Juan Cotino: amaño de contratos desde la dirección de la Policía de Aznar... Tanto sus dos sobrinos como el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana confiesan que el fallecido político del Opus Dei urdió las mordidas millonarias en Luxemburgo de la red del 'caso Erial'... El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión

 "Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado."             (Lucas Marco, eldiario.es, 20/04/24)

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

 "Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal.

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso.

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. "               (Elena Herrera, eldiario.es, 11/05/24)

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial... La salida de la constructora de España se ha anunciado en paralelo a un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay ya 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo

 "La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos."                  (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 2 de marzo de 2023)

Aznar pagó con dinero público a un "lobby" de Washington para conseguir la medalla del Congreso de EEUU... El contrato era de dos millones de dólares, 275 millones de las antiguas pesetas, para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso... El pago inicial se hizo a través de la Embajada de España en Washington... Y qué casualidad! Aznar fichó después como asesor por el lobby al que el Gobierno que él presidía pagó dos millones de dólares. Dinero público al servicio de causas personales

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

Aznar pagó con dinero público a un "lobby" de Washington para conseguir la medalla del Congreso de EEUU El contrato era de dos millones de dólares, 275 millones de las antiguas pesetas. Síganme en esta maravillosa historia de este personaje con complejo de Napoleón.

El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso.

Fue en diciembre de 2003, tres meses antes de las elecciones generales de marzo de ese año, los servicios del despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, para difundir la imagen de Aznar en Estados Unidos y lograr las firmas necesarias de parlamentarios de aquel país para la concesión de la medalla de oro del Congreso norteamericano.

El contrato establecía un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores. El pago inicial se hizo a través de la Embajada de España en Washington.

Javier Rupérez, ex embajador, fue quien actuó como representante del Gobierno español para la firma de un contrato que no tenía cláusula alguna para el caso de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo, como así pasó. Este lobby se habría encargado primero de recabar apoyos para que congresistas y senadores dieran su firma para la concesión de la medalla a Aznar.

El bufete de abogados incluso redactó una carta para los congresistas en nombre del embajador Rupérez "para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de Presidencia". Piper Rudnick realizó una facturación detallada, en la que se incluyen los tiempos que llevaba realizar cada uno de los trabajos encargados. Así, uno de sus abogados, J. Boggs, cobró 805 dólares por una reunión rápida en la Embajada de España para discutir el borrador de esa carta.

Otro abogado, D. Marshall, cobró 1.110 dólares por valorar ese borrador. J. Pickup facturó 1.087 dólares por revisar esa hoja y un cuarto abogado, I. Sánchez, facturó 672 dólares más por una nueva revisión de la carta a la que apenas dedicó media hora. Los abogados también contactaron con los despachos de los miembros del Congreso para "rogar asistencia", aunque sin mucho éxito como se comprobó entonces, a la sesión en la que Aznar se dirigió a la Cámara, el 4 de febrero.

Apenas cinco días antes, los abogados intensificaron su campaña con el envío de unas 40 cartas y varias llamadas a congresistas. Este esfuerzo final costó 3.420 dólares. Y por si faltara poco, los abogados contratados por el Gobierno Aznar también cobraron por asistir a los actos que el ex presidente protagonizó en Washington durante su viaje.

Uno de los abogados facturó 1.536 dólares por estar presente en la comida que se celebró en la Cámara de Comercio. El Gobierno español insistió en estas gestiones para conseguir firmas en que se destacara que Aznar fue "un aliado firme e incondicional de Estados Unidos" que dio apoyo a la guerra contra el terrorismo. El Congreso norteamericano comenzó a valorar la concesión de su medalla de oro a Aznar en mayo de 2003, aunque la recogida del galardón se retrasó hasta febrero de 2004

El motivo por el que se concedió fue por el apoyo "incondicional" de Aznar a esta lucha contra el terrorismo y, curiosamente, se supo apenas una semana después de que se concediera el mismo galardón al primer ministro británico, Tony Blair, el otro gran impulsor de la guerra contra Iraq. La intervención de Aznar ante el Congreso norteamericano fue la primera de un presidente español y el único precedente era el del Rey Juan Carlos, que habló en la Cámara en junio de 1976.

