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28.10.22

El Gobierno vasco reconoce 'enchufes' en el acceso a la Ertzaintza, por el favoritismo hacia simpatizantes del PNV

 "El departamento de Interior del Gobierno vasco reconoce en el informe elaborado sobre la Ertzaintza (policía vasca) que se han dado "recomendaciones" a la hora de calificar a los aspirantes a la misma, aunque añade que "no han sido determinantes a la hora de la selección".El Gobierno vasco estudió el informe ayer en su reunión en Vitoria. Sobre el posible favoritismo hacia simpatizantes del PNV, el texto dice que esto "no ha podido ser demostrado en ninguno de los extremos".

A lo largo del texto se descalifican las denuncias aparecidas en los medios de comunicación y se subraya que nadie puede afirmar, pero tampoco negar, que las anotaciones aparecidas en Prensa no se hayan realizado con posterioridad a la selección.

"De acuerdo con estos datos se excluyó de la selección", continúa el informe, "a un máximo de un 5% de los aspirantes, corroborando que, en cualquier caso, la mayoría hubiese sido descartada por otras razones de tipo cultural, físico o médico".

En otro apartado se admite que en algún caso las personas intervinientes en la selección reconocen haber recibido sobre los aspirantes calificativos similares a los publicados, si bien se puntualiza que en ningún caso tuvieron acceso a la evaluación final de la información."              (EFE, 24/02/1988)

27.10.22

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP.

11:16 a. m. · 26 oct. 2022
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 "Sigue el escándalo en la Policía Municipal de Madrid: el hijo y la nuera del intendente señalado aprueban con máxima nota.

Cuatro de las cinco personas con más nota de la prueba están relacionados con la Academia Cronos; el otro es la persona de máxima confianza del presidente suplente del tribunal.

 Miguel Carmona Ordoño y Carolina Hernando Boiso, hijo y nuera del intendente de Policía Municipal de Madrid Miguel Carmona, que aseguraba "conocer" las preguntas que caían en las oposiciones al cuerpo, han aprobado la tercera de las pruebas de las oposiciones de inspector este viernes. No son los únicos. Cuatro de las cinco personas con más notas de la última prueba de las oposiciones están supuestamente relacionadas con la Academia Cronos en la que el mencionado intendente  también es presuntamente profesor.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública la nota del tercer ejercicio, que consistía en desarrollar por escrito un caso práctico y exponerlo después ante el tribunal. Tal y como ha podido conocer ElPlural.com tras hablar con diversos aspirantes a inspector, la prueba se puntúa en un 30% la exposición oral y el 70% restante lo completa el conocimiento técnico. Así, la nota más alta la ha recibido Carolina Hernando Boiso, con un 8,33. A continuación le sigue Oscar García Martínez, conductor personal y persona de confianza del comisario principal Luis Fernando Martín Bernal, que es el presidente suplente del tribunal. Martínez ha obtenido 8,19 puntos.

En tercer lugar se encuentra Jorge Arce Blanco, con un 7,79. El conductor personal del intendente Miguel Carmona y también profesor en la Academia Cronos ha conseguido el tercer puesto en la prueba de las oposiciones. Muy de cerca le sigue el otro Carmona, Ordoño. El hijo del intendente ha obtenido la cuarta plaza en el desarrollo profesional con un 7,75.

En quinto lugar se encuentra Eduardo Narciso Atienza López. Con un 7,26, el profesor de Cronos ha conseguido colarse en lo más alto. Muy por detrás siguen el resto de los opositores hasta llegar a la docena, con notas que van del 5 al 5,75.

Según fuentes presentes en la realización del examen, el presidente del tribunal, José Luis Morcillo, transmitió que él mismo no se iba a dejar "intimidar" por las informaciones publicadas en prensa. "Como presidente del tribunal quiero deciros que ante todas las noticias que están saliendo en prensa, que estéis tranquilos, especialmente aquellos que ha salido su nombre. Este tribunal no se va a dejar intimidar por nadie, así que os pido que confiéis en nuestra labor", recrea un opositor que realizó la prueba a este medio

A pesar de ser un acto público tampoco se permitió el acceso a la lectura de la prueba que realizaron los aspirantes delante del tribunal. Lo mismo ocurrió durante las pruebas físicas que tuvieron lugar la misma semana de la prueba. De hecho, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras quiso acceder a las pruebas con un cronometrador oficial para verificar los resultados y evitar un posible fraude. No obstante, el tribunal impidió acercarse a la meta a la política alegando que los opositores "se ponen nerviosos". Lo mismo ocurrió con las cámaras de Telemadrid, que acudieron a cubrir la acción de Higueras, alegando que se vulneraba la privacidad de los opositores.

Presumir de conocer las preguntas

Tal y como desvelaba ElPlural, Miguel Carmona, presunto profesor de la Academia Cronos, sacaba pecho ante sus alumnos de "conocer a todos los del tribunal" y presumía de que "caen el 80% de las preguntas" que proporciona a sus alumnos. 

En uno de los mensajes a sus alumnos, Carmona explica que en la etapa final de las pruebas es él quien imparte las clases porque es el que "más sabe". Así, explicando que es la "realidad" y no es "falsa modestia", pide que "al que no le guste, se vaya a otro lado y pruebe". De esta forma, Carmona sostiene que lleva cuatro décadas preparando oposiciones y que de los test que proporcione a mes y medio de la prueba a sus alumnos, "caen el 80% de las preguntas". No obstante, agrega que "no es porque nadie sepa nada", sino porque conoce a sus compañeros e intuye "qué temas les interesa".

"Aquí todo es puro egoísmo. Todos nos tenemos que beneficiar. Vosotros y yo", admite. A pesar de que asegura en repetidas ocasiones que no tiene conocimiento de las preguntas del examen y que "la oposición es distinta" en cada convocatoria, en el audio que publica en exclusiva este periódico, Carmona indica que sus pruebas son un "trabajo de campo".

Según podía comprobar ElPlural.com en base a un registro de policías municipales que han declarado otras actividades públicas y privadas, Carmona nunca ha declarado haber dado clase en academia alguna. Pese a ello, en el audio sostiene que lleva "cuarenta años" en la docencia. En este sentido, cabe precisar que en la Policía Municipal de Madrid existe un límite de 80 horas anuales para poder ser docente. Solo es necesario solicitar la compatibilidad si se supera este límite.

La fiscalía investiga la información desvelada por ElPlural

Más Madrid ha elevado un escrito a la Fiscalía alertando del escándalo destapado por ElPlural.com en el que se denuncian presuntas irregularidades acontecidas en las oposiciones en curso para las categorías de inspector e intendente, así como en las de promoción interna de Agentes de Movilidad en su salto al Cuerpo.

De esta manera, la formación municipal que dirige Rita Maestre ha pedido a la Fiscalía que abra las diligencias pertinentes para comprobar si hubo trato de favor por parte de los tribunales calificadores con algunos opositores que tienen acreditada relación con miembros del mismo. También piden que se investigue a la Academia Cronos y a sus responsables en la preparación de las tres oposiciones, así como las posibles responsabilidades que puedan tener las autoridades del Ayuntamiento de Madrid que deberían vigilar el correcto y legal funcionamiento de las oposiciones.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, Carmona "forma parte, según sus propias palabras, del profesorado de la Academia Cronos, afirmando que él imparte las clases en la etapa final de la preparación, ese mes y medio antes en el que proporciona los test que luego clava en un altísimo porcentaje". "Informaciones de medios de comunicación apuntan, no obstante, que no constan en los registros de la policía a los que han tenido acceso que D. Miguel Carmona Gavela declarara en ningún momento el ejercicio de actividad privada", indica el escrito.

