’Caso mascarillas’: un botín de 2.000 millones en la ley de la selva... La falta de controles entre marzo y mayo de 2020 facilitó el pillaje... intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

 "Estábamos en guerra y se trataba de comprar balas”. Un empresario experto en el comercio con China describe así la situación vivida entre marzo y mayo de 2020. Pero, en esa batalla contra una pandemia que puso al mundo en cuarentena y ha costado ya más de 100.000 vidas en España, determinados intermediarios o comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo a costa de la desesperación y la necesidad de un país.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado este escándalo mediante un ejemplo especialmente indignante, tiene varios casos en investigación y analiza estos días otros 12 contratos de distintos organismos de la Administración central que suman 300 millones de gasto público para decidir si abre diligencias.

Tras año y medio de pesquisas secretas, Anticorrupción destapó y denunció el martes los “injustificados” beneficios logrados por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño: ganaron seis millones de euros tras colocar material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por 11 millones. El destino grosero que ambos dieron al dinero rapiñado —un piso de un millón de euros, un velero, relojes de lujo, coches deportivos— se ha convertido en el símbolo de un escándalo de dimensiones hasta ahora desconocidas.

Las administraciones públicas españolas gastaron entre marzo y mayo de 2020 casi 2.000 millones de euros para comprar de urgencia material imprescindible en China, convertido entonces en un “mercado persa”, según los empresarios consultados por EL PAÍS. “Exigían el pago por adelantado, había una especulación galopante con los precios, todo era volátil en relación con mascarillas, guantes, test de antígenos o equipos de protección individual”, alega uno de ellos.

El gasto de 2.000 millones de euros en apenas tres meses (más de la mitad a cargo de las comunidades autónomas) para la compra masiva de material anticovid se convirtió en un colosal botín de dinero público del que se aprovecharon muchos “pillos”, según la denominación utilizada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo. Pillos que, como Medina y Luceño, se hicieron multimillonarios en unos pocos días a costa de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido el planeta en los últimos 100 años.

Contratación sin reglas. El Gobierno aprobó en marzo de 2020, cuando la covid causaba cientos de muertos al día en España y contagiaba a decenas de miles de personas, un decreto de alarma que liberaba a las administraciones de la mayoría de las normas de contratación. “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”, rezaba el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Se podían adjudicar a dedo contratos de millones de euros, sin necesidad de pedir más de una oferta y sin que la empresa contratada tuviera experiencia en el sector o la solvencia acreditada. Esa excepcional ley de la selva desencadenó la avaricia de determinados intermediarios que hicieron negocios multimillonarios a costa de aquella desgraciada situación.

Un empresario ajeno al sector sanitario, pero que lleva 25 años importando material desde China recuerda cómo aquel negocio, sin normas rígidas que lo regulasen, se llenó de oportunistas: “Cuando vimos la desesperación, decidimos ayudar. La demanda de EPI [equipos de protección individual] venía de empresas privadas y de administraciones. En aquellos días cualquiera que fuera espabilado y que tuviese un contactillo mediaba en estas actividades. Lo podía hacer cualquiera. Algunos eran gente en ERTE que no tenía otra ocupación esos días. Pedían comisión o compraban la mercancía y la revendían. Era muy normal aquellos días”.

En circunstancias normales, aquellos espabilados no habrían podido ni acercarse a las ventanillas de la Administración para ofrecer sus servicios. Pero en los tres primeros meses de pandemia no había filtros ni medidas de seguridad para evitar el saqueo.

 El alcalde de una de las 20 ciudades más pobladas de España cuenta a EL PAÍS: “En mi ciudad no teníamos EPI ni para los policías municipales, los bomberos... ni para los trabajadores sociales que acudían a casa de los mayores... Tuvimos que recurrir a lo que pudimos”. “Pero el problema”, añade, “no reside en que la empresa o intermediario que nos ofrecía material de China careciera de experiencia en el sector sanitario, porque eso no era importante en ese momento, sino que tuviera los contactos necesarios para conseguir el material. El verdadero problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se puede hacer nada”.

Los sucesivos decretos de alarma permitieron durante 422 días, entre el 13 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021, contratar de emergencia. Al menos durante los tres primeros meses, los cargos públicos compraban el material apremiados por una situación trágica e incontrolada. No podían pararse a comparar precios para elegir las mejores ofertas ni podían poner condiciones a las empresas, intermediarios o comisionistas que ofrecían el material.

 El precio era lo de menos; el mismo día, una administración pública podía contratar la compra de mascarillas FPP2 a dos euros y a nueve euros, diferencias abismales que solo se podían justificar por la caótica situación que vivía el mundo y por la falta de escrúpulos o el exceso de avaricia del intermediario que imponía las condiciones de la venta.

Gasto público desenfrenado y descontrolado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana compró a finales de marzo de 2020 cinco millones de mascarillas FPP2 por 12,5 millones, a 2,5 euros por unidad. Este contrato está denunciado ante la Fiscalía por el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. La oposición de izquierdas al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso denunció otro contrato —1,5 millones por 250.000 mascarillas, a seis euros con IVA la unidad— que benefició al hermano de la presidenta, quien cobró al menos 55.000 euros por unos días de gestiones para conseguir el material en China para la empresa Priviet, de su amigo Daniel Alcázar. La Fiscalía Anticorrupción puede conocer por cuánto compraron los intermediarios en China y a cuánto vendieron. La diferencia dará en cada caso la medida del escándalo. En ese mercado sin apenas controles legales, los más escrupulosos cobraron por sus gestiones entre un 5% y un 20%; algunos empresarios perdieron incluso dinero, otros elevaron sus tarifas para ganar hasta el 100% y algunos llegaron hasta el 300%, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el análisis hecho por EL PAÍS tras consultar a decenas de implicados.

Mercado caótico. Ninguna administración ni organismo público se libró de aquel mercado caótico, según comprobó el Tribunal de Cuentas en una investigación aleatoria. El Banco de España pagó 9,44 euros por mascarillas FPP2 al mismo tiempo que la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña conseguía idéntico material por 4,87 euros y RTVE las adquiría todavía por menos, entre 2,08 y 3,03. El Tribunal de Cuentas, en su informe de febrero pasado, señala más desproporciones: “En lo que respecta a la adquisición de mascarillas quirúrgicas, los precios por unidad oscilaron entre los 0,62 euros del proveedor utilizado por la Delegación Especial de Andalucía y los 0,95 euros del contratista de la Delegación Especial de Cataluña, pasando por los 0,77 euros del proveedor de la Delegación de Galicia, con una diferencia de algo más del 50 % entre el contratista más barato y el más caro.

Los guantes higiénicos fueron adquiridos en Cataluña a un precio de 9,80 euros por caja de cien unidades, frente a los 2,42 en la Delegación Especial de Andalucía, esto es, más del cuádruplo en el primer caso en comparación con el segundo. La Delegación Especial de Cataluña llegó a pagar un precio de hasta 14,38 euros por litro de gel hidroalcohólico, en tanto que en los Servicios Centrales el precio fue de 5,15 euros, y en la Delegación Especial de Madrid se pagó 4,60 euros, habiendo tenido lugar todas estas compras entre el 30 de abril y el 18 de mayo de 2020″, explica el informe del órgano fiscalizador. Este gasto público tan desequilibrado no tendrá sanción penal. Las normas de contratación en pandemia perdonaban todas estas anomalías.

