Castellón: el “coto privado” político de Carlos Fabra (PP). Un hilo viral en Twitter ha recordado la histórica trayectoria de la familia en las instituciones de la provincia valenciana que dio con Carlos Fabra en prisión

 "La historia que asocia a la familia Fabra con las instituciones de Castellón remonta al año 1874. Más de seis generaciones han estado vinculadas a la política de la provincia valenciana, definiéndola como su “coto privado”, algo que se materializó con la gestión de Carlos Fabra cuestionada por la justicia y que acabó dando con el expresidente del Partido Popular en prisión.

Desde el tío de su bisabuelo, varias generaciones se han sentado al frente de la Diputación Provincial como si de una herencia se tratase, siendo el broche de oro de la gestión clientelar los 16 años que Carlos Fabra estuvo al frente de la institución.

“El tío de su bisabuelo, Victorino Fabra Gil, conocido como ‘el agüelo Pantorriles’, accedió al cargo en 1874 y murió en 1907 siendo presidente, cargo que ocuparon luego otros seis miembros de la estirpe, entre ellos tres de sus sobrinos”, explica un hilo de Twitter de Arpa Editores. “Uno de ellos era el bisabuelo del actual Carlos Fabra, quien, antes de controlar la Diputación, vio cómo la institución pasaba por las manos de su abuelo y de su padre”.

Fabra solía afirmar, a modo de declaración de intenciones, que “el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo. Supone mucho poder”. Efectivamente, el mandatario del PP reconoció no llevar la cuenta sobre las personas que había “colocado”, pero sus megalómanos proyectos dan cuenta de la magnitud. “Penyeta, Hospital, Instituto de Promoción Cerámica, Escuela Taurina, la Diputación, el puerto... ni sé”, confesaba.

A la política del enchufismo se le sumaron, además, grandes desfalcos a través de gigantescos proyectos urbanísticos, santo y seña de la mayoría de casos de corrupción que asfixian al Partido Popular. Desde un aeropuerto prácticamente en desuso que tuvo un coste de 150 millones de euros a la intención de construir “16 campos de golf, hoteles, urbanizaciones, un parque temático llamado Mundo Ilusión y una pista de esquí artificial”.

Cohecho, tráfico de influencias, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a los funcionarios u ocultación de patrimonio son algunos de los delitos que los tribunales le han imputado ya a 27 personas, físicas y jurídicas, en el caso que lleva su apellido como nomenclatura.

En él se investigaba, a día de hoy estando a expensas la celebración de juicio oral, la mediación política de Fabra con el objetivo de agilizar autorizaciones administrativas de productos sanitarios, fabricados y comercializados por el empresario Vicente Vilar, a cambio de sobornos.

El antiguo dirigente de los azules, que ya ingresaba en prisión por varios delitos en 2014 al considerarse probadas las recepciones de cantidades millonarias de dinero en compensación de favores políticos, ha mantenido su particular tradición familiar en las instituciones públicas españolas.

Su hija, Andrea Fabra, protagonista del famoso “¡que se jodan!” en el hemiciclo en el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba recortes en las prestaciones por desempleo, ocupó varios cargos por el Partido Popular, tanto en el Senado como en el Congreso, hasta finales de 2015, año que reingresó laboralmente en el gigante comunicativo Telefónica."                   (Alba González, LUH, 02/09/21)

Los escoltas de Carlos Fabra cuentan al juez el trasiego de ingresos en negro: "Te daba el sobre con dinero"

 "Los escoltas de Carlos Fabra, agentes de la Policía Local de Castellón, le echaban un cable al entonces presidente de la Diputación de Castellón realizando compras en la farmacia o recogiendo sus características gafas de sol en la óptica.

 También ingresaban en entidades bancarias sobres con dinero negro que les daba el político del PP, según reconocen en las declaraciones ante el juez que ha instruido el 'caso Fabra II' a las que ha tenido acceso elDiario.es. 

 —Él te indicaba: "Oye, ¿os importa acercaros uno de los dos, porque éramos dos, al Banco Bilbao Vizcaya e ingresáis esto a mi cuenta?"— declara ante el juez el escolta Santiago Gascón. 

