo máximo que te expusieras es a devolver 10.000 euros.

P. ¿Qué hacen las administraciones?

R. Muy poco. Las multas de las administraciones autonómicas de Consumo llegan con cuentagotas y las cuantías son ínfimas. Convencimos al ministro Alberto Garzón de cambiar la norma y, desde finales de mayo, el Ministerio de Consumo también tendrá competencia para multar en fraudes masivos en España. Pero hace falta voluntad política. Lo habitual es que nadie multe fraudes masivos y que, de vez en cuando, una sola comunidad autónoma aplique una multa ínfima. Una de las más altas de España la puso la Comunidad de Madrid (tras una denuncia de Facua) a Movistar por un redondeo al alza a todos sus usuarios y fue de 2,9 millones, pero eso lo recaudaba Movistar en un par de días.

P. ¿Esto cambiará cuando el Ministerio de Consumo también pueda multar?

R. Si tenemos un ministro con voluntad política de perseguir el fraude y castigarlo con dureza, sí, pero, de momento, lo que hemos visto ha sido que hemos denunciado a cientos de empresas por incumplimiento de normativa de consumo y el ministerio todavía no ha actuado. Podrá multar desde finales de mayo, pero mientras tiene competencias para llevar a las empresas a los tribunales, y no ha llevado a ninguna, y para decirles a las comunidades que investiguen fraudes, y tampoco suele hacerlo.

P. ¿Las multas son suficientes?

R. Si se aplicara estrictamente la normativa, serían razonables: que las cuantías sean entre una y 10 veces el beneficio ilícito. Si una empresa roba dos millones de euros y le pones una multa de 20 millones, pues eso sí tiene impacto. Pero eso nunca se ha dado. Si alguien deja que nos roben son las administraciones. Son permisivos con el fraude porque creen que el mercado se regula solo y que los consumidores abandonarán a las empresas que los maltraten. Es mentira porque existen conductas de grandes empresas que dicen “vamos a defraudar todas, que no pasa nada”.

P. Defiende que los servicios de atención al cliente maltratan al usuario, ¿por qué?

P. Por un lado, por la permisividad de las administraciones: no hay multas contundentes por irregularidades. Por otro lado, porque no tenemos una norma que diga que cuando a ti te cobren irregularmente algo, no solo tengas derecho a recuperar ese algo, sino que te indemnicen con 30 o 50 euros por las molestias. Si eso existiera, la gente sería más proactiva al denunciar los abusos. Y las empresas minimizarían los abusos. Sería una forma de educar al consumidor para que reclamara. 

P. El trato, asegura, es aún peor con los consumidores vulnerables.

R. Ahí tenemos el gran problema de que cuanto mayor es tu nivel de desconocimiento, peor te van a acabar tratando. Muchas personas mayores nos han llamado llorando porque les han amenazado con quitarles la vivienda por una deuda de 200 euros: es falso, pero les meten miedo. Saben que hay un alto porcentaje de ancianos, de personas que son débiles por diversas circunstancias, que no están para sustos, a los que les acaban cobrando cantidades que no tendrían que pagar por ese miedo.

P. ¿El consumidor español conoce sus derechos?

R. No. Por ejemplo, si una empresa te amenaza con meterte en un registro de morosos porque dice que le debes 30 euros, hay gente que paga, aunque sea injusto, por miedo. Muchos no saben que si reclamas correctamente puedes provocar que acaben multando a la empresa con varias decenas de miles de euros por haberte metido ilícitamente en ese registro.

P. ¿España es un país avanzado en cuanto a la protección de los usuarios?

R. Tenemos una buena normativa europea de protección al consumidor que se traslada a España, porque es muy homogénea. Pero en cuanto a lucha contra el fraude hace falta voluntad política de las administraciones de cada país. En Italia ponen sanciones por prácticas fraudulentas de multinacionales que en España no se multan: aquí hay una impunidad enorme de las empresas en la comisión de fraudes, que deriva en el nivel de fraude tan grande que tenemos en nuestro país.

P. ¿La creación de un Ministerio de Consumo ha supuesto algún avance?

R. Sí, porque estamos mejorando en la normativa, es decir, se han aprobado más normas de protección al consumidor que en las cinco últimas legislaturas juntas. Antes los ministros no le daban importancia a la protección de los consumidores. Pero faltan cosas: se va a aprobar una Ley de Servicios de Atención al Cliente, prácticamente idéntica a la que proponía la ministra del PP Ana Mato, que no da mayor protección al consumidor ni acorta los plazos de respuesta a las reclamaciones. En el ámbito de la lucha contra el fraude, Garzón ni siquiera ha empezado a identificar públicamente los abusos de bancos, eléctricas, telefónicas... No los está visibilizando. Sí que ha avanzado mucho en ámbitos de juego y de seguridad alimentaria."                  (Miguel Ángel Medina , El País,  07/05/22)

La institucionalización de la corrupción es la verdadera «nueva normalidad»... Según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, los niveles de corrupción globales están estancados, lo que supone una normalización de un fenómeno que destruye las democracias

 "Una preocupante nueva normalidad en la corrupción se ha afianzado a nivel internacional. Esta es la principal conclusión a la que llega Transparencia Internacional en su informe anual. Al mismo tiempo destaca el papel de los facilitadores para ayudar a la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción encuentra niveles de corrupción estancados para la mayoría de los países en los últimos 10 años. Con la rendición de cuentas y la transparencia retrocediendo en medio de la pandemia de COVID-19, varios países con porcentajes altos de corrupción están en declive, señala el informe.