El Ayuntamiento de Valladolid logró en abril de 2020 15.000 mascarillas tipo KN95 a 3,35 euros por unidad (IVA incluido), 200 buzos a 15,51 euros cada uno, 200.000 mascarillas quirúrgicas a 0,70 euros la unidad y 10 cajas de guantes (10.000 guantes en total) a 182,62 euros la caja. En el contrato que costó al Ayuntamiento de Madrid casi 11 millones de euros y acabó en los tribunales, el precio de los guantes era 10 veces superior al pagado por el Ayuntamiento de Valladolid en esos días; y las mascarillas KN95, justo el doble.

Las mordidas de los piratas. Nunca nadie ganó tanto dinero en tan poco tiempo vendiendo ese tipo de material a las administraciones públicas. Pero nunca antes se vivió una situación tan excepcional. ¿España es un país de pícaros?

Un empresario que vendió material aquellos días responde: “A mí me parece lícito siempre y cuando no fueran funcionarios los que cobraran esas mordidas. Ten en cuenta que había mucha gente sufriendo. Había intermediarios de buena fe, que eran la mayoría, y pedían un 5%, pero luego había piratas que pedían hasta el 40% y trabajaban para administraciones públicas. Yo rechacé ventas en las que me llegaron a pedir un 30% de comisión. Quería que el material llegara a un precio razonable”.

El jefe de compras de un hospital público madrileño cuenta que en los primeros días (tras la centralización de las compras por parte de la Consejería de Sanidad) se llevó una sorpresa: “Se estaba comprando a empresas que no me sonaban de nada mientras que las habituales del sector sanitario, como Helianthus por ejemplo, se quedaban sin vender. Lo que pasó es que los proveedores ordinarios no tenían dinero en mano así que se compró a empresas poco habituales, empresas que ni siquiera tenían empleados, sin actividad. Cantaba por todos lados. A mí me escandalizó todo. Se buscaban una sociedad para facturar y hacían las compras por ahí”.

 El Tribunal de Cuentas no se atreve a sacar conclusiones porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones. Pero destaca que hubiera sido importante hacer “en su momento, prospecciones del mercado”.

Un gestor público que firmó la compra de material anticovid reflexiona sobre lo ocurrido: “En momentos de crisis, el ser humano es capaz de lo mejor, hubo innumerables ejemplos en pandemia, y de lo peor, gente sin escrúpulos haciendo caja. Hubo quien se dedicó a rapiñar con la muerte de la gente. Y también hubo gente ejemplar”.

Los agujeros negros de una respuesta de emergencia. La respuesta de las administraciones públicas para proteger la salud de la población, contener la expansión del virus y reforzar el sistema de salud pública ha dejado en evidencia fallos considerables en muchos aspectos; desde la gestión puramente sanitaria del problema hasta el control del dinero público empleado en combatir la pandemia.

El enriquecimiento no es delito en pandemia

El Código Penal y la contratación de mascarillas. El decreto de alarma que aprobó el Gobierno para hacer frente a la pandemia introdujo en su artículo 16 la posibilidad de aplicar contratos de emergencia a las compras de material antiCovid. Esa excepcionalidad, justificada por la gravedad de la situación, evita ahora que la Fiscalía Anticorrupción pueda considerar delictivos los precios inflados que muchos intermediarios impusieron a las administraciones públicas para importar material de China.

Imputados por material defectuoso, no por beneficio exagerado. Los primeros imputados en España por un contrato de venta de mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, se pusieron de acuerdo para obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico” y lo consiguieron (seis millones de los 11 que pagó el Ayuntamiento de Madrid por el material), según relata la Fiscalía Anticorrupción en su querella. Pero no están imputados por ese enriquecimiento, sino porque el material entregado fue defectuoso, no correspondía al comprometido, era de una calidad inferior y, por tanto, se produjo una supuesta estafa. Los guantes no tenían las medidas prometidas y la encargada de compras del Ayuntamiento de Madrid llegó a fotografiar el mismo material de un supermercado a 0,08 euros mientras que el entregado por Medina y Luceño costaba dos dólares (1,62 en comisiones).

Blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción también atribuye a Luis Medina y Alberto Luceño un delito de blanqueo de capitales —introducir las ganancias ilícitas en el circuito económico legal— por la compra de un velero, un piso en Pozuelo, numerosos coches y relojes de lujo o la estancia en un hotel de lujo con el dinero obtenido de la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo es confusa respecto a este punto y señala que no se puede atribuir blanqueo de capitales cuando se trata de “autoconsumo”, como pagar viajes o el alquiler de una vivienda con el dinero procedente del delito pues no puede apreciarse el objetivo de ocultar o encubrir bienes. Los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid dedicaron gran parte de sus ganancias a comprar bienes de lujo. Medina adquirió un velero, mientras que Luceño se compró media docena de coches: un Aston Martin DB11, un Ferrari 812 Superfast, un Mercedes AMG GT 63S, un Mercedes SCL 300, un Range Rover Sport, un KTM X BOW y un BMW I8 Roadster.

Tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción recuerda que no había ningún procedimiento reglado para la adquisición de material sanitario en pandemia. Por tanto, explican, es muy difícil acreditar que hubo tráfico de influencias en el hecho de que una empresa para la que trabajaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fuera contratada para conseguir 250.000 mascarillas FPP2. No obstante, quienes participaron en la gestión, tanto la parte contratante como la parte contratada, serán llamados a declarar por Anticorrupción. En la causa abierta por el contrato del Ayuntamiento de Madrid, la Fiscalía relata la participación indirecta de un primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que supuestamente puso en contacto a los comisionistas con el personal municipal encargado de las compras de material. Pero la Fiscalía Anticorrupción ha descartado que en esa gestión pueda haber tráfico de influencias y nadie del Ayuntamiento de Madrid está imputado en la causa abierta en un juzgado de Plaza de Castilla.

Malversación de fondos públicos. La Fiscalía Europea reclama para sí la investigación del contrato de las mascarillas que benefició a una empresa, Priviet, que a su vez pagó al menos 55.000 euros al hermano de Díaz Ayuso. El argumento para reclamar esa competencia es que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para abonar los 1,5 millones de euros por las 250.000 mascarillas que consiguió traer de China el hermano de la presidenta madrileña proceden de fondos europeos. 

Delitos de Corrupción. La Fiscalía, que sigue adelante con su propia investigación, sostiene que el caso solo se puede examinar desde la perspectiva de los delitos de tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios u otros relacionados con la corrupción. Pero en ningún caso se ha producido una malversación de fondos públicos. “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas”, señalan fuentes fiscales, “Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”, añaden estas mismas fuentes."                (José Manuel Romero , Fernando Peinado , El País,  10/04/22)

Impunidad para el mayor caso de corrupción de la historia de Aragón

"Este caso de corrupción está vinculado al gran proyecto logístico y de construcción llevada adelante durante los 12 años del gobierno de coalición PSOE-PAR en la Diputación General de Aragón (DGA), presidida por el socialista Marcelino Iglesias.