 Las escenas relatadas por los escoltas del entonces presidente de la Diputación de Castellón dan cuenta del pantano caciquil en el que convirtió el fabrismo a Castellón. "Te daba el sobre, abría el dinero, había dinero efectivamente, y el chico [del banco] lo contaba. Tú firmabas", rememora el agente. "El recibo se lo daba a Fabra", añade en su explicación de la mecánica.

El magistrado Jacobo Pin intuye la podredumbre de las escenas narradas y hurga en su interrogatorio.

—¿Aunque usted no la recuerde en concreto, puede imaginar algún motivo, alguna explicación? 

—No sé cómo decírselo, nosotros éramos policías, y él era presidente de la Diputación, él trataba, cuando venía Aznar con Aznar, con ministros, con gente muy importante. Nosotros éramos un granito de arena en la inmensidad del desierto —responde el escolta.

 Otro escolta, el agente José Pérez López, alude a la cotidianidad de las labores del equipo de seguridad para explicar las gestiones que se le prestaban al político del PP, ya fuera para "recoger las gafas para no desplazar a toda la comitiva" o pasar por ventanilla con un sobre con fajos de billetes del jefe de filas de los populares en Castellón. "Era un sobre cerrado, ibas con el DNI y en ventanilla lo hacías", detalla el policía.

—Nos decía: "¿Si vas al centro, me puedes ingresar esto?". Ibas con el DNI, soy policía, no pensaba que estaba haciendo nada malo — se excusa el escolta que, como el resto de sus compañeros declaraba en calidad de investigado.

—Usted no lo vio raro...

—Yo no vi raro hacer gestiones personales para evitar toda la comitiva a recoger unas gafas. Era más práctico y más seguro. 

 "Nosotros lo que hacíamos era por seguridad, era hacer recados para evitar que él callejeara o estuviera más expuesto", explica al juez el escolta Jesús Marmeneu Viciano.

—¿En qué consistían estos recados?— pregunta el magistrado Jacobo Pin.

—Operaciones bancarias y, si necesitaba algo de la farmacia, lo comprábamos nosotros.

—¿Lo veían ustedes normal?

—Normal no, dentro de la seguridad.

El juez Jacobo Pin, a pesar de ser un gran conocedor —probablemente el más avezado— de las interioridades del fabrismo en su etapa contemporánea (el poder del clan se remonta al siglo XIX), se sorprende sistemáticamente ante la naturalidad con la que los escoltas sostienen que era de lo más normal el trasiego de fondos en sobres.

—A veces nos decía: "Os está esperando fulanito, le entregáis el sobre, le firmáis lo que le tengáis que firmar y ya está.

—¿Y era don Carlos quien le daba el sobre y era a don Carlos a quien usted entregaba lo que le daban desde el banco?

—El extracto, sí.

 El escolta Manuel Izquierdo Segura es otro de los agentes interrogados que veía "bastante normal" todo el tránsito de sobres de Carlos Fabra de aquí para allá.

—¿Era algo habitual?

—Habitual.

—Es decir, no todas las semanas pero sí una vez al mes, una vez cada dos meses (…). ¿Siempre con la misma entidad bancaria?

—No, con varias.

—¿E iban directamente a ventanilla o trataban con el director de la sucursal?

—Yo, en mi caso, con el director.

Cuando el político del PP dejó de ser presidente de la Diputación de Castellón, al dimitir por la investigación dirigida por el juez Jacobo Pin en el 'caso Fabra I', el agente dejó de prestar sus servicios. Aunque se tomó una excedencia y estuvo dos años más trabajando para Carlos Fabra, ya sin cargo institucional y con un pie en la cárcel.

—Tomamos una excedencia, un compañero y yo, y estuvimos dos años más haciéndole el servicio de la escolta.

—¿A título particular?

—No lo sé.

—¿Quién le pagaba a usted?

—Me pagaba una empresa de seguridad.

—¿Recuerda el nombre?

—Sí, Marina d’Or.

