Baltasar Garzón: "Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político a PP y Vox"

 "Baltasar Garzón (Jaén, 1955) asegura que el fascismo tiene muchos disfraces y ese es, precisamente, el nombre que ha elegido para titular su nuevo libro, editado por Planeta. Un fascismo presente en el mundo judicial, del que él procede. "Se ven comportamientos fascistas y autoritarios que tendrían que superarse", explica en entrevista con infoLibre. Garzón lo atribuye a la herencia franquista que, a su juicio, no ha desaparecido de la cúpula judicial.

 "No hubo un antes y un después y todavía se nota en algunos aspectos", ahonda. Pero el juez también identifica estos disfraces en otros ámbitos como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. "Se trata de grupos violentos que tratan de imponer su criterio a la fuerza y que para ello se valen de todas las armas, llegando a financiar campañas electorales para controlar un país", expone.

Garzón fue el primer condenado del caso Gürtel. Investigar la mayor trama de corrupción política conocida hasta la fecha le costó la toga. El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó 11 años por prevaricación, un plazo que ya ha cumplido. "Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas", asegura. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha respondido a su requerimiento. "Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión", lamenta.(...)

¿Se siente más libre ahora que cuando ejercía como juez?

Sí, por razones obvias, porque al ejercer como juez tienes unos límites que no puedes traspasar y tocar. Aun hoy, cuando me preguntan sobre hechos concretos, no me puedo pronunciar más allá de lo que es conocido. Le puedo dar un sesgo, una impresión, pero no puedo desvelar hechos internos de la instrucción. Yo siempre lo he entendido así, siempre he sido muy respetuoso, por eso tampoco entiendo las dinámicas de hoy día cuando veo que los procesos judiciales se debaten en los medios de comunicación y no de una forma sosegada y profunda. Eso me ha preocupado siempre.

Y, aun así, tiene ganas de volver a ejercer tras la condena a once años de inhabilitación....

El año pasado, el 25 de agosto, llegó la notificación del dictamen de Naciones Unidas, que dictó una resolución por unanimidad en la que se establece que mi procedimiento fue arbitrario, que no hubo todos los mecanismos de defensa, que se cercenaron derechos fundamentales y que se me debería de reparar. Se establecía también la falta de previsibilidad de la sentencia, en el sentido de que me condenaron por un delito que todavía no sé bien cuál fue. Sí, el cajón desastre es prevaricación, pero me gustarían explicaciones concretas más allá de palabras grandilocuentes, que son contrastadas por el comité. Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas. Estoy a la espera de que se cumpla ese dictamen, ya lo he solicitado, pero no ha sido atendido de momento. Ya han pasado nueve meses desde el dictamen y me temo que tendré que volver a andar el camino judicial correspondiente. El Estado es, a veces, renuente cuando se trata de cumplir con los derechos de los ciudadanos y atiende quizá más a las estructuras institucionales y, utilizando una expresión muy castiza, a nadar y guardar la ropa.

En el libro hace alusión a su condena y expresa que el daño es irreparable, por el desprestigio que le han causado.

Son once años de inhabilitación, once años de imposibilidad de ejercer la profesión por la que luché, por la que estudié, a la que me dediqué con vocación, con ganas, con las mismas que puedo tener ahora, en defensa de la sociedad dándolo todo. Lo di todo, como doy por hecho que debería hacerse siempre. Ocurrió esto y no voy a quejarme ni a decir qué he hecho yo para merecer esto. Ocurre y punto. Hay que seguir hacia delante, tomar impulso y continuar. Al final se me da la razón y nadie me va a devolver esos once años. Ni a mí ni a los ciudadanos, que tenían derecho al juez predeterminado por la ley. Yo no manifesté mi voluntad de irme, otra cosa es que hubiera tomado la decisión de cambiar o marcharme. Es difícil la reparación, pero bienvenida aunque sea simplemente moral, aunque sea por la satisfacción de las personas que me rodean y me quieren y que, de alguna forma, se han visto resarcidas porque a nivel internacional se diga que no se actuó bien ante el juez que estaba investigando la corrupción.

¿Por qué cree que el Gobierno todavía no le ha contestado?

Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión. Alguna deben de tomar. De momento la que han tomado no ha sido la mejor. El pasado 23 de abril contestaron a mi abogada diciendo que no podían darle una respuesta porque no acreditaba la representación en la que actuaba. Me parece un poco brutal, porque llevábamos tres años litigando esta abogada y yo contra el Gobierno y el Estado español. Por tanto, sí sabían quién era. Ahora le hemos vuelto a decir que sí, que es mi representante.... ¿qué más quieren?

En el libro pone de manifiesto la diferencia que existe entre una justicia que es conservadora y la mayoría progresista que hay en España. ¿Por qué diría que hay tanta distancia y cómo cree que se soluciona?

Es una de las grandes contradicciones que hay en nuestro país. En la España de hoy la justicia tiene un componente conservador o ultraconservador, lo que afecta a la confianza de las personas que ideológicamente se sitúan en el lado progresista de la sociedad. Aunque hay épocas en las que ha gobernado la derecha, el equilibrio entre ambas fuerzas en el Congreso siempre ha estado a la par en número de votos y participación. España es un país progresista, podemos decir, como mínimo, de centro izquierda. No de derechas, ni de ultramontana ni de ultraderecha como ahora. Así que creo que algo está funcionando mal en una justicia que sigue radicalizándose más. Los órganos de la justicia tienen que ser los que protejan a esa sociedad que va por unos derroteros distintos de los que siguen esos administradores de justicia. Esa interpretación de las leyes es fundamental que sea progresista, porque los problemas y los retos a los que nos enfrentamos son muy grandes, y una visión retrógrada frente a ellos solo nos va a dar inseguridad y espacios opacos.

También dice que la separación de poderes es un "mantra tan anodino como falso".

El poder judicial es un contrapoder, un contrapoder de los demás poderes. Por tanto no tiene que ir cada uno por su sitio, tiene que haber una sincronía. El titular del poder judicial es el pueblo, los jueces y juezas son administradores del mismo. No se pueden confundir los planos y decir: 'somos el poder judicial'. Los jueces ejercemos la jurisdicción, pero el poder judicial no es nuestro. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la derecha aboga ahora por que los jueces se elijan a sí mismos. Y esto hay que hilvanarlo con lo que decíamos al principio del componente ultraconservador de la judicatura. Si fuera así, ya sabemos cuál seria la composición sistemática del consejo: una extensión corporativa de lo que es la carrera judicial. Si es un organismo que tiene competencias mas allá de las estrictamente corporativas, es decir, que te afecta a ti y me afecta a mí, porque diseña el mecanismo de política criminal, hace informes que exceden de lo que es la corporación judicial, no podemos prescindir de que en ese órgano estén representantes populares, no solo de los jueces. No creo que sea adecuado que los jueces se gobiernen a sí mismos a través de las asociaciones judiciales. Es más, creo que habría que profundizar en cómo se financian y quién las financia. Al final, esto también tiene mucho que ver con los disfraces del fascismo, es decir, con el ansia de controlar el poder hacia un segmento concreto de esa profesión y no en beneficio de la ciudadanía. Cuando se dice que así seria más independiente, hay que tener cuidado....

