Los paraísos fiscales provocan una vulneración sistemática de los derechos humanos

 "La larga batalla que Irlanda está librando con la Unión Europea por los impuestos impagados de Apple en los países donde factura es la máxima demostración de la obstinada determinación del país de seguir facilitando niveles masivos de evasión fiscal empresarial. 

Sin embargo, la presión hacia Irlanda está creciendo. El próximo mes de octubre, en Ginebra, las políticas fiscales del país volverán a ser el centro de atención cuando el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas estudie las pruebas presentadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil. La reunión se produce antes de la comparecencia de Irlanda ante el Comité a principios de 2023, en la que un panel de expertos de la ONU interrogará formalmente su cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este Comité de Naciones Unidas ya se ha fijado en los graves impactos en los derechos humanos del régimen fiscal de Irlanda, particularmente en lo que respecta a los países de bajos ingresos, y planteó el tema en noviembre de 2020. Este hecho es extrapolable a todos y cada uno de los paraísos fiscales del mundo.

Una coalición de organizaciones irlandesas y ghanesas que luchan por la justicia fiscal presentó un informe al Comité, al que Diario16 ha tenido acceso, que establece en detalle las múltiples formas en que Irlanda, como el resto de paraísos fiscales del mundo, desvía los ingresos de los países más pobres y los devastadores impactos en los derechos humanos que esto genera.

Quizás el aspecto más conocido del papel de Irlanda en el abuso fiscal internacional es su facilitación del traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales. Según se indica en el informe, las estructuras legales que ofrece el país para permitir tales prácticas han evolucionado con el tiempo, pero el progreso para poner fin al traslado de beneficios ha sido escaso. Los diferentes gobiernos irlandeses han usado reformas superficiales para argumentar que ha cerrado las lagunas, pero la notoria estructura de elusión fiscal «Double Irish» simplemente ha dado paso al «Single Malt» que permite a las empresas lograr el mismo resultado a través de canales alternativos.

La extensa red de Irlanda de 73 tratados fiscales bilaterales, en combinación con estas estructuras fiscales ignominiosas, lo convierten en un destino principal para las empresas que buscan trasladar sus beneficios fuera de otros países y así evitar pagar su parte justa de impuestos. 

Además, el país ha estado apuntando específicamente a las economías africanas emergentes para tales acuerdos en los últimos años, a pesar de que sus agresivas tácticas de negociación han llevado a resultados nocivos para socios como Ghana. De hecho, una investigación realizada por Government Revenue and Development Estimations (GRADE) de la Universidad de Saint Andrew muestra que los ingresos perdidos por el cambio de beneficios corporativos del país de África occidental en un solo año habrían salvado la vida de 170 niños. 

Ghana pierde 166 millones de dólares al año, el equivalente al 19% de su presupuesto sanitario, debido al abuso fiscal transfronterizo. En total, Irlanda provoca pérdidas de ingresos de unos 19.000 millones de dólares estadounidenses al año a otros países, según Tax Justice Network.

Cuando se le cuestiona sobre los impactos nefastos de su paraíso fiscal, el gobierno de Irlanda generalmente ha señalado un análisis indirecto de 2015 encargado por su Ministerio de Finanzas que, según argumenta el país, muestra que no tiene un impacto negativo en los países en desarrollo. Sin embargo, dicho análisis tiene serios defectos: sólo examinó 13 de los países en desarrollo que reciben flujos de inversión de Irlanda y solo el 4% de los datos disponibles sobre la inversión irlandesa en el extranjero.

Además, el papel de Irlanda en socavar los derechos humanos en otros países no se limita a su facilitación directa del abuso fiscal internacional. Como todos los estados que han suscrito los principales acuerdos de derechos humanos de la ONU, también está sujeto a obligaciones extraterritoriales de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos a través de su participación en instituciones internacionales.

Estos principios parecen haber sido ignorados cuando Irlanda luchó duramente para suavizar las propuestas de la OCDE para un impuesto de sociedades global y, por lo tanto, ayudó a garantizar que el acuerdo final, aparentemente destinado a poner fin a la «carrera hacia el abismo» en los impuestos corporativos, sería traer poco o ningún beneficio para las naciones más pobres.

De manera similar, el país continúa oponiéndose resueltamente a las propuestas para que las negociaciones fiscales internacionales se trasladen de la OCDE a la ONU, y para la creación de una nueva convención fiscal global bajo los auspicios de Naciones Unidas. Ambas medidas representan demandas históricas de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de todo el Sur Global, ya que los países de bajos ingresos podrían participar en la ONU en pie de igualdad."           (J. A. gómez, Diario16, 25/09/22)

Los gobiernos occidentales han descubierto que se pueden embargar las cuentas y yates de oligarcas y dificultar las transferencias a sumideros fiscales desconectándolas del sistema SWIFT. Me pregunto si aplicarán ese conocimiento a sus propios oligarcas

Eduardo Garzón @edugaresp

La facilidad con la que han embargado cuentas y patrimonio a los oligarcas rusos y dificultado sus operaciones en paraísos fiscales nos ha vuelto a demostrar que sólo utilizaban excusas cuando se negaban a combatir el fraude fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas.

Stuart Medina Miltim @SMiltim

Los gobiernos occidentales han descubierto que se pueden embargar las cuentas y yates de oligarcas y dificultar las transferencias a sumideros fiscales desconectándolas del sistema SWIFT. Me pregunto si aplicarán ese conocimiento a sus propios oligarcas.

9:00 a. m. · 3 mar. 2022
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10:42 a. m. · 3 mar. 2022
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La directora de Europol: “Los territorios ‘offshore’ son un circuito financiero clandestino”... y advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado

 "A comienzos de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con 600 periodistas de todo el mundo publicó los Papeles de Pandora. La filtración de 11,9 millones de documentos ha puesto al descubierto las estructuras fiscales en jurisdicciones opacas de jefes de Estado, de más de 330 personalidades (entre políticos y altos cargos) y de decenas de criminales en todo el mundo.

Dos meses después de aquellas revelaciones, la agencia europea en materia policial, Europol, publica un detallado análisis de esa información. El informe (titulado Dinero Opaco – las redes internacionales de finanzas ilícitas) concluye que “los Papeles de Pandora confirman lo extendido que está el uso de jurisdicciones y compañías offshore para ocultar grandes cantidades de dinero”. Son estructuras que, asegura, se han vuelto “un componente esencial para complejos esquemas de lavado de dinero”. La filtración, sigue la agencia, “evidencia cómo este tipo de crímenes financieros han plagado la UE y sus miembros durante décadas sin que haya habido grandes progresos para intentar eliminarlos”.

Catherine De Bolle (Aalst, Bélgica, 51 años) es la directora ejecutiva de esta agencia centrada en facilitar la lucha contra organizaciones criminales internacionales. En una entrevista exclusiva para los medios del Consorcio, EL PAÍS en España, centra el foco del problema: los agujeros legales que permiten utilizar sociedades en refugios fiscales no son fáciles de cerrar.

Pregunta. ¿Cómo ha encarado Europol los Papeles de Pandora?

Respuesta. Este tipo de publicaciones son una fuente con la que Europol actualiza y alimenta sus propias bases de datos de inteligencia. No las miramos desde un punto de vista fiscal, sino en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada. Aquí hemos notado que los delincuentes eligen las jurisdicciones offshore porque hay pocas reglas y poca supervisión: se trata de un circuito financiero clandestino, paralelo al normal. También lo hemos notado en operaciones recientes en las que ha participado Europol.

