Acciona, Ferrovial, Sacyr: sobre la corrupción estructural y la doble traición del PSOE La corrupción no es una excepción, es una estructura. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr moldean la administración pública con cómplices políticos... la UCO está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos... El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema... Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político... las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor... Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales (Guillem Pujol )

 "La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.

La corrupción estructural: una trama normalizada

El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de cargos políticos que, en el caso del PSOE, traicionan no solo la confianza pública, sino los principios fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.

Como decía Antonio Gramsci, “la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba descarnada.

Por si fuera poco, los audios interceptados, filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.

Nombramientos estratégicos y empresas pantalla

En una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos —como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.

La trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000 SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—, canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y 526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de testaferros como recompensa por influencia política.

Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.

Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político, con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a menudo en la subordinación a los intereses privados.

El control empresarial sobre las decisiones públicas

Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.

Este mosaico de evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas— constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.

Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu, “el capital político se transforma a menudo en un instrumento al servicio del capital económico, cuando las élites políticas se convierten en agentes de los intereses dominantes”.

La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas. Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras con promesas de redistribución y equidad.

Sin embargo, su implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada." 

(Guillem Pujol , La Marea, 18/06/25) 

El exdelegado de urbanismo de Madrid ficha por una promotora inmobiliaria a la que cedió cinco parcelas municipales... La adjudicación se formalizó apenas una semana antes de que Mariano Fuentes dejara de ser oficialmente titular del área de urbanismo en la localidad

 "Mariano Fuentes, exdelegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha fichado por una promotora inmobiliaria —Vía Ágora— a la que cedió cinco parcelas municipales. La adjudicación de las parcelas se produjo en el mes de marzo, aunque se formalizó el pasado 9 de junio. Apenas días después, el que fuera uno de los hombres de confianza de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, abandonaba el Consistorio tras la constitución del nuevo Ayuntamiento. 

 La cesión formalizada desde el área de Desarrollo Urbano, de la que Fuentes era titular, cedió cinco parcelas de un total de 25 que el Consistorio sacó a concurso para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio asequible durante 45 años. Vía Ágora, nuevo destino laboral del que fuera delegado de urbanismo, fue una de las ganadoras del concurso público. En concreto, la promotora inmobiliaria se hizo con el lote número tres, por un valor de nueve millones de euros. La empresa ha anunciado este miércoles el fichaje del antiguo delegado municipal, del que destaca "ha conseguido situar a la capital como referente en materia de urbanismo".

Fuentes, fuera del Ayuntamiento tras el descalabro de Ciudadanos

El exdelegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid abandonó el Consistorio después de que su partido, Ciudadanos, no consiguiera representación tras las elecciones municipales. El partido naranja, liderado por Villacís, pasó de ser una de las fuerzas políticas más votadas en la capital a desaparecer del plano político, algo que sucedió previamente en la Comunidad de Madrid; cuando Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones autonómicas en 2021 y su por aquel entonces socio de Gobierno, Ignacio Aguado, acabó fuera de la Asamblea de Madrid después de que la formación naranja no obtuviera ni un solo representante en el Parlamento de la Comunidad de Madrid."                (Adrián Prado, SER, 05/07/23)

Las grandes constructoras se lanzan a impugnar las cláusulas anticorrupción de las licitaciones públicas... Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años

 "Las grandes constructoras españolas atesoran un largo historial de multas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por conductas como pactar precios o repartirse contratos de la Administración Pública.

 Para evitar este tipo de comportamientos, las principales empresas públicas por volumen de inversión, como Adif, Renfe o Aena, han introducido desde hace tres años una serie de cláusulas en las licitaciones. Fundamentalmente, esas estipulaciones persiguen asegurar que se puede excluir de la licitación o rescindir los contratos de aquellas firmas que se demuestre que cometen prácticas fraudulentas o corruptas. 

Pues bien, las constructoras se han rebelado y en las últimas fechas están recurriendo en todas las licitaciones este tipo de cláusulas por considerarlas “abusivas”, según ha podido saber EL PAÍS por fuentes cercanas a las entidades públicas. La mayor catarata de impugnaciones se ha producido tras la multa millonaria impuesta el pasado mes de julio por la CNMC a las seis grandes constructoras.

El caso más paradigmático lo está sufriendo Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, que ha visto cómo la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal de las constructoras, recurría ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRCC) contra las dos cláusulas antifraude introducidas en los pliegos de todas las licitaciones. La última, la de las obras del proyecto constructivo de plataforma del nuevo acceso ferroviario sur al Puerto de Castellón.

Ambas cláusulas recurridas se encuentran incluidas en los pliegos de todas las licitaciones de Adif y Adif Alta Velocidad desde 2019 y desde entonces, hasta julio de 2022, no habían sido cuestionadas por las empresas constructoras. Este tipo de normas se introdujeron tras la resolución de la CNMC que sancionó con una multa de 118 millones de euros a 15 empresas —firmas industriales cuyas matrices son grandes constructoras— y 14 directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por Adif durante catorce años. La resolución está recurrida en ante la Audiencia Nacional.

La CNMC ha dictado posteriormente nuevas resoluciones sancionando a estas empresas, entre las que destaca la citada multa de 203,6 millones de euros impuesta el pasado mes de julio a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

Pero las constructoras tachan ahora de “abusivas” estas condiciones cuando han venido siendo aceptadas en los últimos años. Se da la circunstancia de que los recursos de las empresas han crecido exponencialmente tras las sanciones o la declaración de prohibición de contratar a las firmas que han cometido infracciones similares, informan las citadas fuentes.

Peligro por los fondos europeos

El problema es que estos recursos derivan en retrasos de las licitaciones, en un momento en que España aborda la gran oportunidad que representan los recursos procedentes de los paquetes de ayudas del programa Next Generation EU. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana gestiona más de 18.000 millones de euros de estos fondos y Adif, en concreto, como entidad con mayor peso inversor, más de 5.800 millones de euros.

Los constructores, a través de la CNC, han presentado recientemente 12 recursos a las licitaciones promovidas por Adif: 10 ante el TACRC y todos ellos después de la resolución de la CNMC del 5 de julio citada anteriormente. De estos 10 recursos, ocho se refieren a inversiones acogidas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR, que forma parte del Next Generation EU), ayudas públicas de la Unión Europea destinadas a proyectos transformadores a ejecutar hasta 2026. Los otros dos no se acogen a estos fondos MRR.

Desde el ámbito jurídico se explica que la eliminación de estas cláusulas dejaría abierta la posibilidad a conductas muy graves que perjudicarían los intereses de las empresas públicas y, en consecuencia, de los recursos públicos, nacionales e internacionales, en la ejecución de proyectos apoyados por Europa como “transformadores” y base de la recuperación económica del país. Pero el problema va más allá porque cuando la CNMC declara que se ha producido un incumplimiento de la normativa del derecho de la Competencia, la Comisión Europea pide a España la devolución de los fondos europeos con los que financió el proyecto afectado por esa circunstancia.

Las cláusulas antifraude, inciden esas fuentes, se ajustan no solo al ordenamiento jurídico vigente y a las resoluciones dictadas por los tribunales, sino a la demanda social de lucha contra el fraude y la corrupción. España no figura entre los países europeos con los estándares anticorrupción más altos, según clasificaciones internacionales como la que elabora anualmente Transparencia Internacional. Desde ciertas entidades públicas y en el ámbito jurídico se viene reclamando la adopción de medidas legislativas para reformar la Ley de Contratos del Sector Público y dotar de herramientas más eficaces a los poderes adjudicadores en su lucha contra las infracciones del derecho de la competencia. El retraso judicial en resolver sobre los recursos planteados por las empresas sancionadas por la CNMC hace prácticamente ineficaz la regulación actual, pudiendo diferir más de diez años la imposición de prohibiciones de contratar, por conductas contrarias al derecho de la competencia que, en algunas ocasiones, se han extendido durante más de veinte años, con el grave perjuicio ocasionado al sector público.

