Osàcar salpica a Mas en el caso del 3%. El extesorero de CDC implica al expresidente catalán y destaca el papel del exconsejero Gordó en el blanqueo de capitales

 "Daniel Osàcar, el extesorero de Convergència condenado por el caso Palau, ha salpicado al expresidente de la Generalitat y exlíder de Convergència Artur Mas durante su declaración de este martes en sede judicial, en el marco de una pieza separada del caso del 3%, de presunta financiación irregular del partido nacionalista mediante la práctica del pitufeo.

En concreto, ha manifestado que Mas estava al corriente de este blanqueo de dinero en efectivo obtenido de comisiones irregulares, pero que el exgerente de la formación y exconsejero de Justicia Germà Gordó era quien controlaba el sistema. 

Osacàr, que ya admitió la existencia estas prácticas irregulares hace unos días, ha hecho esta declaración como imputado en la pieza separada para la que la Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de varios exconsejeros convergentes, Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané e Irene Rigau, y ocho personas más.

Mientras que el juez propuso enviar a juicio a Gordó, Osàcar y el también extesorero Andreu Viloca cuando cerró la instrucción sobre el 3%, Mas había quedado al margen: él negó tener conocimiento y los otros encausados, hasta ahora, no lo habían implicado. Después de la declaración de Osàcar, que cambió de abogado -el letrado Xavier Melero defiende los intereses otros encausados del partido-, llegará el turno de Viloca, cuya declaración está prevista para el próximo 26 de octubre."          (el Triangle, 20/10/20)     

La 'organización criminal' de CDC dependió directamente de Oriol Pujol y Josep Rull

 "La interlocutoria sobre el caso 3% que dio a conocer el 30 de julio el juez José de la Mata señala que tres de las personas que imputa por formar parte de una organización criminal –Andreu Viloca, Carles del Pozo y Francesc Xavier Sánchez- dependieron directamente, dentro del organigrama de CDC, de Oriol Pujol, primero, y de Josep Rull, después.

 Andreu Viloca y Carles del Pozo fueron gerentes del partido mientras que Francesc Xavier Sánchez fue el responsable económico y jurídico. Además de Viloca, del Pozo y Sánchez, el juez imputa el delito de asociación ilícita/organización criminal a Germà Gordó, que también fue gerente de CDC, Daniel Osácar, ex-tesorero, y Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera.

Oriol Pujol sale citado cinco veces en la interlocutoria mientras que Josep Rull aparece en tres ocasiones. La primera vez que cita Oriol Pujol es cuando recuerda que, en 2010, Artur Mas, entonces secretario general de CDC, nombró a Carles del Pozo gerente del partido, y dice que "después pasa a depender de Oriol Pujol Ferrusola, que asume la Secretaría General por delegación, hasta que la asume definitivamente en 2012". En el Congreso que celebró el partido aquel año en Reus, se creó el área de Régimen Interior y Comunicación, para la cual se designó a Francesc Xavier Sánchez y la Gerencia de CDC pasó a depender de esa área.

De la Mata explica que "entre enero de 2011 y marzo de 2012, la área de finanzas pasa a manos de Viloca Serrano, siendo el gerente Del Pozo Cerdà, que reportaba según su declaración al Secretario General de CDC, Oriol Pujol Ferrusola" y que entre marzo de 2012 y marzo de 2013, "Francesc Xavier Sánchez pasa a ser coordinador de Régimen Interior y Comunicación, con responsabilidad sobre el área de Gerencia. La dirección política del partido, según Sánchez Vera, la asume un colegio integrado por Sánchez Vera, Lluís Corominas, Josep Rull y Francesc Homs".

A continuación, el magistrado señala que entre "marzo de 2013 y julio de 2014, Oriol Pujol Ferrusola delega sus funciones en Lluís Corominas y Josep Rull" pero añade que "en este periodo, según Sánchez Vera, la actividad del gerente continuaba estando bajo su control".

Continuando con esta cronografia, el auto judicial indica que "en julio de 2014, Oriol Pujol Ferrusola abandona definitivamente el cargo de Secretario General del Partido. En estas funciones, y a nombramiento del entonces presidente (Artur Mas Gavarró) se designa a Josep Rull como coordinador general del Partido". Esta estructura, según De la Mata, "es la que se mantiene hasta el final del periodo investigado, manteniéndose Viloca Serrano, como Responsable de Finanzas y Gerente del partido estando, al menos en lo relativo al cargo de Gerente, bajo la supervisión de Sánchez Vera".

Sánchez Vera dijo en su comparecencia ante el juez que Viloca Serrano informaba de su actividad al órgano colegiado' que dirigía el partido y especificó que en el caso concreto de las donaciones lo hacía "de manera general, pero que nunca bajaba a 'datos concretos'".               (eltriangle, 21/08/20)

Seis personas lideraban la 'organización criminal' de CDC, según el juez del caso 3%

"El juez José de la Mata considera, en su auto de procedimiento abreviado del caso del 3%, que el núcleo de "la asociación ilícita" o de 'la organización criminal" creada para financiar ilegalmente al partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC) estaba formado por seis personas. 

Estas personas eran Germà Gordo, Daniel Osácar, Andreu Viloca, Francesc Xavier Sánchez, Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo. En su escrito, sin embargo, De la Mata señala que "el liderazgo de la organización estaba integrado por varias personas, sin perjuicio de la existencia de otras que, al menos por el momento, no han sido identificadas". Esta reflexión apunta a los máximos dirigentes del partido que nombraron a estas personas, incluidos los ex-presidentes Jordi Pujol y Artur Mas.

Germà Gordo, Daniel Osácar y Andreu Viloca fueron gerentes de CDC mientras que Francesc Xavier Sánchez fue responsable jurídico del partido y Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo trabajaron en su área financiera y económica. El auto judicial asegura que "para allegar recursos económicos ilícitamente, los miembros de la organización, de forma sistemática y organizada, influían en las autoridades en distintas Administraciones públicas catalanas porque direccionaran los concursos públicos a los empresarios conniventes, quienes a cambio de la influencia (y en ocasiones de la propia adjudicación), hacían donaciones a las Fundaciones de CDC; es decir, hacían donaciones económicas al partido político CDC".

"La organización tenía perfectamente definidos los circuitos de coordinación (mediante reuniones con los empresarios por un lado y con las autoridades por otro, tareas que caían en las manos de Gordo, Osácar, Viloca y Sánchez; los circuitos económicos (para lo que utilizaban las Fundaciones adscritas al partido); los circuitos administrativos (en manos de los tesoreros, y también de los responsables de las áreas económica y contable (Del Pozo y Bentez); y los mecanismos y procedimientos a emplear para conseguir hacer llegar los fondos desde las Fundaciones a su destino final, que no era otra que CDC", se lee en el auto.

La desviación de fondo a CDC a través de este mecanismo es de gran trascendencia, según De la Mata, que calcula que, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, supuso una media del 11,5% de su financiación privada y un 7,7% de su financiación total (pública y privada).