Europa Occidental sufrió varios intentos de socavar los esfuerzos anticorrupción durante la pandemia. El gobierno del Reino Unido se vio envuelto en un escándalo de adquisiciones por la adjudicación de contratos sin el escrutinio o la competencia habituales. Y la Comisión Europea reprendió a Chipre por vender ciudadanías a ciudadanos extranjeros ricos a través de los visados dorados.

Estados Unidos tampoco logró reformarse, incluso cuando intentó tomar medidas enérgicas contra los delitos financieros. En 2021, Congreso y Senado aprobaron una legislación que, en teoría, iba a aumentar la transparencia corporativa al exigir que las empresas faciliten información sobre sus beneficiarios finales a una oficina gubernamental. 

Los países latinoamericanos, incluidos Brasil, Venezuela, El Salvador y Colombia, experimentaron reveses antidemocráticos con líderes que difundieron información errónea, sofocaron el activismo y desplegaron una fuerza policial excesiva. Transparencia Internacional encontró a los países centroamericanos Nicaragua, Guatemala y Honduras en un mínimo de 10 años en términos de corrupción y democracia. La pandemia también se usó «como una cortina de humo para introducir nuevas restricciones a los derechos y la rendición de cuentas» en Asia Central y Europa del Este, que fue la segunda región con el desempeño más bajo en el índice.

Las libertades civiles en el África subsahariana y Asia también han seguido disminuyendo, según el informe de Transparencia Internacional. Aunque el presidente chino, Xi Jinping, instituyó controles para mejorar el crecimiento económico, China todavía está muy débil en el respeto a los derechos humanos débiles. A los países de Oriente Medio les va igual de mal, con las autoridades arrestando a algunos de los números más altos de periodistas en todo el mundo en el último año.

El secreto en los países «limpios» permite la corrupción

El informe cita ejemplos que aparecen en los Papeles de Pandora sobre cómo los facilitadores del sector privado ayudan a la corrupción incluso en los países con una mayor implicación en la lucha contra la corrupción y el crimen.

Transparencia Internacional no duda y señala directamente a los proveedores de servicios corporativos, los agentes inmobiliarios y los bancos que ayudan a los líderes corruptos a mantener redes ilícitas mientras eluden la regulación y la rendición de cuentas.

«El escándalo de los Papeles de Pandora es solo el ejemplo más reciente de cómo muchos países con los puntajes más altos permiten que políticos y oligarcas de todo el mundo afiancen su riqueza. Varios actores en los países con mayor puntaje están demasiado ansiosos por ayudar a los líderes autoritarios y cleptocráticos a limpiar no solo su dinero, sino también su reputación», afirma Transparencia Internacional."                   (J. Antonio Gómez, Diario16, 06/02/22)

Del tal Villarejo sabemos muy poco y nadie parece tener demasiado interés en iluminarnos. Ni cómo llegó a comisario, quien le protegió, quien le fue dando responsabilidades, ni siquiera el por qué adquirió la potestad de grabar a diestro y siniestro, sin que nadie lo advirtiera o le expulsara de la confidencialidad con la que se manejaba entre ministros de la derecha y ministrables de la izquierda institucional. Se labró una fortuna, aún no conocemos cuánta. Escuchándole desde sus variados bozales a uno le da la impresión de que se trata de un espía salido del Tebeo

 "Llevamos dos años bajo el síndrome Villarejo y cabe preguntarse quién carajo es este tipo capaz de crear un bucle sin fin que alimenta a la clase política, a los tribunales y a los medios de comunicación. Por más que busco no logro dar con la trayectoria completa de este comisario de policía que un buen día creó una empresa, por mal nombre Cenyt, dedicada a trabajos de manipulación, escuchas ilegales, infiltración, informes falsos y demás manejos de alta rentabilidad.

La murga Villarejo es la música más extendida entre políticos, empresarios y voceros mediáticos. Hay detalles significativos; los interesados hablan del “excomisario” y los ajenos del “comisario” a secas. Todos usan el escapulario salva querellas del “presuntamente”. Desde que la judicatura se ha convertido en el altar donde se ofrecen los animales del sacrificio cada individuo ha devenido en letrado y los bufetes se forran. Nada parece influir la opinión ciudadana, todo está en manos de los jueces. A ese trasvase de responsabilidades se le llama “estado de derecho”.

La instancia que debería ejercer de último recurso se ha convertido en la primera línea de defensa para ser tenido en cuenta. No hemos ganado mucho en libertades pero nos ofrecen la cándida sensación de estar protegidos, por más que la verdad importe un rábano.

