"Jorge García es uno de los portavoces de Recuperando, la
coordinadora que lleva cuatro años cuestionando la inmatriculación de
bienes de la Iglesia. Gracias a su labor, el asunto llegó al Congreso,
que en 2018 pidió un listado de esas propiedades.
El informe por fin se he hecho público esta semana, pero para García la actitud del Gobierno es decepcionante. “Pensaba que iban a ser más valientes. Es un lavado de manos. No toman ninguna decisión, lo fácil es mandar todo a la vía judicial”. [Consulte el listado de todas las propiedades inmatriculadas por la Iglesia].
Pregunta. Ha habido un gran silencio político, ningún partido habla del tema.
Respuesta.
Este tema quema las manos. Es una cuestión de Estado, el Estado español
tiene que proteger su rico legado patrimonial y no parecen muy
valientes para entrar con una ley. Como en Francia, en 1905: el patrimonio pertenece al Estado y el usufructo es de la Iglesia. En Portugal con un concordato, ojo, con Salazar, en 1940.
P. ¿Cómo sale a la luz? ¿Usted cómo lo supo?
R.
Por casualidad. Soy presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico y en
2014 en Navarra nos dijeron que habían descubierto unas
inmatriculaciones, una palabra rara. Fuimos sacando información, en
todas las comunidades, con otras asociaciones. Así nace la coordinadora
Recuperando en 2016. Pero no somos anticlericales, ni antirreligiosos,
es un tema de defensa del patrimonio del Estado. Jamás cuestionaremos el
uso religioso de los lugares de culto.
P. Es muy reciente, para algo que ocurría desde hace décadas.
R.
Sí, pero con un halo absoluto de misterio y opacidad. En el Congreso
faltaron 50 diputados, mayormente del PSOE, para un recurso de
inconstitucionalidad. Y siguió. Aunque esto viene de la ley hipotecaria
franquista de 1946, lo que no tiene un pase es que desde 1978, con la
Constitución aprobada, una corporación de derecho privado, como la
Iglesia, no podía hacer lo que ha hecho.
Y por supuesto sus diocesanos
no tenían rango de fedatarios públicos para autocertificarse propiedades
sin títulos. Y fue hasta 2015, que el ministro Gallardón lo debió de
ver mal y cerró el grifo. Ahora abogamos por que todas las
inmatriculaciones desde 1978 se declaren nulas de pleno derecho por
inconstitucionalidad sobrevenida.
P. No empieza con Aznar.
R.
No. De 1978 al 1998 la Iglesia lo hacía, pero no con edificios de
culto, eran de dominio público incluso con Franco. ¿Qué hace Aznar? Hubo
una petición de la Iglesia, bastante ladina: mire usted, el resto de
confesiones religiosas están construyendo sus templos y a nosotros no
nos dejan. Y es entonces cuando cambia la ley y permite que empiecen a
inmatricular templos. Pero la jerarquía católica no pone obra nueva, una
iglesia que acaban de construir, aprovecha para apuntarse todo el
patrimonio artístico.
P. Pero ahora vemos 14.947 bienes que no son templos: pisos, tierras. ¿Eso cómo se cuela ahí?
R. Se cuela porque al no tener que dar explicaciones a
nadie y porque no se publicitaba en el registro, meten todo y los
posibles propietarios no ejercían su derecho. La Iglesia ha jugado con
ese silencio para conseguir la propiedad por usucapión [el acceso a la
propiedad de un bien tras poseerlo 30 años]. Es escandaloso, y una vez
que hay usucapión supone una inversión de prueba muy difícil.
P. ¿Entonces la vía judicial para un particular es imposible?
R. Hay
de todo. Si tienes papeles habrá litigio. Y habrá que ver el papel de
los registradores, por qué han dejado registrar una cosa dos veces.
Parece ser que los registradores iban a los obispados, en Pamplona, en
Zaragoza, para que en un día hicieran un montón de asientos. Ese
privilegio de autocertificarse les permitía ese abuso de la norma.