¿Deberían haber dimitido los vocales y el presidente del CGPJ después de tantos años de mandato caducado?

Sí, no me valen las justificaciones. Por dignidad política, dignidad ciudadana y dignidad hacia la justicia. Si el poder político no ha sido capaz de establecer una renovación, tendría que haberse producido esa disolución de un organismo nacido de una mayoría absoluta del PP, con consejeros que ya se están jubilando. De ser un verdadero gobierno de los jueces ha pasado a ser un simulacro de la nada. 

¿Por qué cree que no lo han hecho?

El problema es considerar que los jueces son una especie de ente diferente de lo que realmente son: servidores públicos al servicio de la ciudadanía para generar confianza a través de la administración de justicia. Todo lo que difiera de esa dinámica no es verdaderamente justicia, es otra cosa diferente. Una acumulación de poder para después colocar por afectos y desafectos cada pieza donde interese, y en los que el mérito no es el principal motivo de ascenso. En el caso del PP, si ejerce algo de forma perfectamente diferenciada al resto, es que sabe recompensar a quienes considera que han sido favorables a determinadas posturas. No voy a decir nada más…

Me suena que uno está de consejero de la Comunidad de Madrid...

(risas)

En los últimos años también estamos viendo una ofensiva judicial (lawfare) por parte de Vox y el PP. ¿Cómo lo ve?

Es otro de los disfraces del fascismo. La guerra jurídica, aprovechar las instituciones judiciales para desviarlas de lo que tienen que hacer y utilizarlas en provecho propio en contra de un enemigo político. El acudir a los tribunales presentando querellas o denuncias se ha convertido en un elemento más del debate en contra de otros. Esto se dio en los años 80, pero lo superamos. Yo recibí muchas de estas denuncia y les pedía que resolvieran sus problemas y dejaran en paz a la justicia. Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político de PP y Vox. Son denuncias estrambóticas o con poca consistencia que no van a llegar a nada. Pero el daño lo van produciendo y, con ello, el desprestigio de las instituciones judiciales. Hay que tener más valentía para tomar decisiones y detectar esas maniobras, esa utilización, esa manipulación de las instituciones.

¿Cómo valora que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de PP, Vox y Cs que en su día desestimó?

Es una posibilidad que existe en la normativa española, pero últimamente se están produciendo determinadas invasiones de algunas salas del Tribunal Supremo más allá de lo que les corresponde. Me parece bien que se pueda valorar el uso que se ha hecho de algunos indultos, pero a ver qué argumentos se dan y por qué razones. Y también quiénes están interesados y cómo van a resolver esa cuestión. Últimamente algunas resoluciones dejan mucho que desear. (...)

¿Podemos concluir que el mundo judicial también tiene tintes fascistas?

Es una visión elitista, aislada, que normalmente tiene quien ejerce un tipo de poder. Son cuestiones sutiles. La carrera es muy endogámica, está mas abierta en la actualidad que antes, pero hay dinámicas perversas que tienden hacia esa conceptuación. Es una relación vertical del juzgador al justiciable. No nos vamos a poner como colegas. Pero en mi despacho, por ejemplo, cuando entraban presuntos terroristas, narcotraficantes, etc. jamás entraban esposados y tampoco entraba la policía a mi despacho. Tuve enfrentamientos con la policía por esto y es verdad que alguno se me echó encima pero yo creía que lo tenia que aguantar, porque mi idea de la justicia no es represiva, sino igualitaria."       (Marta Monforte Jaén  , InfoLibre, 25 de mayo de 2022)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el Supremo condenó al juez Garzón sin garantías. El órgano exhorta a España a “borrar los antecedentes penales” del magistrado condenado por prevaricación por las escuchas ilegales del caso Gürtel

 "El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que existen “dudas” objetivamente justificadas de que el exjuez Baltasar Garzón tuviera “acceso a un tribunal independiente e imparcial” en los procesos seguidos contra él por prevaricación en el Supremo, por los casos Franquismo y Gürtel, el último de los cuales acabó por apartarle de la carrera judicial en febrero de 2012. 

En un dictamen, el órgano considera que el Supremo vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

En su resolución, el Comité determina que España “tiene la obligación” de, entre otras medidas, “borrar los antecedentes penales” del exjuez y ahora abogado, y de proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”. De cumplir el Estado con esta exigencia del ente de Naciones Unidas se allanaría la vuelta de Garzón a la judicatura.

Garzón fue condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo tras ordenar, siendo instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas de aquella trama de corrupción que afecta al PP desde 2009 y sus abogados defensores. Desde entonces, el exjuez, gran impulsor de la justicia universal, y que instruyó grandes sumarios contra el terrorismo y el narcotráfico en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se ha dedicado a la abogacía.

 Según el Comité, en el caso de su condena por la instrucción irregular del caso Gürtel, la conducta de Garzón “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.

Sobre la supuesta falta de apariencia de imparcialidad de la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó a Garzón, el órgano de la ONU tiene en cuenta que se aceptó la recusación de cinco de los magistrados. Sin embargo, pone de relieve que “dos de los magistrados que lo condenaron en el caso Gürtel lo habían asimismo enjuiciado en el caso Franquismo, y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia”. Estos dos magistrados, pese a haber sido recusados permanecieron en el tribunal sentenciador.

El Comité observa asimismo que España, durante la resolución de este expediente sobre Garzón “no ha refutado la alegación” del exjuez según la cual uno de aquellos dos magistrados, quien fue el juez instructor principal en el caso Franquismo, Luciano Varela, “habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso por el caso, en particular, mediante su repetida asistencia a los demandantes en la modificación de sus escritos de acusación” contra Garzón.

El organismo supranacional considera que, con la información proporcionada por Garzón, “las dudas de este sobre la imparcialidad de los tribunales sentenciadores se encuentran objetivamente justificadas” y que “no se puede concluir, en consecuencia, que dichos tribunales gozaran, para un observador razonable, de la apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”.

El Comité de Derechos Humanos da la razón y ampara a Garzón en otra de sus quejas: la inexistencia de una segunda instancia penal a la que recurrir su condena, ya que fue juzgado por el Supremo, el máximo órgano judicial español, al gozar de aforamiento por su condición de juez. 

“Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona, en razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena”. 

Por ello, al no haber posibilidad de revisión del fallo, el Comité concluye que se violó su derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del Pacto, que establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, lo que no sucedió en el caso de Baltasar Garzón."            (Fernando J. Pérez, El País, 25/08/21)

'Gürtel' y 'Kitchen' cierran el círculo de la utilización del Estado por el PP: primero para financiarse y después para ocultar las huellas

 "El 6 de febrero de 2009 cinco detenciones de segundo nivel activaron lo que se convertiría en el monumental caso Gürtel. El terremoto acabó rompiendo el sismógrafo en mayo de 2018 con una sentencia que derribó casi de inmediato a Mariano Rajoy y su Gobierno previa moción de censura. 

