“Dinero de la cooperación española se ha destinado a fondos privados con sede en paraísos fiscales”

 "El denominado Fondo Africano para la Agricultura (AAF), radicado en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio, recibió 40 millones de dólares en 2010 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se trataba, en teoría, de “fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a pequeños productores desde un enfoque territorial (…) en las zonas rurales africanas”. En la práctica el proyecto se centró en la producción de aceite de palma para la exportación, afirma el sociólogo Carlos Gómez Gil en el libro Debates y controversias en la cooperación al desarrollo. Fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados (Universitat d’Alacant, 2020).

Diferentes estudios y ONG han denunciado que –con la ayuda oficial española invertida en el proyecto de AAF- se produjeron abusos contra las comunidades y situaciones de explotación laboral (salarios de un dólar diario) en la República Democrática del Congo. Otro caso mencionado por Gómez Gil son los 12,5 millones de dólares de la cooperación española aportados en 2012 a Latin Renewables Infraestructure Fund, ubicado en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Este fondo de inversión es uno de los financiadores de la represa hidroeléctrica Santa Rita, en el norte de Guatemala, rechazado por comunidades indígenas y defensores ambientales. Carlos Gómez Gil imparte docencia sobre cooperación al desarrollo en la Universidad de Alicante y es autor de El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo (Catarata, 2016). La entrevista se realizó por correo electrónico.    

-En la década de los 90 del siglo XX comenzó a expandirse el modelo de empresas privadas que invertían en países del Sur con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), procedentes de los países donantes u organismos como el FMI o el Banco Mundial. En el caso de la cooperación española, apuntas el caso del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) –adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores- y sus aportaciones a fondos de inversión privados radicados en paraísos fiscales. ¿Qué ejemplos destacarías?

Una vez más, los recursos públicos destinados a la ayuda al desarrollo se ponen al servicio de los intereses privados y de sus inversores a través de estas empresas, creadas con frecuencia al amparo de paraísos fiscales como sociedades offshore. Hasta tal punto que a estas compañías que recolectan recursos públicos de la ayuda al desarrollo para sus negocios privados se las denomina con el elocuente nombre de “intermediarios financieros”, recibiendo cada vez más recursos de instituciones bilaterales como multilaterales así como de agencias de desarrollo.

En el caso de España, el sucesor de los polémicos créditos FAD, el Fonprode (Fondo de Promoción para el Desarrollo), creado en el año 2010, que se presentaban repletos de bondades, han abierto la puerta a un magma de actividades privadas muy dañinas y sin prácticamente control, como hemos visto en estos años. No son solo mis artículos y estudios los que están dejando testimonio de ello, sino la propia auditoría del Tribunal de Cuentas del año 2016 la que ha constatado estos hechos.

Entre los casos más llamativos y dañinos que se han financiado con recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España podemos mencionar el Fondo REGMIFA radicado en Luxemburgo y constituido como SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) para eludir el pago de impuestos, que ha recibido 55 millones de dólares; al igual que el Fondo Privado de Capital en Angola, también radicado en Luxemburgo como SICAV, que ha recibido 6 millones de dólares; el Fondo de Capital Privado Progresa, constituido como una Limited Partneship, con sede en Alberta (Canadá) que ha recibido también 20 millones de dólares; el Fondo Africano para la Agricultura, con sede en el paraíso fiscal de las Islas Mauricio y que opera también desde las Islas Caimán, que ha recibido 40 millones de dólares; el Fondo Africano de Garantías, constituido como una Sociedad de Responsabilidad Limitada que ha recibido otros 20 millones de dólares.

O el Fondo Moringa, con la forma de Sociedad Comanditaria de Acciones, con sede en Luxemburgo como SICAV, que recibió 15 millones de euros; el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina, una Sociedad Limitada con sede en el paraíso fiscal de Delaware, en los Estados Unidos, que recibió de la cooperación española 12,5 millones de dólares; y el Fondo de Inclusión Financiera Global, constituido en Luxemburgo como Sociedad Comanditaria por Acciones, receptor de 12,5 millones de euros.

-¿Cuál es la conclusión?

Cuando tenemos una cooperación española que lleva años alejada de la lucha contra la pobreza y de apoyar el acceso a bienes esenciales en las poblaciones más desfavorecidas, resulta que se dedica a regar de dinero a estas oscuras sociedades de inversión privadas que protagonizan la elusión fiscal a través de paraísos fiscales opacos utilizando una sofisticada ingeniería financiera. No hablamos únicamente de la rechazable financiación a estas empresas opacas, sino que, con el Código de Financiación Responsable de la Cooperación Española, estas operaciones nunca deberían de haber recibido financiación, siendo una irregularidad muy importante.

-¿Dinero de la AOD española para estos fondos se ha concretado en proyectos con impacto muy negativo, a los que se haya denunciado por violaciones de los derechos humanos o agresiones ambientales?

Así es, resulta todavía más impactante el hecho de que algunas de estas empresas han promovido, financiado o invertido en proyectos extractivistas en países empobrecidos en contra de las poblaciones locales, apropiándose de sus tierras, dañando de manera irreversible sus valiosos ecosistemas, impidiéndoles acceder con su ganado a las zonas de pastoreo ancestrales; y llegando incluso a utilizar a la policía y a las fuerzas militares para reprimir con dureza algunas de las protestas contra algunos de estos proyectos, que llevaban el apoyo de la cooperación española, incluso con indígenas detenidos, muertos, heridos y perseguidos.

-En el libro mencionas tres de los casos más “escandalosos”…

La actuación del Fondo GEF África sustanaible Forestry Partners, en Uganda, que según el informe anual  del Movimiento Mundial sobre Bosques Tropicales, es uno de los más conflictivos del mundo debido a las multas, detenciones arbitrarias, confiscación de ganado a la población local y la prohibición de abastecerse de las fuentes de agua que han utilizado toda la vida, agravado por la actuación violenta de los agentes de seguridad de la plantación que imponen sanciones arbitrarias muy elevadas a los campesinos de la región; han llegado a denunciarse, incluso, violaciones de mujeres.

También destacaría el proyecto promovido en la República Democrática del Congo por el Fondo Africano para la Agricultura (AAF) a través de la empresa Feronia Inc., mediante un holding radicado en las Islas Caimán, que ha sido muy bien estudiado por diferentes ONG de España y de otros países; sobre el terreno y con evaluaciones ejemplares. En ellas, se recogen minuciosamente los abusos cometidos por esta empresa en las plantaciones que posee, como la denuncia de 61 personas a las que se ha despojado de 14.000 hectáreas de tierra mediante engaños, a cambio de sacos de sal, mantas y tabaco, con situaciones de explotación laboral extremas e incluso el desvío de fondos a dirigentes del gobierno congoleño mediante un complejo entramado societario que ha sido denunciado por Wikileaks.

Aunque quizás, el caso más grave haya sido el protagonizado por el Fondo de Infraestructura de Energía Renovable en América Latina (LRIF) en Guatemala; es el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, situado en el departamento de Alta Verapaz, que desde sus inicios contó con una importante oposición de la población indígena local y defensores del territorio. Desde que comenzaron las movilizaciones contra el proyecto, que violaba los acuerdos de paz en materia de identidad y derechos de los pueblos indígenas, las fuerzas policiales actuaron duramente, con detenciones, asesinatos, heridos y órdenes de captura contra numerosas personas.

-¿Hubo reacciones contra la construcción de esta represa hidroeléctrica?

Me parece destacable el hecho de que en su día, diferentes colectivos del país remitieron una carta a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en la que informaban de estos hechos y pedían la retirada de los fondos de la cooperación española para no participar en una dura represión que hasta el momento se había cobrado la vida de siete personas, setenta civiles heridos, treinta detenciones arbitrarias y otras tantas casas incendiadas, junto a la persecución de líderes comunitarios, invasión de tierras y ordenes de captura contra más de cuarenta personas. Esta carta nunca fue contestada por la cooperación española.

Creo que son ejemplos más que contundentes de intervenciones que nunca debían de haber recibido financiación de la cooperación española, aunque lo peor es que, al tener conocimiento de estas graves actuaciones, la AECID mantuvo el apoyo a las mismas a pesar del sufrimiento generado a las poblaciones locales, lo que hace todavía más rechazable la actuación de la cooperación española en todos ellos.

