La diputada que avisó del escándalo de los menores en Mallorca y la tacharon de loca

"A Xelo Huertas, exdiputada y expresidenta del Parlamento balear, le acusaron de demagoga, exagerada y alarmista durante más de un año. 

Le repetían que no entendía nada, que vivía en una especie de fantasía por insinuar que el IMAS [Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales] necesitaba ser auditado y que se estaban cometiendo irregularidades muy graves, tanto en el diagnóstico de algunas retiradas de tutela de menores a los padres como luego en el cuidado de esos niños en los distintos centros y pisos tutelados. "Recuerdo esos meses como una verdadera pesadilla. Trataron de ridiculizarme, de humillarme incluso. Esperaban que me debilitara y me marchara", cuenta Huertas.

En 2017 se le ocurrió hurgar en una herida que muchos profesionales conocían y que algunos incluso denunciaban en privado: la falta de recursos y las negligencias de la institución. Presentó una Propuesta No de Ley (PNL) para remodelar el IMAS y encargar una auditoría externa de los últimos diez años. Ahí comenzó su calvario.

 El Parlamento balear tardó un año en llevar su propuesta al pleno. "Durante meses me pidieron que la retirase, que iba a generar alarma si la llevaba al pleno, que ya existían mecanismos legales y que funcionaban correctamente. Pero me negué", recuerda la exdiputada. Finalmente, el 13 de marzo de 2018, el Parlamento debatió la propuesta y el tripartito en el gobierno (PSIB y Més per Mallorca con el apoyo de Podemos) se lanzó a degüello.

"Está acusando al IMAS de no actuar correctamente. Dice que los técnicos se sienten menospreciados en sus actuaciones. Usted no hace un diagnóstico sino que pone en cuestión todo un sistema y genera desconfianza sobre los profesionales y expertos en la materia", le afeó el Partido Socialista de las Islas Balares (PSIB), líder de la alianza de gobierno, por boca de la diputada Conxa Obrador. "Estamos convencidos de que el bienestar de los menores no se asegura ni mediatizando ni haciendo espectáculo de un tema tan delicado, sino con prevención", le criticó David Abril, de Més per Mallorca, que la tildó de irresponsable e ironizó con que Huertas se creía que vivía en una película de Hollywood.

En la misma línea la acusó Marta Maicas, de Podemos, quien pidió sacar del foco mediático a los menores vulnerables y exigió a la prensa autocensura en sus informacioness. La PNL se votó con el rechazo abrumador de la cámara. Solo Ciudadanos apoyó a Huertas.

El rechazo frontal de los responsables políticos a la sola insinuación de que el IMAS estaba enfermo resulta hoy perturbador, una vez desvelado que al menos 16 menores tuteladas por la administración (los expertos aseguran que ha habido y hay muchas más) se prostituían de manera regular en bares, pisos ocupados y hoteles de alto nivel a cambio de dinero, drogas o teléfonos móviles. En algunos centros tutelados, la práctica totalidad de las niñas, de edades entre los 13 y los 16 años, se escapaba de las instalaciones para prostituirse y drogarse, tal como ha revelado sus propios cuidadores a 'Diario de Mallorca'.

Actualmente, hay 359 menores tutelados en Baleares en 30 centros públicos o concertados, todos víctimas potenciales de las redes de captación de menores vulnerables en las cuales participaban adultos y otros adolescentes tutelados a modo de gancho. Se trata de uno de los mayores escándalos en materia social de la historia reciente de España. La Fiscalía de Menores ha comenzado a investigar los distintos sucesos. Ningún responsable político ha dimitido ni, según ha confirmado el Govern, tiene intención de hacerlo.

"Mi sentimiento al recordar la actitud del gobierno balear es de dolor y tristeza; pienso que probablemente hubiéramos podido salvar algún caso [de prostitución de menores] si hubieran considerado mi propuesta de dotarse de más recursos y mejores mecanismos. La gente me pregunta hoy por la calle si me sorprende cómo han reaccionado el Govern y les digo que para nada. No esperaba otra cosa. Conociéndolos cómo son, que su única motivación es su interés particular, no me sorprende absolutamente nada. Aquí no va a dimitir ni dios. Que la presidenta del gobierno [Francina Armengol] esté callada y no pida responsabilidades, o que las asuma ella misma, los retrata como gobernantes y como personas".