En julio de 2020 se desmanteló la plataforma cifrada EncroChat, en marzo de 2021 se eliminó el servicio de mensajería cifrada Sky ECC y en junio el FBI pudo interceptar 27 millones de mensajes con su plataforma Anom. Ya solo sobre la base de la información de estas tres operaciones vemos que tenemos un problema real en la UE. Por ejemplo, hemos visto grupos criminales que lavan dinero para comprar inmuebles en ciertas ciudades europeas, algo que lleva a entremezclar el mundo de la legalidad (la compraventa de propiedades) con el inframundo criminal (el dinero negro). Y esto debilita a la sociedad, la economía y el Estado de derecho.

P. El nuevo informe de Europol asegura que “la escala y la complejidad de las actividades de lavado de dinero que afectan a la UE se había infravalorado hasta ahora”.

R. Efectivamente, nos preocupa mucho la complejidad de las actividades de lavado de dinero. En dos de cada tres casos, el lavado ocurre de una manera bastante sencilla, con inversiones directas en la economía legal: pensemos en compra de hoteles, restaurantes, inmuebles, oro, arte o bienes de lujo. Pero en el otro tercio de los casos, el lavado de dinero es mucho más complejo. Y ahí es donde vemos que aparecen las jurisdicciones offshore. Las organizaciones criminales contratan a verdaderos expertos en lavado de dinero que les ayudan a cumplir con sus propósitos.

P. En este sentido, los proveedores de servicios offshore —esas empresas que ayudan a crear estructuras opacas— también son figuras clave. ¿No deberían combatirse de manera más firme?

R. Así es. Nosotros no nos centramos en familias ricas o empresas que utilizan complejas estructuras fiscales, sino siempre en las organizaciones criminales. Y vemos que las sociedades offshore les permiten quedarse fuera del radar cuando se busca el dueño real de una empresa. Lo único que tienen que hacer es pagar para que alguien del mundillo les prepare todo el papeleo y ya pueden operar en la economía real.

P. ¿Este sistema de economía offshore seguirá existiendo mientras haya aunque sea un solo país que ofrezca ese secretismo?

R. Los criminales siempre estarán buscando un agujero legal en el sistema. Y es muy difícil cerrar todos esos agujeros en todo el mundo. Pero al menos en Europa tenemos que intentar acabar con los que haya.

 P. ¿Qué tendencias ha identificado Europol en el lavado de dinero?

R. Vemos un claro aumento en los casos relacionados con las criptomonedas, algo que creemos que irá a más en el futuro. Y de hecho estamos invirtiendo mucho en generar conocimiento y expertos en ese ámbito. También trabajamos con el sector financiero privado para identificar casos concretos, como, por ejemplo, el uso de monedas virtuales por parte de algunos grupos criminales chinos.

P. Según el informe de Europol, en todo el mundo hay al menos 7,5 billones de euros ocultos en refugios fiscales.

R. Sí, esa es nuestra aproximación. Estimamos además que de esa cantidad, 1,5 billones de euros se corresponden a Europa. Y también sabemos que la evasión fiscal a través de esos métodos alcanzó los 46.000 millones en 2016 solo en nuestro continente.

P. En octubre, el Parlamento Europeo pidió a Europol que intensificara la colaboración con las fuerzas de seguridad de los Estados miembros para luchar contra los crímenes fiscales transfronterizos.

R. Es fundamental que haya un intercambio de información entre las autoridades fiscales y las policías en este tipo de crímenes. Es algo que se debería hacer a través de las unidades de inteligencia financiera de los miembros de la UE. Algunas veces pasa, pero no tanto como nos gustaría.

P.¿Qué ha hecho Europol, en la práctica, como consecuencia de las últimas filtraciones e investigaciones periodísticas sobre el mundo offshore de los últimos años?

R. Cabe recordar que solo intervenimos cuando están involucrados dos Estados miembros o cuando uno pide nuestra ayuda. Después de los Papeles de Pandora [publicados el 3 de octubre] todavía no hemos recibido ninguna petición, pero es normal porque las investigaciones sobre ese tipo de crímenes suelen ser muy complejas y tardan años. Después de la publicación de los Papeles de Panamá, en 2016, cuando el ICIJ hizo pública mucha información, encontramos relaciones con más de 20 Estados miembros y muchos países no europeos con los que Europol colabora.

P. El nuevo informe de Europol hace hincapié en la importancia de recuperar los activos en manos del crimen.

R. Confiscar toneladas de droga y entregar a los criminales a la justicia no es suficiente. Siempre hay que ir a por los activos que tienen: abogamos para que los Estados miembros se esfuercen para bloquear los activos financieros de las redes criminales.

P. Eso suena bien, pero en Europa, según datos oficiales, el 98% de esos activos nunca se recuperan.

R. Aunque ese porcentaje es de 2016 y no tenemos datos más recientes, es cierto que todavía no estamos dando en la diana. Dicho esto, en las últimas tres grandes operaciones sí conseguimos muchísimos embargos de activos reales. Pero entre embargar y confiscar de forma definitiva pasa mucho tiempo, a veces años. Aun así, congelar durante un tiempo esos activos sigue siendo muy importante.

P. Cuando se confiscan los bienes de una organización criminal, ¿se le están quitando opciones de futuro?

R. Exactamente. Todos los países europeos reconocen que ha habido demasiado pocas investigaciones económicas y financieras, razón por la cual Europol creó el año pasado el Centro Europeo de Crimen Financiero y Económico [EFECC, por sus siglas en inglés]. Ahí, entre otras cosas, se intercambian tecnologías y se promueven buenas prácticas, como las de esos países [como Irlanda] donde se pueden confiscar los bienes incluso antes de que haya una condena en firme si la persona juzgada no puede justificar el origen de los fondos. Este tipo de estrategias podrían ser consideradas por el resto de Estados miembros porque, al fin y al cabo, mejoran la confianza de los ciudadanos en la ley y la justicia."                       (Kristof Clerix (Revista Knack - ICIJ), El país, 08/12/21)

EEUU hace autocrítica al admitir que es el mejor lugar para lavar dinero

 "La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hizo este jueves autocrítica y admitió que su país es, en estos momentos, "el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias ilícitas" mediante empresas pantalla a causa de la facilidad con la que se pueden crear este tipo de firmas.

En una intervención en la Cumbre de la Democracia, un foro virtual con más de un centenar de países invitados que fue inaugurado este jueves por el presidente de EEUU, Joe Biden, Yellen lamentó este fenómeno, que tiene sus raíces en la libertad de la que dispone cada estado miembro de la unión para establecer sus propias reglas.

 "Desde tiempos del presidente Andrew Jackson (1829-1837) cada estado ha podido fijar sus propias reglas para crear compañías, y desde principios del siglo XX, algunos estados han permitido a cualquiera crear una empresa pantalla sin informar de quién es su propietario", explicó.

Estados como Delaware, Nevada, Montana, Wyoming y, muy especialmente en los últimos años, Dakota del Sur, operan como paraísos fiscales en los que resulta muy fácil crear una compañía fantasma para evadir el pago de impuestos y lavar dinero, por encima incluso en volumen de operaciones de clásicos como las islas Caimán, Malta, Suiza, las Bahamas, Luxemburgo o Panamá.

