La corrupción política como instrumento del capital... afecta al Parlamento europeo, a la Confederación de Sindicatos Mundiales, al Partido Democrático italiano, a los partidos republicano y demócrata estadounidense, al presidente francés Macron... el mecanismo de las puertas giratorias es un mecanismo de corrupción mucho más sofisticado que los sobornos, y está vigente en Estados Unidos y en otros países desde hace mucho tiempo... Ejemplos destacados en Italia de este mecanismo fueron Monti y Draghi, que pasaron de puestos bien remunerados en grandes empresas y bancos, como Goldman Sachs (Draghi), Fiat y Banca Commerciale Italiana (Monti), a cargos institucionales supranacionales tanto europeos como nacionales, hasta llegar a ser Primer Ministro

 "Recientemente, el tema de la corrupción política ha cobrado gran visibilidad debido a las investigaciones de la justicia belga sobre antiguos y actuales eurodiputados, acusados de recibir dinero de Qatar y Marruecos. Al parecer, la corrupción, elevada a sistema organizado, gira en torno a una ONG, Lucha contra la Impunidad, en cuyo Consejo de Administración figuran conocidos políticos como Emma Bonino y Federica Mogherini[1] y cuyo presidente es Pier Antonio Panzeri, antiguo eurodiputado de la cuota del Partido Democrático, que fue detenido[2]. Panzeri fue miembro de la dirección del Partido Democrático y antes secretario general de la Cámara de Trabajo de Milán. Además de Panzeri, también estuvieron implicados el secretario de la Confederación de Sindicatos Mundiales y antiguo sindicalista de la Uil, Luca Visentini, y otros eurodiputados del Grupo Parlamentario Europeo de Socialistas y Demócratas (S&D), incluida la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que fue detenida y suspendida de sus cargos.

La investigación ha caído como un azulejo sobre las cabezas de los socialistas europeos y sobre la del Partido Democrático, ya en dificultades por su derrota en las recientes elecciones generales y lidiando con la preparación de un congreso y unas primarias que se prevén complicadas. Sin embargo, no puede decirse que, según los acontecimientos actuales, la corrupción sólo afecte a Europa y al Parlamento Europeo. Recientemente, Ftx, una plataforma estadounidense de criptomonedas, quebró y fue acusada de fraude, hasta el punto de que su fundador, Sam Bankman Fried, fue detenido en las Bahamas por orden de las autoridades estadounidenses y se enfrenta a una pena de 115 años de cárcel.

La quiebra y el fraude también arrojaron luz sobre el sistema de financiación política orquestado por Ftx. Nada menos que 73 millones de dólares fueron donados por Ftx tanto a republicanos como a demócratas, de manera bipartidista, para asegurarse de ejercer influencia sobre el sistema político en su conjunto.[3] En EE.UU., dar dinero a los partidos, así como hacer lobby, es legal y está establecido como sistema. Sin embargo, las donaciones de Ftx producen una vergüenza considerable en la política estadounidense, que debería haber estado más atenta a las actividades del mercado de criptodivisas, que está demasiado poco regulado.

Otra reciente denuncia de presunta corrupción afecta a Francia y al presidente Macron. La comisión de investigación del Senado francés reveló que el gasto público en contratos de consultoría se duplicó con creces entre 2018 y 2021, durante el primer mandato de Macron, superando los 1.000 millones de euros. En el informe se mencionan varios asesores, entre ellos Capgemini, Eurogroup, Boston Consulting Group y, sobre todo, la estadounidense McKinsey. Precisamente esta última y su relación con Macron están en el centro de una investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera tras la publicación del informe del Senado. La investigación de la fiscalía se ha ampliado también a la presunta financiación ilegal en las presidenciales de 2017 y 2022. Se especula que McKinsey podría haber ofrecido sus servicios durante la campaña electoral a cambio de puestos en varios ministerios y en el partido del presidente, así como una vía rápida para obtener contratos para trabajos de consultoría.[4]

La cuestión de la corrupción política ha desempeñado un papel central en el debate público de las últimas décadas en Italia, desde la «cuestión moral» planteada por el secretario del PCI, Enrico Berlinguer, a principios de la década de 1980 y el juicio de «Mani pulite» a principios de la década de 1990. Baste decir que los escándalos suscitados por los magistrados de «Mani pulite» sacudieron el sistema de partidos de la época, provocando la disolución de dos de los principales partidos, el PSI y la DC. Posteriormente, la cuestión moral jugó un papel importante en el crecimiento primero de Italia dei valori, el partido de Antonio di Pietro, y después del Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo, que hizo de la lucha contra la corrupción y los «costes» de la política un auténtico caballo de batalla, construyendo sobre esta cuestión su victoria electoral en 2018.

Llegados a este punto, una vez comprobada la prevalencia de la corrupción política, cabe preguntarse qué representa la corrupción política en la sociedad actual. La corrupción no es un hecho episódico y aleatorio de la vida política y social, ni representa una anomalía, una excrecencia en un cuerpo por lo demás sano. Por el contrario, la corrupción es un elemento estructural del sistema político actual. La corrupción está, para decirlo con más precisión, inervada en la estructura social dominante, basada en la acumulación capitalista y dominada por el mercado y el dinero. Más concretamente, está vinculada a la existencia de poderes fuertes, es decir, el gran capital, que la utiliza para dominar la sociedad a través de su control del aparato estatal. Junto a la corrupción en sentido estricto existe la corrupción entendida en un sentido más amplio como el servilismo de los representantes elegidos por el pueblo a una minoría de capitalistas ricos. De este modo, la corrupción se convierte en el principal instrumento de control social precisamente en la forma de gobierno supuestamente más «popular», la de la república democrática.

El primero en establecer este vínculo entre democracia moderna y corrupción fue Federico Engels, que escribió lo siguiente en 1884:

«En ella [la república democrática], la riqueza ejerce su poder de manera indirecta, pero tanto más segura. Por una parte, en forma de soborno directo de los funcionarios, de lo cual América es el modelo clásico, y por otra parte, en forma de alianza entre el gobierno y la bolsa, alianza que se cumple tanto más fácilmente cuanto más aumenta la deuda pública y cuanto más las sociedades anónimas concentran en sus manos, no sólo el transporte, sino también la producción misma y encuentran su centro en la bolsa. Más allá de América, un ejemplo evidente de esto es la actual república francesa, e incluso la honesta Suiza ha hecho una buena contribución en este campo.[5]

La corrupción y la combinación de grandes empresas y gobierno son las herramientas de la dominación de la burguesía sobre la clase obrera, que se materializa en la democracia burguesa actual. Un siglo y medio después de las palabras de Engels, la realidad nos enfrenta a los mismos problemas. Por el contrario, hoy en día, las multinacionales, que a menudo tienen un volumen de negocios superior al PIB de muchos Estados, ejercen una influencia aún mayor sobre los gobiernos y los parlamentos.

La corrupción «explícita», la de los carritos llenos de billetes, como el que tenía el padre de Eva Kaili cuando le detuvieron, es sólo un aspecto de esta corrupción, y ni siquiera el más importante. La corrupción que tuvo lugar en el Parlamento Europeo probablemente salió a la luz a raíz de un chivatazo de los servicios secretos de algún país competidor de Qatar y Marruecos. Y ha tenido una gran repercusión porque están implicados dos países ajenos a la UE, hasta el punto de que un político del Partido Democrático, Luigi Zanda, habló de alta traición en referencia a los diputados implicados. No está claro, sin embargo, por qué la corrupción por parte de Marruecos y Qatar debería ser más grave que la corrupción que destapan explícitamente grandes empresas o bancos o gobiernos occidentales. En ambos casos, es la voluntad del pueblo la que sufre.

Sobre todo, no está claro por qué debería tolerarse el mecanismo de las puertas giratorias, dado que se trata de un mecanismo de corrupción mucho más sofisticado que los sobornos. Por puertas giratorias se entiende el mecanismo que permite a diversas personalidades europeas y estadounidenses pasar del sector privado, donde ocupan altos cargos, al sector público, donde ocupan puestos importantes, y viceversa. El mecanismo de las puertas giratorias no es reciente y está vigente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que ha sido analizado por el sociólogo estadounidense Wright Mills[6] ya inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos destacados en Italia de este mecanismo fueron Monti y Draghi, que pasaron de puestos bien remunerados en grandes empresas y bancos, como Goldman Sachs (Draghi), Fiat y Banca Commerciale Italiana (Monti), a cargos institucionales supranacionales tanto europeos como nacionales, hasta llegar a ser Primer Ministro.

El ejercicio de la influencia del gran capital sobre la política y las instituciones públicas pasa también por think tanks como la Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Instituto Aspen y muchos otros.[7] En estos grupos se reúnen exponentes de la gran industria y de la gran banca con miembros de los grandes medios de comunicación y, sobre todo, con políticos nacionales y europeos, que discuten temas de importancia estratégica, como China, la desglobalización, el conflicto ruso-ucraniano, la competencia tecnológica entre potencias, etc. De este modo, se realiza la integración entre las esferas de la economía y la política. Esta integración no aparece como una corrupción directa, pero de hecho «corrompe» el papel democrático y popular de las instituciones de gobierno nacionales y supranacionales como la UE, como debería ser por el mandato recibido de los votantes.

