Cursach pagó más de 150.000 euros en fiestas sexuales para cargos del PP, según la agenda de un prostíbulo mallorquín

 "Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: "Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra". La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.

Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].

La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.

Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.

Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear. 

La autenticidad del cuaderno o agenda de la testigo protegida, algunas de cuyas páginas desvela Público en exclusiva a lo largo de este artículo, no fue puesta en duda; de hecho, los investigadores realizaron una pormenorizada investigación sobre las revelaciones de la mujer. Así, constataron que, en efecto, en el segundo piso de un edificio de la calle Lluís Martí de Palma se ubicó un prostíbulo que suministraba mujeres prostituidas para fiestas en propiedades de Cursach, como la discoteca Tito's y fincas repartidas por la isla.

Sobre la identidad de los dos políticos del PP y de dos mandos de la Policía Local que también aparecen, como los exintendentes Antonio Vera Martínez y Juan Miguel Mut García, los investigadores pudieron comprobar que en efecto se trataba de ellos, como ha podido saber este diario al acceder al informe policial. La agenda da referencias explícitas. Por ejemplo, "Ayuntamiento, sr. Rodríguez", siendo este el único concejal con ese apellido, pero además aparecía su teléfono móvil institucional. Lo mismo ocurre en el caso de Gijón, al que en el ambiente del prostíbulo llamaban 'el principito'. 

Cumpleaños en el prostíbulo

La agenda, que cubre parte de 2014 y el año 2015 prácticamente entero, muestra episodios repulsivos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, al que se califica como "morboso", se montó una fiesta cuyo coste alcanzó la cifra de 14.000 euros. "Preparar tres chicas y tartas", consta en el cuaderno. Otras fiestas disfrutadas por Rodríguez, según la agenda, resultaron más caras: 23.000 euros y hasta 36.000 euros. 

En el primer caso se trató de una fiesta navideña, a las 17.00 horas: "Avisa llega después de una comida con amigos"; "viene con un compi ("Andrés P.P."); "avisar a Tolo", "Justificar?"

En el segundo caso, que recoge el precio más alto de los que constan en la agenda judicializada, 36.000 euros, la fiesta se prolongó 12 horas del viernes y tres horas del sábado por la mañana. En total, se consumieron 26 botellas de alcohol. 

"Paga Tolo, pasar por Mega"

El dinero no era problema, según declaró la encargada del prostíbulo (que acabó convirtiéndose en la testigo protegida 31 de la causa), porque lo ponía Bartolomé Cursach. En el caso de la fiesta de 36.000 euros, el apunte indica: "Cobrar Tolo-Mega [en referencia al Megasport y Megapark, el centro de deportes y ocio de Bartolomé Cursach en Palma]"; "Llamar a las 12. Esperar pista pádel central. Esperar que salga". 

José María Rodríguez Barberá (primo carnal de Rita Barberá), Álvaro Gijón, y los comisarios Antonio Vera y Juan Miguel Mut llegaron a estar investigados, junto a Cursach, por cohecho impropio, es decir, el realizado no para obtener un beneficio inmediato sino para lograr que el funcionario o cargo público que ha recibido el obsequio se sienta en deuda con el agasajador.

Las revelaciones de la agenda fueron corroboradas por testimonios de camareros de la discoteca Tito's, mujeres prostituidas y agentes de la Policía Local. Este diario ha podido acceder a algunas de dichas declaraciones que señalan al magnate Cursach como el pagador de esas actividades.

Por ejemplo, una mujer prostituida reconoció a Gijón en una fiesta sexual en una finca de Cursach y a media docena de agentes de la Policía Local como receptores de servicios sexuales que ellos no abonaban, sino el empresario y su entorno. Llama la atención que los testigos reconocieron a los mismos policías de entre numerosas fotografías mostradas, tal y como apuntan fuentes jurídicas.

El fiscal Carrau retiró los cargos

La encargada del prostíbulo de la calle Lluís Martí de Palma declaró varias veces durante la instrucción de la causa Cursach, manteniéndose firme en sus manifestaciones y en el contenido de su cuaderno. Incluso se sometió a un careo con Rodríguez, Gijón y con el chófer de este último, ya que, según ella, acudía al burdel en coche oficial. Los tres negaron los hechos. Gijón dijo que era una persona decente y que no había ido nunca a prostíbulos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.

Sin embargo, el giro que experimentó la instrucción de la causa Cursach, una vez que el juez Penalva y el fiscal Subirán fueron apartados y terminaron investigados por presuntas presiones a los testigos, explica por qué la agenda y su dueña acabaron en un limbo y sin ninguna visibilidad en el juicio de la causa Cursach, del que todos los procesados, policías locales y directivos del grupo Cursach, incluido el magnate, fueron absueltos.

El fiscal Juan Carrau renunció, en un inexplicable giro de guion, a la testigo protegida número 31 y a cerca de sesenta testigos más que podrían haber confirmado no sólo las fiestas sexuales con las que Cursach presuntamente obsequiaba a policías locales y políticos, sino también cómo esos policías presuntamente amedrentaban con inspecciones y extorsiones a empresarios que eran competencia de Cursach. 

