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6.9.12

El Govern del PP Balear aprueba convertir Mallorca en el estercolero de Europa

"El PP balear acaba de aprobar convertir Mallorca en el receptor de basura de media Europa para asegurar el negocio de la incineradora que tiene la isla. Si se intenta entender la razón, todo parece absurdo... 

 Especialmente si se piensa en el desgaste de imagen que para Baleares, que vive del turismo, puede tener la noticia. Sin embargo, todo el galimatías se comprende mejor si se sigue el rastro del dinero.

La historia se remonta a los tiempos en los que Maria Antonia Munar, la líder de Unió Mallorquina condenada por corruptelas, era la ‘gobernanta’ de las islas. Entonces firmó, por razones no aclaradas, un contrato con una empresa, TIRME, para que se hiciera cargo de la recogida y tratamiento de los residuos de Mallorca. Básicamente su quema a través de una incineradora construida en la localidad de Son Reus.
Un contrato ‘atado y bien atado’

El contrato, de 40 años de duración, está tan ‘atado y bien atado’ que resulta imposible de romperse, y tiene ‘el detalle’ de ser leonino para la administración, y superventajoso para la empresa. Dicho de otra manera, asegura unos ingresos a TIRME, beneficios incluidos. Que no se recauda suficiente, se suben las tasas a los vecinos.

“Una situación tan perversa -dice a ELPLURAL.COM Margarida Ramis, portavoz del grupo ecologista balear GOB- que lleva a que cuanto más se recicle, y por tanto menos se incinere, menos dinero recibe TIRME y más se tienen que subir las tasas a los mallorquines… 

Es decir, en Mallorca, vivimos en el absurdo de que reciclar está penalizado”. O lo que es lo mismo, en Mallorca se privatizó la gestión de un servicio público de tal forma que se asegura el beneficio para la empresa privada que lo realiza, sin riesgo alguno para ella. Negocio redondo.

Decreto-ley, trileo incluido, para poder importar basura

A pesar de todo, se consintió, “mediante un estudio sin pies ni cabeza – nos dice Ramis- que TIRME construyera en Son Reus una segunda línea de incineración, con el costo que eso supone, y que ahora se ha demostrado que no resulta rentable porque no se produce en Mallorca basura suficiente”. Y aquí vine el juego de trilero del Govern del PP.

Como en las elecciones los ‘populares’ prometieron congelar las tasas, tienen que buscar dinero para asegurar los beneficios de TIRME sin subir el impuesto a los baleares ¿Cómo? Importando basura. Esto estaba prohibido conforme a un reglamento aprobado en 2001.

 José Ramón Bauzá y sus consejeros decidieron entonces un plan trampa. Aprobaron un decreto ley (esa excepción que los gobiernos del PP, tanto central como autonómicos, están convirtiendo en la norma) para promover “la economía en materia de industria y energía”. 

En este decreto ley no se hablaba para nada de residuos ni su tratamiento, pero una vez aprobado y en vigor, ‘hábilmente’, el mismo PP en la tramitación parlamentaria posterior presentó una enmienda en la que ya se modifica el texto del decreto y, aquí sí, se incluye la ‘legalización’ de la importación de basura europea para ser quemada en la incineradora de Son Reus. Los vasos se habían movido y la bolita aparecía allá donde se pretendía sin que los ciudadanos hubieran sabido cómo. El juego del trileo estaba completo.

Basura italiana para Mallorca

Pero hay más. Detrás de TIRME hay grandes empresas constructoras y eléctricas, entre ellas, ENEL, la empresa energética italiana ¿Saben de dónde está previsto que llegue buena parte de esa basura europea a Mallorca? Exacto, de Italia.

Paradójicamente, el Govern de Bauzá justificó el impulso al decreto ley de activación económica como una manera de promover la creación de empleo. La imagen de Mallorca convertida en estercolero donde se quema la basura de Europa no parece, sin embargo, que se convierta en un gran reclamo para el turismo, la principal industria de las Baleares.