Las declaraciones de los cinco escoltas, entre otras, han servido al juez instructor de la causa y a la Fiscalía Anticorrupción para apuntalar los indicios de la presunta actividad delictiva de Carlos Fabra. Aunque comparecieron en calidad de investigados y asistidos por sus respectivos letrados, ninguno ha sido procesado. Sin embargo, la revelación de que Marina d'Or, la conocida empresa de Jesús Ger, abonaba los gastos por la seguridad de Carlos Fabra ha dado pie a que el juez haya solicitado que se abra una nueva causa penal que investigue esos pagos, que también asumió la constructora Becsa, implicada en la financiación ilegal del PP. 

El juez ve indicios de un presunto delito de prevaricación en los supuestos pagos y ha pedido que se deduzca testimonio de la declaración de los agentes Manuel Izquierdo Segura y Jesús Marmaneu Viciano. Sería el segundo caso que se investiga a consecuencia de las pesquisas, tras la reapertura de la causa del campo de golf de Borriol. Las derivadas del fabrismo parecen no tener fin."        (Lucas Marco, eldiario.es, 01/07/21)

Carlos Fabra cobraba comisiones de hasta 100.000 euros cuando presidía la Diputación de Castelló

 "Carlos Fabra atendía una doble agenda como presidente de la Diputación de Castellón: la institucional de cara al público y la que trataba con personas a las que cobraba por intermediar ante grandes empresas. 

El juez instructor de la causa que investiga a Fabra, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, ha acreditado una supuesta comisión de 100.0000 euros por parte del empresario fallecido Arturo Beltrán Picapeo por "labores de intermediación" ante el entonces alcalde popular de Onda (Castellón) Salvador Aguilella para la construcción de una superficie comercial de una conocida marca deportiva.

Para disimular el ingreso de los 100.000 euros, la constructora Ebrogan SL y el expolítico del Partido Popular firmaron un contrato con opción a compra, intervenido en los registros policiales de la vivienda de Fabra, sobre tres fincas en una urbanización de Borriol (Castellón). El contrato no indicaba las referencias catastrales por el sencillo motivo de que "nunca fueron propiedad" de Fabra, según apunta el juez Jacobo Pin en su auto. El documento, apunta el magistrado, serviría para "dar cobertura legal" a esta entrega de fondos. 

 En el registro de la vivienda del expolítico del PP, la Policía intervino además una carta, con fecha del 9 de enero del 2012, remitida por la mercantil Ebrogan SL a Carlos Fabra "agradeciéndole las gestiones realizadas" con el entonces alcalde de Onda, el popular Salvador Aguilella, para el suministro de agua al centro comercial.

En el mismo disco duro externo intervenido consta un correo electrónico a un alto directivo de un conocido supermercado valenciano en el que aporta el contacto del empresario Arturo Beltrán Picapeo, que estaba interesado en ofertar a la cadena de distribución alimentaria terrenos en distintos lugares de España. En el e-mail, reproducido en el auto, Carlos Fabra indica que el constructor ya ha manejado terrenos para otras grandes empresas.

"Esto indica", afirma el magistrado, que Fabra "realizó al menos en dos ocasiones labores de intermediación en favor de Arturo Beltrán Picapeo mientras ocupaba el cargo de presidente de la Diputación de Castellón, recibiendo a cambio una contraprestación económica por valor de 100.000 euros, simulándose entre ambos un contrato de opción de compra".                   (Lucas Marco, eldiario.es, 23/04/21)

Las fincas de quien fue la mano derecha de Carlos Fabra: las vendía por cinco veces su precio de compra tras recalificarlas en dos días

 "Francisco Martínez, antigua mano derecha de Carlos Fabra, fue vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de la Vall d'Alba durante 24 años. En su declaración ante el juez aseguró que desconocía que los terrenos que adquirió su socio fueran susceptibles de recalificarse para actuaciones urbanísticas porque ese no era su negociado. 

Sin embargo, la instrucción del caso ha detectado que el exalcalde y su socio adquirieron varias fincas que fueron rectificadas apenas dos días después. En algunos casos, los terrenos fueron vendidos posteriormente por un precio cinco veces superior a la promotora Lubasa, encargada del Plan de Actuación Integrada (PAI). El juez Jacobo Pin también detectó que Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló, posee terrenos colindantes a los de su entonces número dos.

