Manuel Lao, de las máquinas tragaperras al puesto 18 de la lista Forbes

 "Es muy probable que si escuchan hablar de Florentino Pérez sepan quién es. Pero, ¿conocen a Manuel Lao Hernández? El poder de este almeriense afincado en Cataluña, con intereses en el mundo financiero, inmobiliario, hotelero, agropecuario y en el sector del juego, es comparable al del presidente de ACS, con quien comparte posiciones en el ranking de las personas más ricas de España de 2022, publicado por Forbes. En concreto, Florentino Pérez ocupa el puesto 13 y Manuel Lao, el 18. Este empresario andaluz fundó Cirsa en 1978, en un primer momento colocando máquinas tragaperras en los negocios hosteleros. En 1985 se hizo con su primer casino: el de Marbella. 

Su mano derecha en aquella primera etapa era su hermano Juan, quien rompió la relación empresarial en 1998, tras la condena de la Audiencia Nacional a Manuel por un delito frustrado de evasión de capitales. El tribunal le impuso una multa de 14 millones de pesetas y dos meses de arresto mayor. Juan vendió entonces sus acciones de Cirsa y siguió su camino en Giga Games, una filial de juego ubicada en Barcelona. 

Manuel, sin embargo, optó por la expansión del negocio a Estados Unidos. Cirsa logró las licencias homologadas en el Estado de Misisipi y comenzó a comercializar en el territorio. Al mismo tiempo, ingresó en el mercado latinoamericano con la adquisición del Grupo Portal, empresa de juego de origen peruano. Los buenos resultados fuera de España lo invitaron a seguir conquistando mercados en República Dominicana, Panamá o Italia.

En 2006, fue detenido por las autoridades aduaneras del aeropuerto argentino Jorge Newbery, por supuestamente tratar de introducir medio millón de euros en efectivo. Según publicaron algunos medios, Lao se dirigía a un encuentro secreto con las empresas: Codere y Casino Club, con intención de repartirse el mercado de Buenos Aires. Cirsa justificó el viaje como un “tradicional desplazamiento navideño” para felicitar y obsequiar a su empleados en Suramérica. Según el acta de las autoridades aduaneras, el dinero en metálico era “para los imprevistos que se pudieran presentar en el viaje”. El juzgado Nacional de lo Penal Económico nº 8 de Buenos Aires dictaminó que no se había apreciado ninguna conducta delictiva y todo quedó en una sanción administrativa. 

De las entrañas de la empresa de Lao nace en 2007 una de las principales filiales de juego que inundan los barrios obreros de todo el territorio nacional. Cirsa, junto a sus socios británicos Ladbrokes, crean la famosa casa de apuestas Sportium.

En 2018, Ladbrokes vende sus acciones de Sportium al grupo inversor GVC Holding, dueños de la casa de apuestas Bwin. Tras la maniobra empresarial de los británicos, Cirsa decide liquidar su parte al fondo Blackstone, conocido por sus inversiones inmobiliarias, por la cuantía de 2.000 millones de euros. Un año después, el fondo se hace con la totalidad de la casa de apuestas, lo que puede generar que, en una misma zona, haya personas afectadas por ambos negocios: el del juego y el inmobiliario.  

Actualmente, Cirsa tiene en su poder 150 casinos repartidos por todo el mundo, más de 80.000 máquinas recreativas, 78 salas de bingo, 243 salones de juego y cerca de 3.000 puntos de apuestas deportivas. El grupo registró en el segundo trimestre de 2022 un beneficio operativo de 132,2 millones de euros. 

Manuel Lao Hernández, uno de los nombres que salieron en los papeles de Panamá,  preside ahora la empresa Nortia Capital Invesment, un holding dedicado a la gestión de inversiones inmobiliarias. Y compagina esta tarea con su desempeño en su fundación y las relaciones académicas con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), donde fue investido Doctor Honoris Causa."              (Alejandro Torre E.  , La Marea, 06 febrero 2023)

El Real Madrid ingresa 10 millones al año de la industria del juego tras descartar un veto por los “riesgos reputacionales”

 "El juego no tiene buena reputación. Mueve cantidades extraordinarias, en España cada día más, pero su crecimiento despierta recelos por su conexión con la ludopatía, el amaño de partidos y la proliferación de las casas de apuestas en los barrios más pobres de las ciudades. En 2019 las apuestas deportivas presenciales movieron 2.252 millones de euros, según las cifras del anuario de Cejuego, la patronal española del sector, a los que hay que añadir la mitad de los 2.917 millones del juego en internet. 