Respeto a Gijón y a Rodríguez, que está condenado en firme a tres años y medio por amaño de contratos públicos a favor de la empresa de publicidad Over Marketing, sus imputaciones cayeron en saco roto. No estaban acusados en la causa Cursach, pero sí en una de sus derivadas, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda iba a incorporarse a esta otra causa, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo. 

Hay que recordar que Bartolomé Cursach constituye el paradigmático caso de un acusado absuelto pese a que jamás abrió la boca ni durante la instrucción de la causa ni durante el juicio. Se negó a declarar en todas las ocasiones. 

La dueña de la agenda llegó a desaparecer de Mallorca. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó localizarla para que declarara en la causa que se había abierto contra Penalva y Subirán, que serán juzgados en breve. 

Nueva oportunidad para la agenda

La testigo entonces cambió de versión, tras haber defendido durante años la autenticidad de la agenda, y declaró al juez instructor que la había confeccionado ella misma, y no la antigua madame, bajo el dictado del fiscal Subirán. El juez abrió procedimiento por falso testimonio contra ella y en estos momentos está siendo investigada, pendiente de juicio. No hay que olvidar ni la paliza que recibió esta mujer en 2017 ni las posibles presiones que soportaría hasta llegar a 2019 para que lograr que se retractara, como le ocurrió a otros testigos.

Pero la agenda tiene una nueva oportunidad. Al estar aportada a la causa del TSJ balear contra Subirán y Penalva podría servir ahora para evitar la impunidad de unos cargos públicos que pudieron aceptar servicios sexuales como regalos."                 (Ana María Pascual, Público, 28/04/23)

La historia de cómo el juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach han acabado perseguidos por la Justicia

 "La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. Tras investigar al empresario del ocio nocturno, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán se enfrentan al que muchos consideran uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.

 En julio de 2018, el caso Cursach, que durante varios años se había centrado en desvelar un presunto entramado mafioso urdido para salvaguardar los intereses del magnate del ocio Bartolomé Cursach, saltaba por los aires. Tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del considerado rey de la noche mallorquina y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al denunciar las filtraciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial. Nada hacía sospechar todavía que aquella denuncia por supuesta revelación de secretos se convertiría en el germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional. 

 Y es que, más de cuatro años después, y tras un turbulento peregrinaje judicial, Cursach ha sido absuelto de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears, la que le situaba en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche, mientras, en un giro de 180 grados, el juez y el fiscal que lo investigaron se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España por la Fiscalía contra un magistrado y un representante del Ministerio Público: sobre cada uno pesan solicitudes de pena de más de cien años de cárcel por numerosos delitos presuntamente cometidos para apuntalar sus tesis mientras instruían el caso Cursach. Junto a ellos, se encuentran a las puertas del banquillo cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que trabajaron estrechamente. Los dos juristas niegan, sin embargo, la comisión de acto delictivo alguno y defienden el trabajo que llevaron a cabo al frente de la causa.

 La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. A lo largo de sus interminables vuelcos llegaron a trascender cargos por homicidio, narcotráfico, corrupción de menores o extorsión, a fabricarse falsas agresiones de supuestos sicarios del magnate, a esgrimir grabaciones como arma y a aflorar comprometedores mensajes de WhatsApp convertidos en piedra angular de las acusaciones que hoy pesan sobre aquellos que un día quisieron levantar las alfombras del mayor imperio del ocio de Balears. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, hasta cuarenta encarcelados y 45.000 folios, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach.

Comienzan las investigaciones

Sin embargo, nada de todo ello podía presagiarse en 2013. Fue el año en que comenzó todo, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño de un concurso, convocado el año anterior, para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes pesquisas dieron pie, con el paso del tiempo, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra a los negocios del magnate, quien comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Balears, exclusivos gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas.

Con todo, no sería hasta mediados de 2015 cuando la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios comenzaría a tomar forma. En junio de ese año, el juez Manuel Penalva, que lo había sido anteriormente de vigilancia penitenciaria y había servido en Juzgados de Alicante e Inca (Mallorca) antes de recalar en Palma, cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, Carmen González. Decenas de testigos comenzaron a desfilar ante el magistrado y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Hablaban, sobre todo, de extorsiones y amenazas. Uno de ellos, camarero del buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito's (cuyas galas habían conquistado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, a Marlene Dietrich, Ray Charles y Charles Aznavour), aseguraba, incluso, haber presenciado fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP del local con las que se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate, unas acusaciones que, años después, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud.

Por su parte, otra testigo aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Los hechos también acabarían siendo tiempo después desechados por la Policía Nacional al señalar en un extenso informe que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo. La supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció también agresiones que, según las posteriores investigaciones, nunca se produjeron, como la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Un atestado policial señala incluso cómo la testigo llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Cursach, enfrentado a quince delitos

Con toda esta ristra de acusaciones a sus espaldas, hasta una quincena de delitos recayeron entonces sobre el empresario del ocio. Entre ellos, los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Ninguno de ellos ha logrado probarse a lo largo de estos años y, en la actualidad, tanto la supuesta madame como el camarero de Tito's están siendo investigados, junto a otros testigos, por un presunto delito de falso testimonio.