-El pasado 12 de noviembre el Parlamento Europeo dio el visto bueno al acuerdo pesquero entre la UE y la República de Senegal, centrado en las capturas de atún y merluza negra por barcos españoles, portugueses y franceses. ¿Se trata de acuerdos –el primero se firmó en 1979- de carácter neocolonial y que han terminado por arrasar las economías locales?

Desgraciadamente, el balance sobre estos acuerdos de pesca de la UE con Senegal desde que se pusieron en marcha es muy negativo para la población senegalesa, con impactos destructivos múltiples, a cambio de la depredación salvaje de sus ricos bancos de pesca y la generación de efectos muy negativos de carácter transversal en la sociedad y en su economía que perdurarán durante décadas. Son acuerdos basados en el extractivismo salvaje, con características que, en efecto, podríamos denominar de neocoloniales, que en ningún momento han hecho un diagnóstico previo de sus posibles impactos sobre el país ni sobre sus habitantes.

Así lo demuestro en el estudio que he llevado a cabo, con una revisión exhaustiva de informes, artículos científicos y estudios publicados en los últimos años. De tal forma que, frente a la propaganda hueca y engañosa de la UE que ha pasado a denominar a estos acuerdos como Acuerdos de Asociación de Pesca Sostenible (AAPS), afirmando que cumplen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas y en consonancia con las prioridades de la FAO, las mismas Naciones Unidas, en sus informes, han destacado cómo su evaluación es claramente negativa, tanto desde el punto de vista ambiental como social, afirmando que los bancos de pesca se han agotado, dañando a la pesca artesanal y al conjunto de la población senegalesa.

-¿Observas una relación entre los convenios en materia de pesca con la UE, los ajustes promovidos por el FMI y el Banco Mundial -década de los 80 y 90 del siglo XX- y las migraciones de la población senegalesa a Europa, incluida la denominada crisis de los cayucos de 2006 en las Islas Canarias?

En países como Senegal se verifica esta relación tan perversa con extrema claridad, y así lo he analizado en mi libro. Años de crueles políticas de ajuste del FMI y el BM aplicadas en Senegal que empobrecieron a agricultores y trabajadores, causaron el cierre de explotaciones agrícolas y granjas avícolas en todo el país, impulsando procesos de liberalización comercial y financiera asimétricos que extendieron la desregulación de los mercados. Así, se abrió el camino para la importación masiva desde la UE de los mismos productos cuyas exportaciones hacia los mercados europeos se cortó, a precios mucho más bajos de los de producción en el país africano. Al mismo tiempo, el impacto de décadas de acuerdos pesqueros con la UE y con otros países, que han sobreexplotado sus caladeros y dañado sus ecosistemas marinos, crearon las condiciones perfectas para desencadenar una explosión migratoria en el país, con unas consecuencias inéditas para España.

-¿Cómo resumirías las consecuencias socioeconómicas de estos ajustes y pactos?

Agricultores y trabajadores arrojados al paro por las políticas económicas impulsadas por el FMI, junto a pescadores obligados a dejar de faenar ante la ausencia de capturas en las costas por el expolio al que se vienen sometiendo los caladeros desde hace años por los acuerdos de pesca suscritos con la UE, unido a los constructores y propietarios de cayucos que tenían que dejar sus embarcaciones varadas y sin poder salir al mar ante la falta de ocupación, proporcionaron los ingredientes para que desde Senegal se viviera un proceso migratorio singular, como respuesta a todos estos desajustes sociales y económicos.

Los caladeros siguen esquilmados y toda la cadena vinculada a un sector tan importante como la pesca sigue profundamente dañada, al tiempo que las economías agrarias han sido seriamente golpeadas, por lo que las migraciones se mantienen como una válvula de escape al malestar social existente. En mi opinión, una política económica y comercial más justa hacia estos países africanos salvaría numerosas vidas y frenarían unas pulsiones migratorias alimentadas por décadas de políticas de ajuste tan fracasadas como dañinas.

-El Ministerio del Interior español informa que, entre enero y mediados de noviembre, la llegada de personas migrantes a Canarias por mar ha aumentado un 1.019% respecto al mismo periodo de 2019. Mientras, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya viajó el 22 de noviembre a Senegal para –según la nota de prensa oficial- “reforzar la cooperación” con este país. ¿En qué medida se trata de una externalización policial y militar de las fronteras?

Hay un error importante al creer que las migraciones se van a detener aplicando soluciones policiales o militares, sin comprender los factores que las originan ni articular medidas legales y seguras para facilitar unas migraciones ordenadas. Esto ya se hizo durante la crisis de los cayucos, en el año 2006, cuando se llegó a utilizar dinero de los fondos reservados a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluso, para pagar a propietarios de cayucos con el vano propósito de detener a los inmigrantes, o empleando dinero de la ayuda al desarrollo para frenar las migraciones.

Muchos nos preguntamos dónde quedan los tan cacareados Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que nuestros dirigentes políticos afirman cumplir sin conocer su significado, cuando, por ejemplo, en su meta 10.7 se recoge facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable: ¿qué se está haciendo para ello? En el mismo sentido, en el año 2018 España suscribió el “Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular” de Marrakech, que también se compromete a lo mismo, y creo que debemos preguntar a nuestros dirigentes públicos qué están haciendo para que España y la UE avancen.

-¿Cuál es la tendencia, durante los últimos años, de las partidas presupuestarias e inversiones en la cooperación española al desarrollo?

Tras atravesar la política de cooperación española en la última década el período más oscuro de su historia, lo que la ha conducido a un proceso de deterioro imparable, ahora tiene que enfrentarse a la mayor crisis económica, sanitaria y social de los últimos tiempos. El estado tan precario en el que se encuentra, la irrelevancia a la que ha sido conducida, los profundos recortes presupuestarios, técnicos y humanos que ha tenido que afrontar, junto a la situación de debilidad crónica que atraviesa, la sitúan en muy malas condiciones para afrontar los gigantescos desafíos sistémicos que tiene por delante.

El estado comatoso de la cooperación española, que ha venido siendo sistemáticamente negado e ignorado por sus máximos responsables desde hace años, es algo que ha sido recogido en diferentes estudios mundiales por instituciones de distinta naturaleza. El hecho de que, durante los gobiernos del PP presididos por Mariano Rajoy, la cooperación española retrocediera a niveles de los años 80, siendo reducida a su mínima expresión, no impidió que sus máximos responsables políticos defendieran públicamente ante foros tan solemnes como las Naciones Unidas que España era un importante donante mundial y que su política de cooperación al desarrollo era un importante activo. Tantas mentiras se han venido desplegando sobre la cooperación española que ha llegado a un punto caricaturesco de hacerla irreconocible, lo que ha ayudado muy poco a su mejora y reorientación.

-¿Hay, a tu juicio, también experiencias positivas en la cooperación española?

Naturalmente que el sistema español de cooperación y ayuda al desarrollo ha acumulado experiencia y capacidades, alimentando buenas prácticas y experiencias exitosas, construyendo estructuras y dispositivos importantes, pero muchas de ellas no han sido reconocidas suficientemente por nuestros responsables políticos y en otros casos, a base de difundir discursos grandilocuentes y autoelogiosos, se ha acabado por hacer pura propaganda hueca.

-Dedicas un capítulo del libro a un aspecto poco conocido: la utilización de la AOD para financiar la atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los países occidentales. ¿Cómo ha evolucionado este gasto con cargo a las ayudas y por qué te parece criticable?

Desde hace años, especialmente a partir de la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015, me venía preocupando el empleo de importantes partidas de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicadas a la atención a los refugiados por los propios países occidentales, en su mismo territorio.

Ahora bien, el avance de estas partidas de gastos para la atención a refugiados en los propios países donantes de acogida, especialmente durante los años en los que Europa ha vivido la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, no se corresponde con un avance en las políticas de acogida, en mejores procesos de incorporación social e incluso en un mejor reconocimiento del derecho al asilo y a la protección internacional.

Por el contrario, los recursos dedicados a solicitantes de asilo y refugio durante su primer año de estancia en los países donantes han tenido una voluntad de reforzar las capacidades institucionales en políticas migratorias y de asilo, nada que ver con la mejora del desarrollo y el bienestar en los países origen de esos refugiados, en todos los casos, países pobres, con frecuencia azotados por guerras, hambrunas, conflictos y privaciones. Ni siquiera se han impulsado desde la AOD vías para impulsar patrones nuevos que vinculen las migraciones y el desarrollo, que algunos países han tratado de trabajar por medio de organizaciones de la sociedad civil con comunidades del Sur en diferentes países, contribuyendo a renovar una Ayuda Oficial al Desarrollo decadente.