P. ¿Cuál es el papel de los registradores aquí?
R.
Pongo un ejemplo. La iglesia de San Juan de los Panetes, en Zaragoza.
El arzobispo Elías Yanes se presenta en 1986 en el registro número uno
de Zaragoza y la registra. Ojo, año 1986, no podía, era un templo. El
registrador lo acepta. Lo descubrimos muchos años después y se logró
recuperar: era de titularidad pública y propiedad de la administración
general del Estado.
¿Cómo un registrador de la propiedad se atreve a
eso, cuando pesa sobre ese asiento un legítimo propietario? Los
registros de la propiedad en alguna ocasión han creado inseguridad
jurídica. Y tengo que decir que los registros con que yo me he topado
han sido muy reacios a dar información sobre inmatriculaciones, han
hecho lo imposible para denegarla, un exceso de celo en ocasiones
llevado al ridículo, una clara actuación para esconder cosas.
P. ¿Y el margen del Estado para reclamar?
R.
Sería relativamente más fácil, porque los bienes públicos o de dominio
público son imprescriptibles, no enajenables. Si un ayuntamiento dice
que una casa parroquial es suya y tiene documentación fehaciente que
certifica que es propiedad suya, ya está. Esperamos que muchos
municipios, diputaciones, miren el listado y luego ejerzan sus derechos,
si los tienen. Habrá de todo.
P. Se puede pensar que es normal que la catedral de una ciudad sea de la Iglesia.
R.
Parece normal pero no es normal, no tiene por qué. Hay muchas iglesias
de propiedad pública. La propiedad no cuestiona el uso. Nadie cuestiona
el uso religioso. Pero monumentos como el prerrománico asturiano, el
mudéjar aragonés, se los ha quedado la Iglesia.
P.
En el informe del Gobierno llama la atención que, aunque bastaba una
certificación del obispo, dice que la mayoría de los bienes cuentan con
un título.
R. Sí, llama la atención, pero luego lo desmiente el propio informe, se ve que son casi todo autocertificados.
P. ¿Por qué hay cosas tan raras? Viñedos, garajes, castillos. ¿Cómo llega la Iglesia a tener eso?
R.
Pues no se entiende, porque si es por una herencia de un feligrés, ahí
tienes un título, y podrían presentarlo. Pero no lo hay. Lo que pasa es
que había una ermita e inscribían también el pinar, el viñedo, un pack, nadie se entera y luego lo revendemos a los 30 años, que se ha hecho.
P. Si la propiedad por usucapión se activa los 30 años, en las inscripciones desde 1998 no se ha producido.
R.
No, el problema son las anteriores, ahí judicialmente va a ser
imposible. De 1978 a 1998 calculamos que habrán inmatriculado unos
100.000 bienes. Lo que esperamos es que el Ejecutivo, o iniciativas
parlamentarias, recapaciten. Vuelta atrás. Partimos de cero. Señores de
la Iglesia, ustedes tienen los mismos derechos, demuestren con títulos
de propiedad y que la autoridad determine si es suyo o no.
P. Ustedes también denuncian que además la Iglesia muchas veces con estos bienes obtiene beneficios que no declara.
R. Te
lo resumo con un caso que conozco bien. La catedral de Zaragoza. La
inmatricula Elías Yanes en 1985, que legalmente no podía, era un templo.
Ha estado 20 años cerrada al público por obras, con una inversión
públicas de más de 12 millones de euros. Luego cobraban la entradas,
eran un donativo, sin factura, en B. Lo denunciamos, hicimos una
campaña.
Fuimos a la Agencia Tributaria. Grabamos los furgones de
Prosegur con la recaudación. A la semana ya tenían ticket, con IVA cero.
Porque por el concordato está exenta del IVA, pero está sujeta al
impuesto, tiene que declararlo. Este es el modus operandi que hemos
visto: primero inmatriculamos en posible fraude de ley, nos callamos,
luego por la ley de patrimonio de 1985 nos restauran todo con dinero
público y luego lo explotamos en B y sin IVA. Un negocio redondo.
