Una parte importante de los jueces de instrucción de Alacant están llevando a cabo interpretaciones progresivamente más exigentes y arbitrarias de las leyes que amparan a los inquilinos. Estos jueces están adaptando su criterio a las necesidades de los especuladores, dificultando la defensa del derecho a la vivienda y facilitando la concentración de la misma en las manos de los que quieren hacer negocios con ella

 "La situación de la vivienda en Alacant está llegando a su punto más crítico. Si todo continua a este ritmo, las probabilidades de un colapso inmobiliario son más que probables. La situación es ya desastrosa para la población: alquileres por encima del salario mínimo, concentración masiva de la vivienda en manos de inversores, crecimiento del número de desahucios, empeoramiento de las condiciones de habitabilidad, gentrificación, acoso inmobiliario por parte de los propietarios, aumento del sinhogarismo y colapso de los servicios sociales, entre otros muchos. La vivienda ocupa tal centralidad en la vida de los barrios que su desestabilización provoca una bola de nieve que también afecta a otros sectores.

Cuando se habla de los culpables de esta situación la cuestión se vuelve más compleja. Identificamos, principalmente, a los especuladores con sus diversas caretas: fondos de inversión, bancos, inmobiliarias, pequeños y medianos rentistas, y grandes tenedores de vivienda. Sin embargo, la experiencia del Sindicat de barri de Carolines hace hincapié en la importancia que están teniendo los juzgados de instrucción de Alacant a la hora de facilitar a estos especuladores desahuciar a las familias trabajadoras y hacerse con las viviendas para usarlas como un bien de mercado.

Según asegura el Sindicat, una parte importante de los jueces y juezas de instrucción de Alacant están llevando a cabo interpretaciones progresivamente más exigentes y arbitrarias de las leyes que amparan a los inquilinos. Estos jueces están, a juicio del Sindicat, adaptando su criterio a las necesidades de los especuladores, dificultando la defensa del derecho a la vivienda y facilitando la concentración de la misma en las manos de los que quieren hacer negocios con ella.

Vulneración del derecho a la vivienda: el “decreto antidesahucios”

Prueba de esta toma de posición en favor de los especuladores son, a juicio del Sindicat, las diferentes interpretaciones judiciales que se están llevando a cabo en los juzgados de instrucción de Alacant acerca del Real Decreto-ley 8/2023 del 27 de diciembre. Este decreto establece una serie de medidas extraordinarias destinadas a paliar los efectos económicos provocados por la situación geopolítica y sanitaria de los últimos años, y se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. En su artículo 87 establece el procedimiento para la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”. En el mencionado artículo se puede leer que:

“El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador”.

Este punto da margen al juez para considerar si la persona es vulnerable o no en base a la información recibida, pudiendo desestimar la vulnerabilidad del demandado aun cuando existe un informe de Servicios Sociales que la acredite. Es precisamente gracias a esta ambigüedad del decreto-ley que los jueces de Alacant están aprovechando para introducir su ideología o su trato de favor hacia los especuladores y descartar una buena parte de los informes de vulnerabilidad expedidos por Servicios Sociales.

Este hecho suscita diversas preguntas: ¿desde cuándo un juez tiene más potestad que un trabajador social para acreditar la vulnerabilidad de una familia? ¿Por qué un juez puede desautorizar un informe de vulnerabilidad, más aún cuando es el trabajador social el que conoce a la perfección la situación de la familia frente al total desconocimiento de la misma por parte del juez?

Los autos judiciales en los que se desestiman los informes de vulnerabilidad expedidos por Servicios Sociales suelen apuntar en la misma dirección: por un lado, inciden en la falta de información suficiente para acreditar la vulnerabilidad económica del usuario. Por otro lado, también acusan la ausencia de medidas concretas aprobadas por Servicios Sociales para paliar el problema habitacional de la persona o familia vulnerable. Los jueces y juezas se suelen escudar en estos dos argumentos para denegar la vulnerabilidad del afectado.

No obstante, desde el Sindicat de barri de Carolines se han topado en diversas ocasiones con jueces que, a pesar de contar con informes de vulnerabilidad correctamente elaborados y dotados de medidas concretas, terminan por no considerar acreditada la vulnerabilidad del núcleo familiar y dar luz verde al desahucio del inmueble. En estos casos, las maniobras argumentales que se pueden leer en algunos autos son cuanto menos sorprendentes y denotan un interés particular en defender el derecho a la propiedad de los especuladores sobre el derecho a una vivienda digna que reclaman los sindicatos de vivienda.

La dudosa interpretación de una jueza: desahucio de un menor discapacitado

Uno de los casos más graves a los que se ha enfrentado el Sindicat se producía hace escasos días en el juzgado de instrucción número 12 de Alacant. Los afectados eran una madre soltera en paro y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad y con un 38% de discapacidad. Caixabank les había quitado el piso por no poder hacer frente a la deuda contraída algunos años atrás. La jueza dictó un auto el 7 de marzo en el que fijaba la fecha de desahucio para el 22 de marzo, tan solo quince días después. Esto es algo sorprendente teniendo en cuenta las enormes dificultades para encontrar vivienda en una ciudad cuyo precio del alquiler ha subido un 20% en el último año.

Pero lo que más sorprendió al Sindicat fue el contenido mismo del auto judicial. La desestimación del informe de vulnerabilidad llevada a cabo por la jueza se sostenía, por una parte, en graves errores de interpretación y, por la otra, en afirmaciones sesgadas y poco acordes con el contenido mismo del informe. La jueza no consideró acreditada la vulnerabilidad de esta familia a raíz de una serie de equivocaciones y aserciones de dudosa veracidad en la lectura del informe de vulnerabilidad.

Aunque esta parte pueda resultar tediosa para el lector, creo conveniente analizar los argumentos de la jueza. El objetivo es ejemplificar qué exigencias y requisitos se plasman en los autos judiciales para justificar la no paralización del desahucio de una familia cuya vulnerabilidad ha sido acreditada. Al mismo tiempo, no podemos dejar pasar la oportunidad de resaltar como un auto judicial plagado de errores flagrantes pueden llevar al desahucio de una familia, desahucio que no habría tenido lugar si esos errores de interpretación no se hubieran producido. Es importante que la gente conozca de primera mano el modus operandi de los jueces, y que con esta información se elaboren estrategias más eficaces en la lucha por el derecho a la vivienda. Dicho esto, los puntos conflictivos del auto judicial son los cuatro siguientes:

En primer lugar, el auto afirma que “el documento aportado por la ejecutada se encuentra carente de validez dado que data del año 2017, es por lo expuesto que no concurren en el supuesto de Autos”. El informe de vulnerabilidad no es de 2017 tal y como indica la jueza, sino del año 2024. El error se debe a que en el mismo se indica —con letras grandes— que los criterios de vulnerabilidad fueron aprobados en el pleno del Ayuntamiento en 2017, pero en otro apartado se expone claramente —con letra más pequeña— que dicho informe se emite en febrero del 2024. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el informe es válido durante un año, es un error grosero por parte de la jueza decir que el informe carece de validez.