 Con todo, el 28 de febrero de 2017, Penalva ordenaba, a instancias de Subirán, detener a Cursach y a Sbert. Tres días después, los dos empresarios eran enviados a prisión sin fianza. Hasta entonces, apenas habían trascendido unas pocas imágenes del magnate, habitualmente alejado de las cámaras pero siempre envuelto en leyendas populares. Parapetado tras unas gafas oscuras de aviador, Cursach había comparecido en una ocasión en el Parlament balear para ser interpelado sobre las irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública impulsada en Balears, el hospital de Son Espases, cerca de cuyos terrenos había adquirido una finca. Manifestó que desconocía que allí se iba a construir un hospital y que había adquirido el terreno porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. E ironizó: “No lo compré para sembrar patatas”.

Tan solo dos semanas más tarde de que Cursach ingresara en prisión, eran arrestados el director de Tito's, el exjefe de camareros del establecimiento nocturno y otro extrabajador de la discoteca. Para entonces, decenas de policías locales de Palma llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la Península como Estremera y Albocàsser. 

Presiones a testigos: “A ver cómo atamos los cabos sueltos”

Apenas unos meses después de los encarcelamientos, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar el caso Cursach, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la presunta madame, erigida hasta entonces en la principal testigo de la causa.

En el primer vuelco que sufría el caso, afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

 Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -ahora acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.

Penalva, apartado del caso Cursach

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Las normas de reparto hablaron y el incómodo caso Cursach llegó a manos del juez Miquel Florit. Tras las denuncias interpuestas por los abogados de Cursach y Sbert a raíz de las supuestas filtraciones mientras el caso se hallaba bajo secreto, en julio de ese año el veterano magistrado abría diligencias penales dirigidas a averiguar el origen de las revelaciones y, de la mano de la Policía Nacional, se introducía de lleno en la investigación de las presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa. 

Ante el cariz que comenzaron a tomar las pesquisas, con informes de la Policía Nacional apuntando al “clima de terror” presuntamente sembrado por Penalva y Subirán, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con ellos acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros de Blanqueo en paralelo a sus investigaciones.  

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

El hallazgo del chat reveló manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Los whatsapps desvelarían, incluso, que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Confiscación de los teléfonos móviles de dos periodistas

Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, el juez Florit daba un paso en falso que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: en diciembre de 2018 acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa y desencadenaba, con ello, una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. La medida fue, además, declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional.

 El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgaba la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada. Tras él, alguien debía recoger de nuevo el testigo del caso Cursach, pero varios magistrados decidieron abstenerse por su relación de amistad con Penalva. Finalmente, la causa recayó en manos de la jueza Carmen Abrines, quien prosiguió la labor iniciada por su antecesor mientras la Policía Nacional continuaba internándose en los entresijos del caso Cursach.

En sus atestados, los inspectores centran sus pesquisas en los principales testimonios en los que se sustentó el caso Cursach, afirmando cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos por los que los antiguos investigadores se encuentran ahora bajo el foco de la justicia.

Detenciones ilegales y aleccionamiento de testigos

La magnitud de las investigaciones condujo a la magistrada a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ante el aforamiento de Penalva y Subirán, y llevó a dos fiscales procedentes de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, a personarse en la causa. Herranz fue, precisamente, el fiscal que rompió a llorar durante el juicio al término del juicio contra Cursach: “Este procedimiento es un fracaso total de la Justicia”, afirmó entre lágrimas mientras, en una imagen inédita, acusados y defensas estallaban en un extenso aplauso. 

 A raíz de lo arrojado por las investigaciones contra ellos, el 29 de enero de 2020 el juez Penalva y el fiscal Subirán eran finalmente imputados. La causa, en manos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, no se ha librado de los inauditos vaivenes que han sacudido a las investigaciones desde su inicio. Mientras el magistrado cerró en dos ocasiones la instrucción del caso determinando que los dos juristas cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, Anticorrupción considera que las actuaciones que ambos desplegaron fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. 

 Entre medias, el instructor llegó a archivar la causa para el exfiscal Subirán, quien alega que un trastorno de estrés postraumático le impide afrontar con garantías su derecho de defensa. Una supuesta afección que, según los fiscales de Madrid, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido. Finalmente, el TSJIB revocó el sobreseimiento que su propio presidente había decretado y Subirán, quien ha estado presente en la instrucción de la mayoría de causas de corrupción que durante los últimos quince años han sacudido Baleares, volvía a ser imputado.

Peticiones de más de cien años de prisión

En la actualidad, Penalva y el exfiscal, ya jubilados, afrontan peticiones de condena, por parte de la Fiscalía, de más de cien años de prisión. En concreto, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Sobre los cuatro policías de Blanqueo -un inspector jefe, José Luis García, dos subinspectores, Miguel Ángel Blanco y Blanca Ruiz, y un agente, Iván Bandera- pesan, por su parte, solicitudes de pena que oscilan entre los 71 y los 105 años de cárcel.

