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5.3.24

Detrás de la corrupción de las mascarillas se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha... ¿Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario?... ¿Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios, lo que les hizo depender de contratistas? Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta (Daniel Bernabé)

Daniel Bernabé @diasasaigonados

La corrupción en torno a las mascarillas pone de manifiesto tres elementos que se eluden en la conversación pública: 

- Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario. 

- Por qué las cadenas comerciales internacionales se vinieron abajo. 

- Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios lo que les hizo depender de contratistas. 

Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta a las tres preguntas. 

Detrás de la corrupción se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha.

A los hijos de la Thatcher les rechinan los dientes al leer esta evidencia. Basta romper el guión de la actualidad y poner el dedo en lo estructural para que empiecen los espumarajos. Su ineficiente modelo privatizador sólo nos ha traído disgustos. Hay que decirlo más.

10:31 p. m. · 4 mar. 2024 113,7 mil Reproducciones

31.5.23

Premio para candidatos maltratadores, agresores y que se saltaron la cola de las vacunas covid ... ¿Está el listón moral de la ciudadanía mucho más bajo de lo que estamos dispuestos a reconocer?

 "Gonzalo Pérez Jácome, edil de Democracia Ourensana se vio atacado en campaña por la filtración de unos audios que muestran su presunta corrupción. A la vista de los resultado, es evidente que el público ha interpretado que Jácome ha sido víctima de lo que él tilda de mafia orquestada por el Partido Popular, la prensa local y algunas constructoras. El veredicto es claro y Jácome tiene la sartén por el mango para decidir el gobierno provincial y el local, con tres actas más en el Ayuntamiento y una más en la Diputación.

Tampoco Manuel Baltar se ha visto excesivamente castigado por las noticias de sus reiterados excesos de velocidad al volante. Bien es cierto que el presidente de la Diputación de Ourense no es cabeza de cartel en estos comicios, sino que su elección como líder provincial es indirecta, a través de los concejales que a su vez escogerán diputados provinciales.

Con todo, casi ningún orensano que votase al PP puede alegar que no sabe que su sufragio puede servir para perpetuar al baltarismo y mantener como líder a una persona que se salta reiteradamente los límites de velocidad a bordo de coches públicos, al menos una vez cometiendo un presunto delito contra la seguridad vial por el que será juzgado esta semana.

Aun así, el PP de la Provincia de Ourense ha sido el partido más votado con más del 40% de los apoyos. Ahora bien, todos los analistas preveían que Baltar lograse la mayoría absoluta y no lo ha conseguido, repitiendo resultados y quedándose a un acta de la victoria directa. Por lo tanto se puede decir que Baltar sí puede que haya recibido alguna penalización por parte del electorado, aunque de ser así, sería de carácter leve.

EL PP DIJO QUE NO CONOCÍA LAS CONDENAS DE SUS CANDIDATOS

Otro político conservador salpicado por el escándalo fue el candidato del Partido Popular en A Illa de Arousa, Matías González Cañón. Esta persona fue condenada hace varios años por pegarle a la que entonces era su compañera, rompiéndole un diente. Incluso el PP, al saltar la noticia, indicó -tras alegar ignorancia de la condena- que le había pedido su renuncia.

Cañón se negó a prometer que no recogería su acta, arropado por sus compañeros del partido conservador local. El agresor se defendió argumentando que lo sucedido había pasado hace muchos años y había sido de carácter leve, saldado con una pequeña multa y unos días de trabajos socios. Además el político dijo que su pueblo era pequeño y que todos se conocían por lo que confiaba en que los vecinos tendrían claro que él era una persona digna de ostentar un cargo público.

El tiempo le dio la razón pues su candidatura ganó los comicios, con bastante ventaja además. Su lista consiguió casi 1.500 votos, que son unos 500 más de los que lograron las listas de socialistas y de nacionalistas gallegos. Gracias a estas cifras, el Partido Popular de Illa de Arousa crece de cuatro a cinco concejales. Sin embargo es una victoria pírrica para González -que no milita en el PP- pues entre PSOE y Bloque suman seis diputados y, salvo gran sorpresa, el PP continuará en la oposición insular. 

Este caso no fue el único de un condenado por lo penal que ocupó un lugar destacado en la lista de un municipio bajo las siglas del Partido Popular de Galicia. José Manuel Barreiro Jardón es el número 3 en la candidatura conservadora en el pequeño municipio de Os Blancos en Ourense. Su partido le concedió este puesto, cuando era público y notorio que hace unos años fue condenado por pegarle a su padre discapacitado.  El político golpeó a su progenitor quien dijo ante el juez que pensaba que su hijo lo iba a matar.  Fue condenado por maltrato en el ámbito familiar.

La pena contra Barreino no fue menor, como se puede alegar en el caso de Illa de Arousa. Rozó los dos años de prisión, aunque finalmente el condenado no ingresó en la cárcel por carecer de antecedentes. Al confirmarse la sentencia, hace unos años, su partido lo apartó del grupo de gobierno pero este año lo repescó como número 3, alegando que el delincuente ya había cumplido su pena. Algo que no era cierto del todo, porque sobre Barreiro aún pesa una orden de alejamiento de su padre. 

El Partido Popular alegó que desconocía que aún estaba vigente esta orden de alejamiento y al saltar el escándalo pidió a Barreiro que renunciase a su acta, en el caso de ser elegido. Además los conservadores prometieron que no integrarán a Barreiro en su grupo de gobierno. En breve tendrán la oportunidad de cumplir esta promesa, pues han vuelto a ganar las elecciones locales en Os  Blancos. Sus vecinos no han castigado la polémica selección del candidato, más bien al contrario, han castigado al partido que denunció públicamente la circunstancia. Así el PSOE ha perdido uno de los dos concejales que conquistó en 2019. Esa acta ha ido a parar precisamente al Partido Popular, que amplía su mayoría de 5 a 6 concejales.