En segundo lugar, en el auto también se afirma que “la demandada percibe una pensión no contributiva” como un motivo de peso para denegar la vulnerabilidad. Una lectura superficial del informe de vulnerabilidad nos informa de que la demandada ha sido 'propuesta' para percibir el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión, pero en el documento se especifica claramente que el cobro de las mismas no se ha iniciado. La demandada, por lo tanto, 'no percibe' ninguna ayuda social y sus ingresos rondan los 160 euros derivados de limpiezas esporádicas tal y como se especifica en el informe. De este modo, es totalmente falso que esté percibiendo una pensión no contributiva tal y como afirma la jueza en el auto.

En tercer lugar, parece ampliamente discutible y sesgada la siguiente afirmación: “La administración competente dada su facilidad probatoria no acredita en el informe tal y como menciona la legislación aplicable cuales son los mecanismos a adoptar por la administración competente para ofrecer una alternativa habitacional a la parte demandada en un plazo razonable”.

En el informe se expone que se ha llevado a cabo la inscripción de la afectada en la lista de espera para acceder al parque público de vivienda, que ha sido propuesta para una ayuda al alquiler y que se la va a orientar en la búsqueda de vivienda. Al mismo tiempo, el informe declara que Servicios Sociales no dispone de medidas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda de manera estable, es decir, que no dispone de inmuebles propios en los que albergar a las familias vulnerables.

Esta falta de inmuebles propios es algo público y ampliamente conocido por toda la judicatura. Por lo tanto, no cabe bajo este supuesto el denegar la validez del informe de vulnerabilidad porque, en ese caso, dicha invalidez debería ser extensiva a la totalidad de los informes emitidos, lo cual carecería totalmente de sentido y descargaría en los afectados las consecuencias de lo que a todas luces es un problema de gestión pública por parte del Gobierno municipal. Por lo tanto, en el informe sí se detallan medidas concretas como para considerar que desde Servicios Sociales se está intentando paliar el problema de vivienda de la afectada.

En cuarto y último lugar, refiriéndose a la situación de vulnerabilidad de la afectada, la jueza indica que “el informe emitido no fundamenta ni motiva en que se basa dichas conclusiones dado que no se aporta el más mínimo documento que soporte dichas afirmaciones”. No obstante, el informe especifica que la demandada no tiene relación ni ayuda económica de su marido, que convive con un menor de edad discapacitado en un 38%, que se encuentra en situación de desempleo y que no tiene alternativa habitacional.

Esta información es suficiente para estimar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la afectada. Los documentos que acreditan dicha situación han sido debidamente considerados por Servicios Sociales en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, resulta sorprendente que la jueza deniegue el informe de vulnerabilidad aludiendo que no se adjuntan los documentos que prueban estos hechos. La jueza bien podría solicitar dichos documentos a servicios sociales con anterioridad a dictar el auto para comprobar si efectivamente la afectada se ajusta a la información presentada en el informe. No obstante, ante la duda, la jueza opta por la presunción de no vulnerabilidad y falla a favor de los intereses del banco, dejando a una familia en la calle y sin alternativa habitacional aún a sabiendas de que la familia desahuciada podría estar amparada por el decreto-ley.

Desenlace “satisfactorio”: el Sindicat de barri de Carolines consigue aplazarlo

El abogado de la afectada presentó un recurso contra el auto aludiendo a los errores y las afirmaciones sesgadas anteriormente expuestas. La jueza desestimó el recurso y mantuvo el desahucio para el 22 de marzo. Afortunadamente, gracias a las negociaciones entre el Sindicat de barri de Carolines y Caixabank, se pudo aplazar el desahucio hasta el 29 de abril. Puede que no sea una gran victoria, pero para la afectada ha sido un alivio disponer de unas pocas semanas para encontrar una vivienda antes de abandonar la que durante los últimos veinte años ha sido su casa. Así se lo agradeció al Sindicat, del que ya forma parte.

Sin embargo, lo expuesto anteriormente puede llevar a conclusiones erróneas sobre la naturaleza del derecho. Los jueces o los juzgados de instrucción no son una institución burguesa movida bajo los hilos del capital. No representan los intereses de los especuladores por defecto, es decir, no son cómplices necesarios de estos últimos. Cada juez no se erige como representante de una gigantesca mente-colmena alfabetizada por la ideología burguesa. Estos planteamientos totalizantes y deterministas no sirven para entender cómo funciona el capitalismo a día de hoy.

Por el contrario, resulta evidente que no todos los jueces facilitan la expulsión de las familias trabajadoras de sus casas. Los sindicatos de vivienda cuentan con un largo historial de desahucios suspendidos por la vía judicial. Lo que ocurre es que la legislación existente da lugar a que la ideología de cada juez juegue un papel fundamental a la hora de decidir entre los intereses de los trabajadores o los de los especuladores. En este sentido, consideramos importante escenificar cómo la usurpación de la vivienda por parte del capital especulador requiere de cierta complicidad judicial. Un debate amplio sobre el infeliz matrimonio entre derecho y capitalismo deberá ser abordado en otro momento."              (Llorenç Saval, El Salto, 16/04/24)

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

 "Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

 En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario del Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

La expansión de Benidorm

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”. 

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm."         ( Lucas Marco, eldiario.es, 14/04/24)

Perjudicados por el pelotazo de Ana Botella y Blackstone: "Lo pasé jodidamente mal, tuve depresión"... A Laura Murillo, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como la de Ana Botella cuando todo salió a la luz, "Solo cambia el casero"... No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre... "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple"

 "Todo fue perfectamente legal". "No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere". "Nadie resultó perjudicado". Los jueces han hablado. Y lo han hecho en esta línea varias veces. 

A Laura Murillo, de 49 años, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como esta. O como la que dijo Ana Botella cuando todo salió a la luz. "Solo cambia el casero", aludió la exalcadesa de Madrid allá por 2014. No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre. Obviamente, también cambiaban las condiciones. A Murillo, por ejemplo, le subieron el alquiler más de 200 euros.

Era teleoperadora a tiempo parcial cuando le llegó el burofax de Fidere sin que nadie le hubiera notificado el cambio de propiedad. A ella le había tocado una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que le permitía salir adelante con un sueldo de 700 euros y una hija de 12 años. "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple", recuerda ahora por teléfono, casi una década después.

"Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y con nuestros salarios. Detrás de esta decisión política hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras... Pero detrás de esas casas hay vidas". Son las palabras que Arantxa Mejías pronunció hace algunos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando apenas tenía 25 años descubrió, como otros cientos madrileños, que la casa en la que vivía con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Decidió dar la batalla, y no se arrepiente, afirma ahora, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Aquella venta sorpresa y opaca de vivienda social fue una de Botella que más polvareda ha levantado en la capital, tanto en el plano político como social. Un polvo sostenido en el tiempo que, sin embargo, se ha asentado lentamente en cientos de hogares ya vacíos y listo para una lucrativa venta. Han pasado casi diez años de la operación. Algunos tribunales han dado la razón a unos pocos vecinos, el Tribunal de Cuentas calculó que el Ayuntamiento había perdido 23 millones de euros al vender 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Condenó a Botella y a su equipo a reparar el patrimonio dilapidado, aunque una revisión posterior anuló esta condena gracias a los votos de dos magistrados colocados por el PP.