Anticorrupción enmarca su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Nueva línea de investigación

Sin embargo, no es la única línea de investigación que se cierne sobre los antiguos investigadores. La Audiencia Provincial de Balears, que durante varios meses ha juzgado a Cursach, Sbert y a otros quince acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar Penalva y Subirán, y de la que todos los procesados han sido absueltos, ha ordenado investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto exjuez como exfiscal habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

 A lo largo de la sentencia absolutoria, el tribunal hace hincapié en la “temeridad” y “mala fe” con la que actuaron las acusaciones intentando mantener un proceso penal con “fines distintos” a los regidos por la ley. Las magistradas condenaron por ello a los empresarios al pago de las costas generadas a Cursach y su mano derecha tanto en el juicio oral como en la fase de instrucción. Los acusadores prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano al que, por primera vez, llegará el caso Cursach. Únicamente se ceñirán a su desacuerdo con las costas, puesto que ninguna de ellas discute la absolución de los procesados.

Penalva y Subirán defienden su inocencia

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que, por el momento, prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que ha presentado en el procedimiento judicial niega la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra sus patrocinados, quienes se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron. La defensa llegó a esgrimir grabaciones de “personas de más arriba” que serían entregadas en caso de no tomarse en consideración la tesis de Subirán en torno a una supuesta confabulación entre cúpula policial y fiscales para incriminarle, “con las consecuencias que ello implicará”, añadía. 

 Hasta el momento, exjuez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’ (en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas). Y es que, a juicio de Penalva, la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”.

Hallazgo de los Whatsapps

El TSJIB, sin embargo, ha determinado en varias ocasiones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”, por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los policías arrestados, quien hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El órgano judicial -en línea de lo también manifestado por la Fiscalía- incidía en que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Ahora, los caminos de Penalva y Subirán, así como los de Cursach y el resto de quienes fueron por ellos investigados, discurren de forma completamente inversa a como transcurrían hace más de cinco años, cuando ambos juristas se volcaron en destapar lo que hasta entonces, y durante décadas, había sido alimentado por la leyenda: cómo el magnate había medrado hasta la cúspide de la noche mallorquina. El empresario y su número dos se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido, mientras sus antiguos verdugos se enfrentan al que algunos consideran el mayor escándalo judicial en España. La historia de una metamorfosis judicial en una tierra, Balears, nunca ajena a los desmanes, la corrupción y los tratos de favor."                   (Esther Ballesteros  , eldiario.es, 22 de enero de 2023)

El esperpéntico viraje del 'caso Cursach': de pedir ocho años de cárcel a la absolución entre llantos del fiscal (que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia)... Sorprendente final del juicio del 'caso Cursach', con las lágrimas del fiscal Tomás Herranz en medio de su alegato para remarcar su tesis de inocencia a favor de los acusados, procesados por liderar una mafia policial y empresarial relacionada con los negocios de la noche mallorquina... "Ha ganado el miedo y no la Justicia", dice una de las abogadas de la acusación... ¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares? El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados... El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios iniciales... "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado... ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia"... y el primer juez instructor y el primer fiscal, expedientados por intentar meterlo en la cárcel. Ahora irán ellos...

 "Lágrimas en la última sesión del juicio por el caso Cursach: las del fiscal Tomás Herranz, que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia.

De los 24 procesados iniciales se ha pasado, tras las 36 sesiones del juicio, a dos; ambos, policías locales de Palma de Mallorca acusados de hacer inspecciones arbitrarias al local de un empresario para los que se pide dos años de prisión. Todos los demás, incluido Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, han quedado sin cargos en su contra, lo que significa la absolución.

El alegato final del fiscal Herranz, con llanto incluido, podría ser calificado de inaudito. "Este informe [su informe final de calificación], más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido". Esta ha sido su tesis durante el juicio, la inocencia. Hay que recordar que a escasos días de que arrancara la vista oral, Herranz amputó el grueso de las acusaciones de la Fiscalía contra Cursach y los suyos, presentando un memorable escrito lleno de tachones, que fue admitido por la Sala, pese a que implicaba de facto un nuevo escrito de acusación, algo que no está permitido al inicio de una vista oral.

Al lado de Herranz, escuchaba impertérrito el fiscal Carrau, que fue quien durante la investigación pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach y sus hombres, a la vista de las denuncias y testimonios que existían sobre la mafia que lideraban en Mallorca para mantener la hegemonía sobre los negocios de ocio. Carrau se opuso firmemente a la puesta en libertad del magnate. En base a las evidencias del sumario, la Fiscalía llegó a pedir para el líder de Cursach ocho años y medio de prisión por liderar una trama de sobornos a policías y otros funcionarios para hacerse con el control de las discotecas en Mallorca. El cambio de postura de Carrau y de la Fiscalía es calificado por varios abogados de las acusaciones con los que ha podido contactar este diario como "vergonzoso".

De cohecho y organización criminal a "nada delictivo"

A lo largo del juicio, una a una se han ido desinflando todas las acusaciones contra Cursach, para quien la Fiscalía pedía al inicio del juicio 18 meses de prisión, por pertenencia a organización criminal, pero ya sin el concurso del delito de cohecho. Pero este miércoles ya no había ni sombra de organización criminal. "Algún jurista diría que el hecho de que un proceso que termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal Herranz, para quien los acusados "no han hecho nada delictivo". 

El miedo de los testigos ya lo adelantó 'Público'

¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares?  El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados.