La idea era construir un gran espacio logístico de más de 1.300 hectáreas en las cercanías de ciudad de Zaragoza y próximo al Aeropuerto y a la línea del Ave.

El objetivo esgrimido era potenciar la industria en la ciudad y la región, con miras a desarrollar el sector logístico y que la economía aragonesa dejara de ser tan dependiente del sector automovilístico.

Para su construcción, que duró alrededor de 3 años (2003-2006), y gestión posterior se creó la Sociedad pública PLAZA, donde la DGA tenía el 51’52%, el Ayuntamiento de Zaragoza el 12’12% y las dos cajas de ahorros aragonesas de entonces, Ibercaja y Caja Inmaculada un 18’18% cada una.

El resultado fue la creación de un gran emplazamiento industrial y del centro logístico más importante de la región y uno de los más importantes del Estado español. En el mismo están ubicadas grandes empresas como Inditex, Decathlon, Mercadona o Pikolin. Centros donde los trabajadores y trabajadoras sufren unas condiciones de explotación brutales..

La creación de este gran escenario de explotación laboral desde el principio estuvo salpicada de muchas dudas. En 2013, se inició una investigación por malversación. Las investigaciones policiales, que han continuado durante los años siguientes, se han convertido en la mayor investigación y juicio anticorrupción de la región.

El resultado final del mismo, conocido hace 4 días, ha sido la absolución por falta de pruebas de los 3 principales acusados. Estos no habían llegado a un pacto previo con la fiscalía como el resto de los acusados. Se trata del empresario Miguel Ángel Floría, el ex viceconsejero de Obras Públicas de la DGA Carlos Esco, y el constructor al que se le adjudicaron la mayoría de las obras de PLAZA y ex presidente del club de fútbol Real Zaragoza, Agapito Iglesias.

La absolución de los dos últimos es la más significativa ya que se trataba de los “hombres fuertes” y más cercanos al entonces presidente de Aragón Marcelino Iglesias. El primero, Carlos Esco, era quien desde el Ejecutivo autónomo supervisaba directamente la gestión de la empresa pública Plaza y sus movimientos a más alto nivel. 

Además, es el marido de Eva Almunia, que fue secretaria de Estado en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, consejera de Educación bajo el gobierno de Iglesias y candidata a la presidencia del Gobierno aragonés en las autonómicas de mayo de 2011.

El segundo, Agapito Iglesias, fue el “constructor de cabecera” del gobierno autonómico socialista y fue animado por este a comprar el principal club de la región, el Real Zaragoza, al que, tras varios años de nefasta gestión, dejó con una deuda millonaria que estuvo a punto de hacerlo desaparecer.

El resto de los procesados, hasta 25, ya habían llegado a acuerdos previos con la fiscalía que rebajaban sustancialmente las penas de cárcel y las multas económicas que inicialmente se les pedían. El caso más claro es el del principal acusado, Ricardo García Becerril, directivo de la empresa pública Plaza, quien pacto solo dos años y un día de cárcel, cuando en la Fiscalía había pedido para él 23 años de prisión.

Al final, de los 175 años de prisión que sumaban las peticiones de condena formuladas en su momento por la Fiscalía, el caso ha quedado reducido a condenas por un total de 17 años, y con la absolución de tres de los principales acusados. En resumen, el mayor caso de corrupción de la región, se cierra con ningún ingreso en prisión, y con la mayoría del dinero “robado” sin ser devuelto a las arcas públicas.

Otros graves casos de corrupción o despilfarro en Aragón

Por desgracia el caso PLAZA, no es el único caso de estas características ocurrido en la región. En la localidad Zaragozana de La Muela, el ayuntamiento dirigido por la alcaldesa del PAR, Marcia Victoria Pinilla, desvío a ella y a sus familiares, amigos y empresarios cercanos, más de 8,5 millones de euros provenientes de la instalación de los Molinos de Viento para la generación de Energía eólica.

En la ciudad de Zaragoza, la Exposición Internacional del Agua de 2008., dejó en las arcas municipales un agujero de 350 millones de euros, un tercio de la deuda toral del consistorio zaragozano. Esto hace que el pasado 2018 Zaragoza repitiera como la gran ciudad con más deuda por habitante, alrededor de 2000 euros por persona. (...)"                (Jorge Calderón, Izquierda Diario, 15/05/19)

El blanqueador uruguayo de Zaplana ingresa 5,7 millones del botín en el juzgado para cerrar su acuerdo de confesión

"El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. 

La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España. 

Así, y según se selló en el acuerdo de confesión de Fernando Washington Belhot para evitar ser acusado en esta causa, el testaferro y blanqueador confeso ha ingresado 5,7 millones de euros desde Suiza en la cuenta corriente habilitada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, según han confirmado fuentes de Anticorrupción. Posiblemente, uno de los decomisos de dinero en metálico defraudado por corrupción más importante de la historia de España. 

Belhot debe ingresar en las próximas semanas otros 900.000 dólares americanos (805.000 euros) en la misma cuenta y también con origen en una de las cuentas que la trama tenía en Suiza. En España, la juez y el fiscal han conseguido también recuperar otros 200.000 euros que el blanqueador internacional tenía en una cuenta de un banco español. 

A estos casi 7 millones recuperados en metálico habría que sumar otros 2,3 que también se han embargado en España fruto del decomiso del dinero que el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, repatrió a través de la amnistía fiscal que impulsó el exministro del PP Cristóbal Montoro. En este caso, hay dinero en metálico, pero también inversiones. 

Por último y para asegurar el decomiso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tiene embargados todos los inmuebles de la inmobiliaria Gesdesarrollos Integrales SL. Hay bienes en Altea, Benidorm y otras localidades de la costa que tienen un valor superior a los dos millones de euros y que también estarían asegurados por la justicia. 

La estrategia seguida por la juez y el fiscal Anticorrupción de llegar a un acuerdo con el testaferro y no acusarlo ha sido fundamental no solo ante el posible juicio, sino para recuperar el dinero. De hecho, en caso de haber embargado las cuentas de Suiza, el dinero habría quedado bloqueado en la Confederación Helvética y difícilmente hubiera podido volver a España.

 De esta manera, ha sido el administrador de la cuenta, el propio Belhot, el que voluntariamente ha devuelto el dinero que presuntamente correspondería al cobro de comisiones."                  (Luca Marco Sergi Pitarch, eldiario.es, 20/05/19)

Los políticos actuales se han incorporado a la actividad partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. De ahí que muchos los hayan falsificado, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta

"(...) El problema viene de muy lejos, pero se ha podrido más y más según han ido pasando los años. Un célebre administrativista afirmaba que la única institución democrática que se mantuvo durante el franquismo había sido el sistema de oposiciones establecido para acceder a la Administración pública. Creo que en gran medida tenía razón, pero de esa aseveración habría que excluir con toda seguridad a la universidad. 

La concesión de cátedras, adjuntías y demás puestos docentes seguía sus propios procedimientos, que en la mayoría de los casos poco tenían que ver con el mérito y la capacidad, sino más bien con la predisposición a llevar la cartera del jefe del departamento y seguir fielmente sus instrucciones.

Eran muchos los que al terminar la carrera permanecían de PNN, profesores no numerarios (algo así como los profesores colaboradores de ahora, contratados sin la condición de funcionarios); la mayoría de ellos, sin embargo, en seguida continuaban su carrera por otros derroteros o bien pasaban al sector privado o se presentaban a oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración. 