-En el texto te refieres, asimismo, a un polémico informe que concluyó, en febrero, con la renuncia en el cargo de la economista jefe del Banco Mundial. ¿Cuál era el contenido, a grandes rasgos, del documento? ¿Apunta un modus operandi usual en la AOD?

Este caso ejemplifica algunas de las disfunciones en el sistema de ayuda que deben corregirse, con el añadido de ser recogido en un polémico Working Paper publicado por el Banco Mundial.

El estudio, con el título: “Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts”, realizado por los economistas Jørgen Juel Andersen, profesor de la Norwegian Business School; Niels Johannesen, profesor de la universidad de Copenhagen, y Bob Rijkers, economista del propio Banco Mundial, generó una enorme polémica que llevó a que el Banco Mundial tratara de evitar su publicación, por lo que se le denominó como “Papergate”.

El estudio revela que existe una correlación inequívoca entre aquellos países que mayores volúmenes de ayuda al desarrollo reciben, con el aumento en los depósitos bancarios en paraísos fiscales por parte de sus élites. Para ello se estudia una muestra de los 22 países más dependientes de la ayuda, analizando los desembolsos que reciben, junto a su secuencia temporal, constatando que en los períodos en que un país recibe más flujos de ayuda aumentan de manera sustancial las transferencias a depósitos opacos en paraísos fiscales, frente a aquellos otros países similares que no reciben ayuda y cuyas transferencias permanecen constantes. De esta forma, los tres investigadores han determinado que, por cada 100 dólares de ayuda recibida en los 22 mayores países receptores, 7,5 se convertirían en transferencias ocultas desviadas a centros financieros extraterritoriales.

Los profesores Juel, Johannesen y Rijkers afirman que aquellos países que dependen más de la ayuda, como Afganistán o Burkina Faso, suelen ser también los peor gestionados y donde más corrupción existe. Según los resultados del documento, la ayuda al desarrollo podría mejorar la vida de la gente y responder a sus necesidades inmediatas, pero también ayuda a los políticos corruptos locales a acumular riqueza personal que transfieren a cuentas opacas en paraísos fiscales con las que poder consolidar su poder. Al mismo tiempo, señalan que, si los políticos locales se vuelven cada vez más ricos y poderosos, cuanta más ayuda reciban, menos incentivos tendrán para reducir la pobreza en su país. Un buen ejemplo lo constituye el país más dependiente de la ayuda en el mundo, Afganistán, que recibe el 33,5 por ciento de su PIB en ayuda exterior, siendo también uno de los países más corruptos del mundo y con un importante volumen de dinero en paraísos fiscales, a pesar de su pobreza.

-Por último, escribes, “la lógica de las agencias, de los organismos internacionales y financiadores se ha ido alejando cada vez más de los pobres y desheredados, convertidos en simples cifras”, a lo que se agrega “toda la aristocracia técnica y académica de la AOD”. ¿Hay actualmente modelos o ejemplos de ONG que promuevan una solidaridad alternativa?

Por supuesto, y no son una excepción, sino que en todo el mundo muchas ONG llevan años trabajando con esfuerzo para cambiar y mejorar unas sociedades repletas de injusticias. En el estado español existen organizaciones ejemplares que, desde hace décadas, impulsan cambios, luchas y dinámicas de solidaridad capilar de una enorme riqueza que han sido trascendentales en numerosos sectores. Y muchas de ellas son pequeñas organizaciones, con una fuerte implantación territorial, que llevan años poniendo en marcha valiosas experiencias de solidaridad internacional en comunidades y poblaciones.

Recordemos que las ONG han sido un fenómeno de la sociedad global y un exponente más de las profundas transformaciones que se han producido en los estados, en la gobernanza y en el conjunto de la sociedad, impulsando cambios económicos y sociales de un gran calado. Precisamente por ello, se han producido importantes reajustes en las funciones y competencias de los Estados y de la sociedad civil, llevando a las ONG a ocupar un lugar destacado, pero siendo utilizadas por gobiernos y administraciones como proveedoras de servicios baratos especializados y agentes propagandísticos de políticas oficiales. Ahí es donde otro buen número de estas ONG han renunciado a la independencia y al potencial de transformación que acumulan, para ponerse al servicio de los poderes públicos. Sin olvidar aquellas otras que han surgido del poder político o económico, convirtiéndose en sus mamporreros, dañando enormemente al sector.

Así las cosas, se plantea la exigencia de una profunda revisión en el sector de las ONG, que lleve a que el modelo de organizaciones entendidas únicamente como proveedores de servicios baratos a las administraciones públicas o de propaganda y difusión de sus políticas, pueda dar paso a una nueva generación de ONG, mucho más comprometidas, mucho más militantes, mucho más politizadas, dotadas de un corpus crítico y analítico de mayor calado. Y para ello, el rearme ideológico de las ONG es una condición necesaria para articular respuestas efectivas a los cambios que se están generando y a sus efectos, así como para reforzar su legitimidad social."                         

(Entrevista a Carlos Gómez Gil, autor de "Debates y controversias en la cooperación al desarrollo", Enric Llopis, Rebelión, 10/12/20)

El coste total de la corrupción en España es de 90.000 millones al año según el Parlamento Europeo... o de 60.000 millones anuales según el FMI, a causa del cobro de sobornos, de la complejidad y opacidad del sistema tributario...

"La Unión Europea se ha equivocado en los últimos años imponiendo políticas restrictivas (mal llamadas de "austeridad") para hacer frente a las crisis y al endeudamiento. 

La experiencia ha demostrado claramente que así se frena la generación de ingresos y que la deuda, en lugar de disminuir, aumenta. Eso sí, en beneficio de la banca y de los países del norte, lo que indica que el "error" no sólo tiene causas sino también este propósito claro.

Sin embargo, en Europa llevan razón quienes denuncian que en España el dinero público no se gasta con la eficacia debida.

Eso es verdad y es algo que deberán tener muy presentes los gobiernos que apliquen los fondos europeos de recuperación recién aprobados.

La historia del gasto público gestionado por los gobiernos del PP, del PSOE y de la derecha nacionalista es una historia llena de despilfarros y de ineficacias con las que hay que acabar. Y hay que decirlo sin miedo: la condicionalidad europea que esté orientada a a tomar medidas para combatir estos defectos debe ser muy bienvenida.

A mi juico, hay varias vías por las que se vienen dilapidando los recursos públicos en España y que requieren que se actúe con valentía, efectividad e inteligencia y a la mayor brevedad.

1. La corrupción minorista: es la que protagoniza, sobre todo, la clase política y también mucha gente corriente: comisiones, gastos innecesarios, lujos injustificados, fraude fiscal a pequeña escala... La primera es vergonzosa (¿habrá un desprestigio más grande para la Marca España que haber tenido un Jefe de Estado comisionista, corrupto y, además, inviolable) porque la llevan a cabo las personas que se supone que actúan para servir a los intereses generales y no para enriquecerse. Y la segunda es nefasta porque refleja una cultura arcaica y egoísta que frena la creación de riqueza y progreso. De esta corrupción al por menor es de la que más se habla y la que se suele presentar como la única existente o más importante. Se dice constantemente que hay que bajar sueldos de políticos, eliminar coches oficiales, suprimir instituciones... pero todo esto es el chocolate del loro. En unas ocasiones se trata de casos excepcionales y personales y, en general, supone una cuantía realmente minúscula por no decir que insignificante del dinero total que cuesta la corrupción. Hay que combatirla pero no fijarse sólo en ella sin contemplar la más importante.
2. La corrupción al por mayor: es la que realmente representa una pérdida grandiosa de recursos, la que protagonizan los bancos que hacen todo lo posible para que las administraciones, las empresas y hogares se endeuden innecesariamente y en mayor medida, las grandes empresas que promueven inversiones innecesarias en beneficio propio (autopistas, puertos, aeropuertos...), las que abusan de su poder para ganar concursos que implican beneficios extraordinarios y que acaban con la competencia en los mercados y con el empleo decente, la evasión fiscal de las grandes empresas y fortunas, la contabilidad creativa que disimula beneficios o inversiones, o las millonarias ayudas ocultas y subsidios disimulados a los grandes grupos de poder económico.