Así pues, el análisis de Engels sobre el papel del Estado sigue siendo pertinente y se confirma:

«El Estado, puesto que nació de la necesidad de frenar los antagonismos de clase, pero al mismo tiempo nació en medio del conflicto de estas clases, es, por regla general, el Estado de la clase más poderosa, económicamente dominante, que a través de él se convierte también en políticamente dominante y adquiere así un nuevo instrumento para mantener sometida y explotar a la clase oprimida. […] Excepcionalmente, sin embargo, hay períodos en que las clases en lucha tienen casi la misma fuerza, de modo que el poder estatal, como aparente mediador, adquiere momentáneamente cierta autonomía frente a ambas.»[8]

La diferencia entre nuestra época y la de Engels radica en tres aspectos. El primero es que la subordinación de la esfera política a la económica se produce no sólo a nivel nacional, sino también a nivel supranacional, al menos en lo que respecta al llamado Occidente liderado por Estados Unidos. De hecho, los think tanks que hemos mencionado anteriormente, así como la OTAN, la UE y el G7[9] actúan como coordinadores de varios Estados-nación occidentales y de forma cada vez más funcional al gran capital y en oposición a China, Rusia y otros Estados de los llamados países emergentes. El segundo aspecto es que la concentración de la producción y el tamaño de las empresas han crecido, aumentando así su control sobre la política. El tercer aspecto es, como ya se ha mencionado, que las empresas son multinacionales y transnacionales y pueden deslocalizar la producción y sus actividades en diferentes países, chantajeando a los gobiernos nacionales: subvenciones y participación pública en las inversiones a cambio de la localización de los centros de producción, de lo contrario se trasladan. Otro ejemplo es la localización de sedes legales y fiscales en países distintos a los de origen o producción, porque allí los impuestos sobre los beneficios son más bajos. Por esta razón, muchas grandes empresas italianas tienen su sede legal y/o fiscal en los Países Bajos, como Exor, el holding de la familia Agnelli, o en Luxemburgo, como Ferrero. De este modo, los Estados nacionales donde se encuentran los centros de producción pierden los ingresos fiscales de aquellas empresas a las que subvencionan de forma más o menos directa.

La lucha contra la corrupción, aparte del bochorno que ha surgido recientemente en relación con Lucha contra la Impunidad, parece ser una batalla perdida, dado el contexto que hemos descrito. En China es diferente. Aquí, el sistema económico se basa en dos sectores, uno público y otro privado. En comparación con el sistema económico occidental, aparte del mayor peso del sector público, parece haber una diferencia sustancial. En EEUU y la UE existe un sistema capitalista puro, y son los gobiernos los que están subordinados al gran capital multinacional. No puede ser de otra manera precisamente por factores estructurales. Prueba de ello es el hecho de que cualquiera que sea el partido que llega al poder se ve obligado por las restricciones económicas del mercado y de organismos supranacionales como la UE a hacer las mismas políticas favorables a las empresas.

En China, la situación es diferente: son las grandes empresas privadas las que están subordinadas al poder político. Esto no quiere decir que no exista la posibilidad de que se produzcan casos de corrupción. El hecho es que, a diferencia de Occidente, el Partido Comunista en China es consciente del peligro que supone la influencia y el poder acumulados por empresarios que se han hecho multimillonarios en pocos años. Además de desarrollar una intensa lucha contra la corrupción interna en el Partido Comunista, el Gobierno chino ha puesto serias trabas a las grandes empresas y a los capitalistas. Un ejemplo es el que ofrece Alibaba, el gigante chino del comercio electrónico. El gobierno, para evitar derivas especulativas y una mayor concentración de poder, obligó a separar las actividades de comercio electrónico de las financieras, que representaban el núcleo de todos los beneficios de las grandes tecnológicas. Además, Jack Ma, fundador de Alibaba y multimillonario, se vio obligado a entregar las riendas de su criatura.[10]

La corrupción está ligada a la división en clases de la sociedad, por lo que sólo el fin de las clases, en la fase final del socialismo, puede provocar el fin de los cimientos sobre los que crece. En las fases iniciales del socialismo, en cambio, las clases sociales permanecen, y con ellas el humus generador de la corrupción. El punto clave, sin embargo, es que incluso en estas etapas iniciales, como en el «socialismo con características chinas», el poder político tiene autonomía real frente al capital y es capaz de ejercer su dominio sobre la dinámica económica. La lucha de clases continúa incluso en las etapas iniciales del socialismo, y el resultado no parece ser una conclusión inevitable ni en un sentido, es decir, la continuación y el desarrollo del socialismo, ni en el otro, es decir, la restauración del capitalismo, especialmente en un contexto mundial dominado por el modo de producción capitalista que ejerce una presión continua sobre los países que han emprendido el camino hacia el socialismo. Lo que está claro por el momento es que el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista están decididos a ejercer un control más estricto sobre la dinámica de la economía y la sociedad chinas. De hecho, en los últimos años se ha producido un crecimiento tan impresionante tanto de la producción como de la clase capitalista que el modelo de «socialismo con características chinas» corre el riesgo de desvirtuarse. El énfasis del gobierno chino en la lucha contra la corrupción y el uso del instrumento de los planes quinquenales son prueba de ello."                    ( Domenico Moro , El viejo Topo, 25/02/23)

El ‘Qatargate’ sacude a la casta de vividores de Bruselas... Continúa la redada policial contra los altos cargos de la Unión Europea por los supuestos sobornos en la organización del Mundial... La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue

 "Avanza la redada policial contra altos cargos de la Unión Europea acusados de cobrar comisiones a cambio de hablar bien del Mundial de Catar. De momento ha sido detenida la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, pero por Bruselas corre el intenso rumor de que en los próximos días pueden caer más burócratas enfangados en el mayor caso de corrupción de la historia de la UE. 

A más de uno no le llega la camisa al cuello y hay quien ya se está curando en salud en las redes sociales ante lo que pueda estar por venir. Así, el eurodiputado José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares, expolítico del PP y hoy eurodiputado por Ciudadanos (encuadrado en el grupo parlamentario Renovar Europa), ha tenido que salir al paso en Twitter tras haber sido señalado como uno de los que en su día hicieron buena propaganda de un emirato infecto que no respeta los derechos humanos. “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Catar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha escrito el expresident balear en la red del pajarito azul.

Bauzá es uno de los eurodiputados que se han situado en el ojo del huracán como presidente del Grupo de Amistad UE-Catar, un organismo que por lo visto tenía la función de estrechar lazos fraternales y favorecer las relaciones bilaterales y el clima de colaboración y entendimiento entre el emirato y la Unión Europea. Nada más estallar el escándalo, Bauzá se apresuró a clausurar el equipo de trabajo con otro elocuente mensaje: “Ante los gravísimos acontecimientos de los últimos días y hasta que lleguemos al fondo del asunto, anuncio la suspensión del Grupo de Amistad UE-Qatar”, escribió. Contundente y elocuente.

Mientras un gélido viento invernal recorre los pasillos del Parlamento Europeo, helando la sangre a más de un político bon vivant que hasta hoy medraba confortablemente en el balnerario de la acogedora Bruselas, la Interpol continúa con sus investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.

 El Qatargate va camino de superar a la mejor novela nórdica, uno de esos relatos negros de Henning Mankell o Stieg Larsson donde las clases pudientes y civilizadas de la Europa rica del norte pierden los papeles, se dejan llevar por la neurosis de la codicia, la ambición y el vicio y se ven arrastradas a una espiral de corrupción y crímenes. Lo de Eva Kaili se veía venir desde aquel día en que la señora (da el perfil exacto de femme fatale) se subió al estrado para soltar que Catar estaba “a la vanguardia en lo que a derechos de los trabajadores de refiere”. 

En ese momento ya se sabía, por los informes de Amnistía Internacional, que más de 6.000 obreros reducidos a la categoría de nuevos esclavos habían perdido la vida en los múltiples accidentes laborales registrados durante la construcción de los estadios del fútbol para el Mundial de la infamia. ¿A nadie en el hemiciclo se le ocurrió que la eurodiputada podía estar untada por los jeques? ¿A nadie le sonó raro que se comportara en público como un peón más del poderoso lobby catarí? Pues por lo visto no. 

Sus señorías hicieron la vista gorda, todos siguieron con sus tediosas y aburridas comisiones sobre cuotas lácteas, agrícolas y pesqueras que tan lejos le quedan al ciudadano medio desafecto desde hace décadas con el proyecto de construcción europea. Nadie removió nada. Nadie reclamó papeles para saber de qué demonios iba todo ese chiringuito o tinglado que algunos se tenían montado con los amos de los petrodólares. Nadie pidió la apertura de una investigación en profundidad para llegar hasta el fondo del pasteleo con la familia Al Thani. 

Algo falló en la que se supone debería ser la institución democrática más avanzada, rigurosa y seria del mundo. Que eso pase en el Congreso de los Diputados, que es la Casa de Tócame Roque, o en la Asamblea de Madrid, donde cada asunto de comisionistas se cierra pertinentemente, vale, pero que ocurra en la sede que encarna el modelo ideal de Estado de derecho es como para hacerle perder la fe al más optimista y creyente de los demócratas.