Solo unos pocos, quizás los peor preparados, incapaces de abrirse camino en otras instancias, permanecían y aceptaban esa especie de meritocracia impuesta por el cátedro de turno.  (...)

Pero era en las filas del PSOE de aquel año 82 donde abundaban los PNN, o al menos escaseaban los catedráticos, de tal modo que para ocupar la Secretaría de Estado de Universidades, tuvieron que recurrir a Carmina Virgili, seguramente la única catedrática disponible, persona entrañable pero sin demasiado interés por la gestión pública. En aquel entonces los socialistas llegaron al poder con cierto complejo y respeto y no les parecía correcto colocar en este cargo a alguien que no fuese catedrático.  (...)

Para ser político no se exige ningún título. Lo que, no obstante, sí resulta cuando menos extraño es la celeridad con la que cantidad de altos cargos adquirieron rápidamente a partir de entonces la condición de catedráticos. Cualquiera que haya ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración sabe que no sobra demasiado tiempo para elaborar tesis doctorales o para hacer oposiciones.

 Por supuesto que estas facilidades no afectaron exclusivamente a los militantes del PSOE, pudieron beneficiar también a políticos de otros partidos e incluso a no políticos, pero que poseían cierta preeminencia social. Quizás parte de la explicación se encuentre en la evolución que a lo largo del tiempo ha ido sufriendo la universidad, agudizando los defectos de partida.

La competencia en materia universitaria pasó a las Comunidades Autónomas y todas ellas se dedicaron a multiplicar -a mi entender más de lo conveniente- las facultades, las universidades y en consecuencia los puestos docentes y las cátedras. No es de extrañar que el acceso a estas se fuese deteriorando aún más y, en consecuencia, la calidad de los títulos y de los profesores.

 Es chocante, sin embargo, la consideración que los medios de comunicación social continúan otorgando hoy en día a los catedráticos. A menudo son requeridos en las tertulias o en otros foros como auténticos oráculos, cuando lo cierto es que con frecuencia tanto sus opiniones como su preparación son muy discutibles y dejan mucho que desear.

Es posible que no se considere políticamente correcto afirmarlo, pero los hechos hablan por sí mismos. Hay una cierta correlación entre autonomía y corrupción, corrupción que no tiene por qué referirse exclusivamente al tema económico. A medida que se incrementa la emancipación de cualquier entidad se suelen debilitar los controles e incrementar las posibilidades de fraude. 

En la universidad, a la autonomía territorial se le ha añadido la autonomía universitaria, autonomía al cuadrado. Es más, últimamente se ha acumulado también la autonomía departamental, con lo que se ha generado una auténtica endogamia en la que cada departamento universitario campa por sus respetos sin apenas controles externos.

Los másteres han crecido como las setas sin orden ni concierto. Su proliferación ha tenido sin duda graves consecuencias, comenzando por que se ha creado un escenario heterogéneo y anárquico en el que resulta difícil distinguir el grano de la paja. Se han convertido a menudo en un simple negocio para el estamento universitario, donde el aspecto lucrativo prima sobre cualquier otra consideración. 

La calidad y las exigencias se reducen si de esta forma se consiguen más alumnos o se puede elevar el precio. No tiene por tanto nada de insólito que en ocasiones se hayan puesto a la venta los títulos, bien directamente por dinero o bien por compensaciones más sibilinas, ciertas o esperadas. Y ahí intervienen los políticos.

El problema de los másteres se ha agravado con la introducción de la normativa europea que los considera condición necesaria para la habilitación profesional. Se complica más si cabe el caos existente, contradice el principio de la gratuidad e introduce elementos privatizadores en la enseñanza universitaria. 

La aprobación de las universidades privadas ya había roto la igualdad de oportunidades, permitiendo que aquellos estudiantes con recursos pudiesen elegir la carrera que prefiriesen, mientras que el resto tuviera que conformarse con las que le permitían sus notas de acuerdo con los cupos existentes en cada una de las facultades. 

Es más, no parece demasiado arriesgado pensar que el principio de lucro conduce a que el grado de exigencia de las universidades privadas sea inferior, salvo excepciones, al de las públicas. Bien es verdad que la proliferación de los másteres y los intereses económicos generados por ellos pueden estar terminando por igualar todas las enseñanzas, pero a la baja.

El deterioro de la enseñanza universitaria ha ido en paralelo con el menoscabo de la actividad política. He insinuado a menudo que en la política se estaba cumpliendo perfectamente la ley que Gresham aplicaba a las monedas, la mala desplaza a la buena. No es ningún secreto que la mayoría de los políticos actuales se han incorporado a la actividad pública o partidaria desde muy jóvenes y no han tenido tiempo de construir un currículo del que ufanarse. 

De ahí que muchos han podido caer en la tentación de falsificarlos o al menos mixtificarlos, bien inventándose los títulos, bien empleando su influencia para conseguirlos de manera fraudulenta, bien utilizando a otros para que les escriban los trabajos y las tesis. El caos generado con los másteres y el deterioro de la universidad lo propicia.

Habrá que preguntarse si no es hora ya de poner coto a esa idea tan romántica de la autonomía universitaria, que en la práctica se concreta en una endogamia extremadamente peligrosa tanto para el alumnado como para los docentes y para la sociedad.

 ¿Acaso no ha llegado el momento de que desde el Gobierno central se establezcan los controles necesarios que garanticen el rigor y una cierta homogeneidad en los estudios, en los títulos, en el acceso y actividad de los profesores, y también, por qué no, en las finanzas, que tampoco viene mal? 

Algún día habrá que escribir acerca del papel que ciertas instituciones financieras como el Santander o La Caixa han jugado en las universidades y mediante ellas en la ideología y en la política, pero eso lo haremos otro día."                  (Juan Francisco Martín Seco, República.com, 03/05/18)

El juez que fue visto de cañas con miembros del PP seguirá al frente de la investigación al expresidente de Murcia

"El juez Julián Pérez Templado, que instruye el caso Auditorio en el que está imputado el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, y que fue visto de cañas con cargos del PP en la región murciana, podrá seguir al frente de la causa después de que se haya rechazado la recusación por supuesta pérdida de imparcialidad.

El instructor del incidente, el magistrado Rubén Jiménez, señala en un auto que no hay base para la recusación y rechaza el incidente, al que se adhirió Podemos, y todas las alegaciones del letrado de Antonio López, exedil de la localidad de la que era alcalde en la época de los hechos que se juzgan el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.

Sobre el argumento de que determinados párrafos de resoluciones dictadas por Pérez-Templado suponían su pérdida de imparcialidad, Jiménez señala que no existe prueba de ello.

En cuanto a la fotografía de las cañas, en la que Pérez Templado aparece junto a un vocal de la junta directiva del PP murciano, Jiménez señala que "su utilización para promover el incidente de recusación es oportunista e interesada, pues no se indagan las causas de tal relación".

Y añade que esta "puede obedecer a muchas otras, distintas, como la existencia de una amistad previa o el simple hecho de que los que aparecen en la foto son, desde hace muchos años, clientes habituales que acuden a diario" al bar en cuya terraza se encontraban.