Del tal Villarejo sabemos muy poco y nadie parece tener demasiado interés en iluminarnos. Ni cómo llegó a comisario, quien le protegió, quien le fue dando responsabilidades, ni siquiera el por qué adquirió la potestad de grabar a diestro y siniestro, sin que nadie lo advirtiera o le expulsara de la confidencialidad con la que se manejaba entre ministros de la derecha y ministrables de la izquierda institucional. Se labró una fortuna, aún no conocemos cuánta. Escuchándole desde sus variados bozales a uno le da la impresión de que se trata de un espía salido del Tebeo.

Por más que manipulemos el pasado -la historia para el que la trabaja- nosotros tenemos recursos suficientes para el recuerdo. A mí Villarejo me evoca siniestras figuras del pasado cercano. Una mezcla de Perote y Roldán. Juan Alberto Perote, un alto cargo del CESID trasformado en agente rebotado del CIS, cuyas filtraciones dieron la puntilla a 14 años del llamado “felipismo”. Luis Roldán, llegó de una gasolinera a la Dirección General de la Guardia Civil y se quedó con tantos fondos del Estado como para amasar un suculento patrimonio; entremedias hizo y deshizo lo que quiso, sin límite alguno.

 Los recuerdo ahora que la memoria se ha vuelto una herramienta multiusos y cada cual saca del armario del abuelo lo que le peta para acomodar su sueldo a sus creencias. Ambos, Perote y Roldán eran altos funcionarios del Estado y sus emolumentos y actividades se fueron limitando hasta que les llegó la hora de la prisión. El comisario Villarejo también fue otro dignatario del estado aunque ahora se trate de achicar sus responsabilidades. No logro saber quién protegió su carrera, si fue Mariano Rajoy y su piadoso ministro de Interior, el beato Fernández de Barcelona. O si ya trabajaba en la época de Zapatero, aquella aportación leonesa al Estado, de tan sonriente recuerdo para nuestro mundo local que no se dividía en clases sino en Leyres Pajines.

Villarejo frisa los 70 años y nació en un pueblo de Córdoba, aún tiene acento, pero me inquieta saber que fue comisario de policía en San Sebastián durante el tardofranquismo, por lo que cabe intuir que no se dedicaba solo a la lucha contra ETA. Con el Generalísimo muerto saltó a Madrid y sobreviene el silencio; a partir de aquí todo lo que hace lleva el sello de “presuntamente”. Compra, vende, chantajea, manipula unas veces como representante del Estado otras como empresario avispado, especialista en extorsiones. Tiene cintas grabadas de todos; de los de ayer en el PP y los de hoy en el PSOE. Para conversar a calzón quitado se necesita cierta confianza y hasta intimidad. A la fiscal general del Estado y a sus amigotes, entre otros, les debería caer la cara de vergüenza aunque estén blindados de piel y de jueces.

Qué magnífica cartera de clientes la de Villarejo. Magistrados, ministros, candidatos a tales y el más exclusivo y rentable, la economía que funciona. El BBVA, Iberdrola, CaixaBank, Endesa, Repsol…Cualquiera diría que tenía oficina abierta en el Ibex. Por supuesto todo es presuntamente, pero cabe la pregunta del millón: ¿cómo esta gente, que tiene pautados los minutos porque cotizan en bolsa, llegó a tratar con un patán deslenguado? Para los trabajos sucios no se elige a caballeros sino a sicarios, pero saben que dejan rastro y que no vale buscar luego al más tonto y maltrecho de la compañía para cargarle el muerto.

Quizá esté en su ADN, porque todos de un modo u otro se acostumbraron al olor a Villarejo. Como en el filme de Coppola no se trata de nada personal, son negocios. Lo personal se circunscribe a la defensa e incremento de su patrimonio.

Mientras Villarejo iba soltando sobre Rajoy y la caja b del PP que manejaba el atildado Bárcenas todo estaba bajo control, pero el mayor problema de un chantajista consiste en saber elevar las apuestas cuando se van agotando los recursos. Ahora toca el CNI y su exjefe Sanz Roldán que le dejó a los pies de los caballos. La sombra de una duda: “se les fue de las manos” el terrorismo islamista en Barcelona. Lo que necesitaban los Rufianes, agotados de genuflexiones. Los profesionales chusqueros del oficio siempre te ofrecen lo que necesitas.

Viviremos todavía muchos meses con olor a Villarejo. Es un tufo persistente que nace del Estado, no lo olvidemos, y si hay algo que aguanta es el Estado; puede cambiar de formas o de actitudes pero siempre tiene raíces muy hondas que se clavan en ese magma colectivo sobre el que crece el temor y la sospecha. Me mantengo en la insistencia por conocer cómo manipuló a los verdes de la Sociedad Suiza Ecológica para beneficio, supongo, de las energéticas.