Así, y a pesar de que no está disponible en la web, Más Madrid afirma en base a una información de InfoLibre que "Cronos se vio involucrada en presuntas irregularidades de similar naturaleza a la presente cuando el examen psicotécnico de pasada convocatoria (promoción interna de agentes de movilidad a policía municipal 2021) coincidió plenamente con el ejercicio práctico que la academia realizó a sus alumnos la semana previa", provocando "la pertinente denuncia por parte de otros aspirantes a las plazas".

Un juez ordena a la Policía Nacional investigar la información desvelada por ElPlural.com

No es la única investigación abierta. Tal y como ha publicado este martes el diario El Mundo, el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ha acordado iniciar las diligencias previas y practicar las pesquisas para esclarecer si se ha cometido una infracción penal en las pruebas para acceder a altos cargos del cuerpo de policía local tras las informaciones publicadas por este periódico que apuntan al vínculo entre los aspirantes, los miembros del tribunal examinador y una academia dirigida por familiares de uno de los intendentes de la Municipal.

Eso no solo no se ha quedado aquí, sino que el mismo juez ha pedido además a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza Castilla que comiencen sus propias averiguaciones sobre el caso. De esta forma, el cuerpo nacional se suma a la Fiscalía Anticorrupción, que también está investigando estas mismas oposiciones después de que todos los miembros de dicho tribunal hayan declarado en la Unidad de Asuntos Internos, que abrió un proceso de diligencias informativas tras un altercado en un local de intercambio de parejas con algunos de los implicados.

Esta decisión judicial se produce después de que la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) presentara una denuncia contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid a raíz de las informaciones y pruebas publicadas por ElPlural.com al respecto de unas supuestas irregularidades en las oposiciones de turno libre para inspectores e intendentes del mismo órgano. 

AMPU acusó de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias al Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y a su comisario principal, Oskar de Santos, así como al también comisario José Luis Morcillo y los intendentes José Rodríguez Vacas y Miguel Carmona. Todos ellos implicados en estas oposiciones, tal y como ha desvelado este diario.

En concreto, la justicia investiga los audios y documentos a los que ElPlural.com ha tenido acceso y ha publicado en las últimas semanas. En uno de ellos, Carmona, que es profesor de la Academia Cronos, reconoce ante sus alumnos -en unos audios datados en noviembre 2021- que tiene contacto con todas las personas que conforman el tribunal calificador para oposiciones de Policía del Ayuntamiento de Madrid.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el intendente Miguel Carmona, que asegura que "no tiene nada que decir". Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado que tanto Asuntos Internos como la Justicia invesigan el caso y aseguran que "hy que esperar las conclusiones de dicha investigación".               (J. M. Sánchez, El Plural, 25/10/22)

11.10.22

Escándalo en las oposiciones de Policía Municipal de Madrid: los vínculos entre el tribunal y aspirantes

 "Las oposiciones a inspectores de la Policía Municipal de Madrid tienen un nuevo capítulo. Tras destapar las palabras del intendente Miguel Carmona durante una de sus clases en la Academia CronosElPlural.com ha podido comprobar los vínculos entre las diferentes personas que más nota tienen del tribunal y que, además, guardan relación con los miembros del órgano.

Hace dos semanas conocíamos que el intendente de la Policía Municipal de Madrid, José Rodríguez Vacas, presentaba su dimisión como miembro del citado tribunal al destaparse que acudió a un local de intercambio de parejas incurría en una irregularidad ya que precisamente su acompañante es uno de los opositores a las pruebas de inspector. Según ha podido saber este medio, se trata de un oficial de la Policía Local de Alcalá de Henares, José Valverde Turiegano.

En concreto, el pasado 3 de septiembre, la carrera policial de Rodríguez Vacas se truncaba en un nuevo escándalo al acudir a un local de intercambio de parejas con José Valverde Turiegano. El intendente acudió junto al oficial y su chófer al club vestido de paisano. Tras un minuto dialogando con la recepcionista, donde, siempre según el local, se les informó del precio de la entrada y la hora de abandono del local puesto que a partir de la diez de la noche solo podían entrar parejas. Vacas enseñó la placa y dijo: “Ahora sí voy a pasar”.

El suceso provocó que Asuntos Internos abriera un proceso de diligencias informativas con el fin de depurar las “responsabilidades disciplinarias que pudieran existir” en el altercado que derivó en un expediente disciplinario. Cabe recordar que Rodríguez Vacas es una de las personas que elaboraban las preguntas del examen junto con el presidente del tribunal, el comisario José Luis Morcillo. Actualmente, José Valverde Turiegano tiene una nota en las oposiciones de 7.74.

Más relaciones con el tribunal

Aparte de la relación con José Valverde Turiegano, este medio ha podido constatar un listado de nombres que sorprenden por su vinculación con diferentes miembros del tribunal en el que se encontraba Rodríguez Vacas. La persona que más nota tiene en estas oposiciones es Óscar García Martínez. Hasta diciembre de 2021, donde inició la academia de ascenso a subinspector, trabajaba directamente a las órdenes del presidente del Tribunal, Luis Fernando Martín Bernal. García Martínez es una de las personas de confianza de Martín Bernal e incluso fuentes consultadas por ElPlural.com indican que fue trasladado a su comisaría por amistad.

No solo Vacas y Martín tienen vínculos con opositores. Miguel Carmona, intendente del cuerpo municipal y profesor en la Academia Cronos, cuenta en las oposiciones con su nuera Carolina Hernando Boiso, con una nota de 7,65 y su propio hijo, también docente en la mencionada escuela, Miguel Carmona Jr. Ambos pertenecen a la Policía Local de Arganda del Rey.

Con notas más discretas se encuentran otros dos profesores de la Academia Cronos y, de nuevo, policías municipales en Madrid. Se trata de Eduardo Atienza (6,48) y Jorge Arce Blanco (6,40). Fuentes consultadas en el cuerpo de policía explican que el segundo ha sido el chófer personal de Carmona en el distrito de Barajas y que acaba de obtener recientemente la plaza de oficial.

Además, sorprende que varios de ellos obtuvieron un 10 en la prueba de inglés, consiguiendo incluso más nota en la misma que la aspirante Ana Padilla Beltrán, la cual es docente de este idioma. Cabe destacar que esta última es la pareja del director del Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, que también tiene relación en esta historia en lo relativo a la conexión de los agentes y las academias de preparación de oposiciones destapada este lunes por este medio. Y es que uno de sus conductores, Javier Mateo, da clases en una academia, concretamente en la Academia Spartamcops. Tampoco consta que sea profesor en las compatibilidades de trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid.

La última prueba: la deportiva

La última prueba del proceso para ser inspector se trata de la prueba física. En circunstancias normales, y al ser eliminatorias, suele realizarse en primer lugar para así descartar a aquellas personas que no cumplen con uno de los requisitos básicos para ejercer la labor. No obstante, en esta ocasión la prueba ha sido retrasada hasta realizarse en último lugar con todos los exámenes hechos.

La prueba se ha celebrado este lunes por la mañana y pese a que se trata de un acto abierto al público, se ha impedido entrar a los medios de comunicación por "privacidad de los opositores" y se han tenido que conformar con captar imágenes desde fuera del recinto. Además, la zona de la meta estaba acotada impidiendo que un cronometrador oficial comprobara de manera objetiva el proceso junto a la concejala Marta Higueras, que denunció irregularidades en el proceso, bajo el pretexto de que los opositores "se ponen nerviosos".                     (José m. Sánchez, El Plural, 11/10/22)

17.6.22

El director de Emergencias del Gobierno vasco adjudicó 5,8 millones a una empresa cercana al PNV imputada por obras falsas

"El pasado 7 de junio, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, propuso como nuevo director de Emergencias y Meteorología al exalcalde jelkide de Santurtzi, Ricardo Ituarte, hasta ahora director económico-financiero de la OSI o comarca sanitaria Barakaldo-Sestao de Osakidetza. Ituarte también fue un alto cargo del Servicio Vasco de Salud durante el mandato de Jon Darpón, quien dimitió tras estallar el fraude en la OPE de Osakidetza.