"En modo alguno -comenta- cabe admitir que el hecho de estar en un lugar público consumiendo una bebida con otras personas, entre las cuales se encuentra una que tiene vínculos con el partido político al que pertenece uno de los denunciados-querellados, pueda cuestionar la imagen de imparcialidad del magistrado instructor".

El auto señala finalmente que no cabe recurso y que las costas generadas por este incidente deberán ser abonadas a partes iguales por los recusantes.

Pedro Antonio Sánchez está siendo investigado en este caso por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos, los de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de dicha localidad. (...)"          (eldiario.es, 10/04/17)

La Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para el ‘número dos’ de la Sanidad vasca y el director de Bizkaia por el desvío de 6,8 millones

"La Fiscalía de Bizkaia, una vez concluida una larga investigación judicial, ha constatado que dos altos cargos del Departamento de Sanidad cuando el consejero era Gabriel Inclán y el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en concreto el ‘número dos’, Rafael Cerdán, y el director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, y que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández.

El quebranto económico para el Gobierno vasco se estima en 6,8 millones de euros y el ministerio fiscal, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, ha solicitado este lunes penas de hasta once años de prisión, además de la restitución de todo el dinero público desviado, al entender que los hechos son constitutivos de delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”.

Fue el pasado mes de marzo cuando la juez instructora de este procedimiento, conocido como ‘caso Margüello’, puso fin a la investigación, propiciada en 2009 cuando el socialista Rafael Bengoa relevó al frente de Sanidad al nacionalista Gabriel Inclán. Ahora la Fiscalía de Bizkaia, comandada por Carmen Adán, ha dado el paso de presentar su escrito de acusación contra los cuatro imputados, Cerdán, Elorriaga, Fernández y el propio Margüello, de cara a la próximo celebración de un juicio.

El documento reseña que éste era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No obstante, en ellas figuraba como administradora Fernández.

 “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.

Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. 

Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.

Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.

"Favorecimiento" a Margüello

El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu.

El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.

La Fiscalía concluye: “Con la comisión por los acusados de los hechos narrados se produjo un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos. 

Todo ello con lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y con un perjuicio económico por un importe total que asciende a 6,8 millones de euros derivado de las adjudicaciones señaladas y contratos celebrados, bien por su innecesariedad bien por el aumento de las cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados”.

Se da la circunstancia de que en 2011 otro juzgado de Bilbao archivó una causa paralela abierta sólo contra Elorriaga por prevaricación en la autorización como contratista de Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Según el juez que analizó ese asunto, " no puede asegurarse que la autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la legalidad por omisión de trámites esenciales del procedimiento o por el contenido sustancial de la autorización". El PNV argumentó entonces que "la exculpación de Elorriaga desmonta el argumento sobre la existencia del trama Margüello", extremo que viene a contradecir la Fiscalía."         (eldiario.es, 12/12/16)

El negocio de los centros de acogida de menores autonómicos... se intuye qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre pobre

"El caso de María José Abeng, a la que arrebataron su hijo recién nacido cuando tenía 14 años y lo entregaron a una familia de adopción, para ser devuelto a su madre biológica cuatro años después, ha ocupado las páginas y las pantallas de los periódicos y los programas, como si se tratase de una novedad escandalosa. Y efectivamente es escandalosa, pero no es novedad.

Es escandaloso que una adolescente como María José, confiada a la tutela del Principado de Asturias, en un Centro de Menores, fuera violada y embarazada sin consecuencia alguna para los responsables de su cuidado y protección. Es escandaloso que, como cuenta ella: “No me quitaron a mi hijo por tener mala vida. Me lo arrebataron”. 

María José replicaba así a los que la consideran una mujer de vida desordenada: “No soy alcohólica ni drogadicta ni tan siquiera fumo. No me maltratan ni me han maltratado. No me quitaron a mi hijo por llevar mala vida, sino porque yo era una niña custodiada que vivía en un centro de acogida”. 

Desde el momento que se conoció el embarazo, el centro de custodia decidió que tenía que dar el niño en adopción. Como afirma la sentencia de la Audiencia de Oviedo “la Administración desde el mismo día del parto, decidió separar a la madre del recién nacido, sin que conste que se barajaran otras opciones”.

El drama en que están insertos la madre biológica, los padres adoptivos y sobre todo el niño, es consecuencia de la infame política de cuidados, adopciones y retirada de tutelas que están realizando las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas, a lo largo y lo ancho de España, sin que ni los gobiernos, ni los juzgados, ni los profesionales de la psicología y el trabajo social, ni los medios de comunicación se opongan.

En este perverso sistema de otorgar a las Consejerías de Bienestar Social y Familia –que más deberían llamarse de Malestar Social y desestructuración de Familias- la competencia exclusiva para determinar qué madres –y siempre madres- son aptas para ocuparse de sus hijos, se ha creado un universo cerrado de mujeres damnificadas por las resoluciones arbitrarias -¿quizá corruptas?- que adoptan los servicios sociales. 

Con la inestimable ayuda de los llamados gabinetes psicosociales, que no son otra cosa que empresas privadas, surgidas no se sabe donde, en las que trabajan personajes sin cualificación profesional ni siquiera sentido humanitario. 

Y que, increíblemente, son quienes deciden qué niños se quedan con su madre, cuáles se declaran en situación de abandono, cuáles han de ir a parar a los orfelinatos de la Comunidad, y cuáles se van a entregar a nuevas familias en acogida o en adopción. Como si en nuestra sociedad no existiera un Código Civil y un sistema judicial que debe decidir y amparar la vida de todas las personas implicadas.

Lo más grave es que esos espúreos gabinetes psicosociales son los que “asesoran”  a los jueces, y parece mentira que el colectivo de magistrados y el Poder Judicial acepten que esas personas sean quienes en definitiva deciden de la vida y la suerte de miles de madres y de niños.

En el último año y medio, La Audiencia de Madrid ha dictado 4.000 sentencias de custodia de niños, con la intervención de los Gabinetes Psicosociales.

Diversos colectivos de madres, abuelos, abuelas y de adolescentes internados en Centros de Menores, vienen denunciando retrasos en los trámites de gestión de las separaciones, retraso que introduce mayor inseguridad a situaciones, ya de por sí traumáticas, en la infancia y adolescencia. Hay familias afectadas que tienen casos de conflictos no resueltos, desde hace más de 10 años, en diversos juzgados de toda España. 

Muchas de esas familias, en su recorrido por tribunales y despachos, han perdido sus modos de vida y en algunos casos su propia salud, mientras sus hijos viven en centros de acogida o son dados en adopción, muchas veces en contra del criterio de los progenitores y de las niñas y niños.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 4.000 familias cuya salud y felicidad depende de los informes de supuestos psicólogos y trabajadores sociales. Para atender las visitas de los menores a sus madres o padres biológicos, únicamente hay tres PEF, es decir: “Puntos de Encuentro Familiar”.

Hace siete años, en 2009, el periodista Jaime Barriento avisó de las consecuencias que tenían para los jóvenes ciertas malas prácticas de determinadas empresas que operaban en el campo de los centros de menores.http://www.interviu.es/reportajes/articulos/chicos-malos- grandes-negocios.