Y qué casualidad! Aznar fichó después como asesor por el lobby al que el Gobierno que él presidía pagó dos millones de dólares para que hiciera gestiones para que le fuera concedida la medalla del Congreso de Estados Unidos. Dinero público al servicio de causas personales.

8:59 p. m. · 17 sept. 2023 207,4 mil Reproducciones 

Álvarez-Cascos cobró 4,7 millones de instituciones y empresas a las que benefició como ministro... El departamento de Fomento que dirigía el ex del PP, adjudicó obras del AVE a compañías de las que ha recibido pagos, al menos hasta 2018

 "Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento durante el Gobierno de José María Aznar, cobró 4,7 millones de euros provenientes de instituciones y empresas a las que benefició en el ejercicio de su cargo público a través de contratos. El departamento de Fomento que dirigía el exmandatario del PP adjudicó obras a compañías de las que ha recibido pagos al menos hasta 2018, incluyendo su etapa como presidente del Principado de Asturias, y desde 2004, año en el que abandonó la política institucional de ámbito nacional, según lo publicado por el diario ABC.

El también vicepresidente durante la etapa del primer gobierno de Aznar hizo uso de dos empresas propiedad de su entonces esposa, María Porto, y de las que tenía el control directo, Aqualium Spain y Cinqualim, con el fin de realizar los cobros a través de ellas. El dinero recibido por Álvarez-Cascos provenía de empresas a las que él mismo adjudicó contratos públicos mientras ejercía el cargo de ministro de Fomento.

Dichos pagos contenían conceptos que no guardan ninguna relación con las actividades de las sociedades cuyo control directo ostentaba el exdirigente del PP. Según la documentación consultada por el mencionado periódico, estos trabajos de las compañías de Álvarez-Cascos consistían en difusas asesorías, ventas de obras de arte e incluso supuestas labores de reputación online, pasando por intermediación en venta de maquinaria, además de alquileres de despachos de tan solo 10 metros cuadrados, por los cuales llegó a percibir hasta 7.700 euros al mes procedentes de empresas “que no aparecían por allí”.

Pagos de empresas a Álvarez-Cascos

Cuando el expolítico del PP se retiró de la política institucional a nivel nacional en 2004, en aquel mismo año creó la sociedad Aqualium Spain S.L., cuya propietaria era oficialmente Porto, quien fuera su esposa. Sin embargo, la investigación del citado diario ha arrojado que quien controlaba directamente las actividades de la empresa era el propio Álvarez-Cascos.

La compañía del exministro de Fomento con Aznar tenía dos vías de negocio principales: cobraba de cajas de ahorros controladas por el PP por organizar exposiciones en ciudades con ayuntamientos gobernados por la misma formación y vendía obras de arte a constructoras a las que había adjudicado cientos de millones de euros durante su etapa de ministro de Fomento. Uno de los ejemplos que refiere ABC es la empresa valenciana Rover Alcisa, que pagó 95.900 euros entre 2004 y 2006 a la del exmiembro de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo y a la que el propio Álvarez-Cascos otorgó adjudicaciones públicas en tres megacontratos por valor de hasta 35,6 millones de euros.

Según traslada el mencionado periódico, ni Francisco Álvarez-Cascos ni María Porto ni las 22 empresas beneficiadas a través de contratos recibidos por el exministro del PP de Aznar han querido responder a preguntas sobre este caso. Tan solo Construcciones Sando ha declarado que no poseen “ya las facturas impresas en el archivo” tras “un ciberataque en junio”, pero sí que han confirmado que “en los últimos 50 años se han adquirido por parte de la compañía distintas obras de arte”.                  (J. RICO, El Plural, 6 de enero de 2023)

Los «muñecos» de José Luis Moreno... uno, Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López... otro, Juan José Ullastres García, que facilito sociedades a los hijos de Villarejo, y hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre

"«Operación Titella» Jose Luis Moreno y sus muñecos.

 Jose Luis Rodríguez Moreno, donante de la caja B del PP, es el protagonista de la operación Titella en la que se investigan múltiples delitos, entre ellos los de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes, sin olvidar la rama que conecta, presuntamente, con un grupo de “narcos” liderados por Carlos José Brambilla Ulloa.