 "En el imaginario colectivo, las capitales del mundo para el lavado de dinero son países pequeños con un historial de leyes financieras relajadas y secretas", apuntó Yellen en su intervención, para contraponer ese estereotipo al caso de Estados Unidos.

La secretaria del Tesoro también afirmó que la permisividad de EEUU con este tipo de operaciones es algo que "está a punto de cambiar" porque el Gobierno ya se encuentra implementando la Ley de Transparencia Corporativa, que contempla la creación de una base de datos nacional de propietarios de empresas pantalla.

Esta base de datos requerirá que muchas firmas estadounidenses y extranjeras informen de sus propietarios reales al Tesoro y que notifiquen cualquier cambio en la propiedad."            (El Confidencial, 09/12/21)

Emiratos Árabes, Países Bajos y la “patata caliente” de la evasión fiscal. Un nuevo listado de los paraísos fiscales que más ayudan a la elusión de impuestos por parte de empresas coloca a los Emiratos Árabes entre los más lesivos gracias al uso de Holanda como puente para mover el dinero.

 "El Índice de Paraísos Fiscales 2021, publicado anualmente por la organización internacional Tax Justice Network (JTN), revela que dos tercios de la elusión de impuestos por parte de las multinacionales se da gracias a países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En concreto, el 39% de los riesgos de abuso del Impuesto de Sociedades en el mundo son causado por países que pertenecen a la organización y que, además, se encuentran en el corazón de Europa, como Suiza, Países Bajos o Luxemburgo. Los territorios de ultramar dependientes de algunos de estos países, como la Jersey, protectorado británico, o Aruba de los Países Bajos, son responsables del 29% de la evasión del impuesto a nivel global.

El índice clasifica a cada país en función de la facilidad con la que los sistemas fiscales y financieros del país permiten a las empresas multinacionales trasladar los beneficios fuera de los países donde ganan el dinero para llevarlo a dichos territorios y así ahorrar en su factura fiscal global. Esa clasificación se combina con el volumen de la actividad financiera llevada a cabo en el país por las empresas multinacionales para calcular el grado de abuso fiscal transfronterizo de las empresas que facilita dicho país.

 Según la TJN, los diez mayores facilitadores del abuso fiscal de las empresas a nivel mundial hoy en día son, en este orden: Islas Vírgenes Británicas (territorio británico de ultramar), Islas Caimán (territorio británico de ultramar), Bermudas (territorio británico de ultramar), Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey (Dependencia de la Corona Británica), Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

 Emiratos Árabes escala puestos gracias a Holanda

La actual residencia del Rey emérito escala posiciones en el listado para entrar entre los diez primeros después de que varias multinacionales hayan utilizado los Países Bajos para desviar más de 218.000 millones de dólares de inversión extranjera hacía su país. Dicho traspaso de capitales hacía Holanda, que equivalía a más de la mitad del PIB de los Emiratos Árabes, disparó el volumen de actividad financiera que acogen de las corporaciones multinacionales en casi un 180%.

La técnica utilizada, según la investigación de la TJN, es la llamada “patata caliente”. Mediante esta práctica, las multinacionales pueden triangular inmensas cantidades de dinero desde los países donde se genera el beneficio a Emiratos Árabes usando a Holanda como país intermedio. Según apunta la investigación, solo en 2019, 200.000 millones de dólares que provenían de Estados Unidos y Sudáfrica fueron desviados al país europeo y luego desviados de nuevo a Emiratos.

 Además, también señalan que Emiratos Árabes parecen haber sustituido a dos territorios británicos de ultramar, las Islas Vírgenes Británicas y las Bermudas (primer y tercer lugar del ránking respectivamente), como destino preferido de las empresas multinacionales con sede en los Países Bajos y de las empresas multinacionales que utilizan el territorio europeo como conducto. Tan solo en 2019, la inversión extranjera directa procedente de los Países Bajos a estos dos paraísos fiscales se redujo en 130.000 millones de dólares.

Los motivos que empujan a Emiratos a escalar posiciones como lugar favorito para las multinacionales es debido al creciente papel del Estado como centro offshore mundial (lugar idóneo para crear empresas pantallas) y la preferencia de las empresas que operan en África y Asia para usarlo. El país, para ello, ha modificado algunas de sus legislaciones fiscales, como las normas de Actividades Generadoras de Ingresos Básicos de Sustancia Económica -que exigen que un determinado nivel de actividad económica tenga lugar en la jurisdicción en la que una multinacional declara sus beneficios.

 El grueso de la evasión en el corazón de Europa y la OCDE

Según otro estudio publicado por TJN en 2020, los países de la OCDE y sus dependencias son responsables de facilitar el 68,1% de las pérdidas fiscales observables a través del abuso fiscal transfronterizo de las empresas. La investigación publicada esta semana, realizada con una metodología diferente, apunta a que la cifra es del 68,3%. “Confiar en la OCDE a la luz de los resultados del índice de hoy es como confiar en una manada de lobos para que construyan una valla alrededor de tu gallinero”, ha declarado tras conocer los resultados del índice el nominado a Nobel de la Paz y coordinador ejecutivo de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, Dereje Alemayehu.

 En total, los países de la OCDE y sus dependencias cuestan al mundo más de 166.000 millones de dólares en Impuestos de Sociedades perdidos cada año, lo que equivale a perder más de 26 millones de salarios anuales de personal sanitario al año, o a perder 50 salarios anuales al minuto, en los países de la OCDE y sus dependencias.

Reino Unido y sus territorios son señalados como el país con una mayor responsabilidad en dicha evasión fiscal. La conocida como “tela de araña del Reino Unido”, por la forma en que la red funciona como un entramado de paraísos fiscales centrados en la City de Londres, el Reino Unido y su territorios, son responsables colectivamente del 31% de los riesgos de abuso fiscal de las empresas en el mundo, o casi la mitad (45%) de los riesgos de abuso fiscal de las empresas que permiten los países de la OCDE y sus dependencias.

Después del Reino Unido, los tres mayores facilitadores de los riesgos de abuso del Impuesto de Sociedades entre los países de la OCDE y sus dependencias son los Países Bajos (5,5%), Suiza (5,1%) y Luxemburgo (4,1%). Estos tres países junto con el Reino Unido, lo que desde TJN llaman “el eje de la evasión fiscal” son responsables en conjunto de casi la mitad (46%) de los riesgos de abuso del Impuesto de Sociedades en el mundo. “Los países más ricos del mundo están privando al resto del mundo de 166.000 millones de dólares en concepto de impuesto de sociedades cada año al permitir que las mayores empresas multinacionales paguen menos impuestos de los que deberían”, ha declarado Liz Nelson, directora de justicia fiscal y derechos humanos TJN."                    (Yago Álvarez Barba, El Salto, 10/03/21)

“No hay voluntad política suficiente para frenar los paraísos fiscales”

"Un paraíso fiscal suele ser, literalmente, una isla. Cinco países que son islas (paradisíacas) constituyen la lista negra actual de paraísos fiscales identificados como tales por la Unión Europea: Guam, Islas Vírgenes Estadounidenses, Trinidad y Tobago, Samoa, y Samoa Americana. ¿Son ésos los únicos paraísos fiscales del mundo? En absoluto. ¿Son los más relevantes? Tampoco ¿Están todos allí lejos, en islas lejanas o desiertos remotos? De nuevo, no.