La venta fue todo una ganga para los especuladores —Blackstone es el mayor casero de España, con cientos de miles de viviendas dedicadas al mercado del alquiler— y un serio tormento para los inquilinos que vivían en las casas, a quienes se intentó desahuciar después de cancelar los contratos e imponer nuevas condiciones con subidas de precio que, en ocasiones, superaban el doble.

No hubo malversación ni prevaricación

Los múltiples recorridos judiciales de este caso no han dejado apenas consecuencias para los artífices de este pelotazo con bienes públicos. El pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid daba carpetazo a la última vía judicial abierta. En este caso se juzgaba por la vía penal, gracias a una querella del PSOE y de la Plataforma de Afectados por la EMVS, con Mejías y el abogado Benítez de Lugo al frente. Se acusaba a los responsables de la empresa municipal de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Pero el tribunal no lo considera acreditado. La Fiscalía tampoco, y el Ayuntamiento de Madrid, del mismo color político que el que realizó la venta, también retiró los cargos.

Cuando a Murillo le llegó la orden de desahucio por impago ni siquiera intentó pelear. Entregó las llaves y se marchó de la urbanización del Ensanche de Vallecas. Fueron muchos como ella en esa promoción e la EMVS, recuerdan los activistas. Ella ya se había puesto en contacto con organizaciones por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. Recurrieron a los tribunales. Su contrato con la EMVS seguía en vigor, y estos ordenaron a la empresa entregarle otra casa. Sobre todo porque se había quedado sin una vivienda pública, en el paro y con una menor a cargo. Hoy vive en otra casa de la EMVS en Villaverde, ya han pasado seis años. Paga 350 euros al mes. "Y alguna vez me retraso, pero la EMVS no es un fondo buitre, la tienes que liar muy gorda para que te desahucie", apunta.

Son varias las personas a las que se tuvo que realojar en viviendas públicas debido a los desahucios de Fidere. Imposible saber cuántos, apuntan desde la PAH. En estos casos, el precio que ha pagado el contribuyente madrileño es doble, inciden. Por un lado, la vivienda social perdida con la venta. Por el otro, la vivienda social destinada a los expulsados, cuando ya vivían en una. Un sinsentido, resumen. Fidere, en cambio, no opina lo mismo.

La empresa todavía le reclama a Murillo más de 5.000 euros de deuda por los seis meses que estuvo sin abonar sus mensualidades. "No pienso pagar. Primero porque no tengo dinero. Pero sobre todo porque a mí me ha costado la salud. Tuve que dejar mi trabajo durante ese tiempo. Lo he pasado jodidamente mal. Me diagnosticaron depresión, perdí muchísimo peso, tenía ansiedad y me pasaba todo el día llorando. Aún me asusto cuando llaman al telefonillo, por si son los buitres pidiéndome la deuda", comenta por teléfono. "Yo soy una prueba muy clara de las consecuencias que ha tenido esto", sentencia.

Casos como el de Murillo han sido habituales en los últimos años. Desahucios de familias vulnerables, de ancianas enfermas, madres solas con hijos a cargo... Algunos se suspendieron en la puerta gracias a la presión de la PAH y otros colectivos, pero muchos se fueron sin hacer ruido, dejando vacías unas casas que ahora han multiplicado su valor. Según calculó el propio Ayuntamiento durante la alcaldía de Manuel Carmena, el paquete de casas que Blackstone compró por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones.

"Conmigo pincharon en hueso"

"Está muy claro que lo que querían era comprar barato y venderlo después", explica José Pedro López. En un parque del barrio de La Peseta, en Carabanchel, este operario de 37 años recuerda el estado en el que estaban su casa, los garajes y las zonas comunes "prácticamente hasta antes de ayer". Humedades, el ascensor averiado durante años, lámparas que colgaban de los cables y un sinfín de desperfectos que Fidere nunca reparó. "Hasta que se han levantado las medidas cautelares y pueden venderlo todo si quieren. Le han dado un buen lavado de cara", puntualiza. Él es de los pocos que han resistido y han ganado sin recurrir a la vía judicial.

López y su pareja llegaron en 2012 al piso de 50 metros cuadrados que les había adjudicado la EMVS en régimen de alquiler sin opción a compra. Fue un salvavidas para la familia, con una niña pequeña y otro bebé en camino. Él estaba desempleado en ese momento. "Ya vimos algo raro cuando dejaron de pasarnos varios recibos los meses anteriores a la venta", asegura. En su caso, lo pisos se vendieron con su contrato recién firmado, así que pudo esperar "más o menos tranquilo" varios años hasta que Fidere le remitió el temido burofax. Llegó cuando su contrato estaba a punto de caducar, en 2017. "No querían renovarlo. Querían hacer uno nuevo con condiciones nuevas. Si pagaba 430 euros más los gastos de comunidad, pasaba a pagar 600 euros el primer año, 800 euros el siguiente año y 900 el tercer año. Era inasumible", ilustra.

"Si no hubiera tenido una familia, quizás hubiera tirado la toalla", reconoce. "No es fácil enfrentarte a la posibilidad de quedarte sin casa. Son muchas comidas en las que tus hijos hacen preguntas, en las que se nota la tensión. Lo han pasado muy mal, pero también ha sido una lección de vida para ellos", explica López con una emoción que a veces roza el llanto.

Decidieron no pagar y resistir. Primero participó en la plataforma de afectados por la EMVS, pero con el tiempo dejó de verlo claro. "Me parecía que buscaban más los titulares y el impacto político que la defensa de las familias a las que ya estaban desahuciando", explica. Buscó apoyo en el movimiento social por el derecho a la vivienda, del que ya formaba parte. Consiguió ir aplazando la fecha del desalojo con apoyo de la PAH y del Sindicato de Vivienda e Carabanchel. "Fidere nunca quiso negociar nada, pero sabían que no me iba a ir fácilmente, que conmigo habían pinchado en hueso", afirma.

Solo con la llegada de la pandemia, el fondo buitre se avino a razones. "Tengo un alquiler medianamente razonable y vinculado a los ingresos de la familia y de siete años de duración. Las negociaciones han sido duras y, sin el apoyo de los colectivos de vivienda habría sido imposible", apunta. "Muchos de los vecinos se acabaron yendo o aceptando alquileres de más de 700 euros. No se les puede culpar, porque pelear es una pesadilla", dice.

Un calvario psicológico

"Desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico", resumía durante el juicio Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados que llevó a los tribunales la operación. "El resultado judicial se encaja con frustración. Todavía se culpabiliza a los afectados por defender un derecho. Es muy triste, como si todo esto pasara por un capricho mío", explica Mejías. Sus padres, adjudicatarios de una vivienda de la EMVS antes de la venta, también se enfrentaron al desahucio al no querer firmar los nuevos contratos de Fidere. "Nos querellamos y al final forzamos una negociación. Hoy siguen en su hogar, resistiendo", resume. "Pero han sido muchos años y sin apenas experiencia. Me ha desgastado bastante", reconoce.