Más de 700 sociedades forman el entramado que esta banda de presuntos criminales usaba para estafar a otros empresarios y entidades bancarias, para blanquear capitales procedentes del narcotráfico y para llenar, con sus opacas operaciones, los zulos que Moreno disimulaba en habitaciones secretas de su mansión en Boadilla del Monte.

Moreno fue detenido en Junio de 2021, junto a varios de sus testaferros y colaboradores más cercanos (53 personas en total), los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid que le seguían la pista desde 2018, destaparon en sus investigaciones una trama perfectamente organizada liderada por el ventrílocuo, en la que a base de falsificar facturas, pelotear cheques bancarios y falsificar documentos, con la colaboración del notario barcelonés ENRIQUE BELTRÁN RUIZ, habrían acumulado un botín de más de 50 millones de €.

Desde los papeles de Bárcenas

Moreno aparecía en los papeles de Barcenas como donante desde 1999 hasta 2003 de la caja B del Partido Popular, la misma caja que sirvió para pagar sobresueldos, obras en negro en sedes del partido, dopar las campañas electorales durante décadas e indemnizar al padre de Abascal (12.000€) por unos supuestos desperfectos en su comercio en Amurrio.

Esta vinculación con los populares le llevo a usar sociedades del mismo vivero que varios de los implicados en Gurtel, Promociones Digitales Riazor SL, Antara Tres Ibérica SL y Crystal Forest SL fueron creadas por Luis Miguel Triguero Gómez,  facilitador de sociedades preconstituidas que proveyó a Pablo Crespo Sabaris, Ramón Blanco Balín y Jacobo Gordon de las empresas que usaron en dicha trama (Real Estate Equity Portfolio SL, Proyectos Financieros Fillmore SL y Castaño Corporate SL)

Triguero, que durante un tiempo fue sospechoso de ser “Luis el carbón”, también es el autor intelectual de MITFORD SPAIN SL la única sociedad cuya titularidad ostenta ANA AZNAR BOTELLA, la hija del Boss y compañera de Alejandro Agag, uno de los amigos de Jacobo Gordon que se libró por los pelos de ser imputado en la Gurtel.

Moreno también participaba en Cultus Opera Producciones SL con Pablo Lago Bornstein, que junto a su hermano Santiago fueron imputados en la causa de la caja B de los populares.

Bornstein fue apoderado de Jesús  Gil y del matrimonio Bárcenas y su hermano Santiago asesoraba a Bárcenas y Francisco Correa, un “crak” en su especialidad.

Cultus Opera Producciones SL resulto se un nido de bandidos (presuntos), como secretario de la sociedad figuraba Pedro Jose Mejías Villatoro uno de los españoles que aparecían en los “Papeles de Panamá” y que gestiona los capitales de la familia Franco y de Borja Thyssen y a su esposa Blanca Cuesta, estos últimos acusados de haber defraudado a las arcas públicas un total de 336.417,89 euros correspondientes al ejercicio fiscal de 2010 a través de sociedades gestionadas por el abogado Villatoro.

 Otro de los detenidos en la operación Titella fue el empresario Antonio Luis Aguilera, un viejo conocido de la policía, Aguilera ejercía de testaferro (presunto) de Moreno junto a su secretaria Marta Dillet Gran, entre ambos crearon parte del entramado societario que se usó en la operación, en este caso acudieron a otra conocida facilitadora de sociedades Vanessa Duran Mesas, que también proveyó de empresas al narco de la trama Carlos Jose Brambilla Ulloa.

Vanessa Durán fue la proveedora de Gao Ping y de su socio Chen Shengli, el jefe del hermano de la presidenta Ayuso, también facilito sociedades a Daniel Alcázar Barranco dueño de PRIVIET SPORTIVE SL (una de las empresas beneficiadas por contratos por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia), el elenco de personajes implicados en casos de corrupción que acuden a Vanessa es interminable.

 En el caso de Aguilera, Crónica libre ha detectado más de 30 sociedades instruméntales procedentes de su vivero. Como se puede ver en la imagen superior.

 Moreno, Aguilera y el narco Brambilla, contaron, en sus actividades delictivas, con la complicidad y colaboración del notario barcelonés  ENRIQUE BELTRÁN RUIZ que: «participaba de forma activa en la búsqueda de nuevas formas del blanqueo del dinero en efectivo de procedencia presumiblemente ilícita» y se ocupaba por un salario mensual de 10.000€ de dar credibilidad «a sociedades pantalla carentes de actividad».