Dictada por la Audiencia Nacional tras una instrucción torpedeada desde su inicio, utilizada como base de una atroz campaña de desprestigio de los jueces que la firmaron y aún pendiente de varios recursos ante el Tribunal Supremo, la sentencia definió lo sucedido en Gürtel como fruto de "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional". Un sistema basado en cientos de contratos amañados. Y en sobornos. Y en "aportaciones a la caja B" del PP efectuadas como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

En resumen, a través de la "manipulación de la contratación pública central, autonómica y local" –lo expresa así la sentencia– se produjo una utilización del Estado para lo que podría calificarse como fines privados. Es lo que se desprende de sus 1.691 páginas. Ahora, transcurridos más de once años de aquel febrero de 2009, otra investigación judicial ya ha hecho aflorar lo que los indicios conocidos retratan como una segunda gran apropiación de recursos públicos desde el poder. 

Una apropiación estrechamente conectada a la de Gürtel. Porque los recursos se emplearon esta vez en desarrollar la llamada Operación Kitchen, centrada en el espionaje a Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, para localizar y sustraer documentos relativos a la caja B que el extesorero hubiese conservado en su poder y que pudiesen incriminar a altos dirigentes del PP.

Desplegado por el Ministerio del Interior en 2013, el operativo se prolongó al menos hasta 2015. Y como mínimo, aunque todo apunta a que la cifra crecerá, el ministerio le destinó 53.000 euros de fondos reservados. 

Cuatro años antes de que Interior pusiera en marcha el dispositivo diseñado para vigilar a Bárcenas y su mujer y encontrar dónde habían escondido los archivos ansiados por el PP, la figura clave de la llamada policía patriótica, José Manuel Villarejo, ya había recibido de María Dolores de Cospedal "encargos puntuales". Tras aquella reunión secreta del 21 de julio de 2009 el propio Villarejo señala en otra de sus conversaciones grabadas que entre esos encargos se contó la destrucción de ordenadores. En ese audio no dice que se tratara de los de Bárcenas pero el contexto no deja lugar a dudas. La Fiscalía ya ha pedido la imputación de Cospedal, entonces secretaria general del PP, al igual que la del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Con un confidente captado como chófer del extesorero para que se infiltrase en su entorno más cercano a cambio de 2.000 euros por mes, un informe policial subraya que el operativo fue coordinado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero, según el mismo informe, se llevó a cabo "con conocimiento del Asturiano". Ese es uno de los dos apodos con que el entonces poderoso Villarejo se refería a Mariano Rajoy. El otro mote era "el barbas", como deslizó el chófer-espía en una conversación telefónica con el comisario y donde aseguraba que había visto que los Bárcenas tenían pruebas de un viaje de Rajoy pagado por la trama Gürtel. Martínez ya está imputado. Rajoy, que declaró como testigo en el primer gran juicio de Gürtel, permanecerá a salvo. Al menos, de momento: la Fiscalía no ve indicios suficientes de delito.

2013, el año en que se cruzan las líneas de las dos tramas

Los datos expuestos en los párrafos anteriores señalan por tanto 2013 como el año en que la investigación judicial sobre Gürtel, entonces protagonista estelar del debate público, se cruzó con la secreta y turbia Operación Kitchen. Vistas desde ahora como las dos piezas de un solo tándem, se cruzaron por cuestión de fechas. Y por confluencia de tareas y metas. Liquidada la red corrupta que durante más de una década había prosperado al amparo de administraciones públicas gobernadas por el PP, la puesta en marcha de un operativo de espionaje contra Bárcenas se solapó con otro, este de carácter jurídico y mediático e inscrito en Gürtel.

La instrucción del caso avanzó a trancas y barrancas erizada de recursos, querellas contra los policías encargados de investigar, dilaciones o peticiones de nulidad. La kafkiana situación había llegado para entonces a tal extremo que en la cronología aparece lo siguiente: el primer juicio donde aparecía la etiqueta Gürtel fue el del portavoz parlamentario socialista en Valencia, Ángel Luna, azote de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana durante la etapa de auge de la trama y sus contratos millonarios para la feria de turismo Fitur. El PP acusó a Luna de revelación de secretos por enarbolar en las Cortes copia de un informe policial del caso. El Tribunal Superior (TSJCV) tenía la opción de archivar la querella pero decidió sentarlo en el banquillo. Finalmente, el político resultó absuelto en abril de 2011. El firmante de la denuncia interpuesta por el PP fue Rafael Blasco, hoy condenado por desviar ayudas de cooperación con ONG.

Dos años después del juicio contra Ángel Luna, es decir, de nuevo en 2013 y mientras el ministerio que dirigía Jorge Fernández Díaz ponía al servicio de Kitchen dinero y agentes  –la unidad de seguimientos contaba con 71 integrantes, aunque no se sabe cuántos intervinieron– además de un mínimo de siete colaboradores externos, el PP persistía en una estrategia dirigida a dinamitar Gürtel por la vía legal. Nada más estallar el caso, presentó una querella contra Baltasar Garzón, el juez que había iniciado el procedimiento, por no inhibirse en favor del TSJ madrileño. 

La denuncia del PP no prosperó. Pero Garzón acabó expulsado de la carrera tras una segunda querella. Esta, por ordenar escuchas en prisión e interpuesta por el ya fallecido Ignacio Peláez. Entonces defensor del empresario José Luis Ulibarri, que sigue en espera de sentarse en el banquillo en una de las piezas del sumario todavía por juzgar, Peláez era el abogado con quien Villarejo declaró ante el juez de Operación Tándem haberse reunido para negociar un plan destinado a lograr la nulidad de las actuaciones. Según el policía, a quien nadie puede contradecir aquí dado que Peláez ha fallecido, él  era el "letrado director". En el informe donde pide la imputación de Fernández Díaz, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, la Fiscalía sostiene que el "letrado director" actuaría "en representación de varios encartados del Sumario G (SG)". SG, continúa el informe, significa "Sumario Gürtel".

Personado como acusación popular, el PP permaneció dentro de la causa hasta que el tercer juez instructor de Gürtel, Pablo Ruz, lo expulsó en abril de 2013. La Sección Cuarta de la Audiencia ratificó el paso dado por el juez. El tribunal concluyó que, lejos de actuar como una verdadera acusación, la estrategia de los letrados del PP "más bien corresponde a una auténtica parte coadyuvante en la defensa de los tres imputados". Esos tres imputados eran Luis Bárcenas, su mujer y el antiguo senador Jesús Merino. El partido todavía no había roto amarras con el extesorero. Al mes de aquel auto, Bárcenas confesó el 15 de julio de aquel año la existencia de la caja B. Diez días después, comenzaron los seguimientos.

Antes de todo aquello, el PP había conseguido demorar la instrucción de una causa que ya en 2009 se vio amenazada de cierre en la parte valenciana por un tribunal que entonces presidía un juez "más que amigo" de Francisco Camps. Y el partido no fue objeto de ningún registro policial hasta el 19 de diciembre de 2013: es decir, hasta casi cinco años después del estallido del caso. Forzado por la negativa del PP a facilitar documentos, aquel registro de 14 horas en la sede central de Génova lo ordenó Pablo Ruz. El magistrado terminó abandonando la Audiencia en 2015 tras agotarse los cinco años de su comisión de servicios. 