En diciembre de 2017, a raíz de la repercusión mediática que tuvieron sobre todo los llamados papeles de Panamá, la UE hizo pública una lista de paraísos fiscales de todo el mundo en función de tres criterios: transparencia, equidad fiscal y adopción de medidas anti BEPS (erosión de la base fiscal y traslado de beneficios). 

Evaluó 92 países y territorios, dándose la circunstancia de que eran 72 los que no cumplían alguno de esos requisitos. Pero elaboró dos listas distintas, una negra, otra gris. Esta última sería una oportunidad de evitar la negra para aquellos Estados que se comprometieran con la UE a llevar a cabo ciertas reformas antes de que acabara 2018.  

Lo que ha sucedido este último año es que la UE ha ido pasando de la lista negra (17 países en su origen) a la gris a un total de 12 países sin cumplir esas medidas (sin haberse comprometido siquiera a llevarlas a cabo). Por ejemplo: Emiratos Árabes, Corea del Sur, Panamá, Túnez, Bahamas y Barbados. Han quedado sólo esas cinco islas mencionadas al comienzo, de muy poco peso en la economía global. En la actualidad, son 63 los que conforman la gris (unos países pasaron de la negra a la gris; otros ya no están en ninguna).

Es lo que expone la ONG Oxfam Intermón, que hizo público recientemente un informe, llamado Vía libre, en el que, entre otras cuestiones, prevé que nueve de los paraísos fiscales “más agresivos” abandonen también la gris: Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Hong Kong, Isla de Man, Jersey y Panamá. Si no en la cumbre de marzo de los ministros de Economía y Finanzas del Consejo Europeo (ECOFIN), quizás sí poco a poco, tal y como ha ido sucediendo en otros casos. El proceso “ha tenido de bueno que 40 países se comprometieron a llevar a cabo más de cien reformas”, pero ha puesto en evidencia ciertos agujeros que ponen en franca tela de juicio la medida, o su manera de aplicarla.

Por ejemplo, estados como Singapur escaparon “sorprendentemente tanto de la negra como de la gris”. Menos sorprendentemente, Suiza “seguirá en la lista gris a pesar de que debería pasar a la negra al no haber reformado todas sus prácticas fiscales nocivas”. Estados Unidos, que tampoco figuró en ninguna lista, seguirá sin estar, presumiblemente, “a pesar de seguir incumpliendo los criterios de transparencia” (juega con sus propias reglas bilaterales según el caso).

 Al mismo tiempo, “se está imponiendo cargas administrativas para hacer reformas” a países como Namibia, donde “no son prioritarias en absoluto”, con apenas incidencia en este terreno y problemas mucho más urgentes que atender. Pero Oxfam también denuncia que cinco Estados miembros de la UE debieran ser considerados paraísos fiscales si se aplican los propios criterios comunitarios: Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos.

De todo esto hablamos con Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de la organización, en la presentación de dicho informe en Madrid. Para ella, esta laxitud de la UE a la hora de aplicar las medidas puede producir el efecto contrario: “legitimar a los paraísos fiscales más agresivos”. Es decir: “Parece que avanzamos, cuando no hay voluntad política suficiente para frenarlos”.

 Con el ejemplo (palmario) de los propios países de la UE que Oxfam denominaría paraíso fiscal sin rubor alguno, emerge la duda de qué cabría esperar de quienes deben ejecutar las leyes, si puede que coincidan en los mismos despachos los que hacen las leyes y los que hacen la trampa. La UE dejó claro desde el principio que ningún Estado miembro estaría incluido en su test. Sin embargo, “los paraísos fiscales en el corazón de la UE representan más de un tercio de los 600.000 millones de dólares que se calcula que las multinacionales trasladaron a paraísos fiscales en 2015”. “Al aplicar los propios criterios de la UE a sus 28 Estados”, esos cinco mencionados “incumplen el criterio de fiscalidad justa. 

Por ejemplo, Irlanda y los Países Bajos ofrecen incentivos fiscales que permiten a las empresas dejar de tributar por los rendimientos derivados del registro de la propiedad intelectual, como las patentes y el copyright”. Se trataría, también, entonces, de insolidaridades solapadas entre los Estados miembros de la UE, ya que esa “evasión fiscal de las grandes empresas provocó que Francia, España, Italia y Alemania dejaran de recaudar cerca de 35.000 millones de euros en impuestos sólo en 2015”.

Claro que quien esté libre de pecado...: “Panamá”, recuerda Ruiz, “salió de la lista de paraísos fiscales” establecida por el Gobierno español “justo cuando se estaban haciendo tratos sobre el Canal con empresas españolas. Coincidieron la salida de Panamá de la lista española y la ampliación de las contratas a empresas” de aquí. 

 “Quizás”, aventura –sin aventurar mucho en realidad–, “eso estuviera sobre la mesa. No porque fuera a beneficiar a las empresas españolas, sino a Panamá como jurisdicción por las transacciones que pudieran hacerse”. Por eso, incide, las agencias tributarias, empezando por la española, “deben ser independientes de injerencias políticas”, y debieran existir “datos públicos de los flujos que existen, por los distintos niveles de ingresos producidos con esos territorios”.

También, sostiene, “una prensa que levante estas historias es importantísimo”. ¿Tanto? “No te puedes imaginar. Dicho por los mismos funcionarios europeos. Si no hay presión [mediática; popular], no hay legislación. Sucedió cuando empezó el proceso fiscal de la OCDE, con empresas como Starbucks, Google... El Luxleaks es menos conocido que los papeles de Panamá, pero fue un escándalo; Luxemburgo, firmando durante veinte años acuerdos bilaterales y secretos con empresas como Disney o Pepsi...”.

Las presiones/negociaciones de pasillo (de ahí el término lobby), o diplomacia en negro, tan frecuentes en las sedes de las entidades públicas; sobre todo en las de Bruselas. “Si Túnez y Corea del Sur están en la lista gris ahora y no antes es porque no habían movido ficha sus delegaciones; el de Panamá salió corriendo para ponerlo en marcha... Pero, de igual forma, ciertos movimientos han demostrado que algunos países intentan ayudar a otros a salir de las listas, como Francia en el caso de Túnez. Es la misma razón por la que EE.UU. y Suiza no están en ninguna”.

De esos 35.000 millones de euros en impuestos que, según Oxfam, España, Italia, Francia y Alemania podrían haber recaudado en 2015, un diez por ciento, 3.500, habrían revertido concretamente en las arcas españolas (en las del mismo Estado que también negocia bajo capa cuando le conviene). La organización defiende que con ese dinero “podrían financiarse servicios públicos básicos como la educación y la sanidad”, y “luchar contra la desigualdad y la pobreza”. Serían, dice Ruiz, “suficientes para que llegara la renta mínima garantizada a los 617.000 hogares españoles que no tienen ingresos” oficiales, si es que se destinaran a tal cosa.

Pero recuerda siempre, este baile de cifras, a aquello que decía Churchill: Un muerto es un crimen; miles de muertos son estadística. ¿No suenan a eso, a estadística, más que a robo a las arcas públicas, esas cifras, cuando la gente las escucha por la televisión? “Debería haber una percepción social mucho más dura de la evasión fiscal”, comenta Ruiz, recordando casos como el de Messi o Shakira, percibidos generalmente como inocuo folclore de telediario. “Porque al final nos están robando dinero a todos”. 