También recuerda cómo pidió a Serafín Carballo, Defensor del Menor balear, que intercediera en esta causa en el transcurso de una mesa sobre infancia en 2017. "Él sabía lo que estaba ocurriendo. Le insistí en el mal funcionamiento, en la desprotección y la poca transparencia que había. Pero me respondió que todo estaba bien e hizo como el que oye llover. Ahora en todo este escándalo ni se le ha visto ni se le espera".

Según las fuentes consultadas por 'Diario de Mallorca', la corrupción de menores tutelados por el IMAS era un secreto a voces entre los profesionales sociales y agentes policiales. "A mí comenzaron a llegarme informes entre 2014 y 2015, que fue cuando pasé del activismo social a la política. Me venían a contar que no tenían recursos personales ni económicos y el mal funcionamiento interno de la institución. Eso me llevó a plantear una auditoría a cargo de una comisión parlamentaria, con la participación de profesionales de prestigio de fuera de las islas para que no se taparan unos a otros", apunta Huertas.

Víctima de 'mobbing'

La primera persona en dar voz a esta tragedia fue miembro de Podemos hasta 2017, años en que fue expulsada del partido por desavenencias internas. Eso la llevó a abandonar la presidencia del Parlament e incorporarse al grupo mixto como diputada. Tenía muy claro cuál iba a ser su primera batalla, la reforma y auditoría urgente del IMAS, aunque no esperaba que le costara el repudio y las críticas de sus compañeros ("fui víctima de 'mobbing'", asegura).

"Hacía años que familias y trabajadores sociales me contaban lo mal que estaba todo. He sido activista toda mi vida y conozco a varios profesionales. Ellos habían hecho denuncias internas pero no podían alzar la voz porque se jugaban el sueldo, mientras los políticos lo que hacían era meter esos informes internos en un cajón. Entonces no me hablaron de casos de prostitución, al menos a mí nunca me lo dijeron tal cual, pero sí se sabía que las chicas se escapaban frecuentemente de los centros y de los pisos. Me lo contaban así de claro. Y que llamaban a la policía y les decían 'se nos ha escapado un niño', y la policía les respondía 'bueno, muy bien, lo vamos a buscar y os lo traeremos y luego se os volverá a escapar'. Aquello era un viva la virgen".

 Y prosigue indignada: "Lo grave es que a estos niños se los quitaron a sus familias por temas menores. Algunos porque se escapaban de casa, y ahora resulta que el IMAS los tutela y se les escapan para prostituirse. Las chicas dicen 'voy a dar una vuelta' y no regresan. No es culpa de los profesionales. Si tú destinas a un educador a controlar un piso con ocho menores, es muy complicado que puedas atenderlos como merecen".

El rechazo del Parlamento balear a esta voz de alarma en 2017 y 2018 fue taxativo. En el primer punto de su propuesta no de ley, la exdiputada pedía algo tan básico como esto: "El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno balear (mediante la oficina de defensa de los derechos del menor) a acometer las reformas normativas necesarias para mejorar e impulsar mejoras en los Servicios de Menores y Familia de nuestra comunidad, de acuerdo con los Consejos Insulares, dotándolos de recursos suficientes para hacerlo". 

Pero el punto fue rechazado de plano por el tripartito, que argumentó que ya existen mecanismos, como la propia Ley del Menor que estaba entonces en proyecto y fue aprobada en febrero de 2019. Los siguientes puntos de la PNL, que entre otros pedía una auditoría de los últimos diez años que habría levantado las alfombras de la gestión de los servicios sociales tanto de PSIB como de PP, fue rechazado por todo el arco parlamentario a excepción de Ciudadanos.

Al inicio de su intervención en el pleno de marzo de 2018, Huertas protestó, harta de haber aguantado el acoso parlamentario durante un año: "Es inadmisible que la administración responda sintiéndose ofendida, más cuando afecta a menores de familias desestructuradas con pocos recursos. Lo que no haré es cerrar los ojos y hacerme la sorda ante el grito angustiante de familias, madres y padres, que pierden sus hijos con razón o sin, pero que ven con angustia el alejamiento de quienes más quieren". Para su desgracia, su premonitora batalla cayó en saco roto."                 (David Brunat, El Confidencial, 25/01/20)

La Fiscalía de Barcelona llama a declarar como testigo a la abogada que destapó el negocio de los vientres de alquiler

"Una maniobra de acoso y derribo”, así define la abogada Nuria González haber tenido de declarar como testigo ante la Fiscalía de Barcelona en la mañana de este lunes, después de que la organización Son Nuestros Hijos, le interpusiera una denuncia por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental por parte de una agencia de gestación subrogada. Al acudir como testigo, la abogada no ha podido tener acceso a la denuncia.