El nuevo director de Emergencias del Gobierno Vasco ocupará el puesto que ha dejado vacante Fernando Izaguirre el pasado mes de abril debido a las presuntas irregularidades durante su gestión como presidente de la DYA. Izaguirre, candidato del PNV a la alcaldía de Galdakao, también renunció a su acta como concejal y entregó el carné del partido.

Según ha podido saber Hordago-El Salto, Ricardo Ituarte adjudicó dos contratos por valor de 5,8 millones de euros a la constructora Pabisa en 2009, durante su etapa como alcalde de Santurtzi (2007-2015). Esta empresa está implicada en un caso de obras falsas, concretamente en una de las tres tramas de corrupción desarrolladas en Alonsotegi. El caso aún está pendiente de juicio y que ha desembocado en la imputación de tres exalcaldes del PNV en el municipio vizcaíno. Las tres obras falsas fueron adjudicadas a Pabisa entre los años 2008 y 2009 por un montante aproximado a los 665.000 euros.

El primer contrato adjudicado a Pabisa consistió en la reparación y asfaltado de viario público y tuvo un importe de 2,9 millones. El segundo, por importe de otros 2,9 millones, tuvo como objetivo la remodelación y recuperación de pavimentos y mobiliario del Parque Central del municipio. También han sido polémicas estas obras porque otra empresa involucrada mencionó a Pabisa en los juzgados y le atribuyó un “sobrecoste” sobre lo presupuestado en el inicio del proyecto. Además, la remodelación y recuperación de pavimentos y mobiliario del Parque Central de Santurtzi también fue adjudicada a Pabisa, quien se asoció con Imesapi en una Unión Temporal de Empresas (UTE). Esta última empresa es una filial de ACS, el conglomerado empresarial dirigido por Florentino Pérez.

Pabisa fue fundada por Manu Galíndez, tío de Gabino Martínez de Arenaza, exalcalde de Alonsotegi imputado por corrupción. Pese a ser denunciado, Martínez de Arenaza fue ascendido a director de Turismo de Bizkaia y recolocado posteriormente en una entidad pública de la Diputación de Bizkaia tras ser imputado. En la actualidad, ejerce de promotor de negocios de Aurman, la agencia de publicidad que diseñó el logo del PNV y que recibió 6 millones después de fichar a un exalcalde jeltzale procesado por corrupción.

¿Meritocracia o caciquismo?

Desde que Ricardo Ituarte abandonó la alcaldía de Santurtzi en 2017 no ha parado de escalar posiciones en la Administración Pública Vasca. Antes de ser nombrado director de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, ejerció como alto cargo de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo, de la que forma parte el Hospital de Cruces. La directora gerente de este hospital es la esposa del exconsejero de Salud, Jon Darpón.

Tras desvelarse la nota de su hermano en el examen de la OPE de Osakidetza, Ricardo Ituarte fue cesado de su cargo como Director de División Económico Financiera de la Organización Central de Osakidetza. Eso sí, 14 meses más tarde fue nombrado Director de Gestión de la Organización Sanitaria Integrada Tolosaldea, una comarca cuyo hospital de referencia es una polémica clínica privada. Este nuevo cargo le duró poco más de un año. Al día siguiente de ser cesado pasó a ser nombrado Director Económico Financiero de la Organización Sanitaria Integrada Barakaldo-Sestao, puesto que ha ocupado desde abril del 2021 hasta el pasado 7 de junio.

Polémica familiar con la OPE de Osakidetza

El hermano de Ricardo Ituarte fue uno de los señalados por las irregularidades en la OPE de Osakidetza. Iñaki Ituarte logró paralizar la repetición de las pruebas de la oposición para médico anestesista que había sido denunciada por fraude. Tras haber obtenido 100 puntos en el examen práctico y una plaza en la categoría de Anestesia, el hermano del alto cargo de Osakidetza presentó un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz con el objetivo de impedir la repetición de la prueba, cuyos vencedores habían sido registrados y adivinados ante notario por los sindicatos unos días antes.

Ante la denuncia de varios médicos y de los sindicatos por fraude en la OPE, la dirección del Servicio Vasco de Salud llevó a cabo una investigación interna, anuló el examen de Anestesiología y ordenó su repetición. En diciembre del 2018, el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Gasteiz decidió paralizar cautelarmente la repetición de los exámenes de oposición en esa categoría. El fallo judicial era consecuencia del recurso presentado en noviembre de 2019 por un grupo de 13 opositores, entre ellos el hermano de Ricardo Ituarte.

Tres médicos anestesistas del hospital de Mondragón predijeron quienes iban a sacar plaza en esta OPE. Estos especialistas, afiliados a ESK y Elkarrekin Podemos, acudieron al notario días antes de que se celebrara la oposición en 2018, dieron los nombres de los candidatos que sacarían mejor nota y acertaron con la predicción. Iñaki Ituarte fue uno de los aspirantes que logró 100 puntos en el examen práctico, aunque suspendió la parte teórica con 44 puntos. Fruto de la media ponderada, ocupó el puesto 23 de un total de 46 plazas disponibles. En Anestesiología, la puntuación media fue de 29 puntos, con muchísimos suspensos. Sin embargo, hubo 39 personas con 90 puntos o más. En esta esa especialidad se originaron las primeras denuncias por la existencia de filtraciones en la OPE para beneficiar a candidatos concretos.

Las personas que recurrieron la repetición del examen junto al hermano de Ricardo Ituarte han estado ligadas al Hospital de Cruces de Barakaldo, en el que también trabaja el hermano del jelkide. Todas ellas ocuparon los 43 primeros puestos de los 203 aspirantes a las 45 plazas. Entre ellas, una logró ser quinta y otras ocuparon los puestos 8, 9, 10, 11 y 12."
          (Ahoztar Zelaieta  , El Salto, 17 jun 2022)

8.9.21

Los testimonios de los opositores que pagan en B a jueces y fiscales: "A principios de mes se da un sobrecito"

 "El negocio en negro de jueces y fiscales: hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores. Profesionales de la Administración de Justicia exigen a los estudiantes que les entreguen a principios de mes el dinero en metálico en un sobre, que en ocasiones ronda los 300 euros por alumno. Los opositores aseguran que se trata de una práctica generalizada. Algunos preparadores han admitido a elDiario.es esos pagos en negro(...)"          (eldiario.es)

 "Los miles de opositores que cada año pelean por conseguir una plaza en la carrera judicial estudian durante años con un preparador. Alguien que ya consiguió esa hazaña, un juez o un fiscal que complementa su trabajo en los tribunales con la docencia particular. 

Algunos de ellos lo hacen pidiendo la compatibilidad necesaria y declarando los ingresos extra; sin embargo, la mayoría ingresa ese montante extra en metálico y se lo oculta a Hacienda. Es una práctica que viene de muy atrás. Y hay apellidos ilustres de la Administración de Justicia entre los implicados.

Lo confirman los testimonios de numerosos opositores con los que ha hablado elDiario.es en una investigación realizada durante los meses de junio y julio: "Lo normal es que se pague en negro, a principio de mes se da un sobrecito”. 

 Esta redacción ha enviado decenas de correos y ha intentado contactar por teléfono con protagonistas a uno y otro lado de la mesa de las oposiciones. No es fácil que los aspirantes a entrar a la judicatura accedan a hablar sobre este asunto. Muchos tienen miedo de que les pueda perjudicar en un proceso al que dedican una media de cinco años y un importante desembolso económico. Y están las relaciones de complicidad que se establecen entre el preparador y el alumno fraguadas durante años de estudio, suspensos, sinsabores y altibajos en los que el tutor se convierte en una figura con mucha ascendencia sobre el aspirante, según han reconocido varios a esta redacción.