En el reparto de funciones para realizar las operaciones para desviar fondos a CDC, el juez considera que Germà Gordo se encargaba de coordinarlas, que él mismo, con Osácar, Viloca y Sánchez, se responsabilizaban de hacer la interlocución con los empresarios, las autoridades y los cuadros inferiores del partido mientras que el propio Sánchez, además de Benítez y del Pozo se ocupaban de las tareas administrativas y econòmico-financieras. 

Resalta que "actuaron dentro de una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos niveles jerárquicos", que "la operativa investigada se vino manteniendo a pesar de los relevos en las personas físicas encargadas de su ejecución en las estructuras del Partido" y que "la finalidad de la organización era claramente ilícita: obtener multimillonarios beneficios ilícitos para financiar ilícitamente al partido CDC".          (el Triangle, 02/08/20)

e-notícies: El 3% era verdadad. El Supremo confirma que Convergencia cobrava comisiones por las obras públicas

"La sentencia del caso Palau, entre los hechos probados, explica que Convergència cobrava comisiones de Ferrovial del 2,5% por las obras en el Palau de la Música. Otro 1,5% iba directamente para Millet i Montull.

De este modo, relata la “mediación” de Millet i Montull “para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial" pagaba "comisiones” a Convergència.

De este modo “obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la formación política, del necesario influjo sobre los órganos que resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a favor de la citada Ferrovial”.

“Los abonos de Ferrovial por obra adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención, generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a Convergència, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”, añade."                 (e-notícies, 30/04/20)

"Cómo CDC metía mano en la caja. Delito continuado de tráfico de influencias.

El Tribunal Supremo ha ratificado que “existe prueba suficiente” para acreditar la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias por parte de Convergència Democràtica de Catalunya. La sentencia confirma que las comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública “se pactaban con el tesorero de CDC”, quien se comprometía a obtener “la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”.

Ferrovial abonaba el 2,5% de la comisión pactada a CDC mediante “entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”.

El tribunal añade que el tesorero de CDC se valía de “su posición en el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre concretos funcionarios”. “Todo ello, con la intermediación de los responsables del Palau, que ofrece el entramado de estas instituciones, para que el tráfico y el abono de las comisiones por la obra así adjudicada permaneciera oculto”, detalla la sentencia.

También ha quedado acreditado que los responsables de Convergència, Ferrovial y el Palau de la Música eran conocedores de las operaciones para que “fluyera el dinero de Ferrovial a CDC”, ejecutando las obras públicas acordadas."                 (e-notícies, 30/04/20)


 "Millet & CDC, culpables. El Supremo confirma la sentencia del caso Palau.

 El Tribunal Supremo ratifica las penas por el expolio del Palau de la Música. El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones.

Además, tendrán que devolver, como ya había dictaminado la Audiencia de Barcelona, 23 millones de euros a las estructuras del Palau de la Música.

El Supremo también confirma la sentencia para Convergencia Democrática de Cataluña, que deberá devolver 6,6 millones de euros como ganancias obtenidas mediante el tráfico de influencias.

La pena sí cambia para Gemma Montull, que pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años. Sí que se le mantiene la multa de 2,6 millones de euros.

Cinco jueces se han pronunciado sobre los 16 recursos que se presentaron contra la sentencia por el expolio de 23 millones del Palau, que la Audiencia de Barcelona hizo pública en enero de 2018. La deliberación, que ha presidido el juez Julián Sánchez Melgar, comenzó a mediados de noviembre y se ha alargado mucho.

La Audiencia de Barcelona condenó a 9 años y ocho meses de prisión al ex presidente de la institución, Fèlix Millet; a 7 años y medio su mano derecha, Jordi Montull; a 4 años y medio la ex directora financiera del Palau e hija de Montull, Gemma Montull; y 4 años y cinco meses el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar. Además, la Audiencia obligó Convergencia Democrática volver 6,6 millones de euros por las comisiones ilegales cobradas a través del Palau.

Tanto el ex como el ex gerente del Palau ingresaron en la prisión de Brians 1 tras la sentencia. Millet salió al cabo de 25 días, después de pagar una fianza de 400.000 euros. Sumando los días que estuvo encarcelado en 2010 por el caso del hotel del Palau, Millet pasó 38 días en prisión, de los cuales 8 fueron en el hospital penitenciario de Terrassa.

Tanto Millet como Montull se les condenó por los delitos continuados de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Se les aplicaron las atenuantes de confesión y dilación indebida del procedimiento, entre otros.

En el caso de Gemma Montull, un pacto con la Fiscalía permitió que las peticiones iniciales de pena para ella se rebajaran.

La Audiencia de Barcelona consideró que, entre los hechos probados, había que Millet pagó a cargo del Palau las bodas de sus hijas, Clara y Laila, que costaron a la institución musical más de 164.000 euros.

La sentencia culminó una investigación que se prolongó años, con varios jueces a la cabeza, y que llegó a la opinión pública con la imagen impactante de los Mossos entrando en el Palau, en busca de pruebas del saqueo.

En el juicio, que comenzó en marzo de 2017, Millet y Montull admitieron, tras pactar con la Fiscalía, la financiación irregular de Convergencia a través del Palau, con el pago de comisiones del 4% de la constructora Ferrovial. Los pagos se vehiculaban como patrocinios y eran a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública.

Fue en la época en que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat y CDC, el partido hegemónico en Cataluña. Mientras duraba la investigación, se reconvirtió en el PDeCAT. A raíz del caso, se cambió el Código Penal para castigar a los partidos que se financien ilegalmente."            (e-notícies, 30/04/20)


 "Millet endosaba todos los gastos personales al Palau. Viajes privados, dispendios de boda y reformas de viviendas particulares.

Fèlix Millet y Jordi Montull endosaron gastos personales, tales como viajes, bodas o reformas al Palau. Así se desprende de la sentencia del Supremo, que ha ratificado las penas impuestas por la Audiencia de Barcelona. 

El Tribunal Supremo destaca que los responsables del Palau "dispusieron de los fondos de las entidades de Palau en provecho propio: abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas particulares, o bien desvío directo de fondo de Palau al patrimonio particular de Fèlix Millet y Jordi Montull". Además, la resolución también apunta que "vendieron a Palau locales propios a un precio superior al de mercado".

El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7 años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de 2,9 millones."                   (e-notícies, 30/04/20)

 "El otro cerebro del caso Palau.  El abogado Raimon Bergós recurrió a “sociedades inactivas” para emitir facturas falsas.

El abogado Raimon Bergós, experto en la asesoría a fundaciones, creó “recibos irreales” con los que tapar el espolio del Palau de la Música, según la sentencia del Tribunal Supremo. El fallo explica que mediante “sociedades inactivas” confeccionó “toda una serie de facturas inveraces” para justificar la salida de dinero a través de “mercantiles que nunca habían tenido relación con el Palau de la Música”.