Asimismo, desde el ámbito público se argumenta que debería reforzarse la obligatoriedad de que las empresas sancionadas, aunque la sanción no sea firme, adopten urgentemente medidas correctoras de sus conductas para garantizar que no pueden cometer nuevas infracciones, colaboren con la administración investigadora y los poderes adjudicadores, o se comprometan a pagar los daños causados."                      (Ramón Muñoz, El País, 08/08/22)

Ahorraron en cemento, “El hormigón tenía pocas varillas”... Los técnicos instan a usar estructuras con más garantías tras el derrumbe de Peñíscola. La baja calidad de los materiales puede ser una de las causas del colapso del edificio

 "El edificio de apartamentos que se derrumbó en Peñíscola (Castellón) y que acabó con la vida de dos personas se levantó con una estructura de muros de carga paralelos sobre los que se apoyaba el forjado. Es el sistema conocido como de adosado. Es legal, fiable y estable. Pero falló uno de esos muros y se produjo un efecto dominó, la caída de un castillo de naipes.

 Los técnicos coinciden en que, muy posiblemente, no fue una única causa lo que provocó el desplome del edificio. Un fallo o defecto en la estructura, un corrimiento de tierras, o, la utilización de materiales de baja calidad, “aunque estándar para la época en la que se construyó”, tal como ha esgrimido el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Peñíscola, Ramón Mallasén, pueden haberse acumulado hasta provocar el colapso completo del edificio. “El hormigón tenía pocas varillas”, añade una fuente de la investigación. Esas varillas son las que, en un momento dado, pueden sostener un pilar, de manera que se deforme pero no se caiga del todo.

En lo que sí coinciden los expertos es en que, aunque el de muros paralelos es un sistema muy utilizado, los hay mejores, más garantistas, los realizados con hormigón armado y con una estructura tridimensional, a modo de cajas de zapatos, de manera que es más difícil que, cuando cae una parte, colapse todo. El problema es que estos son más caros y dificultan un diseño atractivo, sobre todo, para la costa, en donde se apuesta por espacios más diáfanos y grandes ventanales.

El director general de Calidad y Rehabilitación de la Generalitat, Alberto Rubio —que, además, es arquitecto de profesión— ha querido hacer un llamamiento a la calma ante la alarma creada por el uso de la estructura. “Es frecuente y también se usa en áreas metropolitanas y, si se construye y diseña bien, son estables”, asegura. Sin embargo, también ha realizado una crítica abierta a “la manera en la que usamos las viviendas” y al escaso mantenimiento que, de forma generalizada, se les hace.

 Desde 2011 la ley obliga a que los edificios de más de 50 años pasen una inspección técnica que se ha de renovar cada 10 (el de Peñíscola tiene 30). Las autonomías tienen capacidad para endurecer esta condición y para implantar medidas coercitivas en el caso de que no se cumpla. El decano del colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Sendra, no es partidario de rebajar los plazos ni de atribuir solo a la administración la responsabilidad del mantenimiento de edificios que son privados. “Es una pena que se aprenda con sangre y hubiera sido mejor que no hubiera pasado nada, pero lo ocurrido en Peñíscola nos ha de enseñar a que, del mismo modo que cuidamos los vehículos y les cambiamos el aceite o las ruedas más allá de las exigencias de la ITV, los edificios también precisan de un mantenimiento”.

El catedrático del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Ramírez, cree que las autonomías deberían aprovechar para adecuar las inspecciones a las especificidades de construcción que precisa cada territorio. Porque no es lo mismo construir en la costa, donde los inmuebles están más expuestos, que en el interior. “Existe una laxitud en las normas”, asegura. “En el litoral debería haber más control que en ciudades por el impacto del entorno”, alega quien, además, ha restaurado edificios de Patrimonio histórico como la Lonja de Valencia, del siglo XV, y tiene base para destacar la existencia de construcciones de hace 500 años con mayor solidez que las actuales.

Sin embargo hay quien es más tajante, el también catedrático de Estructuras de la Politécnica Javier Benlloch, es claro: “Yo no me compraría una casa con una estructura de muros paralelos”. Y, con la misma claridad, duda de la eficacia de un mayor y estricto mantenimiento: “Es muy complicado predecir los problemas. Las estructuras avisan, a veces, pero otras no y, al final, los controles se convertirían en un papel con la firma de un responsable que tendría que asumir las consecuencias de fallos”. Aun así, admite que se podrían detectar algunos defectos pero que rebajar la edad a la que los edificios deben someterse a una inspección “no es la solución”.

Quien busca una solución común es José Miguel Adam, profesor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) que lidera un proyecto, financiado por la Unión Europea, para la segmentación de edificios con el fin de evitar la propagación de fallos por toda la construcción. “Se trata de evitar la propagación de fallos iniciales que desencadenen en el colapso del edificio”, explica.

El joven rescatado sale de la UCI

Mientras unos y otros estudian las posibles causas del derrumbe, los propietarios de los edificios de la urbanización que quedaron en pie pudieron acceder ayer a las viviendas para recoger enseres. Por turnos, acompañadas de bomberos y Guardia Civil, los propietarios tuvieron 10 minutos para recoger lo más importante de sus casas, advertidos de que, al mínimo ruido o movimiento de la estructura, sería evacuados. La buena noticia llegó desde el Hospital de Vinaròs donde el joven rescatado con vida en la madrugada del jueves, ha dejado la UCI."                  (María Fabra, El País, 28/08/21)

Condenada la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros por aceptar un soborno de 100.000 euros de un constructor

 "La Audiencia de Lugo ha condenado por un delito de cohecho cometido en 2007 a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y medio.

 El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La sentencia también le impone al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, el tribunal optó por la tipificación más beneficiosa para él porque no se ha podido acreditar si el pago de 100.000 lo hizo por solicitud de la secretaria o lo ofreció el acusado.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación razonable que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

También el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que por aquel entonces ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. La sentencia da por acreditado que la acusada intervino en la aprobación de un expediente promovido para la construcción de 51 viviendas, para lo cual realizó una anotación favorable para el promotor. No obstante, los magistrados hacen constar en el fallo que se desconoce quién le indicó a la entonces secretaria “la conveniencia” de añadir la citada anotación, por lo que se han inclinado por absolverla del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

El fiscal solicitaba para la principal acusada una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial, así como una multa de 300.000 euros, mientras que para la auxiliar administrativa la condena solicitada era de 3 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 720 euros. Para el promotor de las obras, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y multa de 300.000 euros."              (Elisa Liis, El País, 29/04/21)

La gran chapuza ‘made in Germany’ abre sus puertas. El nuevo aeropuerto de Berlín se pone en marcha con nueve años de retraso y un sobrecoste de 4.000 millones de euros

 "A la séptima va la vencida. La del nuevo aeropuerto de Berlín corre el riesgo de convertirse en la inauguración más deslucida de la historia. 

No solo porque este sábado el cielo estuviera encapotado y no dejara de llover, sino porque el nuevo aeropuerto Willy Brandt de la capital alemana llega con nueve años de retraso, porque acumula un sobrecoste de unos 4.000 millones de euros y porque se abre justo ahora, cuando la pandemia hace que volar en avión sea casi una rareza. 

Pocas horas antes de que el país se paralice por un mes, para tratar de cortocircuitar al coronavirus, los dos primeros aviones tocaban tierra el sábado en el Willy Brandt, nombrado así en honor al excanciller socialdemócrata. Que abra en 2020, en plena pandemia es solo la guinda del surrealismo que desde sus inicios rodea a este proyecto, que arrastra además una montaña de deudas nada más ver la luz.

La historia de esta obra malherida se ha convertido en el símbolo de la Alemania que no funciona, que avanza a ritmo paquidérmico y que contrasta con la imagen de eficiencia que atesora el país. “Crónica de un fracaso”, “Érase una vez un monstruo”, “Una tragedia en tonos caoba”, “El aeropuerto maldito”, “En quiebra antes de arrancar”. Los titulares de estos días en la prensa alemana daban una idea de la magnitud del fiasco.

La apertura del BER “me colma de alegría”, aseguraba entre risas este viernes el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, preguntado por los periodistas. El humor y la autocrítica feroz tampoco faltaban este sábado en el aeropuerto, donde una exposición repasa el desastre de planificación e ingeniería de la infraestructura berlinesa. “Sí, nuestros fallos distan mucho de ser deseables. Pero podemos aprender de este escándalo y hacerlo mejor la próxima vez”, se puede leer en uno de los paneles explicativos. “El retraso ha creado una especie de cápsula en el tiempo”, se leía en otro en un intento de echarle poesía al asunto.