"Me resulta muy violento hablar sobre este tema”, respondió uno de la más de una veintena de estudiantes contactados; "Esto es algo que cuesta mucho sacar y no quiero buscarme problemas innecesarios”, contestó otra. Hubo hasta quien expresó sus reparos a comunicarse por mensajes por miedo a expresar ciertas cosas por escrito.

La mayoría de ellos, cuando se les contactó para esta investigación, se mostraron en un primer momento abiertos a hablar sobre cualquier aspecto de las oposiciones, hasta que se les preguntó directamente si pagaban en metálico a sus preparadores o si conocían casos así en su entorno. La mayoría de los contactados dejó de contestar en ese momento.

Los que lo hicieron han exigido un anonimato total, así que todos los nombres que aparecen en este artículo son ficticios. También se ha omitido la ciudad en la que viven por petición expresa de todos ellos, la mayoría aún inmersos en el proceso de oposición. Todos los que han accedido a hablar con elDiario.es han confirmado que pagan en sobres a sus preparadores, lo que facilita que ese dinero se oculte a Hacienda y no se declare. Se trata de una práctica generalizada.

Los preparadores son indispensables para aprobar

Los opositores insisten en que no hay forma de aprobar si no es con un preparador, por mucho que algunas de las academias utilicen como reclamos en Internet sus altos índices de aprobados. Aunque en ocasiones lamentan que les cobren en efectivo y que no declaren ese dinero, todos tienen buenas palabras hacia esos jueces y fiscales que se convierten en "papá o mamá”. "Me dicen todo lo que tengo que hacer al día, qué tengo que estudiar, cuántos minutos tengo que dedicar a cada cosa…Tú solo no te puedes organizar, necesitas atención personalizada”, indica una de las opositoras.

Estos aspirantes a juez y fiscal dedican, de media, 10 horas de estudio diarias durante seis días a la semana. Lo normal es que "canten” los temas delante de su preparador una o dos veces por semana. En los casos de los opositores contactados, todos tienen dedicación exclusiva, no trabajan en otra cosa. Lo normal es que tengan un par de semanas de vacaciones al año, aunque varios preparadores contactados aseguran que dejan eso en manos del estudiante. Si se ve capaz de tener alguna semana más libre, adelante; si quiere renunciar porque se acercan los exámenes, también es cosa suya.

 Ese el plan de estudio al que se someten durante años para hacerse una plaza, como ya ha conseguido Lucas. Ha aprobado recientemente las oposiciones y tiene menos reparos en hablar sobre los pagos en metálico a los preparadores que sus compañeros que aún siguen estudiando: "Conozco casos infinitos y a mí me ha pasado con mis dos preparadores. Ninguno me aceptaba que le pagase en otra cosa que no fuese efectivo, y si en algún momento no podía acudir, por la pandemia por ejemplo, me pedían esperar a que nos viésemos”.

En la Escuela Judicial, el paso posterior a la oposición, es un tema recurrente de conversación . "Entre los compañeros se comenta mucho porque a todo el mundo le cobran así”, relata. "Seguramente haya quien no lo haga, pero yo no me lo he encontrado. No son unos cuantos, es generalizado”, añade. En su caso pagaba a su primer preparador 280 euros y al segundo 250. Asegura que era un precio alto, pero por el caché de los jueces, que eran de esos a los que se accede por recomendación y no se anuncian en internet. Recuerda que el primero tenía entre 12 y 15 alumnos; es decir, entre 3.360 y 4.200 euros al mes de ingresos en B. Nunca vio nada parecido a una factura o a un recibí.

"Es lo normal, nunca se ha hecho de otra manera”

"Lo normal es que se pague en negro, a principio de mes se da un sobrecito”, dice Ana, que lleva ya tres años y medio estudiando tras acabar la carrera de Derecho. En su caso, dice que durante la pandemia pudo pagar a su preparador por Bizum, pero que en cuanto regresaron los cantes presenciales volvieron los sobres: "Es lo normal, nunca se ha hecho de otra manera. Al principio de la oposición sí que me chocaba, ahora estoy acostumbrada”.

A ella le cuesta 140 euros al mes por ir un día de cante de los temas, pero conoce muchos casos de gente que paga 300 euros. Su preparador tiene 11 alumnos, unos 1.540 euros al mes, calcula. Aunque, eso sí, le agradece que durante la época más complicada del confinamiento les ofreció reducir esa cantidad o incluso no pagar durante algún mes.

 Los opositores a los que ha contactado esta redacción ponen muchos reparos para hablar del tema. Es el caso de Rocío. Cuando se le pregunta por primera vez, responde sin concretar: "Puedo decir que no me sorprende lo que me dices, de mi poca experiencia te puedo decir que el proceso es poco limpio”. Termina reconociendo directamente que sí, que ella también paga en metálico. "Personalmente preferiría domiciliar mensualmente el pago, pero no es así. No es un problema de facilidad de pago, sino tributario. España tiene un grave problema de economía sumergida y esto abarca también a los preparadores”, añade.

La cuota mensual de su preparador es de 180 euros y ella se siente "muy afortunada” porque sabe que no es un precio muy alto: "Normalmente son 300 euros si cantas dos días o tienes varios preparadores”. Eso sí, aclara que en su caso solo canta los temas un día entre semana con un solo preparador, lo que abarata el coste.

"Parecía la consulta del dentista, iban pasando opositores, a veces éramos cinco o diez”

Blanca tiene ahora dos preparadores, porque cambió hace poco. Antes vivía en una ciudad del norte de España y se preparaba con un juez de allí, al que pagaba en metálico. Entonces llegó la pandemia y el confinamiento. Los cantes pasaron a ser a través de videollamada, pero los pagos se paralizaron. "No podíamos pagar en efectivo pero podíamos haberlo hecho por transferencia”. El juez le dijo que no, que mejor esperara a que pudiesen verse de nuevo.

Blanca llegó a acumular más de 600 euros de deuda con este juez, que solo accedió a una transferencia cuando esta opositora le comunicó que abandonaba la ciudad para irse al sur con sus padres: "Estuvo varios meses dándome largas, no fue inmediato, no me dio inmediatamente la cuenta”. Ya en su nuevo destino contactó con dos preparadores, en este caso fiscales. De nuevo, la misma historia: había que meter el dinero en un sobre y dárselo cuando acudiera a hacer los cantes presenciales.

Ahora paga 180 euros, pero su anterior preparador le cobraba 220. "Aquello parecía la consulta del dentista, iban pasando opositores, a veces éramos cinco o diez”. Por sus cuentas, ese juez ingresaba al mes unos 2.200 euros en negro. Blanca buscó en el portal de Poder Judicial si su preparador había solicitado la compatibilidad. También buscó los nombres de los preparadores de otros opositores con los que tenía contacto. No aparecía ninguno, no habían pedido permiso al Consejo General del Poder Judicial.

Las asociaciones judiciales no ven mucha solución, más allá de que el Consejo General del Poder Judicial se tome más en serio la persecución de este tipo de prácticas. Es lo que propone Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que reclama al Poder Judicial que "rastree" qué jueces ejercen de preparadores sin pedir la compatibilidad, al igual que persigue otras actuaciones. "Sí que está en sus cometidos conocer las compatibilidades. El Consejo es estricto con quien quiere, porque sí son estrictos en otras ocasiones", añade.

Desde el CPGJ insisten en que no está entre sus funciones comprobar si alguien se salta esa compatibilidad o la ejerce sin pedirla. Velilla contesta: "El Consejo tiene competencias para ver si una persona realiza una función compatible con la función jurisdiccional. Para lo que les interesa, el CGPJ sí que te persigue". Velilla, que acaba de publicar un libro titulado Así funciona la Justicia, apunta a que una posible solución es una bolsa reglada de preparadores, organizada a través del CGPJ y del Ministerio de Justicia, pero considera que ambos "han hecho la vista gorda con este asunto".