En total, por tanto, el volumen de apuestas supera los 3.710 millones de euros. El crecimiento de este mercado ha sido espectacular: un 81% el presencial y un 248% el online. Simultánea a ese estallido ha sido su presencia publicitaria. En 2019 las empresas del juego dedicaron el 27,2% de sus beneficios a promocionarse, 203,66 millones de euros.

Se trata de un sector a cuya agresividad publicitaria no han querido escapar los clubes de fútbol, siempre ávidos de patrocinio. De hecho, sólo la Real Sociedad, entre los clubes de Primera División, ha renunciado expresamente a lucir los nombres de las casas de apuestas en sus camisetas. Incluso sometió la cuestión a referéndum de sus socios en diciembre de 2018. El 86% votó no. 

 Hasta 2019 el Real Madrid mantenía acuerdos de patrocinio al menos con cinco empresas de apuestas diferentes, que se traducían en unos ingresos anuales de 10 millones de euros, según la cifra que manejaba el propio club entonces. Una cantidad nada desdeñable. Lo que no significa que el club de Florentino Pérez no sea consciente de los riesgos reputacionales que supone asociar sus camisetas blancas a las empresas de juego. De hecho, el problema ha estado sobre la mesa de los gestores del club, como revelan los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Las tres opciones

“Merece la pena que el club tome una posición al respecto de este sector por su incidencia social y reputacional”, opina la directora general adjunta, Begoña Sanz Orea. Y propone a su superior, José Ángel Sánchez Periáñez, tres opciones en un correo de junio de 2018. La primera, maximizar los ingresos buscando más operadores en otros territorios. En la actualidad, el club mantiene contratos que cubren, además del territorio nacional, Rusia, el mercado asiático, africano (Ghana) y latinoamericano. Pero le faltan el europeo excepto Reino Unido y Estados Unidos.

La segunda: “Nos vamos saliendo del sector y lo situamos dentro de los sectores vetados”. Se trataría de no renovar los contratos vigentes a medida que se fueran extinguiendo, añade.

Y la tercera, consolidar un máximo de dos acuerdos, uno para el fútbol y otro para el baloncesto, a fin de “minimizar los riesgos reputacionales”.

En 2018, el Real Madrid tenía un contrato con Codere de 3,2 millones de euros anuales, que se extendía hasta 2021 y le permite cubrir Italia y parte del mercado latinoamericano. Como patrocinador del equipo de baloncesto contaba hasta 2020 con Betfair, 675.000 euros al año. Y acababa de firmar con BetGhana, a razón de 2,3 millones el primer año y 2,5 millones los dos siguientes, y con Manbetx, en Asia excepto India, Australia, Pakistán y Bangladesh, a cambio de 2,3 millones para empezar, 2,4 y 2,5 millones en 2020 y 2021.

También había pactado con Betcart para los mercados portugués, británico y de Oriente Próximo, por 1,2 millones de euros anuales hasta junio de 2020. Finalmente, negociaba con Betway y con Bwin, para atender a los apostantes europeos y estadounidenses, sendos contratos de dos años por unas cantidades que oscilaban entre 3,8 y 6,5 millones de euros. Había enviado sus propuestas a ambas empresas y se encontraba esperando una respuesta en septiembre de 2018, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. 

En julio de 2020 el Real Madrid cambió a Manbetx por KOK Sports en el mercado asiático. Y este mismo enero ha firmado con Fonbet para cubrir las apuestas en Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Es decir, dos años después de expresar ciertos escrúpulos por el perjuicio reputacional de las empresas de juego, el club ha suscrito dos acuerdos más con este tipo de firmas. Ganó, pues, la primera de las opciones sugeridas por la directora general adjunta.

Aunque el pasado noviembre el Gobierno publicó un real decreto que puede suponerle al Real Madrid un cambio de política. La norma obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas en territorio español antes del 31 de agosto. Lo que afectaría a Codere, precisamente su principal socio del sector. Pero no al resto, al grueso de su negocio con las empresas del juego, que operan fuera de España.