“Configuraron recibos irreales de la Asociación del Palau por fondos supuestamente recibidos de la Fundación del Palau; facturas o recibos de empresas constructoras por servicios supuestamente pagados en efectivo por la Asociación; y recibos manuscritos, completamente irreales, de supuestos responsables de orquestas que habrían recibido pagos en efectivo”, asegura el fallo.

Bergós creó “toda una serie de documentos mendaces que podrían necesitar para justificar determinadas salidas de fondos de las cuentas bancarias de la Fundación y Asociación”. Para ello, se confeccionó un listado con todas las disposiciones de fondos en efectivo de las cuentas bancarias de “imposible justificación legal”, un listado al que se denominó “Los Vikingos”.         (e-notícies, 30/04/20)

Empieza el primer juicio sobre la corrupción de Torredembarra, origen del caso del 3%

"El Juzgado Penal número 2 de Tarragona alberga desde este jueves el primer juicio sobre los asuntos de presunta corrupción en Torredembarra. Se trata de la derivada sobre la adjudicación supuestamente irregular de chiringuitos de playa a Gerard Montserrat, exlíder local de Convergència. Los encausados son el exalcalde de la localidad Daniel Masagué, la exconcejal de Playas Pere Font y Gerard Montserrat, que declaran este viernes.

Masagué afronta una posible condena de 3 años de cárcel y 19 de inhabilitación en este juicio correspondiente a la cuarta pieza cuarta separada sobre los asuntos de presunta corrupción de Torredembarra, origen de las investigaciones del caso del 3% sobre la financiación irregular de Convergència .

La vista oral se ha iniciado cinco años después de que la Guardia Civil entrara en el Ayuntamiento de Torredembarra y registrara el despacho que entonces ocupaba Masagué. La Fiscalía acusa al regidor Font de adjudicar arbitrariamente los contratos de arrendamiento y suministro de los chiringuitos de los años 2012 y 2013 a Montserrat después de que desistieran tres empresas invitadas pero sin solvencia técnica, relacionadas con el propio Montserrat.

Según publica el Diari de Tarragona, el secretario municipal, Rafael Orihuel, ha asegurado en la primera sesión del juicio que Font mantenía una relación de "obediencia total" con el alcalde Masagué, quien mantiene que su equipo de gobierno actuó legalmente y que sufre una persecución, pero la Fiscalía le atribuye la comisión de un delito continuado de prevaricación y pide para él 3 años de cárcel y 19 años de inhabilitación. Font, acusado del mismo delito continuado, afronta 2 años de prisión y 18 de inhabilitación; y Montserrat, también 2 años de prisión como presunto cooperador necesario, además de una posible inhabilitación de 18 años para cargo público y de 5 años para recibir subvenciones o ayudas públicas.

La macrocausa sobre la corrupción en Torredembarra tiene su origen en la denuncia de Montse Gassull, regidora de ERC ya fallecida que dejó su partido reprochando a la cúpula una falta de apoyo a su denuncia. El Ayuntamiento de Torredembarra, ahora gobernado por ERC, ejerce la acusación particular."                 (El Triangle, 10/01/20)

La agenda del empresario Jordi Soler (caso 3%) destapa reuniones con Artur Mas

"El magistrado José de la Mata, del juzgado n. 5 de la Audiencia Nacional, lleva las investigaciones del caso Pujol y de la trama de corrupción del 3%, que pagaba sobornos a Convergencia Democrática (CDC). 

En este último sumario se acaba de incorporar un nuevo informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha exhumado la agenda del empresario manresano Jordi Soler (Grupo Soler).

Según informa el diario El Mundo, este documento revela que Jordi Soler mantuvo, entre los años 2009 y 2016, numerosas reuniones con el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Algunas de los encuentros se hacían en restaurantes como Sala (Sallent), L'Aligué (Manresa) o el del hotel Majèstic de Barcelona. También consta que a veces participaba la mujer de Artur Mas, Elena Rakosnik.

En las investigaciones de la trama del 3% se ha descubierto que las empresas del Grupo Soler hicieron donaciones a las fundaciones en la órbita de CDC por 664.604 euros. En contrapartida, este empresario recibió numerosos contratos de la Generalitat y de administraciones controladas por CDC. 

No sólo Artur Mas figuraba en la lista de contactos VIP del empresario Jordi Soler. También constaban el exconsejero y exgerente de CDC, Germà Gordó, o el exsecretari general del partido, Oriol Pujol, posteriormente condenado por el caso de las ITV. La Guardia Civil sospecha que con todos ellos mantenía tratos corruptos para la obtención de contratos de obras públicas.

En el curso de las investigaciones judiciales –en las cuales este empresario manresano ha decidido cooperar activamente-, se ha destapado el episodio del avión privado que contrató para asistir a la final de la Copa de Europa de fútbol que el Barça jugó en 2015 en la ciudad de Berlín contra la Juventus. En este vuelo chárter estuvo invitado, entre otros altos cargos públicos, el síndic de greuges (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, y su hija Alba.

La implicación directa de Artur Mas en la trama del 3% es un salto cualitativo muy importante en la investigación de este caso de corrupción. En espera de saber si el juez José de la Mata lo llamará a declarar, la agenda del empresario Jordi Soler lo deja en una situación muy comprometida y dificulta, objetivamente, sus planes para volver a la primera línea de la política catalana una vez se acabe, el próximo mes de febrero, la condena de inhabilitación que recibió por organizar la consulta del 9-N de 2014.

Con Carles Puigdemont desplazado a Bruselas y pendiente del suplicatori que pueda anular su inmunidad parlamentaria; con Quim Torra inhabilitado y Laura Borràs contra las cuerdas por el caso de las subvenciones que dio cuando era directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), el liderazgo efectivo del espacio convergente ha quedado huérfano. En este contexto, desde hace tiempo se especula con la intención de Artur Mas de volver a comandar los restos de CDC, ahora transformada en Junts x Catalunya. Pero la aparición de su nombre en la agenda del empresario Jordi Soler puede truncar este proyecto, que promueve su amigo y spín doctor, David Madí."             (El Triangle, 04/10/20)

Quince empresas imputadas en el caso del 3%

"José de la Mata, el juez que instruye el caso del 3% en la Audiencia Nacional, ha imputado a quince empresas por los presuntos pagos de comisiones con que los investigadores creen que Convergència se financió irregularmente a cambio de facilitar contratos de obra pública y de servicios, ha publicado este martes El Periódico.

Según esta información, que describe el contenido del último auto del juez, entre las imputadas, a las que se atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, están la Fundación ACS y las constructoras Copisa, Teyco y Urbaser.

Además de los representantes de las compañías, citados para declarar a principios de julio, tendrán que comparecer el extesorero convergente Daniel Osàcar, el exresponsable de Infraestructuras de la Generalitat Josep Lluís Quer, y el presidente de Teyco, Jaume Sumarroca Claverol.