En diciembre del año anterior, 2014, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había sacado a concurso la plaza que ocupaba Ruz en la Audiencia Nacional. La convocó a propuesta del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. Bajo su batuta y con el apoyo de una vocal del sector progresista, la mayoría conservadora del Consejo hizo triunfar la fórmula que garantizaba la marcha de Ruz. Y el desembarco de un cuarto juez en la instrucción de una causa que ya acumulaba miles de páginas y decenas de imputados en sus diferentes piezas: solo en la de la llamada Época 1, la que originó la sentencia citada en el primer párrafo de este texto, el número de acusados ascendió a 37, de los que terminaron condenados 29. Lesmes y los 20 vocales del CGPJ habían sido designados para el cargo en diciembre de 2013, en plena tormenta del caso Gürtel por los papeles de Bárcenas y con Mariano Rajoy como presidente.

Transcurridos siete años desde la toma de posesión de un consejo designado por las Cortes con una aplastante mayoría absoluta del PP -186 diputados de 350- y de nuevo ante una tempestad de dimensiones todavía desconocidas, se mantiene el CGPJ de 2013. El mismo que en 2017 nombró presidenta de la Sala Penal de la Audiencia a una de las juezas recusadas y apartadas de Gürtel por su cercanía al PP: Concepción Espejel, a quien Cospedal se había referido como "querida Concha" cuando en 2002 fue nombrada presidenta de la Audiencia de Guadalajara. 

Hoy, el bloqueo del partido de Pablo Casado a su renovación hace que el diseño del mapa judicial español mediante "nombramientos discrecionales" continúe en manos del Consejo elegido durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Su composición no ha variado pese a los cambios políticos. Estuvo a punto de hacerlo en diciembre de 2018, fecha en que expiró su mandato. Pero el acuerdo alcanzado y que reequilibraba el reparto de cuotas quedó hecho trizas. ¿La causa? la difusión de un whatsapp donde el PP se jactaba de que seguiría teniendo el control efectivo del Tribunal Supremo. En los casi dos años que lleva en funciones, el CGPJ que echó a andar en diciembre de 2013 ha asignado de forma discrecional 12 plazas del Supremo, 13 en Tribunales Superiores (TSJ) autonómicos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos están en espera desde que el 28 de julio el Consejo paralizó por segunda vez el reparto de plazas discrecionales."                 (Alicia Gutiérrez, Info Libre, 13/09/20)

Cospedal se reunió con Villarejo para tratar el ‘caso Gürtel’... Villarejo revela secretos de investigaciones judiciales y admite que informaba de operaciones policiales previstas para que los supuestos corruptos destruyeran pruebas...

"La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reunió en el verano de 2009 con el entonces comisario José Manuel Villarejo, hoy encarcelado, para tratar asuntos relacionados con la investigación judicial abierta unos meses antes en el caso Gürtel. 

 En el encuentro, grabado por Villarejo, estaba presente Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, a quien el entonces comisario informó, antes y después de esa reunión, de los movimientos policiales sobre investigaciones abiertas al PP por corrupción.

Cuando se produjo la reunión con Villarejo, Cospedal llevaba un año al frente de la secretaría general del PP y tenía que gestionar la crisis por la operación judicial que desarticuló una trama de corrupción masiva vinculada a su formación política.

Villarejo no estaba encargado de la investigación de la trama Gürtel, pero conocía los pasos de sus compañeros en ese caso y presumió ante Cospedal de tener información privilegiada. Fue desgranando las claves de la instrucción abierta en la Audiencia Nacional. Durante la conversación, el comisario puso énfasis en advertir a Cospedal de que quienes impulsaban la causa contra el PP eran Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, y el juez Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso Gürtel.

En la grabación que hizo Villarejo se escucha a Cospedal preguntar al policía por algunos de los implicados en la trama, como el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, o algunos dirigentes de la Comunidad de Madrid.

Este periódico pidió ayer su versión a la ex secretaria general del PP sobre este encuentro con Villarejo sin encontrar respuesta. Antes y después de esa reunión, el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, mantuvo numerosas conversaciones con Villarejo en las que se interesaba por investigaciones del caso Gürtel y otras causas que afectaban al PP. 

Villarejo no solo informaba a López del Hierro sobre causas abiertas, sino que le adelantaba información sobre operaciones previstas que afectaban a políticos del PP, según grabaciones difundidas por Moncloa.com. Estas grabaciones incorporan un catálogo de supuestos delitos cometidos por el policía. Villarejo revela secretos de investigaciones judiciales y admite que informaba de operaciones policiales previstas para que los supuestos corruptos destruyeran pruebas.

En una conversación se escucha a Villarejo detallar a López del Hierro las gestiones que había realizado sobre un asunto delicado para el futuro del PP: “Le dije [a Juan Cotino, ex director general de la policía, y alto cargo del PP valenciano], dile a tu sobrino [empresario valenciano implicado en la financiación ilegal de la formación conservadora] que limpien los papeles porque hay un registro ahí, pero en la medida de lo posible que tengáis resuelto el tema de las explicaciones… que vamos a procurar que no se encuentren datos interesantes y tal… [Cotino] Me dijo, no te preocupes. Hablé con él hace 10 días”.

Villarejo también adelantó a López del Hierro otras operaciones futuras relacionadas con causas de corrupción en Murcia o Alicante que afectaban a dirigentes del PP y que muchos meses después se produjeron. (...)"                 (José Manuel Romero, El País, 30/10/18)

"Cospedal se vio con Villarejo en su despacho de Génova: "En esta planta no hay nadie..."

(...) La reunión se produjo concretamente el 21 de julio de 2009, cuando el entonces senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, ya había sido imputado provisionalmente por el Tribunal Supremo y las pesquisas de Gürtel amenazaban con llevarse por delante a toda la cúpula del partido. Ese día, a las 18:00 horas, cuando ya no quedaba casi nadie en Génova, López del Hierro introdujo al comisario en el edificio por el garaje dentro de un coche con los cristales tintados. Luego, el agente encubierto fue subido directamente en ascensor desde el aparcamiento hasta la planta noble. Allí le esperaba Cospedal. (...)

 Lo cierto es que el comisario tenía en aquel momento un conocimiento preciso de esos casos. Trabajaba en ellos al servicio del Ministerio del Interior que lideraba el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero los audios prueban que se ofreció al PP para sabotear sus propias investigaciones.

 “Yo antes o después voy a preparar una reunión tuya con ella, sabes...”, dice López del Hierro en un momento de la charla con el policía. “Cuando tú quieras... Claro hombre, para cualquier cosa. Lo ideal es, como dicen en mi pueblo, en tu casa o en la mía. De la manera más discreta... Y con Juan [Cotino, dirigente del PP valenciano y exdirector general de la Policía] siempre me he visto en mi casa. Le recojo en el aeropuerto o donde sea, le llevo a casa y allí... Porque todo lo que sea seguimiento... Hombre, algún sitio público, relativamente cerca de casa, pero hay que estar muy pendiente porque, macho, en el momento que me queme... la fuente se seca”, responde el comisario, aceptando el ofrecimiento.  (...)