El Real Madrid no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho infoLibre sobre sus contratos con las empresas de apuestas.

El conflicto legal con Codere y Bwin

Con Bwin, una empresa austriaca que opera en España a través de una sociedad gibraltareña, Bwin Party Services Limited, el Real Madrid tuvo una larga relación, que comenzó en 2007. Hasta 2013 su nombre lucía en las camisetas del primer equipo. Desde esa fecha y hasta el verano de 2016 siguió siendo patrocinador del club, con un contrato de cuatro y 4,5 millones de euros cada una de esas dos temporadas.

Pocos meses después, los blancos firmaron con Codere, que se convirtió en la casa oficial de apuestas del club. Enterraba así una historia que hasta entonces había sido conflictiva. En 2011, la empresa española demandó al Real Madrid y a Bwin por competencia desleal. Alegaba que los austriacos hacían publicidad ilícita con el club aprovechando el vacío normativo existente entonces –la Ley del Juego se aprobó en mayo de ese año–. Y pedía a los merengues que dejaran de lucir el nombre de Bwin en sus camisetas, después de sacar a colación que la empresa austriaca no pagaba impuestos en España.

La reclamación fue rechazada tanto por el juzgado de lo Mercantil primero como por la Audiencia Provincial de Madrid después, en septiembre de 2015, por lo que Codere recurrió ante el Tribunal Supremo en enero de 2016. Diez meses tarde, al tiempo que firmaba con el Real Madrid su primer contrato de patrocinio, Codere y el club suscribieron también un acuerdo transaccional por el que daban por cerrado el litigio. El Supremo terminó inadmitiendo el recurso de la empresa de juego en abril de 2018.

En 2019, la compañía que creó la familia Martínez Sampedro y hoy se halla en manos de los fondos de inversión Silver Point y Prudential renovó su acuerdo con el Real Madrid hasta 2021.

Todos los contratos con las casas de apuestas forman parte del perímetro de negocio incluido en el acuerdo que el Real Madrid firmó en 2017 con el fondo de inversión Providence. El club está obligado a impulsar sus patrocinios para devolver al fondo los más de 200 millones que éste le proporciona. Prescindir de los suscritos con las empresas de juego se convierte pues en un lujo que no se puede permitir. Sólo en el ejercicio 2018/2019 Providence se llevó 227.000  euros del contrato con Codere, 30.000 del firmado con Betfair, 2,23 millones de BetGhana y 2,03 millones de Manbetx, según consta en los informes entregados al comité conjunto que vigila el acuerdo y que figuran entre los documentos de Football Leaks.

De acuerdo con esos documentos y tal como ha publicado este periódico, el Real Madrid firmó en 2017 un contrato con la filial en Luxemburgo de Providence Equity Partners que le aporta 200 millones de euros en cuatro años, unas cantidades que proceden, a su vez, de los hóldings que el fondo de inversión posee en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El club era consciente desde el primer momento de los riesgos reputacionales y fiscales que corría suscribiendo un acuerdo con un fondo que utiliza esa estructura societaria, pero aun así siguió adelante con el contrato. De hecho, sus directivos habían alertado a la cúpula merengue de que la Agencia Tributaria podía considerar un “fraude ley” la interposición de una sociedad instrumental –la luxemburguesa– cuyos beneficiarios últimos están radicados en un paraíso fiscal para “obtener una ventaja fiscal”.

Además, el Real Madrid negoció con el fondo un proyecto para que éste gestionara el negocio digital del club, una plataforma para vender contenidos premium que no llegó a prosperar. El contrato con Providence le impide intervenir en la gestión del club, pero sí debe recibir toda la información sobre los contratos de patrocinio del Real Madrid, porque de ellos obtiene el fondo sus retribuciones. Para aumentar los ingresos por este concepto, Providence propició el fichaje de un superdirectivo canadiense, David Hopkinson, al que pagaba 1,12 millones de euros anuales. Sin embargo, el ejecutivo abandonó el club el pasado mes de septiembre, tras sólo dos años de trabajo y sin alcanzar sus objetivos.