El instructor del caso apunta que las empresas no sólo pagaron a CDC, supuestamente, a cambio de contratos, sino también para mejorar sus relaciones con la cúpula del partido y, de este modo, posicionarse mejor para obtener futuros contratos.

En cuanto a las adjudicaciones, De la Mata señala que otro extesorero convergente, Andreu Viloca, realizaba un control exhaustivo de las que ofrecían administraciones locales, comarcales y la Generalitat gobernadas por la formación nacionalista que lideraron los expresidentes catalanes Jordi Pujol y Artur Mas."                   (El Triangle, 19/06/19)

Los Sumarroca, señalados como principales financiadores de CDC vía 3%

"Las empresas de los Sumarroca, la familia de uno de los fundadores de Convergència, fueron las principales financiadoras irregulares durante el periodo 2009-2015 del partido que lideraron los ex-presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, según un informe del juez que instruye el caso del 3% en la Audiencia Nacional, José de la Mata, revelado por el diario Estrella Digital.

Entre estas empresas, habituales adjudicatarias de contratos públicos de administraciones públicas gobernadas por los convergentes, destaca el caso de Teyco, cuyos pagos a Daniel Masagué, ex-alcalde de Torredembarra, originaron el estallido del caso del 3%, que inicialmente se investigaba desde un juzgado de El Vendrell.

Según añade Estrella Digital, De la Mata ha repasado en el citado informe todas las donaciones realizadas por estas sociedades a las fundaciones convergentes CatDem y Nous Catalans, así como los pagos de Teyco a Masagué, entre ellos  580.000 euros entre el 23 y el 28 de diciembre de 2011, que el juez asocia con las obras de un aparcamiento municipal. Cinco pagos posteriores a sociedades vinculadas con Teyco totalizan 850.000 euros, indica esta información. De la Mata hace constar en su informe la coincidencia temporal de las donaciones con la adjudicación de determinadas obras públicas.

Teyco fue reestructurada y rebautizada. Ahora se llama TOP Proyectos y Contratas. Este año ha solicitado el concurso de acreedores."             (El Triangle, 17/07/18)

Un "cártel opaco" de empresas daba dinero a CDC a cambio de obras públicas

"Un grupo de importantes empresas se organizaron y formaron un "cártel opaco" para conseguir adjudicaciones de obras públicas de la Generalitat entre el 2011 y el 2015. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional disponen de testimonios, a los que ha tenido acceso en primicia EL PERIÓDICO, que explican cómo funcionaba lo que llamaban "El Club" para obtener las obras que sacaba a concurso Infraestructures de Catalunya. A cambio, las ocho compañías del "club" u otras controladas por ellos, según las pesquisas, pudieron entregar dinero en forma de donativos a la fundación CatDem, de CDC.

25 de agosto de 2015. Agentes del servicio de información de la UCE 3 de la Guardia Civil vigilan un encuentro entre el tesorero de CDC (y también de la CatDem) Andreu Viloca, y el director general de la empresa Infraestructures, Josep Antoni Rosell. Los agentes les fotografían en la terraza del Club Artos Sport, en Barcelona. A las seis menos diez, Rosell abandona la reunión y va a su despacho. 

Esa tarde debe decidir a quién concede la Generalitat la obra de la estación de Guinardó, en la línea 9 del metro de Barcelona, valorada en 419.000 euros. La obra fue adjudicada dos días después, el 27 de agosto del 2015, a Eurocatalana Obras i Serveis. La Guardia Civil encontraría luego el anuncio de licitación de esas obras en el despacho del tesorero Viloca.

"El director general (Rosell) se encarga de recibir las instrucciones de adjudicación de la formación política Convergencia Democrática de Catalunya, principalmente del tesorero Andreu Viloca", concluye la Guardia Civil partiendo del escrito de un antiguo trabajador de esa empresa de la Generalitat llamado Vicente Campanales. 

 Este añadió que Rosell se ocupaba de "forzar las valoraciones" y que "existiese garantía de que el adjudicatario final" de la obra de una carretera o una línea de tren fuera "al menos uno de los habituales", del "club" de empresas.

 

Dinero por obras

El informe de la Guardia Civil incluido en la nueva y de momento última pieza de investigación abierta sobre la trama del pago del 3% de las obras públicas para financiar a CDC recoge que varias empresas de ingeniería y obras formaron ese "club" y que pactaron el funcionamiento de ese "cártel" con dos altos funcionarios de la empresa Infraestructures: el director general, Josep Antoni Rosell, y el presidente, Joan Lluís Quer (definido por varios testimonios como hombre de confianza de Artur Mas).

 El 9 de febrero del 2017, el actual presidente de Infraestructures, Joan Jaume Oms, llevó a la Fiscalia Superior de Catalunya estos y otros documentos internos y denunció las irregularidades y las posibles entregas de dinero para la fundación de CDC.

De la documentación analizada, la Guardia Civil concluye que "una vez examinados los correos electrónicos pertenecientes a Joan Lluís Quer, parece deducirse que ciertas empresas de ingeniería en el entorno de Asinca (Associació d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya) habrían configurado un cártel colusorio para pactar los precios de los concursos públicos en ciertas administraciones y empresas públicas". 

La Audiencia Nacional investiga en el 'caso 3%' una trama por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales y malversación. El PDECat, partido heredero de Convergència, está también imputado en el sumario principal del caso.

 

"Nuria Bofill"

Todos los miembros de ese "club", al que otras fuentes llamaban "la hermandad", mantenían comunicación con los directivos de la Generalitat a través de una cuenta de correo abierta a nombre de "Nuria Bofill", según el informe policial entregado al juez. En los correos que constan en el sumario, Joan Lluís Quer llega a escribir a uno de los implicados que "saltarse el pacto es un riesgo innecesario y temerario".

Las empresas que formaban parte del "club", según la Guardia Civil, "llegaron a pactar las normas o directrices a seguir cuando optasen a licitaciones de ciertas administraciones con el objetivo de evitar competir entre ellos y así obtener un contrato más beneficioso… 

Dicho pacto se fue extendiendo a diversos organismos públicos", entre los que la Guardia Civil menciona a las obras del Ayuntamiento de Barcelona, el Servei Territorial de Carreteres y Ferrocarrils de la Generalitat, la Agència Catalana de l'Aigua, Aigües Ter-Llobregat, Aigües de Tarragona y Regs de Catalunya entre el 2011 y el 2015. Hubo, asegura la Guardia Civil, un "perjuicio para las arcas públicas".

 

Reuniones con Gordó y Viloca

El informe en poder del juez José de la Mata analiza ocho expedientes de obras concedidas por Infraestructures del 2011 al 2015. Y refleja las reuniones de los directivos de las empresas que iban a ganar las obras con el director general, Josep Antoni Rosell, y también, en algunos casos, con Germà Gordó ('exconseller' de Justícia, exsecretario del Govern de Mas y exgerente de CDC, imputado en el caso 3%). También, la participación del tesorero de CDC y la Fundación Catdem, Andreu Viloca, imputado en el caso principal del 3 por ciento.