 “Como se venía observado a lo largo de toda la investigación, el Notario Enrique BELTRAN RUIZ, colaboraba, bajo remuneración, con la organización criminal, percibiendo un salario de AGUILERA, así como préstamos y donaciones de dinero en efectivo…”

El patrimonio oculto de Moreno se estima entre los 400 y los 900 millones de euros, su mayor parte oculta en paraísos fiscales, antes de su detención la policía detecto su intención de crear un banco en la Isla de Malta para blanquear dinero procedente de sus actividades."            (Román Cuesta  , Crónica Libre,  09/01/23)

 

"«Operación Titella» 2ª parte: Más «muñecos» de José Luis Moreno.

Martin Czehmester, supuesto amante y presunto testaferro de Moreno, aparece vinculado a uno de los proveedores de sociedades del comisario Villarejo y del principal socio de José María Aznar López. La caja de muñecos de José Luis Rodríguez Moreno guarda muchas sorpresas, el actor checo Martin Czehmester era uno de los habituales en las series y galas del productor y ventrílocuo, como demuestran sus cameos en Aquí no hay quien viva, Planta 25 o La sopa boba y sus apariciones en Reyes y estrellas, Noche de fiesta o Sábado Sensacional, Czehmester también participaba en el entramado societario que se investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes que dirigía Moreno.

Czehmester aparece como representante de la sociedad Iconic Horizon SL cuyo administrador único era otra sociedad, en este caso Youmore Tv SL que tuvo como administrador único a Moreno hasta 2014 y a partir de dicha fecha al actor checo.

En febrero de 2018 Martin Czehmester pasó a ser el administrador único de Koping Gestion SL, una sociedad instrumental creada por Juan José Ullastres García, célebre por proporcionar al comisario Villarejo la empresa TAJA DEVELOPS SL, que este adquirió bajo la identidad falsa, facilitada por el Ministerio del Interior, de Francisco Javier Hidalgo Estévez.

TAJA DEVELOPS SL da nombre a una de las múltiples piezas del caso Villarejo, pieza que a fecha de hoy permanece en secreto y que esconde en sus entrañas los encargos del Ministerio del Interior al comisario durante los años en que Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento y M. Rajoy ocupaba el Palacio de La Moncloa.

Fuentes de la investigación señalan que dicha pieza recoge información que afecta a la “defensa y seguridad del Estado y documentos que especifican las supuestas funciones asignadas a Villarejo como comisario en activo con destino en la Dirección Adjunta Operativa del CNP”, es decir a la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, que albergó la policía política entre 2012 y 2016.

La misma pieza detalla las identidades falsas que uso Villarejo y las de los “colaboradores” del policía, así como los pagos, a cargo de los fondos reservados, que se realizaron a estas personas, entre los que aparece el chófer de la familia Bárcenas.

Juan José Ullastres García también facilito sociedades a los hijos del comisario, a Jose Manuel Villarejo Gil SPIMACO SPAIN SL en 2015 y a Gonzalo y Blanca Villarejo Irka Develops SL en 2013, pero en la trayectoria de Ullastres hay que destacar su relación con Juan Picon de Leaniz (LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL), socio de los Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, del que también es accionista Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, pupilo de Esperanza Aguirre y actual Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de

Lasquetty fue Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2010 a 2014, siendo presidenta la ya citada Esperanza Aguirre, mientras Juan Picon de Leaniz formaba parte del entramado de Capio (Idcsalud Holding SL) unos de los principales beneficiados por la privatización de la sanidad madrileña.

Otro de los clientes de Ullastres fue Jose Luis Aneri Molina, el principal protagonista del fraude de los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, un delincuente que también se nutría de sociedades pantalla por medio de Ignacio Manuel Moreno Amatriain, quien, para cerrar este círculo vicioso, facilito empresas a la trama de Moreno, en concreto a Marta Dillet Gran, secretaria de Antonio Luis Aguilera, uno de los principales colaboradores del productor.

Por cierto, Amatriain también estaba detrás de la sociedad Iyansa Quality SL, que tutelaba la web de Alvise Pérez #GobiernoDimision y que apareció por arte de magia tras una denuncia de FACUA.