Escaleras arriba, los grandes mostradores de facturación con paneles de nogal dan un toque acogedor al gran vestíbulo, que aspira a emular a la Nueva Galería Nacional berlinesa de Mies van der Rohe. Por los pasillos, decenas de operarios sacaban aún brillo a los cristales bayeta en mano, antes de que arrancase la mini ceremonia inaugural. Un espectacular despliegue policial protegía el edificio e impedía el paso a un grupo de activistas por el clima que se habían dado cita bajo la lluvia. “Quemad las fronteras, no el queroseno”, se podía leer en una de las pancartas desplegadas.

El Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt fue concebido como símbolo del país reunificado. Los aeródromos de Tegel, en el oeste, y Schönefeld, en el este, pasarían a la historia y quedarían reemplazados por la gran infraestructura que ahora se estrena. La inauguración estaba inicialmente prevista para el año 2011. Desde entonces, no han dejado de cancelarse inauguraciones (hasta seis, alguna incluso con las invitaciones ya enviadas), retrasos sobre plazos ya retrasados y de dedicar millones a reparar y reemplazar lo que se rompía antes de llegar a estrenarse. Hasta 14 años ha tardado en construirse, en los que ha engullido un presupuesto de 6.000 millones de euros, una cantidad tres veces mayor de la inicialmente prevista. Por momentos se pensó incluso en derribarlo y empezar de cero.

Los motivos de los retrasos son casi interminables. Un sistema de detectores de humo inservible, tuberías defectuosas, pantallas que caducaron antes de estrenarse, cables que nadie sabía para qué servían; errores de diseño de libro, junto con cambios de un personal que ha ido saliendo por la puerta al compás de los escándalos, eternos permisos administrativos, pleitos con los vecinos... Así, hasta nueve años de pésima gestión y planificación, que le costó incluso el puesto al alcalde berlinés Klaus Worwereit, en 2014. Una chapuza made in Germany, que hace además que el que aspiraba a ser el aeropuerto más moderno de Europa nazca ya pasado de moda, casi retro.

Harald Moritz, diputado regional de Los Verdes y miembro de la comisión parlamentaria que investiga los errores de planificación y gestión del aeropuerto, considera por teléfono que los poderes públicos nunca tuvieron el proyecto bajo control. "Saltaban de un desastre al siguiente. Muchos errores solo salieron a la luz cuando trataron de poner a funcionar el aeropuerto”.

Con los años, los alemanes se han tenido que acostumbrar a vivir con esta historia de fracaso, en un país que venera la eficiencia y la puntualidad. Pero con lo que no contaban es con que un virus tozudo terminara dándole la puntilla al BER. El cierre de fronteras, las cuarentenas para viajeros y el repunte de casos en destinos vacacionales han vaciado los aeropuertos y provocado la mayor crisis del tráfico aéreo de su historia, lo que augura un arranque complicado al Willy Brandt. Las estimaciones indican que el aeropuerto contará en esta primera fase con apenas un 20% de los viajeros previstos inicialmente.

Con los años, el aeropuerto se ha ido quedando pequeño, al calor del boom de los vuelos de bajo coste. La adecuación a la nueva realidad requirió más tiempo y dinero. La terminal 1 que ahora se estrena está pensada para 22 millones de pasajeros al año, pero el año pasado sin embargo, hasta 35 millones de viajeros utilizaron los aeropuertos existentes en la ciudad magnética, que no deja de estar de moda. Ironías de la historia, gracias al virus, nace ahora sobredimensionado.

Horizonte financiero

La pandemia agudiza la ya peliaguda situación financiera de la infraestructura. “Nos encontramos ante un dilema. Por un lado estamos contentos de empezar lentamente, con pocos vuelos, el problema es que de momento no se ve en el horizonte cuándo va a llegar la recuperación”, explica a este diario Patrick Müller, director de operaciones del nuevo aeropuerto. “Con las decisiones de los Gobiernos europeos en esta segunda ola, nos parece difícil abrir nuevas rutas”, añade. La cuestión es si llega la vacuna, cuánto tiempo vamos a tardar en poder volver a viajar, explica este experto que desembarcó en la empresa pública en 2018. Müller atribuye parte de los retrasos a que las autoridades políticas se creyeron capaces de gestionar con distintos contratistas una obra de enorme complejidad técnica. “Lo importante ahora es que hemos terminado. Estamos listos”, se consuela.

Moritz asegura que su miedo es que no se vaya a poder pagar la deuda. "Si gastas un presupuesto como para construir dos aeropuertos, es improbable que uno solo vaya a poder devolver el dinero. La cuestión técnica ya está solucionada, ahora falta la financiera”, dice. El ministro de Transportes, Andreas Scheuer, considera que hacen falta más ayudas de Estado para que el aeropuerto pueda funcionar. “Estoy en contacto con las aerolíneas, pero aún no hay luz al final del túnel, porque ahora están recortando vuelos. Pero Berlín es nuestra capital y tiene que ser un epicentro”, ha dicho recientemente Scheuer. La idea inicial de empezar a ganar dinero a partir de 2026 queda ahora a años luz. El BER nace con respiración asistida del Gobierno federal y los regionales de Berlín y Brandeburgo, que solo este año aportan 300 millones de euros.

El recién nacido aeropuerto cuenta con un rival de pequeño tamaño, pero enorme carisma. Tegel es el diminuto aeropuerto que cerrará en breve y que encajado casi en el centro de la ciudad, resulta de una comodidad imbatible para los viajeros. De la pista de aterrizaje a la parada del autobús con maleta recogida transcurren normalmente pocos minutos. Los berlineses se han aferrado a él hasta el último momento, incluso a través de una iniciativa ciudadana, pero el pequeño aeródromo cerrará para siempre sus puertas este 2020, después de 85 años en funcionamiento. El de Schönefeld se convertirá en una de las terminales del nuevo aeropuerto.

En Alemania, el anuncio de la inauguración del Willy Brandt se ha vivido con una cierto sentimiento de irrealidad. Costaba creerse que esta vez fuera a ser verdad, que el lobo que Pedro llevaba años anunciando fuera por fin a venir. Pero llegó y los berlineses han podido pasar página este sábado a una historia que hasta hoy mismo parecía interminable."               (Ana Carbajosa, El País, 31/10/20)

Reparto por sorteo, falsa competición y subcontratas: así funcionaba el cartel de las obras del AVE

"Es verano de 2015 y Adif ha sacado a concurso el mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago. 

Es una extensión de un contrato previo. Dos empresas, Indra y Alstom, se coordinan para llevarse la licitación, según cree la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a ambas y a otras 13 por repartirse el mercado de las obras ferroviarias. Un directivo de Indra escribe un correo electrónico a otro de Alstom el 28 de julio: “Tenemos que determinar el precio a poner”. 

Y lo hacen, a juzgar por un segundo email, este interno entre dos trabajadores de Alstom, que relata cómo va a funcionar el amaño: Indra hará una oferta que rebaja en 50 euros el presupuesto base, pero será Alstom la adjudicataria, porque su proposición económica será un poco más barata, 100 euros menos.

Las comunicaciones que voluntariamente entregó Alstom a la CNMC y los correos electrónicos que se encontraron en los registros del resto de empresas han permitido descubrir las distintas estrategias de los carteles. A una la llamaban “el ranking”. Las empresas hacían un sorteo con el que fijaban un orden de adjudicación. Este acuerdo se usó en el cartel que durante 14 años se repartió los contratos para la electrificación del tren convencional. 

El primer sorteo se hizo en 2002 y fue revisándose en reuniones informales —llamadas “mesas”, se celebraban en las oficinas de las empresas— que se prolongaron hasta 2016. Para cerrar otros acuerdos, como los de la electrificación de la alta velocidad, se reunían en un hotel de la Castellana, en Madrid.

Alguno de estos acuerdos aparece firmado al pie por los directivos presentes en la reunión, como si se tratara de un contrato más. Estaba todo previsto, incluso la forma de compensar a las empresas que no fueran adjudicatarias de los contratos porque según el ranking no les tocara: se aseguraba un porcentaje del 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. 

De ello queda constancia en una anotación manuscrita encontrada en la inspección de Electrén. También lo confirma un correo de un directivo a otro: “Y si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios”.

El control de estos acuerdos era exhaustivo, hasta el punto de que las empresas se intercambiaban tablas de Excel que resumían el estado de las licitaciones, con qué baja iba la oferta de la empresa que tenía que ganar, si había alguna empresa no invitada y corría el turno a la siguiente... Incluso con el total de los importes adjudicados acumulado desde 2002 para que vieran que a todas les iba tocando más o menos lo mismo.