Al menos, personalizar el delito de esta versión siglo XXI de las mafias digitales, para que podamos decir que hay vida y sufrimiento más allá de constatar que los ricos también lloran, aunque lo hagan por otros motivos. La base, siempre la misma; el color del dinero. Pongamos a Villarejo en su sitio; un delincuente que ejerce desde que asumió al Estado como domicilio fijo, presuntamente. Y los gobiernos le dieron cobijo sin presunción alguna."                  (Gregorio Morán, Vox populi, 22/01/22)

El estado de la corrupción en 2021... El Índice de Percepción de Corrupción demuestra que la lucha contra la corrupción no avanza globalmente... Esta tendencia global va unida a una regresión autoritaria en otros múltiples países... El deterioro de los pesos y contrapesos de una democracia va vinculado, casi siempre, a un abuso del poder para el beneficio privado de los dirigentes, así como a la creación de redes clientelares oscuras de empresarios indecentes, políticos inmorales y burocracias politizadas que actúan como élites extractivas... El derecho a la vida está en riesgo cuando la policía es corrupta y está en conexión con redes de crimen organizado. El derecho a la salud es pisoteado en países donde el dinero para construir hospitales acaba en paraísos fiscales. El derecho a la educación se convierte en mero enunciado cuando las escuelas no existen y el material escolar desaparece bajo redes corruptas. La corrupción ataca directamente al corazón de la dignidad humana y es preciso recordarlo... España este año ha perdido un punto y retrocede dos puestos en el ranking mundial, siendo un ejemplo más de esta parálisis en la lucha contra la corrupción

 "Medir la corrupción es complejo. Es un fenómeno que se manifiesta de forma opaca y, a menudo, no deja rastro. No obstante, a pesar de su dificultad, es importante por múltiples razones poder conocer los niveles de corrupción de los países, sus avances y retrocesos. 

Así, para identificar barreras al desarrollo económico, para explicar los niveles de desafección política o, sobre todo, para poder prevenir sus consecuencias y tomar las medidas que impidan a los países caer en la corrupción sistémica. Para medir la corrupción se utilizan diversos instrumentos. 

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), publicado este 25 de enero, es uno de los índices más destacados a nivel global; se basa en 13 estudios de opinión de expertos y empresarios y su metodología ha sido evaluada internacionalmente de forma repetida, dando lugar a una herramienta cada vez más sofisticada y válida.

El IPC 2021 demuestra que la lucha contra la corrupción no avanza globalmente. A pesar de que, en los últimos 20 años, se han mejorado en varios países las normas anticorrupción, se observa una falta de impulso por parte de numerosos gobiernos y un descuido en la implementación de las medidas adoptadas. Esta tendencia global va unida a una regresión autoritaria en otros múltiples países, una regresión que tiene su centro de acción en el ataque a las instituciones de control y a la independencia del poder judicial. El deterioro de los pesos y contrapesos de una democracia va vinculado, casi siempre, a un abuso del poder para el beneficio privado de los dirigentes, así como a la creación de redes clientelares oscuras de empresarios indecentes, políticos inmorales y burocracias politizadas que actúan como élites extractivas. El resultado final no es solo la enorme pérdida de recursos públicos, sino, sobre todo, el deterioro de las instituciones y del respeto a los derechos humanos. El derecho a la vida está en riesgo cuando la policía es corrupta y está en conexión con redes de crimen organizado. El derecho a la salud es pisoteado en países donde el dinero para construir hospitales acaba en paraísos fiscales. El derecho a la educación se convierte en mero enunciado cuando las escuelas no existen y el material escolar desaparece bajo redes corruptas. La corrupción ataca directamente al corazón de la dignidad humana y es preciso recordarlo.

A menudo, la opinión pública de las democracias avanzadas tiende a considerar que la corrupción está bajo control en sus países; sin embargo, los datos nos indican que, cada vez que se baja el compromiso y la denuncia cívica, la corrupción avanza y crea los fundamentos para la posible regresión democrática. Los numerosos escándalos políticos vinculados a la corrupción se relacionan de forma directa y fuerte con la desconfianza en las instituciones representativas; más aún, el deterioro ético en uno de los tres poderes del Estado tiende a afectar a la confianza en los otros. Las democracias necesitan confianza en sus instituciones y necesitan que la ciudadanía confíe también en el respeto a la ley por parte de sus conciudadanos. Perdida la confianza, se abre el camino a la barbarie.

España este año ha perdido un punto (sobre un máximo de 100) y retrocede dos puestos en el ranking mundial del IPC, siendo un ejemplo más de esta parálisis en la lucha contra la corrupción. Este dato se basa en ejemplos claros de la falta de avance en las reformas institucionales prointegridad. Como en tantos países, la lucha contra la pandemia explica este retraso en la adopción e implementación de las reformas necesarias; había otras prioridades. Es cierto, además, que el Gobierno cuenta con planes de reformas en la materia ambiciosos. Pero seguimos sin tener traspuesta la directiva de protección a los alertadores de fraude y corrupción, seguimos sin una ley reguladora de los lobbies, seguimos sin tener un reglamento de la Ley de Transparencia, seguimos sin tener marcos de integridad institucional en nuestras organizaciones públicas, entre otras reformas que la Unión Europea y el Greco (Consejo de Europa) nos demandan. Los avances en el código de ética de las Cortes van unidos a la inexistencia de un sistema de control independiente y de sanciones por el incumplimiento. La justicia sigue politizada y los nombramientos en los órganos constitucionales y de control son un ejemplo más de partidismo y clientelismo decimonónico.