Sin embargo, tal como afirma González a Público, el objetivo de su declaración no era el de aclarar las prácticas de dichas empresas que los propios denunciantes conocen a la perfección, sino el de intentar achacarle a la autora de la publicación  Vientres de Alquiler el conocimiento de la comisión de delitos que no habría denunciado e imputarle un delito de encubrimiento.

“Todo parte del reportaje publicado en Público el pasado mes de septiembre, que bajo el título Cuando lo que te compras es un bebé, denunciaba una práctica ilegal en nuestro país como es la de los bebés comprados por vientres de alquiler y en el que, de todas las irregularidades que se denunciaban, solo una les ha parecido irrespetuosa: cuando hablaba de cómo estas agencias pueden llegar a hacer informes falsos sobre el estado de salud de la compradora de bebés para hacer la compraventa. El resto les parece fabuloso”, comenta la jurista.

Los denunciantes afirmaban que González había encubierto esta práctica con el único fin de lucrarse con la publicación de su libro Vientres de Alquiler (Editorial LoQueNoExiste). Sin embargo, ella afirma que no hay nada más lejos de la realidad. “Es curioso cómo el reportaje que se publica en septiembre no les molesta hasta el mes de febrero, que es cuando interponen la demanda. Justo un mes después de que salga a la venta el libro en el que se publica el mismo reportaje y en el que, además, denuncio los intereses ocultos detrás de términos asépticos como maternidad subrogada, padres comitentes, producto final, donaciones o compensaciones. En el libro hablo sin tapujos de la realidad de los vientres de alquiler, padres contratantes, bebés cosificados y mercantilizados y el pago del precio estipulado por una práctica ilegal en España y permitida en solo 12 países de todo el mundo”, añade la abogada.

“Está claro que han querido ir a por mí porque denunciar la realidad que ellos intentan edulcorar les molesta y mucho. Intentan con la coerción callar las voces de quienes conocemos y denunciamos esta flagrante violación contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”, añade la jurista.

“Madre es solo la que la pare”

Sin embargo, en palabras de la afectada, su testificación “ha sido como el tiro por la culata para los surropapis y surromamis. Hacía meses que yo misma había presentado denuncia por la actividad empresarial de seis agencias de gestación subrogada y de varios Cónsules Generales de España y en mi declaración me he ratificado en lo ya denunciado”, afirma.

Por todo ello, advierte, el resultado es que la denuncia presentada por Son Nuestros Hijos muy probablemente será archivada. “Su único objetivo era meterme en un brete cuando la realidad es que la Audiencia Nacional se quita el tema de encima y a sabiendas de que se están cometiendo delitos e irregularidades en lugar de perseguirlos y llamar a declarar a quienes los cometen. Sin embargo me encuentro con la situación de declarar yo”, continúa González.

“Además, tal y como la propia Audiencia apunta en su Auto 14 de este año, en el que afirma que la única madre que se puede llamar como tal, porque lo es, es la que pare. La Audiencia se quita el tema de encima porque son actos que se comenten fuera de nuestras fronteras, donde no puede actuar, y en lugar de llamar a declarar a quienes cometen el delito me citan a mí”, señala. 

Por otro lado, la abogada catalana señala que llamarla a testificar tiene un único fin: “Es una manera de querer meterme miedo y de hacer que no tuviera acceso a la denuncia presentada. Siendo testigo no se puede acceder a nada. No tienes copia de la demanda”, prosigue.

Para esta reputada feminista “es muy indignante que haya hombres y mujeres que llegan a los aeropuertos con niños que han sido comprados y que no se les detenga nada más pisar territorio español y que quienes somos decentes y defendemos la dignidad, tanto de esas madres que son obligadas por pobreza a perder su dignidad como de sus bebes, tengamos que ir a testificar a un juzgado”, comenta la autora de Vientres de alquiler.

Por último, González se hace una pregunta que lanza al aire y deja caer a los órganos judiciales competentes. “¿Cómo es posible que haya altos cargos que son miembros de esas organizaciones que me denuncian, mientras que han comprado y traído a sus hijos a España, cuando el país de origen prohibía hacerlo en las fechas en la que lo hacen? A todos ellos les mando un mensaje en mi nombre y en el del colectivo feminista: que sigan perdiendo el tiempo".