El escándalo en Boimorto no llegó en campaña sino durante la pandemia y fue sonado. La alcaldesa del Partido Popular María Jesús Novo tuvo que renunciar a la militancia en el PP cuando se supo que había recibido la vacuna contra el coronavirus en la primera ronda. Por entonces sólo estaba autorizada para personal sanitario y de residencias. La mandataria alegó que visitaba a diario la residencia pública del municipio para atender las necesidades del centro durante la crisis, por lo que entendía que sí tenía derecho a recibir aquella dosis. Su argumento convenció al Partido Popular sólo a medias medias. Preocupada por la pésima imagen que transmitía Novo en un momento que morían docenas de gallegos cada día sin haber podido vacunarse, el PP forzó su salida de la formación, pero no tomó ninguna medida para desalojarla de la alcaldía. Siguió gobernando como independiente, con el apoyo de los concejales conservadores.

Dos años después, el PP la repescaba como cabeza de cartel y el electorado acaba de recompensar la jugada.  Novo continuará al frente del consistorio de la comarca de Arzúa,  al conseguir seis ediles, por los tres del PSOE y los dos del BNG. El Partido Popular mantiene el mismo número de concejales y la oposición retrocede en actas y porcentaje. Por el contrario, Novo, la que se vacunó de las primeras pese a no ser sanitaria ni personal sociosanitario, conquista más proporción de votos. Hace cuatro años logró el 53% y ayer casi el 65%, unos 100 más aproximadamente. El veredicto popular, en este caso, también está claro."                      (  , Galicia Press, martes, 30 de mayo de 2023)

22.11.19

La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas... ¿Cómo es posible que yo no haya participado del reparto de la torta?

"Por estos días, Rafael Correa viene denunciando una persecución política por parte del actual mandatario, Lenin Moreno. Pero el cambio de signo político ecuatoriano es aún más profundo: la transición hacia una derecha más radical se impone con poca resistencia social, observa Mauro Cerbino. 

En diálogo con Página/12, el investigador de la Flacso Ecuador analiza los rasgos del gobierno de Moreno en un escenario regional de viraje hacia una derecha que vino para quedarse. Aunque advierte que los resultados de las elecciones en Argentina son el ejemplo de un “volver a pensarse de los pueblos en Latinoamérica”.

-¿Qué implicancias tiene el cambio de signo político en la región?

-En la región estamos observando el retorno de las derechas y el ocaso de aquellos procesos que pudimos definir como progresistas. Estamos acostumbrados a un movimiento cíclico en la región, pero no debemos olvidar nunca quiénes son los que tienen el verdadero poder: el poder de la banca y de las finanzas, los poderes militares, los poderes de la opinión, los grandes medios de comunicación. 

Los grandes poderes fácticos nunca descansan. Cuando viven momentos que les son contrarios o les afectan, presionan para que haya un cambio. Cuando retorna, la derecha lo hace con mayor fuerza porque es capaz de neutralizar el poder existente.

-¿A qué "poder existente” se refiere?

-A la potencialidad que se expresó en la construcción política anterior a este gobierno. El presidente Lenin Moreno es, en verdad, una transición hacia la derecha más radical, que podría venir próximamente y que tendría el gran poder de enterrar, desactivar y vaciar de sentido aquel vocabulario que, durante el gobierno de Rafael Correa, fue capaz de sostener discursivamente una acción política novedosa y alternativa.

-¿En qué reside la importancia de los discursos para la acción política?

-¡El vocabulario es importante! El gobierno de Correa, desde 2007 hasta 2016, se propuso construir una nueva terminología política; eso tuvo efectos en la construcción de subjetividades, especialmente de los sectores populares. Uno de los dispositivos más importantes de la acción política de Correa fueron los “Enlaces” todos los sábados. En ese espacio, se nutría de los significantes clave de ese vocabulario político que marcaba una diferencia con el pasado, esos significantes podrían tener la capacidad de incidir en lo que Gramsci llamaba “el sentido común”. ¿Cómo transformamos el sentido común que han ido configurando los grandes medios de comunicación? ¡Disputando significantes! En Ecuador no solo vendrá la derecha, sino que esa derecha tendrá la capacidad de vaciar el vocabulario.

-¿Por qué se desactivaron esos significantes?

-Esos significantes se hicieron carne en los sectores populares. Siempre hubo una identificación con el líder; caído el líder, se vacía también el discurso. El logro actual es que se haya revertido la construcción de aquellos significantes y, en su lugar, se lograra poner la corrupción en la agenda pública. La corrupción es el caballito de batalla de todas las derechas del mundo. Ha sido una gran arremetida sobre el impacto emocional, tratar la problemática de la corrupción política atribuida al anterior gobierno. Eso ha neutralizado cualquier posibilidad de mantener vivos aquellos significantes.

-¿Por qué cree que es tan eficaz instalar la corrupción como tema de agenda?

-La corrupción tiene mucho apego, sobre todo en la clase media. No solo porque está bien orquestado por el discurso político del actual gobierno ecuatoriano y los medios de comunicación, sino porque va directo a la psicología del ciudadano de clase media.

-¿Cómo funciona esa psicología?

-El razonamiento es: “¿cómo es posible que aquellos que nos habían hecho creer esto, aquello y lo otro, se fueran llevando partes del recurso público? ¿Y cómo es posible que yo no haya participado del reparto de la torta?” No se olvide de que en la clase media, más que un colectivo hay un conjunto de yoes. Lo que abona el resentimiento de clase media no es solo que se hayan cometido actos de corrupción, sino el hecho de no haber participado de ese reparto. Y ese argumento es muy eficaz del lado del receptor. Mi foco no está puesto en cómo viene armado ese discurso desde el gobierno o los medios, sino en cómo pega en la gente, porque la gente se siente defraudada, pero no tanto porque no sea justa la corrupción, sino porque le afecta en su bolsillo.

-¿Qué factores explican la desactivación de la figura de Rafael Correa, tratándose de un ex presidente que terminó su mandato con imagen positiva?

-Desde el punto de vista simbólico, pesa mucho que Correa se haya ido a otro país a poco de haber terminado su gobierno. En algunos casos, eso debe haber producido algún tipo de escozor; creo que esa decisión ha tenido sus defectos en términos simbólicos. Luego están los cuadros intermedios de ese movimiento que nunca quiso ser partido. No es posible construir un escenario político si no se crea una organización que se parezca a la estructura de un partido. La idea de movimiento dura un tiempo, pero luego debe convertirse en otra cosa, especialmente cuando el movimiento político tiene aspiraciones de gobierno. Por eso, cuando cae el gran líder que personificó el proceso, que incluyó públicos muy diferentes en colectividades —no solamente las clases más plebeyas o parte de la clase media, sino que también convenció a otros sectores— que se identificaron con ese líder, no hay recambio. Ese liderazgo fuerte permitió que se mantuviese el proceso a lo largo del tiempo. Pero el líder no es vitalicio. Por eso, cuando cae el líder muestra la costura y, con ello, sus límites. El populismo en general tiene esta paradoja: un liderazgo fuerte viabiliza procesos de cambio a veces acelerados, y a la vez representa un límite debido a la incapacidad de ser reemplazado.