Todo ello, cuando estamos recibiendo la generosa ayuda europea para recuperar nuestra economía, transformarla y crear resiliencia para la generación próxima. Merece una valoración muy positiva la aprobación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR), pero requiere urgentemente el fortalecimiento de un sistema de prevención sólido y actualizado de la corrupción y el fraude. Ya vamos tarde. Es necesario un urgente consenso para impulsar la agenda legislativa y que este año sea el año de las reformas prointegridad. Solo así España podrá mejorar en el IPC y acercarse en puntuación a los países europeos que lideran el ranking de países con mejor gobernanza del mundo. Nos jugamos nuestro futuro."                 (Silvina BacigalupoManuel Villoria Mendieta , El País,  25/01/22)

Oxfam, sobre los 'Pandora Papers': "El dinero que no se invierte en hospitales y protección social está en paraísos fiscales"... En estas guaridas es donde están todos los servicios públicos que nos faltan, nuestros hospitales y centros de salud que tanto hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el covid... Ahí es donde se encuentran los sueldos del personal docente, de los bomberos y otros servicios públicos que faltan pero que tan necesarios son... "Siempre que un gobierno o cualquier gran corporación se excusa en el "no hay dinero" para no pagar por los impactos del cambio climático, por las políticas de juventud, o para financiar el gasto social y promover una recuperación justa después del covid, o incluso para aumentar los recursos para la cooperación internacional, ya saben dónde buscar"

 "En estas guaridas es donde están todos los servicios públicos que nos faltan, nuestros hospitales y centros de salud que tanto hicieron falta durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por el covid. Ahí es donde se encuentran los sueldos del personal docente, de los bomberos y otros servicios públicos que faltan pero que tan necesarios son.", explica Susana Ruiz, experta en política fiscal de Oxfam Intermón, tras la publicación este domingo de la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que en España publican El País y laSexta.

 Más de 600 periodistas de 117 países han analizado 11,9 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados especializados en crear sociedades offshore en paraísos fiscales y que esconden los nombres de más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos o 133 millonarios de la lista Forbes.

"Siempre que un gobierno o cualquier gran corporación se excusa en el "no hay dinero" para no pagar por los impactos del cambio climático, por las políticas de juventud, o para financiar el gasto social y promover una recuperación justa después del covid, o incluso para aumentar los recursos para la cooperación internacional, ya saben dónde buscar", reconoce Ruiz. Desde la ONG destacan también que esta filtración muestra "la inmensa cantidad de dinero que se mueve en ese agujero negro que son los paraísos fiscales".

Asimismo, Oxfam asegura que la publicación de los Papeles de Pandora debería ser un "punto de inflexión" para impulsar "una acción inmediata, como se lleva prometiendo desde hace mucho tiempo" ya que los paraísos fiscales cuestan a los Gobierno de todo el mundo 427.000 millones de dólares cada año. "Eso es el equivalente al salario anual de una enfermera cada segundo, todos los días", explica Ruiz.

En el caso español, tal y como apunta Oxfam, diferentes expertos y el FMI estiman que la riqueza oculta de las grandes fortunas nacionales supera el 10% del PIB. "Esta pérdida de ingresos tributarios la acaban pagando los contribuyentes ordinarios, familias y trabajadores", afirma esta experta. "España debería ser parte de un nuevo paradigma fiscal, que logre poner el modelo tributario al servicio de una recuperación más justa e inclusiva, a la vez que se garantizan los recursos necesarios para ahondar en un estado de bienestar, hasta ahora insuficiente cuando nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno", reconocen desde la ONG. 

En los Papeles de Pandora aparecen 601 personas de nacionalidad española, entre las que figura Pep Guardiola o Julio Iglesias, y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Islas Cook, entre otros. Asimismo, también figuran el actual presidente de Chile, Sebastian Piñera; Tony Blair y su esposa, Cherie Blair; Elton John, Shakira, Claudia Schiffer o el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelloti."                  (InfoLibre, 03/10/21)

Hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta. A Sir Jeremy Farrar, experto en enfermedades infecciosas, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". En una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19, que todo el mundo sabía que eran inútiles. La situación se parece cada vez más a la de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump

 "Al describir el ambiente que se respiraba en el número 10 de Downing Street el verano pasado, Sir Jeremy Farrar, el experto en enfermedades infecciosas que dirige el Wellcome Trust, habla de un gobierno "vulnerable a lo que parecía un chantaje". Cuando se sentó en una reunión presidida por Boris Johnson, le llamó la atención la presencia de vendedores de aceite de serpiente que buscaban contratos para las pruebas rápidas de Covid-19 que todo el mundo sabía que eran inútiles.

"A veces me sentía", escribe en sus memorias Spike, "como si me hubiera extraviado en un plató de El tercer hombre, esa fantástica película de Carol Reed sobre una novela de Graham Greene, en la que aparece un mercado negro de penicilina".

La analogía es reveladora porque la Viena de posguerra de Greene y el gobierno de Johnson transmiten la misma sensación de sordidez omnipresente. Además, la personalidad de Johnson tiene mucho en común con la de Harry Lime, el antihéroe interpretado por Orson Welles, que desprende bonhomía pero es totalmente egocéntrico y peligroso para cualquiera que se interponga en su camino.