El auto del juez al que ha tenido acceso elDiario.es desglosa las fincas que Martínez y su socio adquirían por precios muy competitivos y que, poco después, eran recalificadas para planes urbanísticos en la localidad castellonense. El promotor Raul Babiloni aportó dos fincas a la mercantil Gestintur SL el 26 de diciembre del 2005. Dos días después se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el PAI Mas de Lluna en el que estaban incluidas. Un año después la firma vendió los terrenos a la promotora del PAI por un precio cinco veces superior a su coste de adquisición: 148.194 euros (originalmente costaron 27.766 euros).  

 Otra de las fincas adquiridas estaba afectada por el Plan Parcial Residencial Pla de l'Arc, que el Ayuntamiento de Vall d'Alba solicitó retirar después de que se incoaran diligencias tras las denuncias de la oposición en sede judicial por las sospechosas adquisiciones (Martínez declaró que la retirada fue por decisión de los técnicos). Una finca afectada por el PAI de ampliación del casco urbano de la localidad fue adquirida por 285.733,78 euros apenas cuatro meses antes de que se sometiera a información pública el programa de actuación y de su publicación oficial.

La firma promotora del Plan Parcial Residencial Pla de l'Arc y del PAI Mas de Lluna era una mercantil de la constructora Lubasa, con la que Martínez intervino en "numerosas compraventas", como alcalde y también como particular, algunas de ellas sobre fincas incluidas en las actuaciones urbanísticas y en fechas próximas a su publicación, señala el auto del juez. Otra finca, comprada por los padres de Martínez por 3.606 euros, se revendió a la filial de Lubasa por 251.854 euros. El exalcalde explicó al juez que sus padres le habían donado esa finca, mientras tramitaban su herencia en vida, y justificó el pelotazo en que había un proyecto turístico, sin actuación urbanística, y la posición de la finca era privilegiada al ser la "más alta" y tener "muchas vistas".

El expolítico del PP negó en su declaración ante el juez que se aprovechara de su condición de alcalde para adquirir las fincas a bajo precio y lucrarse con su venta tras la recalificación y adujo que todas las actuaciones urbanísticas responden a "trámites técnicos públicos que duran años". En la misma línea de defensa, el empresario Raul Babiloni declaró que la sociedad Gestintur SL, la supuesta empresa pantalla con la que se adquirieron las fincas, se creó para darle un "futuro laboral" a la hija del alcalde popular, que trabajaba para él y estaba "indecisa en su vida laboral". Babiloni sostiene que compraron los terrenos "no porque tuviesen información, sino porque podían tener futuro en Vall d'Alba, asumiendo un riesgo".

El magistrado Jacobo Pin ha dictado un auto que acuerda transformar las actuaciones a un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado, tal como ha informado este diario. Pin, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, también investiga el presunto "enmascaramiento" del patrimonio familiar de Carlos Fabra en una causa en la que también está imputado Luis Enrique Batalla Reigada, hijo del fundador de Lubasa y administrador de Becsa SAU. Durante la investigación secreta al expresidente de la Diputación de Castelló, el juez halló terrenos propiedad de Carlos Fabra y de su exmujer colindantes con los de Francisco Martínez, su antigua mano derecha."               (Lucas Marco, eldiario.es, 08/01/21)

Fabra logra una condena leve con el mismo tribunal que ya intentó archivar la acusación de soborno. Condenado a 4 años de cárcel, pero es absuelto de los delitos de cohecho y tráfico de influencias

"El expresidente del PP de Castellón, el todopoderoso Carlos Fabra, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por la Audiencia provincial por delitos contra la Hacienda pública. El expresidente de la Diputación de Castellón se sentó en el banquillo acusado de delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía 13 años de prisión, pero el tribunal le ha absuelto de los dos primeros delitos.

 Según el fallo judicial,  al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, Fabra deberá pagar una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda con la misma cantidad. Su exmujer, María Amparo Fernández, condenada a dos años de cárcel por dos delitos fiscales, tendrá que asumir una multa de 274.000 euros y el pago de la misma cantidad a la Agencia Tributaria.  (...)