Este periódico lo desveló en una veintena de exclusivas sobre la denominada 'mafia' que pivotaba alrededor de los negocios de la noche de Mallorca; una investigación periodística que arrancó a través de denuncias internas de las policías locales de Calviá y Palma sobre sobornos a agentes y políticos para hacer la vida imposible a la competencia de Cursach y que salpicaba incluso a las oposiciones para entrar en esos cuerpos. 

Las presiones a todo aquel que señalaba al entorno de Cursach fueron enormes. Al testigo número 29 de la causa se le llegó a quemar la cara, a una mujer que regentaba un club y que testificó sobre aquella mafia se la apaleó; y a dos periodistas, del Diario de Mallorca y de Europa Press, que cubrían el caso un juez les intervino sus móviles, medida sin motivar que provocó una lesión en sus derechos fundamentales, como sentenció el Tribunal Constitucional. 

El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios  iniciales; incluso algunos testigos no han comparecido y se encuentran en paradero desconocido. "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado, que ha tenido que renunciar a la acusación porque "no se han presentado las pruebas que incriminaban a Cursach", sostiene.

 Respecto a su cliente, Bueyes alega que las 14 denuncias que José Manuel Bover llegó a presentar en su día y que estaban aportadas en el sumario, "han desaparecido directamente, ni se han enjuiciado ni se han archivado, es que no están". La abogada se refiere a "hechos gravísimos de coacciones, escombros a la puerta de su local, carne muerta que le dejaron como amenaza..." Bueyes apunta a que en este juicio "ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia", en relación al temor de los testigos a decir la verdad.

Inexplicable actuación fiscal

Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma y la consejería de Turismo. 

Para Teresa Bueyes, "lo que se ha celebrado en Palma no ha sido un juicio sino una farsa, que allana el camino para que el Estado indemnice a Cursach y a Sbert por haber pasado por la cárcel". Hay que recordar que ambos estuvieron 14 y 10 meses respectivamente en prisión provisional. "Este miércoles hemos asistido al proceso de canonización de Cursach y los suyos", dice Bueyes en relación al alegato final del fiscal.

Graves acusaciones contra el juez instructor

Pero además de esa hipotética indemnización, la absolución de Cursach y los suyos defendida con ahínco por el fiscal Herranz también servirá previsiblemente para aumentar los cargos contra el juez instructor del caso Cursach, el ya exjuez Manuel Penalva, y contra el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El Ministerio Público ha reclamado otra investigación por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación en la instrucción. 

La Fiscalía afirma que en el juicio han aparecido indicios de que Penalva y Subirán "presionaron" a testigos y ordenaron detenciones "indebidas"; además acusa de falso testimonio a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio --todos ellos, en contra de Cursach y su red--, entre ellos, una exinspectora de Blanqueo. 

Los ataques a la instrucción judicial de Penalva y Subirán fueron continuos durante la investigación con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones, como finalmente ha sucedido.

 El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto. También hubo campaña mediática; algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

El golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas y acabó siendo apartado tras una recusación. En julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020. "                 (Ana María Pascual, Público, 30/11/22)

Fiscalía pide 13 años de cárcel para Villarejo y López Madrid por hostigar y acuchillar a la doctora Pinto... la doctora denunció su situación de hostigamiento hasta en 15 ocasiones

 "La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 13 años y dos meses de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, por amenazar y coaccionar de forma reiterada e insistente a la doctora Elisa Pinto tras la abrupta ruptura de su relación con el empresario. A López Madrid se le imputa el delito de cohecho activo por contratar al policía para maniobrar e impedir que le denunciase la médica.

Según el escrito de acusación, el «hostigamiento» llegó a tal punto que la mujer fue agredida en dos ocasiones y su hijo de 10 años recibió un aviso por parte de personas desconocidas que le dijeron: «También estamos pendientes de vosotros».

La Fiscalía de Madrid atribuye a Villarejo y a López Madrid dos delitos de lesiones (tres años y medio por cada uno), un delito continuado de coacciones (tres años), amenazas (un año y ocho meses) y un delito contra la Administración de Justicia (un año y seis meses).

Los hechos se remontan a 2012, cuando la víctima era jefa del servicio de dermatología del Hospital San Camilo y en su condición de médico especialista conocía a la familia de López Madrid, con quien al año siguiente comenzó una relación de «estrecha» amistad.

A partir de entonces, y hasta septiembre de 2013, hubo regalos, largas llamadas y correos, mensajes subidos de tono, fotografías sexuales explícitas recíprocas y encuentros «deliberadamente» casuales en sitios públicos (tiendas, restaurantes y lugar de trabajo). Además, mantuvieron «largas» llamadas telefónicas y una relación vía emails.

López Madrid contacta con Villarejo para evitar que Pinto lo denunciendial atómi

Pero todo cambia y, según la doctora, el empresario se excede e inicia un acoso contra ella. La relación termina y López Madrid teme que Pinto lo denuncie y activa un plan: contacta con Villarejo, entonces comisario de Policía adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, para que hostigue a Pinto y evite que le denuncie, usando para ello los medios que tiene a su alcance como comisario en activo.