La AJFV es la segunda más grande de la carrera. La mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, no ha querido dar su punto de vista para este artículo. Ambas asociaciones tienen una bolsa de preparadores, que ofrecen a los alumnos que se ponen en contacto con ellos y a los que se exige que tenga concedida la compatibilidad. Además tienen un sistema de becas financiado por el banco Santander, otro aspecto polémico: voces de la Judicatura se preguntan si es lo más adecuado que los futuros jueces se formen gracias a ayudas de bancos o empresas sobre los que probablemente tendrán que decidir en el futuro.

"Cuando empecé en esto esto ya era así hace 35 años, no había costumbre en la mayoría de los casos de declarar estos ingresos, y eso que los preparadores eran los mejores jueces y fiscales de la carrera", dice Ascensión Martín, de Jueces y Juezas para la Democracia. "Es una práctica que se debería desterrar", sostiene. "Creía que ya no se hacía, pensé que esto había evolucionado, tenía esa buena fe, estaba en la creencia en que esto no existía".

Martín insiste en que es obligación de jueces y fiscales declarar esos ingresos y añade que el CGPJ no hace mucho al respecto: "El Consejo se fía de la buena fe de los compañeros que pidan esa compatibilidad".

Desde la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el Ministerio Público, no han querido ahondar en el asunto. "Sé que muchos compañeros declaran esas percepciones. Desconozco si hay quien no las declara, ni es algo que vaya preguntando pues es obvio que hay que declarar", ha contestado a elDiario.es su portavoz, Cristina Deuxeus.

La Unión Progresista de Fiscales cree que el actual sistema de preparación y oposición "puede facilitar que se den los pagos en B". Así lo considera la fiscal Inés Herreros: "Es un sistema que garantiza bastante la objetividad, entran las personas que mejor se saben los temas, eso es lo que más debe ser valorado, pero que hayamos llegado o disfrutar de esa gran ventaja no nos tiene que impedir valorar la posibilidad de otros sistemas".

Así, cree que una de sus deficiencias es que "el acceso no se realiza a través de un sistema público de preparación, que garantiza la transparencia en el sistema de formación y además facilitaría la existencia de un sistema de acceso a través de becas, por lo que el mérito y la capacidad serían lo determinante". Sin eso, solo cabe apelar a la responsabilidad individual de los preparadores para que declaren sus ingresos, y colaborar con iniciativas como las bolsas de preparadores gratuitos, señala.

Además, Herreros incide en que hay que prestar especial atención a la oposición de jueces y fiscales porque, aunque todas tienen sus deficiencias y puntos a mejorar, las de la carrera judicial son especialmente importantes porque las decisiones que toman "inciden directamente en la vida de los ciudadanos".                     (Marcos Piñeiro, eldiario.es, 24/08/21)

11.12.18

Policías castigados por investigar...

"Para un policía de Asuntos Internos, trabajar codo con codo con compañeros a los que ha investigado y que se sientan en el banquillo por sus pesquisas es algo parecido al infierno. Sin embargo, esa inverosímil hipótesis ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla.

La unidad de Asuntos Internos de la Policía Local de la capital andaluza destapó una red supuestamente corrupta que ahora salpica a la cúpula del Cuerpo. Un intendente y tres agentes investigaron, entre otros asuntos turbios, el presunto amaño de las oposiciones convocadas por el Consistorio en 2012. Una causa que en septiembre sentará en el banquillo a 45 personas, entre ellas el superintendente y exjefe del Cuerpo Juan José Sánchez, con cargos como cohecho, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación.




Cuando los investigadores culminaron esta última instrucción en 2016, el Ayuntamiento hispalense desmanteló la unidad —denominada Gepol— y les reubicó en destinos donde debían trabajar con varios compañeros, procesados gracias a sus pesquisas. Esa tensa convivencia derivó en un hostigamiento que se tradujo en la incapacidad temporal por prescripción médica de dos de los cuatro agentes, que se dieron de baja.

 “Si un juez te dice que evites exponerlos [a los policías] en contacto directo con los imputados, y los pones ahí, en el avispero, el mensaje está claro, ¿no? Se han hecho una cantidad de enemigos muy importante”, exponen fuentes de la Policía Local que exigen el anonimato.

El hostigamiento se mantuvo hasta que el verano pasado la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo denunció dicho acoso laboral tras analizar la situación. Trabajo fue contundente y dio cinco meses al Consistorio para otorgarles otro destino, plazo que cumplió hace cinco semanas. Y hoy el Ayuntamiento ni ha contestado a la Inspección de Trabajo sobre las medidas adoptadas para restituir a estos dos agentes.

“Dicha reubicación debe realizarse de forma que los agentes no se encuentren bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o indirecto con el resultado del mencionado proceso penal”, reza el informe de Trabajo. El inspector instaba al Departamento de Riesgos Laborales municipal a que examinara a los agentes, y tras dicha evaluación concluyó lo mismo que los psiquiatras de la Seguridad Social: los policías no deben regresar a sus puestos de trabajo donde han sido hostigados.




La imagen de la Policía Local de Sevilla se vino abajo tras el procesamiento de su jefe y otros 36 agentes, acusados en 2012 de amañar las oposiciones al Cuerpo mediante una filtración masiva de los exámenes. La causa acumula 45 procesados que se sentarán en el banquillo después del verano. El escrito de la fiscalía es revelador: “A la oposición concurrían determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar por los miembros del tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de sus méritos, y aun cuando dicha resolución resultara injusta”.

El superintendente Juan José García favoreció supuestamente a un sobrino y al hermano de su pareja sentimental. Varios acusados “elaboraron el caso práctico y la plantilla de corrección de las oposiciones y filtraron de modo selectivo e intencionado a los aspirantes que tenían intención de favorecer”, censura el fiscal. “Para garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”.

Uno de los denunciantes ante el juzgado, policía local en otra localidad, explica: “Lo primero que sentimos fue impotencia. He visto cacicadas de todos los colores, pero aquí hay sobre todo mucha impunidad desde el sindicato [en referencia al SPPME]. A los enchufados les dieron la plantilla y calcaron hasta los paréntesis del tribunal. Hasta eso. De vergüenza”, ejemplifica.

A la espera de la sentencia y una posible anulación de las oposiciones, los 90 aspirantes que aprobaron ejercen hoy día como policías locales.

Y a pesar del criterio unánime de los médicos, el Consistorio insiste en que los agentes deben regresar a su destino donde han sufrido el acoso para poder ser evaluados. Es decir, el Ayuntamiento dice que sus funcionarios deberían ignorar el criterio de los médicos que les prohíben volver a sus puestos de trabajo. "No se les puede reubicar hasta que no estén de alta”, alega un portavoz. Luis Partida, director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento, confirma que la nueva ubicación de los agentes depende de él y del jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-Berdejo, ex teniente coronel de la Guardia Civil.

Para solucionar su dramática situación, los agentes denunciaron en un escrito “la pasividad” del Ayuntamiento y que el concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fomentó el hostigamiento y les destinó junto a varios encausados en dos unidades con zonas comunes de taquillas, aseos, vestuarios, ascensores, “creando un entorno intimidatorio y ofensivo”.

Cabrera afirmó ante varios testigos que quería mandarlos a “regular la dirección del tráfico a 50 grados” en el distrito Sur de Sevilla, según reconoció el edil ante el titular del Juzgado de lo Contencioso 13 de Sevilla, que sin embargo desestimó la demanda de los agentes por quebrar sus derechos fundamentales. Preguntado sobre el destino de los policías, Cabrera echó balones fuera: “No tengo ni idea del tema, corresponde al departamento de personal”.

Pero hoy el Ayuntamiento de Sevilla no incumple solo el requerimiento de la Inspección de Trabajo, sino que ha ignorado la petición expresa de la Fiscalía de Sevilla y del titular del Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, Juan Jesús García Vélez. El magistrado requirió en un auto de manera expresa al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que le notificara “cualquier cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral del grupo Gepol” ante su posible disolución.