El juicio contra Carlos Fabra se inició en octubre tras casi 10 años de investigación, por la que pasaron nueve jueces y cuatro fiscales. El proceso se inició en 2003 por la denuncia del empresario Vicente Vilar, que acusó al político popular de cobrarle comisiones a cambio de favores políticos ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir permisos de fabricación de productos sanitarios."            (El Plural, 25/11/2013)


"Fabra logra una condena leve con el mismo tribunal que ya intentó archivar la acusación de soborno.

 Los tres magistrados que firman la sentencia por la que el político solo recibe una condena de cuatro años por delito fiscal ya frenaron en 2012 la apertura de juicio y trataron de excluir el delito de cohecho.

El auto, fechado el 12 de mayo de 2012 y revocado por el alto tribunal en febrero de este año, ya daba por hecho que Fabra no pudo incurrir en soborno porque las gestiones que hizo ante el Gobierno en favor de un empresario no estaban vinculadas a su cargo en la Diputación"           (InfoLibre, 26/11/2013) 

Carlos Fabra coloca a su novia como vicepresidenta de la diputación de Castellón con un sueldo de 54.000 euros anuales

"El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, anunció este martes en rueda de prensa la reestructuración de su gabinete tras la salida de su vicepresidente tercero, Vicent Aparici, que se marcha al Senado. El cargo vacante ha sido asumido por Miguel Barrachina, hasta ahora vicepresidente cuarto, y este cargo que deja libre lo asume con un ascenso la diputada de Acción Social en el consistorio provincial, Esther Pallardó.

 La cadena SER ofrece una de las claves de esta reestructuración: el presidente de la diputación, Javier Moliner, pretendía colocar en la vicepresidencia cuarta al alcalde de Nules, Mario García, pero su antecesor en el cargo y todavía líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha presionado para que ocupara el puesto Pallardó, que curiosamente es su compañera sentimental.

 La pareja no vivirá las estrecheces de la crisis, ya que solo como secretario general de la Cámara de Comercio, Fabra gana 90.000 euros anuales -y además es presidente provincial del PP y del aeoropuerto-. Su novia Pallardó cobrará como vicepresidenta 54.000 euros anuales."                   (El Plural, 28/12/2011)

"Las arcas públicas tienen 1,5 millones de euros menos de lo que deberían... que fueron para Fabra

"Las arcas públicas tienen 1,5 millones de euros menos de lo que deberían ya que, según los peritos, esa es la cantidad que dejaron de ingresar en Hacienda el aún presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su exesposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004.

Los Fabra, según los inspectores, no cumplieron con sus obligaciones fiscales ni en 1999 ni en bur2000 ni en 2003. Carlos Fabra tampoco lo hizo en 2002 cuando, al igual que en años anteriores, su declaración le salió a devolver. (...)

Con todo ello, concluyen que los Fabra defraudaron 1,5 millones de euros y que ingresaron en sus cuentas, durante esos años, más de 3,3 millones de euros de origen no justificado. Así, los inspectores sostienen que de los 3,6 millones iniciales que señalaron como ingresos sin documentar, los Fabra solo han podido demostrar el origen de unos 300.000 euros, es decir, el 9% del total. (...)

En cualquier caso, aún no se sabe si Carlos Fabra será juzgado por tres de los cuatros fraudes al fisco que le atribuyen los peritos. En diciembre, la Audiencia Provincial de Castellón declaró prescritos todos los delitos fiscales excepto uno." (El País, 31/05/2011)

La Audiencia de Castellón declara prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales de Fabra

"Esto significa que, de momento, el trabajo realizado por dos peritos judiciales durante los cinco años que investigaron las cuentas y patrimonio de Fabra ha sido inútil. En cualquier caso, el auto de la Audiencia dicta el sobreseimiento libre, con lo que la resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo. (...)

La fiscalía anticorrupción y la Unión de Consumidores, que ejerce la acusación popular, han anunciado que presentarán recurso de casación en los próximos días ante el Supremo, según la Cadena SER.

El juzgado número 1 de Nules de Castellón imputó a Carlos Fabra ante la posible comisión de cinco presunto delitos fiscales después de que los peritos detectaron en las cuentas del entonces matrimonio Fabra 3,6 millones de euros ingresados cuyo origen no estaba justificado, entre 1999 y 2003.