La campaña de hostigamiento incluyó presuntas amenazas por teléfono en la que le decían: “Puta no te acerques a López Madrid, me vale madres [sic] llevarte por delante” o “te vamos a matar”; visitas en persona a su consulta; seguimientos y vigilancias; contactos con su hijo en la puerta del colegio e, incluso, dos agresiones con arma blanca.

Dos agresiones con arma blanca

Estas agresiones tuvieron lugar una el 13 enero de 2014, cuando la mujer estaba en el interior de su vehículo parado en la calle y un desconocido se introdujo en la parte trasera del coche y le clavó un objeto en el hombro mientras le decía “estás indefensa” y la otra el 10 de abril del mismo año, cuando Pinto iba en su automóvil con su hijo y, tras bajarse para buscar el alzador para el niño, Villarejo la abordó y le hizo supuestamente un corte en el abdomen por encima de la blusa con un instrumento cortante mientras profería la expresión “López Madrid quiere que cierres la boca”.

Llamadas a sus móviles personales y al fijo de su domicilio

Las llamadas en un principio eran anónimas y con voz distorsionada y se hacían al número móvil de Pinto y al fijo de su domicilio familiar, pero después también empezó a recibir llamadas a su otro número personal de móvil desde otros teléfonos correspondientes a tarjetas prepago adquiridas con identidad falsa que iban cambiando cada poco tiempo.

La Fiscalía sostiene que el 10 de diciembre de 2013 ambos acusados se reunieron en las oficinas de Cenyt, grupo empresarial de Villarejo, y a continuación se dirigieron a la consulta de la médico. Allí, según el fiscal, hostigaron de nuevo a Pinto. Le advirtieron de que le estaban vigilando y de que la policía vendría a visitarla si no cesaban las denuncias. Diez días después, y durante más de una semana, la víctima fue amedrentada de nuevo «reiteradamente» por personas desconocidas «que actuaban por encargo de los acusados».

Según la Fiscalía, todos estos actos estaban dirigidos a alterar el sentimiento de seguridad y paz de la mujer «tratando de impedirla actuar libremente». Y ello porque las acciones que de manera «insistente» y «reiterada» realizaron los acusados pusieron de manifiesto que la víctima estaba siendo vigilada y perseguida y que, además, «alteraron gravemente la vida cotidiana» tanto de ella como de su familia, «teniendo que contratar seguridad privada, sus hijos dejaron de ir al parque y dejó de conducir durante al menos seis años».

Los mensajes amenazantes hacia la mujer continuaron hasta principios de 2015. Entre ellos están los siguientes: «Puta loca judía», «sabes que quien nos paga se fue a ver tranquilo el partido a Lisboa en un avión privado mientras tu permaneces encerrada? Recuerda: dinero y poder! Estas muerta!» o «que tu hijo estuviese delante no fue un accidente…Dolor…Mas y más dolor…Les has cambiado de cole crees que es mas seguro?».

15 denuncias

El Ministerio Público ha destacado que la doctora denunció su situación de hostigamiento hasta en 15 ocasiones, que han desembocado en un juicio para el que aún no hay fecha. Además de esta causa penal, en la Audiencia Nacional el juez del caso Villarejo ha propuesto juzgar a ambos por la contratación del comisario, que habría supuesto un delito de cohecho."               (Luna Izquierdo   , Contrainformación, 17/ 03/22)

El juez del 'caso Villarejo' imputa al empresario López Madrid por encargar al excomisario Villarejo agredir a la doctora Pinto

 "El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Villarejo –denominado caso Tándem– ha acordado imputar al empresario Javier López Madrid en la pieza separada número 24 en la que se investiga si éste encargó al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo agredir a la doctora Elisa Pinto.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado la imputación del empresario, y coincide que tras el levantamiento del secreto del sumario de la pieza Kitchen se tuvo conocimiento de un audio grabado por Villarejo en el que afirmaba, entre bromas, haber apuñalado a la doctora en 2014.

Ya en diciembre de 2019, los fiscales de Anticorrupción del caso Tándem encontraron indicios suficientes que acreditarían la existencia de este encargo y consideraban que era materia de la Audiencia Nacional, al margen de que el Juzgado 39 de Madrid llevara a juicio las agresiones físicas que en su día denunció la doctora.

De hecho en septiembre de 2020 la jueza de Instrucción del 39, Belén Sánchez, concluyó las pesquisas y propuso juzgar tanto López Madrid como a Villarejo. Atribuye al primero delitos de acoso y amenazas y al expolicía las "lesiones con instrumento peligroso" sufridas por la dermatóloga.

Los hechos datan de 2014

En concreto, Pinto denunció a López Madrid por acoso en los Juzgados de Instrucción de Madrid y después amplió su querella afirmando que había sufrido un apuñalamiento en 2014 con un bisturí en su propio gabinete médico. En 2017, reconoció al propio Villarejo como autor de aquella agresión.

Si bien la causa de la agresión sigue pendiente de juicio en los juzgados de Madrid, en ese proceso no se investigó el origen de la presunta agresión, que a la luz de un extenso escrito con detalles que ha aportado la propia Pinto a la Audiencia Nacional, podría responder a un encargo de López Madrid a Villarejo similar a otros de los "trabajos" del comisario que ya están bajo la lupa en la Audiencia Nacional.