Casi una década después, la fiebre de los alquileres sigue sin una ley que la enfríe de verdad. Los fondos buitre como Blackstone han tenido alfombra roja para llegar, comprar a precio de ganga los activos tóxicos de los bancos y elevar los precios hasta límites sin precedentes en las grandes ciudades españolas.
Mejías, en cambio, cree que la batalla ya es en sí misma una victoria. "Quedarnos de perfil ante situaciones así no ayuda a cambiar las cosas. Ahora tengo 33 años y sé qué es lo que realmente importa. Me siento vencedora, aunque no lo ha dicho un juez", apunta.

Murillo también aprendió a la fuerza que los desahucios los paraban primero las personas. "No sé a cuántos fui, pero me volqué mucho con la gente que estaba en mi situación", recuerda. López solo ha confirmado lo que ya sospechaba. "Nuestros representantes políticos al final sirven a los intereses de las grandes empresas y no a los de quienes los votamos", asegura. Esperaba más del "ayuntamiento del cambio" de Carmena en este caso, "pero al final he resistido después de mucho esfuerzo y estoy satisfecho". Nadie les devolverá las noches en vela. Las viviendas seguirán siendo de Fidere. El PP sigue gobernando en la ciudad y Ayuso arrasó en la Comunidad. Es Madrid, la capital de la libertad."               (Jairo Vargas Martín, Público, 11/02/22)

Botella, recibida con gritos de 'ladrona', explica por primera vez como testigo ante un tribunal su papel en la venta de viviendas sociales a un fondo buitre... El juicio por la venta irregular en 2013 de 1.860 pisos sociales del Ayuntamiento de Madrid a Blackstone alcanza este miércoles su clímax con la declaración como testigo de la exalcaldesa, máxima responsable política de aquella operación

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

 Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre para el que trabaja su hijo José María Aznar Botella. El Supremo formado por jueces colocados por su marido Aznar la absolvió. Hoy ha declarado como "testigo" y ha asegurado que respetaron el fin social. Sinvergüenza.

5:25 p. m. · 17 nov. 2021
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"Gritos de "ladrona" a Ana Botella en el juicio por la venta de viviendas públicas en Madrid.

(...) Botella se negó a comparecer en la comisión de investigación.

Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto. En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina. (...)"      (Raquel Martínez, El Plural, 18/11/21)

"El juicio que desde el pasado 3 de noviembre se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a Fidere, filial española del fondo buitre Blackstone, alcanzará este miércoles su clímax con la declaración como testigo de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.

Será la primera vez que Botella, máxima responsable política de aquella venta, hable abiertamente sobre este polémico asunto. Blindada y protegida desde el primer momento por el PP, hasta ahora la exalcaldesa de Madrid había evitado tener que pronunciarse al respecto. Es más, ese blindaje también se ha extendido al ámbito judicial y ha impedido que Botella se siente en el banquillo, para mayor frustración de los afectados por esta venta, que lamentan que la exalcaldesa no rinda cuentas ante la Justicia pese a que, según ellos, tuvo "bastante responsabilidad" en la operación.

Una operación que según reconoció en su momento el Tribunal de Cuentas causó un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Madrid de 22,5 millones pues las 1.860 viviendas sociales, las 1.797 plazas de garaje y los 1.569 trasteros se vendieron en plena crisis económica por 128,5 millones de euros cuando su valor de mercado alcanzaba los 151 millones. En su día, Botella despachó esa venta irregular con una de sus ocurrencias: "Sólo es un cambio de casero".

Años después, concretamente en 2016, fue una denuncia del equipo de Manuela Carmena, la sucesora al frente del Ayuntamiento de Madrid, la que puso a Botella y a sus colaboradores en la rampa judicial por este caso. De hecho, en diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a otros siete cargos de su equipo de gobierno a pagar esos 22,5 millones de euros por el quebranto causado a las arcas municipales. Una decisión celebrada por los afectados que ponía de manifiesto la responsabilidad judicial de Botella.

Sin embargo, a partir de entonces todo fueron reveses judiciales para los afectados y buenas noticias para Botella. En julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas revocó la primera condena a Botella y sus colaboradores con los votos de dos consejeros nombrados por el PP (una de ellas, Margarita Mariscal de Gante exministra de Justicia con José María Aznar, esposo de Botella). Contra aquella decisión cabía interponer recurso, pero ya había llegado José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde del PP, al Ayuntamiento de Madrid y éste decidió mirar a otra parte.

Pese a ello, una concejal del PSOE, Mercedes González, actualmente delegada del Gobierno en Madrid, se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que la legitimase para ejercer la acción sustitutoria (ya que el Ayuntamiento no iba a recurrir), para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. La concejala del PSOE logró presentar el recurso ante el Supremo, pero en junio de 2020 llegó la decisión definitiva: el Supremo absolvió a Botella. Ahí se esfumó la última posibilidad de que la antigua regidora de la capital se sentase en el banquillo.

Para los afectados por la venta de estas viviendas sociales fue un varapalo que Botella esquivara a la maquinaria judicial, pero al menos tendrán un pequeño consuelo viéndola declarar.

La exalcaldesa de Madrid tendrá que explicar por qué el 20 de junio el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por ella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado otras cuatro ofertas. Botella también tendrá que aclarar si el Consistorio facilitó información privilegiada a las cuatro empresas concursantes sobre las condiciones de la venta. Será un mal trago para Botella, a la que esta venta de las viviendas sociales dejó marcada para siempre su carrera política."                (Jorge Otero, Público, 16/11/21)

Los afectados por la millonaria trama urbanística de la Iglesia: “Nos echan de nuestras casas”. Cerca de 200 familias que viven de alquiler y más de 100 ancianos y 17 monjas que conviven en una residencia se han visto perjudicadas por las ventas del Arzobispado de Madrid

 "Y ahora, ¿qué? Cerca de 200 familias que viven de alquiler, más de 100 ancianos y casi una veintena de monjas que viven en una residencia de mayores han sido, por el momento, los grandes perjudicados de la trama inmobiliaria de la Iglesia en Madrid destapada por EL PAÍS.

 Las tres operaciones aglutinan las enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado. Las ventas se produjeron en los dos últimos años. La última se ha conocido este lunes. Juntas han sumado un monto de más de 100 millones de euros. La Iglesia pretendía comprar un solar con este capital para construir una “Ciudad de la Misericordia” al suroeste de Madrid, una especie de minivaticano con residencias para mayores y varios colegios católicos. Una quimera. 

El Vaticano se ha enterado de estas noticias y ha enviado a un abogado para asesorar al cardenal Carlos Osoro (titular del arzobispado madrileño) ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma ha encargado a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. Todas las operaciones están ahora mismo en los tribunales. ¿Y los afectados? Por primera vez hablan los inquilinos de las tres fundaciones:

1. Fundación Molina Padilla: 70 familias en el limbo

Magnolia Pérez, de 62 años, lleva dos décadas viviendo en uno de los dos edificios que la Fundación Molina Padilla tiene en la calle Núñez de Balboa de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Esta es una de las 64 fundaciones que tutela el arzobispado. Aquí viven alrededor de 70 familias de alquiler. Con la renta de estas casas, la entidad revierte el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos malagueños de pocos recursos.

