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25.6.19

La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

"Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del "rey de la noche" de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero "comando informativo" y a cuyos componentes elegían por libre designación. 

Así obtenían "información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia", según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial. 

Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa "policía local secreta" tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, "más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían" –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

 Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

"En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G. [Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno".

Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes

"Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau".

Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es "una persona xenófoba", tal como ha podido comprobar este diario:
No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo

"Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias".

"Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros".

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:

"Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal".
"Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP".

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los "descuideros" rumanos está en esta otra declaración judicial:

"Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante "vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance", que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES
[Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover."

Prostitutas que eran "novias de rumanos carteristas"

"Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas"... "Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar" ... "Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas".

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus "novios". En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: "Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron". Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

"En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la "organización criminal", para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS".

"Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria".

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives

La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

"Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados".

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito's–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

"En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado".

"Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas".

"A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso".

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo."                     (Carlos Enrique Bayo, eldiario.es, 23/06/19)

25.3.09

La fiscalía implica a 10 guardias civiles en la red mafiosa de Cataluña

"El robo de unos 400 kilos de cocaína que estaban ocultos en el interior de un contenedor del puerto de Barcelona en enero de 2005, ha dejado al descubierto una organización criminal en la que no sólo están integrados delincuentes habituales, sino también un teniente coronel y 10 agentes de la Guardia Civil, dos ex inspectores de Policía, dos abogados y un periodista. La trama ha sido puesta al descubierto gracias a las investigaciones de la de la Guardia Civil de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción.

La DEA (agencia norteamericana antinarcóticos), alertó a finales de 2004 de la presencia de un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína, guardado en un contenedor depositado en el puerto de Barcelona por el buque La Hispanota.

Para estupor de los que seguían el rastro de ese cargamento, un grupo asaltante guiado a distancia por el guardia civil Antonio S., alias Tete -según fuentes de la investigación- reventó el contenedor en el puerto barcelonés y se apoderó de parte de la droga, que venía camuflada entre gambas congeladas. La Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil se volcó en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Según fuentes de la investigación, aquel robo fue el más audaz de los que atribuyen a esa banda delictiva. Ésta se había formado a mediados de los años 90, liderada supuestamente por Javier S., quien logró aglutinar a amigos, compañeros del hampa y ex presidiarios, en torno al narcotráfico y el comercio de coches robados. A partir de 1999, se unió a la trama un grupo de guardias civiles y policías, unos como dirigentes y otros como "soldados".

Esta simbiosis entre narcotraficantes y agentes de la ley se basó inicialmente en "la vidriosa relación" entre éstos y sus confidentes. Pero con el tiempo, los uniformados rompieron esa barrera y pasaron a orientar el trabajo de los delincuentes.

La cooperación entre hampones y guardias civiles resultaba especialmente valiosa para la organización, porque éstos poseían información sobre controles de carretera, pinchazos telefónicos o investigaciones. Y además, sabían dónde había alijos de droga sometidos a vigilancia dentro de operaciones de "entrega controlada" con el fin de capturar a los narcos.

A lo largo de los años se fue así estableciendo "una fructífera empresa criminal", que robaba coches y droga. Fructífera también para policías y guardias civiles. Además, la organización contaba con un equipo de abogados, entre ellos Juan G. e Ignacio R., presuntamente conocedores de las actividades ilícitas de la banda, que eran los que tenían la misión de dar asesoramiento y apoyo legal a los hampones en caso de ser detenidos o tener algún contratiempo con la justicia. Y no sólo eso: los letrados deberían controlar que no hubiera delaciones, sobre todo de los policías o de los guardias civiles.

La heterogénea red mafiosa participaba con cierta frecuencia en comilonas, banquetes y fiestas nocturnas con prostitutas, alcohol y cocaína con cargo a las cuantiosas ganancias obtenidas con su actividad delincuencial." (El País, ed. Galicia, España, 22/02/2009, p. 22)

19.2.09

Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP

"Una larga investigación del juez Baltasar Garzón, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales) culminó ayer con la desarticulación de una extensa trama corrupta que lograba contratos en administraciones públicas gobernadas por el PP, partido al que luego prestaba distintos servicios en sus campañas electorales. (...)