La propia Pinto solicitó que se la tuviese en cuenta como perjudicada por Villarejo a la luz de la macrocausa en la que está siendo investigado y por la que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2017.

Inicialmente, sus pretensiones fueron desestimadas, pero la defensa de Pinto recurrió con un escrito en el que aportaba diversos detalles que, en contraste con la documentación intervenida al comisario, llevaron a los investigadores a reconsiderar la posición."               (InfoLibre, 26/11/20)

 

 "El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado imputar al empresario Javier López Madrid en la pieza separada número 24 del caso Villarejo por contratar al comisario José Manuel Villarejo supuestamente para “hostigar” a la doctora Elisa Pinto, con la que el primero estaba enemistado y había cruzado denuncias de acoso.

 En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado atribuye a López Madrid, al propio Villarejo y al socio de este, el abogado Rafael Redondo, la presunta comisión de un delito de cohecho. El magistrado deja claro que en esta pieza, abierta el pasado enero, no se investiga el apuñalamiento que la víctima sufrió el 10 de abril de 2014 supuestamente a manos del policía ―y por el que un juzgado de Madrid ya ha dado el primer para sentar en el banquillo al empresario y al comisario― sino por la contratación del policía, que entonces aún era un agente en activo, por parte del empresario.

El juez encuadra el encargo de López Madrid al comisario Villarejo “como uno más de los proyectos de ‘gestión de crisis” que el policía realizaba para clientes a cambio de importantes cantidades de dinero. Para realizarlos, el comisario se valía de su capacidad de acceso “a investigaciones e informaciones sensibles” y contaba con la colaboración de otros agentes. 

En el auto, el juez señala la existencia de abundante documentación sobre este cargo entre el material intervenido al policía, actualmente en prisión, y a su socio tras su detención en noviembre de 2017. Entre ellos, cita dos archivos de audio en los que Villarejo “habla con sus interlocutores acerca de su relación con Elisa Pinto y, más concretamente, algunos aspectos concernientes al episodio del presunto apuñalamiento”.

En dichas conversaciones, el juez destaca que el policía hace “expresas referencias” a que había sido contratado para ello por López Madrid. En uno de esos archivos, grabado el 26 de enero de 2017, el comisario señala a su interlocutor ―que el escrito judicial no identifica― que va a reclamar “un pago por compensación” al empresario tras haberse visto señalado por la doctora Pinto en su denuncia por el apuñalamiento que sufrió: “Yo, cuando termine todo, cuando lo meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cuál, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme...”. En otro momento de la misma conversación, el policía insiste en que pedirá más dinero a López Madrid: “Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios”.

Junto a esta conversación, el juez refleja también la existencia de otros documentos sobre dicho encargo, entre ellos copias de las llamadas “notas informativas” que el policía elaboraba para informar a sus clientes de los avances de sus gestiones, artículos de prensa, documentos del propio procedimiento judicial abierto por el apuñalamiento a la doctora Pinto, y otros archivos de audio en los que intervienen la doctora Pinto y terceras personas, así como López Madrid y el socio de Villarejo.

En este sentido, el auto resalta la existencia de una anotación manuscrita en la agenda intervenida al policía en su domicilio y fechada el 18 de mayo de 2017, en la que este “hacía referencia directa al previsible resultado de una rueda de reconocimiento acordada y luego practicada en los Juzgados de Instrucción de Madrid” en junio de ese año y en la que la doctora Pinto señaló a Villarejo como el presunto autor de su apuñalamiento. 

Según las investigaciones, el comisario se interesó por las pesquisas que el grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid estaba realizando sobre aquel suceso y, en concreto, por el resultado de la rueda de reconocimiento, cuyo resultado Villarejo había intentado “desvirtuar”, según el escrito del juez con el que abrió la pieza.

La apertura de esta pieza del sumario se produjo después de la doctora Pinto presentase en octubre de 2019 un escrito en el que solicitaba personarse en el caso Villarejo como perjudicada ya que consideraba que el comisario jubilado se estaba sirviendo de una de sus empresas, el Grupo Cenyt, y de su condición de policía “para interferir” en la causa que seguía un juzgado de Madrid por su apuñalamiento. La pretensión de la doctora fue rechazada dos semanas después, pero su abogada recurrió y el juez finalmente no solo admitió su personación, sino que ordenó la apertura de una pieza específica."                  (Óscar López-Fonseca, El País, 26/11/20)

Los sicarios de Cursach vuelven a la carga: intentan quemar la cara a otro testigo al acercarse la vista oral

"Habría sido el segundo testigo del caso Cursach con graves quemaduras en la cara a causa de un ataque intimidatorio de sicarios de la trama que pronto se sentará en el banquillo acusada de formar una organización criminal para cometer coacciones, cohechos y prevaricación continuada. Pero esta vez los mafiosos fallaron en su intento de abrasar el rostro del denunciante, que corrió escaleras abajo de su garaje, y el líquido se derramó en su abdomen causándole heridas graves.

El testigo, quien trabajó como subdirector de la discoteca Megapark del Grupo Cursach, tuvo que recibir asistencia médica de urgencia en el hospital de Son Espases –donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado– pero no se arredró y después compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº4 de Palma, en funciones de guardia, para denunciar el ataque mafioso y ratificarse en su testimonio de hace dos años sobre las graves irregularidades que había presenciado en el citado centro de ocio nocturno de la capital balear.