En breve la tercera parte de este culebrón digno de Moreno, en el que un primo del alcalde Almeida protagoniza un sonado cameo. (...)"             ( Román Cuesta , Crónica Libre, 14/01/23)

Aznar y Arias Salgado, detrás de la adjudicación a FCC y Florentino Pérez del viaducto que se derrumbó

 "El viaducto de O Castro de la A-6 se hundió seis meses después de que el AVE llegase a Galicia, marcando un curioso contraste entre dos grandes infraestructuras que llegaron con retraso a la comunidad y se presentaron con la virtud de acercarla a Madrid, en el sentido radial en el que ha entendido España tradicionalmente las comunicaciones. La Autovía del Noroeste se completó en 2002, tras nueve años de obras para unir Tordesillas con A Coruña, hito que rubricó el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con la inauguración del último tramo entre Ambasmestas y Villafranca del Bierzo.

Fue el Gobierno de José María Aznar el encargado de repartir los contratos que permitieron enlazar Galicia y Castilla y León por una vía de alta velocidad que tenía como gran reto superar las dificultades orográficas de la frontera, en el puerto de Pedrafita. La última parte de la autovía, describen los documentos del Ministerio, requirió de siete túneles y 42 viaductos, que dispararon el coste de las obras. Entre ellos estaba el que construyó FCC y que acaba de derrumbarse.

 La empresa que capitanea ahora Carlos Slim y entonces Alicia y Esther Koplowitz se hizo con el contrato en el año 1997, concurriendo en una UTE en la que estaba también OCP Construcciones, germen de la ACS de Florentino Pérez tras su fusión con Ginés Navarro. La adjudicación se publicó en el BOE el 26 de junio de ese año y el nuevo Ejecutivo, que había logrado desalojar a Felipe González un año antes, puso en marcha la licitación en diciembre de 1996, meses después de la llegada de Aznar a Moncloa. El ministro de Fomento era entonces Rafael Arias-Salgado.

Al departamento del también exministro de UCD le correspondería firmar la cascada de contratos que completaron la vía en su trazado de mayor dificultad y que tendrían como adjudicatarias a las grandes constructoras del momento. FCC no solo se hizo con el viaducto de O Castro, sino que también construyó los túneles de San Pedro y los de Pedrafita, en ambos casos también en alianza con el grupo de Florentino Pérez, un ex de UCD al igual que Arias Salgado. Los primeros tuvieron un coste de 6,1 millones y los segundos, tres veces más largos, de más de 25 millones.

Las constructoras del IBEX

ACS también se encargaría de otros dos túneles, el de Vilafranca –16 millones– y el de Trabadelo –7,1 millones–, ambos en alianza con Necso (Acciona). La propia Necso, junto a Ferrovial y Dragados, que entonces no formaba parte de ACS, se encargarían de los túneles de Cereixal y Doncos, que supusieron una inversión de casi 40 millones.

En el caso de los puentes, Fomento destinó a su construcción 542 millones y las adjudicatarias se repiten. Además de ACS y FCC se encargaron de las obras OHL, Sacyr, Acciona y Ferrovial, es decir, las seis constructoras que formaron parte del IBEX 35."                     

(Rubén Rodríguez Vázquez  , Economía Digital, 21 de junio de 2022)

El capitalismo de 'amiguetes' de Aznar y Pedro Isla... y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña... una descripción

 "Hemos leído en la última semana muchas crónicas sobre la noticia-bomba del año en el mundo empresarial, el cambio en la presidencia de Inditex, el imperio textil de Amancio Ortega y la mayor compañía del Ibex-35, valorada en casi 90.000 millones de euros. Causó sorpresa y hasta conmoción el anuncio de la próxima salida de Pablo Isla para dejar el trono a Marta Ortega, hija del fundador. 

Pero más allá de cierto tufo machista en no pocos análisis y reacciones, lo curioso (o no tanto) es que el relato mediático casi unánime del asunto y, sobre todo, el perfil dibujado de Isla como megacrack de la sabiduría empresarial española olvidan alguna clave fundamental de su biografía: Pablo Isla fue, desde la Dirección General de Patrimonio, uno de los arquitectos y ejecutores de la ola de privatizaciones del Gobierno Aznar-Rato, origen del modelo de capitalismo extractivo o de amiguetes instalado en la economía nacional. De aquellos polvos vienen los lodos de las prácticas oligopólicas y de no pocos grandes asuntos de corrupción.