P. Al margen de los tribunales, ¿cree que el Gobierno hará algo?
R.
Todo depende de la ciudadanía, que ya se ha dado cuenta de que esta
lucha no es de lo que nos acusaban al principio, anticlericales,
comecuras, no va por ahí el tema, es un tema de defender el patrimonio
del Estado. Que todo ese legado permanezca bajo dominio o titularidad
pública, y revierta en el común. Esto no se ha cerrado, sigue siendo una
cuestión de Estado." (Íñigo Domínguez, El País, 19/02/21)
"Capillas de cofradías, campanarios o iglesias en cotos privados: los conflictos por las inmatriculaciones.
Varias
hermandades sevillanas lograron que la archidiócesis modificara
inscripciones de bienes cuya titularidad estaba históricamente
acreditada. En otros casos, las disputas han llegado a los juzgados
Las casi dos décadas en las que la Iglesia católica pudo
inscribir libremente, gracias a una ley del Gobierno de José María
Aznar, parcelas, templos y otros edificios a su nombre
han dejado tras de sí un reguero de pleitos y enfrentamientos con
Ayuntamientos, cofradías e, incluso, particulares. La Iglesia
inmatriculó (registró por primera vez) en España un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015.
Son 20.014 templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas “con
otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, según el informe,
enviado por el Ejecutivo al Congreso este martes. La cifra clave en el
centro de la polémica son los 30.335 bienes que han sido registrados con
una certificación eclesiástica (4.583 se inscribieron en base “a un
título distinto”).
El listado conocido este martes abre
la posibilidad de nuevas reclamaciones. Pero otras ya se han efectuado
en los últimos años y se han resuelto, algunas amistosamente, mientras
que otras están pendientes de dirimirse en los juzgados. Las capillas de
las hermandades de Sevilla, el conjunto monumental de Santa María la
Real de Ujué (Navarra), una pequeña iglesia prerrománica y un cementerio
en Castroverde (Lugo), y el campanario de Benicarló (Castellón) son
algunos ejemplos.
Cofradías de Sevilla frenan la pasión inmobiliaria de la Iglesia. Por Eva Saiz
El
6 de mayo de 2015 —pocos meses antes de que se le cerrara a la Iglesia
la posibilidad de inscribir a su nombre el dominio de fincas con solo
una certificación eclesiástica— el arzobispo de Sevilla, Juan José
Asenjo, aseguraba que la inmatriculación impulsada por su archidiócesis
estaba casi terminada y que se habían registrado “templos, monasterios y
todo tipo de edificios y bienes” que habían considerado que eran suyos
“al estar en manos de la Iglesia desde tiempos inmemoriales”. Entre 1998
y 2015, se anotaron la propiedad de 295 fincas.
En ese
tiempo, solo las hermandades han logrado por vías jurídicas y siempre de
forma discreta, rectificaciones en los asientos registrales en los que
la diócesis se había arrogado al 100% la titularidad de templos o
iglesias con la mera certificación del obispo. Asenjo alegó que se había
hecho “sin querer” o “por desconocimiento de la historia de esos
lugares”. Uno de los casos más notorios fue la reivindicación que la
Hermandad del Gran Poder hizo en 2014 de la propiedad de la capilla de
la iglesia de San Lorenzo, que la Archidiócesis de Sevilla había
inscrito a su nombre en 2009. “Nos enteramos al consultar en el registro
después de la polémica por la inmatriculación de la Mezquita”, explica
su hermano mayor, Félix Ríos. La titularidad del Gran Poder sobre esa
capilla estaba históricamente acreditada por varias escrituras, la
primera de 1703. Posteriormente, el Ayuntamiento fue haciendo más
cesiones y en 1968, el propio arzobispado autorizó un contrato de
arrendamiento de esa capilla a otra cofradía. “Tuvimos una reunión con
el obispado de manera amistosa y conseguimos una rectificación”, explica
Ríos.