Al margen de los cinco detenidos, el juez Garzón tiene en el punto de mira a más de 30 personas, en calidad de imputados y que, en su mayoría, son empresarios conexos. Anticorrupción atribuye a la trama corrupta los delitos de cohecho (soborno a funcionarios), tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita (actuaban como banda organizada). (...)

Esta trama tiene un doble vínculo con el PP. Por un lado, recibía decenas de adjudicaciones en condiciones sospechosas de administraciones bajo gobierno de dicho partido. Por otro lado, le prestaba servicios electorales al partido sin dar cuenta de los gastos al Tribunal de Cuentas, que en varias ocasiones puso serios reparos a la contabilidad de la formación por esta anomalía.

La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política. Por ejemplo, empresas vinculadas a la trama de Correa aparecen como proveedoras del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana y en las de 2004 al Parlamento andaluz.

Curiosamente, los informes de los distintos tribunales de cuentas autonómicos alertan de que no se ha podido precisar qué tipo de servicios les prestó, lo que constituye una irregularidad electoral. (...)

El Tribunal de Cuentas exige facturas a cada proveedor electoral de los partidos para garantizar que el servicio prestado en campaña cuesta lo que vale y no hay rebaja ni regalo. Es decir, que no hay financiación encubierta al partido a través de un proveedor que regala el servicio electoral (catering, publicidad, organización de acto electoral) o no lo cobra a precio de mercado.

Aquí, el opaco proveedor electoral es habitual contratista de gobiernos municipales o autonómicos del PP. El reguero de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años se extiende por toda España: Galicia, Comunidad Valenciana, ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Boadilla, y un largo etcétera, e incluso la Federación Española de Municipios bajo presidencia del PP hasta 2003.

Una singularidad más. Una de sus empresas más conocidas y polémicas, Special Events, tiene su accionariado en un paraíso fiscal a través de la firma Windrate." (El País, ed. Galicia, España, 07/02/2009, p. 10)

"Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".

Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan." (El País, ed. Galicia, España, 07/02/2009, p. 11)

"Sobre el tesorero del PP: "Le he llevado 1.000 millones a Génova"

Correa: "A [Luis] Bárcenas [tesorero del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". A renglón seguido, amaga con conocer el patrimonio secreto en un paraíso fiscal de un ex ministro de Aznar vinculado a las obras públicas. Sus interlocutores se admiran de sus datos: "Por eso te tienen miedo. Los tienes pillados". Pero Correa les tranquiliza. "Pero yo nunca cantaré". (El País, Ed. Galicia, España, 09/02/2009, p. 11)

16.1.09

Una 'narco' acusa de extorsión a un jefe policial

""Me estaba metiendo miedo". Francisca Cortés, La Paca, condenada por narcotráfico y blanqueo de capitales y que está siendo juzgada en Palma de Mallorca en un macrojuicio donde se enfrenta a 30 años de cárcel, aseguró ayer al tribunal que el ex inspector de Atracos de la policía, José Gómez, conocido como Pepote el Guapo, le exigió 1,2 millones de euros de los que le pagó 600.000, para evitar que toda su familia y ella ingresaran en la cárcel. "Me decía: 'te van a meter 20 años".

La versión de La Paca tiene apoyo en un vídeo: ella y su hija La Guapi grabaron en secreto al policía Pepote el Guapo. En esa cinta se ve supuestamente cómo el agente promete a la presunta narcotraficante y a su hija que, si le da el dinero que solicitaba, compraría con él a los testigos citados en el juicio y evitaría así que declararan contra La Paca.

En la presunta extorsión está implicada también la abogada María Ángeles López Calderón, compañera sentimental del policía." (El País, ed. Galicia, España, 15/01/2009, p. 15)