 Los optimistas pueden convencerse de que los chantajistas y los vendedores de aceite de serpiente vieron su oportunidad de beneficiarse del caos en el momento álgido de la pandemia, pero esperan que no ocurra necesariamente lo mismo en tiempos más normales. Pero, como el escándalo ha sucedido al escándalo en los últimos dos años, me pregunto si no estamos entrando en una era más corrupta en la vida política británica. La situación se parece cada vez más a la de la Gran Bretaña del siglo XVIII o a la de los Estados ricos en recursos de Oriente Medio, donde quienes no tienen las conexiones adecuadas saben que no tienen ninguna posibilidad de hacer negocios rentables.

Mi impresión se ha visto confirmada por las revelaciones de la semana pasada sobre el secreto "Consejo Asesor" del Partido Conservador, que reúne a los donantes ricos en un club exclusivo al que algunos miembros han pagado 250.000 libras esterlinas al año para unirse. El club, que no se reconoce en ninguna parte de las publicaciones del partido, conlleva la ventaja de reunirse regularmente con Johnson y Rishi Sunak.

Lo que tienen en común estos donantes súper ricos es que son partidarios del libre mercado thatcheriano, hostiles a la regulación y a la intervención del Estado. Entre ellos se encuentran las personas que han apoyado durante mucho tiempo a Johnson durante su ascenso al poder y que presumiblemente esperan que su dinero les gane acceso e influencia. Es increíble que los tories nieguen que los donantes se beneficien materialmente de su generosidad.

Como todo lo que hace el gobierno de Johnson y el partido tory, esta recaudación furtiva de fondos de los súper ricos tiene su lado farsante. Está orquestada por Ben Elliot, a quien el primer ministro le encargó el trabajo por sus vínculos con la alta sociedad. Elliot es famoso por dirigir una empresa de "conserjería" llamada Quintessentially, que atiende las necesidades más excéntricas de los famosos, como enviar una docena de pavos reales albinos a una fiesta de Jennifer López.

Pero mientras Johnson cultiva a los plutócratas y los tranquiliza con sus promesas populistas, también está prometiendo exactamente lo contrario a los antiguos votantes laboristas de las Midlands y el norte de Inglaterra. Todos los políticos hacen promesas que no pueden cumplir, pero hay una nueva desvergüenza en el proceso: Johnson se jacta de "destrozar" las normas de planificación urbana y rural, justo cuando los intereses inmobiliarios donan 17,9 millones de libras al partido conservador en los dos años que lleva como primer ministro.

 El creciente poder de los plutócratas, las promesas contradictorias para todos y el creciente olor a corrupción no son sorprendentes. Este patrón prevaleció en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y sigue haciéndolo en la India bajo el primer ministro Narendra Modi. Los llamados regímenes pluto-populistas tienden a comportarse de manera similar porque todos se apoyan en una incómoda alianza entre plutócratas, nacionalistas y conservadores sociales.

Los intereses de los miembros de esta coalición son muy diferentes, por lo que sólo puede mantenerse unida prometiendo todo a todos, mientras se conceden privilegios especiales a los leales al partido. Para ello es necesario romper la división entre los partidos políticos y el gobierno, reduciendo la independencia de la administración pública y el poder judicial, y poniéndolos bajo control político .

 El peligro inherente al plutopopulismo es que el pegamento que lo mantiene unido es el rechazo a un statu quo que mucha gente considera inaceptable por razones bastante opuestas. Los miembros del "Consejo Asesor" no quieren más intervención estatal, pero los votantes de Hartlepool y Sunderland sí. Trump ganó la Casa Blanca prometiendo ayudar a la América desindustrializada, pero en la práctica dio prioridad al tradicional programa republicano de reducción de impuestos para los ricos y desregulación para las empresas. Las promesas populistas, como la reconstrucción de las infraestructuras estadounidenses, fueron rápidamente olvidadas.

El pegamento esencial para los gobiernos nacionalistas pluto-populistas es la ira, normalmente dirigida contra una minoría, como los negros en Estados Unidos o los musulmanes en la India. En Gran Bretaña, la necesidad de este pegamento es el motivo de las "guerras culturales", la mayoría de las cuales son importadas de Estados Unidos o surgen de una amenaza doméstica exagerada o fabricada. Una pintada en una estatua de Winston Churchill se infla hasta convertirse en un asalto generalizado a los tótems del nacionalismo británico.

En Gran Bretaña el racismo tiende a ser semioculto, (...) pero en los EE.UU. es ahora sorprendentemente abierto, como lo demuestra el gobernador republicano de Missouri que esta semana perdonó a la pareja que apuntó con armas a una manifestación de Black Lives Matter.

Los regímenes plutón-populistas son inestables por definición, porque se basan en la división y no pueden cumplir sus promesas a sus diferentes grupos. Aunque exigen ley y orden, tienden, una vez en el poder, a mostrar un desprecio por la ley y una intolerancia a la crítica de los medios de comunicación, combinada con medidas para suprimirla.