A veces nos preguntamos por qué la UE es tan odiaba por los propios europeos. No llegamos a entender cómo un invento creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial que ha traído décadas de paz y prosperidad al viejo continente puede ser tan aborrecido entre buena parte de la ciudadanía con independencia de la nacionalidad, edad y clase social. El euroescepticismo se ha extendido de forma alarmante por todos los rincones de la geografía, entre los jóvenes y los ancianos, entre el proletariado y las clases medias y altas, desde Alemania y Francia (padres fundadores de aquella utópica Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951) hasta Rumanía y Croacia, últimos socios en adherirse al selecto el club de los 27. Pocos recuerdan ya aquel célebre discurso que Winston Churchill dio en la Universidad de Zúrich allá por 1946, cuando llamó a los países desangrados tras la contienda mundial a integrarse en un proyecto común de construcción de unos estados europeos.

Bruselas queda demasiado lejos, sobre todo para esa familia marroquí del gueto de Marsella que estos días se emociona más con los triunfos de su selección de fútbol que con la última directiva europea contra el racismo. La Europa del euro, de la banca, de los recortes y la austeridad, de las grandes corporaciones, de las familias nobiliarias y de la corrupción a calzón quitado hace tiempo que deja indiferente a la mayoría de los ciudadanos desencantados con la inflación, con los bajos salarios, con la especulación de las élites y con las políticas ultraliberales, tal como demuestran los elevados datos de abstencionismo electoral y el auge de la extrema derecha en todas partes. 

La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue."                      (José Antequera, Diario16, 14/12/22)

Cinco de los ocho partidos suecos aceptaron una contribución a las arcas del partido, claramente por encima del límite que permite la ley para las donaciones anónimas... de varias maneras, incluyendo trocear la dádiva y distribuirla entre varios candidatos del partido... lo que muestra la poca ética financiera de los principales partidos de Suecia

 "Me escribe un amigo nórdico: ¡Qué escándalo! Con la crisis económica, el país entrando en la OTAN, y China y Rusia haciendo maniobras militares al otro lado de la frontera.

Respondo: No sé, no creo que sea para tanto. Sanna Marin (primera ministra finlandesa, protagonista de un vídeo donde aparece en una fiesta bailando con amigos) tiene derecho a divertirse en su tiempo libre. De entrada, no me parece mal, pero leeré y pensaré un poco más. Seguramente, me estoy perdiendo algún ángulo.

Mi amigo replica: ¡No, no me refiero a Finlandia, sino a Suecia!

Y es que en Suecia ha habido un escándalo que sí es importante. Un programa de investigación del canal Tv4 contactó con los ocho partidos políticos suecos con representación en el Parlamento, a pocas semanas de las elecciones. Los periodistas se hicieron pasar por donantes que querían hacer una contribución a las arcas del partido. La cuantía de la donación, unos 50.000 euros, estaba claramente por encima del límite que permite la ley para las donaciones anónimas, pero cinco de los ocho partidos aceptaron la oferta de una manera u otra, incluyendo trocear la dádiva y distribuirla entre varios candidatos del partido. Los tres partidos que rechazaron el dinero fueron Los Verdes, La Izquierda y el Partido del Centro. Quizás es casualidad, pero los tres son acentuadamente ideológicos, y dirigidos por fervientes creyentes en el ecologismo, la izquierda alternativa, y el neoliberalismo, respectivamente. El grupo de los cinco “pecadores” incluye a los más pragmáticos (tanto a los gobernantes socialdemócratas como a los conservadores que lideran la oposición) junto a, y eso no es noticia, la extrema derecha, que suele ser protagonista de casos de corrupción en Europa.

A pesar de la relevancia política de este escándalo, que muestra la poca ética financiera de los principales partidos de un país, y de la irrelevancia del de Sanna Marin, que muestra una fiesta privada sin implicaciones públicas, ha sido este el que ha tenido un enorme impacto internacional. Cuando deberíamos estar discutiendo los agujeros obvios de una legislación de financiación de los partidos políticos (promovida por las instituciones europeas), nos escandalizamos por unos bailoteos de una política. E incluso los escépticos buscamos “algún ángulo” para criticarlo. Si no fuera joven y mujer, ¿lo haríamos? Nostra culpa."                     (Víctor Lapuente, El País, 23/08/22)

La trama catalana detrás de la dimisión por presunta malversación del director de Emergencias del Gobierno Vasco, Fernando Izaguirre (toda una vida en el PNV)... que también trabajó con Iñigo Lasuen, un exalcalde del PNV en Otxandio, que montó un chiringuito de sociedades privadas y ha venido compartiendo intereses empresariales con los exburukides Asier Atutxa y Eusebio Larrazabal

"Fernando Izaguirre, director de la DYA entre 2016 y 2021, ha dimitido de su cargo de director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco tras una denuncia sobre irregularidades y malversación durante su etapa en la presidencia de la DYA, Asociación de Ayuda en Carretera de Bizkaia.

Hasta 10 personas estarían implicadas en la trama destapada por la actual dirección de la DYA, cuya junta directiva encargó una auditoria interna que ha tocado un duro hueso. La Fiscalía atribuye su presunta responsabilidad en un caso de malversación durante su anterior cargo como presidente de la ONG de ayuda en carretera DYA. La dimisión se formalizó este pasado martes tras una conversación entre el propio Izaguirre y el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

“Mal empieza su presidencia en la DYA el señor Izaguirre cuando lo hace faltando a la verdad, pues señala en una entrevista que él fue quien fundó la DYA de Galdakao, allá por 1986”. Así se expresaba Carlos Lareo, uno de los fundadores de la DYA de Galdakao, en una carta de opinión publicada en Deia en diciembre de 2016. Ocurrió un día después del día de los Santos Inocentes. A este respecto, los actuales responsables de la DYA han apuntado en varias ocasiones a “operaciones anómalas” en torno a una red de empresas creadas por Fernando Izaguirre con la ayuda de Juan Diego Gallardo, expresidente de la delegación de la DYA en Catalunya y antiguo responsable de una empresa relacionada con una red de espionaje político en Catalunya destapada en 2013.

Según la denuncia de la Fiscalía, además, muchas de las operaciones en Catalunya fueron realizadas en beneficio personal de Fernando Izaguirre. Entre las anomalías detectadas por la jefatura superior se encuentran documentos de transacciones comerciales que no se corresponden con la realidad.

Por su lado, Juan Diego Gallardo, señalado como uno de los responsables de las supuestas irregularidades en la DYA, constituyó a finales de 2013 en el Principado de Andorra una sociedad patrimonial llamada Medacorba Comercio Internacional. Este nombre entró en las quinielas de Artur Mas a la hora de elegir Consejero de Interior en 2010.
Contraespionaje en Catalunya

Además se vio involucrado en una trama de espionaje destapada en 2013. La agencia Método 3 y una empresa en la que figuraba como administrador el propio Gallardo, Intelligence Strategic Ten Group, fueron investigadas por su relación con una red de espionaje político y empresarial. Este habría contado con seguimientos, escuchas, informes patrimoniales, entramado de relaciones de amistades y personales y cuestiones de índole íntima.

Como acreditan las facturas halladas por los investigadores del caso, Intelligence Strategic Ten Group contrató en 2011 a Método 3 para espiar a la entonces vicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega, al Conseller Felip Puig, a Josep Maria Matas, excoordinador general de la Diputación de Barcelona y exsecretario general de la ACM, y a Xavier Solà, exnúmero dos del departamento de Cultura y exjefe servicios jurídicos de la ACM.

Asimismo, uno de los socios de Intelligence Strategic Ten Group, Juan Luis Martín Juárez, fue presidente de Interligare SL, una empresa que ya en 2012 había sido relacionada con otra trama de espionaje cuyo recorrido judicial terminó archivado en 2016.

 
Eulen, en el foco de la malversación

Juan Diego Gallardo y Fernando Izaguirre fueron los fundadores de Emergencia Plus Agrupación de Interés Económico, ahora en el foco de la investigación por malversación en la DYA. Como publicó David S. Olabarri, periodista de El Correo que hizo estallar el caso, ambos también han sido miembros de los consejos de administración de Global Formación Plus, Ambulancias Barcelona y Filia Advisors Group.

Además, fueron administradores de Intelligence Dossier Partners y Security & Safety Sistems Can Padró, dos empresas cuyo objeto social estaba dirigido a los servicios de información y productos de seguridad. Según el topo Mikel Lejarza, el exagente del CESID Fernando San Agustín habría tenido una parte del campo de entrenamiento de Can Padró cuando era propiedad de Eulen, empresa de seguridad vinculada a la carrera del exministro Jaime Mayor Oreja.

Eulen había montado el centro Can Padró para cursos de detección de explosivos, pero firmó un convenio de colaboración con la Asociación de Ayuda en Carretera de Bizkaia en 2010 para dirigirlo a la formación de emergencias. En opinión de los actuales responsables de la DYA, Can Padró resulta determinante en la investigación por el desfalco de Fernando Izaguirre en la entidad. (...)

Toda una vida en el PNV

Los denominados “negocios extraños” de Fernando Izaguirre y Juan Diego Gallardo ya fueron objeto de una denuncia dirigida contra el primero que terminó siendo archivada en 2015 por la entonces Fiscal Jefe de Bizkaia, Carmen Adán, en la actualidad Fiscal Jefe de Euskadi. La denuncia mencionaba el centro de Can Padró y una serie de sociedades “pantalla” para “transacciones de dinero negro”. Y el querellante, Imanol Gómez, afirmaba: “estará contento el PNV… pero esta vez uno de sus miembros destacados en el Ayuntamiento de Galdakao y director de la entidad y alguno más de menos relevancia se libran”.