LAS PREGUNTAS QUE NO RESPONDE EL REAL MADRID

infoLibre ha solicitado al Real Madrid a lo largo de las dos últimas semanas detalles sobre sus contratos con las empresas del sector del juego. El club se ha negado a contestar. Éstas son las preguntas planteadas que han quedado sin respuesta:

1.-En 2018 el Real Madrid debatía sobre los riesgos reputacionales de asociar su imagen con las casas de apuestas. Una de las opciones que llegó a estudiar era reducir al mínimo sus acuerdos con las empresas de juego. Sin embargo, en estos últimos tres años el club ha seguido suscribiendo contratos de patrocinio con compañías del sector: Fonbet, KOK Sports han sido los más recientes, pero en ese momento acababa de firmar con Manbetx y BetGhana. Con Codere tiene contrato hasta este año.

¿Cuál es entonces la política del Real Madrid sobre las casas de apuestas? ¿Cuál es su prioridad: mantener esos contratos, y los consiguientes ingresos por patrocinio, o reducirlos (o incluso eliminarlos) en beneficio de su imagen y reputación?

2.- A la luz del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas antes del 31 de agosto, ¿va el Real Madrid a renovar –o a adaptarlo a las nuevas normas– su contrato con Codere, que vence este año?

3. ¿A qué otros contratos con empresas de apuestas afecta el Real Decreto?"                (Begoña P. Ramírez, InfoLibre, 23/02/21)

“El Partido Popular está financiado y contaminado por parte de las casas de apuestas”... Muchas de ellas tienen su sede fiscal en la oficina del despacho de abogados Cuatrecasas, al que se ha incorporado Soraya Sáenz de Santamaría... Montoro, es quien se encarga de dar las licencias al sector del juego

"Desde su legalización en 1978, la industria de las apuestas no ha parado de crecer. Pero en la última década, al calor de la crisis y del Gobierno del Partido Popular, las casas de apuestas han tomado los barrios, la publicidad del juego online se ha apoderado de la mayoría de espacios a los que alcanza nuestra vista y sus grandes empresas se han convertido en la envidia de otros sectores. Pero también en el punto de mira de movimientos sociales y plataformas vecinales.

Avisan antes de arrancar a contestar preguntas: Luis Díez —el padre— se encarga de la parte más política y económica del libro, Daniel Díez Carpintero —el hijo— de la parte más humana y social. A lo largo de sus 18 capítulos, ¡Jugad, jugad, malditos! (Akal, 2020) hace un repaso a todos los posibles flancos por los que se puede abordar la problemática de la proliferación de la industria de las apuestas y de la adicción al juego. 

Desde la vinculación del sector con la esfera política, pasando por la relación entre la persona ludópata y las lucecitas de una tragaperras, o la evasión de impuestos, hasta el estigma que sufren las mujeres jugadoras. (...)

Habéis citado tanto la crisis como a los gobiernos de derecha. Es bastante sangrante que la Ley de Ordenación del Juego se aprobara en 2011, justo en medio de esa crisis.

D.D.: Exacto. Es plena época de crisis y estas casas de apuestas hablan como si dieran dinero: “Te regalamos tanto dinero”, “vas a ganar tanto dinero”..., se aprovechan de la escasez y de los problemas que acarrea la escasez. Porque como toda adicción, funciona mejor en las personas que están sufriendo que en las que no.

L.D.: Las personas con problemas necesitan evadirse y una de las formas de hacerlo es el juego. No se dan cuenta de que, a su vez, la evasión es o va a ser su principal problema. En todos estos casos no hay ni un solo estudio serio sobre los efectos de la ludopatía. Pero hay algo muy claro: la finalidad de los poderes públicos con el juego es recaudatoria.

Cómo se desarrolla la Ley de 2011 y cómo se aplica es una broma. Se conceden licencias a empresas que ya estaban funcionado, que vivían en una situación de alegalidad, que patrocinaban a equipos de fútbol de primera y segunda división. Llega el Gobierno de derechas y con esa regulación lo único que se hace es la creación del organismo de Ordenación del Juego, pero luego este organismo no desarrolla nada de la ley en cuanto a mecanismos de control o la prevención del menor.