Todo esto crea el tipo de inestabilidad generalizada en la que florecen los chantajistas. La pandemia creó las condiciones óptimas para los vendedores de aceite de serpiente que pudieron utilizar el pánico del año pasado como medio para obtener grandes beneficios. Los que entregaron enormes contratos a empresas sin medios para cumplirlos pudieron culpar a las presiones de la crisis.

Lo que hace que las revelaciones sobre el club de donantes sean ominosas es que es sólo el último de una serie de escándalos que son anteriores a Johnson y a la pandemia. David Cameron sólo fue ligeramente criticado por los diputados por mostrar "falta de juicio" en el vigor con el que presionó a Greensill en su intento de acceder a la financiación del gobierno.

En general, tengo la sensación de que la emergencia de Covid-19 sólo ha servido para acelerar el impulso hacia una Gran Bretaña más sucia y corrupta, una en la que Harry Lime y sus chantajistas se habrían sentido muy a gusto."             

 (Patrick Cockburn, Brave New Europe, 10/08/21; traducción DEEPL)

La cara B de Moreno: vídeos de sus invitados, una sala acorazada y el amante-testaferro... los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas imágenes

 "Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que registraron este martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte. Al lado de un gimnasio, una piscina climatizada y una sauna había una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada, con doble hoja de entrada, por la que era posible caminar sin agacharse. Ahí guardaba Moreno dinero, documentos y otros secretos, aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

El productor había contado a su círculo de confianza que en esa habitación del sótano escondía decenas de grabaciones de las fiestas privadas que había organizado durante décadas. Cenas y bailes en el interior del número 15 de la calle de Retama que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y que a veces terminaban en la piscina climatizada. Fuera, en el jardín, tenía otra con forma de lágrima. “Decía continuamente que tenía acceso a gente muy poderosa, y que tenía grabaciones de gente muy importante que había pasado por su casa en las que se les veía en situaciones comprometidas”, asegura a este diario una persona que estuvo vinculada a sus negocios. “Uno de los que hablaba continuamente era Silvio Berlusconi, con el que afirmaba tener una estrecha amistad de su época en la televisión italiana”.

Este testigo, que estuvo varias veces en su mansión, explica que Moreno siempre recibía en chándal y que en las distancias cortas era una persona que contagiaba su ilusión por los proyectos que tenía entre manos. “Tenía una enorme capacidad de trabajo, pero su faceta artística parecía solo una excusa para conseguir más y más dinero. Estaba obsesionado con el dinero y con mantener su altísimo tren de vida. Luego, tras esas primeras conversaciones, descubrías que era en realidad un déspota sin escrúpulos. No tenía ningún problema en dejar de pagarte. Te pagaba hasta que ya no le eras útil”, cuenta esta fuente. 

 La propia mansión de Boadilla, valorada en unos cuatro millones de euros, era una metáfora de la doble vida del 'showman'. El terreno ocupa una superficie de 11.114 metros cuadrados. La zona de vivienda se divide en dos áreas que suman 1.150 metros construidos. Además de las piscinas climatizada y exterior, en la zona de atrás de la finca hay una pista de tenis de tierra batida. A Moreno le encantaba practicar ese deporte. En la planta principal había un piano, dos despachos y una sala de audición de películas. Pero todo era fachada. La vivienda tenía pendiente una hipoteca que el presunto cerebro de la operación Titella llevaba tiempo sin pagar. Y Hacienda había embargado la propiedad.

 Incluso cuando sus empresas acumulaban deudas con Hacienda superiores a los cinco millones de euros, Moreno siguió viajando por todo el mundo en aviones privados, se iba de vacaciones a destinos de lujo y tenía en su casa mayordomo, chófer, cocinera y personal de limpieza. Llegó a deberles varias nóminas, pero no se marcharon porque confiaban en que algún día les pagaría los atrasos. Decenas de actores, presentadores y profesionales del mundo audiovisual se encontraban atrapados en esa misma rueda.

Uno de los más fieles escuderos del ventrílocuo era Martin Czehmester, un modelo checo que vivía con Moreno aunque tenía su propio apartamento dentro de la mansión. Era su pareja, su escolta, su actor fetiche (aparece en decenas de producciones de Moreno, desde ‘Noche de fiesta’ a ‘Escenas de matrimonio’, pasando por ‘Planta 25’y ‘Sábado sensacional’) y también uno de sus principales testaferros, según explican a este diario fuentes próximas a la investigación. Czehmester aparece como apoderado y administrador en varias de las mercantiles presuntamente utilizadas por el empresario para estafar dinero a inversores a los que seducía con la promesa de salir en los créditos y participar en los beneficios de series y programas de televisión que alcanzarían prestigio internacional.

 El nombre de Czehmester figura tras uno de sus últimos proyectos, Dreamlight International Productions SL, una productora creada en el verano de 2018 tras asociarse con el industrial argentino Alejandro Roemmers, hijo de una de las mayores fortunas de ese país. Los presentó el periodista Luis María Ansón, con quien Moreno hablaba a diario. Aunque tenía la vida resuelta, Roemmers soñaba con convertirse en un escritor y poeta de éxito, y Ansón le convenció de que Moreno podía ayudarle a ganar hasta el Premio Nobel de Literatura.