Si bien Fernando Izaguirre ha ostentado al cargo de Director de Atención de Emergencias y Meteorología desde el 26 de marzo de 2021, también fue coordinador general de la DYA entre 1992 y 2015. Formado como Director de Seguridad y Jefe de Seguridad, trabajó en el sector de la seguridad privada entre 2003 y 2014. Fue concejal de seguridad y emergencias en el ayuntamiento de Galdakao entre 2007 y 2019, segundo vicealcalde de entre 2015 y 2019, y candidato a la alcaldía por el PNV en 2019.

Mientras que el PNV remarcó que su candidato “lleva más de 30 años vinculado a la DYA”, el candidato se mostró “muy contento e ilusionado” ya que “es una sensación maravillosa sentirse valorado y respaldado por tus propias vecinas y vecinos”. Ahora se ha visto obligado a entregar el carné del partido tras comunicar su dimisión a Iñigo Urkullu y renunciar a su acta de concejal en Galdakao.

Izaguirre y Gallardo también habían sido administradores de Centro de Ayuda Especializada SL, empresa de la que fue apoderado Iñigo Lasuen, un exalcalde del PNV en Otxandio que en 2006 montó un chiringuito de sociedades privadas en un edificio de la Diputación de Gipuzkoa y ha venido compartiendo intereses empresariales con los exburukides Asier Atutxa y Eusebio Larrazabal."                         (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 29/04/22)

La esquizofrenia de los medios al hablar de corrupción política en Estados Unidos. La política aquí mueve tanto dinero, y lo hace tan a la vista, que es muy difícil no caer en el cinismo. Los medios parece que ni lo intentan

 "Escándalos variables

La esquizofrenia de los medios al hablar de corrupción política en Estados Unidos.

Amistades saudíes

Hace algo más de una semana, el NYT publicó un largo, detallado artículo sobre las actividades empresariales de Jared Kushner tras dejar la Casa Blanca.

Kushner, para los olvidadizos, es esa especie de idea platónica de pijo heredero de una fortuna familiar que estaba casado con la hija de Donald Trump, que trabajó de asesor en su administración durante los cuatro años de la presidencia. No se le conoce talento alguno, aparte de ser yerno, tener una infinita confianza en él mismo y ocuparse de temas que iban desde Oriente Medio a la pandemia de COVID.

Pues bien, el bueno de Jared fue, durante todo el mandato de Trump, uno de los proponentes más entusiastas de un acercamiento diplomático hacia Arabia Saudí. Fue uno de los mayores defensores de Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero y líder de facto del país, como alguien en el que podían y debían confiar. Fue favorable a darle carta blanca en Yemen y romper todo contacto/deshielo con Irán. Cuando los saudíes hicieron filetes (literalmente) a un columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi, porque hablaba mal del príncipe, fue Jared el que convenció a Trump de que mira, pelillos a la mar, y que tampoco es que tuviera demasiada importancia.

La fortuna de los Kushner siempre ha estado basada en el negocio inmobiliario en Nueva York (que siempre ha sido honestísimo), aunque Jared nunca fue demasiado bueno en ello (y estuvo a punto de arruinarles). El tipo siempre ha sido una criatura del ladrillo, no del mundo financiero, así que cuando decidió crear un fondo de inversión privado generó ciertas suspicacias. Y más aún cuando empezaron a circular rumores de que Kushner estaba buscando capital fuera.

La historia del NYT, que está excepcionalmente documentada, explica cómo el fondo soberano de Arabia Saudí, dirigido personalmente por Mohammed Bin Salman, es el mayor inversor en la empresa de Jared Kushner, con 2000 millones de dólares. También cuenta cómo los informes internos del fondo saudí mostraban serias reticencias a poner dinero, señalando la falta de experiencia de sus gestores, el enorme riesgo de pérdidas, la falta de controles internos, y unas comisiones desorbitadas.

Bin Salman decidió meter dinero igualmente.

Consecuencias

Es obvio, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, que esta transacción financiera es, como mínimo, muy, muy, muy, muy dudosa desde cualquier punto de vista ético o moral. El yerno del ex- presidente de los Estados Unidos, que se pasó cuatro años en la Casa Blanca poco menos que de lobista de los saudíes, tiene un fondo de inversión, y un 80% de los fondos en él vienen directamente del gobierno saudí.

Kushner no está violando ninguna ley. No hay un régimen de incompatibilidades o nada parecido para familiares de ex- presidentes o asesores. Sea legal o no, sin embargo, esta es la clase de transacción financiera que apesta a compensación por servicios prestados, y es un escándalo tremendo que debería generar indignación en todo el país.

Excepto que… no ha generado indignación alguna. La noticia del NYT fue publicada hace diez días. Hubo como ocho personas en Twitter que se soliviantaron mucho, un par de tertulias indignadas en CNN y MSNBC y una columna en el WaPo (que siguen escocidos por el hecho de que los saudíes literalmente hicieran filetes a uno de sus empleados), pero… nada más. Ayer David Corn publicaba un artículo literalmente preguntándose por qué todo el sistema político y mediático del país, ante un posible soborno escandaloso al yerno del presidente, había respondido pasando olímpicamente del tema. Como comentaba Josh Marshall, Mohammed Bin Salman parece estar “invirtiendo” en Kushner; un autócrata literalmente comprando influencia. Y nadie está diciendo nada.

El señor del carbón

La historia de Kushner es escandalosa, pero lo que me ha chocado siempre de Estados Unidos es cómo los periódicos parecen publicar historias similares con cierta frecuencia, y a menudo no pasa absolutamente nada.

Pongamos, por ejemplo, una historia del 27 de marzo, también del NYT, en la que se explica con detalle cómo el Emperador de Todas las Almas y Gran Inquisidor de la Fe Verdadera Joe Manchin se había pasado toda su carrera política poco menos que tirando dinero de los contribuyentes de su estado (fuera público o privado) a una mina de carbón de una calidad ínfima de su propiedad, utilizando toda clase de triquiñuelas regulatorias y legales para obligar a las eléctricas a que le compraran todo a precios hinchados.

Básicamente Manchin, que viene de una familia política de toda la vida de West Virginia, debe su fortuna a aprobar leyes que favorecieran sus negocios repetidamente. Todo documentado, todo público y… nada. Anteayer, un pequeño medio de izquierdas sacó un video resumiendo el artículo, pero como si lloviera. Nadie le ha prestado atención.

Preocupaciones mediáticas

Lo más increíble del tema no es que nadie le preste atención, sino el contraste de estas dos noticias, que son dos casos obvios y delirantes de corrupción y tráfico de influencias, con otros escándalos recientes mucho menos importantes. El más clásico, e infame, es esa portada del NYT a once días de las elecciones (...)

Por si no recordáis de qué va, ese fue el día en que el FBI anunció que el marido de una de las asesoras de Clinton quizás tenía alguno de los correos electrónicos que había enviado Hillary cuando era secretaria de estado utilizando un servidor privado. Resultó no ser cierto, y el portátil de ese individuo (Anthony Wiener, que tiene toda una historia), no tenía nada relevante.

Pero aquí lo tenéis, toda la portada sobre un posible escándalo que ni siquiera resultó serlo, a seis columnas, con todas las piezas en tono acusatorio. Estuvimos hablando de los correos electrónicos sin parar durante toda la semana, algo que, muy probablemente, acabó por darle la presidencia a Trump.

Esto sucede constantemente. Lo que obsesiona a los medios, los escándalos de corrupción que se convierten en sainetes que duran semanas y semanas, son a menudo o estúpidos o completamente irrelevantes. Esto sucede tanto en medios nacionales como locales (el CT Mirror está obsesionado con un funcionario aleatorio desde hace meses), y me pone de los nervios.

Me podría poner conspirativo, y hablar sobre cómo las noticias sobre poderosos y ricos son ignoradas, o cómo el tráfico de influencias legal pero dudoso éticamente es tolerado, pero no estoy seguro de que sea ni eso. A Hunter Biden bien que lo están investigando, sin ir más lejos. No sé si el sesgo es que Manchin y Kushner están haciendo esto en público y sin esconderse, y eso no le da la intriga que los periodistas necesitan para que algo sea noticia, o les falta narrativa, o Dios sabe qué. La cosa, de todos modos, va más allá de los medios; hay como una vagancia sistémica para hablar de corrupción en este bendito país.

La política aquí mueve tanto dinero, y lo hace tan a la vista, que es muy difícil no caer en el cinismo. Los medios parece que ni lo intentan."                  (Roger Senserrich, Four Freedoms, 20/04/22)

El PP paró en 2010 la expulsión de Ángel Carromero por manipular las listas de afiliados para ganar votaciones

 "Ángel Carromero, amigo y colaborador de Pablo Casado desde los inicios de ambos en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, se dio de baja esta pasada semana como militante del partido tras su presunta implicación en el origen del intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, pero ya estuvo a punto de ser expulsado de esa organización en febrero de 2010.

 El Comité Nacional de Derechos y Garantías de Nuevas Generaciones (NN GG) propuso su exclusión por una falta muy grave: cambiar ficticiamente al menos 50 afiliaciones de militantes madrileños del barrio de Salamanca al de Moncloa-Aravaca, a fin de favorecer así al candidato Casado en barrios donde se esperaba que obtuviera menos votos.