 También existía la figura del coordinador, que se encargaba de enviar el cuadrante actualizado al resto, según muestran varios correos que los investigadores recuperaron en la inspección de Elecnor. En otra, la de Electrén (grupo ACS), apareció otro documento revelador: “Para el caso de presentación de ofertas en UTE de tres empresas se presentarán dos empresas y la tercera irá oculta”.

Acuerdos "micro-macro"

Entre las estrategias de reparto destaca también una que las empresas llamaban “acuerdos micro-macro”: si por ejemplo tenían que participar cuatro de ellas, se creaba una UTE (unión temporal de empresas) para repartirse dos de ellas a partes iguales el 50% del precio del contrato. 

Las otras dos presentaban ofertas para simular que había concurrencia y participaban después a través de la subcontratación. Es el caso, según recoge el expediente de la CNMC, de Cobra, Elecnor, Semi y Electrén, que se repartieron así cinco licitaciones en 2008 de trabajos de electrificación en varias líneas de alta velocidad. 

Lo pusieron por escrito en un documento: Electrén y Elecnor se llevarían el contrato y subcontratarían a las otras dos. Al final todas recibían el mismo dinero, con precisión de céntimo. Siemens llegó a reconocer que su presencia en una de las UTE no era imprescindible, “en la medida en que solo podía ofrecer a la UTE dos máquinas, y una no cumplía con todos los requisitos del pliego”, asegura la resolución de la CNMC.

Para conseguir las licitaciones, las empresas acordaban el precio con el que iban a presentarse. Por ejemplo: una hacía la baja ganadora, del 5%, y las otras presentaban “ofertas de cobertura” del 1%. En otro casi, si eran tres, dos presentaban bajas temerarias no justificadas para asegurarse que quedaban excluidas, ganaba la tercera y se repartían la adjudicación al 33,33%.

La “cautela” de los acuerdos secretos

La CNMC considera probado que las empresas formaban parte de “un plan orquestado” y que actuaron con “cautela” para no ser descubiertas. En el caso del cartel de los sistemas de electrificación del tren convencional, hay un correo en el que una empresa recrimina a otra que hable de acuerdos secretos a través del correo electrónico: “Perdona, he cometido un error, efectivamente NO debería haber ido en la red...”                   (Elena G. Sevillano, El País, 28/03/19)

25 años de contratos secretos de la Operación Chamartín entre Fomento, BBVA y San José

"Se firmó el 29 de julio de 1994. Se trata del contrato inicial que avala el desarrollo urbanístico más ambicioso en una de las zonas más codiciadas de Madrid, el norte de la ciudad: la conocida como Operación Chamartín. Ahí se encuentra el distrito financiero y las viviendas y oficinas más caras de la capital. El acuerdo original ha estado guardado bajo llave durante casi 25 años. Hasta hoy.

eldiario.es publicó en exclusiva el pasado 27 de diciembre la última renovación del contrato que reflejaba la venta de suelo público a 796 euros el metro cuadrado, la mitad del precio de mercado. Ahora, este diario ha tenido acceso a nueva e importante documentación secreta hasta hoy de la Operación Chamartín: todos los contratos, seis en total, desde el primero de 1994 hasta el último de 2018.

La evolución de estos contratos supone una transformación completa del plan inicial, con condiciones muy distintas a las que, en su momento, consiguió el banco Argentaria –entonces público– cuando ganó el concurso convocado por Renfe para esta operación.

En un primer momento, el terreno afectado era de 625.000 metros cuadrados, menos de la mitad del que finalmente será. A cambio, el banco –y, con una participación minoritaria, la constructora San José– construían una nueva estación de tren y un edificio de oficinas. Los beneficios de la explotación de los terrenos se repartían a medias: 53% para Renfe, 47% para el consorcio formada por Argentaria y Constructora San José.

Aquella operación nunca se hizo. Pero en lugar de anularse el concurso y convocar uno nuevo, al que se pudieran presentar otras empresas con otros planes, la administración lo renegoció hasta en cinco ocasiones. A lo largo de los años, el terreno afectado se llegó a triplicar, el porcentaje sobre los beneficios se rebajó primero al 20% y después se cambió por un pago fijo.

 Y muchas otras cláusulas del acuerdo, que eran favorables al Estado, se cambiaron hasta convertir esa explotación conjunta en una venta de más de un millón de metros cuadrados; una enorme cantidad de terreno sobre el que ningún otro promotor inmobiliario ha podido presentar ofertas.

 

	Contrato y ministro	Beneficios para el Estado	Precio	Vendido	Construido	Detalle
	1º (1994) Josep Borrell (PSOE)	53%	134	625.000 m2	870.000 m2	No se puede revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios los paga la constructora
	2º (1997) Rafael Árias Salgado (PP)	20-50%	167	1.850.000 m2	1.125.000 m2	No se puede revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios los paga la constructora
	3º (2002) Francisco Álvarez Cascos (PP)	26%	210	1.952.844 m2	2.050.486 m2	No se puede revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios los paga la constructora
	4º (2009) José Blanco (PSOE)	0%	984	1.952.844 m2	2.060.257 m2	Posibilidad de revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios los paga el Estado
	5º (2015) Ana Pastor (PP)	0%	984	1.952.844 m2	2.060.257 m2	Posibilidad de revender y las indemnizaciones a los antiguos propietarios los paga el Estado
	6º (2018) José Luis Ábalos (PSOE)	0%	984	1.167.022 m2	1.485.304 m2	Vía abierta a revender los terrenos y las indemnizaciones las paga el Estado

Fuente: Elaboración propia

El acuerdo que da el pistoletazo de salida a la Operación Chamartín se materializó tras un concurso público en donde el desarrollo ferroviario del entorno de la estación de Chamartín era la razón de ser. Son más de cien páginas que recogen el pacto para la cesión de terrenos entre una administración pública y un banco público, Argentaria. Poco queda de aquel acuerdo.

Ha cambiado la superficie afectada en la operación, el canon económico a pagar por el socio privado, el nombre de los contratos y hasta la propia empresa adjudicataria, que pasó de ser un banco público –Argentaria– a uno privado, BBVA, tras la fusión auspiciada por el Gobierno de Aznar con el Banco Bilbao Vizcaya.

También cambiaron el nombre de la sociedad que creó el socio privado, los directores generales de Adif, y los ministros de Fomento de cinco Gobiernos: desde el último de Felipe González en 1994 hasta el que ahora preside Pedro Sánchez.

Solo una persona se ha mantenido en todas estas negociaciones casi desde el primer momento: Francisco González, presidente de BBVA hasta hace un mes, y antes presidente de Argentaria, donde fue nombrado en este banco público por el Gobierno de José María Aznar en 1996.

 

Concurso público

Renfe (luego Adif) aprobó el 2 de marzo de 1993 la convocatoria del concurso público para "el desarrollo urbanístico del recinto ferroviario de Chamartín". El 28 de octubre de 1993, el Consejo de Administración de Renfe resolvió la convocatoria a favor de Unitaria, empresa inmobiliaria del banco público Argentaria. Un año después, en 1994, el Ministerio de Fomento presidido entonces por Josep Borrell, hoy ministro de Exteriores, firmó el primer acuerdo con el banco público. Entonces, el ámbito de la Operación Chamartín afectaba a 625.000 metros cuadrados.

Esa superficie se superó apenas tres años después del concurso público con la llegada de Partido Popular al Gobierno. En 1997 –al año de llegar al poder el Partido Popular y con Francisco González ya en Argentaria– se firma la primera de las cinco renovaciones. Al frente del Ministerio estaba Rafael Arias Salgado, el ministro de Fomento de la primera etapa de José María Aznar. En esa renovación se decide ampliar la superficie a 1,85 millones de metros cuadrados: tres veces más de lo que contemplaba el acuerdo inicial.  

El diario de sesiones del Senado recoge cómo el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, defendió este cambio. El PSOE reprochaba precisamente que no se rescindiera el contrato que había cambiado sustancialmente aspectos claves como la superficie afectada o el canon monetario.

"No anulé la concesión que Renfe consideraba altamente perjudicial para sus intereses porque me planteé que era mucho mejor salida la novación de la concesión para introducir, en lugar única y exclusivamente de una operación basada en terrenos de Renfe, un planteamiento de desarrollo urbanístico", aseguró Arias Salgado en el Senado en aquella época.