Aquellas obras fueron concedidas a empresas del "club" y varios anuncios de licitaciones fueron incluso encontrados por la Guardia Civil en el registro del despacho de Viloca. Así ocurrió con la mejora de la carretera C-66 entre Bordils y Medinyà. Ganaron dos empresas del "club" (Auding y GPO) que habían quedado en la posición número 23 en la oferta económica. La Guardia Civil subraya en su informe que hubo otras 22 firmas "más ventajosas para la Administración" que fueron rechazadas.

Algo similar ocurrió con otras obras: la prolongación de la línea de FGC Llobregat-Anoia, un tercer carril reversible en la carretera Berga-Bagà, la variante de Gandesa en la carretera C-43, la prolongación de ferrocarril en Sabadell, la estación de Ca n'Oriac en esta misma ciudad y el desdoblamiento de la carretera C-55 en Manresa.

Según la investigación abierta en la Audiencia Nacional, la mecánica era similar. Había encuentros o comidas entre los representantes de las empresas del "club" y los directivos de Infraestructures Rosell y Quer. También se fijaron citas de los empresarios con Gordó e incluso con el tesorero Viloca.

En algunos de los casos investigados, la Guardia Civil ya ha hallado la coincidencia entre el proceso de concesión de la obra y una donación a la fundación CatDem. En el sumario del 'caso 3%', informes de la Guardia Civil afirman que las dos fundaciones de CDC (CatDem y Fòrum Barcelona) ingresaron 16,9 millones de euros entre el 2012 y el 2015, la mayoría procedentes de donaciones de empresas. Más de seis millones fueron abonados en cheques o en efectivo.

 

85.000 euros en una caja de caudales

La Guardia Civil sospecha que, además del dinero para CDC, las empresas entregaron cantidades en dinero negro a Rosell. El 21 de octubre del 2015, su amigo Vicente Campanales acudió a la Guardia Civil de Tarragona y entregó cinco maletines y una caja de caudales de Rosell en la que había 85.000 euros.

El informe recoge el testimonio de Oms, actual presidente de Infraestructures, que denunció ante la fiscalía que "existen pocas dudas respecto a las aportaciones dinerarias que recibía en persona desde dichas empresas, al margen de los donativos de estas a CDC". En cuanto a Quer, que actualmente vive en Chile, tiene doble nacionalidad y el juez está muy interesado en localizarle para tomarle declaración.

La semana pasada, la Guardia Civil registró las sedes de las empresas investigadas por formar parte de el "club" (GP Group, Audingintraesa, BAC Engineering Consultancy, Sener, EuroGeotécnica, Ayesa Ingeniería y Dopec), así como la asociación Asinca, en la que están integradas muchas de ellas. Todos los directivos salvo uno se negaron a declarar ante el juez."                     (Luis Rendueles, Público, 29/11/18)

Hacienda concluye que Pujol cobró 6,7 millones a constructoras hasta 2008 con "facturas ficticias"

"El fraude de la familia Pujol en los ingresos derivados de empresas constructoras fue de 6,7 millones de euros derivados de facturas ficticias, según un nuevo informe de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF).

El presunto fraude de la familia Pujol en sus ingresos de empresas constructoras entre 2004 y 2008 fue siete veces mayor de lo conocido hasta ahora. Esta es la principal conclusión que se desprende del tercer informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), un departamento adscrito a la Agencia Tributaria, envía al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruye el 'caso Pujol'.

El segundo informe de la ONIF alertaba hace siete meses al juez de que el fraude conocido era de 900.000 euros, una cantidad muy exigua si se tiene en cuenta la actual: 6,7 millones procedentes de nueve constructoras; algunas de ellas, como por ejemplo Copisa Construcción Pirenaica, también salpicadas en la investigación judicial de la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las empresas que habrían abonado las cantidades millonarias a los Pujol, además de la mencionada Copisa Construcción Pirenaica fueron: Novensauro Inmobles, Construcciones Materiales y Pavimentos Inmobiliaria, Simper Office, Hotel Glories, Famguesa, New Piave Seis, Brantridge Holdings y Emte.

No les conocían

Los Pujol percibieron las mordidas mediante las empresas Iniciatives Marketing i Inversions (Imisa) y Project Marketing CAT SL, en las que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y su excónyuge Mercé Gironés Riera tienen una participación del 100% en su capital social. Y en todos los casos, los dueños de las empresas que realizaron los pagos desconocían la participación de Pujol en las operaciones de las que cobraron comisiones.

"Las facturas expedidas por las mercantiles Imisa y Project Marketing CAT SL son siempre posteriores a los contratos, escrituras u otros documentos en los que se materializa el negocio dónde habría intermediado Jordi Pujol Ferrusola, y en los que no se ha hallado ni una sola mención a su participación", concluye la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

Los funcionarios sostienen, además, que de la documentación aportada por las empresas no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola o los inversores que buscó para los diferentes proyectos.

"Simples llamadas"

La aportación a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola, según la ONIF, se circunscribe a dar información sobre posibles negocios: "Limitándose aquel a ejecutar una gestión personalista, limitada a simples llamadas telefónicas en las que informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social".

Como ejemplo, las sociedades del Grupo Copisa pagaban únicamente por la información proporcionada y nunca se documentaba con carácter previo, la cantidad o forma de pago. El pago de los supuestos trabajos de intermediación de Pujol Ferrusola se llevaba a cabo una vez conseguido el negocio en cuestión, momento en el que se abría un proceso de discusión sobre el importe a recibir.

Ninguna de las empresas mencionadas han logrado aportar documentos en los que se dejara constancia de trabajo alguno real: "Como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance, etc", resalta la ONIF.

"Con quién intermedió"

Algunos empresarios han llegado a declarar que desconocían con qué cargo de su empresa intermedió Pujol Ferrusola para conseguir un negocio y las correspondientes comisiones.

Por su parte, los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que el primogénito de los Pujol utilizó la formación política que presidía su padre, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música."                  (Tono Calleja, Vox Populi, 27/11/18)

Detenido el presidente de la Diputación de Lleida en una operación contra la corrupción de CDC

"El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, acaba de ser detenido por los Mossos d’Esquadra en una operación contra la corrupción política de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

 Junto a él, han sido arrestados varios altos cargos de la diputación y otros responsables de las empresas investigadas como M y J Gruas o Enginyeria Inalba.

Entre los detenidos también se encuentran dos altos cargos de la Sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de la investigación. A lo largo del día, los agentes irán practicando más detenciones y una decena de registros en busca de documentación, sobre todo en las empresas investigadas. 

Entre los delitos imputados están el de cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos societarios, delitos de corrupción en los negocios o fraude a la Administración Pública, entre otros.