Muchos de esos traslados de afiliación se hicieron sin el consentimiento de los afectados. Otras actuaciones similares en más zonas de la capital y la Comunidad no llegaron a concretarse en expedientes. Ángel Carromero era entonces el secretario de Organización de Casado, que de 2005 a 2013 desempeñó el cargo de presidente de NN GG en Madrid, donde se concretaron varias denuncias sobre esos métodos, sin ningún éxito. En el caso de Carromero, el PP paró la expulsión por un conflicto de competencias entre la dirección nacional, la madrileña y sus enfrentadas ramas juveniles.

En aquellos años, entre 2004 y 2015, las relaciones entre el PP nacional que presidía Mariano Rajoy y el de Madrid, que controlaban Esperanza Aguirre y sus escuderos Ignacio González y Francisco Granados, eran tensas, con recelos y todo tipo de enfrentamientos más o menos soterrados, como se evidenció en el polémico congreso nacional del partido de Valencia en 2008, en el que finalmente la dirigente madrileña no presentó candidatura alternativa. Lo mismo ocurría entre sus organizaciones juveniles, que presidían Ignacio Uriarte, en toda España, y un joven Pablo Casado, impulsado directamente por Aguirre, en Madrid.

Los obstáculos que se interponían podían ser a veces menores, como organizar un acto para Rajoy con 500 jóvenes en la capital y que no acudiera nadie de NN GG de Madrid; pero en otras ocasiones tuvieron más trascendencia.

Carromero —al que Casado había intentado situar como su secretario general de la organización juvenil madrileña tras alzarse como presidente con 24 años en su décimo Congreso, en mayo de 2005, con el 76% de los votos— se tuvo que contentar después con ser secretario de organización y presidente del distrito de Salamanca.

“Operaciones especiales”

Casado le concedió a partir de ahí otra función como responsable de unas inconcretas “operaciones especiales”, según confiesan varias fuentes del PP.

Esa relación se ha mantenido en el tiempo hasta esta pasada semana, tras estallar el caso Ayuso y sus derivadas que acabaron con la carrera política de Casado y de su mano derecha, Teodoro García Egea, que en los últimos tiempos también estrechó como secretario general del PP contactos con Carromero, según diversas fuentes del partido.

El caso sobre la expulsión frustrada de Carromero comienza a fraguarse entre el 9 de febrero y el 20 de octubre de 2009. Carromero es entonces presidente de NN GG del distrito de Salamanca; y Casado, presidente de las de Madrid; Aguirre, presidenta del PP de Madrid; y Rajoy, del PP nacional. En esas fechas la dirección nacional de NN GG recibe la denuncia de que se han formalizado 50 cambios de afiliación desde el distrito de Carromero al de Moncloa-Aravaca previos a la elección allí de una nueva dirección; unos traslados que “no han solicitado los interesados”.

Las hojas que aprueban esos cambios están selladas con el logo oficial de NN GG de Madrid y por Carromero. Siete de esos afiliados en mudanza aportan una declaración firmada en la que denuncian que “nunca han solicitado su traslado de afiliación” y que esta se ha gestionado “contra su voluntad”. Y añaden que Carromero les ha “presionado para que además votasen a un determinado candidato en el congreso de su nuevo distrito”.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías de NN GG inicia un expediente disciplinario contra Carromero en diciembre de 2009 y le cita a declarar en su defensa el 16 de enero en Génova 13, la sede central del PP. Carromero acudió pero optó por no alegar nada; y entregó tres documentos aportados no a ese mismo comité de NNGG sino al de la estructura del partido en Madrid, donde mandaba Aguirre, para esgrimir una cuestión de competencias que al final fue clave para bloquear la sanción.

 El comité nacional de NNGG, sin embargo, rebatió esos argumentos y concluyó que ese órgano era el competente para juzgar esa actuación tan grave. En la resolución del expediente contra Carromero, la cúpula nacional de Nuevas Generaciones, próxima entonces a Rajoy, determina que en las actuaciones de Carromero no había cumplido varios artículos de sus estatutos sobre convocatorias de congresos internos y solicitudes de afiliación, y culminan su investigación acordando no solo que su actuación era muy grave y merecedora de expulsión sino apuntando una posible razón de fondo: “Ya sea por un más que posible interés electoral como si no lo es”. EL PAÍS ha tenido acceso a todos esos documentos.

Fuentes de la dirección del partido al corriente de esos comportamientos conceden que ese caso de trasvase de militantes del barrio de Salamanca se constató también en otros distritos y municipios de Madrid coincidiendo con elecciones locales y previas a congresos. Y apuntan siempre a Carromero como el autor de esas operaciones especiales para Casado, que en esos años había dejado su escaño de diputado en la Asamblea de Madrid para ser jefe de gabinete de Manuel Pizarro y José María Aznar.

El expediente y la sanción contra Carromero no llegó a ningún puerto. Se estudió en distintos órganos, se frenó y se archivó. El Comité de Derechos y Garantías y la dirección nacional de NN GG elevaron su solicitud de expulsión a ese comité pero del PP de Madrid, que dependía entonces de Cristina Cifuentes. Fuentes de la dirección de ese organismo recuerdan ahora que decidieron trasladar esa propuesta a la dirección de Nuevas Generaciones de Madrid, que controlaban Casado y Carromero, por delegación de Aguirre, la presidenta provincial del aparato que ahora quiere dominar Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de la cúpula nacional del partido y de NN GG en aquellos años apuntan que Cifuentes pidió instrucciones al respecto a la entonces coordinadora nacional del partido, Ana Mato, y que esta lo paró todo tras comentárselo a Aguirre. Mato lo niega. El entorno de Cifuentes no recuerda bien aquel proceso, pero no reconoce presiones. Aguirre tampoco tiene frescos los pormenores, pero aclara: “No extraña lo más mínimo, esas eran sus maneras. Casado me preguntó en 2012, antes del incidente de Carromero en Cuba [fue detenido tras sufrir un accidente de coche que provocó la muerte de dos disidentes anticastristas], que qué me parecía para sustituirle. Yo no sabía quién era. Luego fui a la cárcel a visitarle y hasta le presenté un libro, pero cuando llegué en 2015 al grupo municipal ya estaba ahí y me hizo todo tipo de chalaneos”.

Casado lo sabía y decía: “Le tienen envidia”

Fernando González Jaén se afilió al PP de Pinto en el año 2005, el mismo en el que Pablo Casado se presentó para presidir Nuevas Generaciones de Madrid. Ahora ya no milita, lamenta toda aquella etapa y echa chispas cuando habla de Casado y su amigo Ángel Carromero: “Pablo sabía los métodos de Carromero, se lo decíamos todos y los justificaba, decía que le criticaban por envidia, porque se desvivía”.

En 2013, en el X Congreso de la organización juvenil para relevar a Casado y en el que la dirección nacional vetó a Carromero por el oscuro incidente de Cuba, González Jaén tomó partido a favor de un amigo y competidor de la candidata oficial del aparato. Carromero y Casado apoyaron a Ana Pérez, una militante de Torrejón de Ardoz. González Jaén ha denunciado estos días en su muro de Facebook públicamente que les hicieron todo tipo de jugarretas: “Pusieron el congreso en casa de nuestra rival, Alcalá de Henares. ¿Se podía votar todo el día? Nada, de 16 a 17. ¿Un domingo? Sábado, un día en que jugaban Real Madrid y Barcelona. Se negaron a poner una mesa electoral en Madrid para que pudiesen votar más personas o a poner buses”. Pérez ganó con el 55,2% de los votos."              (Javier Casqueiro, El País, 28/02/21)

"En Madrid se montó una gestapillo"

 "Sin apenas descanso tras la suspensión de militancia impuesta por la dirección del PP al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus críticas a Esperanza a Aguirre en una entrevista en EL PAÍS, el número dos del alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha prestado hoy declaración como testigo ante la juez que investiga el caso del espionaje que saltó hace un año.

A la salida del tribunal, Cobo ha asegurado que en Madrid "se montó una gestapillo" y ha rematado: "Ojala sepamos quién lo hizo". El vicealcalde de Madrid ha declarado ante la juez durante 40 minutos para tratar de confirmar las coincidencias entre su propia agenda y los partesde los supuestos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, gobernada por su propio partido.

 De acuerdo con la acusación, los agentes que trabajaban para la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior (a cargo del además secretario regional del partido, Francisco Granados), espiaron a Cobo además de al ex consejero de Interior de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada en plena guerra interna por el poder en el Partido Popular en 2008.

Los periodistas que esperaban a Cobo le han preguntado si cree que el propósito de los seguimientos era "tener un arma" contra él, a lo que el vicealcalde ha respondido: "No sé si era para tener armas contra mí". El pasado viernes, en el ya famoso desliz cometido por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, la también presidenta del PP de la región preguntó a su número dos, Ignacio González, qué armas tienen ellos contra Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid y cuya designación provocó un auténtico terremoto en el partido.

Pruebas decisivas

Cobo ha recordado tras testificar que "desde el primer momento condené los seguimientos que me hicieron a mí, a [Alfredo] Prada y a Ignacio González y lo seguiré haciendo".

Ambos dirigentes son afines al líder del partido Mariano Rajoy. Prada fue destituido por Aguirre tras producirse los seguimientos, mientras que la presidenta regional mantiene con el Ayuntamiento de Madrid un interminable rifirrafe que volvió a resurgir la semana pasada cuando descalificó a Gallardón al referirse a la pugna por Caja Madrid y al reparto de consejeros.