“Me habían hablado muy bien de esta fundación y, como no tengo familia, decidí vender mi casa e instalarme aquí”, cuenta la vecina Pérez, que se gastó más de 16 millones de pesetas en arreglar el piso con la condición de pagar una renta de alquiler hasta el final de sus días. Sin embargo, en octubre de 2019 su futuro se volvió negro. Sospechaba que algo no iba bien. “La fundación dejó de alquilar pisos y leí en EL PAÍS la venta de los edificios de otra fundación… Ahora sé lo que tramaban. Es todo vergonzoso. Todo son mentiras. Que Dios les ampare. No hay derecho a lo que nos están haciendo. Es lo peor que he visto en mi vida. Que en estos momentos se esté especulando y cociendo la venta de una fundación así es de las cosas más inadmisibles que he visto”.

Este periódico desveló el pasado lunes que el arzobispado ordenó en octubre de 2019 la venta de los dos edificios de la fundación por 13 millones de euros a la sociedad limitada Building The Next Success SL. Un precio muy por debajo del mercado, según los expertos inmobiliarios. Ante el acecho de la justicia, el cardenal Osoro ha ordenado revertir la operación, pero el futuro de los inquilinos y de la propia fundación aún es incierto.

Gema Padilla, sobrina del fundador Alfonso Molina Padilla, resume así el calvario que ha vivido en estos últimos meses: “Mi máxima preocupación era que el patrimonio sirviera para cumplir los deseos de mi tío: dar becas a los niños necesitados de Málaga. Pero estos señores [en referencia a los hombres del arzobispado], solo tienen la pretensión de hacer negocio. Al final conseguirán que la fundación desaparezca entre compras, ventas y comisiones”. Este año la entidad tenía previsto repartir 350.000 euros en becas de estudio, pero la fundación tiene las cuentas ahogadas ante el expolio de sus bienes. Los niños de Málaga se han quedado sin becas por primera vez.

2. Fundación Fusara: casi 200 inquilinos a la calle

La fundación Fusara es un acrónimo que responde a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para orfanatos, colegios concertados y residencias. Su patrimonio entonces estaba valorado en 70 millones de euros. La fundación contaba hasta 2019 con 14 edificios en el centro de Madrid. Aquí viven todavía alrededor de 170 familias en régimen de alquiler. Sus mensualidades sirven para mantener los colegios y las residencias concertadas. Los 14 bloques de viviendas han sido vendidos en 2019 por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas.

“Vino un señor y me dio una carta sin más explicaciones”, contaba hace justo un año María del Carmen Martínez, de 92 años, en el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2, del barrio de La Latina. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo pensé que era propaganda!”. El origen de esta trama inmobiliaria se destapó el de 17 de octubre de 2019. Ese día, todos los vecinos de Fusara comenzaron a recibir un burofax. Sebastián Navarro, de 61 años, recuerda ahora que el suyo le deseaba hasta “buena suerte”. Él, que vive en un bloque del barrio de Lavapiés, fue uno de los primeros en remover cielo y tierra para tratar de frenar las ventas. Se puso en contacto con el resto de vecinos. Ahora todos han llevado el caso a la justicia: “La idea de que nos querían echar cuanto antes de nuestras casas estaba muy clara”.

¿Quién compró estos 14 edificios? Un entramado opaco con letras mayúsculas. Cada uno de estos 14 bloques de viviendas los compró una empresa. Estas 14 empresas se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una. Todas ellas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. La venta de esta operación a través de sociedades opacas alcanzó los 74 millones de euros. El Arzobispado de Madrid cobró la mitad, 37 millones, el 30 de julio de 2019 por transferencia de un banco luxemburgués a una cuenta del BBVA, según pudo confirmar EL PAÍS.

¿Por qué se vendieron? “Existía una problemática muy seria con el estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”, cuenta un miembro del patronato. La realidad es bien distinta. La mayoría de los pisos se encuentran en perfecto estado. Más de 40 vecinos afirman que, cuando entraron a vivir, realizaron inversiones de miles de euros (otros de pesetas) para reformar sus viviendas con el visto bueno de la propia fundación Fusara. El futuro de los casi 200 vecinos también pende de la balanza de un juzgado de Madrid.

Y 3. Fundación Santísima Virgen y San Celedonio: 100 ancianos engañados

Sor Rosario caminaba hace justo un año cabizbaja con su hábito blanco por uno de los infinitos pasillos de la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la calle Padre Damián, 22, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu. “Nos enteramos de la venta del edificio en marzo [de 2019]. No sabemos nada más”, contaba esta religiosa de 70 años. El arzobispado ha vendido estos inmensos pabellones residenciales en forma de U y la parroquia de San Jorge, con la que colinda, a la universidad privada de Nebrija por 37 millones de euros.

La Fundación Santísima Virgen y San Celedonio se creó el 1 de julio de 1916. La residencia donde se encuentran cerca de 100 ancianos es fruto de la donación del Conde del Val, un marqués que quiso crear una organización sin ánimo de lucro para atender a las personas mayores más desfavorecidas. Es decir, este edificio es el bien dotacional, cuyo destino es la realización principal de la fundación. “Su arquitectura es de carácter historicista, con elegantes fachadas de ladrillo visto”, según el Colegio de Arquitectos. Fue declarado bien de interés cultural en 1996.

“La venta se ha hecho con un 90% de apoyo de las familias de los ancianos”, argumentaban fuentes del patronato de la fundación cuando EL PAÍS destapó el caso. Las familias, sin embargo, no recibieron ninguna información más allá de una carta que no decía nada del futuro de sus abuelos. El madrileño Pedro Sánchez, de 71 años, tiene a su madre dentro desde 2014. Por su habitación paga ahora 1.832 euros, 400 más que cuando entró. Él se enteró de la venta por una llamada telefónica de la actual directora de la residencia, Esther Sánchez. “Me dijo que la habían vendido y que iban a construir una gran ciudad de la misericordia en Madrid y que por octubre del 2021 mi madre y los residentes se desplazarían allí”, cuenta ahora.

“Todas las cifras que nos han dado eran falsas. ¿Cómo se puede vender esto por 37 millones de euros?”, subraya. “Esto no se lo cree nadie. ¿Qué podíamos hacer las familias de los residentes? Nada. Estábamos atados”, lamenta. El arzobispado y la Universidad de Nebrija llegaron el pasado 3 de diciembre a un principio de acuerdo para revertir las operaciones ante el acecho de la justicia.

¿Por qué se ha vendido la residencia y la parroquia? Según los miembros del patronato de la fundación, presidida, como todas, por el cardenal Carlos Osoro, la enajenación se produjo porque la residencia no estaba adaptada al siglo XXI y los ancianos necesitan mejores atenciones. Sin embargo, según las cuentas a las que ha tenido acceso este diario, la fundación tuvo una reforma de más de 1,5 millones de euros hace dos años. Otro miembro del patronato asegura que se hizo por el estado de las cuentas: “No tenemos dinero para imprevistos”. Las cuentas arrojan un beneficio medio de 177.460,65 en los últimos cinco años.