En 2018, un estudio del Grupo de Los Verdes/ Alianza Libre Europea del parlamento europeo cifró el coste total de la corrupción en España en 90.000 millones de euros al año; otro del Fondo Monetario Internacional en unos 60.000 millones anuales a causa del cobro de sobornos, de la complejidad y opacidad del sistema tributario, de la discrecionalidad de funcionarios, de grandes licitaciones irregulares, de su falta de transparencia o de la colusión entre los licitadores o de los cambios en los proyectos después de su adjudicación, ente otras. Y un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones concluyó que mejorar la calidad de las instituciones de las que depende el bueno uso de los recursos públicos permitiría que España registrase un aumento del 16% en el PIB per cápita durante un período de 15 años.

Es fundamental, pues, combatir este robo institucionalizado de los grandes poderes económicos, aunque esto sea algo muy difícil porque se trata, precisamente, de amarrar en corto a los grupos oligárquicos que mandan en España desde hace decenios y que, como la historia demuestra, están siempre dispuestos a cualquier cosa para mantener sus privilegios.

3. Ineficiencias autonómicas. Cueste lo cueste decirlo, no se puede seguir obviando que el actual diseño de nuestro Estado de las autonomía es una fuente de duplicidades e ineficiencias. La descentralización puede generar mucho ahorro cuando se hace bien pero también gran despilfarro si lo que se crea es una suma de administraciones que no se coordinan lo suficiente ni comparten servicios, ni políticas de ingreso y gasto. Es quizá algo de menor cuantía, pero que haya habido diecisiete autonomías comprando mascarillas cada una por su lado es una barbaridad, como lo es todavía más que tengamos otros tantos sistemas sanitarios o educativos. El deterioro de la situación sanitaria que se ha producido cuando los gobiernos autonómicos han recobrado la iniciativa tras el mando único frente a la pandemia es muy significativo.

Hay que coger al toro por los cuernos y abordar esta fuente de mal uso de nuestros recursos públicos sin necesidad de romper los equilibrios territoriales a los que obliga la naturaleza plural y diversa de nuestro Estado.

4. Ayudas públicas que no ayudan y nos empobrecen. Es también imprescindible que se reformulen la políticas de ayudas públicas en España. No puede ser que grandes empresas o bancos que ganan miles de millones de euros reciban las prebendas que reciben de las administraciones o que las políticas sociales financien en mayor medida a la población con mayor nivel de renta, como no puede ser que el dinero público genere desincentivos para la creación de riqueza, cuando debe servir para todo lo contrario.
5. Un sistema fiscal ineficaz e injusto. Aunque en buena medida forma parte de la corrupción al por mayor, la naturaleza de nuestro sistema fiscal merece ser considerada como una vía singular de despilfarro y de mal uso del dinero público. Es preciso reformarlo porque es posible que el Estado ingrese más con menos impuestos, simplemente persiguiendo de verdad el fraude que nos puede estar costando entre 25.000 y 60.000 millones de euros al año, mejorando el sistema de recaudación y creando nuevas figuras que respondan a la naturaleza de las actividades que hoy día protagonizan la economía y las finanzas.
6. Servicios públicos mal financiados. La insuficiente financiación de los servicios públicos no ahorra; al final sale muy cara. Lo hemos visto en las comunidades autónomas en donde se han producido más recortes y más privatizaciones: las administraciones terminan gastando más y, como hay peores servicios, los hogares y las empresas han de dedicar más dinero para satisfacer sus necesidades básicas. Los servicios son peores y más caros y, además, aumenta la deuda.

Las privatizaciones de empresas y servicios públicos esenciales propias del capitalismo de amiguetes que llevaron a cabo gobiernos del PP y del PSOE nos están costando miles de millones cada año y eso hay que ponerlo también sobre la mesa con toda sinceridad y claridad.

7. El mal uso del dinero público no es solamente una cuestión económica sino también cultural. Para evitarlo, es preciso que la ciudadanía sea consciente de que los recursos que se ponen a nuestra disposición no vienen de la nada, sino que son el resultado de la acción social y que es imprescindible que todas las personas asumamos nuestra vida en sociedad como una contribución a la tarea colectiva de satisfacción de nuestras necesidades, sin limitarnos a creer que todo nos va a venir resuelto.

Hacer frente a estas situaciones es fundamental, un reto ineludible para España. Aunque, en cualquier caso, no se debe olvidar que, como acabo de decir, gastar insuficientemente también es gastar mal. Por eso España, al mismo tiempo que debe hacer reformas para cerrar con urgencia estas vías de fuga de recursos públicos, debe poner un empeño especial en mostrar que las políticas de recortes de los últimos años, la estabilidad presupuestaria entendida como un fin en sí mismo, las injusticias fiscales y el desmantelamiento de lo público que se ha promovido e impuesto desde la Unión Europea es la principal fuente de pérdida de recursos y de mala gestión de los recursos públicos. Una cosa no quita la otra.

Combatir estas fuentes de despilfarro e ineficacia no es ni mucho menos fácil, como he dicho. Hace falta, en primer lugar, voluntad política de acabar con ellas y eso es complicado porque el mal uso del dinero público no se hace por casualidad, ni por gusto, ni siempre por incompetencia o por no saber hacerlo bien, sino porque hay quien se beneficia de ello y tiene poder para conseguir que se establezcan las condiciones necesarias para que siga existiendo, además, como si la culpa fuese de la gente corriente, es decir de quien, en realidad, sufre sus consecuencias.

Es por ello por lo que nunca habrá voluntad política de enfrentarse a estos problemas que he señalado si la ciudadanía no impone el debate público sobre sus causas y efectos y si no sanciona con rotundidad a quienes no contribuyan a combatir el cáncer de la corrupción y el despilfarro. Y para que eso sea posible es imprescindible que los gobiernos que de verdad estén comprometidos con esta tarea promuevan y difundan la información que permita que la gente corriente sepa lo que de verdad pasa, las consecuencias de gastar mal el dinero público y quién se aprovecha de ello.

Sólo con la presión ciudadana se podrá garantizar la transparencia, el control y la sanción que debe existir para que los españoles no tengamos que seguir avergonzándonos de quienes nos representan y gobiernan.

Con todos los inconvenientes que tiene, el reciente acuerdo europeo es una buena oportunidad para que un gobierno progresista sitúe este tipo de cuestiones sobre la mesa y con prioridad, para que ponga en entredicho a quienes en realidad actúan como cómplices de quienes se benefician de que el dinero público se gaste mal y para que haga propuestas eficaces que nos permitan avanzar por otro camino."                      (Juan Torres López, Público, 24/07/20)

Las cloacas del Estado también son las subvenciones a dedo y el 'caso Palau'. Nunca ha existido la separación de poderes ni gobierno que se limiten solo a ejecutar, ni en España ni en ningún lugar el mundo

"Un imperium in imperio que existe desde hace siglos. El deep state, conocido popularmente como las cloacas del Estado, existe desde hace siglos en todos los países del mundo. 

Y va más allá de los casos más llamativos, como el del comisario Villarejo, el GAL o las actividades del CNI. Para investigadores de la UAB, la financiación irregular de partidos políticos como los de los casos Palau o Filesa, las subvenciones a dedo, las puertas giratorias, la no renovación de las instituciones públicas por una mayoría de tres quintas partes o la repetición de apellidos ilustres en determinadas formaciones políticas forman parte también de ese Estado profundo.

El Institut de Ciències Polítiques i Sociales (ICPS), adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona, acogió la semana pasada la conferencia ¿Existe el Estado profundo o 'deep state'? Análisis histórica y actual a cargo de los profesores Lluís Ferran Toledano (Departamento de Historia Moderna y Contemporánea) y Joan Lluís Pérez Francesch (Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público) A pesar del gran eco mediático que suelen tener este tipo de prácticas --caso Villarejo, GAL…--, lo cierto es que, según Ferran, se trata de un tema que se ha estudiado suficientemente.