La reclamación de la Hermandad de la Quinta
Angustia fue más conflictiva. Cuando constataron que la archidiócesis
había inscrito en 2011 la totalidad del dominio de la Iglesia de la
Magdalena, donde se encuentra la capilla que usan desde hace más de
cuatro siglos, amenazaron con los tribunales. Dos años después lograron
arrancar una peculiar nota aclaratoria en la que se reconoce “el uso y
posesión indefinidos y perpetuos a título de dueño” a la hermandad.
“Desde
su constitución hace 500 años, existe una fuerte aspiración de
independencia de las cofradías respecto de la jerarquía eclesiástica.
Por eso muchas han erigido capillas propias o las tenían dentro de otro
templo”, explica Isidoro Moreno, catedrático de Antropología de la
Universidad de Sevilla. Esa autonomía quedó truncada cuando hace 15 años
se estableció que las hermandades fueran asociaciones públicas de la
Iglesia, una figura jurídica que las hace depender del arzobispado para
cualquier toma de decisión relevante. “La Iglesia por esta vía ya puede
controlar el patrimonio de forma indirecta de las cofradías, sin
necesidad de acudir a la vía de la inmatriculación”, advierte Moreno.
Eso
podría explicar que, en el proceso de reclamación de la propiedad de
sus capillas por estas cofradías, de las más relevantes de Sevilla, la
Iglesia diera marcha atrás de manera discreta. “En algunos casos las
inmatriculaciones pudieron ser motivadas por cierta arrogancia o
supremacismo del obispado, en otros, sí parece que se hizo por ver si
colaba”, sostiene Moreno. “En estos casos, las hermandades estuvieron
torpes y la Iglesia rápida”, opina el abogado Joaquín Moeckel, que
recuerda la importancia que supone para estas corporaciones tener bienes
inscritos a su nombre para ponerlos como aval en el caso de que
necesiten pedir un crédito. “Aunque para solicitarlo también es
necesario contar con la autorización del arzobispado”, señala. “Pero ser
asociaciones públicas de la Iglesia no significa que no se pueda
discrepar de sus decisiones”, puntualiza.
La Hermandad de
la Exaltación, con sede en la Iglesia de Santa Catalina, también
comprobó que la archidiócesis había inmatriculado en 2008 el 100% de la
finca, pasando por alto que el 11,1% de los terrenos eran propiedad de
la cofradía, que tenía inscrito a su nombre desde 1702 “el dominio útil
en virtud de escritura” de la capilla sacramental y de la sala
capitular. La Iglesia rectificó la inscripción en 2015, un día antes de
que se anunciara el acuerdo de patrocinio para la restauración por parte
de la empresa de aguas municipal por valor de 423.500 euros.
En
estos tres casos, las hermandades conocieron que la Iglesia se había
arrogado la totalidad de una propiedad que no le pertenecía al acudir
por su cuenta al registro. Abraham Barrero, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Sevilla y experto de
inmatriculaciones de la Iglesia cree que el listado del Gobierno
incrementará la conflictividad no solo con otras hermandades, sino con
otros particulares.
“Las cofradías que han salvado el
intento de inmatriculación es porque tienen documentación acreditada y
fehaciente que contrapusieron a la certificación de un obispo sin ningún
aval. Lo que no se puede permitir es convertir bienes del común, como
la Giralda o el Patio de los Naranjos, en bienes de la Iglesia”,
sostiene Guillermo Casellas, portavoz de la plataforma en defensa del
patrimonio de Sevilla. “No porque los templos sean católicos pertenecen a
la Iglesia. Es necesario un título que lo acredite”, abunda Antonio
Manuel Rodríguez, coordinador de Andalucía Laica.
Condicionada
por estos reveses, la archidiócesis obró con mayor diligencia cuando en
2014 se dispuso a inmatricular el último gran templo de Sevilla que
quedaba sin registrar a su nombre: la iglesia del Salvador, que justo
acababa de ser restaurada con aportaciones públicas. “Conocíamos los
precedentes de conflictividad con otras hermandades y la comunicación
fue casi simultánea”, explica el Fiscal de Pasión, Juan Cartaya. Pese a
que conservaban los títulos de propiedad del siglo XVIII sobre una
capilla y la cripta, Cartaya reconoce que el proceso, aunque amistoso,
fue laborioso. Finalmente, consiguieron que se respetaran sus derechos.