-¿Cómo hacer sostenible estos procesos, más allá de esos liderazgos fuertes?

-Es necesario razonar sobre el recambio, los líderes no son eternos. En el caso venezolano, como en el ecuatoriano y el boliviano, parecería que los líderes que han dado paso a esos procesos bloquearon ellos mismos la posibilidad de generar cuadros que puedan luego convertirse en potenciales líderes.

-¿En qué medida la polarización política es condición de posibilidad de los gobiernos de derecha en la región?

-Creo que se acabó el tiempo de la polarización. Hoy, en el Ecuador, hay un gobierno que está manejando la crisis y tratando de administrar la transición hacia una derecha más radical. Pero el nuestro no es un país polarizado; no sabría reconocer cuáles son los polos enfrentados. También a ese respecto habría que preguntarse sobre la responsabilidad del gobierno anterior.

-¿Por qué lo dice?

-El anterior gobierno también neutralizó, incluso, las mínimas capacidades de resistencia y de protesta que podían persistir en este país. Desarticuló los movimientos sociales, despotenciándolos. Un país sin movimientos sociales pierde la columna vertebral, y por ende, la posibilidad de organizar políticamente, toda acción de protesta. Hoy están reformando, casi mutilando, la Ley de Comunicación, como lo hicieron en Argentina con la Ley de Servicios Audiovisuales. Hemos hecho unos comunicados y varios intentos, pero estamos seguros de que vamos a perder. ¿Dónde está la capacidad de organizarse políticamente y generar presión sobre el gobierno o el Parlamento para no retroceder a antes de 2007? La polarización, en definitiva, es un signo político muy importante, es la esencia de la política. Yo, en cambio, veo una sociedad política neutralizada, vaciada de vocabulario progresista; veo un gobierno que está administrando una transición hacia la derecha radical y no veo ninguna posibilidad de resistencia y oposición de ningún tipo.

-¿Cómo observa esta “transición” del gobierno de Moreno, en lo económico y social?

-Desde el punto de vista económico, no hemos tenido grandes shocks como los que están viviendo en Argentina. Aunque sí hubo cierto cambio de política económica. En los años anteriores pensábamos en nacionalizar empresas y ahora, en cambio, estamos privatizando las empresas del Estado. Hay retrocesos en cuanto al rol de los medios de comunicación y la famosa norma de la distribución del espectro radioeléctrico. Pero desde el punto de vista macroeconómico, lo que se está haciendo no produce siquiera reacciones por parte de los sectores de la sociedad.

-¿Y en áreas como educación y salud?

-Esas áreas sensibles se han mantenido. En educación superior se ha mantenido el mismo presupuesto. Inicialmente se quiso reducir, pero inmediatamente empezaron las reacciones contra esa medida y se regresó a los anteriores presupuestos. Desde el punto de vista económico, este gobierno está tratando de aguantar lo más posible, aunque la deuda está aumentando. Para este año están previstos cerca de ocho mil millones de dólares de deuda nueva, y cara, además.

-¿Cara?

-Es una deuda importante, contraída con intereses cercanos al 11%. De hecho, se habla del Fondo Monetario Internacional. En el tiempo que lleva este gobierno se tomaron decisiones desde el punto de vista del impacto discursivo, recurriendo al slogan “el gobierno de todos”. Una cosa que, obviamente, ya hace reír, porque nunca un gobierno puede ser de todos. Pretenden mostrar que en todos los espacios hay momentos de deliberación que luego se traducen en política pública. Pero es solo un maquillaje, una retórica. Y los medios de comunicación se han alineado con el gobierno sin demasiado esfuerzo.

-¿Observa cambios en el mercado de trabajo en estos dos años de gobierno de Lenin Moreno?

-Ha aumentado el subempleo, más que el desempleo. Pero a diferencia de Argentina, este país en los últimos años ha vivido una especie de burbuja, donde fue posible producir una serie de medidas. Por ejemplo, la eliminación de la tercerización.

-¿Cómo se logró eliminar la tercerización?

-En los hechos, no se podía abaratar costos laborales contratando a terceros para realizar actividades que las empresas estaban en condiciones de realizar con personal propio. Y además el Estado fue el gran inversor. Es decir que, desde 2007 y hasta 2014, el gran caudal de inversiones en el Ecuador estuvo dirigida por el Estado, en parte gracias a los altísimos niveles del petróleo, a lo que se sumaron algunas acciones bien desarrolladas por parte del gobierno de Correa. Luego empezó la crisis y en 2016, el gran terremoto.

-Entre esas acciones, ¿incluye la investigación y reestructuración de la deuda externa?

-La redefinición de la deuda fue beneficiosa. Hubo un momento de mayor efervescencia económica que permitió al Estado invertir muchísima cantidad de dinero en obras y eso generó más trabajo. La burocracia creció bastante durante el gobierno anterior, con un fuerte incremento de los puestos de trabajo. Hoy se nota que hay un problema, pero tampoco es muy notorio todavía. Hay desempleo, pero no es tan importante como en otros países. Por eso digo que no hay ningún motivo que nos haga pensar en la posibilidad de un estallido. Lo que sí hay es una amenaza permanente de salirse de la dolarización. Y ese es un recurso discursivo al que el gobierno acude mucho con la amenaza de: “si no hacemos bien las cosas…”, “si no cuidamos las cuentas…”, “si no disminuimos el gasto público…”.

-¿Qué cree que puede ocurrir en las próximas elecciones?

-Nuestro país está claramente dividido entre sierra y costa. En la costa está la mayor cantidad de empresas exportadoras de banano, de camarones, de los commodities que exporta Ecuador. Pero en la costa están también los líderes de la derecha tradicional, muy conservadora y radical. En este gobierno estamos viendo cómo en ciertos puestos clave hay personas que vienen de la costa. La incógnita, por ahora, es entender el comportamiento político de la sierra y especialmente de Quito, y ver si lo que queda de la revolución ciudadana —el movimiento de Correa— es capaz de reorganizarse electoralmente.