Tras la moción de censura a Rajoy y la entrada de Pedro Sánchez, se empiezan a presentar medidas para que las empresas online empiecen a rendir cuentas, pero hasta entonces lo único que se hizo fue darle licencias a empresas que, por ejemplo, en muy pocos casos tienen domicilio fiscal en España. Muchos de ellos tienen su sede fiscal en la oficina del despacho de abogados Cuatrecasas, al que luego hemos visto cómo se ha incorporado Soraya Sáenz de Santamaría. Sáenz, junto a Montoro, es quien se encarga de dar todas esas licencias al sector del juego. 

Es un mercado abonado durante años, un negocio extractivo. Esto también explica la voracidad y crecimiento del mercado de las apuestas online, mientras el regulador no desarrolla la ley ni tiene más interés que el recaudatorio.

Habéis nombrado a Soraya y Montoro, pero en el libro también habláis de Núñez Feijoo o Rafael Catalá. ¿Qué papel tiene el Partido Popular en el desarrollo de la industria de las apuestas? ¿Podría haber sido diferente?

L.D.: Hubiera sido diferente seguro, porque la izquierda es sensible a este tipo de temas, a la ludopatía. El Partido Popular está contaminado y financiado por parte de las casas de apuestas. Y eso se ve en la trama Gürtel, donde aparecen los señores de Luckia —los hermanos gallegos González Fuentes— como donantes de la caja B del Partido Popular. En Castilla León hay bastantes signos de que ha podido ocurrir lo mismo con el presidente de esa comunidad. El jefe de ética del Partido Popular, Andrés José Ayala Sánchez, era socio y trabajaba como conseguidor para el grupo murciano Orenes. Y podría seguir contando muchos más, pero mejor dejamos que se lean el libro. (...)

También habláis sobre el lobby mediático del juego o el poder que tiene la industria sobre los medios de comunicación o las universidades. Mencionáis Roures, medios especializados, informes… ¿Qué poder tiene este lobby?

D.D.: Hay lobbies visibles y no tan visibles. Uno no sabe hasta qué punto han movido los hilos, pero lo que sí que es verdad es que hay personas de cierta notoriedad pública que deberían ser independientes y que, claramente, han sido comprados por la industria del juego. Por ejemplo, hay un profesor de la Universidad Carlos III, Juan Antonio Gómez Yañez, que es quien se encarga de realizar los informes anuales sobre la industria del juego que publica Codere a través de su fundación en los últimos años, aunque ahora ya no existe.

Unos estudios sobre el juego que deberían ser realizados por el Estado y por organismos independientes están siendo financiados por una de las mayores empresas del sector y realizadas por este sujeto. La existencia de estos tipos demuestran que existen esos lobbies y que se están adentrando en la política, en las universidades, en las administraciones públicas para comprar a personajes, aparentemente independientes, que les den un poco de credibilidad. (...)" (Entrevista a Luis y Daniel Díez, Yago Álvarez, El Salto, 06/03/20)

La vergüenza del fútbol español... vive, detrás de su aparente exuberancia, empeñado en contradecir hasta el último de los valores del deporte.

"Cuando el Real Madrid y Barcelona se enfrenten el domingo en el estadio Santiago Bernabéu, uno de los templos sagrados del fútbol, una audiencia global de 650 millones de personas estará atenta a cada detalle.

 Las imágenes de los goles serán compartidas en los cinco continentes y los jugadores confirmarán su estatus como las estrellas del entretenimiento de nuestro tiempo. Una realidad menos amable quedará relegada a un segundo plano: el fútbol español vive, detrás de su aparente exuberancia, empeñado en contradecir hasta el último de los valores del deporte.

El amaño de partidos, cuyo último escándalo está siendo juzgado estos días, la impunidad de comportamientos racistas en los estadios, el fomento del juego a través de apuestas deportivas o la corrupción en el oscuro mercado de fichajes son solo algunas de las manchas de un modelo donde todo vale, siempre que aporte algún beneficio económico.

Es hora de salvar al fútbol español de sí mismo. El inmenso seguimiento que despierta no puede ser una excusa para rodearlo de impunidad, sino una razón más para obligar a todos sus actores a respetar el fair play de una sociedad abierta y tolerante.

Solo bajo la actual renuncia de principios se entiende que en enero la Supercopa, una de las competiciones del calendario español, se disputara en Arabia Saudí. Un acuerdo de 120 millones de euros vigente en los próximos tres años llevó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a escoger como sede un país donde las mujeres son sistemáticamente discriminadas, los disidentes encarcelados y periodistas incómodos, como Jamal Khashoggi, sean censurados o hasta asesinados.