Sánchez, el madrileño que tiene a su madre dentro de la residencia, cree que ha llegado el momento de asumir responsabilidades. “Es imprescindible que el arzobispo las asuma”. Para colmo, lamenta que la única ventana que no ha sido reformada por las obras ha sido la de la habitación de su madre. “Por ahí entra un frío tremendo”.                    (Manuel Viejo, El País, 09/12/20)

Operación Padilla: así opera la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid

 "— Buenas tardes, en mí están viendo al arzobispo de Madrid.

El 30 de junio de 2016, un zaragozano de unos 50 años, de estatura baja, nariz achatada, con don de palabra y que llegó a ser director de El Correo de Andalucía, entró por sorpresa en un bajo de la calle Núñez de Balboa 93, de Madrid. El hombre en cuestión acababa de ser nombrado por el arzobispo de la capital presidente de las 74 fundaciones de la Iglesia madrileña. El arzobispo (que también ostenta el nombramiento de cardenal) Carlos Osoro le encomendó la misión de dirigir una especie de ministerio madrileño con más de 1.000 empleados a su cargo. El creyente desconocido se llama David López Royo y es uno de los personajes principales de esta historia. “Es como un encantador de serpientes”, cuenta una exempleada suya.

Aquella tarde, Royo entró por la puerta de la Fundación Molina Padilla con don de mando; ejecutar las órdenes del arzobispo desde el principio. En ese local se encontraba sentada una mujer en su despacho. Gema Molina, de mediana edad, cuenta ahora que se levantó sorprendida ante esta visita inesperada. Ella gestionaba la fundación desde los años ochenta. Toda una vida dedicada a cuidar la herencia de su tío-abuelo. A fin de cuentas, pertenece a una familia que roza la aristocracia. Es sobrina del malagueño Alfonso Molina Padilla, un reputado abogado del siglo pasado que llegó a codearse con el rey Alfonso XIII y con el cardenal Tarancón.

El tío Alfonso murió sin descendencia en 1957 a los 82 años. Sin hijos, firmó en su testamento la creación de una fundación con su nombre. La idea era muy simple. Ofrecer becas a los estudiantes más necesitados de su querida provincia de Málaga con una parte del dinero recaudado de su patrimonio. Los dos grandes bienes de la fundación son, entre otros, dos bloques de pisos de cinco plantas ubicados en el corazón del acomodado barrio de Salamanca de Madrid. Aquí viven alrededor de 70 familias en alquiler. Con la renta de estas casas, la fundación revierte el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos malagueños de pocos recursos. Un círculo de gran auxilio para los más vulnerables.

La Fundación Molina Padilla ha estado gestionada por su linaje. En sus estatutos siempre ha figurado que el administrador sea familia del fundador. Con la condición, eso sí, de que el presidente sea el arzobispo de Madrid. De ahí que la Iglesia tutele esta fundación civil. Y de ahí que el zaragozano Royo se presentara en aquel bajo la tarde de junio de 2016 como representante del arzobispo Osoro. Royo lo tenía muy claro desde el principio. Según fuentes cercanas al cardenal, él mismo dijo al arzobispo que había que fusionar la mayoría de las fundaciones de Madrid. Qué era eso de tener 74 pudiendo tener cuatro o cinco grandes. Aseguraba que la mayoría estaban muy mal gestionadas. Un argumento que niega a este diario Adolfo Lafuente, el que fuera anterior presidente de las fundaciones. “Royo ha metido la mano en casi todas”, asegura un conocido sacerdote de la región.

Entre 2016 y 2018, Royo se dedicó a reunirse con los patronos de las 74 fundaciones de la Iglesia. La mayoría de los consultados reconocen ahora que tenía mucha prisa por ejecutar su ansiado plan de fusión. Su idea escondía la venta de los patrimonios de las fundaciones más jugosas de Madrid para, después, comprar un inmenso solar. Su plan era levantar una “Ciudad de la Misericordia” en un rincón de la capital de España tras contar con el visto bueno del arzobispado. Una especie de mini-Vaticano, que contaría con residencias de mayores, de estudiantes y de colegios católicos. Una quimera.

Entre 2016 y 2018 sucedió un hecho clave en toda esta historia. Mientras Royo gestionaba las 74 fundaciones de la Iglesia, fichó también como director por la fundación privada Chávarri Por el Bien Común, una fundación ajena a la fe que pertenece al despacho madrileño Chávarri Abogados. Este bufete es otra pata fundamental de esta trama eclesiástica. Royo, que ha confesado a este periódico que trabajaba de manera altruista para la Iglesia, empezó a recibir un salario mensual de este despacho. Royo, por tanto, comenzó a trabajar a la vez para la Iglesia y para estos abogados.

Actas de la fundación

El 25 de abril de 2018, el aragonés Royo volvió a la sede de Molina Padilla en el bajo del barrio de Salamanca. Había convocado una reunión del patronato de la fundación. Aquí, tal y como consta en las actas a las que ha tenido acceso este diario, dijo que la sobrina-nieta del fundador, Gema Molina, no podía ser patrona y percibir, a la vez, un salario de la fundación de su tío. “[Si no dimite], la fundación Molina Padilla será intervenida inmediatamente por el Protectorado de Fundaciones del ministerio”, vociferó. El Protectorado de Fundaciones estatal se encarga de velar por el buen funcionamiento de estas. Gema, asustada, dimitió de inmediato. La amenaza de Royo pilló al resto de patronos por sorpresa. Tiempo después, el Protectorado de Fundaciones del ministerio negó esto a la familia. Es más, les dijeron que su fundación era “modélica”. Pero ya era demasiado tarde.

La amenaza de Royo tenía escondida una jugada maestra. Si los patronos se marchan, hay que reponerlos. De modo que empezó a colocar a gente de su confianza para ganar todas las votaciones del patronato. La operación Molina-Padilla ya estaba en marcha. A su lado sentó a José Cobo, actual obispo auxiliar de Madrid, a la religiosa Antonia López y a Antonio Chávarri, el socio fundador del despacho Chávarri Abogados y presidente de la fundación Chávarri por el Bien Común, donde aún trabaja el propio Royo.

Ninguno de los tres nuevos patronos conocía de cerca los orígenes de la fundación Padilla. Pero eso era lo de menos. La composición del nuevo patronato iba viento en popa. En febrero del pasado año, los nuevos patronos se volvieron a sentar. El abogado Chávarri propuso la creación de una comisión interna con un nombre muy pomposo. “Comisión de gobierno con facultades de decisión para configurar el patrimonio [de Padilla]”. Es decir, un plan para vender los dos edificios de la fundación donde viven las 70 familias cuyo alquiler financia a niños sin recursos de Málaga.

Había mucha prisa por vender los inmuebles. Al mes siguiente, los patronos se juntan de nuevo. Lo tenían clarísimo: “Ante la baja rentabilidad de los activos de la fundación es preciso cambiar la estructura del patrimonio de la misma y transformarla en un edificio de oficinas”. La fundación, sin embargo, arrojaba siempre cuentas positivas.