Un gobierno en la sombra

Pero ¿se puede analizar algo opaco, esa cara oculta de la luna de los estados? Ferran afirma que es posible y que en otros países se hace. El profesor define el Estado profundo como “un tipo de gobierno formado por redes de poder que funcionan al margen del poder político y de los mecanismos parlamentarios. Su objetivo es seguir su propia agenda. Es un gobierno en la sombra. Un mecanismo defensivo, que esconde hechos que benefician a personas o grupos”.

Existe desde hace siglos y, actualmente, se ha revelado en España como un sistema de poder que no siempre actúa a la sombra o va en la misma dirección que el Gobierno de turno, lo cual hace estremecer la definición canónica. El citado caso Villarejo o determinadas actividades que se llevaron a cabo contra el procés son un ejemplo, así como las actividades del CNI, la inteligencia española que ha vuelto a depender del Ministerio de Defensa después de estar transferido al Ministerio de Presidencia durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Control de la diplomacia en el siglo XVIII

“En el siglo XVIII, los historiadores ya se hacían eco de las redes de control de la diplomacia española en el extranjero. Los fondos reservados estaban entonces más relacionados con la acción exterior que con la seguridad interior”, explica Ferran. En 1814 se elaboró el llamado Manifiesto de los Persas, que reconocía “la importancia de la circulación de noticias para quienes gobiernan, mientras que el común del pueblo no la tiene sin equivocarse, porque no tiene capacidad para tener una adecuada opinión pública”.

Reservar dinero para maniobrar elecciones o reventar sesiones parlamentarias se había vuelto una práctica habitual. La pérdida de las colonias españolas y las numerosas guerras civiles potencia el debate sobre fondos de contingencia o secretos en el siglo XIX.

Conceptos como Estado profundo y el secreto, cloacas del Estado, el bolsillo secreto (la confusión entre patrimonio real y patrimonio nacional); fontaneros del Estado, fondos reservados, fondos de reptiles… se vuelven populares en el siglo XX.

Periodistas a sueldo del Gobierno

Según los investigadores de la UAB, son conocidos los fondos reptiles de Eduardo Dato durante la Restauración, así como las de periódicos y personas que el Gobierno podía “comprar”. Antonio Maura intentó acabar con eso. “Se sabe que Lerroux recibió 100 pesetas de esos fondos y que los periodistas, que cobraban muy poco en sus redacciones, también. Hubo un periodista que cobraban supuestamente como “’barrendero’  otro como ‘ama de cría’ de una inclusa en Madrid”. El escritor Valle Inclán, desvela Ferran, también cobraba del Estado.

Pérez Francesch afirma que el deep state “existe en todos los Estados, no solo en España”, con la finalidad de “mantener el orden público, aunque no se sabe qué límites hay”. Porque, en la práctica, el objetivo del gobierno de turno es “mantenerse en el poder, en el sentido maquiavélico. El poder de verdad siempre es el ejecutivo, el gobierno, que nunca ha estado subordinado al legislativo. Nunca ha existido la separación de poderes ni gobierno que se limiten solo a ejecutar, ni en España ni en ningún lugar el mundo”.

La 'policía patriótica' de Jorge Fernández

Es entonces cuando el Estado “se construye desde el punto de vista de la dinámica amigo/enemigo, guerracivilista”. La “policía patriótica” del exministro del interior, Jorge Fernández Díaz, es un ejemplo. Pero también otras prácticas como las subvenciones a amigos, los apellidos ilustres que se repiten en algunas formaciones políticas. Las influencias del palco del Bernabeu…” o que no se renueven las instituciones públicas por una mayoría de tres quintas partes, algo que, precisa Pérez Francesch, también sucede en Cataluña.

Cita el caso Palau --el expolio destinado a financiar CDC mediante el cobro de comisiones por adjudicación de obra pública-- como ejemplo de deep state. “La repartidora de las empresas públicas y la corrupción, no controlada en el ámbito local, también forma parte de este Estado profundo”, donde aparecen casos como Gürtel, Filesa o la disolución de UDC.

Las puertas giratorias o la opacidad sobre quién dio la orden de intervención policial durante el referéndum del 1-O demuestran esa falta de transparencia gubernamental. El profesor cita la excepcionalidad que supone el uso del estado de alarma, aplicado durante la pandemia del Covid, que, a su juicio, “no era necesario, quizá hubiera sido mejor un estado de emergencia sanitarias, a no ser que se quiera aprovechar para hacer otras cosas”.

Menciona, asimismo, la aplicación del artículo 155 contra el procés o el lawfare que ahora se está aplicando en España para “resolver por vía judicial lo que no se resuelve por vía política, se hace por vía judicial. A quienes lo practican les interesa extender la idea de buenos y malos, no de opciones diferentes”.             (María Jesús Cañizares, Crónica Global, 05/07/20)

Ciudadanos tenía a sueldo como asesor a un miembro de la Junta Electoral Central que resolvió reclamaciones del partido

"Ciudadanos pagó mensualmente a un vocal de la Junta Electoral Central (JEC) mientras participaba en debates decisivos sobre el conflicto político catalán y el desarrollo de las elecciones entre los años 2017 y 2019. Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, ingresó en la institución que arbitra los procesos electorales en octubre de 2017, a propuesta de la formación que dirigía Albert Rivera. En ese momento ya ocupaba un cargo de asesor y un despacho en la quinta planta de las oficinas que el Congreso de los Diputados destina a las formaciones políticas.

Fuentes oficiales de Ciudadanos admiten, en conversación con eldiario.es, que tenían a Andrés Betancor en nómina al tiempo que desarrollaba sus funciones de vocal en la Junta Electoral. Las mismas fuentes se niegan a dar detalles sobre las funciones que este catedrático tenía encomendadas en la formación política ni el salario que percibía por sus servicios. Según la dirección de Ciudadanos, la compatibilización de ambos cargos "no es ilegal". eldiario.es también se ha puesto en comunicación con Betancor. De esa conversación el aludido solo permite la publicación de la siguiente sentencia: "Solo tengo que decir que ni confirmo nada ni desmiento nada".

Betancor es experto en Derecho Administrativo y cuando Ciudadanos le ofreció sueldo y despacho pidió permiso a la Universidad Pompeu Fabra para compatibilizar sus funciones docentes con su ingreso en la formación política. Solo unos meses después recibiría otra oferta: un puesto de vocal en la Junta Electoral Central. 

Ante el Congreso de los Diputados, Betancor ocultó sus vinculaciones laborales con Ciudadanos. El 26 de octubre de 2017 compareció ante la comisión de nombramientos que le abriría la puerta al principal árbitro electoral de nuestro país y no dijo una sola palabra de sus vínculos con la formación que lideraba Albert Rivera, según figura en el Diario de Sesiones. En aquella intervención, el aspirante a vocal de la Junta Electoral Central recordó que "la finalidad de la administración electoral es garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad". Ni por su parte ni por la de Miguel Gutiérrez, el diputado que participó representando a Ciudadanos en su examen para acceder a la Junta Electoral Central, hubo una sola mención a su condición de asesor parlamentario del partido de Albert Rivera.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho magistrados seleccionadas por sorteo por el Tribunal Supremo y cinco catedráticos elegidos por el Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios. Además de ellos, el letrado mayor del Parlamento y el director de la Oficina del Censo ocupan puesto con carácter "nato", con voz pero sin voto. Los cinco vocales elegidos por los partidos políticos deben cumplir el requisito de ser catedráticos y someterse a una comparecencia parlamentaria. La ley no prevé límites para catedráticos que, además de sus funciones docentes, tengan una relación laboral con una formación política.  

La Universidad Pompeu Fabra confirma a esta redacción que Betancor les comunicó su ingreso en la nómina de Ciudadanos a principios de 2017. Durante ese trámite  solicitó el paso a la modalidad contractual de tiempo parcial el 21 de febrero de ese año, solicitud que fue aprobada por la Comisión del Profesorado solo unas semanas después. La entidad académica basó su decisión en el criterio de que el paso a la plantilla del partido político "no tenía impacto sobre la programación académica". 

Durante su paso por la Junta Electoral, Betancor participó en resoluciones decisivas como la exclusión de la candidatura de Carles Puigdemont a las elecciones europeas de 2019, en respuesta a un recurso de Ciudadanos y PP. Esta resolución acabaría siendo revisada por el Constitucional que desoyó las conclusiones del órgano electoral, en cuya votación participó el entonces asesor de Albert Rivera. Además de a Puigdemont, la Junta Electoral Central también prohibió las candidaturas de Toni Comín y Clara Ponsatí, alegando que no estaban inscritos correctamente en el censo. 