Tanto Adif como DCN aseguran ahora que este incremento en la superficie siempre fue avalado por informes de la Abogacía del Estado. "Habida cuenta que el objeto del contrato tal y como se concibió en el concurso público de 1993 estaba muy abierto, el Consejo de Administración de Renfe antes de la aprobación definitiva del PGOU de Madrid de 1997 accedió a ampliar el objeto del contrato a todos los aprovechamientos urbanísticos de los suelos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral", asegura Adif. Este diario ha solicitado esos informes de la Abogacía del Estado pero la empresa pública no ha querido ofrecerlos porque son "confidenciales".

Pero la ampliación del ámbito de la Operación Chamartín no terminó ahí. La superficie de los terrenos volvió a incrementarse en 2002, año en el que se renovó de nuevo el contrato. Ya habían pasado ocho años sin que se pusiera una piedra y cinco desde que se había firmado la segunda renovación. Entonces, se volvió a optar por ampliar el terreno un poco más, hasta los 1.953.000 metros cuadrados. 

Ya había otro ministro al frente: Francisco Álvarez Cascos, también del PP.

La superficie se había convertido en el triple de la que dio origen al concurso público. Pero además, Cascos había conseguido un año antes que el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado por el PP, incrementara significativamente el coeficiente de edificación para esos terrenos, es decir, sacarle el máximo rendimiento en edificios a los terrenos que cedía a DCN.

Fomento, Adif y la promotora privada negociaron con el Ayuntamiento de Madrid de José María Álvarez del Manzano (PP). Cascos consiguió que el Ayuntamiento finalmente aumentara el coeficiente de edificación hasta el 1,05 el metro cuadrado, frente a los 0,6 que figuraba en el Plan general del año 97.

Esta decisión disparó la edificabilidad a más de 2 millones de metros cuadrados, casi el doble de los 1,1 millones anteriores.

 

La llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid y de José Luis Ábalos al Ministerio de Fomento ha supuesto una rebaja tanto de la superficie afectada como de la edificabilidad. 

Actualmente, y así se firmó en el último contrato de diciembre, la superficie para el desarrollo se ha fijado en 1,16 millones de metros cuadrados. El Gobierno municipal decidió restar 700.000 metros cuadrados que afectan a vías ferroviarias en las que no se puede construir. Lo que hicieron anteriores gobiernos municipales del PP fue contabilizar estos metros como parte de la operación, que en consecuencia incrementaba la edificabilidad. A lo que se compromete Adif es a "no competir con DCN comercializando esa edificabilidad durante la vigencia pactada (20 años desde la transmisión de los suelos)".

A su vez, el Consistorio de Carmena ha fijado la edificabilidad del ámbito en 1,4 millones metros cuadrados, un 30% menos de la que se aprobó en 2002 con Álvarez del Manzano. Aunque el coeficiente de edificabilidad ha aumentado de 1,05 a 1,27.

Sobre los 700.000 metros cuadrados que desaparecen del acuerdo, Adif asegura a este diario que DCN pierde los derechos de concesión. A cambio, Adif se compromete a no hacerle la competencia, es decir revender, durante lo que dure el desarrollo (se estima que sean 20 años). Pero además, lo que establece la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas en su artículo 103 es que DCN tendrá "preferencia" para adquirir esos terrenos si Adif decide venderlos.

 

Del 53% a un precio fijo

Pero no solo la superficie ha sufrido cambios significativos respecto al contrato original. También el canon económico ha ido mutando a lo largo de los seis contratos. En el acuerdo inicial, se determinó un pago fijo y otro variable. El canon fijo eran obras que DUCH, ahora DCN, tenía que realizar y respondía al sentido original de la operación: remodelar las instalaciones ferroviarias.

En concreto, se determinó que Adif percibiría en especie 17.120 millones de pesetas (102 millones de euros) de infraestructuras de urbanización y mejoras del servicio ferroviario; un edificio de oficinas valorado en 2.640 millones de pesetas (15,9 millones de euros) y la mejora de la estación de Chamartín, por otros 15 millones de euros. La prestación monetaria la fijaba el canon variable: Renfe se llevaría el 53% de todos los beneficios antes de impuestos que originara la operación.

Apenas tres años después, cuando el suelo se había multiplicado por tres, las condiciones económicas cambiaron, pero no para triplicarse. Ese cambio en la superficie originó que el canon fijo en infraestructuras de urbanización y mejoras del servicio ferroviario se incrementara en un porcentaje mucho menor: de 17.120 millones hasta los 22.620 millones (136 millones de euros). Se mantenía el edificio de oficinas (15,9 millones de euros), la mejora de la estación de Chamartín (15 millones de euros), y se incluía como novedad que Adif percibiera 15.000 metros cuadrados construidos de uso comercial y 60.000 metros cuadrados de edificabilidad media. Asimismo, el canon variable cambiaba en favor de la empresa privada: pasó del 53% de los beneficios para Renfe al 20% ampliable al 50%.

En 2002, cuando aumenta en 100.000 metros cuadrados la superficie y la edificabilidad se dispara hasta los 2,05 millones de metros cuadrados, las condiciones económicas vuelven a cambiar. 

Se estipula que la administración pública percibirá 210 millones de euros, aunque ya no en especie. Ahora sería Renfe quien con ese dinero debía hacer el desarrollo ferroviario y de la estación de Chamartín. Desaparece también, por tanto, el edificio de oficinas. El canon variable pasa entonces a ser del 26% del beneficio antes de impuestos.

En 2004, una noticia publicada en ABC valoraba los beneficios de la Operación Chamartín en 6.000 millones de euros, por lo que atendiendo a ese porcentaje variable suponía que Renfe recibiría 1.560 millones de euros. Si se hubiera mantenido el 53% del canon variable, los beneficios entonces habrían supuesto más de 3.000 millones de euros, tres veces más de lo que, según el último contrato, el Estado recibirá cuando venda.

Pero el cambio significativo se produce en 2009, con José Blanco (PSOE) al frente del Ministerio de Fomento. Ese año se decide que desaparezca el canon variable y se cambia por un único precio fijo por la venta de los terrenos: 984 millones de euros, que Adif cobraría en cinco años. Pese a volver a ser un cambio sustancial de los pliegos originales, no se permite a otras empresas presentar pujas bajo estas nuevas condiciones mediante un nuevo concurso público.

Adif asegura que esa variación de la forma de pago "estuvo avalada" por Informes económico-financieros externos e internos y también obtuvo el Informe jurídico favorable, de ahí que "no se optará por volver a licitar el convocatoria pública". De nuevo, se trata de informes a los que Adif no ha permitido acceder a este diario porque afectan a un tercero: DCN.

"Este cambio, por ende, se consideró muy favorable para los intereses de Adif, pues la retribución variable se hubiera percibido al final del proceso de promoción inmobiliaria de los suelos asumiendo también en consecuencia esta entidad pública los riesgos de esa promoción", argumenta la entidad pública.

Por su parte DCN, el socio privado, lo justifica haciendo alusión a la crisis económica de 2009. Para DCN, de esta manera, "el ente público se liberó del riesgo promotor, cargándolo sobre la compañía privada, mientras el Estado se aseguraba unos ingresos ciertos y exigibles, independientemente del ciclo". Ingresos "ciertos" que aún no se han percibido 25 años después.

Finalmente en 2015, el Ministerio de Fomento bajo la dirección de Ana Pastor (PP) amplía el periodo de pago hasta los 20 años con un interés del 3%. Tanto Adif como DCN justifican esta nueva rebaja –que el pago se aplace y el Estado actúe como prestamista de un banco– por la crisis económica, pese a que el entonces presidente Mariano Rajoy ya hablaba en ese momento de "recuperación económica".

En el último acuerdo de 2018, ya con José Luis Ábalos (PSOE) en Fomento, se ha mantenido esta forma de pago, pero Adif defiende que es más ventajosa para sus intereses tras la reducción de edificabilidad y suelo del Ayuntamiento de Madrid. El precio que se pagará, supone que se venda suelo público a 769 euros el metro cuadrado, la mitad de los precios de mercado en esa zona de la capital.

 

¿Quién pagaría a los antiguos dueños?