De pronto, otro hombre clave llama a las puertas de esta trama. El zaragozano Royo y el abogado Chávarri deciden avisar al letrado urbanista y asesor de urbanismo para la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre Manuel Fernández Clemente. Querían que él también formara parte de la fundación, como secretario. La hemeroteca de Clemente cuenta que ha dado charlas sobre derecho fiscal en una jornada organizada por el Banco Sabadell en Madrid como “abogado colaborador de Chávarri Abogados”. Chávarri, Royo, Clemente y sus patronos afines tenían ya plenos poderes para manejar a su antojo la fundación.

Tomaron el control de las cuentas. El abogado Clemente se impuso un salario como secretario de la fundación Molina de 3.000 euros al mes. En su contrato consta hasta una cláusula para los próximos diez años. Si es despedido, la fundación deberá indemnizarlo con 27.000 euros por cada año que falte. La fundación, además, contrata a más personas afines para llevar la gestión del día a día. Todas cercanas a Royo, Chávarri y Clemente. Y todas con un salario por encima de los 1.500 euros al mes.

La sangría de la fundación seguía su curso. También se acuerda la venta de las acciones que la fundación tiene en Bolsa “para afrontar pagos a corto plazo” por un valor de 128.000 euros. En esta misma reunión, los patronos aprueban que sea el bufete de Chávarri Abogados el encargado de pilotar la venta de los dos edificios de la fundación.

El día de la tasación y la venta de inmuebles

Cien días después, Chávarri Abogados entrega un informe a la fundación con la tasación de los dos bloques de viviendas y con una oferta millonaria de dos compradores. En esta cita, que tuvo lugar en octubre de 2019, entra en escena un miembro de la familia Molina. Carlos Herrero es patrono de la fundación y marido de Gema Molina, la sobrina del fundador. Herrero ha sido el único miembro que ha votado siempre en contra de todas las medidas llevadas a cabo por el resto de patronos. Según cuenta, resistió las embestidas y las presiones de toda la trama. “Estaba harto de ver un expolio en directo”, cuenta ahora.

En aquella reunión, y tal como consta en las actas, él mismo expuso al resto de patronos que vender los dos edificios iba en contra de los propios orígenes de la fundación. Pero el nuevo secretario, el abogado Manuel Fernández Clemente, levantó la voz y le contestó: “La fundación no es de nadie, ni del arzobispado, ni de su esposa ni de usted”. La tensión, según las actas, era máxima. Estuvieron a punto de llegar a las manos. El alegato de Herrero no sirvió para nada. La votación arrojó una mayoría contundente. “Sí a las ventas”.

Chávarri, abogado, patrono y encargado de los informes de la venta, anunció en este encuentro su marcha de la fundación. Dio por finalizado su trabajo. ¿Quién sustituyó a Chávarri en el patronato? Jesús Merino Merchán, que también trabaja en el despacho Chávarri Abogados y que también es el vicepresidente de la fundación del propio bufete, donde también trabajan Royo y Clemente.

Los patronos leyeron en voz alta el informe de Chávarri Abogados. Los letrados contrataron a dos empresas para tasar los dos edificios. Una dijo que valían 16.640.470 euros y la otra 16.828.967 euros. El informe de Chávarri incluía, además, una oferta de la empresa Building The Next Success SL. Esta sociedad ofrecía 13 millones de euros por los inmuebles. La mayoría del patronato accedió a vendérselos.

¿Quién está detrás de esa empresa? Según ha comprobado EL PAÍS, Building The Next Success está relacionada con otra sociedad en la que figura como consejero Raúl Chávarri Aricha, hermano de Antonio Chávarri, propietario del bufete de abogados que hizo el informe de la venta y, además, expatrono de la propia Fundación Molina Padilla. En el momento de la compra su capital social era de 3.000 euros.

Ante estos hechos, el único patrono que sigue el linaje familiar acudió al arzobispado de Madrid hace justo un año. El marido de Gema Molina, la mujer que abrió la puerta del bajo al zaragozano Royo hace ya cuatro años, solicitó una reunión urgente con el arzobispo Osoro en noviembre pasado. El arzobispo, según los testigos, se asombró por lo que estaba escuchando. Osoro pidió a su entorno más cercano que había que revertir esta venta eclesiástica como fuera. La promesa, sin embargo, no llegó a materializarse.

Mientras se desarrollaba la enajenación de los bienes de la Fundación Molina Padilla, que se conoce ahora, EL PAÍS destapó en 2019 dos ventas más de la Iglesia. Una, de 14 edificios en el centro de Madrid de la Fundación Fusara por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas. Y otra, de una parroquia y una residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en los alrededores del Bernabéu, por 37 millones de euros a la privada Universidad de Nebrija. Las dos por debajo del precio de mercado, según los expertos inmobiliarios consultados. Los tres personajes clave de la operación Molina-Padilla, Clemente, Chávarri y Royo, también han formado parte de las otras dos ventas donde, según fuentes de las operaciones, se han repartido comisiones millonarias.

El zaragozano Royo dimitió como presidente de las fundaciones tras las publicaciones de EL PAÍS. Ni Clemente ni Chávarri han querido atender a este periódico. Entre las tres fundaciones hay movimientos y préstamos bancarios de cientos de miles de euros, además de pagos mensuales al arzobispado y más personajes afines cobrando a la vez de las tres fundaciones. Anticorrupción y tres juzgados de Madrid están investigando ahora todas las operaciones.

El Vaticano, al enterarse de estas noticias, envió en junio a un abogado para asesorar al cardenal ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma ha encargado a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. “Es todo muy complicado”, explica el propio letrado por teléfono.

Los edificios de la Fundación Molina Padilla no serán vendidos por el momento. En la última reunión del pasado mes de mayo, el arzobispo ordenó revertir de nuevo la venta para, dos días después, anunciar su marcha de la fundación. El resto de los patronos continúan. Han ordenado un último golpe. Tras la marcha del arzobispo quieren cambiar los estatutos para renovar al 50% de los patronos en 100 días. 

Es decir, para echar al único miembro de la familia Molina que aún queda en la fundación. Mientras tanto, los niños de Málaga se han quedado sin becas por primera vez este año porque las cuentas están ahogadas. “Lo peor”, cuenta ahora Carlos Herrero, esposo de Gema Molina, “es que personas que deberían haberse dedicado a hacer el bien, se han querido enriquecer con engaños y mentiras”.           (Manuel Viejo, El País, 07/12/20)

"López Royo, de director de periódico a cerebro de los dos pelotazos urbanísticos de la Iglesia.

 Por amor a Dios. Los allegados de David López Royo dicen que todo lo que hace es por amor a la Iglesia. “Así es”, ratifica el propio López Royo a este periódico, “he dedicado toda mi vida a ayudar”. Este hombre dirigió 64 fundaciones de la Iglesia madrileña hasta hace tres semanas. Bajo su mandato se han producido dos operaciones urbanísticas en el Arzobispado de Madrid por un valor de, al menos, 106 millones de euros, la venta de 14 inmuebles a través de Fusara y la venta de una residencia de ancianos con una parroquia a la Universidad de Nebrija.