Aquella votación se dirimió por siete votos contra cuatro, evidenciando la división del organismo. La reunión, según testigos del momento, fue muy tensa y en ella Betancor se enfrentó al presidente de la JEC, el magistrado Segundo Menéndez, partidario de que Puigdemont sí pudiera concurrir en aquellas elecciones. Betancor logró imponerse pero la decisión de la JEC, muy celebrada por Ciudadanos, acabaría siendo revocada por el Tribunal Supremo y el Constitucional. 

Andrés Betancor también fue el autor de un polémico voto particular frente al acuerdo de la Junta Electoral Central que censuró la entrevista que Inés Arrimadas ofreció al diario ABC durante la jornada de reflexión de las últimas elecciones catalanas. El empleado de Ciudadanos intentó convencer a sus compañeros de que la concesión de una entrevista durante la jornada de reflexión no merecía sanción alguna. 

El cargo de vocal en la Junta Electoral Central no lleva aparejada una relación laboral con la institución. Los miembros del órgano que dirige los procesos electorales cobran una compensación trimestral de 3.314,24 euros, además de una dieta de 150,25 euros por cada día de reunión. Betancor abandonó la JEC hace unos meses tras presentar su dimisión. Sucedió en julio de 2019, después de que Carles Puigdemont le acusara ante los tribunales de liderar una persecución política contra él. Hasta ahora nadie había revelado que durante aquellos meses cobraba de Ciudadanos como asesor al mismo tiempo que dictaba esas resoluciones. 

En la actualidad, este catedrático sigue trabajando para Ciudadanos y forma parte de la comisión gestora que dirige el partido tras la dimisión de Albert Rivera como consecuencia de la debacle del 10N. Ocupa la secretaría jurídica de Ciudadanos, una labor que en realidad ya venía ejerciendo desde hacía años y por la que recibe una importante remuneración mensual, según fuentes consultadas por esta redacción.

Según fuentes de Ciudadanos, una de las responsabilidades encomendadas a Betancor era la redacción de recursos ante la JEC, que luego resolvía en su condición de vocal: "Se jactaba de redactar los recursos", asegura un exdirigente de la formación. Betancor lo niega y asegura que no fue juez y parte."                         (Gonzalo Cortizo, Carmen Moraga, eldiario.es, 26/02/20)

El embajador español en Angola se benefició del plan de sobornos pagados por Mercasa

"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata señala que el embajador de España en Luanda, José María Castroviejo y Bolívar (Bueu, Pontevedra, 1942), ayudó en 2012 y 2013 a la empresa pública de construcción y gestión de mercados mayoristas Mercasa a consumar un plan de sobornos a funcionarios y políticos de Angola que se elevó a más de 20 millones de euros, con el fin de asegurarse contratos en el país africano entre 2006 y 2016. Las adjudicaciones ascendieron a un total de 533 millones de dólares. Cobró no menos de 30.000 euros por esa intermediación irregular con el Gobierno angoleño.

En un auto de diligencias previas fechado el 25 de noviembre, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 sostiene que en el primer semestre de 2012 directivos del consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC) mantuvieron contactos con responsables de diferentes ministerios del Gobierno presidido por José Eduardo dos Santos, con el fin de desbloquear una deuda del Estado angoleño a la multinacional española. Según De la Mata, el embajador de España “habría acompañado en todo momento este proceso irregular” durante ese periodo en que aún ejercía como máximo responsable de la legación diplomática en Luanda.

José María Castroviejo fue cesado en junio de 2012 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. No había cumplido el ciclo habitual de cuatro años que suelen consumar los embajadores como jefes de misión diplomática, ya que había sido nombrado en enero de 2009.

En un correo electrónico reproducido por el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, queda claro que Castroviejo preguntó a uno de sus contactos en Mercasa durante una comida si podía ofrecer dinero a políticos angoleños para facilitar el desbloqueo de la deuda. “Castroviejo participó directamente a cambio de dinero en estas negociaciones paralelas irregulares”, se lee en el escrito de De la Mata.

Cierto es que en concreto este 'e-mail' está fechado en octubre de 2012, unos meses después de ser cesado. Pero el juez subraya a continuación que Castroviejo “intervino en el proceso de desbloqueo de la deuda en desempeño de su tarea oficial como embajador y que continuó posteriormente una vez cesado. (…) Estas intervenciones que pudiera haber llevado a cabo las habría realizado bajo las expectativas de recibir un ‘premio’, recompensa esperada bajo la premisa de gestiones realizadas”.

El embajador no está entre los 28 investigados, entre personas físicas y jurídicas, en el caso Mercasa de Angola por los delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación criminal y blanqueo de capitales.

Castroviejo mantuvo una relación profesional remunerada con Incatema hasta noviembre de 2012, momento en el que recibió una notificación oficial por la que se le comunicaba la incompatibilidad de estas actividades de mediación con su labor diplomática. Tan solo 18 días después de su cese, Castroviejo creó la sociedad Betel Martin Soluçóes Lda, en Luanda. El juez defiende que la constitución de esa mercantil tenía la única finalidad de ocultar esa incompatibilidad.

La norma laboral que rige aún para los diplomáticos data de 1955. En el artículo 73 del Reglamento Orgánico de la Carrera Diplomática se lee: “Se prohíbe a los funcionarios de la carrera diplomática que desempeñen cargos en el extranjero, ejercer comercio, profesión o industria en el país en el que estén destinados”.

En febrero de 2013, Castroviejo libró una factura de 50.000 euros por su labor de intermediación entre Incatema y miembros del Gobierno de Dos Santos. Su interlocutor directo fue Javier Pardo de Santayana, consejero delegado del consorcio CMIC.

Aunque Pardo de Santayana le respondió unos días más tarde que su “hermano Manolo [Manuel Pardo de Santayana]” le había dicho que había pactado en una reunión personal con el embajador que solo se abonarían tres meses de servicios, a razón de 10.000 euros mensuales, es decir, un total de 30.000 euros.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Castroviejo, pero el diplomático ya retirado no ha contestado a los correos electrónicos que ha leído durante estos últimos días.

Miembro de una familia distinguida

Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, José María Castroviejo y Bolívar superó las oposiciones a la carrera diplomática en 1971. Entre 2002 y 2012, ocupó el puesto de embajador en tres misiones: Tanzania, Bosnia y Angola. Antes, había ejercido como consejero y cónsul en otros destinos internacionales, como las legaciones diplomáticas de Gabón, La Haya, Naciones Unidas en Nueva York, Montreal y Estambul.

En una de sus anécdotas como diplomático, se puede referir que Castroviejo propuso a Jane Goodall como candidata al Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica cuando era embajador en Tanzania. Tuvo éxito: la primatóloga británica obtuvo el galardón en 2003.

Es hijo del escritor y periodista gallego José María Castroviejo Blanco-Cicerón (1909-1983), firmante del acta fundacional de las JONS. Su padre frecuentó los ambientes de los grandes intelectuales falangistas como Álvaro Cunqueiro, a quien le unía una gran amistad.

El embajador es el tercer hijo de un total de 11 hermanos. Varios de sus hermanos han desarrollado carreras notables y públicas.

Su hermano Javier es escritor y naturalista, fue director durante 14 años de la Estación Biológica de Doñana. Fue amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, con quien colaboró en rodajes de los afamados documentales de TVE ‘El hombre y la tierra’.

Su hermano Santiago fue un prestigioso botánico (murió en 2009). Ejerció como director del Real Jardín Botánico de Madrid entre 1984 y 1994. Obtuvo el Premio Nacional de Investigación en 2009. Es autor de la gran obra ‘Flora ibérica’, de catalogación botánica."                      (Marcos García, El Confidencial, 02/12/19)

Reventa de turnos en la oficina de Extranjería. Los retrasos de la Administración crean un mercado ilegal de las citas previas, vitales para los inmigrantes

"Un grupo de jubilados del barrio madrileño de Lavapiés se turna frente a un ordenador. Llevan casi un año así. Entran y rellenan una y otra vez los datos necesarios para obtener una cita previa en Extranjería para sus vecinos subsaharianos. Se trata de una labor ingrata; en todas las ocasiones la respuesta es la misma: “En este momento no hay citas disponibles. En breve, la oficina pondrá a su disposición nuevas citas”. Sin cita, no hay papeles. Sin papeles no hay trabajo formal ni cuenta bancaria ni alquiler. Ni tranquilidad.