El negocio de la incineración

¿Qué hay detrás de toda esta historia? “Está claro -concluye Margarida Ramis- que aquí lo que se asegura es el negocio alrededor de la incineración, aunque se perjudique el reciclado de los deshechos: se venderá más energía a las eléctricas que forman parte de TIMER, con las cenizas y las escorias se dará material para hacer cemento a las constructoras que también están metidas en TIMER… 

Y así, Baleares, a pesar de su tamaño y su población, se convertirá en la segunda Autonomía que más incinerará, sólo por detrás de Cataluña”.          (El Plural, 04/09/2012)

1.3.11

Unió Mallorquina se disuelve en medio de una avalancha de casos de corrupción

"Cuanto más empeño pone Unió Mallorquina (UM) en el intento de desprenderse de su imagen de partido corrompido, más se hunde. Después de que dos ex altos cargos y figuras públicas de UM visitaran este lunes el calabozo de los juzgados por supuestos delitos de corrupción, el partido bisagra creado en 1983 decidió en la noche del lunes disolverse y transformarse en Convergència per les Illes Balears para presentarse a las elecciones del 22 de mayo. Cambio de nombre, de sede y de directiva. (...)

Unas horas antes habían sido detenidos Cristina Cerdó -ex teniente de alcalde de Palma en alianza con el PSOE desde 2007 hasta febrero de 2010- y Mateu Cañellas -ex consejero de Deportes del Gobierno de Baleares del socialista Francesc Antich en el mismo período-. (...)

Ambos han sido imputados por malversación de fondos públicos y falsedad fruto de su supuesta implicación en el caso Picnic. Desde antes de las elecciones de 2007, Cerdó y Cañellas -considerados en su día posible recambio de Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, expresidentes del partido y ahora imputados también por corrupción- controlaron Sa Xarxa (La Red, en catalán), un operativo para infiltrar a UM en el tejido social mediante la captación de militantes y eventuales votantes sirviéndose de los presupuestos de las instituciones y de empresas contratistas.

En el Ayuntamiento de Palma se pagaron durante casi tres años hasta 12 nóminas cada mes a "informadores medioambientales" colocados por Unió Mallorquina que invitaron a excursiones, con dinero público, a unos 3.000 ciudadanos. En el Consell de Mallorca, entre 2003 y 2007, cuando UM era aliado del PP, se ejecutó el mismo plan, que se investiga en otra causa penal. (...)

La avalancha de varapalos judiciales contra UM no se ha detenido ahí. Las agencias de noticias han confirmado esta madrugada que el juez accedió a la petición de la Fiscalía y ordenó el ingreso en prisión eludible mediante una fianza de 100.000 euros para la antigua responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número cuatro de UM en Palma, Paula Cortés, después de que pasara tres días en comisaría. Otros cargos intermedios y empresarios del entorno de UM han sido detenidos: 12 en total.

A estos escándalos hay que añadirles que un juez y dos fiscales anticorrupción registraron la sede central de Unió Mallorquina en Palma el viernes, hecho tildado anoche por Josep Melià, de "innecesario" y de "espectáculo" que "mediatiza" el "proceso democrático" de las elecciones. Sobre los detenidos y un ex secretario general de UM, Tomeu Vicens, preso con condena por malversación, Josep Melià afirmó que su partido condena el clientelismo y considera la corrupción "una lacra a eliminar", por lo que espera "que la Justicia ejecute lo que deba". (El País, 28/02/2011)

7.7.10

Un 20% de 'mordida' por obra en Baleares

"El empresario Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió Mallorquina, cobraba en comisiones hasta el 20% de los negocios que facilitaba, una parte de ellos relacionados con Administraciones públicas, gracias a su "asesoramiento comercial".

El empresario Jaime Fluxá, ex candidato europeo de Unió Mallorquina, cobraba en comisiones hasta el 20% de los negocios que facilitaba, una parte de ellos relacionados con Administraciones públicas, gracias a su "asesoramiento comercial".

Fluxá se convirtió en personaje público al destaparse el caso Bomsai, un escándalo vinculado a la corrupción política relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicación de las obras de construcción de dos edificios públicos que sirvieron para albergar el parque de bomberos y la sede de la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno balear.

Fluxá, según el sumario de la investigación judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS, cobró 120.000 euros por presentar al anterior Gobierno balear -presidido por Jaume Matas- a un banco de inversiones, Atlas Capital, que se encargó de tutelar el concurso para adjudicar los trabajos y del control financiero de esas obras públicas. Por esa tarea cobró 600.000 euros, el 1,8% del coste total de los dos proyectos. (...)