"Nosotras no vamos a parar hasta lograr que sean reconocidos como lo que son, como autores de un ilícito penal de delitos contra la familia y alteración de la filiación, tal y como recoge nuestro Código Penal, y de la mercantilización de sus madres a través de un contrato. Les seguiremos tratando como lo que son: compradores de bebés y explotadores de mujeres. No vamos a parar hasta que no ceje la violación de los derechos humanos de quienes no adoptan sino que compran”, finaliza Nuria González."                    (Nuria Coronado, Público, 08/07/19)

En España no se investigan las denuncias por robos de bebés, directamente se archivan... o van a la cárcel las denunciantes, como María Ascensión, por denunciar a una monja que medió en su adopcioón

"Sobre los robos de bebés que empezaron a perpetrarse en la guerra civil y continuaron durante 50 años, el activista social Luis Pla y el miembro de la Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL), Miguel Hernández, estrenaron en mayo de 2016 el documental “Ladrones de vidas: niños robados en la Comunidad Valenciana”. 

Son 55 minutos de audiovisual, ocho horas de entrevistas y tres años de grabación, en las que aparece el testimonio de diputadas y exdiputadas, investigadoras (Luz Pouto), periodistas (María José Esteso Poves), abogados y asociaciones de víctimas de Valencia y Alicante, que denuncian los robos de niños, las adopciones irregulares y el modo de operar de estas tramas.

(:::) ¿Quiénes fueron los “ladrones de vidas”, y quiénes las víctimas? 

 

Hay una gama de grises, pero fueron quienes sin consentimiento y sin hacerlo explícito sustrajeron vidas de recién nacidos sin el consentimiento expreso de la madre, el padre o de ambos. En las tramas organizadas participaron ginecólogos, abogados, notarios, enfermeras, curas, monjas taxistas y conserjes de hospital, entre otros. 

Una gama muy amplia, que abarcaba todo el territorio español. Víctimas de esos robos fueron principalmente, y en un principio, las perdedoras de la guerra de 1936: republicanas, anarquistas o “rojas”. Con el paso del tiempo también este colectivo, pero el robo se extendió de modo general a cualquiera que cayera en las redes de las tramas organizadas.

-¿Pueden por tanto distinguirse diferentes periodos en el robo de bebés?

Siempre hubo una raíz ideológica, por eso nos decidimos a hacer el documental. Como afirma la investigadora Luz Pouto en el audiovisual, los hijos no se los iban a dar a cualquiera. Se los entregaban a familias adictas al Régimen. Al principio esto era muy evidente, pero con el tiempo cobró mayor peso el factor “negocio”. 

En 1981 hay datos de niños desaparecidos por ejemplo en Valencia, e incluso existe algún caso a principios de los 90. Pero lo que dio el golpe de gracia a estas tramas fue la Ley 21/1987 de Adopciones, que potenciaba la intervención de la Administración Pública. Hasta ese momento, todo esto prácticamente podía hacerse en privado. 

-¿Se trata de un documental político, que toma partido en la batalla por la memoria histórica? 

Político es todo, añadiríamos que se trata también de un documental social que da a conocer las raíces de los hechos: la “limpieza” ideológica que emprende el franquismo cuando gana la guerra. Aquello que Hitler no fue capaz de hacer al resultar derrotado, lo hizo Franco. 

-En vuestro trabajo se pone voz y rostro a una decena de víctimas de los robos y adopciones irregulares. ¿Qué testimonios os parecen más ilustrativos? 

Laura, de Alicante, habla con el corazón en la mano y no se mueve por rencor ni por dinero o notoriedad mediática. Desea encontrar al hijo que le robaron. Ella estaba casada, y después tuvo otros dos hijos. Laura se expresa de una manera inteligente, sencilla y contundente. Otro testimonio significativo es el de un chico farmacéutico del municipio de La Eliana (Valencia), que busca a sus padres. 

La vida de esta persona, criada en una familia pudiente, cambia al descubrir con más de 30 años que es un niño “robado” e incluso está dado de alta como hijo biológico de quienes cree sus padres. Pero no lo es. Entonces todo su mundo se viene abajo. Cuando intenta saber, le dan la espalda y le desheredan. 

 -¿Qué diferencias destacarías entre vuestro documental y las series de Antena 3 (“Historias robadas”, de 2012) y Tele 5 (“Niños robados”, de 2013)? Las dos abordan el robo de bebés…

 

Se trata de series de ficción, aunque basadas en hechos reales. Cuentan una historia con un enfoque sentimental, como si hubiera personas malvadas que sin más realizaran estas prácticas… Y se cargan las tintas en los sentimientos. 

Sin embargo, nuestro punto de vista es político e intentamos ir a las causas de los problemas, que son políticas. ¿Por qué empezaron a producirse estos robos en un año concreto y por qué continuaron ocurriendo tras la muerte de Franco? Ni siquiera nos interesó ver estas series. 