Roemmers cayó seducido por esa idea y el resto de proyectos de Moreno. Al inversor argentino le fascinaba la figura de Francisco de Asís, así que el productor de TV montó un musical en Bilbao centrado en la vida del santo católico que llamó 'Franciscus'. Fue su gran tarjeta de presentación ante el nuevo inversor. Para terminar de convencerle, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su nuevo socio. El ahora detenido fletó un autobús y trasladó a 54 trabajadores de sus empresas hasta la capital vizcaína para que se hicieran pasar por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos para que llenaran las primeras sesiones del musical en el teatro Euskalduna. El inversor volvió a Argentina decidido a apostar por Moreno aunque, poco después del estreno, la asistencia empezó a caer y la obra ya no viajó a otras ciudades. 

 Para empezar, Roemmers puso 12 millones de euros en Dreamlight. Debían servir para costear la primera serie que tenía Moreno entre manos. Se llamaba 'Resplandor y tinieblas' ('Glow and Darkness') e iba a rodarse plenamente en inglés. El creador de personajes como Rockefeller, Monchito y Macario anunció la producción por todo lo alto en enero de 2020. Dijo que contaría con un presupuesto de 270 millones de euros, seis por capítulo, más que 'Juego de tronos' en su primera temporada.

Moreno empezó a grabar. Cuando se terminaba el dinero pedía más. El inversor argentino entregaba otra remesa y volvía a sonar la claqueta. Hasta que volvía a acabarse el presupuesto y Moreno pedía más. La dinámica siguió hasta que Roemmers soltó casi 50 millones de euros. La relación marchaba bien por entonces. Eran íntimos amigos. La participación del industrial en Dreamlight aumentó hasta el 70% de las acciones. Compartían proyectos e incluso se iban juntos de viaje a las Maldivas con otros acompañantes. Pero la situación empezó a torcerse el pasado diciembre.

 Fuentes próximas a Roemmers explican a El Confidencial que Moreno se comprometió a entregar en esa fecha los 10 primeros capítulos de 'Resplandor y tinieblas'. Después, dijo que tendría listos tres. Luego, que uno. Y finalmente, llegó diciembre y no facilitó ni un solo episodio. En ese momento, el industrial latinoamericano empezó a sospechar y estableció un control más estricto de su dinero. La serie debía haberse estrenado en marzo, pero en estos momentos no hay ni un solo minuto listo para su emisión. Tampoco hay ningún acuerdo firmado con cadenas o plataformas para su venta. Entre los detenidos en la operación Titella se encuentran dos sobrinos de Moreno que le representaban en Dreamlight, además del propio Czehmester.

 No era la primera vez que Moreno recurría a personas de su confianza para iniciar nuevos proyectos. En 2017 empezó a grabar una serie para TVE. Se llamaba ‘Aquí mando yo… y punto com’. Montó un enorme escenario en sus naves de grabación de Moraleja de Enmedio (Madrid), también embargadas por Hacienda. Pero el ventrílocuo no podía trabajar directamente para el ente público por sus problemas con el fisco. “Afirmaba que tenía un contacto en RTVE con el que había pactado la serie, pero que le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo”, relata el contacto que conocía sus negocios. Lo cierto es que, en 2016, la corporación pública ya había provocado una polémica por contratar con Moreno la emisión de la serie 'Reinas' a pesar de que no estaba al corriente con la Agencia Tributaria.

Para evitar un nuevo problema, Moreno ideó otro sistema. RTVE adjudicó la emisión de ‘Aquí mando yo… y punto com’ a Amiguetes Entertainment SL, una empresa del director Santiago Segura, que había colaborado con el productor en varias entregas de 'Torrente'. Posteriormente, Amiguetes Entertainment SL cedió los derechos de emisión a una sociedad pantalla de Moreno, Integral Mundox Producciones SL, que se encargó de ejecutar el rodaje. El nombre del 'showman' no aparecía por ninguna parte, “aunque tenía tanto ego que no pudo aguantarse las ganas de anunciar que era un proyecto suyo”, cuenta a El Confidencial la fuente de su entorno.

 Como en otras ocasiones, Moreno pedía anticipos a RTVE para elaborar capítulos. Cuando se terminaba el dinero, reclamaba más y empezaba a grabar de nuevo. Así sucesivamente. Sin embargo, su plan se vino abajo con la moción de censura de Pedro Sánchez. Los responsables del ente público de la etapa de Mariano Rajoy fueron destituidos y el productor se quedó sin el contacto con el que había acordado la serie. Nunca se emitió ningún episodio.

Roemmers fue la siguiente tabla que encontró en pleno naufragio. Las escuchas telefónicas efectuadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional revelan que seguía manteniendo un elevado nivel de interlocución con directivos del mundo audiovisual, periodistas, empresarios y políticos. Los investigadores tendrán que reconstruir ahora todas esas operaciones. La existencia de posibles grabaciones furtivas de los asistentes a sus fiestas llevaría el caso a otra dimensión. En su entorno, están convencidos de que los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas supuestas imágenes."                  (José María Olmo ,Beatriz Parera , El Confidencial, 01/07/21)