Los peritos, que son inspectores de Hacienda, detectaron además un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. (...)

La respuesta de los socialistas de la provincia de Castellón no se ha hecho esperar. El PSPV ha recalcado que el hecho de que la Audiencia Provincial haya decidido sobreseer la causa abierta contra Fabra por presuntos delitos fiscales entre 2000 y 2003 al considerar que han prescrito, no quiere decir que el dirigente popular "no los haya cometido". (El País, 27/12/2010, p. 14)

Los chóferes de Fabra revelan cómo les daba sobres con dinero para ingresar

"El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, entregaba sobres con dinero a sus chóferes y éstos acudían al banco a realizar los ingresos. (...)

Los dos aseguraron que la única persona que les entregaba aquellos sobres era el propio Fabra y que éstos no portaban ningún distintivo que pudiera identificar su procedencia. Ni membrete de la Diputación, ni destinatario, ni remitente. Los sobres, según dijeron, iban cerrados. Con esa afirmación, sostuvieron que desconocían las cantidades que portaban, aunque no pudieron dejar de admitir que sabían que era dinero.

Según su declaración, llegaban al banco, entregaban el sobre, allí se contaba y les certificaban su entrega con un documento que, tal como dijeron, guardaban pero ni miraban.La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos en las cuentas de Carlos Fabra y de su entonces esposa, María Amparo Fernández.

Hacienda denunció un desfase de 600.000 euros entre el dinero declarado y los movimientos e ingresos en los bancos. De esa cantidad, 300.000 euros eran atribuibles directamente a Fabra (...)

En muchos casos, las cantidades ingresadas en efectivo no superaban los 3.000 euros. En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. Así, los conductores también fueron interrogados por las ocasiones en las que realizaban esta operación y sólo alcanzaron a decir que "bastantes", además de reconocer que incluso realizaban varias en el mismo día." (El País, ed. Galicia, España, 30/01/2010, p. 13)

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Caso Carlos Fabra

"La juez del número 2 de Nules, en el auto firmado el pasado 29 de abril y comunicado ayer a las partes, halla indicios de "un delito de falsedad documental" de Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar y sus ex esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente. Además, cita a otros cinco imputados: Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir (encargados materiales de las falsificaciones), el impresor Manuel Martínez Martí y los cargos de la Administración Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno de Castellón) y Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal en el Ministerio de Agricultura).

El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.

La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.

La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización." (El País, ed. Galicia, España, 12/05/2009, p. 10)

Fabra: "Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado"

""Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años, no lo sé", se pregunta retóricamente Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, en una conversación grabada por miembros de su propio partido poco antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas. La grabación, difundida este martes por la Cadena SER, revela cómo el líder del Partido Popular en Castellón, imputado por fraude fiscal y tráfico de influencias, se jacta de su nepotismo.

"El que gana las elecciones", prosigue Fabra, "coloca a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, consellers, asesores de los consellers...". Y antes de desgranar a cuánta gente ha colocado él mismo en el hospital, el puerto, el instituto de promoción cerámica o la propia Diputación, sentencia: "Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro". (El País, ed. Galicia, España, 25/02/2009, p. 12)

Retrato de una cacique, Carlos Fabra, el de Castellón

"Su vocación política viene de familia. Es el quinto en la línea de sucesión de una dinastía de presidentes de Diputación y alcaldes. Lo fueron, desde Victorino Fabra Gil (que ocupó dicho cargo entre 1874 y 1892) hasta su padre, Carlos. Padre, abuelo, bisabuelo y tío-tatarabuelo, la familia Fabra está emparentada con el poder. La estirpe no se ha interrumpido: su hija Andrea (38 años) consiguió su acta de diputada del Partido Popular en las pasadas elecciones generales como número dos en las listas por Castellón, tras el ex ministro Juan Costa. (...)