Los colectivos de apoyo a inmigrantes llevan dos años denunciando la carestía de citas previas, indispensables para que los extranjeros regularicen su situación después de años en la clandestinidad, para que renueven sus permisos de residencia o tramiten autorizaciones de trabajo. Las trabas para conseguir el que debería ser el más sencillo de los trámites que les esperan ha alimentado un mercado negro en el que empresas, locutorios y oscuros abogados hacen su agosto a costa de inmigrantes al borde de la desesperación.

Estos conseguidores —con la misma rutina que los jubilados, pero, a diferencia de aquellos, con ánimo de lucro— llegan a cobrar en Madrid hasta 150 euros por cita. En Barcelona ese precio puede duplicarse. Fuentes conocedoras del sistema de gestión de citas denuncian cómo estos intermediarios actúan además como revendedores de entradas y acaban acaparando una buena parte de las fechas disponibles. Eso agrava aún más el problema y hace todavía más difícil conseguir cita previa sin pasar por caja. “Yo voy a terminar pagando, no puedo esperar más, me van a devolver a mi país”, afirma Salah, un marroquí que llegó a Algeciras escondido en un camión hace 20 años y que, desde noviembre, intenta obtener —sin suerte— una cita para regularizar su situación.

Hay multitud de casos similares. Milagrosa Fernández, de 33 años, vendió todo lo que tenía —una casa, un terreno y un coche— para pagar el billete de avión para venir junto a su hijo desde Guinea Ecuatorial. De eso hace ya un año y nueve meses. Migró para entender qué le pasaba al pequeño José Miguel, de cinco años, un niño risueño y ausente. “En mi país ningún médico sabía lo que le ocurría, solo aquí me dijeron que tiene autismo”, se lamenta. Fernández, hija de un español que emigró al país africano, consiguió regularizar su situación con relativa rapidez. Los problemas han llegado para los papeles de su hijo. La abogada que la asesora pidió por primera vez una cita en febrero; lo ha intentado desde entonces todos los días, mañana y tarde. Este jueves lo consiguió. Aún le esperan meses de trámites por delante con su niño a cuestas.

El problema se ha agravado últimamente. Hartos, más de medio centenar de inmigrantes se manifestó ayer frente a la oficina de Extranjería de la calle Silva, en el centro de Madrid. La Delegación de Gobierno reconoce que el sistema falla y promete buscar una solución. Una portavoz alega que el departamento ha perdido casi un tercio de sus funcionarios en los últimos siete años. Estos empleados públicos, además, son los mismos a los que se moviliza en cada cita electoral: con el 10-N serán cinco comicios en apenas seis meses.

Volver a empezar

Las citas en Extranjería suponen la primera oportunidad de regularización para muchos inmigrantes que viven en la clandestinidad. La ley exige a los extranjeros en situación irregular que demuestren que llevan tres años en España antes de optar a un permiso de residencia por arraigo. Indah, indonesia de 46 años, sabía que tendría que esconderse todo ese tiempo, pero la falta de citas ha alargado su angustia casi un año más. Limpia casas desde hace cuatro años mientras una de sus patronas le pregunta insistentemente qué pasa con sus papeles. Comenzó a pedir cita en diciembre; solo consiguió que la atendieran ayer, 10 meses después. Está preocupada: le falta un sello en su certificado de antecedentes penales. Tiene que pedirlo de nuevo y hacer guardia una vez más frente al ordenador.

Y así ad infinitum. Abdoulahad Diouf, de 37 años, está algo más animado: el grupo de abuelos, a veces, tiene éxito con relativa celeridad. Siete meses le han bastado para conseguir una cita para él. Lleva casi cuatro años en situación irregular. Depende del top manta para sobrevivir. “Quiero un trabajo normal”, asegura este senegalés."                 (María Martín, El País, 05/10/19)

Cuatro detenciones en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venezuela, por blanqueo. La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal, a través de Panamá y otros países latinoamericanos

"La Policía Nacional desarrolla esta mañana varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela.

 En la operación, que impulsa el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, se prevé la detención de cuatro personas, entre ellas, Alejo Morodo, hijo de Raúl, y de otras tres personas del entorno de ambos y que les ayudaron a aflorar el dinero. Se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petroleos de Venezuela S. A. (PDVSA).

Aunque figura entre los investigados y es uno de los cabecillas de esta trama, la policía antiblanqueo de capitales (la denominada UDEF) no tiene previsto detener hoy a Raúl Morodo debido a su avanzada edad. Raúl Morodo es catedrático de Derecho Constitucional y fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) junto al exalcalde de Madrid Enrique Tierno Galván.

Los registros policiales ordenados por el juez Pedraz sí atañen, en cambio, tanto a Raúl Morodo como a su hijo Alejo. Anticorrupción les investiga por haber blanqueado en España esos cuatro millones saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país, a cambio de fingidos asesoramientos legales. Para aflorar los millones en España, los Morodo y sus compinches en la petrolera antes hicieron pasar el dinero por Panamá y otros países latinoamericanos. La operación policial está en marcha desde primeras horas de esta mañana y aún continúa abierta.

La investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre Raúl, cobró, al menos, 4 millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. Así consta en contratos y facturas a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que forman parte de las pesquisas. La relación entre el gigante del petróleo venezolano y el hijo del embajador se inició precisamente después de que el diplomático socialista Raúl Morodo dejara su puesto de embajador en Caracas.

En 2015, un redactor de este periódico mostró a Alejo Morodo distintos contratos que firmó con PDVSA y que suman los citados cuatro millones. Este justificó la recepción de ese dinero en que su despacho jurídico se encargó de constituir en España una sociedad filial de PDVSA para sus relaciones con España y Portugal. El letrado declinó explicar qué otras supuestas actividades realizó su despacho para la compañía venezolana que justificasen la recepción de los millonarios contratos. Y argumentó la ausencia de explicaciones en el secreto profesional entre abogado y cliente. PDVSA no tenía en los años en que llegó el dinero actividades en España.

El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de PDVSA, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados, S. L., con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables). El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas, era, según su tenor, “la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”. Ningún directivo de compañías españolas del sector petrolífero consultadas por este periódico conocía las actividades de Morodo ni su vinculación con la petrolera.

El 20 de agosto de 2011, un nuevo contrato de PDVSA, representada por Márquez, se firmó con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, representada por Alejo Morodo en calidad de apoderado. En esta ocasión la cantidad fue 526.880 euros. La dirección fiscal que aparece en el documento es Plaza 2000, Building, 50 th St de Panamá. Al año siguiente, en 2012, un nuevo contrato se vuelve a firmar entre PDVSA y Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L, la sociedad española de Morodo. Entonces la cantidad firmada ascendió a 1.584.000 euros.

Juan Carlos Márquez, el firmante de todos los contratos con el abogado español, remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la petrolera con Morodo. En las mismas detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”; es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.

Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramirez, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas hasta su cese en 2017. Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato. Dos de sus primos, Diego Salazar y Bastidas Ramírez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra (BPA) cantidades millonarias que provenían supuestamente del pago de comisiones de compañías que obtuvieron contratos de PDVSA."                   (José Antonio Hernández ,  José María Irujo , El País, 20/05/19)

El lado más oscuro del caso Odebrecht... claro que, curiosamente, la financiación de partidos que es ilegal en América Latina no lo es en EEUU...

"Rodrigo Tacla Durán, exabogado de la constructora brasileña Odebrecht, admite que al amparo de esta compañía creció una amplia red de sobornos y financiación ilegal de partidos políticos, que iba “desde Patagonia hasta Sierra Madre”, es decir, desde Argentina hasta México. A cambio de licitaciones de obras públicas, el gigante brasileño repartía generosas comisiones ilegales.

Destapado por el Departamento de Justicia en Washington hace nueve años, la famosa investi­gación judicial brasileña lava jato -lavacoches–, es el escándalo de corrupción más grande de la historia de la región.

Ha derribado, como bolos en una bolera, a jefes de gobierno, poderosos empresarios, ministros y altos funcionarios en una decena de países. También se ha cobrado la vida del ex presidente peruano Alan García que se suicidó hace dos semanas tras ser acusado de dar trato favorable en concurso de obras públicas a Odebrecht, a cambio de financiación para sus campañas electorales, la acusación más típica de la enorme ­trama latinoamericana de Odebrecht.