La superficie afectada, la edificabilidad o el precio por la venta del suelo no son los únicos aspectos en los que ha mutado el contrato original. Otras cláusulas que han cambiado mucho son las que afectan al pago de los posibles derechos de los reversionistas, los antiguos dueños de esas parcelas.

La mayor parte de los terrenos sobre los que se levantó Chamartín y que ahora permitirán esta operación urbanística fueron expropiados por el Estado en los años 40 para construir la infraestructura ferroviaria del norte de la ciudad. Ahora que cambia su uso y se convierten en urbanizables, se prevé una avalancha de reclamaciones en los tribunales de los antiguos propietarios y sus herederos.

¿Quién pagaría estas indemnizaciones si los tribunales les dan la razón a los antiguos propietarios? En el primer contrato –el que se ganó por concurso– era el banco quien asumía esos posibles pagos. En el último acuerdo, un cuarto de siglo después, es Adif quien tendría que pagar.

Adif asegura que actualmente ese riesgo no existe tras un cambio legislativo y una sentencia del Tribunal Supremo que no reconoció esos derechos. Lo que no cuenta la sociedad pública es que el Supremo realmente respondió a los afectados que no podía pronunciarse al respecto porque los terrenos no estaban liberados.

La Asociación «No Abuso» en representación de 600 expropiados presentó la reclamación en octubre de 1999, junto antes de que entrara en vigor la ley que menciona Adif, y valoró los derechos de los 1,9 millones de metros cuadrados propiedad de Renfe en más de 360 millones de euros. Será cuando se desafecten los terrenos y pasen a ser propiedad de DCN para el desarrollo urbanístico cuando los reversionistas podrán volver a acudir a la Justicia a reclamar lo que consideran que les pertenece. Si los reversionistas logran ganar ese juicio, el Estado perderá de un plumazo un tercio de todo el dinero que pagará DCN por la venta de los terrenos. Dependiendo de cuándo llegase esa sentencia, es posible que aún no haya cobrado siquiera esa cantidad.

 

La estación de tren deja de ser la prioridad

La empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias del Estado perseguía con este concurso "completar y modernizar" las instalaciones de la estación de Chamartín y mejorar sus accesos. Así se establece en la primera cláusula del convenio que recoge este objetivo como la "finalidad básica y global del proyecto", así como integrar el recinto ferroviario en su entorno urbano de acuerdo con los requerimientos del planeamiento urbanístico, "para resolver la actual falta de integración, todo ello con la debida salvaguardia del prioritario servicio ferroviario".

25 años después esa "finalidad básica" no se ha podido desarrollar. Adif asegura que no existía tal necesidad. "La urgencia en la renovación total de la estación de Chamartín solo ha surgido recientemente con motivo de la implantación sucesiva de los servicios de alta velocidad, la necesidad de renovar la cabecera norte de las líneas de Red Convencional y, sobre todo, con la próxima entrada en servicio del nuevo túnel Atocha-Chamartín".

En el contrato inicial, además, se estableció que la empresa (DCN) no podría transferir a terceros esos terrenos. Es decir, que no podría revender nada hasta que finalizara todo el desarrollo ferroviario y urbanístico, que actualmente se calcula que durará 20 años. Esa cláusula también ha desaparecido en los sucesivas renovaciones contractuales. Hoy el BBVA podría vender al día siguiente de que se culmine la operación.

Adif lo justifica así: "En todo proceso de negociación las partes no consiguen todos los objetivos pretendidos". "DCN exigió que esta limitación se suavizara para que su inversión no perdiera valor por esa causa, y Adif finalmente lo aceptó", añade.

Distrito Castellana Norte asegura a eldiario.es que su intención es terminar el desarrollo y no vender. Pero nada en el contrato garantiza que eso vaya a ser así, como sí contemplaba la oferta con la que Argentaria ganó el concurso original.

Adif, por su parte, se limita a destacar que si las obras no se hicieran, "los pagos aplazados están garantizados" porque "no están ligados al devenir del desarrollo urbanístico".                  (Fátima Caballero, eldiario.es, 23/01/19)

El marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León se gastó un millón de euros de origen desconocido en reformar una casa

"Desde el exterior parece una vivienda más, otra de las casonas recias de Pedrosa del Rey, un pequeño pueblo de Valladolid que apenas cuenta con 200 habitantes. Pero el interior contrasta con su discreta fachada.

 Tras los muros de piedra caliza y ladrillo tosco de esta casa centenaria, se esconde una piscina climatizada de agua salada, una sauna finlandesa, un jacuzzi, una terraza 'chill out' con barra de bar, un cenador con una enorme mesa con plataforma giratoria a medida, varias esculturas de bronce o una fuente ornamental, entre otras caras excentricidades.

 Todos estos lujos se construyeron entre 2010 y 2012, durante una amplia reforma que pagó el empresario patatero Francisco Javier Meléndez, por entonces novio y hoy marido de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. La casa es propiedad de los padres de Meléndez: Rafael Meléndez y Consuelo Juárez. 

Su tatarabuelo la levantó en 1920. Pero la pareja, él empresario del sector de la patata y ella, consejera de Agricultura en el Gobierno de Juan Vicente Herrera, disfrutaba de la vivienda y puso en marcha esta obra en el patio del edificio para que se convirtiese en su segunda residencia; para el verano y los fines de semana. La casona rústica pasó a transformarse en un lujoso chalet.

Según un informe pericial encargado por el propio matrimonio, la reforma costó 1.165.390 euros. En esos años, Javier Meléndez y Silvia Clemente no contaban con ingresos conocidos que les permitieran afrontar con facilidad estos gastos suntuarios. Él ganaba, a través de las empresas familiares fundadas por sus padres –Agroinnova y Patatas Meléndez–, un sueldo de "menos de 3.000 euros netos al mes", según asegura su propia madre en un escrito. Ella, su sueldo como consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León: unos 70.000 euros brutos anuales.

La reforma no solo fue cara: también ilegal. Nadie solicitó la preceptiva licencia para las obras. Y la lujosa remodelación no solo desató más adelante una inspección del Ministerio de Hacienda –a través de la oficina del Catastro–. También desencadenó un grave cisma familiar que acabó en los tribunales con una serie de demandas cruzadas entre la la pareja y los padres de Javier Meléndez.

Por motivos no aclarados, el matrimonio Meléndez-Clemente se enfrentó con la familia en 2015. Y fruto de esa discusión, empezó una escalada de denuncias en los juzgados que aún no ha terminado.

En 2015, cuando comenzaron las hostilidades, el matrimonio instaló varias cerraduras y sistemas de seguridad para cerrar al resto de la familia el área de la casa que habían reformado. Construyeron un nuevo espacio, en una nave junto al patio, donde levantaron dos nuevos dormitorios y un baño, y abandonaron el dormitorio –en la zona no reformada– que habían utilizado hasta entonces.

 Los padres retiraron estos cerrojos y, en respuesta, Javier Meléndez puso en marcha un procedimiento judicial denominado interdicto para reivindicar en el juzgado la propiedad de esa zona de la casa. El hoy marido de Silvia Clemente ganó parcialmente ese primer envite: el juez, en una sentencia de marzo de 2016, le atribuyó la parte construida, aunque permitiendo a sus padres el acceso a la bodega que está debajo de la casa.

Tras ese primer pleito, llegó otra demanda: esta de los padres contra su hijo, Javier Meléndez, y su pareja, la política Silvia Clemente. La presentaron en junio de 2016 y en ella no solo reclaman la propiedad de toda la vivienda. También denuncian que las obras fueron realizadas sin licencia y sin facturas que acreditasen los pagos de la reforma. 

Además explicaban que dieron el permiso para hacer las obras con la condición de que las disfrutase toda la familia y revelaban que, en un primer momento habían sido reticentes porque entendían que su hijo carecía de los fondos necesarios para afrontar esos lujos. Siempre según su versión, que recoge esta demanda, accedieron cuando Javier Meléndez les aseguró que su pareja y más tarde esposa, Silvia Clemente, pagaría parte de la reforma.

En la contestación a la demanda, el marido de la presidenta de las Cortes argumenta que las obras se realizaron tras pactar con sus padres que le transmitirían la propiedad, que Clemente no estaba casada con él aún y que no podía tener interés alguno en pagar las obras de remodelación, si bien precisa que la casa fue utilizada por ambos como "domicilio conyugal" hasta que se trasladaron a Valladolid hace unos años. Añaden además algunos testimonios del procedimiento interdictal en los que una testigo declaró "que tanto don Javier como doña Silvia recibían a amigos e invitados y hablaban de la casa como si fuera propia".