Hace unas semanas la juez recibió una prueba que puede resultar determinante en la investigación, al remitir Telefónica los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los móviles de ocho agentes supuestamente implicados en los espionajes. Los rastros de los teléfonos demuestran que los ex guardias civiles y ex policías, todos asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, y del jefe del equipo de espías, Sergio Gamón, controlaron muy de cerca los pasos que daban Cobo y Prada.

La fiscalía ya solicitó en su día que se impute a José Manuel Pinto, el agente encargado de elaborar los partes de seguimiento. Dos peritos que han participado en destacadas investigaciones de la Audiencia Nacional acreditaron tras un análisis grafológico hace un año para EL PAÍS que Pinto fue el autor de las anotaciones referidas a Cobo y Prada."                  (El País, 02/02/10)

La Fiscalía de Berlín investiga a dos ministros de Los Verdes por pagos irregulares a trabajadores del partido... La ejecutiva de los ecologistas aprobó el abono de un extra de 1.500 euros a sus empleados en 2020 como compensación por el teletrabajo durante la pandemia

 "La Fiscalía de Berlín ha abierto una investigación contra el comité ejecutivo federal de Los Verdes al completo, incluidos dos ministros del nuevo Gobierno tripartito de Olaf Scholz, por una presunta malversación de los fondos del partido. La cúpula de la formación aprobó un pago especial de 1.500 euros a varios de sus empleados en 2020, una especie de bonus o gratificación con el objetivo de compensar la carga extra por trabajar desde casa a causa de la pandemia de coronavirus.

La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, y el ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, están entre los investigados al pertenecer a la junta ejecutiva federal del partido, que consta de seis miembros, en su calidad de copresidentes de la formación.

Las gratificaciones por la pandemia, o bonus covid, como los llamaron los medios alemanes, en Los Verdes se conocieron el año pasado y ya salpicaron a Baerbock durante la campaña electoral. La entonces candidata de la formación ecologista tuvo que dar explicaciones por haber declarado tarde ante el Bundestag ingresos adicionales que recibió del partido. En mayo Baerbock admitió que informó fuera de plazo al Parlamento de los 25.220 euros que ingresó en concepto de primas de Navidad y otras gratificaciones entre 2018 y 2020. El retraso no comportaba sanción, ni administrativa ni de otro tipo, pero perjudicó su imagen durante la carrera por la Cancillería.

Ahora los pagos extra han llegado a la Fiscalía de Berlín, que este miércoles ha confirmado la apertura de una investigación porque sospecha que ha podido producirse una malversación de los fondos del partido verde. El ministerio público inició las pesquisas a raíz de varias denuncias de particulares, según informó su portavoz, Martin Steltner, que confirmó así una información adelantada por Der Spiegel.

Además de Baerbock y Habeck, se investiga a las vicepresidentas Jamila Schäfer y Ricarda Lang, al gerente Michael Kellner y al tesorero Marc Urbatsch. Lang es una de las candidatas a convertirse en la próxima copresidenta del partido, puesto que los ministros abandonarán en el próximo congreso al ser incompatible con su cargo en el Ejecutivo. Todos salvo Urbatsch son a la vez diputados en el Bundestag. Las autoridades están obligadas a informar a la Cámara cuando se abre una investigación contra sus miembros, cosa que sucedió en diciembre pasado, según Der Spiegel.

Un portavoz de Los Verdes afirmó que los trabajadores afectados ya han devuelto las gratificaciones y que los miembros de la ejecutiva y los empleados de la sede central “están cooperando plenamente con la Fiscalía para aclarar el asunto”. En declaraciones al semanario, añadió que la directiva era competente para tomar decisiones como el pago de un bono a los empleados de la sede en Berlín, en contra de la opinión de los auditores internos, que aseguran que solo podían percibir un máximo de 300 euros según la normativa interna del partido."                 (Elena G. Sevillano, El País, 19/01/22)

El canciller de Austria, Sebastian Kurz, dimite acusado de corrupción. El escándalo le salpica a él, a su círculo de colaboradores y al Partido Popular.

 "El canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, al frente de una coalición conservadora-ecologista desde enero de 2020, anunció este sábado su dimisión en medio de un escándalo de corrupción que le salpica a él mismo, a su círculo más íntimo de colaboradores y a su gobernante partido popular ÖVP. 

Kurz está siendo investigado por un supuesto caso de malversación y soborno en el que se habrían usado fondos públicos para pagar a un diario encuestas que beneficiaban a su formación política. 

Como consecuencia del escándalo, Los Verdes, socio minoritario del Gobierno de Kurz, han pedido su dimisión y estaba prevista una moción de censura para el próximo martes que ahora depende de la decisión de Los Verdes, que podrían optar por dar continuidad al Gobierno con el Partido Popular Austriaco (OVP) de Kurz ya sin él al frente.

“Nuestro socio de coalición ha decidido adoptar una postura clara en mi contra”, ha afirmado Kurz en rueda de prensa televisada. Por ello considera que están en una situación de “callejón sin salida” pese a que “la pandemia no ha terminado aún, la crisis económica apenas acaba de empezar y sería irresponsable una deriva hacia el caos durante meses”.

Por eso ha anunciado su dimisión “anteponiendo los intereses del país a los míos” y haciendo un llamamiento a la “estabilidad y responsabilidad”.

Su puesto lo ocupará el ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Schallenberg, ha anunciado Kurz en su breve comparecencia, en la que no se han admitido preguntas.

Mientras, el Partido Socialdemócrata de Austria (SPO) prepara una coalición a cuatro bandas que incluiría al polémico partido ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPO).

La líder socialdemócrata, Pamela Rendi-Wagner, defendía antes de conocer la dimisión de Kurz la posibilidad de renunciar a su compromiso de no colaborar con el FPO porque “situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias”, según declaraciones a la cadena pública ORF. Además del FPO, la coalición incluiría a Los Verdes y al partido liberal NEOS."           (HuffPost, 09/10/21)

La corrupción resquebraja el partido de Mandela

 "El caricaturista Brandan Reynolds publicaba recientemente en el periódico sudafricano Sunday Times a un afanado Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, dibujando con el dedo “la línea que el CNA [Congreso Nacional Africano] ha marcado en la arena sobre la corrupción”, y detrás de él, un confiado Ace Magashule, secretario general del partido suspendido por un posible caso de corrupción, sosteniendo un saco de arena que la iba cubriendo.

 Durante este mes de mayo, los sudafricanos han mantenido debates encendidos en la televisión, lanzado mensajes acalorados en la radio y hecho bromas en alusión al juego de palabras al que invita el término “Ace”, que es tanto el nombre del exjefe del partido, acusado de varios delitos de fraude, como la palabra “as” en inglés.

La norma contra la corrupción “hacerse a un lado” (step aside rule), que invita ­a dejar todos los cargos oficiales en caso de ser imputado, promovida por Ramaphosa al ser elegido presidente del CNA en 2017, empieza a dar sus frutos. Más de 60 cargos del partido, sin contar los de las regiones de Gauteng (donde se encuentran Pretoria y Johannesburgo) y Free State, están acusados de corrupción, malversación de fondos, fraude o de otros crímenes graves. Muchos de ellos han cumplido ya con la norma.

Ocho años después de la muerte de Nelson Mandela, la lacra de la corrupción que empezó a extenderse en 2007, abarca a la mayor parte de las provincias del país, siendo los políticos del CNA, su partido y que gobierna desde 1994, los mayoritariamente implicados. De hecho, este lunes, la Corte Suprema de Pietermaritzburg reanudó el juicio por fraude, crimen organizado, corrupción y lavado de dinero –en total, 16 acusaciones– contra el expresidente Jacob Zuma, que gobernó el país de 2009-2018. Se trata de la figura más relevante en el CNA, cuyo liderazgo ejerció entre 2007 y 2017, que se sienta en el banquillo de los acusados, y lo hace 15 años después de que fuera procesado por primera vez. Es el tercer intento de la justicia sudafricana contra el exmandatario, quien logró que se retiraran los cargos en dos ocasiones alegando “motivaciones políticas” en su contra.

Zuma ha mantenido en las últimas semanas un perfil bajo mientras Ace Magashule acaparaba todo el protagonismo. Durante el juicio contra Zuma, el Estado llamará a declarar a 200 testigos para analizar los presuntos casos de corrupción y soborno en los que también se incluirán las relaciones con empresas extranjeras como la armamentística francesa Thales, con cuyo contrato en 1999, cuando era vicepresidente, presuntamente se benefició de cuatro millones de rands (250.000 euros).

“El pequeño margen con el que el presidente Ramaphosa ganó la conferencia [del partido] de 2017 es la razón por la que su gestión es tan cuestionada. Y lo que estamos viviendo ahora es la ejecución de la promesa clara que hizo al llegar a la presidencia de la república en 2019”, explica Oscar van Heerden, miembro del CNA y autor de Two minutes to midnight. Will Ramaphosa´s ANC survive. “Dijo: ‘Voy a limpiar, a asegurarme de poner fin a la corrupción’. Y para eso tiene que aislar a ciertas personas de su propio partido y asegurarse de que son llevados ante la justicia”, añade.

Ace Magashule, elegido en el congreso del CNA de 2017 como secretario general, uno de los seis cargos de la cúpula del partido, ha sido convocado para comparecer ante un tribunal en agosto de este año tras ser acusado de corrupción en su etapa como primer ministro en la provincia de Free State. La fiscalía considera que cometió varios fraudes, entre ellos haber recibido dos millones de rands (125.000 euros) para cambiar los tejados de amianto de viviendas de protección social, que nunca fueron sustituidos. En aplicación de la norma “hacerse a un lado”, Magashule fue invitado a dejar el cargo hasta que se celebre su juicio, pero se negó a hacerlo de forma voluntaria y el Comité Nacional Ejecutivo le comunicó su suspensión.