-¿A qué puestos clave se refiere, puntualmente?

-El vicepresidente viene de una familia empresaria de Guayaquil, es un joven de poco más de 30 años. El presidente le ha encargado las funciones principales relacionadas con la economía, más puntualmente la relación con las empresas. Pareciera que con este gobierno se está produciendo una entrada paulatina de las élites de la costa, en particular de las élites de Guayaquil. Las élites de la costa han estado muy retrasadas desde el punto de vista del ejercicio del poder del Estado, y este pareciera ser su momento de ingreso. 

Espero equivocarme, pero cuando la derecha vuelve, vuelve para quedarse, para permanecer más tiempo del que pudieron permanecer los gobiernos progresistas cuando se dieron las condiciones para gobernar desde una perspectiva que no fuera de derecha. Porque los tiempos de la derecha son siempre más largos que los tiempos del progresismo y de la izquierda. El centro no existe en política. Y la derecha en el Ecuador no es una derecha conservadora al estilo del conservadurismo europeo. Es una derecha mucho más retrógrada e inequitativa.

-¿Cree que el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en las elecciones de Argentina tendrá algún efecto a nivel regional?

-Podría ser, considerando además la magnitud de la diferencia obtenida en las PASO en relación a la coalición liderada por Macri. Podría ser un ejemplo interesante de un volver a pensarse de los pueblos que en Latinoamérica se han volcado hacia la derecha, tras capitalizar algunos malestares producidos en los gobiernos progresistas. Pero, sobre todo, por no haber profundizado dichos gobiernos en las reformas estructurales para un sólido cambio político en nuestras sociedades."

14.3.19

Corrupción española... corrupción catalana... tanto da...

"Al parecer, el ruido político causado por el conflicto territorial va a presidir la campaña electoral para las próximas elecciones legislativas españolas. Y bajo el ruido van a persistir los problemas que asolan secularmente el país, entre los cuales ocupa un lugar destacado el fenómeno de la corrupción.

Hace poco Transparencia Internacional —una organización que combate la corrupción a escala planetaria— dio a conocer los índices de percepción de la corrupción (CPI) de 2018. Como era previsible, España no sale muy bien parada en el CPI: en una escala que oscila entre 0 (máxima corrupción) y 100 (mínima corrupción) España tiene 58 puntos y ocupa la posición 41 de 180 países, muy lejos del podio que ocupan Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. 

En el contexto de Europa occidental, España tiene por delante 22 países y por detrás 8 (Malta, Italia, Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Hungría, Grecia y Bulgaria). A pesar de que entre 2017 y 2018 ganó un punto y escaló una posición, España es, junto con Malta, la “democracia plena” (en el sentido de The Economist) que tiene peor puntuación.

Los datos de Transparencia Internacional confirman lo que se sabe desde hace tiempo a través de otras fuentes. Los eurobarómetros, por ejemplo, indican que la corrupción percibida en España es mucho mayor que en el resto de la unión. En 2017, el 98 % de los entrevistados españoles declaró que en su país el problema de la corrupción es “habitual”, mientras que en el conjunto de la UE hizo esa afirmación el 68 %. Dos tercios de los entrevistados españoles aseguraron que la corrupción había aumentado, una sensación compartida solo por la mitad de los europeos. Etcétera.


Entre algunos círculos independentistas los datos de Transparencia Internacional fueron recibidos con alborozo. Cuanto más corrupta sea España más motivos tendrán los catalanes para irse. Este razonamiento olvida un hecho elemental, que es la contribución catalana a la corrupción en España. 

Un buen muestrario de los casos de corrupción en Cataluña lo ofreció en su día la CUP, que antes de hacer seguidismo parlamentario al centro-derecha y conceder a Puigdemont los últimos presupuestos aprobados en Cataluña, publicó un atlas de la corrupción bellamente documentado que llevaba por título Llums i taquígrafs.

 Si Cataluña fuera un estado, ¿cómo puntuaría en el CPI? Hay razones para pensar que no mucho mejor que el resto de España. Al menos eso es lo que se desprende de los barómetros sobre la corrupción en Cataluña que publica la Oficina Antifraude. En 2010, el 61 % de los entrevistados afirmó que en Cataluña había mucha o bastante corrupción. En 2012, el porcentaje se elevó al 79,5 y en 2014 alcanzó un máximo del 82,3. En las últimas ediciones el porcentaje se ha relajado (74,2 en 2016 y 71,9 en 2018) pero sigue siendo muy elevado.

Uno de los datos más espeluznantes del barómetro de 2018 es la mayor tolerancia con la corrupción de los jóvenes catalanes. Según el barómetro, 1 de cada 10 jóvenes entre 18 y 29 años considera muy o bastante aceptable que un político dé su apoyo a un proyecto para beneficiar a un grupo económico que haya apoyado a su partido, mientras que entre los mayores de 30 años el porcentaje se reduce al 3,7 %. El director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, manifestó su preocupación por este comportamiento, que atribuyó a una posible “crisis de valores” y calificó de “fracaso social terrible”.

Es cierto que el Pla de Govern de Quim Torra contempla la “aprobación e implementación de un plan de prevención contra el fraude y la corrupción 2019-2021”. Pero también es cierto que ahora mismo no parece que el gobierno de Torra esté muy concentrado en gobernar, y en cualquier caso no hemos tenido más noticias de un plan que no figura entre las prioridades de la legislatura. Entre otras cosas, Torra no mencionó ni una vez la corrupción en su discurso para el debate de política general del pasado 2 de octubre.

En las elecciones del 28-A los mismos que fueron descabalgados del Gobierno por la sentencia del caso Gürtel van a ocultar la corrupción bajo el manto de la sagrada unidad de España. Nada nuevo para Cataluña: sin necesidad de suscribir la burda tesis de que el procés nació para tapar la corrupción, es verdad que desde hace tiempo el debate soberanista dificulta hablar en serio de la corrupción o de otros graves problemas que tiene Cataluña y que no desaparecerán con la simple independencia."                  (Albert Branchadell, El País, 06/03/19)

3.10.16

Podemos luchar contra la corrupción combatiendo la desigualdad, la exclusión y la desestructuración social... y de ninguan otra forma

"De un tiempo a esta parte, es común escuchar chistes a cuenta de los beneficios que reporta la corrupción al PP. Saben aquel que diu que “faltó un escándalo de corrupción más para que el PP se hiciera con la mayoría absoluta y por eso anhelan ir a terceras elecciones”.