De la cumplida información que da el periodista extraigo lo que sigue:

“La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante”. (…)

“Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras. 

En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. (…) 

De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones”.(…)

            “La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. 

Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”.

Este terrible informe debería haber provocado una interpelación parlamentaria, una actuación inmediata de la Inspección de Menores y de los jueces implicados. Pero en este corrupto país, ninguna de las instituciones ni cargos públicos más importantes se dieron por concernidos. Ni la Administración, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, estimaron que había que investigar la denuncia que suponía aquella información.

 Pero mientras tanto, miles de madres están sufriendo la separación de sus hijos, los niños son tratados como maletas que se trasportan de una familia a otra, otros desaparecen en el misterioso archivo de los expedientes de las custodias y las adopciones.

 En los juzgados las causas se prolongan durante años. A dicha demora, hay que añadir que los informes redactados por los gabinetes psicosociales, son casi siempre parciales y sin un protocolo oficial que se ciña a las circunstancias concretas de cada familia.

Como es evidente, aquellas madres que no tienen recursos no pueden disponer de defensas jurídicas preparadas, no saben cuales son los derechos que deben esgrimir. Las madres menores, solteras, pobres, abandonadas por el padre, en paro, son las víctimas propiciatorias de la insaciable codicia de esas empresas que se ha permitido que dispongan del destino de miles de niños, como si se tratara de mercancías. 

Y no se sabe, pero se intuye, qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre adolescente, ignorante, sola y pobre, y además negra, como era María José Abeng."                    (Lidia Falcón, Público, 17/09/16)

Púnica cobró mordidas de cinco millones en 10 Ayuntamientos, y en la Comunidad de Madrid, y en...

"Los abogados de los 92 imputados en el caso Púnica, entre ellos dos exconsejeros y dos ex directores generales del Gobierno de Madrid; un expresidente de la Diputación de León; siete exalcaldes; dos directivos de la multinacional GDF-Cofely y el consejero delegado de Indra, pudieron conocer este viernes los detalles de una investigación judicial que se ha mantenido en secreto durante los últimos nueve meses.

El sumario del caso Púnica descubre una compleja red de negocios variopintos pagados con dinero público y basados en el tráfico de influencias, el cohecho, la prevaricación y la malversación de fondos, según interpretan tanto el juez instructor, Eloy Velasco; como la Fiscalía Anticorrupción que ha impulsado esta causa.

El fraude fiscal de los cerebros de la trama. Francisco Granados, que llegó a ser secretario general del PP-Madrid y uno de los consejeros con más poder del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2003 y 2011, ocultaba en un banco suizo junto con su amigo David Marjaliza elevadas cantidades de dinero. 

Entre 2000 y 2012, ambos entregaron dinero en efectivo a distintas personas en España y éstas, a su vez, les ingresaron fondos en sus cuentas de Suiza por valor de 5.025.000 euros, según la investigación judicial. Granados y Marjaliza nunca declararon a Hacienda sus ahorros en Suiza.

El constructor Marjaliza, con numerosos negocios irregulares en Valdemoro (Madrid), ingresó cerca de 10 millones de euros por un sistema opaco basado en facturas ficticias, según el juez.

Granados, por su parte, logró un pelotazo inmobiliario cuando Marjaliza le compró por 1,4 millones, previamente recalificadas, cuatro fincas de su propiedad con un valor original de 170.000 euros.

El plan criminal de Cofely. La empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, corrompió a numerosos alcaldes y concejales de municipios madrileños, la mayoría del Partido Popular, para lograr contratos multimillonarios de instalación y mantenimiento de sistemas de eficiencia energética, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Eloy Velasco.

"El plan criminal de la empresa", acusa Anticorrupción, "va más allá construyendo los circuitos de pagos de comisiones. No son los márgenes comerciales de Cofely de donde van a partir esos pagos sino que se están planificando delitos de malversación para perjudicar a haciendas locales con un quebranto económico añadido".

La Fiscalía aporta un cuadro de las mordidas en al menos siete municipios de la Comunidad de Madrid, fijadas entre el 2% y el 3% anual del monto de la adjudicación a pagar en 15 años.

Los políticos implicados en el amaño de contratos cobrarían por este sistema 5,25 millones hasta 2029 (los contratos se adjudicaron entre 2012 y 2014).

Financiación ilegal del PP valenciano. La Guardia Civil apunta en uno de sus informes que Alejandro de Pedro, empresario especializado en vender a dirigentes políticos servicios de reputación en internet, y el constructor Marjaliza se pusieron de acuerdo para lograr contratos a dedo de la administración autónoma valenciana a cambio de financiar la campaña electoral del PP. La Guardia Civil extrae esa conclusión de una conversación grabada entre ambos.

Alejandro de Pedro. Tengo una idea. A ver. Ayer estuve con Zaplana.

Marjaliza. Aja.

Alejandro de Pedro. Vale, y yo voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene; si no pasa nada, vale, entonces, ehhh, una de las ideas que se me han ocurrido es que como a él ahora me va a pedir un tema de campaña...

Marjaliza. Ya me lo contaste. La hablamos pero no por teléfono, que es mejor. Lo hablamos vis a vis.

Otras conversaciones, a las que alude la Guardia Civil en su informe, complementan la mantenida por De Pedro y Marjaliza para apuntalar la idea de que ambos planeaban obtener contratos de la Comunidad Valenciana a cambio de financiar la campaña electoral del PP.

La confesión de las corruptelas en el Gobierno de Madrid. La investigación judicial sostiene que el Ejecutivo de Ignacio González en la Comunidad de Madrid contrataba servicios de reputación en Internet que le prestaba el empresario Alejandro de Pedro para mejorar la imagen del presidente González y de los consejeros más afectados por informaciones negativas. Para financiar estos servicios, el Ejecutivo autonómico recurrió, al menos en una ocasión a la empresa Indra, a la que había adjudicado numerosos contratos.

José Martínez de Nicolás, director general de la empresa autonómica ICM, fue testigo de estas prácticas y así lo confesó al juez: "A mediados de junio o primeros de julio [de 2014], Salvador Victoria me encarga que diga a Indra que pague 10.000 euros a Alejandro de Pedro, 20.000 a Miguel Ángel de la Fuente y 90.000 a un señor llamado Juanjo.

 De Alejandro de Pedro tenía referencias de tiempo atrás y sabía que se dedicaba a tareas de posicionamiento en la web; pero de los otros dos no tengo conocimiento alguno, no los conozco ni sé cuáles son sus actividades. El encargo me lo hace Salvador Victoria verbalmente en su despacho de la Consejería".

Martínez de Nicolás llega a contarle al juez que escuchó una conversación de Victoria referida a Indra: "Si ayudan, bien; pero que si no, lo digan y no pasa nada; nos ayudamos o no nos ayudamos".

El instructor del caso Púnica mantiene imputados por estos hechos al exconsejero de Presidencia, Salvador Victoria, y a la exconsejera de Educación, Lucía Figar. Las empresas de De Pedro trabajaron para mejorar la imagen de ambos políticos a cambio de contratos públicos adjudicados sin concurso.

"Ignacio González nos debe dos años de trabajo: 140.000 euros"

Adrián de Pedro es el hermano de Alejandro de Pedro, empresario de Eico y Madiva, las dos firmas especializadas en mejorar la imagen de los políticos en Internet a base de inundar de noticias positivas diarios digitales creados por ellos mismos. 