El corazón inmatriculado del rey Carlos II de Navarra. Por Pedro Gorospe
El
conjunto monumental de Santa María la Real de Ujué (Navarra), del que
forman parte la iglesia-fortaleza y la casa palacio del siglo XIV, fue
inmatriculado el 4 de enero de 2006. El representante del arzobispado se
presentó en el Registro de la Propiedad de Tafalla portando un
certificado firmado por el arzobispo de Pamplona en el que aseguraba que
esos bienes pertenecían a la Iglesia desde tiempo inmemorial. Se
quedaron con el continente y todos los contenidos, incluido el corazón
de Carlos II, el Malo, rey de Navarra que murió en 1387 y que quiso que
sus entrañas fueran a Roncesvalles, su cuerpo a la Catedral de Pamplona y
su corazón permaneciera en Ujué.
El Gobierno de Navarra
se había gastado ya para 2006 en torno a tres millones de euros en la
restauración de un conjunto monumental cuya construcción parcial “fue
ordenada por Carlos II y pagada con los impuestos de los navarros”,
precisa Andrés Valentín, uno de los miembros de la Plataforma de Defensa
del Patrimonio Navarro. Las obras de conservación no quedaron ahí. El
Gobierno de la comunidad foral gastó otros tres millones entre 2010 y
2014 para evitar su deterioro y convertirlo en foco de atracción
arquitectónico y cultural, como parte de una ruta navarra del románico y
el gótico en la que Santa María la Real iba a ser la principal
atracción turística.
Paradójicamente, “desde el momento
en que acabaron las obras solo se puede visitar parcialmente”, lamenta
el alcalde de Ujué, Rubén Sánchez. Una verja separa al visitante de las
joyas románicas como el coro y la subida a la torre, pero sobre todo de
la víscera real. Hay documentos que acreditan que el corazón fue
depositado en el templo a los 18 días de la muerte del rey después de
haber sido embalsamada por un físico ―así llamaban entonces a los
galenos― de Zaragoza llamado Samuel Trigo. “Es curioso, el conjunto fue
terminado a instancias de un rey navarro, se hizo con el esfuerzo de los
navarros, se ha mantenido con los fondos públicos de Navarra y sin
embargo la titularidad de todo ello, incluida la víscera del monarca,
está en manos de un estado extranjero, el Estado Vaticano”, critica
Valentín. “Y la gestión de este patrimonio de los navarros está en manos
de la Iglesia, y esa no es su función”, puntualiza Sánchez.
“El
templo está abierto”, clama el sacerdote José Luis García Pellejero,
que vive en uno de los apartamentos de la casa palacio. “Y si un
visitante viene a las dos de la madrugada yo se lo abro”, levanta la
voz. “Es cierto que hay una verja que separa la parte románica (donde
está el corazón y otras joyas), el coro está cerrado, y también la
subida a la torre, pero es para evitar robos”, explica.
Las
calles que conducen a la parte alta de la colina, donde se yergue el
conjunto monumental están casi desiertas. Entre la despoblación ―Ujué
tenía 1.500 habitantes a principios del siglo XX y ahora apenas si llega
a 180―, y la pandemia, no hay visitantes. “Los turistas se acabaron
antes de la pandemia porque como no hay un convenio para hacer visitas
guiadas, pocas personas se aventuran a visitar el complejo”, recuerda el
alcalde de un municipio que en 2015 rompió la relación con el
arzobispado, enfadado porque “la rehabilitación se hizo mirando a la
consolidación de una ruta turística que no ha prosperado”.