-¿Quién es sor Aurora Gallego? En septiembre de 2015 la Audiencia Provincial de Valencia archivó una querella contra ella, impulsada por SOS Bebés Robados por negar información sobre las madres biológica. 

Una religiosa de las Hijas de la Caridad presentes en diferentes ciudades del estado español, y directora de la Casa Cuna de Santa Isabel en Valencia, donde se daba a luz hasta la década de los 80. 

Sor Aurora Gallego se ha significado, por ejemplo, por querer que se implantara nuevamente el “torno”, donde anónimamente podía depositarse un bebé; es lo que se hacía durante la Edad Media en conventos y monasterios: alguien dejaba el bebé y se iba. 

La monja Aurora Gallego recibía dinero público y distinciones; de hecho, fue nombrada hija adoptiva de la ciudad de Valencia además de los reconocimientos autonómicos. Compromís intentó que estas distinciones se revirtieran cuando se destapó el asunto de los niños “robados”, lo que indignó al PP, como explica en el documental la actual vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El Grupo Parlamentario Popular se negó a realizar la tramitación. 

-¿Qué precio se ponía a los bebés “robados”? 

El precio era algo muy relativo, dependía de cada caso. Por tener una referencia, podía equivaler al coste de un piso de la época. No se pagaba por los gastos del hospital o por el parto, no se hacía por caridad: se trataba de un negocio. Cobraban un dinero que excedía en muchos los costes de un parto. Hay ginecólogos actuales que amasaron fortunas gracias a estas mafias. 

-¿Se trata de un asunto silenciado en el que los tribunales no han querido entrar? El pasado 15 de septiembre Europa Press informaba del “estancamiento” del juicio contra el ginecólogo Eduardo Vela, primer procesado por un caso de bebés “robados” en España, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso de apelación contra el auto de apertura del juicio oral. 

Sin duda, y hoy en día continúa silenciado. El gran problema de las asociaciones de víctimas hoy es que no se les da cabida en los medios. Pasó ya la época en que cobraron algo de actualidad cuando se produjeron las series y ciertos programas televisivos; pero hace ya unos años que parece como si el problema se hubiera resuelto. 

En la fase de grabación, el abogado Enrique Vila nos contó que no se había producido ningún juicio ni condena en España. Y esto es así porque ni la fiscalía, ni la policía ni los jueces investigan estos asuntos cuando les llegan. Directamente se archivan. Es más, la única persona que puede terminar en la cárcel por este asunto es una víctima, no un miembro de la mafia. 

Se trata de María Ascensión López, que denunció públicamente a una monja –sor Dolores- de mediar en su adopción. Esta interpuso una querella por un presunto delito de injurias y calumnias. A María Ascensión le condenaron entre otras penas a una indemnización de 40.000 euros a la religiosa o cinco meses de prisión. 

-¿Qué imágenes llamativas han quedado fuera en un documental de 55 minutos, que condensa tres años de trabajo de grabación? 

Por ejemplo cuando la exdiputada de EUPV-IU, Ester López Barceló, nos contó que al presenciar una exhumación en la que se suponía habían de hallarse los restos de un niño muerto, no fue así: apareció el brazo de una persona adulta. Una de las víctimas también explica cómo un taxista, que por lo visto se hizo famoso, llevaba a los niños “robados” de una ciudad a otra. Nos llamó la atención por otra parte que las niñas fueran más caras que los niños. 

En una sociedad tan machista, católica y de valores franquistas como la española, por las niñas se pagaba más. Creemos que una de las razones es que en muchos casos se buscaba no sólo compañía sino también una “criada”; esto demuestra el grado de mercadeo infame al que se llegó. 

Mientras que el hombre se ponía a trabajar a los 16 años, la mujer tenía que estar en casa cuidando de sus padres hasta que se casaba, y entonces pasaba a cuidar a su familia. Se constata así el egoísmo de personas mayores, con dinero, que buscan una cuidadora que esté en casa… En estos casos el cariño era escaso. (...)

-¿Por qué dedicáis una parte significativa del documental al psiquiatra Vallejo-Nájera y las indagaciones sobre el “gen marxista”? Regresa de Alemania y en 1930 comienza a dirigir una clínica psiquiátrica en Madrid… 

Porque resulta fundamental. Toda represión necesita, para poder justificarse, de una ideología: uno no puede decir que va a matar porque sí. Los nazis la tenían también. Vallejo-Nájera era un psiquiatra que abrazaba la ideología nazi, y que intentó –cuando hablaba del “gen rojo”- otorgar una cobertura científica a los actos del franquismo. 