Para evitar una imagen distorsionada, conviene recordar que el nombramiento de Isla como consejero delegado de Inditex en 2005 (más tarde ascendido a presidente ejecutivo) fue su primer (y único) destino ajeno al entramado surgido de aquel llamado milagro económico español capitaneado por Rodrigo Rato y del que formaron parte amigos personales del entonces vicepresidente económico o compañeros de pupitre del propio presidente José María Aznar tan significados y afines al PP como Manuel Pizarro, Francisco González, César Alierta, Rodolfo Martín Villa, Antonio Vázquez, Miguel Blesa, Juan Villalonga o Javier Monzón. 

El mismo Rato presumía a principios de 2004 (ver aquí) de ese empujón definitivo a la privatización de sectores clave de la economía, que cifró en 52 empresas públicas entregadas al negocio particular durante su mandato, con una valoración que los propios órganos reguladores consideraron discutible para los intereses del Estado (ver aquí).

Lo que resulta indiscutible es la relación de la fulgurante carrera de Pablo Isla con esa red de intereses catapultada al poder de las grandes empresas desde la primera legislatura de Aznar-Rato. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció fugazmente como abogado del Estado (número uno en las oposiciones de su promoción), para luego escalar (en dos etapas) las más altas cumbres del Banco Popular, del que llegó a ser secretario general cuando ascender en ese banco sin ser miembro del Opus Dei era más difícil que subir el Everest con unas muletas. 

Y desde el año 2000 (a mitad del ciclo del aznarato), Isla empezó a cosechar lo sembrado como Director General de Patrimonio ejecutor del plan de privatizaciones: sucedió a Alierta al frente de Altadis (antigua Tabacalera) y de Logista cuando Alierta pasó a Telefónica en sustitución de Villalonga tras el escándalo de las stock options.

En las numerosas hagiografías de Isla publicadas esta semana no se citan las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actividad de Cor Comunicación, sociedad montada en 1997 por el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato y sus hermanos con el objetivo prioritario de hacer negocio personal y familiar a base precisamente de contratos con las empresas públicas que él y Pablo Isla (quien formalmente representaba al ministerio en esas compañías participadas por el Estado) iban privatizando. 

Por ejemplo, Juan Rizo, ex consejero delegado de Logista, filial de Tabacalera, declaró a la UCO que «Cor Comunicación llega por Pablo Isla». Rizo aseguró que Isla le pidió que atendiese a esta sociedad y a otras de la familia Rato. «Inician su facturación cuando Rodrigo Rato ostenta un alto cargo en el Gobierno y dejan de facturar cuando Pablo Isla abandona la compañía» (ver aquí). Curioso (como mínimo) más allá del alcance judicial de esas investigaciones sobre Rato (ver aquí). 

 El relato instalado sobre Pablo Isla y su trayectoria dice tanto sobre el funcionamiento de ese capitalismo extractivo que tan pingües beneficios ha dado a sus promotores como de la dependencia del mismo que caracteriza a buena parte del ecosistema mediático español, una de las distorsiones más preocupantes de nuestra democracia. Si se cambia al líder de un partido político o al entrenador de un gran club de fútbol, el balance suele reflejar luces y sombras, y a menudo destacan más las últimas. 

No ocurre lo mismo con un alto ejecutivo de una gran empresa, y desde luego no ocurre con Pablo Isla, que por cierto saldrá de Inditex con una verdadera fortuna en acciones, fondo de pensiones e indemnización que garantiza un futuro confortable a tres o cuatro generaciones de los Isla.

 En esta faceta se han distinguido también los protagonistas de aquella milagrosa ola de privatizaciones. Manuel Pizarro, a quien se le ha escuchado más de una vez decir "Isla es mi criatura", ya cobró en el año 2007 más de 18 millones de euros al salir de Endesa tras una gestión marcada por preferir una opción alemana para Gas Natural con tal de torpedear una OPA catalana y por dejar la eléctrica española privatizada en manos de ENEL, compañía cuyo principal accionista es el Estado italiano.