La versión oficial es que su dimisión estaba prevista desde principios de año: “Sí, pedí ser sustituido en enero para dedicarme a la empresa privada”, reconoce López Royo. Otras fuentes eclesiásticas de Madrid, sin embargo, apuntan a que fue empujado por el cardenal Carlos Osoro, que confió en él la Delegación Episcopal de las Fundaciones en marzo de 2016, una especie de ministerio dentro del arzobispado con 1.200 trabajadores a su cargo. “La sociedad nos exige transparencia”, declaró tras su nombramiento al semanario eclesiástico de ABC AlfayOmega. “No podemos gestionar como se hacía hace 10 años. Los tiempos nos marcan un ritmo vertiginoso”.

López Royo, de estatura baja y complexión delgada —“ponga que corro todos los días casi 10 kilómetros a un ritmo muy bueno”— tiene el don de la palabra. Y el don de poner al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el punto de mira desde hace un mes. ¿Quién es David López Royo?, ¿cómo ha llegado tan lejos en el mundo eclesiástico? ¿Qué necesidad tenía el arzobispado de hacer esas operaciones urbanísticas?

El ritmo de López Royo ha sido, efectivamente, vertiginoso. En menos de 12 meses, dos de las 64 fundaciones que tutela el arzobispado venden su patrimonio sin necesidad aparente. Primero fue la Fundación Fusara, que enajenó los 14 edificios que tenía en el centro de Madrid a 14 sociedades interpuestas por más de 70 millones, y ha dejado en el limbo a 200 inquilinos. Luego vino la Fundación de Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en los alrededores del Bernabéu, que ha vendido a la Universidad de Nebrija por 36 millones una parroquia y una residencia donde conviven 163 ancianos y 19 monjas. “¿Qué sentido tenía esta parroquia si hay tres más alrededor?”, se pregunta López Royo.

“Es un encantador de serpientes con las monjas”, cuenta una exempleada de una de las fundaciones. El 15 de noviembre de 2021 los mayores y las religiosas de la Fundación de San Celedonio tendrán que marcharse. ¿A dónde? “Con los 36 millones construiremos una Ciudad de la Misericordia que contará con una gran residencia adaptada al siglo XXI”, dice un portavoz del arzobispado.Pero ni hay proyecto ni el arzobispado dispone de un terreno.

López Royo nació en Zaragoza hace 62 años, está casado y tiene dos hijos. Desde joven estuvo muy vinculado a la Iglesia. Diplomado en Filosofía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, entró en Cáritas en los años noventa como director de Cooperación Internacional, donde llegó a coordinar la ayuda humanitaria del huracán Mitch. “Necesita viajar continuamente. Es un hombre pegado al teléfono”, cuenta una excolaboradora.

Meses más tarde dejó Caritas. Durante un tiempo fue responsable del área sociosanitaria del Grupo Eulen en la zona centro de la capital, hasta que entró en el mundo de las fundaciones eclesiásticas. Una de las primeras fue la Fundación Summa Humanite, una organización sin ánimo de lucro formada por laicos católicos. Dos años después, en 2012, dio el salto a los Hermanos San Juan de Dios, donde estuvo como coordinador de 72 centros durante seis años. “Y eso que David no aguanta más de cinco en un sitio”, cuenta una persona que estuvo en su círculo de confianza. “Yo si me voy de un sitio, me voy”, responde López Royo.

El 25 de abril de 2014 su vida dio un giro radical. Fue nombrado director del periódico El Correo de Andalucía. No había ejercido como periodista en su vida. Convenció al presidente del Grupo Morera & Vallejo —propietario del diario y de una correduría de seguros— para que hiciera unas pólizas a la Hermandad de San Juan De Dios, donde él estaba trabajando. “El presidente me llamó y me pidió que intentara trasladar al diario la doctrina social de la Iglesia”. López trabajaba de lunes a jueves en la oficina de la fundación en Madrid y, de jueves a domingo, en la redacción de Sevilla. “El periódico era insostenible”, sostiene.

“¡No tenía ni idea de Sevilla! Su gestión derivó en portadas vergonzosas”, cuenta un exredactor. El 9 de junio de 2014 abrió el diario con un titular de ocho líneas: “El Rey que sirve a todos los españoles y el Príncipe que ama a España son aclamados y vitoreados por la ciudadanía”. Fue objeto de mofa en las redes sociales. “Me acusaban de tener una ideología conservadora”, dice. Al frente de esta redacción de más de 50 periodistas estuvo unos ocho meses. El último día, según varios extrabajadores, salió del despacho para despedirse. “No sabéis escribir”, dijo. “Estáis escorados a la izquierda”. El diario sufrió un ERE año después con otro director. Ahora solo tiene versión digital.

— Yo sigo escribiendo. Mis artículos son muy leídos, dice él. 

Su fulgurante ascenso hacia la cúspide de la Iglesia llegaría meses después. López había conocido al arzobispo Carlos Osoro en Asturias y Galicia, cuando trabajaba para Cáritas. Desde entonces, mantuvieron contacto. En agosto de 2014, el Papa Francisco nombra a Osoro arzobispo de Madrid para emprender una renovación tras la era de Rouco Varela. En marzo de 2016 la Iglesia madrileña se apoyaba por primera vez en dos pilares laicos. Uno de ellos era López Royo, como Delegado de Fundaciones, y Julio Lage, como interventor, al que varios curas madrileños llaman “el Dios del dinero”. “López es una buena persona”, dice Lage. Los dos, según manifiestan, trabajan de manera altruista para la Iglesia.

López Royo afirma que solo cobra de Chávarri por el Bien Común, una fundación creada hace dos años por el despacho Chávarri Abogados, en cuyo Comité de Dirección figuran ambos. Pero este bufete es el que ha mediado en las recientes ventas de inmuebles del arzobispado, un hecho donde parece existir un conflicto de intereses, aunque ninguno de los intervinientes en la compraventa ha querido aclarar a este periódico si recibieron comisiones o entienden que hay un conflicto. “No, no me he llevado nada”, explica Royo, “para mí no es chocante estar en la Iglesia y estar en un bufete que ha mediado por estas ventas”.                     (Manuel Viejo, El País, 04/12/19)

Así ha maniobrado el PP para salvar a Botella con la venta de vivienda a fondos buitre

"El PP ha hecho un nuevo esfuerzo este viernes por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio. 

El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP -una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella-, y hoy el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida ha hecho el último esfuerzo por blindarla a la exalcaldesa.

Con los votos de los consejeros de Ciudadanos, el PP logró el viernes que el Consejo de Administración de la Empresa Municipial de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las 14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz. En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su partido.

La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.

De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".

Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que habrían permitido rebajar este coste.

Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

La batalla legal de la oposición y la supuesta interrupción de los plazos

El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba el martes con querellarse contra Almeida -sin dar más detalles-, y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.

El jueves, González se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que le legitime para ejercer la acción sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no lo hará], para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Desde el entorno de la concejala aseguran que esto ha servido para paralizar los plazos para presentar recurso, y precisan que, de no acceder el Tribunal de Cuentas a legitimarles, presentarán recurso de queja ante el Supremo.

Además, el miércoles se conoció que se cerraba otra opción de recurrir, cuando la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso."                      (Alejandro López de Miguel, Público, 28/09/19)