Alejandro de Pedro es considerado por la investigación del caso Púnica un gran conseguidor en Administraciones públicas. Adrián de Pedro, que trabajaba en las empresas de su hermano, declaró como testigo y acusó a los políticos:

Las deudas del presidente. "Nos deben trabajos sobre Ignacio González por parte de Eico y Madiva. Se ha trabajado durante dos años, y esos trabajos en ningún caso se han abonado. La situación económica precaria de Eico y Madiva se debe precisamente a los trabajos no abonados sobre Ignacio González. Nos deben unos 140.000 euros".

Planes para trabajar con Ana Botella. "También hubo planteamientos de realizar trabajos en las mismas circunstancias sobre la persona de Ana Botella, hecho por el que yo no pasaba pues presumía que iba a pasar lo mismo que con Ignacio González, que no se nos iba a pagar y no podíamos asumir otro roto. En este caso, sí estuve presente en una reunión sobre el asunto, con Eduardo Zaplana y mi hermano Alejandro. Y finalmente acordamos no hacerlo".

Facturas ficticias, paga el Canal de Isabel II. "Ahora se nos está pagando algo a través de alguna factura que controla una trabajadora de Alejandro que se llama Lupe. La facturación ficticia que se está pagando a Madiva y a Eico se hace a través del Canal de Isabel II. Y otros medios de pago yo los desconozco".

Compra de fans en Facebook y Twitter para Ignacio González. "Las horas de trabajo sobre Ignacio González se encuentran en la carpeta de imputaciones, localizada en el servidor de la empresa Madiva Eico. Respecto al trabajo físico que hacíamos, es Isabel Gallego [exdirector de medios de la Comunidad de Madrid] la persona que envía a los periodistas de Madiva y Eico información sobre los actos de Ignacio González y luego se traslada a los diferentes diarios digitales de la Comunidad de Madrid por personal de esta empresa. 

Otra de las cosas que se hacen son la reputación en Google para que salgan noticias positivas. Posiblemente también se le han comprado fans a través de Facebook y Twitter. En este caso, lo haría mi hermano".                    ( José Manuel Romero  , El País, Madrid 27 JUL 2015)

La 'Púnica' salpica a Aznar, a Cifuentes, a Fabra, a ministros... y al primo de Rajoy

"Los tentáculos de la trama 'Púnica' han llegado lejos. El sumario judicial del caso no solo revela cómo funcionaba la trama, liderada por el exsenador y exconsejero madrileño Francisco Granados y su amigo el empresario David Marjaliza, sino que también deja entrever las estrechas relaciones que los principales implicados habían establecido con el poder político a todos los niveles, incluido el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Gobierno Valenciano, diputaciones y un sinfín de Ayuntamientos. Hasta el expresidente Aznar y miembros de Ciudadanos aparecen en el sumario. 

La investigación sigue su curso y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Guardia Civil tendrán que dirimir ahora el grado de implicación de unos y otros. De momento hay 92 imputados, y como refleja el juez Velasco en uno de los autos, el caso puede crecer aún más porque a Granados le rendían "pleitesía" políticos y funcionarios.

La Comunidad de Madrid: consejeros y diputados

En sus declaraciones ante el juez, el empresario David Marjaliza, el 'cerebro' de la trama, que llegó a acumular un patrimonio de 33 millones de euros, implicó a consejeros del nuevo equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes y a diputados autonómicos. Según publicó El Español, Marjaliza dio el nombre de Jaime González Taboada, ex director general de Cooperación con la Administración Local, número 3 de la lista de Cifuentes en las elecciones del pasado junio y nuevo consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Y también el de Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y diputado autonómico.

Ambos ya han anunciado acciones legales contra Marjaliza por injurias y calumnias. Cristina Cifuentes ha mostrado todo su apoyo a Taboada. Marjaliza implicó a González Taboada en un supuesto "reparto" de las obras financiadas por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del plan Prisma, un plan planificado por Taboada como director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, como consejero de Presidencia, ostentaba la presidencia de Arpegio. 

Sobre Bartolomé González, Marjaliza le acusa de haber cobrado 60.000 euros de la empresa Cofely por el contrato que esta sociedad de eficiencia energética se llevó en el municipio alcalaíno. La secretaria de Marjaliza, también imputada, ha ratificado las declaraciones del que fuera su jefe.

En el caso ya están imputados dos exconsejeros madrileños: Salvador Victoria y Lucía Figar. Las grabaciones intervenidas comprometen mucho a Victoria, ex número dos de Ignacio González en la Comunidad de Madrid. A Victoria se le investiga por pagar a un empresario de la 'Púnica' con dinero público a cambio de trabajos de reputación en Internet. 

En su comparecencia ante Eloy Velasco, Marjaliza también implicó a la exconcejal del PSOE de Valdemoro y actual diputada autonómica por Ciudadanos Eva Borox y a su marido, Raúl del Olmo, también integrado en el partido de Albert Rivera. Eva Borox fue expulsada del PSOE. ¿Financiación ilegal del PP valenciano?

Los investigadores sospechan que empresarios relacionados con la trama estaban dispuestos a financiar ilegalmente la campaña del PP valenciano en las elecciones de mayo. La Guardia Civil detectó dos conversaciones de Marjaliza que apuntaban a que pretendía entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche. 

Otro de los empresarios imputados, Alejandro de Pedro, comenta con Marjaliza que se ha reunido con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro del PP, y que tiene previsto hacerlo con el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña". Zaplaza intervino para que la trama consiguiera un contrato en Elche. 

 El presidente del PP valenciano, Alberto Fabra, que dejará el cargo en unos días, ha defendido que las cuentas del partido desde que asumió el cargo son "absolutamente transparentes". "Nos hemos ajustado a lo que legalmente nos podíamos gastar en campaña", ha dicho el dirigente, que ha agregado que "ahí está la fiscalización de todas las cuentas". Contratos con Génova.

Contratos con Génova

 Aunque el contrato no es muy elevado, un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario refleja que el PP nacional también contrató con una de las principales empresas de la trama: Eico Online, del empresario imputado Alejandro de Pedro. Según adelantó El Confidencial, Génova pagó 4.840 euros por lo servicios de reputación en Internet y redes sociales que ofrecía esta empresa. Los mismos servicios que han provocado las imputaciones de los exconsejeros madrileños Salvador Victoria y Lucía Figar.

Las maniobras de Aznar para que no le salpique el caso.

En otra de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, se evidencia cómo el expresidente del Gobierno José María Aznar también habría intervenido para apartar de su entorno a una de las personas investigadas ante la sospecha de que estuviera implicada en actividades irregulares. En un pinchazo telefónico realizado en junio de 2014, Granados recibe una llamada de María Victoria Cristóbal Araujo, antigua asesora del propio exconsejero, concejala en Majadahonda y entonces en la Fundación FAES, que dirige Aznar.

Según la transcripción, María Victoria le comenta a Granados que "Aznar le ha pedido a Lasquetty [entonces consejero madrileño] que le diga a Pablo [probablemente Casado, entonces a las órdenes de Aznar en FAES] que retire a Viki [Cristóbal] de la fundación, que está un escándalo muy gordo de ella por salir y que le pedía de forma encarecida que la apartase de todos los proyectos y de toda la historia". 