En el otro extremo, también “genera cierta sensación social de por qué esa impunidad para unos mientras que a mí, si me ponen una multa de velocidad, me embargan dinero de la cuenta”. Cómo no eludir impuestos, piensan muchos en España, cuando el primer ladrón puede ser el Estado. “Muchas veces se desvía la atención sobre las facturas con IVA o sin IVA, pero cuando miramos bien, el paquete de la gran evasión es el que importa. Vayamos a lo gordo; generemos otra cultura tributaria. Es difícil reforzarla si ves que dependiendo de quién seas tienes un tratamiento diferente”.

“No sería tan complicado tener una agencia tributaria realmente independiente”, sostiene Susana Ruiz. “Se trataría de poner cortafuegos; de que no haya injerencias desde los ministerios. Cuantos más trámites parlamentarios y comisiones mixtas hubiera, cuantas más auditorías se hicieran... Una agencia tributaria fuerte y una legislación bien definida; las dos cosas dependen una de otra”.

Las próximas elecciones europeas (y antes, las nacionales) tendrían mucho peso específico también en este ámbito. Si la población europea “vota más a la ultraderecha o liberales, tendremos un Parlamento europeo que presionará mucho menos” para poner coto al fraude fiscal; para defender un ámbito que debiera entenderse con mentalidad (solidaridad) “supranacional”.

Por ello, también, Oxfam incluye entre sus recomendaciones que los partidos políticos españoles “prioricen un plan de urgencia contra el fraude fiscal” de cara a las próximas elecciones generales, “en el que se incluya una lista negra española de paraísos fiscales actualizada, objetiva y ambiciosa”, ya que la europea presenta “un número irrelevante de territorios” que no suponen “riesgos reales para la administración española”.

 También, de paso, recuerda que debieran incorporarse “criterios de responsabilidad fiscal en la contratación y en los concursos públicos a todos los niveles (central, autonómico, provincial y municipal), para incentivar que los recursos públicos den prioridad a empresas responsables”.

Son 34 los países que figuran actualmente en la lista española de paraísos fiscales. Entre ellos, Gibraltar y República Dominicana. Coincide en el diagnóstico de Oxfam incluyendo en ella a Bermudas, Islas Caimán, Jersey, Isla de Man e Islas Vírgenes Británicas.

Desde 2003, sin embargo, se han caído –indultados– de esa lista los siguientes lugares: Andorra, Antillas Holandesas, Aruba, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Jamaica, Malta, Trinidad y Tobago, Luxemburgo, Panamá, San Marino y Singapur."          

 (SUSANA RUIZ / Responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Miguel Ángel Ortega Lucas, CTXT, 10/04/19)

Un decálogo para eliminar los paraísos fiscales

"Supongamos que los poderes públicos quieren eliminar los paraísos fiscales. Es una cuestión de voluntad política y de no hacerse trampas.

Se pueden reunir el G20, veinte veces y la OCDE tener un mandato formal de construir un andamiaje para que no se produzcan reducciones (erosiones) de la base por la que se calculan los beneficios e impuestos, pero si los Estados y gobiernos siguen haciéndose trampas (y a la ciudadanía) no se conseguirá nada.

Si Estados Unidos cuenta con el Estado de Delaware donde la opacidad de los detentadores de las propiedades está construida con unas normas legales similares a Panamá ¿de qué nos vale escandalizarnos por los papeles que se hayan descubierto o hackeado de un bufete ‘legal’ en este último país si el paladín del G20 permite y alienta esa misma opacidad?

Si la Comisión Europea hace una lista de 17 Estados a los que declara paraísos fiscales, pero olvida que además de la paja en el ojo ajeno, tiene las vigas en su seno como Luxemburgo, Holanda, Chipre, Malta,… ¿qué estamos haciendo y consintiendo? 

Si Apple, Microsoft, McDonalds o quien sea no paga impuestos porque han hecho acuerdos con determinados Estados, trasvasando sus beneficios de un país a otro vía poniendo precios y costes contablemente entre centros de la misma empresa en diferentes jurisdicciones fiscales y en definitiva no pagar en ningún sitio y se les premia con una amnistía fiscal y a sus accionistas lucrarse sin contribuir al erario público ¿no debiéramos calificar a esos Estados, con escasa o nula fiscalidad, como paraísos fiscales y sancionar a bufetes, gerentes y accionistas?

Si un territorio con jurisdicción fiscal quita uno o más impuestos, pero hay libre circulación de personas y capital, además de mercancías ¿no lo tacharíamos como un discípulo de paraíso fiscal?. Ese sería el caso de la Comunidad de Madrid con lo que hace con el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones.

 ¿Hay en España fórmulas ‘legales’ para no pagar impuestos o tributar por los mismos ingresos cantidades diferentes o muy diferentes si éstos se han obtenido como salarios o como rentas de capital?

Por lo tanto, si sabemos que los magos de Oriente son los papás, la lucha contra los paraísos fiscales tiene que empezar estableciendo de forma universal qué son los paraísos fiscales para que, sea Ecuador, la Unión Europea o cualquier ciudadano, todos tengamos la misma lista y basada en los mismos criterios que definen a un paraíso fiscal para poder actuar.

Los tres criterios sobre los que hay un consenso para definir si una jurisdicción fiscal es paraíso fiscal, si nos ponemos de acuerdo en el grado de aplicación, son:

-baja tributación. ¿Es razonable poner el listón mínimo de gravamen sobre los beneficios de una empresa (todavía pendiente de establecer una base imponible homogénea) para clasificarla como jurisdicción de baja tributación en un 1, 10 ó 20 %?. Irlanda ¿es o no es un paraíso fiscal en función de este criterio?

 La competitividad a la baja o si se quiere la autonomía fiscal estatal está consagrada en el Tratado de la Unión, por lo que en buena lid, la UE sólo podría establecer bajo este criterio como paraíso fiscal a las soberanías fiscales que tuvieran tipos y bases imponibles menores a las que tuviera cualquier país miembro.

-Transparencia e intercambio de información. Conocer quién es el propietario real de los bienes o negocios y, por necesidades baremadas de las Inspecciones tributarias, intercambio automático de datos contables y fiscales. Por eso, hasta ayer Panamá o Suiza, Andorra o Gibraltar son tachados de paraísos fiscales.

Por lo tanto, es esencial definir qué es un paraíso fiscal para acotar y fijar medidas para laminar la gangrena que producen en la equidad, suficiencia de los sistemas fiscales y sus efectos perniciosos para mantener la cohesión social. Hay que establecer criterios objetivos y alguno cualitativo para definir la lista. Establecer la lista. Crear posibilidades de mejora, para salir de la lista y también para entrar. Introducir sanciones. Sin régimen sancionador, la lista no vale para nada. 

Dicho esto, nos atrevemos a proponer unas primeras medidas que pueden facilitar la reducción del poder de los paraísos fiscales, si logramos definirlos y concretar normativamente los baremos, y que algunos países como Ecuador ya están aplicando algunas de ellas: 

1- Los candidatos y electos a responsabilidades políticas y el personal sujeto a las administraciones públicas no podrán tener cuentas financieras, ni hacer transferencias, ni recibirlas desde paraísos fiscales. No podrán poseer acciones o empresas domiciliadas en paraísos fiscales. 

2- Las empresas que realicen actividades o concursen con las administraciones no podrán tener más del 5 % de participación de accionistas domiciliados en paraísos fiscales. Tampoco ellas mismas realizarán actividades financieras en paraísos fiscales. 