Más cerca, en los estadios españoles, los incidentes racistas se repiten sin que clubes, árbitros u organismos competentes tomen medidas, en parte por temor a dañar un negocio que supone el 1,37 por ciento del PIB de España y mueve 15.668 millones de euros al año. El entrenador del Deportivo de la Coruña, Fernando Vázquez, denunció la semana pasada que la xenofobia y el odio no son una prioridad de las autoridades deportivas. “Solo se va a resolver cuando los jugadores decidan irse y se pierdan partidos”, dijo.

El fútbol español se comporta como si pudiera dar la espalda a su responsabilidad social. La RFEF, La Liga y los clubes, encargados de administrarlo, no entienden que son transmisores de los sueños de millones de niños que tienen en jugadores y equipos sus modelos a seguir. Y, sin embargo, ni siquiera los dos mejores jugadores del mundo pasan el corte para convertirse en ejemplos.

Leo Messi y Cristiano Ronaldo fueron condenados en España por fraude a Hacienda. Ambos recibieron condenas a prisión que eludieron con el pago de sumas millonarias, mientras contaban con la comprensión de los directivos de sus clubes, los gestores de la competición y los aficionados.

Las escenas de los dos futbolistas siendo aclamados a las puertas de los juzgados muestran por qué es tan difícil regenerar el fútbol. Mientras miremos a otro lado, enviando el mensaje de que nada importa salvo la victoria deportiva, la motivación para recuperar los valores deportivos seguirá eludiendo a un mundo que, protegido por la pasión y el negocio que genera, pretende vivir con reglas propias.

Los equipos españoles, con su alcance global, podrían promover en su lugar la diversidad, la igualdad y la tolerancia dentro de lo que la propia liga describe como su intención de “integrar la responsabilidad social” en el fútbol profesional. Y debe hacerlo más allá de la retórica vacía y unos cuantos carteles colgados de los estadios.

Imaginemos el impacto que podría tener que desde el fútbol se combatiera con sinceridad la homofobia y la ayuda que supondría para quienes la sufren en la escuela. Pero ningún jugador de La Liga ha admitido nunca su homosexualidad y quienes quisieron hacerlo se encontraron con el veto de sus clubes. Todo se perdona, menos una salida del armario que ponga en riesgo el negocio.

La venta de entradas y de derechos de televisión solían ser las dos grandes fuentes de financiación de los equipos. El crecimiento de la popularidad del fútbol en las últimas décadas ha convertido a sus estrellas en soportes publicitarios capaces de generar ingresos millonarios a través de la venta de productos relacionados con su imagen. Lo que no se entiende es que en la legítima búsqueda de una rentabilidad, la codicia haya ganado a la ética por goleada.

Jugadores y clubes han sido determinantes en la explosión de las apuestas deportivas en España, con un crecimiento del 20 por ciento anual. Siete de los veinte clubes de primera división lucen publicidad de casas de multinacionales del juego y el resto tienen algún tipo de acuerdo de patrocinio con ellas, a excepción de la Real Sociedad. Jugadores idolatrados por los niños transmiten el mensaje de que sus sueños se pueden cumplir: no emulando su esfuerzo sobre el terreno de juego, sino apostando sus ahorros a que el balón entré en la portería.

La proliferación de casas de apuestas en los barrios más humildes y la epidemia de ludopatía entre menores ha obligado al gobierno de España a limitar la publicidad y vetar la utilización de celebridades para atraer a nuevos apostadores. Pero en una concesión inexplicable, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, decidió mantener la publicidad durante los partidos, precisamente donde se concentra la audiencia infantil.

La industria del fútbol, porque a eso ha sido reducido, una industria, ha demostrado su incapacidad para regularse a sí misma.

Las instituciones del Estado deben intervenir de forma decidida, poner medios para atajar la corrupción, aumentando la protección de jóvenes promesas hoy víctimas de un mercadeo intolerable, legislar para que el deporte no se convierta en un casino y promover el cierre de estadios convertidos en altavoces del odio. Un buen comienzo sería empezar a aplicar la ley ya existente de 2007 que protege contra “la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”.

La atracción global del fútbol y el aura heroica que rodea a los jugadores deben ponerse al servicio de algo más que ganar dinero."                             