En torno a las 18:00 horas, la entonces secretaria general del PP saludó en persona al comisario. “Ya está. Perdón…”, se disculpa Cospedal por haberle hecho entrar por el garaje. “Qué tal, ¿cómo estás?”, reacciona Villarejo. “Encantada, muchas gracias. Eh, ¿un café o algo?”, ofrece cortésmente la dirigente del PP, que pasa a detallar los problemas que han tenido para conseguir que nadie le viera paseando por la sede del partido. Según explica Cospedal, había un empleado que no terminaba de irse a casa. 

“No hay nadie ahora. Porque como estamos con horario de verano y esta planta está en obras, pues aquí no hay nadie. Aquí estamos solo Mariano y yo. Y ahora no está, así que… No hay nadie”, asegura la exministra de Defensa. “No te preocupes”, contesta el comisario. “Tengo la suerte de que ya soy muy mayor y mucha gente, hay mucha gente que ya no me conoce. Sí, se acuerdan de mi apellido, pero...”.

Solo una semana después de ese encuentro, Bárcenas dimitió temporalmente como tesorero del PP. El entonces senador emitió un comunicado para anunciar que renunciaba al cargo de forma provisional, hasta que quedara “probada su inocencia”.                 (José María Olmo, El Confidencial, 30/10/18)

Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’: No tendría que haber sido tan difícil que un asunto tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política...

"El nombre del emisor del mensaje y de los receptores no tiene importancia. Entre otras cosas, porque ellos quieren seguir siendo invisibles, y las contadas veces que cuentan su historia lo hacen bajo el compromiso de confidencialidad. 

Los retrató muy bien Antonio Muñoz Molina en un artículo publicado en 2014 en EL PAÍS y titulado La corrupción y el mérito.

 El escritor explicaba de qué forma el descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas.

 “Lo asombroso”, continuaba Muñoz Molina, “es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos”.

Se da la circunstancia de que, para desgracia de Bárcenas y de sus compinches, un grupo de esos ciudadanos justos estaba de guardia en la Audiencia Nacional la mañana del 21 de diciembre de 2011. 

Dos camiones de la empresa Madrileña de Mudanzas, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), descargaron los miles de folios de un sumario que en 2009 había empezado a instruir el juez Baltasar Garzón.

 “Se daban todas las circunstancias”, dice ahora uno de los investigadores, “para que el proceso se hundiera y el juicio nunca se llegara a celebrar. Se trataba de una causa con aforados, que utilizaron de forma torticera su condición según les iba conviniendo. 

 Bárcenas, que era senador, lo utilizó para que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor del Tribunal Supremo, y otros de los procesados, que eran diputados autonómicos, lograron que el proceso fuese al TSJM. Cuando vieron que las cosas allí pintaban mal, dimitieron para que volviese a la Audiencia Nacional, y empezaron las presiones aquí.

 Por si fuera poco, consiguieron cargarse a Garzón, que en mayo de 2010 fue suspendido de forma cautelar y en febrero de 2012 expulsado de la carrera judicial. Aquello no pintaba bien. Nunca durante todos estos años nos quitamos la sensación de que esto se podía venir abajo en cualquier momento”.

Pero resistió. O, mejor dicho, resistieron. Resistió el juez Pablo Ruz, que en el momento de asumir la instrucción tenía 36 años y una capacidad infinita para motivar a los colaboradores, y el magistrado José de la Mata. Y resistieron las fiscales, todas mujeres, a quienes Luis Bárcenas llamaba despectivamente “las niñas”. 

Eso sí, cuando comprobó su eficacia —“hubo momentos clave de la investigación en que la inteligencia de la fiscal Concha Sabadell lo iluminó todo”, asegura una fuente—, el extesorero del PP hizo todo lo posible para que el Gobierno la quitara de en medio, como también pretendió hacer con Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que destapó el caso y que, el pasado mes de noviembre, durante su comparecencia ante comisión de investigación del Congreso, admitió haber recibido presiones y denuncias del PP con el objetivo de “desestabilizar” la investigación. 

Aguantaron también los funcionarios de Hacienda y el abogado del Estado, que emitieron informes muy contundentes contra la trama. Y también algunos de sus superiores jerárquicos supieron estar a la altura. 

Una fuente de la Audiencia Nacional asegura que “Antonio Salinas, el entonces fiscal jefe anticorrupción, avaló en todo momento el trabajo de las fiscales e incluso llegó a desaparecer literalmente en momentos clave para evitar que una orden terminante de sus superiores pudiese cortocircuitar la investigación”.

De ahí que, el jueves, a eso del mediodía, una emoción discreta embargara a muchos funcionarios de la Audiencia Nacional. Uno de ellos advierte: “No tendría que haber sido tan difícil. No es lógico que un asunto tan importante como este, tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que, en algunos casos, se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política”.

Hay quien dice en el PP que la sentencia de Bárcenas es la prueba de su respeto por el poder judicial. “Nada más lejos de la realidad”, dice un alto representante de la Audiencia Nacional. “Raro es el servidor público vinculado al caso Gürtel que no haya recibido presiones. 

O ya no se acuerdan de que los informes de Bárcenas contra la UDEF o decenas de tretas parecidas”, señala la misma fuente. Sin olvidar que, en un primer momento de la instrucción, la Comunidad de Madrid (en manos del PP) infiltró a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. 

Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a cargos del PP y a las resoluciones del magistrado, aquejado de graves problemas de movilidad."              (Pablo Ordaz, El País, 26/05/18)

Trillo y Rajoy dieron "caza" al juez Garzón

"(...)  Wyoming, a priori, lo tenía fácil. Tan sólo debía adoptar un rictus más serio que el ofrecido en televisión, y el tema ayudaba: un juez que se atreve a remover el estercolero de la presunta financiación irregular del partido en el Gobierno es acorralado judicialmente con el fin de quitárselo de encima. O sea, que al magistrado de la Audiencia Nacional que investigaba los crímenes del franquismo lo aparcaron en la cuneta por el caso Gürtel. (...)

De los aquellos maravillosos años de un adolescente del barrio madrileño de Prosperidad a las más de dos décadas de Garzón al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde combatió el terrorismo etarra, la guerra sucia del Estado y a los narcos gallegos. “Ha abarcado tanto, que cabe preguntarse: ¿y los demás jueces qué hacen?, ¿dónde están?

 Encarna a ese hombre en España que lo hace todo, como el de la canción de Astrud”, dijo Wyoming del magistrado, un daño colateral de las cloacas del PP por haber pisado la mina de la corrupción política. “No fue condenado el 9 de febrero de 2012”, pues “la cacería” había comenzado tres años antes, cuando Mariano Rajoy leyó su sentencia.

Entonces, el presentador de El Intermedio amplificó a través de su micrófono las declaraciones del líder del PP: “El PP cree que Garzón debe abstenerse de la causa y pide la recusación del juez. Esto no es una trama del PP, sino una trama contra el PP”.