 Durante años mucha gente se llevó las manos a la cabeza tratando de explicarse como lograba el PP reeditar sus triunfos electorales en la Comunidad Valenciana, a pesar de la evidencia palmaria de que las prácticas corruptas estaban extendidas en el Gobierno autonómico.

 La investigación académica robusta nos muestra que, durante la etapa de expansión económica, los españoles se mostraron dispuestos a condonar actividades ilícitas de sus representantes, reeligiendo, por ejemplo, a muchos alcaldes encausados.

Frente a esa realidad se levantan voces que reclaman reformas institucionales que prevengan la corrupción y permitan castigarla rápida y ejemplarmente, cuando se detecta, para disuadir a futuros aventureros. 

Es lo que se conoce en la literatura académica como planteamientos institucionalistas. Los institucionalistas están convencidos de que pequeños arreglos institucionales —aquí un zurcido, allá un remiendo— pueden corregir el fenómeno, o al menos mejorar sustancialmente la situación de partida.

Los planteamientos institucionalistas se han hecho muy populares en nuestro país. Los programas de los distintos partidos se han llenado de propuestas para evitar puertas giratorias, controlar la capacidad gubernamental para indultar, expulsar de la vida política a imputados, eliminar aforamientos, suprimir instituciones que puedan ser un criadero de redes clientelares o crear nuevas agencias de supervisión. 

Las medidas se convierten en un sine qua non para pactar, complicando la formación de nuevos Gobiernos. Cualquier reticencia a adoptar estas medidas es fustigada con el reproche de que falta voluntad política, cuando no con la acusación de complicidad con la pervivencia de la corrupción. Los compromisos de lucha contra la corrupción son aupados al primer lugar en el orden de prioridades, muchas veces a costa de otros asuntos, impregnando el ambiente de empalagosa moralina.

Desafortunadamente, la realidad es terca. Es muy difícil extirpar la corrupción. La evidencia comparada presenta pocos casos de éxito. El mejor predictor del nivel de corrupción de un país es su nivel de corrupción unos años antes, incluso varias décadas atrás.

 Son escasos los países que han transitado rápidamente desde una situación con altos niveles de corrupción a otra con niveles reducidos, y los pocos que lo han hecho (Hong Kong y Singapur) eran regímenes autoritarios que han empleado medidas draconianas, difícilmente admisibles en un contexto democrático. 

 Las situaciones de corrupción endémica son auténticas cárceles, que mantienen a países atrapados en equilibrios subóptimos. Lanzar un paquete de iniciativas aisladas suele ser infructuoso, mientras que abordar un programa ambicioso y coherente de reformas exige enormes dosis de ambición y capacidad, que resulta muy difícil recabar en sociedades plurales y reflexivas, atravesadas por fracturas sociales y diferencias de criterio respecto a lo que conviene hacer.

Como señala el politólogo sueco Bo Rothstein, uno de los mayores especialistas en el campo, es habitual que la introducción de medidas anticorrupción en un área desplace las actividades ilícitas a otras donde las oportunidades siguen intactas mientras no se generalice la convicción colectiva de que las prácticas corruptas resultan inviables en toda la sociedad.

 Dar ese salto exige mucho más que un conjunto de promotores con una capacidad de maniobra limitada para desarrollar las medidas necesarias y una capacidad cognitiva parcial para anticipar los efectos de las iniciativas que sí pueden promover.

¿Debemos resignarnos pues a que la situación no pueda cambiar? Ni mucho menos. Como señala la investigación internacional más acreditada, podemos luchar contra la corrupción combatiendo la desigualdad, la exclusión y la desestructuración social.

 La corrupción suele ser el resultado final de un proceso que comienza varios estadios antes, en lo que se conoce como una trampa de la desigualdad (expresión de Eric Uslaner). Las sociedades con elevado grado de corrupción suelen encontrarse atrapadas en un círculo vicioso, donde la desigualdad alimenta percepciones de desconfianza en los conciudadanos (desconfianza generalizada) en combinación con altas dosis de confianza particularista (tendencia a favorecer a personas del círculo próximo o familiar). 

En un mundo desigual, las personas asumen que no pueden progresar gracias a su talento y esfuerzo, y perciben la corrupción como algo inevitable. Aunque se sientan incomodadas por su existencia, se avienen a aceptarla y participar en ella para salir adelante. En un contexto adverso, no renuncian a comportarse de forma deshonesta si se presenta una oportunidad de obtener ayudas, de colocar a sus hijos en los mejores colegios públicos o de enriquecerse.

 Se mostrarán dispuestas a comprar favores, torcer voluntades o buscar la protección o el apoyo de poderosos. La agregación de estos comportamientos engendra dependencias de la senda (path dependencies), de las que resulta complicado apartarse. Es más, la propia corrupción refuerza, a su vez, la desigualdad, al otorgar ventajas a quienes ya parten de una posición de privilegio relativo.

Reducir la desigualdad libera a las personas más vulnerables de dependencias, y las empodera frente a los agentes poderosos que se benefician del statu quo corrupto. Escapar a la trampa de la desigualdad no es imposible, pero requiere tiempo.

 Los países que lo han logrado —los menos corruptos en el mundo— han acompañado reformas institucionales orientadas a combatir la corrupción con políticas de bienestar universalistas e inclusivas, que han convencido a la ciudadanía de que los equilibrios sociales fundamentados en la prevalencia de prácticas corruptas eran subóptimos, alimentando la confianza interpersonal generalizada, el valor de la honestidad y el optimismo respecto a las posibilidades de progreso.

 La mejor receta contra la corrupción son las políticas que favorecen la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es la receta que, en unas cuantas décadas, ha convertido a los países nórdicos en los menos corruptos del mundo.

Acojamos pues con cautela las promesas de profetas que nos anuncian la posibilidad de erradicar la corrupción con un puñado de reformas institucionales, regalando los oídos a la ciudadanía indignada. 