Nada se dice en la contestación a la demanda sobre la capacidad económica de Javier Meléndez para afrontar esta obra, puesta en duda por sus propios padres en el pleito.

Entre la documentación aportada en la respuesta a esa demanda, destaca un informe pericial encargado por el marido de Clemente, que certifica que las obras costaron 1.165.390 euros. Esta tasación de la reforma está fechada el 1 de diciembre de 2016 y la firma el arquitecto Pedro Pablo Grajal Ruiz. 

En ella se asegura que en esas obras participaron "más de 65 empresas", aunque no se da el nombre de ninguna de ellas ni el detalle del coste por cada factura. Según esa tasación, 725.150 euros corresponden a trabajos realizados entre 2010 y mediados de 2012 en la vivienda y 440.240 euros están relacionados con las reformas acometidas en 2015.

"Este coste de 1.165.390 euros no lo considero exagerado en comparación con la naturaleza, características y extensión de las obras y la categoría o rango de las mismas", escribe el arquitecto en este informe pericial. 

 "La gran mayoría de ellas son de alto standing y lujo, circunstancia que tiene, como no puede ser menos, una notoria influencia en el coste total de los trabajos acometidos", dice el mismo informe. Ese lujo, asegura el arquitecto, supera "lo habitual y racional en la construcción" y proporciona, según el arquitecto, "un mayor bienestar y comodidad que las normales".

El informe pericial también subraya la calidad de los materiales empleados en la reforma. Los suelos son de "tarima flotante de roble con rodapié lacado en blanco". Los techos "están revestidos de tablero de madera lacado en blanco y correas del mismo material". El espacio entre la sala de estar, el cenador y la piscina "está solado con tarima flotante de lamas de madera de iroco". La iluminación es "led con sensores de movimiento". 

La piscina "en forma de riñón" y el jacuzzi son de agua de mar climatizada, que se calienta con unos paneles solares y una caldera. La casa también cuenta con un complejo sistema de seguridad, con videocámaras.

Antes de la reforma, la casa contaba con dos plantas de 298 metros cuadrados sobre una parcela de 1.922 metros cuadrados. Además, dentro de la finca, existían cuatro almacenes agrícolas, que sumaban 1.311 metros cuadrados, y un patio de otros 313 metros cuadrados. Tras las obras, que eliminaron los almacenes, la superficie edificada alcanzó los 1.624 metros cuadrados, de los que 1.150 pertenecen a la zona reformada, según el mismo informe. El coste medio por cada metro cuadrado fue, por tanto, de alrededor de 1.000 euros.

 

Clemente: "No tuve ninguna participación"

Silvia Clemente (Segovia, 1961) es la segunda autoridad de Castilla y León, por detrás del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y lleva media vida en política. Durante las últimas dos décadas ha ido escalando en puestos institucionales, siempre como representante del Partido Popular: consejera de Medio Ambiente en 2001, de Cultura en 2003, de Agricultura en 2007 y en 2015 ascendió a la presidencia de las Cortes de Castilla y León.

En conversación con eldiario.es, Silvia Clemente alega que ella no tuvo ninguna participación en esas obras más allá de haber sido demandada por su familia política y que ejercitará las acciones judiciales que considere oportunas si ve lesionados sus derechos por publicaciones de eldiario.es. Sobre cómo pagó su marido más de un millón de euros, Clemente asegura que ella "no tiene nada que ver", que ni siquiera estaba casada con él en ese momento, pero que sabe que tenía la justificación preparada para aportarla al procedimiento judicial antes de que se paralizase. "Yo puedo tener relaciones con mucha gente y tener muchas amistades, pero yo no soy parte de esta historia", asegura.

La defensa del empresario, con la que también ha contactado eldario.es, se niega a mostrar justificantes de los pagos de esa reforma y también a explicar el origen de esos fondos, amparándose en el acuerdo extrajudicial que incluye un pacto de confidencialidad y no agresión.

 

Un pacto de silencio por escrito

Las demandas cruzadas por la propiedad de la casa no siguieron adelante en los tribunales porque las dos ramas familiares en conflicto sellaron un pacto extrajudicial en enero de 2017 que obliga a guardar silencio a los implicados.

El marido de Clemente, que había conseguido una sentencia que le reconocía el uso y disfrute de las nuevas y costosas instalaciones construidas, acabó renunciando a ellas. En enero de 2017 los padres, el hermano y el propio Meléndez llegaron a un acuerdo para que los progenitores recuperasen la propiedad y que las dos empresas patateras donadas por ellos a partes iguales entre los hermanos se dividiesen: una para cada uno con un acuerdo para la compra de las respectivas acciones. 

En ese acuerdo, Javier Meléndez renunció a lo invertido en las obras y a todo derecho sobre la casa. Solo se llevaron los muebles, incluyendo las esculturas de bronce, las placas solares y también la sauna, que fue desmontada e instalada en otro lugar.

Ese acuerdo de paz saltó por los aires hace un par de meses. La presidenta de las Cortes envió un burofax a su suegra el pasado 3 de septiembre en el que la acusaba de estar realizando "públicamente" comentarios "denigratorios" sobre ella, insultándola "gravemente en presencia de terceros" e incluso acusándola de manera "totalmente infundada con pleno conocimiento de su falsedad y temeridad, de la comisión de ilícitos penales" en el ejercicio de su función pública.

Clemente advertía en esa comunicación de que los hechos eran "constitutivos de posibles delitos de injurias y/o calumnias" por lo que la apercibía mediante el escrito ante "cualquier nuevo hecho similar" del que tuviese noticia. "Ejercitaré en su contra y hasta las últimas consecuencias cuantas acciones judiciales correspondan en defensa de mis derechos", finalizaba aquella misiva.

 

"Ni una sola factura"

La respuesta de la suegra a Silvia Clemente, Consuelo Laguna, ante el burofax de su nuera donde le amenaza con una nueva demanda es otra carta, enviada igualmente por burofax, a la que también ha tenido acceso eldiario.es. En ella, la suegra de Clemente precisaba que las acciones que le imputaba la presidenta de las Cortes eran falsas, pero defendía la necesidad de "apostillar los hechos".

A lo largo de 14 puntos, en el escrito, la suegra de Silvia Clemente, relataba que la entrada de la dirigente política en la familia Meléndez –propietaria de un grupo empresarial dedicado a la producción de patatas– había sido "un desastre". "Ha sido la desgracia misma, que nos ha ocasionado y que nos sigue ocasionando un daño inmenso", asegura en la carta.

La familia Meléndez, según esa comunicación, "nunca había pisado un tribunal de justicia" y se vio inmersa en "numerosos pleitos civiles y penales" en los que Clemente participó “de forma directa o indirecta”. La suegra de la presidenta del Parlamento de Castilla y León asegura que habían visto cosas que no imaginaban, que llaman profundamente la atención y que “como son ciertas” no tienen por qué ocultar. Entre ellas, citaba la suntuosa reforma en el patio de la casa familiar por valor de 1.165.390 euros.

En pleno intercambio de denuncias, el catastro detectó las nuevas dependencias y requirió a los suegros de Clemente, como propietarios de la vivienda principal, la licencia de obras, la memoria, la descripción técnica de las mejoras efectuadas “y, en general, la descripción completa de obras y su coste”.

“Ahí, en ese pleito aprendí que no existía licencia de obras, que no había memoria, que no había descripción técnica y que no había una sola factura justificativa del pago de los trabajos que su propio informe pericial valoraba en 1.165.390 euros”, denuncia la suegra de Clemente en el burofax remitido a su nuera, con el que ya no tiene relación. La mujer insiste en que pese a sus reiteradas peticiones de algún soporte documental a su hijo para aportarlo al catastro, nunca obtuvo nada.

“A estas alturas, no me cabe duda que mi hijo (su esposo) y usted han pagado las obras, porque no me consta que ninguno de los gremios o de los oficios que intervinieron hayan reclamado deuda alguna, y tampoco concibo que no cobren y no reclamen. O sea, que han cobrado”, asegura Consuelo Juárez, la suegra de Silvia Clemente.