También los nazis arrebataban la condición de “persona” a los judíos. El psiquiatra estuvo en Alemania durante los años previos al nazismo, cuando se estaba incubando el huevo de la serpiente. Mamó una ideología, que incorporó en España con un tono folclórico, indígena… y franquista. 

-Por último, ¿se inscribe el “robo” de bebés en un sistema de secuestros amparado por las leyes franquistas, o se trata de mafias aisladas y consentidas? 

Una Orden de 30 de marzo de 1940 legalizaba el secuestro al otorgar la patria potestad al Estado. La Ley de 4 de diciembre de 1941 autorizaba a cambiarles los apellidos, lo que dificultaba su búsqueda por parte de los familiares. Esta ley fue la trasposición a España de un decreto nazi. Todo ello dificulta la búsqueda por parte de los padres legítimos. 

 Este modelo supone una gran diferencia respecto a Argentina, donde el robo nunca fue legal sino oculto, vergonzante y existen cerca de 500 casos denunciados. En muchas ocasiones, en Argentina, los hijos de víctimas fusiladas, desaparecidas o arrojadas al océano fueron a pasar a manos de los asesinos de los padres biológicos: los militares que perpetraron los crímenes. 

En el caso español, no. Aquí el fenómeno fue más generalizado, “legalizado”, hecho a la luz del día… En el estado español se ha aportado la cifra de 300.000 bebés “robados”, pero es aproximada ya que el número real nunca se sabrá. Es importante que en Argentina, con 500 casos, las Abuelas de Plaza de Mayo consiguieron un banco público nacional y gratuito de ADN, una legislación que les favorece y el hecho de que la policía y los fiscales investiguen. 

Han logrado todo aquello que ha hecho posible la aparición de hijos y madres. En España se cuenta con un aparato represor que impide el avance. Aquí no se investiga, directamente se archiva."                     (Enric Llopis , Rebelión, 08/10/16)

El negocio de los centros de acogida de menores autonómicos... se intuye qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre pobre

"El caso de María José Abeng, a la que arrebataron su hijo recién nacido cuando tenía 14 años y lo entregaron a una familia de adopción, para ser devuelto a su madre biológica cuatro años después, ha ocupado las páginas y las pantallas de los periódicos y los programas, como si se tratase de una novedad escandalosa. Y efectivamente es escandalosa, pero no es novedad.

Es escandaloso que una adolescente como María José, confiada a la tutela del Principado de Asturias, en un Centro de Menores, fuera violada y embarazada sin consecuencia alguna para los responsables de su cuidado y protección. Es escandaloso que, como cuenta ella: “No me quitaron a mi hijo por tener mala vida. Me lo arrebataron”. 

María José replicaba así a los que la consideran una mujer de vida desordenada: “No soy alcohólica ni drogadicta ni tan siquiera fumo. No me maltratan ni me han maltratado. No me quitaron a mi hijo por llevar mala vida, sino porque yo era una niña custodiada que vivía en un centro de acogida”. 

Desde el momento que se conoció el embarazo, el centro de custodia decidió que tenía que dar el niño en adopción. Como afirma la sentencia de la Audiencia de Oviedo “la Administración desde el mismo día del parto, decidió separar a la madre del recién nacido, sin que conste que se barajaran otras opciones”.

El drama en que están insertos la madre biológica, los padres adoptivos y sobre todo el niño, es consecuencia de la infame política de cuidados, adopciones y retirada de tutelas que están realizando las Administraciones de las distintas Comunidades Autónomas, a lo largo y lo ancho de España, sin que ni los gobiernos, ni los juzgados, ni los profesionales de la psicología y el trabajo social, ni los medios de comunicación se opongan.

En este perverso sistema de otorgar a las Consejerías de Bienestar Social y Familia –que más deberían llamarse de Malestar Social y desestructuración de Familias- la competencia exclusiva para determinar qué madres –y siempre madres- son aptas para ocuparse de sus hijos, se ha creado un universo cerrado de mujeres damnificadas por las resoluciones arbitrarias -¿quizá corruptas?- que adoptan los servicios sociales. 

Con la inestimable ayuda de los llamados gabinetes psicosociales, que no son otra cosa que empresas privadas, surgidas no se sabe donde, en las que trabajan personajes sin cualificación profesional ni siquiera sentido humanitario. 