Era el 11 de febrero de 2009 y Rajoy comparecía ante la prensa rodeado de los suyos: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Y quiero dejar claro también que este partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. Junto a él estaban Soraya, Gallardón, Trillo, Montoro, Arenas, Botella… Tampoco faltaban Aguirre, Mato, Camps o Barberá.

 “Si lo hace el PP, es una foto institucional. Si lo hace Podemos…”, ironizó Wyoming, que describió En el punto de mira como “un mosaico de nuestra historia reciente” en el que Garzón le pega “un repaso al imperio del mal”. 

Sin embargo, el juez que destapó el caso Gürtel fue condenado a once años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo por ordenar que se grabasen las conversaciones entre los detenidos implicados en la trama de corrupción y sus abogados, pese a haber preservado su derecho de defensa. 

“Es difícil sobrevivir entre las intrigas palaciegas si eres independiente. Ese fue el pago que recibió de las personas que dirigen la Justicia, instigadas por el PP”, criticó Monzón, intrigado por saber quién estará cobrando los derechos de autor por haber descubierto la Gürtel. 

“Se lo atribuyó Aguirre”, respondió el abogado, quien denunció que muchos jueces ascienden a la cúpula judicial no gracias a sus “méritos”, sino a “fidelidades, acuerdos y conveniencias que, tarde o temprano, se suelen pagar”.   (...)

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional batallaba contra ETA, los GAL o, años después, la presunta corrupción del PP: “Las personas que me denostaron me besaban la mano cuando les interesó”. Federico Trillo, por ejemplo, lo llamó “juez prevaricador”, recordó Wyoming [cuando encarcelaron a los cabecillas de la Gürtel, en 2009 el responsable de Justicia del PP dijo que el magistrado actuaba "con manifiesta ilegalidad" y "en contra de la ley"]. 

Garzón lo tiene claro: “Desempeñó el papel que le marcaron: coordinar la acción contra un juez al que había que tumbar”.

Fue el inicio de “una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo”, sostiene en sus memorias, donde defiende que “el juicio y condena a los que fui sometido obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia”. 

En sus páginas también arremete contra los jueces que demostraron “una animadversión congénita contra mí”, contra Manos Limpias y Ausbanc, así como contra un “determinado sector judicial” que aceptó que un “seudosindicato” y una “extraña organización” convirtiesen la acción popular en “un instrumento de extorsión”. 

La conclusión es desesperanzadora: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo”.  (...)

Si Almudena Grandes había considerado antes de la presentación que estamos ante “un caso de injusticia flagrante”, el abogado Manuel Ollé afirmaba al término de la misma que “ese final jamás se tenía que haber producido”. 

La escritora cree que fue “una medida absolutamente arbitraria y el modo de destrozar la carrera de un juez estupendo”, mientras que el profesor de Derecho Penal Internacional, que ha trabajado como letrado con Garzón, va más allá: “Fue una caza en la que se cobraron su pieza. Cuando investigas, eres absolutamente independiente, te quieren coartar esa libertad y no le gustas al poderoso ni a los que desean controlar el poder judicial, te cortan la cabeza”. (...)"               (Henrique Mariño, Público, 26/11/16)

Una denuncia contra magistrados del Tribunal Supremo

"Se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones.

Estos encuentros hacen recordar que el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusión de los procesos contra el juez Garzón, en el ejercicio del derecho constitucional de petición, presentó un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en el que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra Garzón y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas.

Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos.

El escrito concluía así: “Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad.

Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades.

Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de ‘prohibiciones e incompatibilidades’, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho”.

Los hechos eran estos:

1.- Schola Iuris, Instituto Europeo de Práctica Jurídica.

“El Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris es una entidad de carácter privado que pretende fomentar en su campo de actividad, la Formación, valores tales como la excelencia, la calidad, el humanismo o la cercanía al alumno que, con un enfoque eminentemente práctico, sirva de puente para la para la incorporación eficiente al mundo del trabajo y de la empresa. Una de las características más importantes de Schola Iuris es su Profesorado.

Así lo reconocen los alumnos que se han formado con nosotros. Con su prestigio, conocimientos, y sus dotes pedagógicas y humanas se han ganado a pulso una altísima valoración, que hacen de Schola Iuris una institución líder en España en sus áreas formativas” (domicilio social: c/Arturo Soria, 301. Madrid).

Su titular es la sociedad Procard Europa S. L. con un capital social de 3.010 euros de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de 1º Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con María Ángeles Mora Martínez de la sociedad Servicios Promocionales Asociados Millenium S. L., de igual capital social que la anterior.

Ofrece másters privados, cursos de Especialización y Formación Profesional. En relación al máster de Derecho Penal Práctico, “sin duda alguna el punto fuerte de este Master lo conforman el magnífico plantel de Profesores en el ámbito judicial español”.

Plantel en el que figuran los magistrados del TS Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, como hemos dicho ahora presidente de la Sala Segunda del TS, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro.

Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos, al que luego nos referiremos. Máster en el que los alumnos pagan por matrícula 14.000 euros. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar.

Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios años una enumeración de jueces, en particular los del TS, como reclamo para los cursos de una academia privada.

La oferta educativa de Schola Iuris incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como Gürtel, como el Sr. Rodríguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.

A lo expuesto, debe añadirse el siguiente texto publicitario del citado Instituto: “Para los licenciados en Derecho, el título proporciona una alta especialización práctica en Derecho Penal y está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”.

Y añadía: “Cuenta además con un cuadro docente del más alto nivel, en el que se encuentran juristas con la experiencia y prestigio de D. Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo” y otros magistrados y fiscales.

En noviembre de 2004, el director del centro viaja a México y firma un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua para permitir que licenciados en derecho mexicanos pudieran cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de Schola Iuris.

La web de becas mba se refería a este viaje exponiendo que: “El preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)”.

Previamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tabasco, Guillermo Narváez, había visitado Madrid donde se reunió con el presidente del CGPJ y del TS, según explicaba becas mba.com: “El director del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, D. Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y presentarle la oferta formativa del Instituto que preside, especialmente el máster en Derecho Penal Práctico.

A la vista del excelente programa y del magnífico plantel de profesores, el Magistrado-Presidente D. Guillermo Narváez, acordó la promoción del mismo entre distintas instituciones del Estado en México…” En internet se puede encontrar al día de hoy esta oferta de Schola Iuris en diversos portales educativos.

En educaweb se anuncia el máster de Derecho Penal Económico y de la Empresa” de Schola Iuris con un precio de 2.200 euros por las 96 horas de duración. En el programa figura como docente, con dos módulos, el magistrado del TS José Manuel Maza.

Entre los letrados se encuentran el ya citado Rodríguez Ramos, que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda). Por último, el letrado D. Florentino Ortí Ponte se hizo cargo de la defensa del ex alcalde del PP de Arganda, Ginés López Rodríguez.

2.- La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, cuenta con un consejo asesor empresarial cuya función es, según definición de la propia Fundación, la siguiente: “Promueven que la plataforma de reflexión que pretende ser la Fundación se amplíe a los diferentes sectores económicos, administrativos y jurídicos.