Y la Fiscalía de Sevilla fue más allá cuando hace dos años exigió a Espadas que la reubicación de los agentes “no se encuentre bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o indirecto en el mencionado proceso penal”. El regidor ha ignorado al ministerio público, de momento sin consecuencias penales.

La disolución de Gepol llegó a pesar de las alabanzas en 2013 desde la Fiscalía de Sevilla, que subrayó la importancia de sus “investigaciones laboriosas sin filtración alguna de información con celo y minuciosidad”, y de que más tarde el propio Ayuntamiento concedió una mención honorífica colectiva al grupo.

En sus escritos, los policías censuraron la persecución por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) hacia ellos, a través de sus boletines mensuales. Ambos policías han rechazado opinar para este reportaje. El último Defensor del Ciudadano en Sevilla, José Barranca, tildó de “mal endémico” a dicho sindicato —mayoritario en el Cuerpo— y antes de dimitir en 2016, aclaró: “La Gepol le da lustre a la Policía Local, pero ha sufrido una campaña de acoso y derribo porque molesta al sindicato [en referencia al SPPME]”.

Su presidente, Manuel Bustelo, cuyo hijo está imputado como aspirante a las oposiciones, reconoce que “algunas críticas de los boletines son verdad, pero porque se extralimitaron”. Bustelo carga contra sus investigaciones y avisa: “Desde el minuto uno intentaron involucrar al sindicato en cualquier asunto. Seguimos aquí, vivito y coleando. Después del juicio ya dispararemos como debemos”.

En paralelo, la Junta de Personal de la Policía Local —presidida por otro miembro del sindicato, Luis Val— reclamó en 2014 al exalcalde y ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que disolviera la unidad dado que no tenían autorización para actuar como policía judicial. Pero el regidor se negó, decisión respaldada por la Audiencia de Sevilla.

La Policía Local de la capital andaluza está compuesta por 1.100 agentes armados y lleva tres años sin unidad de Asuntos Internos. Ahora el Ayuntamiento anuncia que en breve Gepol renacerá bajo el nombre de Unidad de Inspección de Servicios y Personal, con un oficial y cuatro agentes. Está por ver con qué margen de maniobra, dadas las trabas sufridas por los agentes para vigilar, sancionar y denunciar a las manzanas podridas del Cuerpo.

En Madrid por ejemplo, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Local (6.271 agentes) cuenta desde 1981 con 23 policías locales de todas las categorías, informa Francisco Javier Barroso. En Barcelona, la Guardia Urbana dispone desde 2016 de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos, con una inspectora al mando y seis agentes, y depende directamente del Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, informa Rebeca Carranco. Nacida para reforzar la transparencia, la ética profesional y las buenas prácticas, la unidad está ubicada en dependencias independientes de los 3.000 agentes a los que investigan."                         (Javier Martín-Arroyo, El País, 10/04/18)

9.11.17

Juicio a un funcionario por manipular una oposición para beneficiar a su hijo

"La sección primera de la Audiencia de A Coruña juzgará este lunes a un capataz de obras del Ayuntamiento de Noia que formó parte de un tribunal selectivo para la adjudicación de nuevas plazas en la Administración local por haber modificado presuntamente las respuestas de exámenes de la oposición para beneficiar a su hijo y a otras tres personas afines a él. El fiscal pide que el funcionario sea condenado a cinco años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito como autor de un delito de falsificación de documento público.

En su escrito de acusación, el fiscal señala que el funcionario de carrera R.O.N., llegó a realizar hasta ocho cambios en las respuestas de cada uno de los cuatro exámenes manipulados para que en el cómputo final cada aspirante acertase 18 de las 20 preguntas del test y así obtener la plaza.

El acusado había accedido a la función pública en el puesto de oficial albañil del Ayuntamiento de Noia en 1981 y en virtud de la resolución de la alcaldía en 2006 se resolvió el procedimiento convocado para la provisión de la promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición libre para ocupar la plaza de capataz de la brigada de obras por el que se integró definitivamente en la subescala de servicios especiales, grupo C1 de la Administración local.

En agosto de 2012, el Ayuntamiento aprobó las bases que regirían el proceso selectivo de seis puestos de peón de obras para la ejecución de proyectos de mejora del abastecimiento y saneamiento del barrio de Bergondo y las bases para el proceso selectivo de un puesto de oficial de primera.
Posteriormente se designaron a los trabajadores que formarían parte de los tribunales selectivos que se hicieron públicos por la alcaldía un mes después. Entre los designados y como vocal titular del tribunal de oficiales de primera se encontraba el funcionario acusado.

Relata el fiscal que una vez finalizado el tiempo para completar la prueba y ya entregados los exámenes al tribunal por los aspirantes, se dispuso un sistema de corrección para todos los miembros del jurado de la oposición. El sistema consistía en que una vez repartidos los exámenes entre los distintos miembros de los dos tribunales, la secretaria iría leyendo las respuestas correctas y ellos irían corrigiendo las preguntas e indicando en la parte superior del examen las respuestas que fueran positivas, negativas o en blanco.

En este proceso le correspondió al acusado repartir los exámenes entre los distintos miembros (incluido él mismo) de ambos tribunales de peones y oficiales. “Aprovechando esta oportunidad, el procesado se las arregló para seleccionar para su corrección el examen de su hijo y de otras tres aspirantes, personas afines a él mismo por razones laborales”, sostiene el fiscal Ramón Lojo Corbal.

“Con ánimo mendaz, con la intención de favorecer a estas personas para que obtuvieran las plazas en disputa, realizó diversos cambios en los exámenes, haciendo creer al resto del tribunal que habían sido efectuados por los propios aspirantes”, añade la acusación pública. Finalmente, tras las modificaciones efectuadas en la parte superior de la primera hoja del examen, el acusado hizo constar que los aspirantes habían obtenido 18 respuestas positivas, cambiando las otras dos restantes que unos casos aparecían como negativas o en blanco."                 (El País, 30/10/17)

6.6.17

Un alto cargo de Fomento, acusado de incompatibilidad por formar opositores al Ministerio

"Un alto cargo del Ministerio de Fomento con competencias en materia de personal es socio único de la empresa que controla una academia preparadora de oposiciones, y reconoce no haber solicitado una autorización de compatibilidad, lo que según varios sindicatos supondría una violación de la Ley de Incompatibilidades.
 
Carlos Bartolomé Marín, flamante subdirector de Conversación en el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna, fue hasta hace apenas un mes el jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Carreteras, un cargo de confianza en el que el titular de esta dirección, Jorge Urrecho Corrales, delegó todas sus "competencias en materia de gestión de personal", según la documentación recabada por Público.

Al mismo tiempo, Bartolomé Marín es, desde el 26 de mayo de 2016, el socio único de la empresa Cabama, Formación y Preparación Oposiciones S.L. -inscrita en el Registro Mercantil de Madrid-, que controla la academia de preparación de oposiciones para ingenieros de canales, puertos y caminos, Preparadores de Fomento (PremFom).

El centro lleva entre 13 y 15 años operando, según las distintas versiones que ofrece su propia página web, aunque hasta 2016 no hay constancia de que estuviera inscrito en ningún registro de forma alguna. En conversación con Público, Bartolomé Marín explica que tributaba como "actividad profesional", pero no ha aportado documentación que así lo acredite. También niega haber incurrido en ninguna incompatibilidad, y sostiene no haber vulnerado la ley "ni la ética"

Sin embargo, varios funcionarios de Fomento consultados por este diario aseguran que la normativa impide compatibilizar ambos cargos, y que estos 15 años la vinculación de Marín con la academia ha sido "un secreto a voces". 

En concreto, la ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas recoge, en su artículo 12 b, "la incompatibilidad entre su cargo en el Ministerio y la pertenencia a Consejos de Administración y órganos rectores de Empresas o entidades Privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado".