“Le recuerdo que en el mismo procedimiento consta que mi esposo y yo dijimos que no podíamos entender de dónde ha salido el dinero para pagar la cantidad que ustedes mismos decían: 1.165.300 euros, porque en las fechas en las que se construyeron las mejoras y, supongo, se hicieron los pagos, mi hijo menor solo tenía los ingresos de su salario en las empresas familiares, que no alcanzaban los 3.000 euros netos al mes”, escribe la suegra de Clemente. “¿De dónde había salido el dinero para pagar las mejoras?” se pregunta. "Porque nuestro hijo menor no tenía capacidad alguna de pagarlo y usted, con su retribución pública, tampoco”, añade.

“No voy a pedirle disculpas por nada de ello, no voy a mentir y tampoco lo voy a ocultar”, asevera en la carta. “A esta fecha no me consta que haya aparecido  una sola factura justificativa del modo en que mi hijo y usted pagaron ese importe, ni de cómo consiguieron el dinero para ello. No la acuso, no deduzco conclusiones, no extraigo consecuencias, no la juzgo y prefiero no decirle lo que pienso. 

Lo que sí le digo es que eso es lo que yo he vivido. Eso es lo que consta judicialmente. No lo negaré y no negaré ante nadie que me pregunte que, en mi opinión los hechos han ocurrido de ese modo. Son otros, con más peso que yo, los que tendrían que preguntar cómo se pagaron esos 1.165.390 euros, de dónde salió el dinero, cuál fue su origen y demás”, acaba el escrito."                     (Laura Cornejo, eldiario.es, 10/152/18)

Coalición Canaria salvó de la piqueta en 1995 el edificio de Tenerife golpeado por olas gigantes y que toca terrenos de dominio público

"La imagen de la  ola gigante que el pasado sábado arrancó de cuajo un balcón en la tercera planta de un edificio en Tenerife ha puesto en el mapa de la actualidad al pequeño núcleo turístico de Mesa del Mar.

Situado en el municipio de Tacoronte, al norte de la isla y al pie de un imponente acantilado, el inmueble Mar y Sol fue objeto de una polémica en los años noventa, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por un alcalde socialista, de común acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente (que prometió 600 millones de pesetas -3,6 millones de euros-), intentó recuperar para el uso público parte del tramo de costa que ocupa esa construcción. Este bloque fue en su origen, años sesenta del pasado siglo, un hotel, cuyos apartamentos luego fueron vendidos a particulares y ahora su uso se ha convertido en residencial.

Pero ocurrió que en 1995 accedió a la alcaldía la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI entonces y hoy Coalición Canaria -CC-; ese fue uno de los partidos que años después fundaría CC), que dio marcha atrás al proyecto, hasta que finalmente, en 2013, el deslinde público elaborado por la Dirección General de Costas dejó fuera del dominio público marítimo-terrestre el edificio, salvo dos pequeñas esquinas, y quedó dentro de la servidumbre pública de protección.

Por esos años los propietarios habían recurrido el acuerdo del pleno municipal (tomado en 1993) que declaraba ilegales la venta de apartamentos como viviendas en el Mar y Sol. El litigio lo ganó la parte privada, Hoteles Afortunados, SA, y este llegó al Tribunal Supremo.

Un complejo turístico inaugurado por Manuel Fraga

La urbanización del entonces hotel la promovió el empresario Arcadio Pérez Dorta, ya fallecido. La construcción comenzó a principios de los sesenta del pasado siglo con unas difíciles obras en la carretera que daría acceso a ese complejo turístico. En 1967 se inauguró, en un acto que presidió Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Turismo del régimen franquista.

Su declive como zona turística de lujo comenzó en los años ochenta y se convirtió paulatinamente en un barrio residencial, siempre con el ojo puesto en los embates de los temporales marinos, que ya en el pasado habían provocado daños en las instalaciones públicas y privadas más próximas al mar.

El sábado 17 de noviembre de 2018, fue uno de esos días: el furioso océano entró de lleno en las plantas bajas del edificio, lo que causó destrozos en enseres, ventanas, paredes, balcones y zonas comunes, y por seguridad fueron desalojadas el fin de semana 65 familias. 

Este lunes, ya sin avisos meteorológicos por oleaje, los vecinos relataban a TVE 1 cómo vivieron con horror ese temporal, que no es el primero que sufren, pero sí uno de los que más daños les ha ocasionado en los últimos decenios, hasta el punto de que algunos propietarios se plantearon incluso no regresar a sus viviendas.

Que el mar bata sobre los cimientos de este edificio y que, de vez en cuando, dé un buen susto a los inquilinos de las plantas bajas, no extraña a nadie. Basta contemplar dónde está construido, sobre la misma línea de mar y con un estrecho paseo a su alrededor por el que no conviene transitar cuando el mar está embravecido. A ojos de buen cubero, está en lo que se considera dominio público, pero la realidad es que la orden ministerial que trazó esa línea en la costa de Tacoronte lo deja fuera. 

El Ministerio aclara que el domino público fijado apenas le afecta

Fuentes de la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife indicaron este lunes a Tenerife Ahora que el deslinde vigente toca muy levemente dos esquinas de las edificaciones que hay en la parcela, la mayor parte de la cual se halla en servidumbre pública. 

Pese a la evidencia de que estos bloques de apartamentos están casi sobre el mar, desde ese organismo público se indica que se trata de un inmueble construido de modo legal antes de la ley de 1988, y que se pudo beneficiar de esa circunstancia, además del hecho de que el Ayuntamiento cambiara de criterio a mediados de los años noventa para desarrollar un proyecto de recuperación de ese espacio costero para uso público.

Las mismas fuentes señalaron que los deslindes en sí mismos no son inamovibles, pero subrayaron que hasta 2013, para modificarlos, había que demostrar hasta dónde alcanzaban las olas en el máximo temporal conocido, pero desde entonces, con la reforma de la ley, es preciso verificar que el mar ha llegado más lejos en al menos cinco ocasiones en un lustro, lo cual dificulta cualquier solicitud en este sentido.

El alcalde socialista hasta 1995 lo tachó de "enorme atentado"

Sea como fuere, el edificio que ahora se ha hecho famoso en toda España provocó un duro enfrentamiento político en los años noventa en la isla. Tal es así que el entonces alcalde socialista, Guillermo Graham, que defendió su derribo -con indemnizaciones a los propietarios- publicó en el periódico Diario de Avisos un revelador artículo de opinión, apenas unos meses después de perder la alcaldía, en el que calificaba esa construcción de "enorme atentado contra el litoral de Tacoronte". 

"La costa", escribió el político del PSOE, "es un espacio de ocio de los ciudadanos y no se puede permitir que sea ocupada por construcciones ilegales o aparentemente legales como el edificio Mar y Sol".

En este artículo (desempolvado ahora de las hemerotecas por el periodista Esaú Hernández en un hilo de Twitter), Graham no tenía dudas de que "el edificio está afectado por la Ley de Costas [de 1988], y en ningún caso legalmente puede aceptarse un deslinde distinto al que se establece en la ley; es decir, más tarde o más temprano se podría aplicar una Ley que depende del Estado y que no parece que vaya a modificarse". 

El augurio de aquel alcalde socialista no se cumplió, y en 2013, con el PP en el Gobierno estatal, la ley se reformó y además el deslinde aprobado posteriormente salvó el Mar y Sol.

Aquel regidor municipal de Tacoronte fue más allá y destacó en su columna aparecida en prensa que durante su mandato el Ayuntamiento tuvo "importantes batallas jurídicas contra un poderoso señor de todos conocido", en alusión al promotor de esta urbanización controvertida, levantada sobre una escasa plataforma rocosa y en las laderas del acantilado. 

El partido ATI (hoy CC) en Tacoronte se opuso a ese proyecto de recuperar la costa con argumentos como el "desorbitante" coste para el erario público y una "insultante" compensación económica para los dueños del Mar y Sol. Al llegar al poder municipal, en pleno época de revisión del Plan General de Ordenación del municipio, con el gobierno que presidió el alcalde Hermógenes Pérez, de ATI-CC, el asunto quedó aparcado para siempre.

En internet pueden encontrarse a la venta pisos en la calle de Mesa del Mar, algunos por 58.000 euros y 83.000 euros, en los que puede verse cómo el Atlántico está tan cerca que parece que va a colarse por la ventana. Y es lo que ocurrió en las primeras plantas del inmueble el pasado fin de semana."             (Vicente Pérez, eldiario.es, 19/11/18)