Esta ‘Operación Boreas’, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, estalla tras cuatro años de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Lleida, que encomendó las pesquisas al cuerpo policial autonómico. Los investigadores tienen indicios de que Reñé y la jefa de organización y Gestión de la Presidencia de la Diputación, es decir su número dos, habrían cobrado durante años numerosas comisiones ilegales en metálico a cambio de montar un sistema de reparto de ad

Pagos al partido

Esta operación supone un nuevo golpe a la corrupción de CDC, ya debilitado tras la sentencia del ‘caso Palau’ que certificó la financiación irregular de la formación y por la investigación seguida por Fiscalía Anticorrupción por el ‘caso 3%’ en el que se investiga el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados por su partido o en organismos públicos de la Generalitat.

En esta ‘Operación Boreas’ hay dos vertientes. Por un lado, el presunto pago de ‘mordidas’ a, entre otros, el presidente de la Diputación de Lleida y su número dos, que incluso pudieron ascender a los 11.000 euros en metálico de manera bimensual durante años, para su lucro personal. Por otro lado, la entrega de donaciones a CatDem por parte de las empresas beneficiadas como pago para el partido. Además, es clave que los investigadores han descubierto que algunas de las prácticas analizadas se siguen desarrollando en la actualidad.

Esta investigación se inició en 2014 con la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía tras una denuncia que alertaba del presunto pago por parte de la constructora catalana M y J Gruas de una comisión al presidente de la Diputación de Lleida, el convergente Joan Reñé. 

Uno de los socios de la empresa sacó a relucir los supuestos pagos en efectivo realizados a cambio de la adjudicación en marzo del 2010, a través de la UTE Depurpla 2, del mantenimiento durante 15 años de seis depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell. La constructora y la UTE han sido donantes de fondos a CatDem, la fundación de CDC.

Cheque al portador para el presidente

El contrato de 22,5 millones de euros era para gestionar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Fondarella, Linyola, Bell-lloc, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís y Juneda-Torregrosa.

En 2014, un representante de la compañía solicitó la celebración de una junta extraordinaria tras localizar un cheque al portador de 11.500 euros sin justificar, y lo que parecía un pago al presidente de la Diputación tras la adjudicación de la concesión UTE Depurpla 2, responsable del mantenimiento de las depuradoras del Pla d’Urgell.

El abogado de la empresa, Celestí Pol Vilagrasa, le contestó que los pagos realizados “como consecuencia de la adjudicación de la concesión de la UTE Depurpla 2 son conocidos por todos los miembros del consejo, también por su secretario”. El presidente del consejo de administración, José Maria Gruas Bardinas, según recoge un acta notarial presentada por el denunciante, se limitó a decir que “tales manifestaciones no tienen fundamento”.

Varios socios de la compañía sospecharon entonces que el pago de las comisiones irregulares se pudo realizar a través de facturación ficticia y la intervención de empresas interpuestas. Además, tenían localizado el pago de donativos a CatDem. M y J Gruas dio en 3 años 42.500 euros."                  (Carlota Guinday, La Vanguardia, 02/10/18)

“Si colaboraba con la fundación de CDC, estaría en la lista”

"Jordi Soler Paredes tenía la impresión de que su empresa hacía las cosas razonablemente bien: presentaba proyectos sólidos y a precios competitivos. Pero con eso no le alcanzaba para ganar concursos públicos en Cataluña. Empezó a saber lo que fallaba hablando con otros empresarios del Bages, donde el Grupo Soler tiene su sede central.

 “Entre las empresas pequeñas de la comarca se hablaba de que no les daban adjudicaciones si no estaban en la lista”, afirmó Soler la semana pasada en su declaración como investigado ante José de la Mata, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso 3%.

La declaración de Soler, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, ha pasado desapercibida entre las comparecencias de altos cargos de los últimos días, como la del expresidente del puerto de Barcelona Sixte Cambra. Pero contiene algo muy cercano a una confesión sobre el pago de contraprestaciones a cambio de la adjudicación de obra pública.

 La “lista” a la que alude Soler es la relación de empresas que donaban dinero a las fundaciones afines al partido, CatDem y Fòrum Barcelona. Eran donaciones altruistas que, finalmente, acababan en las arcas el partido y servían para financiarlo de forma irregular, según la investigación.

“Lo que se me hizo llegar es que, si colaboraba con las fundaciones, lo que era mío era para mí y no para otro (…) Entendí que, si colaboraba con la fundación, estaría en la lista. Y haciendo esto, estaba más cerca de no ser excluido”, declaró el empresario ante De la Mata. 

Las personas de CDC que, siempre según su versión, le explicaron ese sistema de funcionamiento fueron los extesoreros Òscar Torrent, Daniel Osácar y Andreu Viloca; y el exgerente, exdiputado en el Parlament y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó. Todos ellos están siendo investigados por delitos de corrupción en el caso 3%. “Antes igual no te cae ninguna y ahora igual la consigues”, agregó.

La de Soler fue una confesión a medias. El Grupo Soler (y sus filiales) “efectuaron desde 2008 a 2015 donaciones por importe total de 664.604 euros”, consta en el auto judicial que detalla su participación en los hechos y que le acusa de “concertarse de modo encubierto” con altos cargos del partido.

 La empresa se convirtió, con el tiempo, en uno de los donantes más generosos de las fundaciones tras Agbar y Copisa. Soler matizó que ya antes de esos pagos estaba ideológicamente “muy próximo” a Convergència y que “compartía el objetivo” de CatDem y Fòrum Barcelona sobre “catalanismo y modernidad”.

Pero cuando el magistrado le preguntó sobre donaciones y su correlación con adjudicaciones concretas, intentó echar balones fuera. De la Mata le inquirió sobre la reforma (2,7 millones) del instituto público Lluís de Peguera de Manresa. Un día después de obtener el concurso, el empresario donó 50.000 euros a CatDem. “Casualidad”, declaró.

El juez le preguntó por otra adjudicación (1,14 millones) para construir un centro cívico en Sant Fruitós de Bages, en la misma comarca. La UTE —dominada por Grupo Soler— abonó 34.000 euros de donación, lo que se corresponde exactamente el 3% de la obra, como le recordó De la Mata, quien además le insistió en que sus donaciones solían ser en números redondos y esta no lo fue. Soler, de nuevo, intentó salir airoso: “Es pura casualidad”.

La declaración de Jordi Soler apuntala los indicios contra una de las personas con mayor influencia tanto en Convergència como en los dos gobiernos de Artur Mas: Germà Gordó. La investigación señala a Gordó como “recaudador” de las comisiones y puente entre las empresas donantes, el partido y los órganos del Gobierno encargados de las adjudicaciones.

El empresario de la construcción explicó, según detallan las mismas fuentes, que el director general de la constructora Benito Arnó, Joan Albert Arqués, le recomendó que hablase con Gordó. “Dijo que podía tener alguna ayuda en la Agencia Catalana del Agua a través de Gordó”. 