El apartado 11 A de esta normativa establece también que no podrá ejercer actividades privadas "en los asuntos en que este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público". "En especial", continúa la norma, "las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño de puesto público". 

Según el acta definitiva de la reunión de la Junta de Personal del pasado 9 de febrero, los representantes de los sindicatos CSIF-F, UGT y CCOO abordaron la situación de esta academia en esta fecha. 

"UGT comenta que el tema de la academia ya se ha discutido en una reunión con la subdirectora general de RRHH", recoge el texto. Por su parte, CCOO manifestó que "sería una irregularidad" que este centro fuera gestionado por alguien vinculado a la Dirección general de Carreteras, y pidió que se aclarase de qué academia se trataba, así como el vínculo que la une a la mencionada dirección.

Fomento estudia la apertura de un expediente

Fuentes del Ministerio que dirige Íñigo de la Serna no ha querido entrar en detalles sobre la actividad de Marín, pero sí han informado de que la directora general de Organización e Inspección, Virginia Pérez, inició el pasado 30 de marzo el proceso de estudio de apertura de un expediente, a raíz de las denuncias internas. Aclaran que esta es la forma de proceder siempre que se recibe una denuncia de este tipo, y apuntan que no hay un límite temporal que acote el desarrollo de este procedimiento. 

"Querían ganar un dinerillo extra, sin declarar"

Distintas fuentes vinculadas a PremFom manifiestan que "un grupo de 7 u 8 amigos" -entre ellos el actual subdirector de Conservación- decidieron crear esta academia hace, aproximadamente, 15 años, y sostienen que durante la mayor parte de su andadura habría operado sin declarar a Hacienda. "En ese momento no había ninguna academia en Madrid.

 Como los funcionarios no tienen un sueldo alto, con una academia de oposiciones es fácil ganarse un dinerillo extra", afirman, insistiendo en que hasta su inscripción en el Registro Mercantil el centro operó sin declarar sus actividades. "La academia se abrió de extranjis, como se suele hacer con estas cosas. Hoy en día, todos los preparadores de oposiciones de España cobran en negro", declara.

Según este relato, parte de este grupo promotor ha seguido vinculado al centro, pero en los últimos años, Bartolomé Marín ha asumido su control. En mayo de 2016 habría decidido crear una sociedad limitada para controlar esta academia, siempre según los testimonios recabados por este diario.

Fuentes vinculadas al centro aseguran que en la elaboración de las pruebas del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, "Bartolomé tenía mucho que decir". Una de las fuentes consultadas afirma que Urrecho habría pedido a Bartolomé que "consensuara las preguntas de los exámenes con Carmen Sánchez Sanz", exsubdirectora de Conservación y presidenta del tribunal suplente de las oposiciones en algunas ocasiones. "Si Bartolomé Marín ejerce funciones de personal, ¿cómo coño va a ser el director de una academia que prepara al personal?", cuestiona.

Poderoso "regente" y dirección nombrada por Ana Pastor

El hecho de que el director general de Carreteras delegara en él sus responsabilidades convirtió a Bartolomé Marín en un hombre poderoso en Fomento. Varios trabajadores del Ministerio aseguran que durante años ha ejercido como "Regente" del director general del área -utilizan el término incluso como un apodo-, y el propio director general se refiere a esta delegación de funciones en un documento al que ha tenido acceso este diario.

El texto, fechado el 30 de enero de este año, explica, a petición de la Junta de Personal del Ministerio, que efectivamente Bartolomé Marín tenía delegadas entonces todas las competencias del director general. Entre ellas, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de sector Público, consta "impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos".

Marín accedió a su cargo como subdirector tras el cese de Sánchez, el pasado 23 de marzo. Además de compaginarlo con la academia, el Registro Mercantil de Madrid recoge su nombramiento como consejero de la empresa pública SEITT -Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA-, desde el 22 de julio de 2014.

Funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde 1994, Marín ha ejercido como vocal de la Unidad de Apoyo a la dirección general de Carreteras desde 2012. Desde 2002 desempeñó un cargo similar durante la etapa de Francisco Álvarez-Cascos al frente de Fomento.

 Hace apenas tres años, en mayo de 2014, estaba entre los vocales del Consejo de Administración de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que se acogieron a su derecho a no declarar en el marco de la investigación del accidente de 2013, en el que murieron 80 personas. Entonces, Marín era jefe de gabinete del entonces director general de Carreteras, cargo que hoy ostenta Urrecho.

El antiguo ingeniero jefe del Ayuntamiento de Sepúlveda

Por su parte, Jorque Urrecho Corrales es funcionario de carrera. También fue asesor de Álvarez Cascos durante su etapa como vicepresidente del Gobierno (1996-2000) y ministro de Fomento (2000-2004). En octubre de 2007, y hasta diciembre de 2011, como recoge su currículum en el Portal de Transparencia, Urrecho fue nombrado Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por Jesús Sepúlveda (2003-2009). El exalcalde, exsenador, y exsecretario de Acción Electoral nacional del PP, también exmarido de Ana Mato, es uno de los acusados en el marco del juicio de la primera etapa de la trama corrupta Gürtel.

La academia lo identifica como "coordinador"

Desde PremFom tampoco han atendido la petición de información de este medio. Silvia Longhi, que figura como administradora única de Cabama S.L. en el Registro, se ha limitado a afirmar que Bartolomé Marín es "coordinador" de la academia, y "no director", pero no ha respondido a las preguntas sobre la denunciada actividad 'en b' del centro, ni a ninguna otra cuestión. 

Varios exalumnos confirman a Público que Marín suele frecuentar las instalaciones de la academia. "Sabía quién era el director y cómo se llamaba, pero no sabía qué puesto tenía exactamente en el Ministerio", informa uno de ellos.

El centro se jacta en su página web de que 17 de los 30 aprobados en la convocatoria de 2016 se han preparado en esta academia. Incluso alardean: "De los 10 primeros, 8 son alumnos nuestros". "Llevamos preparando más de 10 años con resultados excelentes. Entre el 75 y 80% de los aprobados se han preparado con nosotros en los últimos años".

En base a la información sobre la preparación que ofrece el centro, un alumno se podría llegar a gastar alrededor de 2.400 euros entre el temario, el curso teórico y práctico, y la preparación para el examen oral y de inglés en una convocatoria. Estos pagos se efectuarían a través de transferencias bancarias mensuales, y según otras fuentes, en ocasiones se han realizado pagos en efectivo en la propia academia.

Otro exalumno explica a este diario que el centro dispone de un profesor por área o bloque: Administrativo; Aguas y Costas; Carreteras y Ferrocarriles; y Transportes y Medio Ambiente. "Nos animaban bastante. No era un positivismo vacío, claro. Eran gente realista. Nos decían 'prepáratelo y lo aprobarás'," apunta.

Otro exalumno asegura que esta academia es la única ubicada en Madrid que forma a ingenieros de canales, puertos y caminos. "Hace unos años era la única en España", añade."           (Público, 24/04/17)

11.6.15

UPyD 'acierta' los aprobados por oposición en Extremadura y lo denuncia ante el fiscal

"Una entre dos millones. Ésa es la posibilidad que existe de acertar los nombres de aquéllos a los que han adjudicado cuatro de las cinco plazas convocadas por la Asamblea de Extremadura (una quedó desierta) y a las que aspiraron 204 ciudadanos en septiembre de 2014.

Una entre dos millones si alguien lo hubiera intentado, que no es el caso, porque UPyD presenta a primera hora de la mañana de hoy (jueves 14 de mayo) un escrito ante la Fiscalía de Badajoz, al que ha tenido acceso Público, para que se investigue a los responsables de la Asamblea de Extremadura por presuntos delitos de "prevaricación", "tráfico de influencias" y/o "revelación de secretos" al haber amañado supuestamente unas oposiciones convocadas hace cerca de ocho meses y resueltas los días 17 y 28 de abril y 6,8 y 11 de mayo, según se recoge en la propia web del Parlamento de Extremadura. La web ha confirmado cuatro de los cinco nombres adelantados por UPyD hace seis meses. El quinto nombre no existe, al quedar la plaza desierta. (...)