3- Los fondos de inversión con sede en España no podrán suscribir, comprar o ser remuneradas por acciones, obligaciones, etc., de empresas y otras entidades, incluyendo públicas, procedentes de paraísos fiscales. 

4- Las empresas en España no podrán remunerar a sus propietarios que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales y sin ser gravados como un residente nacional. 

Y una disposición adicional que establezca las sanciones, como la pérdida del cargo o concesión y la multa correspondiente."                

 (Santiago González Vallejo. Economista. USO. Plataforma por la Justicia Fiscal, Rebelión, 09/03/18)

Los 'facilitadores', intermediarios imprescindibles para hacer funcionar la industria de la corrupción... como Garrigues, Uría Menéndez, Durán Sindreu o Cuatrecasas

"Por 1.300 euros puedes abrir una sociedad anónima en Panamá, con servicios como notaría, tasa anual, impuesto de registro o tasa sobre el capital incluidos. Por el mismo precio puedes decantarte por las islas Seychelles. Por 50 euros menos, puedes establecerla en Belice. 

Y si quieres que se ubique en Estados Unidos puedes optar por Delaware por 1.480 euros o por Wyoming por 1.680. Encontrar ofertas como esta, y hay por precios más bajos, no es nada difícil. Sólo hay que hacer una consulta rápida en la red. 

Las tarifas citadas, por ejemplo, corresponden a Paraisosfiscales.org, un portal que depende de la sociedad panameña OPM Corporation y el bufete jurídico Caporaso & Partners.

Su nombre es bastante explícito y no oculta el tipo de servicio que ofrece: "operando desde un paraíso fiscal, con los bancos offshore y cuentas bancarias offshore, es posible administrar actividades mediante una sociedad offshore para pagar menos impuestos y en la mayoría de los casos cero impuestos". 

La compañía tiene un teléfono barcelonés, básicamente para atender a los clientes de España, pero su máximo responsable, el abogado Giovanni Caporasso, aclara a Públic que no cuentan con ningún despacho físico en la capital catalana y que operan desde Panamá.

La llamada planificación fiscal agresiva, una actividad en la que participan bancos, bufetes de abogados, asesorías fiscales y grandes consultorías, suele ser legal, siempre y cuando se declaren los fondos.

 Básicamente lo que se trata es de exprimir la legalidad para encontrar los resquicios que permitan reducir la factura fiscal. ¿Quién gana? Obviamente las empresas -o los particulares- que recurren a ello. ¿Quién pierde? Las administraciones públicas, que ven caer su recaudación tributaria.

En los últimos años la retahíla de escándalos vinculados a la ingeniería fiscal agresiva, protagonizados fundamentalmente por grandes multinacionales, ha sido constante. Los de Inditex -la matriz de Zara, entre otros-, que se ahorró el pago de casi 600 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014-; y el de la estrella del Real Madrid Cristiano Ronaldo, son los más recientes.

 La lista es muy larga y se incluirán casos como los llamados Papeles de Panamá o el Luxleaks. Todo ello se ha traducido en una mayor conciencia ciudadana sobre los perjuicios que causan estas prácticas y en una mayor demanda para impedirlas, o al menos limitar las, por parte de plataformas, organizaciones o partidos políticos.

¿Cómo funciona el sistema?

Detrás de las grandes empresas o millonarios que optan por destinar parte de sus ganancias a paraísos fiscales para pagar menos a Hacienda están los llamados "facilitadores", es decir los bancos, bufetes y asesores especializados encargados de diseñar la estructura societaria que lo hace posible.

 Es lo que hace, por ejemplo, Paraisosfiscales.org y el célebre bufete de abogados Mossack Fonseca, epicentro de los Papeles de Panamá. Pero cómo funciona este sistema? Lo resume Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal a Oxfam Intermón: "Normalmente el proceso arranca con un banco, que al fin y al cabo será el encargado de realizar las transferencias. 

Pon el cliente en contacto con un bufete de abogados o un asesor fiscal que crea todo el entramado. en algunos casos no sólo crea la sociedad por ejemplo en las Bahamas, sino que también te puede facilitar el nombre de testaferros que aparecen en la sociedad pantalla. al fin y al cabo, los facilitadores lo hacen es explorar los huecos y buscar los agujeros en las diversas legislaciones para encontrar el tratamiento fiscal más favorable ". 

Sobre la intención final, Ruiz lo tiene claro: "cuando creas una compañías con un montón de empresas pantalla, lógicamente el objetivo es ocultar los beneficios a Hacienda".

 Cécile Barbeito, activista de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que los "bancos son el brazo ejecutor" de un proceso en el que las asesorías y los bufetes especializados "dominan la información en cada contexto, conocen las ventajas [fiscales] de cada país y ayudan a las empresas a eludir ". 

Montse Segú, analista financiera y miembro de la misma plataforma, lo remata explicando que "los bancos y las asesorías y bufetes especializados colaboran muy estrechamente, porque al fin y al cabo el cliente necesita un servicio integral.  

El valor añadido que ofrecen es evidentemente ahorrar impuestos y aunque crear estructuras fiscales [en paraísos] es caro, porque normalmente implica constituir varias sociedades, a los clientes les compensa con creces con lo que dejan de pagar a Hacienda".

Giovanni Caporasso, en respuesta por correo electrónico a un cuestionario de Públic, detalla que los clientes estatales de Paraisosfiscales.org contratan "residencias en países de baja imposición fiscal, sociedades offshore [literalmente "fuera de la costa", pero también llamadas sociedades deslocalizadas, porque son empresas creadas en centros financieros poco transparentes y de baja imposición] y cuentas bancarias en el exterior. 

Muchos nos contratan porque les diseñamos un esquema de protección para sus ahorros o para transferir dinero al exterior ". Sus clientes, sin embargo, no suelen ser grandes transnacionales, que ya tienen personal interno especializado en ingeniería fiscal, sino "pymes y particulares que no aguantan la presión fiscal. Nos solicitan consultoría para transferir al exterior y crear nuevas empresas con una tasación baja. Otros nos piden estructuras para proteger sus ahorros y poder vivir con ellos".

Cécile Barbeito, activista de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, añade que los "bancos son el brazo ejecutor" de un proceso en el que las asesorías y los bufetes especializados "dominan la información en cada contexto, conocen las ventajas [fiscales] de cada país y ayudan a las empresas a eludir ". 

Montse Segú, analista financiera y miembro de la misma plataforma, lo remata explicando que "los bancos y las asesorías y bufetes especializados colaboran muy estrechamente, porque al fin y al cabo el cliente necesita un servicio integral. 

El valor añadido que ofrecen es evidentemente ahorrar impuestos y aunque crear estructuras fiscales [en paraísos] es caro, porque normalmente implica constituir varias sociedades, a los clientes les compensa con creces con lo que dejan de pagar a Hacienda".

Giovanni Caporasso, en respuesta por correo electrónico a un cuestionario de Públic, detalla que los clientes estatales de Paraisosfiscales.org contratan "residencias en países de baja imposición fiscal, sociedades offshore [literalmente "fuera de la costa", pero también llamadas sociedades deslocalizadas, porque son empresas creadas en centros financieros poco transparentes y de baja imposición] y cuentas bancarias en el exterior. Muchos nos contratan porque les diseñamos un esquema de protección para sus ahorros o para transferir dinero al exterior ". 