 Más aún, y pese al doloroso ataque intimidatorio sufrido en la madrugada del pasado jueves, en su nueva denuncia judicial –a la que Público ha tenido acceso– el exempleado de Cursach quiso agregar más datos a su denuncia original de corrupción, revelando que también intentaron sobornarle para que retirase su declaración y alegase que había sido inducida por las presiones de la Policía, el juez y el fiscal de la causa.

El hombre –que no goza del estatus de testigo protegido, pero al que no identificaremos–, de 42 años y de origen eslovaco, ha narrado en detalle cómo otro de los empleados de Cursach –Toni Espigares, según su nuevo testimonio ante el juez– se citó con él unos días después de su declaración original (de 1 de abril de 2018, ante un inspector del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional) para proponerle el trato, tal como expone la copia de su denuncia que aquí reproducimos:

Oferta de 300.000 euros para marcharse de España

"Espigares le propuso, de parte de Bartolomé Cursach Hernández, que si no iba al juzgado a ratificar la denuncia policial le darían 300.000€, siempre y cuando se fuera de España y compareciera en el Juzgado de Guardia para denunciar que había declarado en Policía por presiones de la Policía, del Juez y del Fiscal.

El declarante no aceptó la propuesta de Espigares y ratificó la denuncia en el Juzgado. A raíz de ello ha sufrido amenazas y agresiones de Cursach. Le asaltaron en el garaje de su casa dándole un puñetazo en la cara. Le llaman por teléfono a horas intempestivas y luego cuelgan. Vehículos que constantemente pasan por debajo de su casa o que con el conductor a bordo estacionan frente a su vivienda pasando toda la mañana, tarde o noche. Que por ese motivo tiene miedo no sólo por él mismo sino también por su madre con quien convive.

Que realmente quien le presionó no fueron ni los policías ni el juez ni el fiscal, sino Bartolomé Cursach (hijo) a través de Toni Espigares".

Cursach y 23 cómplices, incluidos policías, irán a juicio

Además, el antiguo subdirector de Megapark hizo una síntesis de lo que ya declaró en su día y que se dispone a ratificar cuando se señale fecha para la vista, tras el auto de apertura de juicio oral que dictó el juez Enrique Morell el pasado 17 de febrero, imputando "un delito de grupo criminal" a Bartolomé Tolo Cursach y a su lugarteniente, Tolo Sbert.

El magistrado también ha enviado al banquillo a 22 presuntos cómplices de esa trama mafiosa, incluidos varios directivos del Grupo Cursach y numerosos policías locales, encabezados por el actual Adjunto a la Prefectura de Palma, Juan Miguel Mut García, como se puede ver en la página 2 de dicho auto judicial que obra en poder de Público y que reproducimos.

 La nueva denuncia que ha presentado, ante el Juzgado Nº4 de Palma, el testigo ahora atacado continúa así:

Quiere denunciar igualmente que mientras el declarante ha trabajado para Cursach ha presenciado cómo en Megapark se dispensaba un trato de favor a Policías Locales, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Palma que tenían acceso de manera gratuita a alcohol, drogas y servicios sexuales que tenían lugar en unos "reservados" de la última planta del establecimiento.

Que sabe que en la discoteca Tito's ocurría lo mismo que en Megapark, de tal manera que los grupos a que se ha referido en el párrafo anterior (policías, etc.) recibían los mismos "regalos" en la zona VIP de la discoteca, consumiendo droga y sexo, gratuitamente, en una habitación con forma de despacho que se encontraba en la citada zona VIP.

Este testimonio coincide en todos sus puntos con las imputaciones de los fiscales recogidas en el auto de acusación que el juez ha empleado para dictar procesamiento abreviado y juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma. También han sido ratificadas por otros denunciantes exempleados del Grupo Cursach, como el Testigo Protegido nº 29, al que sicarios de la mafia nocturna de Palma agredieron en varias ocasiones –rompiéndole una costilla y quemándole la mejilla con un hierro candente– hasta que huyó de España y se refugió en Suiza.

Próximo juicio por el acoso al Testigo Protegido 29

Ese Testigo 29 también ha mantenido y reiterado sus denuncias a pesar del acoso continuo de los sicarios, de abogados y directivos del Grupo Cursach, y hasta de medios de comunicación afines, hechos por los que esos letrados, un ejecutivo y la editora del diario Última Hora tendrán que sentarse próximamente en el banquillo por los delitos de revelación de secretos, calumnias y obstrucción a la Justicia. La jueza también les ha impuesto fianzas por un total de 34.000 euros.

Todo indica que esos denunciantes llegarán a juicio para declarar en la macro-causa de la trama mafiosa de Cursach sin que se haya concluido en España la transposición legal de la nueva directiva europea que dispone la obligación de todos los países miembros de la UE –a partir del pasado 17 de diciembre– de proporcionar la adecuada protección personal y seguridad legal a todos los alertadores de corrupción o whistleblowers."               (Carlos Enrique Bayo, Público, 24/06/20)