Su clientelismo se ha fraguado a lo largo de un sistema de concesión de pequeños favores y de un conocimiento muy preciso del ordenamiento territorial de Castellón, plagado de pequeños municipios donde sólo ocho ciudades superan los 20.000 habitantes (88 pueblos tienen menos de mil). "Su padre, a quien también llamaban Don Carlos, hizo parte del trabajo durante los últimos años del franquismo. Por entonces, era usual que todo pequeño alcalde se desplazara a la capital a pedir un favor de Don Carlos. Era el paso necesario para solucionar pequeños problemas", dice un ex alcalde. (...)

Los pequeños favores han llegado a extremos muy personales, desde un puesto de trabajo (entre sus 35 asesores en la Diputación hay ex alcaldes, primos, hijos, hermanos de cargos de la provincia, sin considerar empleos en sociedades públicas, patronatos y concesiones) hasta una subvención, pasando por un trato exquisito en el Hospital Provincial, dependiente de la Diputación. "Mi madre se encontraba muy enferma y llamé a Don Carlos. Me dijo que no me preocupara y a los dos días estaba ingresada en una habitación para ella sola", cuenta una ciudadana. "Ése es el tipo de favor menor que angustia mucho a la familia y produce una enorme gratitud", explica un político de la oposición.Carlos Fabra se convierte así en el Gran Conseguidor que todo lo puede: el pequeño favor para el modesto ciudadano y la recalificación multimillonaria para el empresario, el puesto de trabajo por un lado y un aeropuerto para Castellón por el otro. (...)

Fabra ha tenido la habilidad de adaptar este sistema clientelar a la política actual para conseguir actuar como un cacique dentro de un sistema democrático de partidos. Ése ha sido su éxito hasta el momento y quizá el origen de su declive. Dotado de don de gentes, de una extraordinaria memoria y de una capacidad de trabajo sobresaliente, ha tejido una red impenetrable en Castellón que no escapa a su dominio y que envuelve al propio Partido Popular. Todos cuantos intentos hicieron tanto Eduardo Zaplana como, actualmente, Francisco Camps para infiltrar gente afín en cargos de la provincia han fracasado, de manera que Fabra se ha convertido en elemento decisivo para inclinar cualquier balanza en la lucha por el poder en la Generalitat valenciana. (...)

Durante 1999 se registran en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 euros cuya procedencia Fabra no pudo justificar ante la Agencia Tributaria, por lo que el organismo presentó contra él una denuncia por delito fiscal. Los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como autorizado. Con la declaración de la renta que presentó a Hacienda en 1999, el erario público le devolvió cerca de 3.000 euros. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 euros como ingresos del ejercicio.

Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. Fabra pagó un total de 131.000 euros como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 euros, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos. Además, la documentación que la policía judicial y los peritos han recopilado en los bancos durante los últimos días desvela la existencia, entre 1999 y 2004, de seis millones de euros sin justificar.

El caso tiene su origen en un asunto donde se mezclan las relaciones personales y el sistema de favores. Diríase que el Gran Conseguidor fue traicionado. Vicente Vilar y su esposa, Monserrat Vives, formaban parte del círculo privado de Fabra. Las respectivas mujeres llegaron a ser socias en la mercantil Artemis 2000. Vilar tenía una empresa de productos fitosanitarios, Naranjax, y le pidió a Fabra que acelerara la concesión de autorizaciones para su distribución a través de sus amistades en los ministerios de Agricultura y Sanidad durante el Gobierno de Aznar. Los documentos que forman parte de la instrucción demuestran cómo no sólo Carlos Fabra, sino más diputados y senadores populares, se interesaron por la situación en la que se encontraban las autorizaciones de Vilar. Presuntamente, Vilar pagó algunas cantidades a Fabra por dichos favores.

El "negocio" se rompió a causa de las desavenencias conyugales de la pareja Vilar. Su mujer le denunció por violación y Fabra la apoyó. La venganza de Vilar se convirtió en una denuncia: llevó documentos al juzgado y contó detalles de las gestiones realizadas. El caso sigue abierto desde entonces y ha colocado a Fabra ante la opinión pública española. (El País, Domingo, 05/10/2008, págs. 2 a 5)

Falsos empresarios, relacionados con Intereconomía, intentan tender una trampa al abogado que acusa a Fabra

"La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía.

La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol." (El País, ed. Galicia, España, 05/11/2008, p. 21)