Y que, increíblemente, son quienes deciden qué niños se quedan con su madre, cuáles se declaran en situación de abandono, cuáles han de ir a parar a los orfelinatos de la Comunidad, y cuáles se van a entregar a nuevas familias en acogida o en adopción. Como si en nuestra sociedad no existiera un Código Civil y un sistema judicial que debe decidir y amparar la vida de todas las personas implicadas.

Lo más grave es que esos espúreos gabinetes psicosociales son los que “asesoran”  a los jueces, y parece mentira que el colectivo de magistrados y el Poder Judicial acepten que esas personas sean quienes en definitiva deciden de la vida y la suerte de miles de madres y de niños.

En el último año y medio, La Audiencia de Madrid ha dictado 4.000 sentencias de custodia de niños, con la intervención de los Gabinetes Psicosociales.

Diversos colectivos de madres, abuelos, abuelas y de adolescentes internados en Centros de Menores, vienen denunciando retrasos en los trámites de gestión de las separaciones, retraso que introduce mayor inseguridad a situaciones, ya de por sí traumáticas, en la infancia y adolescencia. Hay familias afectadas que tienen casos de conflictos no resueltos, desde hace más de 10 años, en diversos juzgados de toda España. 

Muchas de esas familias, en su recorrido por tribunales y despachos, han perdido sus modos de vida y en algunos casos su propia salud, mientras sus hijos viven en centros de acogida o son dados en adopción, muchas veces en contra del criterio de los progenitores y de las niñas y niños.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 4.000 familias cuya salud y felicidad depende de los informes de supuestos psicólogos y trabajadores sociales. Para atender las visitas de los menores a sus madres o padres biológicos, únicamente hay tres PEF, es decir: “Puntos de Encuentro Familiar”.

Hace siete años, en 2009, el periodista Jaime Barriento avisó de las consecuencias que tenían para los jóvenes ciertas malas prácticas de determinadas empresas que operaban en el campo de los centros de menores.http://www.interviu.es/reportajes/articulos/chicos-malos- grandes-negocios.

De la cumplida información que da el periodista extraigo lo que sigue:

“La atención a los menores con problemas legales, de drogas o de conducta está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Banqueros, constructores y hasta políticos se han metido en un negocio boyante”. (…)

“Cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma de menores, las cárceles donde los jóvenes de 14 a 17 años que han cometido alguna clase de delito cumplen medidas privativas de libertad. Así lo estipuló la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que permitió a las comunidades autónomas –competentes en esta materia– privatizar la gestión de los centros de menores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras. 

En España hay unos 11.000 menores en residencias y pisos de acogida. Enrique Martínez Reguera, psicólogo y educador con treinta años de experiencia con niños y jóvenes marginados, da algunas cifras: “El cuidado de estos niños aporta, de media, 3.800 euros por chico y mes, y si se trata de un centro público, en torno a 9.000. (…) 

De los 58 centros terapéuticos existentes en España, 55 están en manos de entidades privadas. Dianova y O’Belén acumulan 12 de ellos. Entre ambas instituciones gestionan cada año unos 17 millones de euros (unos cinco Dianova y cerca de doce O’Belén). Más del 90 por ciento de este dinero procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones”.(…)

            “La Ley 5/2000 sobre la gestión de la protección de menores abrió la veda para que muchas de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones creadas años atrás –coincidiendo con la aprobación de la prestación social sustitutoria del servicio militar– se lanzasen a la caza de adjudicaciones de centros de protección de menores. 

Todas ellas, como establece la ley, se definen como entidades sin ánimo de lucro y con un fin social. Según José Luis Calvo, de Prodeni, asociación de defensa de los derechos de los niños, “tienen órganos de gobierno desproporcionados, con numerosos cargos directivos, cuyos sueldos, coches oficiales y comidas salen de las subvenciones que reciben de la Administración por gestionar los centros de menores”.

Este terrible informe debería haber provocado una interpelación parlamentaria, una actuación inmediata de la Inspección de Menores y de los jueces implicados. Pero en este corrupto país, ninguna de las instituciones ni cargos públicos más importantes se dieron por concernidos. Ni la Administración, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, estimaron que había que investigar la denuncia que suponía aquella información.

 Pero mientras tanto, miles de madres están sufriendo la separación de sus hijos, los niños son tratados como maletas que se trasportan de una familia a otra, otros desaparecen en el misterioso archivo de los expedientes de las custodias y las adopciones.

 En los juzgados las causas se prolongan durante años. A dicha demora, hay que añadir que los informes redactados por los gabinetes psicosociales, son casi siempre parciales y sin un protocolo oficial que se ciña a las circunstancias concretas de cada familia.