Nos enfrentamos a lo que los anglosajones llaman un fenómeno social “pegajoso” (sticky). Hasta que no lo reconozcamos como tal, malgastaremos tiempo y energía en un empeño infructuoso mientras desatendemos el asunto más perentorio de la desigualdad. Y con ello, sin darnos cuenta, estaremos malogrando además la posibilidad de avanzar realmente en la lucha contra la corrupción."            (Pau Marí-Klose, El País, 27-09-16)

8.3.16

¿Causas de la corrupción? La corrupción de los sentimientos morales de las élites... la adulación acrítica de la riqueza potenciada por las escuelas de negocios

"(...) el análisis de las causas de la corrupción. Lo habitual es atribuir las conductas individuales corruptas a la avaricia y al deseo de enriquecimiento personal. Es decir, ver la corrupción como el resultado de conductas individuales desviadas que utilizan en beneficio propio el poder que se tiene dentro de una organización, ya sea una empresa, un banco, un partido político, un gobierno o una administración pública.

Pero los participantes en el encuentro de Sevilla fueron más allá. Plantearon la corrupción como una quiebra de los sentimientos morales de la sociedad o, al menos, de una parte de ella. La idea fue que la amplitud que ha alcanzado la corrupción en nuestro país solo es posible si opera en un entorno social en el que la exigencia ética se ha debilitado.

¿Qué puede haber causado esta laxitud ética? Hay varios factores. La etapa de euforia económica vino acompañada de un aumento espectacular del gasto público y de actividades económicas proclives a la corrupción. 

En este sentido, una parte de la corrupción es como la espuma de las aguas turbulentas de la euforia económica. Por otro, apareció una adulación acrítica de la riqueza fuesen cuales fueren sus fuentes. Y, asociada a esa admiración por la riqueza, se extendió entre las élites una ética nihilista consistente en creer que todo vale a la hora de enriquecerse.

Esa ética nihilista se apoyó en dos falsas creencias económicas. Una fue la idea de que el mercado lo permite todo, olvidando que el mercado no puede funcionar sin una elevada exigencia ética y una buena regulación. 

Otra idea, muy extendida en el mundo de las escuelas de negocios y de la consultoría, fue que el objetivo único de cualquier empresa es generar valor al accionista, olvidando a los otros interesados en la buena marcha de las empresas.

La corrupción de los sentimientos morales de las élites fue el caldo de cultivo en el que se desarrolló la corrupción que ahora vemos en los tribunales. Este clima moralmente laxo ofrece una respuesta a la pregunta que planteé al inicio: muchas personas arriesgaron su posición y su reputación porque creían que todo valía y que no hacían nada malo.

¿Cuál es la terapia adecuada para erradicar la corrupción? Para saberlo es útil ver lo que ocurre con las enfermedades, ya sea la obesidad excesiva, el cáncer de colon o cualquier otra. Cuando la enfermedad ya se ha presentado hay que erradicarla, utilizando para ello los medios del sistema sanitario. 

Pero cuando se trata de prevenirla, el mecanismo no es el sistema sanitario sino un buen sistema de salud basado en la educación y en el fomento de las prácticas saludables. Lo mismo ocurre con la corrupción. Cuando se trata de erradicar conductas que ya se han producido hay que utilizar el sistema judicial y penitenciario, que es el equivalente del sistema sanitario. 

Pero cuando se trata de prevenirla hay que disponer de un buen sistema de salud moral, basado en la educación en valores en el seno de la familia y la escuela, en una elevada exigencia ética de la sociedad civil y en la existencia de un buen gobierno de las organizaciones.  (...)

Solo erradicando la corrupción de los sentimientos morales se puede erradicar la corrupción política y empresarial que hoy vemos en España.  (...)"              (El Periódico | Antón Costas, en Revista de prensa, 03/03/16)

17.10.12

La corrupción le cuesta a Italia 60.000 millones de euros al año

"A Italia la corrupción le sale cara, muy cara. Tirando por lo bajo, 60.000 millones de euros al año. Un libro blanco sobre la corrupción que acaba de confeccionar el Gobierno de Mario Monti da por buena esa cifra del Tribunal de Cuentas, pero reconoce que el coste real es mucho mayor si se tienen en cuenta la “renuencia de las víctimas a denunciar los hechos corruptos”, la práctica habitual de engordar un 40% los contratos de las grandes obras públicas y, envolviéndolo todo, una burocracia viciada, lenta e ineficaz que se convierte en el mejor caldo de cultivo para la corrupción.

 El resultado no puede ser más triste: según datos de 2011 de Transparency International, Italia es el cuarto país más corrupto de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Grecia y Rumania.

Estos datos, que ahora se ponen negro sobre blanco pero que son el gran secreto a voces de Italia, han llevado a Mario Monti y a sus ministros a colocar en un lugar destacado la lucha contra la corrupción.

 Según el jefe del Gobierno técnico, “la propagación de las prácticas corruptas mina la confianza de los mercados, desalienta la inversión extranjera y provoca, por tanto, una pérdida de competitividad del país”. La medida más urgente, no se cansa de repetir Monti, es predicar con el ejemplo.

 Que la clase política italiana, por algo conocida como La Casta, no solo controle los gastos astronómicos, sino que los haga más transparentes y, sobre todo, sea menos condescendiente con quienes, valiéndose de la política, incurren en prácticas corruptas.

Después de muchos rodeos, los partidos políticos se disponen a aprobar en las próximas horas una ley anticorrupción que, entre otras cosas, impida que los ya condenados por prácticas irregulares puedan volver a presentarse a unas elecciones. 

El ejemplo más claro —y tal vez más vergonzoso, aunque aquí la competición está reñida— es el de la región de Lombardía, donde 14 de los 80 consejeros están investigados, condenados o incluso en prisión, pero se resisten a dejar sus escaños. Es el caso de Domenico Zambetti, arrestado la pasada semana por comprar votos a la Ndrangheta, la mafia calabresa. 

 El partido más manchado de corrupción es con diferencia el Pueblo de la Libertad (PDL) de Silvio Berlusconi, aunque en todas las casas cuecen habas. Ni el centro izquierda ni tampoco la Izquierda de los Valores del moralizante exfiscal Antonio di Pietro se salvan del estigma.