Si acierta o no la familia Ortega en el cambio de Isla se verá con el tiempo a través de los resultados de Inditex. Las crónicas de las primeras reacciones apuntaban a una caída bursátil adjudicada a esa decisión, pese a que el comportamiento del valor accionarial probablemente ha tenido más que ver con las incertidumbres sobre el covid que han afectado estos días a otros muchos valores. Algún día quizás se confirme si la sustitución de Isla tiene más relación con su arriesgada apuesta por la apertura de tiendas en todo el mundo en lugar de priorizar la venta online, especialmente en tiempos de pandemia. 

De momento lo que sorprende (o no tanto) es que se imponga el relato que más favorece a Isla, constructor y beneficiario del capitalismo de amiguetes, y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales (ver aquí)—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña."                         (Jesús Maraña , Info Libre, 06/12/21)

Caso Gürtel: 'El Albondiguilla' señala al Gobierno de Aznar y asegura que recibió "llamadas" de Moncloa

 "El que fuera alcalde de Boadilla del Monte durante las presuntas actuaciones de Gürtel en el municipio, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', ha asegurado este martes que recibió directrices desde Moncloa y también del presidente regional del Partido Popular, Pío García-Escudero, en relación a varias personas y actuaciones de la trama en el municipio.

En su declaración en el juicio, Panero ha detallado que el consistorio recibió "llamadas de Moncloa" --durante la presidencia de José María Aznar-- en las que le sugirieron "cosas relacionadas" con el ayuntamiento. "Adjudicaciones no, pero sí nombramientos", ha señalado, afirmando además que esas indicaciones también tenían relación con algunos de los pliegos.

En concreto, ha señalado 'El Albondiguilla', en una concesión a la empresa de limpieza Sufi. "Se nos dijo que lo de recoger las basuras solo tres días en la urbanización que no, que había habido quejas y que lo pusiéramos siete. Francisco Correa me dijo que se tenía que hacer y que, si no, me llamarían para decírmelo", ha explicado.

Y en lo relacionado con García-Escudero, el otrora alcalde ha señalado que fue él el que sugirió el nombre de Francisco de la Torre para ser nombrado como consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV). "(García Escudero) es una persona que es arquitecto, y en materia de urbanismo y suelo intervenía activamente", ha sostenido.

Correa apareció con Rato y con Agag

'El Albondiguilla', que presentó un escrito de confesión apenas una semana antes del inicio del juicio, ha aportado luz sobre cómo conoció al líder de la 'Gürtel' y la influencia que éste ejerció en el consistorio. "Desde el primer momento comprobé que tenía una gran ascendencia en el PP. Desde la primera comida no solo presumía, sino que daba muchos datos", ha apuntado.

 Así las cosas, y para ejemplificar el poder de Correa, Panero ha explicado que en "alguna ocasión" éste apareció con Alejandro Agag, yerno de Aznar, o incluso con el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato. "Ahí vi que tenía una influencia importante en el Partido Popular", ha insistido. La figura de Correa era tan grande, según 'El Albondiguilla', que éste "entraba en Génova sin acreditación" cuando él, pese a ser alcalde, necesitaba una.

En su declaración, Panero también ha señalado cómo el cabecilla de la 'Gürtel' le instruyó para "vender" Boadilla del Monte "como un municipio importante". "Me dijo que tenía que vestir mejor de lo que vestía. Le acompañé a una camisería donde compramos camisas para mí", ha revelado, asegurando que Correa quería que dejara de lado la mentalidad "de pueblo".

Al frente del municipio, 'El Albondiguilla' "dejaba hacer" a los dirigentes de la trama y se "beneficiaba" de las adjudicaciones en el municipio. Según ha apuntado, habría dado un trato preferencial a 'Gürtel' tanto desde el consistorio como desde la EMSV, cuyo consejo de administración presidía.

La influencia de Gürtel en Boadilla

Por su parte, la considerada como administradora de algunas de las sociedades de la trama 'Gürtel', Isabel Jordán, ha detallado el poder de influencia de Correa y cómo trabajaba la red para conseguir las adjudicaciones. Y lo ha hecho, en concreto, refiriéndose a una cena en la que, frente a otros acusados como Pablo Crespo, Tomás Martín Morales o Alfonso Bosch, se negó a una de las adjudicaciones.