Contribuyen económicamente al desarrollo de las diferentes actividades. Está integrado por un conjunto de empresas y despachos que financian y participan decididamente a la Fundación”. (Domicilio social, c/Serrano 26,4º Dcha.) Fundación que cuenta con la colaboración de Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras grandes empresas, así como importantes Despachos de Abogados como Rodríguez Ramos Abogados, Oliva-Ayala Abogados, Garrigues y, entre otros muchos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el juicio oral contra el magistrado Sr. Garzón por la intervención legítima de las escuchas ya mencionadas de la trama Gürtel, que concluyó con la sentencia condenatoria del Magistrado acusado, figura desde el año 2007 en la dirección de un Foro de la Fundación.

Entre 2011 y 2012, el magistrado Colmenero participó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió en la dirección, entre otros juristas, con la Sra. Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y el Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete Oliva-Ayala Abogados.

Este foro se viene realizando prácticamente con el mismo equipo desde 2007. Estos dos letrados tienen en común haber defendido a algunos de los imputados en el caso Gürtel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier Sánchez Vera Gómez Trelles defendió a Jacobo Gordon Levenfel.

El letrado D. Horacio Oliva García asumió de la defensa de Manuel Delgado Solís y José Antonio Lopez Rubal. Por su parte, D. Ignacio Ayala Gómez, del mismo despacho, asumió la defensa de Alberto López Viejo (exConsejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional).

Además, el magistrado Colmenero ha participado en otros dos Cursos de FIDE. El 23/2/2011 sobre el Delito de corrupción entre particulares con la intervención también de los letrados Sra. Bacigalupo y el Sr. Sanchez-Vera. El 19/5/2011, sobre el delito de “administración desleal”, acompañado de los mismos letrados.

Y el 4/10/2011, apenas cuatro meses antes del juicio oral contra el Magistrado Sr. Garzón por la causa de las escuchas, el letrado Rodríguez Ramos intervenía junto al magistrado Colmenero en un evento sobre Compliance y Derecho Penal.

En relación al proceso contra el Magistrado Sr. Garzón por su intervención en el proceso sobre la trama Gürtel, el letrado Rodríguez Ramos protagonizó un debate sobre la conveniencia de que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es Vicedecano, se personara como acusación. El Colegio finalmente se decidió por emitir un informe.

El 9 de febrero de 2012 a las 19.30 de la tarde, el magistrado Sr. Garzón hizo público un comunicado manifestando su rechazo hacia la sentencia condenatoria que esa misma mañana le habían notificado. A esa misma hora, en la sede de FIDE, según su programa de actividades , estaba previsto que el magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edición de los Comentarios al Código Penal, obra coordinada por el Sr. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3.-Los magistrados antes citados del TS y diversos letrados figuran relacionados en el anuncio de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.

El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un Consejo Científico. Como Presidente figura el magistrado del TS Maza Martín. Entre los vocales de dicho Consejo se encuentra el letrado D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor del exdirigente del PP Pablo Crepo Sabarís, imputado en causa de Gürtel y, asimismo, ejerció la acusación particular contra el Magistrado Sr. Garzón en la Causa especial ya mencionada y derivada de aquel proceso.

En el plantel de profesores de dicha Universidad figuran los siete magistrados que compusieron la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón: D. Joaquín Giménez, presidente de la Sala; D. Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; D.Manuel Marchena, D.Andrés Martínez Arrieta; D. Francisco Monterde; D.Luciano Varela; y D. Juan Ramón Berdugo.

En el capítulo de letrados profesores figuran letrados que en su día asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama Gürtel. Es el caso de D. Ignacio Ayala, de Oliva Ayala Abogados; D.Joaquín Burkhalter, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Dña.Adriana de Buerba, de Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados; D. Ángel González Franco; Rodríguez Ramos; Sánchez Vera, de Oliva- Ayala Abogados y el citado Rodríguez Mourullo.

Ignacio Ayala, defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor.

Joaquín Burkhalter, que asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana.

Adriana de Buerba, defensora de Cesar Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.

Ángel González Franco defiende al imputado Santiago Lago Borstein.

Este máster fue una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC y la empresa KPMG, que presenta así la cátedra: “Bienvenidos a la página web de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías”.

4.- Algunos de los citados magistrados del TS participaron hasta el 2007 en cursos de la Fundación FAES que preside José María Aznar. Más recientemente, han intervenido en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer cuyo consejo consultivo asesor está presidido por José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar y en donde figura asimismo Ángel Acebes, quien fue Ministro de Administraciones Públicas y de Interior, también con Aznar.

Es relevante, por su significación ideológica y política, que un magistrado miembro de la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón. D. Miguel Comenero, haya tenido relación con la Fundación FAES que preside Aznar.

Participó en cursos de la Fundación FAES durante los cursos 2005, 2006 y 2007, al menos, en cinco ocasiones. Concretamente, el 8 De Febrero de 2005, en un acto coordinado por el exmagistrado Adolfo Prego y el 21 de junio, también con el exmagistrado anterior. En 2007, el 26 de marzo. Y en 2008, los días 12 de junio y 12 de septiembre.

Durante los años 2005-2008, el exmagistrado Adolfo Prego consta que asistió a 27 actos convocados por dicha fundación del Partido Popular, al menos en tres de ellos como Coordinador o Ponente. Posteriormente, pese a su evidente y pública afinidad con el Partido Popular, integró la Sala y fue Ponente durante la instrucción del proceso contra el magistrado Sr. Garzón por haber incoado el Sumario 53/2008 sobre los crímenes del franquismo.

FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, es una Fundación privada sin ánimo de lucro que según se expresa en su propia presentación: “Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas.

Vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. FAES es un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento y la acción política del centro liberal y reformista”.

En 2006, el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy magistrado Manuel Marchena obtenía el XX premio La Ley de artículos doctrinales. La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer –perteneciente al grupo multinacional editorial Wolters Kluwer–. Su actividad se centra en la edición de publicaciones técnicas y profesionales, manuales y libros, y en la organización de seminarios presenciales y cursos on-line, en diferentes áreas: como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad o Marketing, entre otros.

Su Consejo Asesor está presidido por el ex ministro de Justicia José María Michavila y en él se encuentran, entre otros, el también exministro Ángel Acebes, .Desde entonces,el magistrado Manuel Marchena, figura en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer y en concreto como Jurado del premio La Ley de artículos doctrinales, del que es miembro desde hace varios años, coincidiendo en el Jurado con su ex olega Adolfo Prego y otros juristas como el Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Rodríguez Ramos.

El magistrado Manuel Marchena ha intervenido también en el comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y La Ley de Walters Kluwer y su nombre aparece además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado compartió el encuentro con otro magistrado del TS, Sánchez Melgar.

5.-El magistrado Manuel Marchena, en 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems.

En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, también participó, conjuntamente con el Magistrado Maza Martín, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, así como jueces de diversos órganos judiciales.

En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al Magistrado Sánchez Melgar, en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripción fue de 1.230 euros.