El
Ayuntamiento mantiene ahora una relación cordial con el párroco
consciente de que el pueblo está entre la espada y la pared. “La
legalidad le da la propiedad a la diócesis, pero el patrimonio sigue
siendo del pueblo. El objetivo es pactar un convenio para poder hacer
visitas guiadas a todo el complejo. Queremos poner en valor la historia
del pueblo. No tenemos más opciones”, explica, consciente de que parte
de la supervivencia económica de la zona está en la explotación
turística de su patrinomio cuando acabe la pandemia. El consejero de
Justicia de Navarra, Eduardo Soto, asegura que está recopilando todas
las inmatriculaciones de los registros para tener una fotografía real.
“No podemos arbitrar una solución hasta ese momento”, asegura.
“Que
gestionen la parte del culto si quieren, pero esto debería ser de todos
los navarros”, clama taxativa una vecina que va a comprar el pan frente
al Ayuntamiento de Ujué. A las 10 de la mañana todo está cerrado. El
olor a garrapiñadas típico del pueblo y el de las famosas migas de la
zona apenas si reaparecen los fines de semana, con permiso de las
restricciones debidas a la pandemia.
Una iglesia prerrománica a disposición del pueblo. Por Caridad Bermeo
Una pequeña iglesia prerrománica resiste los golpes de los
años y la maleza en el municipio lucense de Castroverde. Este templo
cuenta con una ubicación privilegiada, está a tan solo nueve kilómetros
de Lugo y conecta con el Camino Primitivo. Además, tiene el cementerio
más pequeño de la provincia a pocos metros. Estas dos propiedades fueron
inmatriculadas por la Iglesia en 2015, según Antón Valcarce. Este
escritor y músico gallego está en una lucha con el Obispado de Lugo por
ambas edificaciones y el terreno que las une. Él no lo supo hasta hace
un par de años, cuando recibió un burofax que declaraba la titularidad
de la Iglesia y, más tarde, una demanda por no entregar las llaves.
Valcarce,
nacido en Monforte y de 68 años, explica que las propiedades forman
parte del Real Coto de San Salvador de Soutomerille, de 21 hectáreas,
que heredó de su abuelo, y aporta una copia de la herencia. La Iglesia,
por otro lado, alega —según el demandado, ya que el obispado ha
preferido no hacer declaraciones sobre el pleito— que le pertenecen
“desde tiempos inmemoriales y para uso religioso”, lo que sustenta con
documentos de oficios de hace varias décadas y justifica la falta de
actos recientes en la despoblación. Valcarce refuta: lo último que se
celebró ahí fue la primera comunión de sus hijos, en 1993, y para la que
él buscó un sacerdote. Además, sostiene que la zona en la que se
encuentran “no es una aldea, ni un núcleo”, sino parte de los predios de
su familia, y el templo era para los trabajadores y el uso de los
dueños.
Ahora están a la espera de la vista judicial, que
tuvo que ser aplazada por la pandemia. El monfortino se negó a llegar a
un acuerdo con el obispado. “Me llevé una sorpresa porque no solo me
enajenan el templo, sino parte del terreno, y con formas abusivas”,
lamenta, en referencia al único argumento con el que la Iglesia sustenta
la inmatriculación, el de que posee el templo “desde tiempos
inmemoriales”.
Esta no es la primera batalla legal del
Obispado de Lugo por un bien. En 2012, la Audiencia Provincial de A
Coruña —la región con más propiedades registradas por la Iglesia en
España—, falló en segunda instancia a favor de la institución religiosa
en un pleito por el terreno en el que los vecinos de Ribadulla (Santiso)
celebraban sus fiestas. En este caso fueron los ciudadanos los que
hicieron la inmatricualción y, en la primera instancia, el juzgado les
concedió la posesión, entre otros motivos, porque habían hecho uso del
campo por años, añadiendo edificaciones y celebrando eventos. Sin
embargo, ya en el recurso, la audiencia consideró que usar esta finca
por más de 35 años no es motivo suficiente para acreditar que los
vecinos fuesen o se considerasen los propietarios, y resalta el hecho de
que pidieron permiso para estas fiestas, admitiendo así que no son
suyas.
