El Ayuntamiento de Sabadell exigía un depósito del 3% del importe de las obras

 "Del alcalde ‘capo’, el presunto colocador y la gestión del Plan E.

 Aunque la operación Mercurio sigue bajo secreto judicial, se van conociendo pasajes de la supuesta trama de corrupción cuyo epicentro se centra en Sabadell (Barcelona). Al alcalde de la ciudad se le conocía como el capo, Daniel Fernández (PSC) podría haber intercedido para colocar a una conocida en el Ayuntamiento de Moncada y Reixach (Barcelona) y parte del desvío de dinero podría proceder, también, del famoso Plan E que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Varios diarios han publicado este jueves filtraciones de la investigación que se está llevando a cabo bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d’Esquadra. La operación Mercurio sigue abierta y cada día que pasa se va conociendo algún nuevo imputado más.

En este contexto, este miércoles se ha sabido que el ex concejal de Urbanismo de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Antonio Jiménez, también ha sido imputado en la operación Mercurio. Jiménez (ex concejal del PP) estuvo relacionado en al caso Pretoria, aunque posteriormente fue exculpado. Hasta ahora hay doce detenidos y 26 imputados.

“Lo que diga el capo“

La investigación de los Mossos d’Esquadra se ha centrado, durante una buena parte del tiempo, en identificar quién era el capo. Según ha publicado El Periódico, las alusiones al capo aparecían en numerosas conversaciones de teléfono intervenidas tras la autorización del magistrado de Sabadell Ramón González García. “Lo que diga el capo“; “pregúntaselo al capo“; “si al capo le parece bien”.

¿Quién era el capo? Según las investigaciones de la policía autonómica era Manuel Bustos (PSC), alcalde de Sabadell. Cabe recordar que el líder del PSC, Pere Navarro, ha avalado todo su futuro político a que tanto Bustos como Fernández, secretario de Organización del PSC y congresista, son inocentes de la imputación que ha caído sobre ellos.

Sin embargo, los Mossos han recopilado suficiente información como para que el juez instructor haya considerado oportuna la imputación de Bustos. La policía autonómica tenía suficientes indicios como para solicitar al juez la intervención telefónica del móvil personal del alcalde.

En estas conversaciones intervenidas, empresarios que han sido detenidos -ya están declarando ante el juez- relatan las extorsiones a las que eran sometidos para poder acceder a cualquier concurso de adjudicación pública que se realizaba en la ciudad, según han explicado fuentes de la investigación al diario del grupo Zeta.

Algunos de estos empresarios podrían haber sufrido, además, alguna presión extra para que aceptaran las cuotas de hasta 120.000 euros que se exigían y que se ingresaban en una cuenta común, que después se repartía entre los implicados en la trama. A esto hay que añadir el presunto cobro de un 3% del coste final de la obra concedida, debido a un ‘pacto implícito y apalabrado’.

En algunas de las llamadas intervenidas a los empresarios, estos pronuncian de manera reiterada frases como “esto te lo arregla el alcalde“. Frases que revelan una manera de actuar que, según los investigadores, se había convertido en una práctica “sistematizada” en algunos departamentos del Ayuntamiento.

Fernández, implicado de forma casual

También han sido grabaciones telefónicas las que han llevado a implicar en el caso a Fernández, número dos del PSC. Sin embargo, el móvil de este dirigente socialista no ha estado pinchado nunca. En las charlas intervenidas a los imputados, algunos cargos de confianza de Bustos, se detectaron numerosas alusiones despectivas hacía una mujer denominada “la pija”. María Elena Pérez, alcaldesa de Moncada, según los investigadores.

En mayo, los agentes de la policía autonómica transcribieron varias conversaciones entre la alcaldesa y Fernández, que llamaba a través del móvil de Bustos, este sí, pinchado por la policía. El número dos del PSC pedía a la edil que le ayudara a colocar a Carmina Llumà, ex alto cargo en la Generalidad durante la época del tripartito, como directora del área de política territorial del consistorio.

Pérez se negó. Pero Fernández, según los investigadores, le insistió “con muy malas maneras” advirtiéndola de que no tenía más opción que admitir a Llumà para un cargo del que su antecesor fue cesado el 22 de marzo. Al concurso para ocupar la plaza se presentaron cinco candidatos. Llumà fue la escogida. Los Mossos d’Esquadra se llevaron del Ayuntamiento de Mocada la documentación referente al concurso de la plaza.

Esta información también ha sido denunciada por el PP. Eva García, responsable popular en Moncada y diputada autonómica, ha recordado que Pérez echó de forma “fulminante” y “sin dar explicaciones” al anterior responsable de la política territorial del ayuntamiento. El PSC local ha negado que se cometieran irregularidades en la contratación de Llumà pero la oposición local, según ha sabido LA VOZ DE BARCELONA, considera a Pérez un muñeco de Bustos.

El hermano del alcalde Bustos

En paralelo, según ha publicado La Vanguardia, la investigación también se ha centrado en si hubo fraude de recursos públicos en las partidas destinadas a Sabadell del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocidos como el Plan E.

Los agentes de la policía autonómica que han registrado las dependencias municipales del Ayuntamiento se han hecho con la contabilidad municipal de los años 2009, 2010 y 2011. Según el diario del grupo Godó, durante estos años -fechas en las que desde el Gobierno se transfirieron a los ayuntamientos dinero para aplicar el Plan E- los fondos públicos fueron gestionados por el área de Espacio Público, cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde.

La otra persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo, coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. También están imputados los concejales de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área de presidencia, Montse Costa -que es la pareja sentimental del alcalde-, y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

¿Financiación ilegal de partidos?

Otro de los imputados que podría haber tenido un papel fundamental en la presunta trama corrupta es el ex concejal del PP, Jordi Soriano. Soriano fue expulsado del PP en 2009 por su connivencia con el alcalde Bustos -en dos años solo presentó una moción en el Ayuntamiento- y sospechas de mala gestión económica del grupo municipal del PP, tras una auditoria del partido.

Uno de los objetivos marcado por los investigadores es saber si además de enriquecerse con la supuesta trama de corrupción, los implicados han facilitado, a través del pago de las constructoras, la financiación ilegal de partidos políticos. De momento, todo indica que la operación Mercurio tendrán más ramificaciones y que la instrucción será larga."       (lavozdebarcelona.com, 29/11/2012)


 "Hay una treintena de imputados, entre ellos el alcalde y una diputada del PSC, en la operación ordenada por un juez que lleva más de dos años investigando recalificaciones.

 Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 12.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". 

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.   

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso. 

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.

 

La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. (...)

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta. 

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. 

 Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. 

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio."          (Público, 27/11/2012)


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