Igualmente participa, con el magistrado D. Miguel Colmenero, en la VII Semana Jurídica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados.

Según el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido Profesor del Master de Nuevas Tecnologías de la Información organizado por el Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de ICADE.

6.- En las Canarias, la entidad económica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen los Magistrados de la Sala Segunda, Maza Martín y el letrado Choclan, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama Gürtel y que actuó como acusador particular, en representación de dicho imputado,en la causa penal contra el Magistrado Sr. Garzón por las escuchas del caso Gürtel.

Bajo el patrocinio de Iuris Comer Canarias S. L.,empresa, entre otras actividades, de distribución de fondos bibliográficos, los días 25 y 26 de Junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre La prueba ilícita penal en el que participó el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclan.

Los días 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7, el expresidente de la Sala que acabamos de citar, interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre la Prueba ilícita penal.

Mas tarde, los días 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclan y el Magistrado Maza Martín sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011,con el patrocinio de Caja7 y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales.

7.- El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jurídica Malacitana. Semana en la que, según informó Cajamar, participaron “miembros relevantes de la judicatura española”. Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero.

El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecución de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra.

Y en noviembre de 2009, Cajamar convoca un nuevo acto en Málaga sobre El Tribunal Supremo en la Constitución en el que también interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar, a la que luego nos referiremos.

8.- El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio Cátedra José María Cervelló convocado por dicha cátedra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.

9.-Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex Presidente Saavedra, debe citarse su participación en las II Jornada Jurídica de Ceuta, convocada por el Gobierno de aquella ciudad para el 26 de Abril de 2011.

10.-En relación a Saavedra, debe destacarse su condición de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación Datadiar. Centro que dirige el letrado José Manuel Díaz-Arias, principal responsable del Bufete Díaz-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU).

Y que garantiza una “Formación Jurídica, Fiscal, y Contable en Internet, desarrollada con la última tecnología y guiada por los mas prestigiosos autores en cada materia”. Destaca en su oferta la “Consultoría Derecho de Nuevas Tecnologías y Juego Online”. En su oferta de servicios dice así: “Las bases de datos de Datadiar han sido homologadas por el Consejo General del Poder Judicial y son seleccionadas por jueces y magistrados para su consulta”.

Es decir, que, al parecer, magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el Presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa. Así mismo, dispone de una oferta on line para la adquisición de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias. Como algunas de los referidos Maza Martín y Sánchez Melgar.

En dicho centro, el expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que también intervienen algunos de los citados magistrados.

Entre otras, los siguientes. Los días 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Económico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Martín.

Los días 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego on line, Jornadas que también fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). En ellas participaron el ex Presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza.

Desde aquella fecha, 2012, habría que pensar que dichas actividades han continuado. Lo que suscita una honda preocupación por la vigencia de la independencia judicial en el seno de tan alto Tribunal." (Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal Anticorrupción, La Lamentable, 13/11/16)

Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”

"Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. 

Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. 

Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé. (...)

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. 

Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. 

Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. 

Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica.

 No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. 

Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. 

Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. 

No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno."                (Baltasar Garzón, 09/10/16)

El Tribunal Supremo se arrodilló ante Manos Limpias

"En Octubre de 2008, el Juez Garzón acordó investigar penalmente los crímenes de la dictadura franquista y, en particular, las desapariciones forzadas de mas de cien mil personas. Lo resumía así: “delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad”. 

En Mayo de 2009, la organización ultraderechista Manos Limpias –ahora investigada penalmente por diversos delitos– presentaba una querella contra el Juez Garzón 

al que atribuía que había prescindido “total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama”. 

La Sala 2ª del Tribunal Supremo (TS), contra el criterio del Fiscal, dió la razón a Manos Limpias como una supuesta acusación popular y decidió abrir el proceso contra el Juez Garzón porque, inconcebible argumento, “no es absurdo ni irracional” que dicho Juez haya cometido un delito de prevaricación. A partir de ahí la alianza entre el TS y la extrema derecha es plena hasta el momento de dictar sentencia.

Resolución que, según el Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideològico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

La defensa del Juez Garzón planteó en un momento del proceso la recusación de los magistrados que habían de juzgarle porque carecían de imparcialidad para hacerlo,condición de un juicio justo.Uno de ellos la aceptó, pero no los cuatro restantes.Ante esta situación,una Sala especial del TS resolvió que, en efecto, debían calificarse de parciales y fueron sustituidos por otros magistrados. Fue, sin duda, una resolución sin precedentes que descalificaba al Tribunal destituido. 

En efecto, el entonces magistrado Adolfo Prego, hoy letrado, Ponente durante todo el proceso contra el Juez Garzón, era un conocido ultraconservador,  patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), lo  que era sabido desde el inicio de la causa contra dicho juez. Resulta inexplicable que no se hubiera abstenido inmediatamente y, sobre todo, como Ponente de dicho procedimiento, puesto que, además, siempre se había caracterizado por su defensa de posiciones ultraderechistas.

El 14 de mayo, el Consejo del Poder Judicial, bajo la presidencia del sospechoso juez Dívar, apoyó igualmente las arbitrarias alegaciones de Manos Limpias y acordó la expulsión provisional de la función judicial del Juez Garzón. (...)

Todos, aprovechándose de la actuación, mas que arbitraria, de esas Manos Limpias que nunca hubieran merecido ese trato tan injustificable.

Posteriormente, el TS decidió continuar definitivamente el proceso contra el juez Garzón pese a la evidente ausencia de toda responsabilidad penal. Sobre todo, a causa de las maniobras procesales irregulares del Juez Varela con Manos Limpias para hacer viable un escrito de acusación que nunca debíó aceptarse, evitándose así el juicio oral. Maniobras que perjudicaron el derecho a la presunción de inocencia del juez Garzón, además de vulnerar las garantías básicas de un ciudadano y el derecho a un proceso justo.

El TS, desde que en mayo de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, coincidió con los postulados y pretensiones de la ultraderecha, siempre con la oposición del fiscal. Nunca dudó en aceptar una acusación popular que, como dijo la Unión Progresista de Fiscales, “la ejerce en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.

Mientras, las víctimas del franquismo, en contraste con la complacencia del Tribunal con la extrema derecha, fueron siempre tratadas con desdén y menosprecio, negándoles reiteradamente la pretensión de ser partes en el proceso contra el juez Garzón. Llegando a decirles, ofensivamente, que “se abstengan de perturbar la jurisdicción del TS”.

Finalmente, el 27 de Febrero de 2012, el Juez Garzón fue absuelto. Por fin el Tribunal, después de mas de dos años de proceso y de un daño moral y profesional irreversible, rompió con Manos Limpias y actuó, aunque muy tarde, con justicia. 

Que ahora miren a la cara de esos querellantes y acusadores que representaban el acoso, el hostigamiento y la venganza política a quienes unos magistrados, radicalmente errados, aceptaron como supuestos portadores de justicia. ¿Donde estuvo durante el proceso la “buena fe” propia de un Juez constitucional?"                   (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, 18/05/16)