El libro sobre la corrupción, que será presentado el próximo lunes, cuyos datos principales acaba de adelantar el diario La Reppublica, deja en el aire una pregunta difícil de contestar pero fácil de soñar: ¿cómo podría ser Italia, la bella Italia, sin ese monstruo que la asfixia y la ensucia?"           (El País, 16/10/2012)

19.4.12

“El supuesto oasis catalán era un puro camelo”... “todo el mundo quería ser engañado, había una predisposición para ser engañado y existía el componente de querer ser engañado”

"A Trallero le llevó a escribir el libro, que cuenta con entrevistas en exclusiva a los protagonistas, incluido el propio Millet, el silencio, el (mal) llamado oasis catalán y el sospechoso olvido de la prensa: ”No he creído nunca que haya sido un caso de corrupción en el sentido estricto del término, son muchísimas cosas más“. Música celestial es lo que algunos llaman caso Palacio.
¿Por qué el título de Música celestial?
Creo que las explicaciones que sobre lo sucedido, pasados casi mil días de la entrada de la policía en el Palacio, por su inverosimilitud e incoherencia suenan precisamente a eso, a música celestial.

Usted empieza el libro con una cita de Jordi Pujol en la que acusa a Franco de ser no solo “un opresor” sino también “un corruptor”. La cita es de 1960. ¿Por qué esta cita?Fue una gran aportación teórica de Pujol para tratar de explicar la ya entonces larga supervivencia de la dictadura. Y sin embargo, la corrupción ha estado presente en los años de su largo mandato.

¿Qué le dice, en su conjunto, esta serie: Banca Catalana, Javier de la Rosa, caso Casinos, juez Estivill, abogado Piqué Vidal, consejero Planasdemunt, 3%, informes políticos de periodistas, caso Pretoria…?
Que el supuesto oasis catalán era un puro camelo.

Usted defiende en su libro que al caso del Palacio de la Música no se le debería denominar caso Palacio o caso Millet, sino que es algo más. ¿A qué se refiere en concreto?
Limitarlo a un delito y a unos delincuentes, a un caso de corrupción e incluso a una supuesta financiación irregular de un partido político [Convergència Democràtica de Catalunya] es obviar que se trata de una verdadera crisis de país. Tiene una transversalidad que va desde las administraciones que formaban parte del Palacio hasta la élite barcelonesa que apoyaba a Millet, desde los medios de comunicación que lo ensalzaban y no se enteraban de nada, hasta el propio Orfeón Catalán, que lo tuvo treinta años como presidente. Hay que abrir el objetivo de la cámara y no limitarnos a la escena de la simple crónica de sucesos o de tribunales. Es el imaginario del país el que se ha resquebrajado.

Define a Millet como caudillo, loco, distante, autista e incluso travestista del aspecto físico exterior. Si esto es así, ¿cómo pudo hacerse con el control del Palacio de la Música? ¿Solo por su apellido? ¿Cuántos Millet hay en el Millet, el contemporáneo, que conocemos por los medios de comunicación?
Millet es ante todo un héroe postmoderno. Fruto del fin de la historia. No importa si el gato es blanco o negro lo importante es que cace ratones, es decir el éxito. Tuvo la habilidad de darles a todos lo que pedían. A los nacionalistas la única institución cultural creada en el siglo XIX por el catalanismo político que llega hasta el siglo XXI con proyección internacional. A los socialistas un pieza -el Palacio- para su parque temático en que querían convertir a Barcelona como meca turística, a los del PP la posibilidad de poner pie y medio en un territorio hostil y a una autoproclamada sociedad civil la posibilidad de figurar y participar en el modelo de gestión, instaurado con los Juegos Olímpicos de 1992 en que se mezcla iniciativa privada con fondos públicos.

En el libro comenta que el Orfeón y el régimen franquista colaboraron durante muchos años. Incluso, le “cogieron el gustillo”. Y, sin embargo, uno de los cuatro fundadores de Òmnium Cultural fue uno de los Millet, que compartió presidencia de esta entidad y el Orfeón. ¿Cómo explicaría este dualismo aparentemente antagónico?
Las contradicciones del Orfeón y del Palacio son constantes a lo largo de la historia. El Palacio es una joya modernista pero el fundador del Orfeón no era musicalmente modernista. El Palacio es un edificio burgués enclavado en un barrio obrero y fabril. Es la sede de una institución privada pero realiza una función pública. El Orfeón es apolítico pero tiene una constante actividad política, los Millet se pasan más de cien años en el Palacio de forma ininterrumpida como si fuera su empresa familiar. Todas estas contradicciones, y otras muchas, forman la historia y sin la historia no podemos entender nada de lo sucedido.

¿Qué le parece que la nueva presidenta del Orfeón Catalán sea Mariona Carulla?
Dejando aparte mi afecto personal por ella hay cosas que no logró entender. Que se pasase quince años al lado de Millet y no se enterase absolutamente de nada. Que fuese nombrada presidenta en su sustitución y dijese que no se presentaría a las elecciones y se presentase. Pero, sobre todo, no entiendo que una persona, que está imputada por la justicia por un presunto delito de sus empresas, figure al frente de una institución como el Orfeón y, ahora, también la Fundación. Sobre todo después de todo lo que ha sucedido. Sinceramente, no lo entiendo ni creo que la opinión pública pueda entenderlo.

Ha creado un blog, con todos los datos recopilados durante la elaboración del libro, el volcado de información, como la agenda de Millet, y las entrevistas que ha ido realizando, ¿cuál es el objetivo de este sitio en internet?
Es doble. Por una parte que el lector sepa en todo momento sobre qué bases se está efectuando la narración periodística. Hay mucho presunto periodista de investigación que se limita a explicarnos cómo no pudo entrevistar a The Rolling Stones, aderezado con unas gotas sobre la angustia de la profesión y otras pamplinas. Por otra parte creo que la opinión pública tras casi mil días de la entrada de la policía en el Palacio tiene el derecho a conocer la información que posee el periodista. Y, en el siglo XXI, parece que internet es el medio para ello. Ha habido demasiado oscurantismo en este tema.
Se sabía pero se miró para otro lado
Trallero ha recordado, este miércoles, en la presentación del libro, que “todo el mundo quería ser engañado, había una predisposición para ser engañado y existía el componente de querer ser engañado”.

