"Todo empezó con un despido. Si David Vázquez no hubiese sido destituido como director general de Gradiant
a los pocos meses de tomar posesión del cargo, probablemente el
supuesto fraude en la justificación de subvenciones con fondos de la UE
en el centro tecnológico, uno de los más importantes de Galicia, nunca
hubiera salido a la luz.
Pero la denuncia que Vázquez presentó ante el
juez se atribuye al despecho, una especie de venganza de un
directivo que conocía las presuntas irregularidades
en la entidad, especializada en telecomunicaciones. De momento hay
cinco imputados, entre ellos un conocido líder empresarial y el ex
director general de Innovación de la Xunta.
Esta semana compareció en los juzgados de Vigo Manuel Varela, director general de la Agencia Galega da Innovación entre enero de 2013 y julio de 2016. Previamente lo habían hecho Jorge Cebreiros,
presidente de la principal asociación empresarial de Galicia, la
provincial de Pontevedra —además de dueño de la empresa InfoJC—, y José Luis Fernández, alto directivo de Televés, una de las empresas de telecomunicaciones integradas en el patronato de Gradiant.
Todos ellos lo hicieron como investigados. Tras sus declaraciones, el
juzgado número 4, en suplencia de la titular del número 1, citará a
declarar a otros dos imputados. Se trata del gerente de Gradiant desde
2013, Fernando Jiménez, y del de Balidea, otra de las empresas implicadas.
Hasta 25 subvenciones investigadas
No solo el número de investigados ha aumentado tras
la primera ronda de declaraciones. También lo ha hecho el de proyectos
bajo sospecha, que inicialmente se circunscribía a dos actuaciones
desarrolladas por Gradiant: Sixic, enfocada al sector sanitario, y
Centinel, sobre edificios inteligentes.
Ahora son hasta 25 los que
examina el juez, lo que vendría a confirmar un sistema generalizado de
supuesto fraude consistente en la presentación de facturas falsas o
infladas para justificar
subvenciones de la Unión Europea,
e incluso el desarrollo de proyectos ficticios. Las últimas
investigaciones amplían el período bajo sospecha a los últimos 10 años.
La investigación judicial provocó la salida de la Xunta este verano del patronato del también denominado Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia,
que presidía el 'conselleiro' de Economía, Francisco Conde. El Gobierno
gallego anunció además que se personaría en la causa, por considerarse
parte perjudicada.
Tras ese abandono, su patronato integra a las
universidades de A Coruña, Santiago y Vigo; a seis de las compañías más
importantes del sector TIC que operan en Galicia (Arteixo Telecom, Egatel, Indra, R, Telefónica y Televés), y a la Asociación Empresarial INEO, que a su vez agrupa a un gran número de empresas gallegas del mismo ámbito.
Gradiant es uno de los principales centros
tecnológicos de Galicia, rodeado hasta ahora de una gran reputación. Fue
impulsado en 2007 por grupos de
investigación de la Universidad de Vigo
como fundación privada con el objetivo de alinear la I+D universitaria
con las demandas empresariales.
Cuenta con 91 empleados, el 87% de ellos personal investigador. Pese a su carácter de entidad sin ánimo de lucro, sus ingresos totales en el año 2016 fueron de 4,4 millones de euros. La mayor parte de sus proyectos cuentan con financiación europea.
Todos los implicados que han comparecido ya ante el juez han negado
su implicación en los hechos, pero el que con mayor vehemencia lo
sostuvo fue el presidente de los empresarios de Pontevedra, Jorge
Cebreiros. "Esto es una mentira y una venganza; algo
que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que busca es causar daño a
personas, instituciones y empresas", declaró a la salida de los
juzgados.
La suya no ha sido la declaración más sustanciosa para el el
sumario. Según fuentes de la investigación, fue el ex alto cargo de la
Xunta quien ofreció el testimonio más largo y detallado, y el que habría dado origen a las dos nuevas imputaciones y a la ampliación del abanico de proyectos bajo la lupa del juez.
Manuel
Varela se desvinculó de los hechos que se le imputan, pero los datos
que aportó permitieron ampliar la investigación. El titular del juzgado
número 4 solicitó además nuevas pruebas documentales a Gradiant y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas españolas. El CDTI es el organismo encargado
de canalizar las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de
I+D+i.
El caso está destapando que bajo lo que parecía un centro tecnológico ejemplar existía un funcionamiento dudoso y un descontento generalizado entre trabajadores y directivos.
Un grupo de empleados remitió al juzgado en abril facturas de InfoJC
que pretenden probar irregularidades de su socio director, el presidente
la patronal pontevedresa, que formó parte del patronato del centro
tecnológico.
Los empleados, que pidieron "permanecer en el anonimato
para que no se tomen represalias" en su contra, denunciaron un "posible
caso de abuso de posición dominante" de Cebreiros "como representante de
la asociación INEO en el patronato" de Gradiant, que sustentan con la
presentación de cuatro facturas presuntamente falsas.
Tal y como publicó en agosto
el diario 'Atlántico',
la primera factura, de diciembre de 2012, asciende a 8.306 euros por la
elaboración de un supuesto proyecto de promoción y comunicación de
Vindeira, una plataforma tecnológica gallega de las TIC. Otra es de mayo
de 2013 y por importe de 14.399 euros, por el mantenimiento anual de
hardware de enero a diciembre de ese año, cuando Gradiant ya contrataba
esos servicios a otras empresas.
La tercera, de mayo de 2013 y por
importe de 17.061 euros, se emitió por supuestos servicios por recuperación de datos en servidores
e implementación de sistema de copias de seguridad, un trabajo para el
que no consideran más capacitado a InfoJC que a la propia Gradiant. Y la
cuarta y última, de junio de 2013 por importe de 20.491 euros, se
refiere a trabajos de consultoría para la puesta en marcha de proyectos
de salud.
La directiva del centro
tecnológico niega los hechos. Asegura que todos sus proyectos están
sometidos a un exhaustivo control y que la Fiscalía de Pontevedra ya
archivó en septiembre de 2015 el caso a raíz de una autodenuncia del centro tecnológico. La defensa de
Jorge Cebreiros y José Luis Fernández
reduce la acusación a un ajuste de cuentas de David Vázquez por su
despido en junio de ese año justificado por su "mala gestión".
Según
afirmaron, durante ese proceso el exdirector ya insinuó la existencia de
irregularidades, por lo que el centro se denunció ante la Fiscalía de
Pontevedra para buscar el archivo, que se decretó el 14 de septiembre.
Pero Fernández, que atribuye su cese al descubrimiento de estas
prácticas, acudió con su acusación a los juzgados de instrucción, y ahí
se desató un caso que desde entonces no ha parado de crecer." (
Pablo López Vigo, El Confidencial, 03/12/17)