Valcarce, en cambio, tiene un argumento similar a
su favor. El alcalde de Castroverde le pidió permiso para construir un
camino junto al cementerio porque la propiedad es privada y este es uno
de los testimonios que llevará al juicio. Está seguro de que la
intención del obispado es vender. “Quiero que esto esté siempre a
disposición de los demás, como si mañana viene el obispado a hacer allí
una misa, no hay problema, lo que quiero es mantenerlo para uso del
pueblo”, concluye.
Un campanario exento inscrito junto al templo. Por Ferran Bono
Vicenta y Tere salen de misa de diez y media y se disponen a
volver a casa. Caminan unos metros y se detienen bajo el campanario de
Benicarló. “Toda la vida se ha dicho que es del pueblo”, comenta la
primera, de 78 años, mientras la segunda, de 86, asiente. “El campanario
es nuestro, y santas pascuas, aunque lo utilice la Iglesia”, asevera
Rosario, aunque no todos opinan igual. “Es de la Iglesia. Es lógico,
¿no?”, apunta otro vecino.
Esta torre barroca no ha
recobrado el papel protagonista que tenía cuando antes sus campanas y su
reloj pautaban la vida cotidiana de la población castellonense, pero sí
ha vuelto a centrar la atención, a tenor de los testimonios recogidos
el pasado viernes. Dos son los motivos: el juicio que dirimirá a partir
del miércoles su titularidad tras la demanda del Ayuntamiento contra el
Obispado de Tortosa, al que pertenece la diócesis; y la publicación de
la lista de las inmatriculaciones de la Iglesia, en la que se inserta el
conflicto.
Todo empezó en 2015. El Consistorio recibió
un edicto del Registro de la Propiedad notificando que el obispado se
había inscrito a su favor una finca con un certificado catastral que
incluía la iglesia de Sant Bartomeu y también, para sorpresa de muchos,
el campanario, levantado a principios del siglo XVIII, junto al templo
(que data de la misma época), pero no pegado ni conectado a él. Por eso
se define arquitectónicamente como torre exenta. Hay varios ejemplos en
la zona, siendo el más popular el campanario de Castellón, que se ha
quedado con el nombre en valenciano de su registro más coloquial, el
Fadrí (el soltero, en castellano), de titularidad municipal.
Los
partidarios de que el campanario de 37 metros de altura es del pueblo
inciden en esta característica y sostienen que el catastro contiene un
error al unir el templo con la torre. La alcaldesa de la localidad de
28.000 habitantes, Xaro Miralles, recuerda que todos los partidos, el
PSPV-PSOE (el suyo), Compromís, el PP y Ciudadanos, aprobaron por
unanimidad presentar la demanda ante la inesperada notificación, tras
reunirse con el obispado para intentar buscar infructuosamente una
solución. El objeto de discusión es la propiedad, no el uso compartido.
La luz y el mantenimiento del edificio y del reloj siempre han ido cargo
de los presupuestos municipales, alegan en el Ayuntamiento, que
preparaba un proyecto de rehabilitación cuando se produjo el litigio. “A
mí me da igual de quien sea, pero que lo arreglen”, afirma el dueño de
un bar bajo la imponente silueta octogonal.
“Tenemos
mucha documentación en el archivo sobre una torre que siempre se ha
considerado en el pueblo como civil”, explica la alcaldesa, que prefiere
no dar más detalles de las pruebas para no interferir en la vista.
Miralles apunta que tiene una buena relación con el párroco, Carles
García, pero considera su deber defender el patrimonio del pueblo.
Tampoco
el rector de la iglesia, ubicada frente del Consistorio, quiere soltar
mucha prenda: “No queremos ninguna polémica, ni conflicto con el
Ayuntamiento, con el que nos llevábamos muy bien. Hay un documento del
catastro. Pero es el obispado el que debe hablar”. El portavoz de la
diócesis lo hace: “Lo hemos hecho todo con arreglo a la ley, y si hemos
hecho algo mal, pues ya lo dictaminará el tribunal”. (El País, 21/02/21)