(David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director. The New York Times, en Revista de prensa, 27/02/20)

Un cabecilla de la red de amaños es propietario de dos locales de apuestas

"En febrero de 2017, el exfutbolista Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas de la trama de amaños de partidos desmantelada en la Operación Oikos, constituyó dos sociedades para abrir sendos locales de apuestas en Málaga, dos franquicias que funcionan bajo la marca Luckia. La primera, Salón de juegos Aranda SL para un local en la avenida Salvador Allende, 92, en El Palo, el barrio humilde del que procede el exjugador. La segunda, Salón de juegos Aranda y Ojeda SL, para otro en la avenida Jane Bowles, 3, en el extrarradio de la ciudad, muy cerca de su zona más conflictiva.

Cuando se inició la investigación policial sobre los amaños para obtener beneficios a través de apuestas, otro grupo de investigadores ya se había fijado en estos locales. Según diligencias policiales a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado de Instrucción 6 de Málaga ya tenía entonces intervenido el teléfono de Aranda dentro de una investigación por presunto tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La policía registró conversaciones “en las que se hablaba de manera explícita de la existencia de predeterminación de resultados en varios eventos deportivos”, a partir de las cuales los investigadores pudieron comenzar a dibujar el esquema de jerarquías de la trama.

En Málaga se localizó otro hallazgo relevante para las pesquisas de la Operación Oikos. Las ganancias derivadas de las apuestas por el Huesca-Nàstic del 27 de mayo de 2018, el partido cuyo presunto amaño motivó la investigación, no se repartieron solo entre apostantes asiáticos. Según la policía, varios detalles conectan a quienes más ganaron en España con ese encuentro: “Todos tenían su residencia en Málaga”. Además, “las apuestas son todas similares y por importes altos”, destaca un informe policial. Por último, los investigadores encontraron vínculos evidentes entre estos apostantes que tantos beneficios obtuvieron, “bien por ser familia, bien por su relación empresarial”.

Estos datos sobre la relación entre los apostadores más agraciados en España llevaron a que “las sospechas de que el partido bajo investigación se encontraba predeterminado con anterioridad a su celebración aumentaran”, se puede leer en el informe policial. Antes de que se realizara la identificación de los ganadores, la investigación del Huesca-Nàstic (0-1) había comenzado precisamente con la sospecha sólida de que el resultado había sido arreglado. Dos informes confidenciales remitidos por la UEFA a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el 28 y el 29 de mayo ya alertaban de profundas anomalías en las apuestas relativas a este encuentro.

La principal conclusión del segundo documento, el más extenso, elaborado por la empresa Sport Radar, se recogía en la portada del dossier: “Hay pruebas claras y apabullantes de que el curso o el resultado de este partido fue influido excesivamente con intención de obtener beneficios corruptos de las apuestas. Las pruebas de las apuestas indican básicamente que los apostantes tenían conocimiento previo de que la SD Huesca iba a perder el partido”, decía.

Las conversaciones intervenidas a Aranda en el marco de la investigación por tráfico de drogas y blanqueo permitieron a los investigadores establecer “la participación directa de Raúl Bravo”. Ambos exfutbolistas, que se conocieron en su etapa en la cantera del Real Madrid, fueron los únicos detenidos en la operación que pasaron la noche del jueves en prisión después de declarar ante el juez que investiga el caso en Huesca. Ayer abandonar la prisión de Zuera (Zaragoza) tras abonar una fianza de 100.000 euros. El juez los acusa de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa."                   (David Álvarez, Óscar López-Fonseca , El País, 31/05/19) 

El lobby del juego se reunió con 96 políticos españoles en 2018 para presionar a favor del sector

"El principal lobby del juego mantuvo en 2018 reuniones con 96 políticos españoles para presionar a favor de esta industria, en un ejercicio marcado por la tramitación de cambios regulatorios en varias regiones y en el que, en un contexto de creciente preocupación por la proliferación de salones de apuestas, Gobierno y Unidos Podemos llegaron a comprometerse a, entre otras cosas, "aprobar una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal" similar a la del tabaco.

Las reuniones entre el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) y responsables políticos aparecen mencionadas en las últimas cuentas anuales de una de las principales empresas del sector, Codere, remitidas el jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al referirse al "riesgo reputacional" que afronta.