La reacción inmediata del aún secretario general del CNA fue enviar una carta en la que, a su vez, suspendía al presidente Ramaphosa de su cargo en el partido, asegurando que hay alegaciones por corrupción también en su contra. “La norma se aplica a los que han sido acusados y deben rendir cuentas ante la justicia, no a los que han podido recibir alegaciones, que son muchos, y a los que el Comité Disciplinario del partido deberá evaluar en su momento. Ese es el error de cálculo de Magashule que le puede costar incluso la expulsión del partido”, explica Van Heerden. La semana pasada, Ramaphosa dio 48 horas a Magashule para que se disculpase ante el CNA, un plazo que se cumplió sin que se retractara, por lo que fue sustituido en el cargo por su vicepresidenta, Jessie Duarte.

A principios de mayo los sudafricanos pudieron seguir en directo la declaración de su presidente ante el juez Raymond Zondo, al mando de una investigación pública creada por el expresidente Zuma en enero de 2018, para investigar las denuncias de captura estatal, corrupción y fraude en el sector público. Ramaphosa ocupaba en ese momento el cargo de secretario general del CNA, y en esa condición fue llamado a declarar. “Envió dos mensajes: que la CNA y el presidente apoyan a la Comisión Zondo, y que, aunque haya cadáveres en el armario, el CNA está preparado para hablar y debatir sobre el tema”, añadió Van Heerden.

Para Jakkie Cilliers, analista y fundador del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS, en sus siglas en inglés) el CNA vive “una intensa batalla de facciones que por ahora está ganando Ramaphosa”. Considera que la prudencia con la que el actual presidente está dando pasos en el partido, hará que sean otros los que le sugieran la expulsión definitiva de Magashule, sin tener que enfrentarse a ninguna facción. “Los partidarios de Zuma, con el que se relaciona a Magashule, no forman parte de una estructura unificada en el CNA, aunque sí que es una confrontación muy importante que aún no ha concluido”, explica Cilliers.

Destaca además que el apoyo amplio tanto por parte de la ciudadanía como en el partido protegen a Ramaphosa, quien está teniendo que gestionar que la formación más antigua de África haya pasado de ser de base no racial a una dominada por líderes tradicionales."                   (Carlos Fibla, El País, 22/05/21)

El vicealcalde de Murcia asegura sufrir acoso tras denunciar corrupción en sus socios de gobierno... afirma que comenzó a recibir amenazas anónimas, que denunció a la Policía, tras haber entregado expedientes del Ayuntamiento a la UDEF

 "El pacto entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia pasa por uno de sus momentos más tensos desde que se formó la coalición en junio de 2019. Este viernes se conoció que Mario Gómez, primer teniente de alcalde de Murcia y concejal de Fomento por Ciudadanos, denunció en octubre de 2020 que sufría acoso por su labor contra la corrupción en el Gobierno municipal de la ciudad.

Gómez preside tanto la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Murcia como la Comisión de Vigilancia de la Contratación, puestos que ocupa desde junio de 2019. Gómez explicó este viernes a EL PAÍS que al asumir las responsabilidades de contratación empezó a percatarse de que “había un número muy elevado de contratos menores que no se ajustaban a la ejecución correcta”. Además, detectó irregularidades al pedir presupuestos.

Tras tomar decisiones al respecto, asegura que empezó a recibir amenazas anónimas. Al denunciar el acoso ante la Policía Nacional y afirmar que detrás podía estar su labor contra la corrupción en los contratos municipales, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) le pidió que aportase pruebas. Gómez entregó más de tres gigas de expedientes del Ayuntamiento y contratos que consideraba sospechosos de ser irregulares.

A raíz de esa documentación, el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, adscrito a la UDEF, solicitó al Ayuntamiento que entregue los contratos de las concejalías de Cultura, Contratación, Descentralización y Turismo, cuya adjudicación está siendo investigada por la Fiscalía de la Región de Murcia. Respecto a la investigación, la concejala por el PP y portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, dice que “los concejales dieron debida cuenta de esos expedientes que se ponían en cuestión” con “la máxima transparencia y disposición”, y sostiene que los expedientes “disponen de todos los informes positivos y favorables de los distintos servicios técnicos municipales”.

No obstante, la noticia de la denuncia de Gómez ha salido a la luz tras conocerse que el PP de la Región de Murcia se querellará contra él por revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Al conocerse la denuncia de Gómez, Rebeca Pérez dijo haber recibido la noticia “con máximo estupor” y que había sido “una sorpresa mayúscula”. Este viernes, después de la reunión del Consejo de Gobierno, Pérez aseguraba que el pacto de gobierno en el Ayuntamiento murciano “no corre peligro” y que “las relaciones con Ciudadanos son buenas”.

En junio de 2019, PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo de gobierno gracias al cual los populares pudieron renovar la alcaldía de Murcia, con José Ballesta a la cabeza. La negociación no fue fácil, precisamente por las exigencias de Ciudadanos, que pidió que se abrieran comisiones de investigación sobre la externalización del Museo Ramón Gaya y sobre las contratas municipales, como los servicios de recogida de basura y de mantenimiento de jardines. Finalmente, en febrero de 2020 se creó la Comisión de Vigilancia de la Contratación, presidida por Gómez"                     (Silvia Nortés, El País, 05/02/21)

Washington Post devela la existencia de actos de corrupción en el entorno del Gobierno interino de Juan Guaidó, producto de manejos irregulares de activos que Venezuela tiene en el extranjero y que han sido recuperados en la alianza con la Casa Blanca, por valor de $40.000.000.000

 "Un amplio reportaje publicado en el portal del Washington Post devela la existencia de actos de corrupción en el entorno del Gobierno interino de Juan Guaidó, producto de manejos irregulares de activos que Venezuela tiene en el extranjero y que han sido recuperados en la alianza con la Casa Blanca.

La investigación del Post, menciona que dos empresarios, Jorge Reyes y Pedro Antar, informaron a este medio norteamericano detalles de esa trama de corrupción, que involucra activos de $40.000.000.000 y detrás de los cuales estarían implicados Fernando Blasi y Javier Troconis, este último designado por Guaidó comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos.

Estos dos miembros del gobierno interino han sido acusados por el gobierno de Nicolás Maduro, a través del Ministerio Público que dirige Tarek William Saab, de un supuesto cobro de sobornos para “robar activos” en el Caribe.

Saab acusó a estos dos y a tres personas más ligadas a la oposición de participar en un contrato firmado en Miami (EE.UU.), que finalmente no se ejecutó, en el que acordaban el cobro de 750.000 dólares a un consorcio que pedía la autorización de la presidencia interina de Venezuela para iniciar litigios por activos estatales en 19 países.

 Esta acusación se dio luego de que la periodista venezolana Patricia Poleo revelara en su programa Factores de Poder parte de esa supuesta trama de corrupción.

 Lo que dice el Washington Post

Según explica el medio estadounidense, Juan Guaidó, quien cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos en su lucha por deponer a Nicolás Maduro del mandato en Venezuela, necesitaba efectivo para proyectar poder en el exterior y socavar la base chavista.

Esos dos empresarios de Miami, Jorge Reyes y Pedro Antar, también investigados por la Fiscalía venezolana, ofrecieron un plan para conseguirlo y dijeron que habían identificado hasta $ 40 mil millones en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe.

Las tenencias, incluidas acciones de empresas, automóviles de lujo, lujosas casas y deudas no cobradas, estaban vinculadas a la compañía petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa.

Guaidó, dijo Reyes a The Washington Post, llamó a los hombres él mismo en abril de 2019 para expresar interés. Eso llevó a más de una docena de reuniones con altos miembros de la oposición de Guaidó respaldada por Estados Unidos y sus agentes.

“Pero durante una reunión en diciembre de 2019 en el suburbio de Doral en Miami, Reyes dijo que él y Antar recibieron una carta escrita a mano, una fotografía de la cual fue entregada a The Post, con una lista de lo que describió como demandas ‘impactantes’ “, agrega el trabajo del Washington Post.

Esas demandas incluyeron un pago por adelantado de $ 750,000 a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.

Amplio reportaje

La investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos, reveló múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis que habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como pagos grandes e inusuales

“Estaba asombrado”, dijo Reyes. “Me pregunté: ‘¿El presidente Guaidó sabe de esto?’ Quiero decir, estos tipos claramente estaban tratando de hacer algo ilegal. Ni siquiera se puede hablar de algo así en suelo estadounidense. Fue una extorsión. . . . O pagamos o no obtuvimos el contrato “.

Afirma el trabajo de investigación que los dos funcionarios del gobierno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Javier Troconis y Fernando Blasi, niegan haber actuado mal. Dicen que el descubrimiento tardío de un caso de fraude anterior que involucró a Reyes los llevó a rechazar el trato. (Reyes está apelando los cargos en ese caso).