La trama del caso Palacio fue la constatación de que todo el mundo miraba para otro lado porque el coliseo musical era la “fibra sensible” del nacionalismo y de las familias que, como se suele decir, controlan lo que ocurre en Barcelona.

En este sentido, el periodista se ha mostrado autocrítico con la profesión (si bien Trallero, Ernest Lluch y Félix de Azúa fueron los tres únicos columnistas que osaron poner negro sobre blanco en la prensa, durante el mandato de Millet, que las cosas en el Palacio no se estaban haciendo bien)."              (lavozdebarcelona.com, 19/04/2012)

25.5.11

Por qué Camps gana las elecciones...

"Descontando los enormes efectos electorales de la crisis económica, la estrategia política que ha permitido al PP inmunizarse ante la corrupción y hacer suya la autonomía, trasciende la figura de Camps, y se remonta a los albores de los noventa cuando la formación rompió con la línea política que arrastraba desde la transición y se volcó en construir una identidad autonómica propia.

Para ello asumió los grandes símbolos que generaban incomodidad a la izquierda, como la bandera o el nombre mismo del territorio, Comunidad Valenciana.

En este camino identitario, también absorbió movimientos localistas como Unión Valenciana y perfeccionó un arma que el nacionalismo ha utilizado siempre con éxito: el agravio y la creación de un enemigo común, en este caso, el pancatalanismo.

Luego seguirían un sinfín de agravios: desde la autovía que la tercera capital de España no tuvo hasta mitad de los noventa, el AVE que llegó 18 años después que a Sevilla o, ¡gran regalo del cielo!, la polémica de los trasvases.

En una tierra donde el agua representa un arcano tan importante como la lengua en el País Vasco, la posición antitrasvase mantenida por el Gobierno socialista, aparte de desorientar a la izquierda, fue presentada como el ejemplo palmario del agravio al pueblo valenciano.

Todo ello acompañado de la presencia constante del enemigo pancatalanista, siempre beneficiado por Zapatero, uno de cuyos iconos históricos para el PP valenciano ha sido la televisión catalana TV3 (un ejemplo para entenderlo: su programación meteorológica emitida en territorio valenciano, con un mapa de los Países Catalanes donde aparecía el País Valenciano).

Con este tipo de elementos, cuidados, mimados día a día por los medios de comunicación oficiales, el PP ha ido atrayendo una masa electoral fiel y rocosa que, más allá de propuestas programáticas, otorga su confianza a un partido que se presenta como defensor de una identidad poco sutil pero legible, que comparte enemigos comunes y que, en su dialéctica, se enorgullece en voz alta de símbolos o actitudes que a otros, los traidores, los perplejos, los dubitativos, abochornan.

Frente a esta construcción ideológica, el escándalo Gürtel y toda la miseria política que ha destapado apenas han hecho mella, porque golpean fuera de los receptores del dolor, no rompen las cláusulas del contrato de lealtad. (...)

Da igual que sea Camps u otro el candidato. El vencedor es una ideología que se ha vuelto dominante y que, en caso de ataque, apela a la lealtad de sus votantes." (El País, Política, 23/05/2011)

Los electores ven la corrupción como una cuestión ajena

"Apenas importa que sea una cuestión de enriquecimiento personal o de beneficio para el partido que representan. Es lo mismo que se trate de una maniobra urbanística que de adjudicaciones de servicios públicos. La corrupción no pasa factura. (...)

Y a la vista está. Sin embargo, respecto a las causas, los argumentos varían.

- Cuestión ajena. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, considera que a la hora de emitir un voto, el ciudadano no tiene en cuenta la corrupción como cuestión determinante en su decisión sino que se fija más en la gestión "porque no son incompatibles".

Apunta que los electores ven la corrupción como "ajustes de cuentas" entre miembros de un mismo partido o entre contrincantes políticos. En el mismo sentido, Susana Corzo, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Granada, esgrime que el castigo en las urnas no llega porque los electores no la conciben como uno de los principales problemas, sino como un instrumento electoral para desprestigiar al adversario político.

De esta manera, la politóloga advierte de que se terminan normalizando las acusaciones y el ciudadano presta más atención a conflictos que le afectan de forma más directa, como el desempleo o la crisis. El sociólogo José Miguel Iríbar cree que más que ajena se ve como algo lejano y, en el fondo "como algo que haría cualquiera y, por lo tanto, se castiga menos".

"No hay conciencia del deterioro de lo público", añade. Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, coincide en esta percepción. "Los ciudadanos no se sienten víctimas directas sino que lo ven como daños a la sociedad en general, no piensan que hayan perdido de su cartera", dice, "En cambio, la crisis sí se ha reflejado en su voto", añade.

- Castigo. El catedrático de Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, Fermín Bouza, lo tiene claro: "La corrupción en España no quita ni un voto, a la gente no le importa". (...)

el castigo sí ha existido, aunque en una escasa medida, y traducido en el incremento de los votos nulos y en blanco. Así lo interpreta de los resultados registrados en la Comunidad Valenciana, una de las más marcadas por la corrupción, donde la suma de estos alcanza casi el 5%. Manuel Villoria sostiene que para que un partido sea castigado se precisa de una alternativa.

En caso contrario, se opta por la abstención y el voto a partidos minoritarios y pone como ejemplo lo ocurrido en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, vinculados al caso Gürtel, en la que listas de independientes "que han hecho de la lucha contra la corrupción su bandera", han obtenido muy buenos resultados. (...)

- Diferentes corruptelas. Para la profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada Susana Corzo sí hay diferentes actitudes ante los casos.

Según apunta, si los acusados son parte de la comunidad o si la consecuencia de la corrupción tiene algún efecto beneficioso en la población, como la construcción de algún servicio común (un polideportivo u otra instalación municipal), los ciudadanos suelen ser más tolerantes que con aquellos casos en los que se produce un enriquecimiento personal o del partido político. (...)

- La indulgencia. La indulgencia llega de todos lados. Bastos tampoco cree que el castigo de los votantes a la corrupción difiera según la tendencia de cada uno, sino que la falta de sanción se da en todo el electorado, "de todos los partidos".

Según el sociólogo José Miguel Iríbar, "el perdón a la corrupción sí es más notable entre los votantes conservadores. Y yo creo que tiene un trasfondo religioso", apunta. "Son pecadillos que se lavan", añade." (El País, 24/05/2011, p. 22)