Como es evidente, aquellas madres que no tienen recursos no pueden disponer de defensas jurídicas preparadas, no saben cuales son los derechos que deben esgrimir. Las madres menores, solteras, pobres, abandonadas por el padre, en paro, son las víctimas propiciatorias de la insaciable codicia de esas empresas que se ha permitido que dispongan del destino de miles de niños, como si se tratara de mercancías. 

Y no se sabe, pero se intuye, qué clase de negocio existe detrás de cada adopción de un hijo arrebatado a una madre adolescente, ignorante, sola y pobre, y además negra, como era María José Abeng."                    (Lidia Falcón, Público, 17/09/16)

Adopciones a 25.000 dólares

"A la muerte de su marido, Nirmala Thapa, nepalés de 35 años, se vio obligada a entregar a sus tres hijos más pequeños a un centro de menores. Le ofrecían cuidarlos y educarlos mientras se recuperaba de su asfixia económica. Pero, cuando quiso recuperarlos, descubrió que habían sido entregados en adopción a una familia española. Es uno de los casos registrados por CWIN, una ONG nepalesa para la protección de los niños. (...)

Un estudio del año pasado de Unicef y la ONG suiza Terre des Hommes (TDH) afirma que la mala regulación propiciaba la venta, secuestro y tráfico de niños, y que florecía una industria en la que "se tiene más en cuenta el beneficio económico que el bienestar de los menores". Los padres adoptivos pagaban hasta 25.000 dólares (unos 20.000 euros) por niño. El director de un centro reconoce que muchas veces se engaña "a la gente pobre de las áreas rurales diciéndoles que llevarán a sus hijos a un internado en Katmandú, y luego son dados en adopción a extranjeros". Siete de cada nueve progenitores firmaron la carta en la que cedían a sus hijos sin entenderla, dice el informe.

Unicef y TDH no aclaran qué porcentaje de niños llevados a España estaba en esta situación, pero sí que "las irregularidades no son extrañas". Hasta el 80% de los pequeños podrían haberse quedado en Nepal "y ser reunidos con familiares", dice el delegado de TDH, Joseph L. Aguettant.

España es el país que más nepaleses ha adoptado desde 2000 (681 de los 2.314 entregados). De ellos, unos 170 llegaron el año pasado. Fuentes de la Embajada de España en Nueva Delhi aseguran que su papel ha sido dar el pasaporte para los niños si los documentos están en orden.

Los españoles consultados por este diario dicen que sabían que sus hijos adoptivos tenían padres biológicos, pero que en Nepal hay familias tan pobres que creen que sus hijos estarán mejor en el extranjero. "Mi hija es suficientemente grande para expresar sus deseos y quería ser adoptada: su madre acababa de enviudar y no podía mantener a todos sus hijos", dice José Luis (nombre supuesto). María (otro apodo) cuenta que conoció a los padres de su hija cuando fueron al Ministerio de Justicia para corroborar por segunda vez que querían dar en adopción a la niña. "Era una familia pobre que estaba relativamente contenta y tranquila de que la cría pudiera seguir adelante en mejores condiciones. Todo ha sido transparente", dice. Los españoles consultados coinciden en la rectitud del proceso. También en que lo ideal es que los padres biológicos pudieran quedarse con sus hijos, pero que eso es "utópico" en un país tan pobre.

Pero los defensores de los derechos del niño opinan lo contrario: "Es muy arrogante pensar que sólo porque somos más ricos vamos a dar un futuro mejor. Los niños siempre estarán mejor con su familia y, si no, en su país. No nos oponemos a la adopción internacional, pero debe ser el último recurso", dice el representante de TDH. Coincide la representante de Unicef en Nepal, Joanne Doucet. (...)

Mientras tanto, en los centros infantiles y orfanatos de Nepal hay unos 15.000 niños, de los cuales muchos tienen padres y llegaron ahí por fraude o coerción. Las irregularidades se multiplicaron a partir de 2000, cuando un orfanato perdió el monopolio y sus trabajadores "crearon sus propios centros de menores como negocio", dice el encargado de TDH. En estos lugares los niños viven en pésimas condiciones. (...)

Dar niños en adopción a extranjeros es un buen negocio para los orfanatos nepaleses. Según las conservadoras cifras de Unicef y la ONG suiza TDH, estas prácticas reportaron a los centros unos dos millones de dólares (1,5 millones de euros) sólo en 2006. Y podría ser mucho más, porque los centros presionaban a los adoptantes a dar más dinero después de que se encariñaran con el niño." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 03/03/2009, p. 35)