Cuando las acusaciones de Reyes y Antar fueron reportadas por primera vez por el sitio web Factores de Poder con sede en Miami, el gobierno interino emitió un comunicado en septiembre desestimándolas por infundadas. Pero en las últimas semanas, los funcionarios presionaron para que se realizara una investigación interna, realizada por un comité de legisladores de la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

En un informe preliminar, el comité planteó preguntas sobre “irregularidades administrativas” en los tratos de Troconis con Reyes y Antar, pero no encontró evidencia de corrupción, según una persona familiarizada con la investigación. El comité está recomendando una investigación adicional por parte de la oficina del contralor del gobierno interino.

El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, solicitó al gobierno estadounidense que lleve a cabo su propia investigación sobre el caso.

“No pongo mis manos en el fuego por nadie”, dijo Vecchio. “Creo que si hay pruebas, tenemos que investigar”.                 (Manuel Tomillo, Efecto cocuyo, 03/01/21)

Empresas de un cargo del PNV accedieron a nueve contratos teledirigidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco

"Entre 2013 y 2019, la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por diferentes altos cargos del PNV, ha adjudicado de manera directa, sin concurso, 20 contratos por valor de 361.885,95 euros al grupo de empresas de un miembro del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza, llamadas Montai Produkzioak, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak y dedicadas a la organización y montaje de eventos. 

 Según los expedientes de esos contratos, a los que ha tenido acceso este periódico, en al menos nueve ocasiones las adjudicaciones estaban teledirigidas, ya que participaban en el proceso varias de las empresas del grupo supuestamente compitiendo entre sí o terceras mercantiles que, por sistema, planteaban ofertas erróneas y que quedaban automáticamente fuera. Esta parte de los contratos suma 184.076,2 euros.

La Dirección de Juventud, tras la llegada del PNV al Gobierno vasco en 2013, rompió un convenio con Kutxabank y contrató al grupo Montai para la gestión de la Gazte Txartela, el carné joven. En el primer año le encomendó la realización de una campaña divulgativa y en 2014, 2015 y 2016, la expedición de 50.000 tarjetas. Los cuatro encargos tienen un coste similar que roza el máximo legal de aquel momento para las adjudicaciones directas, 18.000 euros más IVA.

En todos los casos, la Administración solicitó tres presupuestos para dar apariencia de competencia a las adjudicaciones. Pero los expedientes muestran que no existió tal competencia. En el primer contrato de 2013 participaron en el proceso la marca de Elorza –Denok, por aquel entonces recién fundada pero que ya trabajaba con normalidad para el Gobierno vasco– y dos empresas ajenas a Montai, Ados Network y Loyola XXI. Las ofertas de ambas quedaron excluidas automáticamente de optar a un contrato menor al superar el presupuesto tope de 18.000 euros. Denok se llevó el contrato por 21.265,75 euros, incluidos los impuestos.

En 2014, para la encomienda de tramitación de 50.000 carnés de ese año, se invitó al proceso a Denok y a Montai –como si fueran empresas diferentes– y de nuevo a Ados Network. Esta empresa ofreció un presupuesto de 18.230 euros más IVA, quedó fuera y la adjudicación ya era de Elorza. 

Pese al error de 2014, en un procedimiento idéntico, Ados Network volvió a insistir en 2015 con un presupuesto mal planteado, dejando el camino libre para Denok y Montai. Se da la circunstancia de que, pese a haber errado en tres ocasiones ya, en 2015 Juventud todavía volvió a invitar a Ados Network. Y esta empresa volvió a calcar al céntimo su oferta de años anteriores y volvió a quedar excluida.

El grupo Montai también ha copado contratos del programa Auzolandegiak, que son los campos de trabajo que cada verano desde hace décadas ha venido organizando Juventud. Entre 2013 y 2019, el presupuesto total de las adjudicaciones directas para estos campamentos –sin contar los concursos– ha ascendido a 404.621,90 euros, según datos oficiales. Montai, Denok, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak han recibido 200.149,25 euros, un 49%. El grupo ya venía colaborando con Auzolandegiak también en legislaturas anteriores.

De nuevo, muchas de las adjudicaciones rozan los 18.000 euros para ajustarse al tope de los contratos menores. Además, hay algunos datos llamativos en los conceptos concretos de las facturas. El 9 de diciembre de 2015 Kultur Kirol Zerbitzuak gira una factura de 2.346,19 euros por la compra de fundas de colchones para los campamentos a un precio unitario de 5,54 euros. Por el contrario, en 2013, por un trabajo de idéntico concepto, el precio unitario fue de 24,50 euros, casi cinco veces más. Ese 2013 se pagaron también colchones a 115 euros, pero en otra adjudicación de 2017 el coste unitario cambió a 59,50 euros.

Además, revisados los expedientes, el patrón de la Gazte Txartela se repite en Auzolandegiak. A principios de 2014, unos pocos meses después del primer contrato de los carnés juveniles, Montai vuelve a competir contra dos empresas ajenas, que son de nuevo Ados Network y Loyola XXI. Era para una adjudicación del montaje de los campos. Y ambas empresas también se excedieron en la presentación de presupuestos y quedaron fuera automáticamente. Y en 2015, una vez más, reincidieron en su propuesta del año anterior y dejaron el camino libre a Elorza. Lo llamativo es que todavía en 2016, según el expediente, volvieron a calcar otra vez más céntimo a céntimo su propuesta errónea, con el calcado resultado también.

Hay más. Ese mismo año 2016 hubo otro proceso para el suministro de baños portátiles para los campamentos. 'Compitieron' Estali La Karpa –la adjudicataria–, Kultur Kirol Zerbitzuak y una empresa de Asturias, Langreana de Carpas (Grupo La Karpa), que es socia de Montai y ha trabajado con ellos en la carpa itinerante del Instituto de la Memoria (Gogora). En 2015, por otra parte, se adjudicó a Denok una parte del programa Gazte Bizhitza (la otra fue para Montai) en un procedimiento en el que compitió contra Montai y Digital Mobiles, que presentó la peor oferta. Hay otro expediente en el que se menciona que se han valorado varias propuestas de diferentes empresas, pero no consta la documentación y solamente aparece la factura final de Montai.

"Cumplimiento estricto de la legalidad"

En la primera de las dos legislaturas de Iñigo Urkullu, Juventud colgaba del Departamento de Educación y Cultura y el responsable era Jon Redondo, todavía en la actualidad al frente de Deportes. "En relación a los contratos indicados, hay que subrayar que todos se han tramitado de acuerdo al cumplimiento estricto de la legislación vigente en cada momento. La cuantía máxima de los contratos menores en el momento de las adjudicaciones ascendía a 18.000 euros más IVA. La Dirección de Juventud venía trabajando con una serie de proveedores de manera habitual antes de la llegada de Redondo al cargo, durante su desempeño en la legislatura 2012-2016 y una vez que dejó el cargo, ya que el resultado de su servicio era satisfactorio", explican desde el equipo de Redondo.

En la segunda legislatura, Juventud pasó al organigrama de Empleo y Políticas Sociales y, a partir de abril de 2017, fue nombrado como nuevo director Ander Añibarro. Ocupó el puesto hasta la primavera de 2019, cuando se convirtió en alcalde de Llodio –previo paso de unos meses por un puesto de asesor del Departamento de Cultura–. Añibarro remarca que solamente una de las adjudicaciones al grupo Montai se tramitó durante su etapa y que, en todo caso, el responsable político se limita a firmar las propuestas de los técnicos.

Se da la circunstancia de que, desde la primavera de 2019, el Ayuntamiento de Llodio empezó a contratar a las empresas de Elorza, que durante la etapa de EH Bildu no habían trabajado en la segunda localidad alavesa. La primera de las contrataciones se produjo solamente a los cinco días de la llegada de Añibarro a la Alcaldía por la premura de poder organizar a tiempo las fiestas de San Juan. 

Una de las adjudicaciones más llamativas es la de una cancha de futbito, consistente en el campo de juego, una carpa, un escenario y la iluminación. Se formalizaron dos expedientes, uno a Montai y otro a Estali La Karpa, coincidiendo con los nuevos topes para las adjudicaciones directas, fijados en 15.000 euros por empresa desde 2018. El regidor del PNV explica que en todo momento se han pedido "varias ofertas" y que se ha seleccionado siempre la "más económica", y remarca también que son los técnicos los que se encargan de los expedientes.

El precedente del 'caso De Miguel'

No es la primera vez que las adjudicaciones de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco salen a la palestra. El peneuvista Xabier Sánchez Robles, director en la legislatura 2005-2009, fue condenado a finales de 2019 a siete años, un mes y quince días de cárcel por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', la mayor trama investigada en Euskadi y que se saldó con una dura sentencia contra varios excargos públicos y orgánicos del PNV por haber articulado una red de cobro de comisiones ilegales y de manipulación de adjudicaciones. La pena, además, fue especialmente contundente contra el exdirector de Juventud por la presentación de pruebas falsas durante el juicio.

 Sánchez Robles fue procesado por contrataciones 'a dedo' de Juventud con un grupo de empresas interrelacionadas llamadas Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga y controladas por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y el exedil en Leioa, Iñaki San Juan. En ellas estuvieron empleadas otras personas del partido. Uno de ellos era una de las personas que ahora trabajan para Elorza, Roberto González Muro. El exdirector de Juventud trató de argumentar en el juicio que las contrataciones no fueron irregulares y, entre otros testigos, hizo comparecer al responsable de Montai, que explicó su experiencia con el programa Auzolandegiak y remarcó que todos los trabajos se habían llevado a cabo con normalidad."                    (Iker Rioja, eldiario.es, 07/06/20)