Odebrecht ha tumbado hasta a un jefe de Estado, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente conservador de Perú que se vio forzado a dimitir dos semanas ­antes de la cumbre hemisférica en Lima hace justo un año, un ca­lendario nada oportuno ya que la cumbre fue organizada por la ­administración Trump con el fin de demostrar que la corrupción es una plaga de la izquierda boli­variana.

 La financiación de partidos que es ilegal en América Latina no lo es en EEUU

 

Lo cierto es que el escándalo Odebrecht no tiene señas ideológicas. Ha golpeado a partidos de la izquierda en Brasil, Venezuela y Ecuador, y a partidos de la de­recha en México, Colombia y Brasil también.

Sin embargo, pese a ser elogiado como la punta de lanza de la lucha contra la corrupción en América Latina, el caso Odebrecht –con sus polémicos métodos jurídicos ­importados desde EEUU– ha ­levantado una fuerte polémica en la región.

Para algunos, se ha criminalizado en exceso un sistema ilícito de financiación política que, en Estados Unidos habría sido legal porque el Tribunal Supremo avala las aportaciones privadas y sin límites a un candidato.

“El caso de Alan García parece similar al del expresidente brasileño Lula da Silva. Se trata de di­nero para campañas políticas; no hay nada personal contra él excepto un dinero que cobró por una conferencia en la Federación Industrial de São Paulo (Fiesp)”, asegura Marcelo Mitterhof, economista de BNDES, el Banco ­Público de Desarrollo cuyos ex­directivos, tras repetidas acu­saciones de estar involucrados en el caso Odebrecht, han salido ­absueltos.

Es más, como ha denunciado Tacla Durán, los métodos de la investigación y, concretamente, el uso muy extendido de la colaboración premiada –penas reducidas y hasta incentivos económicos para los delatores– son cuestionables en muchos casos.

Hay amplias pruebas –miles de documentos con listas de políticos sobornables entregados por los directivos de Odebrecht– de que la empresa había efectivamente institucionalizado la corrupción en diversos países. Pero, en muchos casos, como el de Lula o el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, no hay pruebas salvo estas denuncias compradas a los colaboradores con la justicia. Muchos de ellos son allegados del expre­sidente de la constructora, Marcelo Odebrecht.

Odebrecht había institucionalizado la corrupción en una docena de países

Se multiplican las acusaciones contra el juez Sergio Moro, gran cabeza de la operación lava jato, cuya credibilidad como el azote de los políticos corruptos perdió brillo este año cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia de Brasil en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

 “Hay un grave conflicto de intereses para estos fiscales y jueces”, dijo Tacla Durán en dos entrevistas mantenidas en Madrid donde ha buscado refugio de los fiscales de lava jato. Opina que los métodos jurídicos carecen de todo rigor y asegura que “cada delator de Odebrecht cobró 15 millones de reales (3,4 millones de euros al cambio) por firmar el acuerdo de colaboración premiado y pactaron sus testimonios”.

Interpol respalda estas graves acusaciones lanzadas contra ­Sergio Moro, que se negó a admitir a ­Tacla Durán como un testigo en el juicio de Lula. Esta agencia de policía internacional se negó a seguir una orden judicial de ­busca y captura contra Tacla ­Durán al considerar irregulares los métodos del juez brasileño.

Todo empezó en Brasil hace cinco años cuando los fiscales del caso lava jato centraron su inves­tigación anticorrupción en Odebrecht tras descubrir una trama corrupta en la petrolera semi estatal Petrobras. Ya era una práctica habitual pedir dinero a la constructora para garantizar el apoyo de los partidos políticos brasileños a cambio de obras lucrativas como refinerías. 

Con la ayuda del testimonio explosivo de Marcelo Odebrecht y otros directivos que habían firmado un acuerdo de colaboración premiada, Moro y sus fiscales empezaron a detener a cientos de políticos brasileños, principalmente del Partido de los Trabajadores (PT), acusados de cobrar sobornos, normalmente para financiar a sus partidos ­aunque en algunos casos como el del exministro Antonio Palocci, el principal acusador de Lula –en otro acuerdo de colaboración–, para su propio enriquecimiento. 

 “Hay un abuso total de esta colaboración premiada sin otras pruebas; se ha reducido la pena de más colaboradores de los que se han inculpado”, explicó Thiago Bottino, experto en derecho de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, un crítico a la investigación brasileña. “Basar una inves­tigación en tantas colaboraciones premiadas es contraproducente; se acabará hundiendo por falta de pruebas”, agrega.

Hay indicios de que los jueces utilizan el caso Odebrecht para hacer política

Con un objetivo de sacudir el sistema político clientelar en Brasil y concretamente el entonces poderoso PT, los jueces de lava ­jato centraban su investigación en frenar los pies al expresidente ­Lula. “Solo les interesaba ir a por Lula y muchos de los acuerdos de colaboración protegían a los de­latores de Odebrecht de ser juz­gados en otros países”, aseguró Bottino. Pero si los directivos de Odebrecht estaban blindados, los políticos cayeron como moscas en la telaraña dentro y fuera de Brasil.

Primero alcanzó a gran parte de la clase política brasileña, entre ellos el expresidente Michel Temer, el gobernador del estado de Río que recibió sobornos por las obras olímpicas realizadas por Odebrecht y otras constructoras y el candidato presidencial Aécio Neves. Luego cruzó la frontera para inculpar a toda América Latina.

En Perú tres expresidentes ya están bajo investigación por pedir dinero a Odebrecht a cambio de contratos. En México, el expre­sidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Agustín Lozoya, estrecho aliado del entonces ­presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado de haber pedido 10 millones de dólares a Odebrecht para una campaña electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a cambio de acceder contratos en la construcción de refinerías. Según un nuevo libro de Raúl Olmos, la investigación contra Odebrecht alcanza no sólo a Peña Nieto sino a Felipe Calderón, otro expresidente.

En Ecuador, el exvicepresidente Glas y otros funcionarios del expresidente Rafael Correa, permanecen en la cárcel por su presunta involucración en el escándalo. Correa, por su parte, acusado en el mismo caso, vive en Bélgica a salvo de los jueces.

El proceso es el más importante habido en América Latina contra la corrupción
La exfiscal venezolana Luisa Ortega, ahora exiliada en Bogotá, acusa a Nicolás Maduro y sus colaboradores de haber recibido sobornos de Odebrecht. Al otro lado del espectro político, Mauricio Macri, el presidente liberal de Ar­gentina se ha visto también involucrado. Igual que Álvaro Uribe, el neoconservador expresidente colombiano. En Colombia, el fiscal general calcula que Odebrecht ­pagó sobornos por 35 millones de dólares a funcionarios y políticos a cambio de trato preferencial en adjudicaciones de obra pública. La lista se extiende a Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá.

En medio de una moralización justiciera que crece en muchos países latinoamericanos, el caso Odebrecht ha echado gasolina al fuego de indignación contra la clase política. Puede ser una reacción necesaria contra la corrupción endémica en la región desde hace siglos que pasa una enorme factura social y económica. Pero hay indicios preocupantes de que los mismos jueces quieren ser políticos al igual que Moro. Los fiscales de lava jato –liderados por el evangé­lico Deltan Dallagnol– han usado el dinero recaudado mediante los acuerdos de colaboración y las multas para formar una fundación anticorrupción que muchos creen que será su plataforma política.

Hasta se ha hecho una película de Netflix sobre la investigación jurídica sobre la red de sobornos, principalmente la trama brasileña titulada El mecanismo. Es una intriga turbia que, aun así, no logra igualar por suspense y drama lo que ha venido saliendo en los periódicos sobre maletas llenas de billetes o diamantes y listas de ­políticos comprados a los que se identifica con motes como nervo­sinho (el exalcalde de Río Eduardo Paes) o amigo (Lula). Pero El ­mecanismo tiene un problema, dice Tacla Durán; presenta el caso Odebrecht como un caso de polí­ticos malos contra jueces buenos. “No hace falta que vea la serie; lo he visto por dentro; lo sé todo y esos jueces no son héroes”.            (Andy Robinson, La Vanguardia , en Jaque al neoliberalismo, 03/05/19)