Sus clientes, sin embargo, no suelen ser grandes transnacionales, que ya tienen personal interno especializado en ingeniería fiscal, sino "pymes y particulares que no aguantan la presión fiscal. Nos solicitan consultoría para transferir al exterior y crear nuevas empresas con una tasación baja. Otros nos piden estructuras para proteger sus ahorros y poder vivir con ellos".

Nummaria o Pretus -implicado en los Papeles de Panamá- o el asesor fiscal Andrés Guillamot, condenado a dos años de prisión por ayudar a su cliente a esconder los beneficios en los Países Bajos, son ejemplos de facilitadores que han diseñado estructuras para defraudar.

Una páctica muy común

El impacto de los paraísos fiscales no es ni mucho menos anecdótico y aunque, obviamente, no hay datos oficiales sobre el volumen de dinero que esconden, el economista francés Gabriel Zucman -autor de La riqueza oculta de las naciones , una de las obras de referencia sobre el tema- estima que contienen al menos 5,8 billones de euros en capitales ocultos.

 La plataforma Tax Justice Networks, en cambio, habla de 30 billones de dólares acumulados en jurisdicciones offshore [obviamente no todos los fondos depositados en paraísos fiscales deben ser opacos y pueden estar declarados]. 

En España, todas las empresas del Ibex 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, según el informe de Oxfam Intermón ¿Beneficios para quién? Los paraísos fiscales como principal amenaza para una fiscalidad justa. En concreto, a finales de 2014 las 35 compañías del selectivo sumaban 891 subsidiarias en territorios de baja tributación -un 10% más que el año anterior-, con el Banco Santander (235) y la constructora ACS (113) como máximos exponentes .

La ONG, que anualmente publica varios informes sobre la cuestión, denuncia que el "crecimiento de esta economía offshore [en los últimos 15 años la inversión hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro], fundamentada en un entramado de paraísos fiscales que acaban distorsionando y alterando el funcionamiento de la economía global, supone un desvío de recursos imprescindible para garantizar el estado del bienestar ". 

La secuencia, detalla Oxfam Intermón, es la siguiente: "una empresa español envía de viaje sus dividendos y plusvalías a un paraíso fiscal camuflada como inversión. Allí estas cantidades se declaran, pero no se paga impuestos por ellas. Finalmente, retornan a España, donde gracias a una nueva exención no es necesario que tengan que tributar".

"Es importante tener claro que los paraísos fiscales los tenemos muy cerca y están al alcance de una empresa media", recalca Cécile Barbeito, de Fiscalidad Justa. Andorra es el caso más evidente con relación a Catalunya, pero sin salir de la UE hay otros territorios con características comparables a los paraísos fiscales como Gibraltar, pero también estados como los Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. 

En cuanto a Andorra, a raíz de la firma del convenio de no doble imposición (CDI) entre el Estado español y el Principat -que evita que las empresas españolas que prestan servicios en Andorra tengan que pagar impuestos en el país pirenaico y al mismo tiempo también al Estado español y exactamente lo mismo con las compañías andorranas que operen en España-, durante los años 2014 y 2015 proliferaron las presentaciones para vender las ventajas de operar desde Andorra.

Públic ha tenido acceso al material elaborado por grandes bufetes en algunas de estas presentaciones. El denominador común de todas ellas es recalcar la "competitividad" fiscal de establecerse en Andorra y los beneficios de crear allí estructuras para poner en marcha la "planificación fiscal corporativa", que básicamente permite "minimizar la tributación en el país extranjero y minimizar la tributación en España ".  

Garrigues, Uría Menéndez, Durán Sindreu o Cuatrecasas, Gonçalves Pereira son cuatro ejemplos de grandes despachos que han llevado a cabo presentaciones de este tipo, a menudo en colaboración con alguna entidad financiera o con el mismo gobierno andorrano. 

Por ejemplo, Garrigues asesoró al ejecutivo del Principat en las negociaciones por el convenio de no doble imposición y fue uno de los ponentes en la jornada Inversión y negocios en Andorra, que en septiembre de 2015 se hizo en el Casino de Madrid y en el que participaron los ejecutivos de los dos estados. Cuatrecasas hizo una presentación en mayo de 2015, que fue patrocinada por la Banca Mora, una de las entidades financieras andorranas. El vínculo, por lo tanto, es muy estrecho.

Alternativas para plantar cara

"La planificación fiscal agresiva es legal, pero no es justa ni ética", subraya Montse Segú, de la Plataforma para una Fiscalidad Justa. ¿Pero qué se está haciendo para combatir más allá de las grandes declaraciones? El comisario europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, ha manifestado recientemente la voluntad de incrementar la regulación de los asesores fiscales, para evitar que fomenten la evasión o elusión fiscal entre sus clientes. 

La Comisión Europea inició el pasado noviembre una consulta pública para recoger opiniones sobre si, precisamente, es necesaria una acción a nivel comunitario "para introducir medidas más efectivas para desincentivar a los intermediarios involucrados en operaciones que facilitan la evasión o la elusión fiscal". 

La consulta estará abierta hasta el 16 de febrero y servirá para decidir si se establecen normas vinculantes. La iniciativa sigue el camino de las recomendaciones del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , que plantea que los asesores delaten a los clientes que quieran poner en marcha operaciones que faciliten el fraude y la evasión fiscal.

Uno de los grandes problemas, sin embargo, es la definición de paraísos fiscales. No hay una lista única y, por ejemplo, la OCDE actualmente sólo da esta consideración a dos territorios: los microestados oceánicos de Nauru y Niue.

 El Estado español amplía la lista a 33, entre los que se encuentran Macao, Gibraltar, las islas Cook, las Bermudas o Mónaco. Las organizaciones que trabajan más activamente para denunciar los perjuicios que provocan estos territorios tienen criterios mucho más restrictivos y, por ejemplo, para Oxfam Intermón un paraíso fiscal es un territorio con "baja o nula tributación", con "ventajas fiscales para los no residentes , sin necesidad de justificar una actividad económica sustancial y real ", que manifiesta una" falta de cooperación con otras administraciones tributarias "y con un marco legal que" permite la no identificación de las entidades registradas ni de sus titulares o propietarios de los activos ".

 Sin ir más lejos, la semana pasada la ONG presentó un informe en el que señalaba los 15 paraísos fiscales más "agresivos" del mundo. Cuatro forman parte de la UE: los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Chipre. También hay otros territorios europeos, como Suiza. A partir de aquí, parece complicado que estos estados acepten cambios sustanciales en la legislación comunitaria que ataque de raíz el problema.

Para Susana Ruiz, responsable de Fiscalidad de Oxfam Intermón, directamente "la UE no aplica  medidas suficientes para frenarlo". La experta apuesta por "revisar la definición de lo que es un paraíso fiscal" y destaca que España sólo tiene en cuenta "el criterio de transparencia, es decir, que se compromete a intercambiar información, pero no se tienen en cuenta otros, como que si un país tiene un impuesto de sociedades muy bajo o, directamente, del 0%, automáticamente se le debería considerar paraíso fiscal ".

 "Se crean listas de paraísos fiscales con criterios tan insuficientes que no sirven para llevar a cabo un control efectivo", denuncia. Ruiz también apuesta por revisar el modelo de fiscalidad empresarial, para que haya más transparencia y se garantice la posibilidad de saber cuánto pagan las empresas en impuestos y, sobre todo, saber dónde pagan, además de conocer con exactitud quienes son realmente los dueños.