"Yo me opuse a ese contrato, se me habló mal e incluso una persona me dio una patada por debajo de la mesa. El señor Correa me dijo espérate al final de la cena que tengo que contarte una cosa", ha relatado, señalando lo que el líder de 'Gürtel' le explicó a continuación mientras caminaban por el Paseo de la Castellana.

"Correa me dijo: no te preocupes, vamos a poner todos los contratos de Boadilla del Monte porque tengo a Arturo Panero cogido por los huevos. Me dijo que existía el famoso vídeo en que se veía contando dinero a Panero y que con ese se lo podrían exhibir y que lo tenían un poco pillado. Me dijo que le tenían comiendo de su mano", ha aseverado.

Además de detallar su entrada en el círculo de Correa y como pasó a ser administradora, Jordán también se ha referido al que fuera gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, el propio Martín Morales, a la hora de referirse a los pliegos que se aprobaban.

Así, y dejando claro que no quería contradecir la declaración del otro encausado, Jordán ha dejado claro que los pliegos para Boadilla del Monte fueron elaborador por Fernando García Rubio, un abogado que hizo los de Majadahonda por 3.000 euros y al que se le pidió que trasladase eso mismo al Ayuntamiento que lideraba González Panero.

"A Martín Morales nunca le pedí un pliego (en eventos)", ha sostenido Jordán, que ha explicado que el otrora gerente llevaba la parte "administrativa de las empresas" y lo referido a la parte "jurídica" del contrato, dejando claro que, con todo, el todavía no estaba en esa época en el consistorio, sino como asesor externo.

Adjudicación "a dedo" y sin concurso público

Además, Jordán ha hablado sobre el sucesor de Martín Morales y exdiputado del PP madrileño, Alfonso Bosch, y cómo se acometía la adjudicación de diferentes contratos, que nunca se sacaba a "concurso público", sino que era una "adjudicación a dedo". "Nos llamaba Bosch y decía tengo 80, 200 viviendas de no se cuánto y nos convocaba", ha señalado.

Jordán también ha aludido a los gastos de la trama destinados a la precampaña del Partido Popular madrileño en el año 2006. Las facturas de la misma, ha detallado, se habrían incluido de forma fraccionada en cada uno de los eventos que la red organizaba para la EMSV, que era quien acababa sufragando los actos.

"Yo no quiero contradecir a nadie, pero como el otro día el señor Bosch dijo que no sabía nada de la campaña* él sabía de estos importes que se metían en sus facturas. Se metían ciertos importes para cobrar actos de la precampaña", ha sostenido Jordán. En su declaración, Bosch negó que tuviera conocimiento de que la dirección de los 'populares' enviase directrices a la EMSV. "No tengo constancia. Si fuera así me lo hubieran pedido porque conocía al presidente regional y al gerente", señaló.

Fraccionamiento de las facturas

Este martes también ha declarado Javier Nombela, el encargado de la facturación de las empresas de la trama y ex vocal del PP en la Junta del distrito de Moncloa. En su declaración, Nombela ha repasado la organización de eventos y de contratos con el Ayuntamiento y a través de algún concejal como Juan Jesús Siguero, que estaba al frente de Patrimonio y Nuevas Tecnologías. "Los primeros contactos fueron una forma de pedir información sobre un servicio que estaba funcionando en Majadahonda", ha señalado, aludiendo a la Oficina de Atención al Ciudadano.

En esas conversaciones Nombela le habría facilitado los pliegos de la oficina en Majadahonda. "He tenido que hacer un ejercicio de memoria leyendo cosas. Hay un cuaderno que escribe Isabel y en el que pone Javier: pedir pliegos de la OAC. Eso funcionaba así, hay que llamar hoy a Siguero y pedir los pliegos", ha relatado.

Por otro lado, Nombela también ha corroborado que la utilización de las sociedades para pasar las facturas que se fraccionaban en pagos más pequeños --que no excedieran los 12.000 euros-- era una "práctica habitual en la Comunidad de Madrid y en otros sitios" como, por ejemplo, la EMSV.

En la sesión de este martes también ha declarado Javier del Valle, que ha reconocido que ayudó a 'El Albondiguilla' a ocultar comisiones a través de estructuras societarias y financieras en el extranjero. El juicio se reanudará este miércoles a las 10.00 horas con Panero respondiendo a las preguntas de su abogado."                (El Plural, 23/11/21)