María Victoria le cuenta a Granados que Aznar conoce toda la historia, "lo del piso, lo del coche, todo", y que se los había regalado él. En su momento se publicó que María Victoria había encargado el espionaje a Ignacio González por parte de la agencia Método 3 (presuntamente pagado por Marjaliza).

Por todo esto, Aznar quería apartarla de la fundación y se lamentaba de que quisiera "joderle la vida" y ponerle una "cruz" porque "había matado a Manolete". Granados se muestra indignado por el hecho de que se vaya diciendo que él la había regalado un piso y un coche. "Manda huevos que le diga que yo te he regalado el piso.

 Es que me parece la polla", se queja. En una nueva conservación, María Victoria se defiende y asegura que va a enseñar a un tal "Pablo" [seguramente Casado] las escrituras de la casa para demostrar su inocencia, y que intentará buscar nuevo empleo en un proyecto con la embajada de Rusia. 

Granados le contesta que había pensado en hablar con "Esperanza" para "amenazarla" y contarle todo, pero que tampoco quiere "requemar el asunto" pese a que está "hasta los cojones" porque es posible que sólo la perjudique a ella. En su defensa, María Victoria le informa de que ha pensado ir a un notario y contar "lo de los espías", en referencia al caso de espionaje en la Comunidad de Madrid.

Petición de favores al ministro De Guindos

Meses antes de ser detenido, Granados llamó al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para interesarse por la privatización del organismo público Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). En julio de 2014 Granados trabajaba en el banco Société Générale, y se puso en contacto con De Guindos para preguntarle "quién llevaba en su ministerio lo de la privatización de AENA". 

Se suceden algunas llamadas sobre este tema e incluso Granados asegura que cenará con el ministro, con el que ha hablado de varios temas, entre ellos la venta de Bankia, que según parece interesa a Granados incluso para comprarla (tiene que hablarlo antes con Donato González, cabeza visible de Société General en España).

Mejorar la imagen de Ana Botella

 El nombre de la exalcaldesa de Madrid y esposa de Aznar también aparece en el sumario. El empresario imputado Alejandro De Pedro realizó "trabajos de reputación" en redes sociales para Ana Botella, un trabajo que logró gracias a la mediación del exministro Eduardo Zaplana y del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).

 Así consta en un informe de la Guardia Civil, que asegura que la empresa Madiva, propiedad de De Pedro, también se encargó de "la creación de diarios digitales" en Madrid para favorecer la reputación de políticos madrileños.

El informe considera "constatado" que De Pedro realizaba "trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor" que se sufragaba por "procedimientos irregulares". 

Entre ellos se citan "el pago directo o la facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la Administración", la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en "contratos públicos previstos para otro propósito" o el beneficio directo a De Pedro en "ulteriores procedimientos de contratación pública".

El concreto, De Pedro realizó trabajos para la Comunidad de Madrid, las Diputaciones de León y Alicante y los ayuntamientos de Valencia, Castellón de la Plana, Majadahonda y Coslada (Madrid), Gandía (Valencia), Denia, Benissa y Villajoyosa (Alicante), y Cartagena (Murcia). Los tentáculos municipales

Los tentáculos municipales 

Los investigadores están analizando ingente documentación de tres de las principales empresas de la trama: Cofely (eficiencia energética), Waiter Music (eventos musicales y festivos) y Eico (reputación online). Y sobre todo, los contratos que estas empresas han firmado con ayuntamientos, sobre todo madrileños, donde la influencia de la trama era mayor. 

Los pinchazos telefónicas revelan conversaciones entre representantes de Cofely con los alcaldes de Sevilla la Nueva, Móstoles, Griñón, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Collado Villalba, Serranillos del Valle, Ciempozuelos, Parla, Alcobendas, Coslada y Moraleja de Enmedio. Solo la web de Waiter Music presumía de trabajar para 26 municipios de la Comunidad de Madrid. 

 Como ya publicó 20minutos, la Guardia Civil está investigando los contratos que más de 40 Ayuntamientos y empresas públicas firmaron con empresas de la trama, y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones. Entre ellos, seis personas que están en la lista electoral de Cristina Cifuentes y que han sido elegidos diputados tras los resultados electorales del 24-M. 

Se trata de Juan Soler (Getafe), Antonio González Terol (Boadilla), Pedro Rollán (Torrejón de Ardoz), Ignacio García de Vinuesa (Alcobendas), David Pérez (Alcorcón) y Daniel Ortiz (Móstoles). Como publicó La Cadena Ser, hay comprometidas conversaciones entre David Marjaliza y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. El exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz ha negado las acusaciones.

 Por su parte, el empresario Alejandro de Pedro, dueño de Eico Online, detalló una reunión entre él, David Marjaliza y el exalcalde de Coslada Raúl López, en la que Marjaliza le explicó al entonces primer edil que su comisión "dependería de los actores necesarios para adjudicar el contrato". 

También en Murcia y Valencia 

Alejandro de Pedro también reconoció ante la Guardia Civil amaños en adjudicaciones a sus empresas y el pago por parte de la red de comisiones a alcaldes, que variaban en función de cuánta gente estaba involucrada en la contratación. El empresario habló de contratos amañados en Murcia adjudicados a sus empresas a instancias del exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (imputado).

 También en Murcia, admitió que se pactó "la realización de dos contratos en la Consejería de Industria" para "favorecer los intereses personales" del exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz, también imputado.

 En la comunidad valenciana, la Guardia Civil ya ha registrado los ayuntamientos de Gandía, Denia, Valencia y Castellón. En Gandía, por ejemplo, la nueva alcaldesa, la socialista Diana Morant, ha acusado a su predecesor en el cargo, el 'popular' Arturo Torró, de "ocultar a la Guardia Civil facturas por valor de 880.000 euros" relacionadas con el caso. 

En León, contactos con la dirección del PP y el primo de Rajoy 

Los tentáculos de la trama también llegaron a la Diputación de León, donde está imputado el expresidente Marcos Martínez. Este era amigo del empresario Alejandro de Pedro, y la relación entre ellos fue fructífera.

 De Pedro quería contratos con la Diputación y a cambio De Pedro movía sus contactos para que la dirección del PP apoyará a Martínez para mantener el poder en el PP leonés y optar de nuevo a la Presidencia de la Diputación. De Pedro aseguró a Martínez que movería sus hilos para que Cospedal le apoyara.

 La Guardia Civil también afirma que De Pedro hizo trabajos de posicionamiento en internet para la expresidenta Isabel Carrasco [asesinada a tiros] en base a un contrato público. El primo hermano del presidente del Gobierno, Agustín Rajoy, concejal de Hacienda en León, también aparece mencionado en las conversaciones recogidas en el sumario. 

En otra grabación, Alejandro de Pedro llama a Marcos Martínez para preguntarle si le "puede organizar cenas con gente del partido". Marcos responde que sí, pero que tenga en cuenta que va con dos personas más, que son de confianza, que uno es el primo del presidente, Agustín Rajoy, y el otro Ricardo Gabilanes, que también es concejal."          (20minutos, 28/07/2015)