La ONG reclama al Gobierno español una "ley contra la evasión y la elusión fiscal que contribuya a cerrar todas las rendijas de la elusión fiscal y combata el secretismo financiero", además de exigirle "apoyar la creación de un organismo fiscal mundial que represente a todos los países y que controle que las grandes corporaciones pagan lo que les corresponde y donde les corresponde ".

 Además, en colaboración con la Plataforma para una Fiscalidad Justa, también se ha puesto en marcha la campaña "zonas libres de paraísos fiscales", para que las instituciones públicas incorporen en sus políticas públicas de contratación criterios que incentiven un "comportamiento fiscal responsable".

De momento, se han sumado 21 municipios, 19 de Catalunya -el más importante, Barcelona-, aparte de Palma y Castelló. En la ley de acompañamiento de los presupuestos, la Generalitat también pretende introducir el mismo criterio, y que se evite la contratación de sociedades con filiales en paraísos.

 ¿Problema? En todos los casos la clave se encuentra en saber qué se entiende por paraíso fiscal y en principio se tendrá en cuenta la lista que elabore la UE, en la que evidentemente no aparecen territorios como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda.

Batala desigual

Los escándalos de los últimos tiempos aumentan la demanda de medidas realmente eficaces para combatir contra los paraísos fiscales, pero de momento las inversiones que van a parar a estos territorios lejos de detenerse, se incrementan. Giovanni Caporasso llega a afirmar que «los escándalos como los Papeles de Panamá tienen el efecto contrario, porque dan a conocer los paraísos fiscales a quien no los conoce y aumentan la demanda de servicios». Según su visión, evidentemente favorable a su existencia, "si no existieran infiernos fiscales no existirían paraísos. 

Muchos países europeos lo han entendido y aplican impuestos razonables, mientras que otros parecen no entender que los impuestos altos sólo provocan la fuga de capitales" . En cualquier caso la batalla para erradicarlos, ahora mismo claramente desigual en detrimento de los partidarios de acabar con los paraísos fiscales, se prevé larga."                   (Marc Font, Público,22/12/16)

El dinero que se evade a través de paraísos fiscales: 8 billones de dólares, que distorsionan la economía mundial y atan de manos a los Gobiernos

"Gabriel Zucman es profesor asociado en la London School of Economics (LSE) y uno de los discípulos del célebre Thomas Piketty, el gurú de la desigualdad. Su misión ha sido calcular lo más certeramente posible la cantidad de dinero que se evade a través de paraísos fiscales: casi 8 billones de dólares que distorsionan la economía mundial y atan de manos a los Gobiernos a la hora de afrontar sus políticas económicas.

El enfoque de Zucman es distinto, tal y como recoge The New York Times, ya que en lo que se ha fijado es en las diferencias entre los activos y los pasivos de los balances internacionales. Al contener muchos más pasivos, las cuentas no cuadraban; la explicación siempre ha sido los paraísos fiscales. Multinacionales e individuos acaudalados "esconden" sus activos para evitar el ojo del fisco.

La que nunca se había estimado con demasiada exactitud era a cuánto ascendía la evasión fiscal global. Tras analizar los datos que han publicado recientemente Suiza y Luxemburgo, este economista estima que actualmente hay aparcados unos 7,6 billones de dólares en paraísos fiscales, es decir, el 8% de la riqueza personal total mundial. Y, además, asegura que son unos cálculos conservadores.

Zucman cree que si este dinero fuera registrado y propiamente gravado, los ingresos fiscales de los Estados aumentarían en más de 200.000 millones de dólares anuales. Y esos datos ni siquiera incluyen la elusión fiscal que practican algunas multinacionales, una cantidad que podría ser todavía mayor. De hecho, según sus cálculos, el 20% de los beneficios de las empresas estadounidenses son trasladados a paraísos fiscales y las prácticas evasivas reducen en un tercio los ingresos fiscales del Gobierno por este concepto.

De hecho, las prácticas fiscales de este tipo se han vuelto tan comunes desde los años 80 que el impuesto de sociedades efectivo en EEUU ha caído desde el 30 al 15% aunque el tipo nominal no ha cambiado en ese mismo tiempo. Recientemente, el think tank español Fedea recogía los estudios de Zucman a nivel español, que estiman que los españoles tendrían unos 144.000 millones de euros en paraísos fiscales, lo que supondría que solo en España se pierden 7.400 millones de euros en impuestos.

Estos números son lo suficientemente grandes como para poner en cuestión algunos lugares comunes que se han extendido en los últimos años, como por ejemplo que China se haya convertido en el "dueño" del mundo o que Europa y EEUU estén realmente tan endeudados como podría parecer. La idea de un mundo rico endeudado es "una ilusión creada por los paraísos fiscales", defendía Zucman en un trabajo publicado el año pasado.

Otro efecto de los paraísos fiscales es que subestiman la desigualdad real que hay en el mundo, dado que solo las multinacionales y la gente que tiene como mínimo 50 millones de dólares pueden permitirse las estructuras necesarias para esconder su dinero en un paraíso fiscal. Además, pagan menos impuestos que un trabajador corriente, por lo que la desigualdad crece todavía más.

"Hubo un cambio profundo de actitud en los años 80", mantiene Zucman en declaraciones al diario neoyorquino. "En los 50, los 60 y los 70 los impuestos eran mucho más altos, pero no se consideraba normal tratar agresivamente de reducir tu factura de impuestos o incluso evadir", añade. Y apunta a la llegada al poder de Ronald Reagan y la idea de que el Gobierno es una 'bestia' que debe morir de inanición.

Además de reducir los ingresos públicos, estos esquemas tienen otro problema. Al no reflejar la realidad en estadísticas, disminuye la capacidad de los gobernantes para gestionar. Erosiona el respeto por la ley y desincentiva la creación de empleo, ya que da beneficios a aquellos que trasladan al extranjero su riqueza y sus empresas en lugar de invertir en los países donde obtienen sus ingresos.  (...)

Por ello la medida más importante sería un registro financiero global que monitorice la riqueza de la misma manera que hoy en día se registran las propiedades en EEUU. "Si no puedes medir la riqueza, es casi imposible gravarla", explica Zucman.

Un registro de este estilo haría imposible que las multinacionales se atribuyeran de manera fraudulenta beneficios en paraísos fiscales que correspondan a los países en los que los obtengan y donde deberían pagar sus respectivos impuestos. Una misión difícil, pero que según este economista se podría plantear ya con un gran acuerdo entre EEUU y la Unión Europea (...)"                 (Jaque al neoliberalismo,  17/06/2014)

SWIFT y los paraísos fiscales

"¿Acaso no es posible ponerles veto a estos chiringuitos fraudulentos y dejarlos fuera del sistema bancario internacional? ¿No existe un consorcio llamado SWIFT (precisamente radicado en Bruselas) por donde pasan todas las transacciones internacionales para poder controlarlas?... todos los sectores económicos deben dirigirse a los mercados financieros para conseguir capitalización: los Estados para financiar su déficit, las empresas para desarrollarse, los particulares para conseguir bienes de consumo, vivienda, etcétera.

Esta Europa de cuentas numeradas, de enjuagues de billetes y de ingeníeria financiera es utilizada por organizaciones criminales asegurando la impunidad de los defraudadores, mientras la gran mayoría de los ciudadanos temblamos con el repunte del Euríbor.- Juan Torres Alzu" (El País, ed. Galicia, Cartas al Director, Opinión, 17/12/2007, p. 30)