"Durante el 2018, Cejuego, del que Codere es miembro, se ha reunido con más de 96 políticos españoles y ha establecido líneas de contacto con sus grupos de interés para conseguir una comunicación continua con ellos", indica la compañía, que señala que "la industria del juego es compleja, y su realidad como importante sector económico a nivel nacional e internacional, generador de empleo y recaudador de impuestos, no siempre ha trascendido".

Codere recuerda que "solamente en España cada una de las 17 comunidades autónomas que conforman el país cuenta con su propia legislación en materia de juego presencial, puesto que tienen transferida dicha competencia", mientras que en materia de juego online "existe una única legislación nacional".

Cejuego, lobby creado en 2014 para mejorar la imagen de la industria en España y que actualmente agrupa a alrededor del 75% del sector, niega que se haya reunido con "más de 96 políticos", como indica su asociada. Sí se limita a confirmar que "el número de encuentros que mantuvo Cejuego en 2018 fueron 96". 

La entidad, que a finales del año pasado contrató a la influyente agencia Llorente & Cuenca para mejorar la imagen del sector en la sociedad, no precisa de qué políticos se trata.

Al menos el 70% serían parlamentarios autonómicos, según se desprende de una intervención que realizó en diciembre el director general de la patronal, Alejandro Landaluce, que ha declinado atender a eldiario.es

En el último Congreso Anual de Salones de Juego de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), y según informó la web Sector del Juego, Landaluce indicó que Cejuego se había reunido a lo largo de 2018 con más de 68 parlamentarios autonómicos: "Ahora estamos dentro de la agenda política, cosa que antes no pasaba", señaló el responsable de Cejuego, que abogó por la autorregulación en materia publicitaria: "Debemos ordenar la publicidad en cuanto a calidad, mensajes y horarios y equipararnos al juego público".

Papel mojado

En octubre, el Gobierno y Unidos Podemos se comprometieron en su acuerdo de Presupuestos y para "proteger a la ciudadanía frente a la adicción a las apuestas y los juegos de azar y la ludopatía", a regular la publicidad de este sector, reorientar la tasa de gestión de los operadores para financiar programas de prevención del juego y poner en marcha medidas de prevención y reparación de los efectos negativos del juego en la sociedad.

Ninguna de esas medidas salió adelante. Hacienda, que el mes pasado sacó a consulta una orden que contempla crear una Comisión Nacional para combatir el fraude en las apuestas deportivas, no ha llegado a publicar el borrador que regularía la publicidad del juego. "Se ha parado con la convocatoria electoral", según fuentes del departamento de María Jesús Montero. En 2015 ocurrió lo mismo con una normativa sobre esa materia que afectaba por igual a los operadores privados y a Loterías del Estado.

A escala autonómica, varias regiones han aprobado en los últimos meses regulaciones con impacto en el sector. En abril de 2018, meses después de que Andalucía sacara adelante su primer Reglamento del Juego, que disparó la apertura de establecimientos de este tipo en su territorio, la Junta aprobó un decreto de la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra del ramo que, entre otras cosas, redujo las cargas administrativas que soportan las empresas del sector.

Por su parte, Extremadura aprobó en febrero un decreto urgente para limitar a al menos 300 metros la distancia entre nuevos establecimientos de juego y centros educativos y prohibir nuevas aperturas de salones a una distancia inferior a 250 metros con respecto a los ya existentes; mientras, Madrid, que tiene la legislación más laxa del país, ha propuesto 100 metros de distancia con respecto a los colegios, también para nuevas aperturas.

El mayor foco de preocupación para Cejuego está en la Comunidad Valenciana, que está tramitando una ley que tendría carácter retroactivo (afectaría a establecimientos existentes) y que, según la patronal, "puede suponer el cierre de la mitad de las casas de apuestas" en esta región. La propuesta tiene el rechazo del PP, que ha hecho suyos algunos de los argumentos de Cejuego.

Esta formación tiene un largo historial de vínculos con empresas del sector: desde los exministros Pío Cabanillas y Rafael Catalá (Codere) al exdiputado Andrés Ayala (Orenes), fugaz presidente de la oficina Anticorrupción de los populares."                   (Antonio M. Vélez, 03/03/19)