Fluxá guarda parte de su dinero en paraísos fiscales, según la investigación: Qatar, Abu Dabi, Barbados, Panamá, y en especial Suiza, de donde iba y venía con sus fondos. La policía le intervino la contabilidad, parte de ella escondida en los servicios de su oficina, y las agendas personales de una década.

Carmen Sampol, consejera delegada de una empresa que consiguió uno de los contratos de obras del parque de bomberos, declaró a la policía que la comisión de pago obligatorio al Banco de Inversiones Atlas Capital era una "una salvajada".

Federico Rodríguez, gerente de JPB, otra concesionaria de los trabajos, consideró la comisión fijada para Atlas Capital "una barbaridad de unos caraduras". Fluxá reconoce que él cobraba por dar la cara: "Yo únicamente les presenté" [Atlas al Gobierno balear]. La policía y Hacienda sostienen que además de los 120.000 euros que Fluxá cobró de Atlas, el comisionista también cobró cantidades que oscilan entre los 350.000 euros de la constructora San José hasta los 15.000 de una ingeniería. Del edificio del parque de bomberos de Palma, Fluxá percibió también 83.000 euros de un suministrador.

Al levantarse el secreto del caso Bomsai se ha conocido el rastro del comisionista, su intervención en la adjudicación de millonarios proyectos como la autopista Inca-Sa Pobla o la estación central de trenes y del metro de Palma. También trató con el Gobierno de Matas y con grandes empresas sobre dos grandes proyectos en ejecución: el hospital de Palma y el Palacio de Congresos." (El País, ed. Galicia, España, 23/06/2010, p. 17)

7.2.10

Antich romperá con Unió Mallorquina tras las 13 detenciones por corrupción

"La gota que ha colmado el vaso ha sido la detención de 13 personas relacionadas con UM y acusadas de participar en una supuesta trama de corrupción en el seno del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Los investigadores sospechan sobre el desvío de cientos de miles de euros de fondos públicos hacia "chiringuitos" (sociedades) vinculados a ese partido para "un reparto de beneficios" entre afines, con contratos "duplicados" y "autoadjudicaciones", según fuentes conocedoras del caso Voltor (buitre en catalán). Parte de los fondos pudieron destinarse a financiar UM.

Entre los arrestados se hallan el contable de UM y a la vez responsable económico-administrativo del Inestur, Álvaro Llompart, así como tres altos cargos del Gobierno de Baleares: el director general de Promoción Turística, Joan Sastre; el de Medio Ambiente Antoni Oliver, además, ex gerente de Inestur; y un director de área, Antoni Rebassa.

Todos ellos son de UM y están ligados a la gestión desde 2007 del organismo público de Turismo. Los tres dirigentes gubernamentales, que serán destituidos hoy por el Gobierno insular, permanecían anoche en la comisaría de Policía de Palma. UM impulsó a última hora de ayer la destitución inmediata de todos los detenidos. (...)


Durante la operación de ayer, el consorcio de gestión informática del Consell de Mallorca -otro feudo exclusivo de UM, Inestur-, fue precintado y registrado por las sospechas sobre diferentes adjudicaciones para un call-center turístico de un millón de euros anuales. Las pistas de corrupción conducen hasta subvenciones de decenas de miles de euros.

La Policía Judicial que dirige el comisario Antonio Cerdá y los inspectores de la Agencia Tributaria que encabeza Raúl Burillo han diseccionado durante semanas el flujo de fondos y el manejo de los presupuestos públicos del Inestur. Se han detectado autoadjudicaciones directas entre administradores y pagos a empresas afines a UM. Inestur, que maneja veinte millones de euros anuales, está bajo control hegemónico del partido bisagra, que, además, domina tres consejerías baleares: Turismo, Medio Ambiente y Deportes.

Cuatro de los implicados son empresarios y comerciantes que podrían haber pagado comisiones en complicidad con gestores nombrados por UM. La Fiscalía Anticorrupción acusa a los detenidos de malversación de caudales, prevaricación, cohecho, falsedad, fraude, negociaciones prohibidas. Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán han dirigido personalmente dos registros. La causa que instruye la juez Carmen Abrines está bajo secreto sumarial y nació de la denuncia de un particular." (El País, ed. Galicia, España, 05/02/2020, p. 18)