Sigüenza, que dará un rueda de prensa esta misma mañana para explicar el caso, sostiene que, una vez convocadas las citadas oposiciones en septiembre de 2014 para ocupar cinco plazas de técnicos de la Asamblea (periodismo, antropología, informática, técnico de gestión y biblioteconomía), se les hacen llegar numerosas "informaciones de ciudadanos anónimos" alertando de que las plazas "están adjudicadas con anterioridad al proceso de selección".

Tras comprobar la credibilidad de las denuncias, en noviembre de 2014, UPyD decide registrar ante notario los cinco nombres de quienes, según los informantes, aprobarán las oposiciones a finales de abril y principios de mayo de 2015. La Asamblea, al tener conocimiento de este hecho, exige a UPyD que retire sus "graves acusaciones" apelando al buen "nombre de la institución, la integridad de los opositores que han concurrido en el proceso de oposición y la labor de los miembros de los tribunales" de la misma.

Como los de Sigüenza ignoran la reivindicación del PP en el Parlamento, la Mesa de la Cámara denuncia a UPyD ante la Fiscalía en diciembre de 2014. Transcurridos seis meses de la denuncia del Parlamento, se confirman las sospechas de UPyD y sus denunciantes anónimos en la propia web parlamentaria. (...)"            (Público, 13/05/2015)

25.5.15

Por si… antes de irse Monago hace funcionaria indefinida a su sobrina… y a la mano derecha del líder de IU

"El pasado 21 de abril el Consejo de Gobierno de Extremadura tomaba una decisión que, en principio, parece plausible. Tomaba la decisión de convertir en indefinidos a unas decenas de trabajadores eventuales que desde cuatro años antes ocupaban plazas de estructura y de manera sostenida en el tiempo. Es decir, que ya habían pasado los tres años que por ley pueden ser eventuales…

Pero, al parecer, la historia era demasiado buena para ser simplemente lo que parecía. Tanto, que increíblemente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno no se comunicó a la prensa. Fue sólo después, cuando la medida se empezó a poner en práctica a partir del 6 de mayo, cuando la historia saltó a conocimiento de trabajadores y sindicatos.


En un principio se pensó que era una decisión ‘electoral’ más del ‘creativo’ equipo Monago, ya que coincidía con la campaña electoral. Pero pronto empezó a quedar claro que tenía que haber otras razones para tomar la decisión…, y tanto sindicatos como otros muchos trabajadores de la Administración extremeña que fueron conociendo al detalle la medida comenzaron a montar un guirigay que empieza a tomar cuerpo a pesar de la mordaza que aplica el Gobierno Monago a los medios locales.

Historia de unos contratos

La historia es ésta. En febrero de 2011 el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) (se puede ver el documento pinchando aquí) hacía una convocatoria para la contratación de Promotores de Empleo (Prospectores). El 13 de abril resolvía el proceso selectivo y publicaba el listado de los aprobados. Los trabajos se desarrollarían bajo la forma de ‘contratos por obra’ y eran eventuales.

En abril de este año 2015 estos trabajadores se encontraban en una situación complicada, ya que al superar los tres años de contratos, la alternativa ante la que estaban era ser despedidos por el Gobierno extremeño o convertidos en trabajadores indefinidos. 

Por otro lado, si se les prorrogaban los contratos anuales en las condiciones en las que estaban, su situación pasaría a ser irregular y lo que les quedaría sería aceptar y callar o recurrir a los tribunales para denunciarlo, con el riesgo de despido.

¿Por qué hacer indefinidos a estros trabajadores y no a otros?

Lo sorprendente es que la decisión del Gobierno Extremeño ha sido, como decimos, la de regularizar la situación laboral de estos trabajadores contratados en 2011 ¿Por qué? Porque la situación irregular en la que estaban a punto de caer es, en realidad, muy habitual en esta y otras consejerías extremeñas.

 De hecho, en 2008 se realizó otro proceso selectivo gemelo al que nos referimos, también para contratar Prospectores para el SEXPE, y todos ellos llevan años con irregulares prórrogas de sus contratos anuales como eventuales. Y, como decimos, no es sólo el caso de ellos.

¿Qué diferencia al grupo de Prospectores contratados por el SEXPE en 2011, de los contratados por la misma agencia en 2008 y de los demás eventuales que trabajan para la administración extremeña?  (...)


Por un lado en el número 45 de los aprobados, como se puede ver, aparece Noelia Monago Sánchez. La coincidencia de apellidos con el presidente extremeño no es casual. Se trata de la hija del hermano del José Antonio Monago. (...)


Por otro, en el número 39 de los aprobados aparece Baltasar Mateos Ascacibar, actual número 5 de la candidatura de Izquierda Unida a la Asamblea. Y, sobre todo, hombre de la máxima confianza del aliado de Monago en esta legislatura que concluye, el secretario general de IU, Pedro Escobar."           (El Plural, 21/05/2015)

21.11.14

Si los funcionarios y sus carreras profesionales estén al albur del politiquillo de turno, no exigirán honestidad a sus jefecillos

"(...) La corrupción a escala ha surgido de un sistema que ha sido muy tolerante con la pequeña corrupción y que, además, ha eliminado todos los controles independientes que un Estado de derecho debería tener sobre su Administración pública.

Cuando un sistema permite que los funcionarios encargados de velar por lo público pierdan su independencia, y sus carreras profesionales estén al albur del politiquillo de turno, lo que está procurando es que ese funcionario se libre muy mucho de exigir honestidad a sus jefecillos.

 Cuando un interventor ya no es un titular de un puesto que ha superado una oposición nacional limpia, sino un interino que ha promocionado en una oposición autonómica, lo que se está procurando es que este sepa a quién debe un favor y cómo debe portarse. 

Lo mismo ocurre con jefes de servicio médicos, letrados, jefes de personal, etc. Funcionarios de toda índole cometen a diario el pecado de omisión (y algunos, desgraciadamente, el de acción) por no ver en peligro su futuro profesional.

Si quieren conocer el grado de heroísmo necesario para destapar un escándalo pregunten por Ana Garrido (primer denunciante de la Gürtel) en Boadilla del Monte. Esta situación de clientelismo en la Administración permite un estado de cosas que hace que las pequeñas corruptelas: contratar a conocidos, realizar pequeños favores, aceptar invitaciones etc… pasen a ser “lo normal”. Después solo hay que ir subiendo en escala hasta acabar en los grandes comisionistas de las obras públicas.

Es urgente recuperar esos pequeños controles. Es urgente que los funcionarios encargados del control vuelva a ser prestigiados permitiendo su acceso a esos puestos solo tras pasar oposiciones nacionales lo más desligadas y lejanas del control caciquil local. De esta manera ya no deberán favores a nadie.

 Es urgente eliminar la interinidad al máximo entre el funcionariado y que el acceso a esta interinidad, que ha de ser obligatoriamente breve, se realice mediante bolsas de empleo con criterios objetivos y eliminando los ‘perfiles’.

Es urgente que se restaure el principio de igualdad de mérito y capacidad para el acceso a los puestos directivos de la Administración y que la libre elección sea restringida al máximo. Es urgente reformar el régimen disciplinario de los empleados públicos y elaborar un nuevo código de buenas prácticas.

Solo unos empleados públicos eficaces, bien pagados, orgullosos de sí mismos y con carreras independientes de la política asegurarán que se cree un clima de retorno a la moralidad en la Administración que haga más difícil la tolerancia hacia estas actitudes. (...)"           (La teoría de la ventana rota y la corrupción en España, de Francisco Igea Arisqueta en El Confidencial, en Caffe Reggio, 07/11/2014)