Soler detalló, de hecho, una reunión que supuestamente mantuvo en la sede del Gobierno catalán con Gordó en 2012. La mano derecha de Mas era entonces secretario de Gobierno y, como tal, encargado de coordinar la contratación pública de la Generalitat.

Soler también precisó que el extesorero de CDC Andreu Viloca le proporcionaba “un modelo en blanco” para la documentación que debía aportar junto con la donación."                (Jesús García, El País, 30/06/18)

Jordi Pujol, Prenafeta, ¿el auténtico origen de los fondos que engrasan el movimiento independentista catalán?

"Como he descrito en el anterior artículo, los históricos dirigentes del pujolismo, en el caso denominado Pretoria, crearon una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a operaciones urbanísticas a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones, que procedían ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen mediante la utilización de complejos entramados societarios y financieros.

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia del Gobierno de Jordi Pujol desde 1980 a 1990, fue uno de los pilares del proceso ideológico y político que condujo a la actual ruptura del nacionalismo catalán, derechista e insolidario, que está soportando Cataluña.

 Prenafeta ya había acreditado su vinculación con el sistema capitalista cuando el 5 de junio de 1989, siendo aún consejero de Pujol, se incorporó al consejo de administración de Iberia de Seguros en representación de la sociedad Vilassar Internacional, que había presidido Manuel Prado y Colón de Carvajal, sociedad vinculada a su primo Isidor Prenafeta. 

Esta decisión determinó que la Fiscalía de Cataluña abriera una investigación penal contra Lluís Prenafeta que no pudo concluirse por haberla impedido el entonces Fiscal General del Estado. Su sesgo nacionalista quedó reflejado en la creación del diario El Observador --un absoluto fracaso-- y de la Fundació Catalunya Oberta. Resulta significativo que otro conocido pujolista de amplio historial delictivo, Javier de la Rosa​, financiara a dicho diario con 1.000 millones de pesetas procedentes de Grand Tibidabo, lo que no impidió su cierre en 1993.

Desde estos antecedentes, no es extraño que posteriormente emprendiera actividades económicas, esta vez de un nítido carácter delictivo.

Ya dijimos en el escrito anterior que tanto Alavedra como Prenafeta “reconocieron íntegramente”, dice la sentencia, los hechos que se le atribuían por la acusación pública, una de las razones por las que se les rebajó la pena solicitada por la Fiscalía. Ambos reconocieron, entonces, la “estrecha relación personal” que mantenían con Jordi Pujol y Artur Mas.

Prenafeta y Alavedra, “sabedores de la facilidad con que se movía Luis Andrés García en los municipios ya referidos y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos ce Cataluña, se concertaron con el anterior, percibiendo ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron obtener cuantiosos beneficios derivados de operaciones inmobiliarias especulativas realizadas en (el) municipio a costa y en perjuicio del interés público”. Actividades que Prenafeta desarrollaba por mediación de la sociedad Poliafrers S.A.

La actividad de ocultación y afloramiento de las ganancias procedentes de los delitos de tráfico de influencias, Prenafeta las llevó a cabo del siguiente modo, lo que determinó la comisión y posterior condena por el delito de tráfico de influencias. 

Ocultó fondos, que, entre 2000 y 2007, se elevaron al menos a 14.984.865 euros, de los cuales 452.290,08 procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas y de otras actuaciones de intermediación prestadas a diversas multinacionales a través de empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas; beneficios que fueron ocultados a la Hacienda Pública eludiendo, como era obvio, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 Delitos, estos últimos, por los que no fueron condenados por haber regularizado sus deudas fiscales o por prescripción de los mismos, pese a su elevada cuantía. Es una muestra de las debilidades del sistema penal ante la delincuencia de los poderosos.

Para mantener la opacidad y encubrir la titularidad de los fondos, Prenafeta contó con la “indispensable colaboración de su esposa, Maria Lluïsa Mas Crusells”, creando sociedades instrumentales en territorios off shore, en las que, a su vez, figuraban como socios otras sociedades fiduciarias domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, en las Islas Seychelles y en Madeira. 

Para dificultar el seguimiento de sus operaciones, Prenafeta utilizó numerosas cuentas en entidades bancarias domiciliadas en el extranjero, que funcionaron como “cuentas puentes” para los movimientos de sus fondos en efectivo. Fondos, los dispuesto en efectivo, que se elevaban a 7.072.792,55 euros, y mediante transferencias, a 7.029.999,23 euros.

Esta fue, resumidamente, la intensa actividad delictiva, generadora de cuantiosos beneficios económicos, de los primeros dirigentes políticos del nacionalismo catalanista. Los actuales dirigentes y seguidores del independentismo están obligados, sin demora, a conocer y divulgar esta sentencia para que, unos y otros, sepan que sus orígenes se caracterizaron por la total ausencia de ética pública y la utilización del poder político para su enriquecimiento, sacrificando los derechos y necesidades de los ciudadanos.

 Y, todo ello, cuando aún están pendientes las decisiones penales definitivas sobre la familia Pujol y sobre el 3%.

Ante estos tan enormes como ilícitos beneficios, tenemos razones para dudar sobre cuál es el auténtico origen de los fondos que el movimiento independentista, en horas, dispone para satisfacer de forma tan inmediata las exigencias de fianzas penales y civiles del principal proceso penal contra sus presuntos responsables penales."

(Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal jefe anticorrupción, Crónica Global, 09/07/18)

Macià Alavedra: la condena de los fundamentos del pujolismo

"Como es sabido, Macià Alavedra formó parte de los gobiernos de Jordi Pujol​ desde 1980 hasta 1997. Diecisiete años. En este año, se retira de la política institucional de CiU pero no del aprovechamiento de sus relaciones institucionales para su enriquecimiento personal y familiar, como acredita la sentencia del caso Pretoria. 

Durante todo ese periodo, en el que se sientan las bases del actual desafío independentista, comparte gobierno con el president Pujol que, desde 1980, estuvo defraudando a la Hacienda Pública. Lo que no impidió que Alavedra dijese del president: "Era un hombre de austeridad absoluta y le interesaba poco el dinero".

Retirado de la política institucional, es nombrado presidente de Autopistes de Catalunya, sociedad concesionaria de la Generalitat, manteniendo, pues, sus estrechos vínculos con el aparato institucional. Además, presidió las sociedades Abertis Logística y Kern Pharma.

Desde esta posición de poder económico y, por mediación, político, realiza las conductas delictivas que describe la sentencia con un evidente afán de enriquecimiento.

Dice así: "La cuantía de los fondos que durante los años 1997 a 2003 Macià Alavedra percibió por su actividad ilícita ascendió --cuando menos-- a 6.080.405,41 euros, de los cuales 452.088,88 derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, 185.600 por aparente actividad de intermediación realizada en el año 2004 en el municipio de Hospitalet de Llobregat sin que consten el origen y justificación de dicha comisión, 290.337,69 euros de un pago recibido de Gas Natural; 288.000 euros de pagos realizados por la sociedad BUIC --instrumental de Lluís Prenafeta a la que más adelante nos referiremos-- y 9.604,17 euros de intereses percibidos, desconociéndose el origen último del resto de sus ganancias --4.854.774,67 euros--, si bien, al igual que las cantidades anteriores, ocultó su existencia a la hacienda pública española, eludiendo, por tanto, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales".

"Para conseguir su opacidad así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito --contra la que no se dirige acusación al haber fallecido-- y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip Mc Mahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios off shore así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos".

"Para asegurar la opacidad de estos fondos hizo figurar como titulares de estas cuentas tanto a su esposa como a Gloria Torres, encargando a Philip Mc Mahan Bolich que, bajo sus órdenes, asumiera su gestión diaria y directa, función que ejecutó realizando una gestión muy activa con continuas inversiones en compras y ventas de valores.

 Asimismo, es quien organizó, tal y como había planificado Macià Alavedra, el plan para repatriar a España parte del dinero --300.000 euros-- que este tenía oculto en sus cuentas de Andorra”.

"Las cantidades que ocultó cada año a través del entramado societario y financiero que describiremos a continuación fueron las siguientes:

1997: 2.643.743,46 euros
1998: 1.192.182,05 idem
1999: 9.604,17 idem
2000: 296.450,22 idem
2001: 22.398,94 idem
2003: 88.000,00 idem
2004: 100.000,00 idem
2005: 100.000,00 idem
2006: 700.000,00 idem
2.008: 290.337,69 idem

Total: 5.442.716,53 euros".

A continuación, la sentencia describe puntualmente las estrategias de ocultación y reinversión utilizadas por Alavedra y sus cooperadores.

Lo que acabamos de exponer es una brevísima muestra de la actividad delictiva analizada en la sentencia.

Pero, además de este pronunciamiento condenatorio, siguen pendientes todas las causas penales contra los miembros de la familia Pujol, la investigación de la percepción ilícita del 3% por CiU por el juzgado central número 5 y otros procesos contra dicho partido. El poder judicial es un instrumento indispensable para perseguir la corrupción y cualquier otra forma de abuso de poder. Es un elemento esencial del Estado democrático que nadie, nadie, podrá eludir."               (Carlos Jiménez Villarejo, Crónica global, 06/07/18)

Pujol utilizó Convergència como si fuese una de sus empresas para cobrar comisiones

"Los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán, utilizó la formación política que presidía su padre para justificar el cobro de comisiones a empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.

En julio de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado en 1974 en el monasterio de Montserrat por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, dio paso a una nueva organización: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que entonces tenía a Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat.

Durante el periodo en que transcurren inicialmente los hechos, indica la policía, el máximo dirigente de CDC era Jordi Pujol Soley, el "progenitor" de Jordi Pujol Ferrusola: "Siendo como es conocida esta relación uno de los aspectos que se consideran troncales en esta investigación", destacan los agentes.

Sus ingresos

Pero el informe considera que la vinculación con su padre establece "un vínculo sustancial, porque es un nexo directo de Jordi Pujol Ferrusola con la 'empresa' que se configura como el sitio principal para su desempeño laboral, y por ende de donde provienen sus ingresos, el partido político CDC", especifica el documento policial remitido al juez que investiga en la Audiencia Nacional el 'caso Pujol'.

En concreto, los agentes dan cuenta al magistrado del 'modus operandi' del clan Pujol y de varios empresarios que financiaban la formación conservadora, una actividad que permitía que el primogénito de los Pujol continuara con su actividad empresarial de cobro de comisiones.

"El ejercicio de su influencia en las instituciones democráticas de Cataluña a través de un partido político, CDC, del que su padre era máximo dirigente, y a través del cual habría gestado todas sus argüidas 'dinamizaciones' empresariales, favoreciendo a terceros que en consecuencia le remuneraban de diversas formas", concluyen los agentes de la UDEF.

Activos de Andorra

En este sentido, la actuación presuntamente delictiva detectada por la Policía comienza con Jordi Pujol Ferrusola, que con sus activos financieros en Andorra otorga la financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios a CDC.

"La observación de la realidad financiera depara que el verdadero prestatario de los capitales habría sido la formación política, ocultando su personalidad jurídica detrás de las sociedades Altraforma, Hispart y Winner Graph", indica la Policía, que pone de manifiesto el presunto engaño de los Pujol para financiar CDC.

Los representantes de Altraforma e Hispart, que aparecen suscribiendo en España las pólizas de préstamo de Pujol Ferrusola, Miquel Jiménez Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González, tal y como se desprende de los hechos probados en el 'caso Palau' reconocen que sus empresas, las mencionadas Altraforma e Hispart, se instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC.

Caso del 3%

Los agentes también detectan vínculos de la presunta financiación ilegal de CDC con el caso del 3%, que también investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. El nexo de unión está en el empresario Joan Albert Arqués, que fue detenido por la Guardia Civil en caso del 3%, por haber pagado comisiones a través de sociedades instrumentales para obtención de obra pública, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por terceros, que habrían servido para financiar al partido CDC.

"Por tanto", explican los agentes, "se observa un paralelismo obvio e inmediato entre los hechos que se le atribuyen a Joan Albert Arqués en ese procedimiento, con los que ahora estamos viendo que ocurrían unos años antes, con idéntica utilización de sociedades interpuestas para canalizar esos pagos, que realizaban las compañías del grupo a través de Hispart en este caso".

Los agentes de la UDEF otorgan, en este sentido, gran importancia al hecho de que el tesorero de CDC en aquellos momentos, el fallecido Caries Torrent apareciera directamente en las operaciones financieras: "Es un dato notorio, que conjugado con el papel que judicialmente se ha atribuido a Carles Torrent en el 'caso Palau', por su relación con varias empresas entre las que estaban las mencionadas, supone una tremenda fuerza indiciaria para construir los elementos probatorios de los tipos penales", continúa el atestado policial.

"Una sandez"

Pero el informe policial hace también una valoración de las explicaciones realizadas por Pujol Ferrusola, del aval realizado a las empresas proveedoras de CDC: "La explicación facilitada por Pujol Ferrusola en Andorra, sin ofrecer como es habitual ningún dato objetivo que la respalde, es sencillamente no verídica, ya que recurre a un presunto testaferro: Antoni Zorzano: "Utilizado, como sabemos, en el encauzamiento de operativas consideradas ilícitas, para concebir una cobertura", asegura el informe.

Incluso, los agentes van más allá, y aseguran que el hecho de que el investigado haya alegado que como los avales no se ejecutaron no tienen importancia material real, "se nos antoja una sandez desde el punto devista económico, puesto que el aval concebido como tal sí se ejecutó desde una perspectiva estricta al cumplir las funciones para las que nace: la constitución de una garantía íntegra a un riesgo de un tercero", concluyen los agentes en el documento remitido al juez De la Mata."                                (Tono Calleja, Vox Populi, 01/05/18)