Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

Los interventores de Andalucía censuran a la Junta por adjudicar a dedo 300 millones a empresas “sin justificación alguna”

 "El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha recibido un demoledor informe de los auditores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que denuncia el abuso del sistema de contratación de emergencia en el ejercicio 2021, con el que se adjudicaron a dedo casi 300 millones de euros a empresas privadas ese año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.

El título del documento, al que ha tenido acceso este periódico, es “Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021”.

El órgano fiscalizador censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

“Abuso” del sistema de contratación

La Intervención del SAS, organismo competente para auditar las cuentas autonómicas, emitió un informe definitivo “desfavorable” sobre todos los contratos a dedo que se realizaron durante aquel ejercicio presupuestario de 2021: en total fueron 3.669 expedientes por contratos de obra, servicios y compra de suministros, que movilizaron 296,3 millones de euros para clínicas privadas, empresas proveedoras ligadas al sector o constructoras para la rehabilitación de hospitales.

El documento, de 138 páginas, expresa una opinión “desfavorable” o adversa, no sólo de la muestra de contratos analizados –126 expedientes con un gasto de 56,6 millones–, sino también del “mal uso o abuso” del sistema de contratación de emergencia durante aquel año. El informe de control está dirigido por la Interventora Central Adjunta del Servicio Andaluz de Salud, Victoria López Gutiérrez, junto a dos asesores técnicos –José Miguel Lirola e Isabel Clavero– bajo la supervisión de la Interventora Central del SAS, Blanca Pons Rodríguez.

“Limita el principio de transparencia”

La decisión de la dirección gerente del SAS de seguir haciendo adjudicaciones a dedo hasta finales de 2021, argumentan, supuso ignorar las instrucciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (abril de 2020) y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, que ya había advertido por escrito al departamento de Salud de que, a esas alturas, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.

El informe de la Intervención censura que el Ejecutivo andaluz prorrogase de manera “indebida” y “sin justificación alguna” los contratos a dedo a lo largo de 2021, porque en mayo de ese año el Gobierno central ya había derogado expresamente el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, que permitió a todas las administraciones sortear los controles habituales y agilizar la contratación para dar una respuesta más ágil a la pandemia. “El artículo está plenamente derogado”, había advertido también la Consejería de Hacienda al SAS en una instrucción fechada el 18 de junio de aquel año.

En una de sus alegaciones al informe, la gerencia del SAS resta importancia a esta crítica –“no tiene ninguna virtualidad”– y defiende que tras derogarse el marco legal estatal “continuó vigente la norma que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecía la misma justificación para acudir a la contratación de emergencia”. El auditor echa por tierra ese argumento y le reprocha que “realice una serie de juicios de valor, que no se entra a analizar por no tratarse de alegaciones a incumplimientos normativos”.

Los interventores del SAS consideran que el estado de alarma en ese momento ya no respondía a una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”, los tres requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para justificar las adjudicaciones millonarias sin publicidad ni concurrencia.

“Sin justificación alguna”

Antes, incluso, de analizar los contratos uno a uno, el informe de la Intervención pone en cuestión la legalidad e idoneidad de prorrogar la contratación de emergencia en el SAS durante todo el ejercicio 2021: “Previamente a la exposición de los trabajos es preciso destacar que, una vez finalizado el segundo Estado de Alarma por la pandemia (9 de mayo de 2021), no encuentra justificación alguna el acudir a la contratación de emergencia, motivando tal tramitación en la situación provocada por la COVID-19”, dice el documento.

Los auditores argumentan que “ya este segundo Estado de Alarma no provocó una interrupción significativa ni del funcionamiento de la Administración, ni de la actividad económica general, no pudiéndose interpretar que las normas elaboradas con motivo de la declaración de los estados de alarma permitían el uso de este procedimiento para supuestos en los que no procediera conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público”.

Y concluye el informe: “De lo contrario se estaría utilizando el procedimiento de emergencia como algo distinto a lo previsto en dicha ley (carácter absolutamente excepcional y limitado a lo estrictamente necesario para remediar el acontecimiento producido o para la satisfacción de la necesidad sobrevenida) limitando los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, no discriminación, integridad y concurrencia en la contratación pública, así como la eficiente utilización de fondos públicos, principios consagrados tanto en la normativa estatal, autonómica como de la UE”.

Los auditores de la Junta acusan al SAS de ignorar una docena de artículos de la LCSP que regulan los requisitos para justificar la contratación a dedo, entre ellos aquellos que sirven a la Administración para “acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional” de las empresas con las que contrata, para así minimizar “situaciones de riesgo” en el gasto de dinero público.

“La indebida tramitación mediante procedimiento de emergencia en aquellos expedientes en los que no se justifica la imposibilidad de acudir a otros procedimientos ordinarios o no se limitan las actuaciones al tiempo estrictamente indispensable para solventar la situación de riesgo, ha supuesto [para la Junta de Andalucía] la no comprobación por parte del órgano gestor de las condiciones de aptitud (artículos 65 y 66 LCSP) capacidad (artículo 84 LCSP) y no concurrencia de prohibiciones de contratar (artículos 71 a 73) solvencia económica y técnica (artículos 74 a 83), cumplimiento de obligaciones tributarias, seguridad social exigibles a cualquier adjudicatario de contratos”, reza el documento.

Las recomendaciones ignoradas del auditor

En el informe, se advierte a la gerencia del Servicio Andaluz de Salud de que la adjudicación de contratos millonarios a dedo se hizo vulnerando aspectos “significativos” de la LCSP; y denuncian reiteradamente la “indebida tramitación [de contratos] mediante el procedimiento de emergencia” durante el ejercicio 2021, cuando la situación “se había convertido en algo más previsible, lo que habría de influir necesariamente en la forma en que la legislación de contratos públicos debía aplicarse”.

También censuran que muchos de los contratos a dedo se prorrogaron en el tiempo “sin justificación”, pues la ley limita el trámite de emergencia “a lo estrictamente indispensable en el ámbito temporal”. “La emergencia requiere la inmediatez con la acción que la justifica (art. 120.1 LCSP), sin que pueda dilatarse en el tiempo, y debe cesar cuando la situación haya desaparecido o acudir a la tramitación ordinaria o a otros procedimientos que permitan la libre concurrencia y la igualdad entre los licitadores”, dice el informe.

Sin embargo, el SAS prorrogó en el tiempo muchos de esos contratos a dedo, e incluso autorizó contratos de emergencia “por fases”, lo cual es “incongruente”, desde el punto de vista del Interventor, porque contradice la naturaleza misma de la emergencia.

“Salvedades de especial relevancia”

El informe plantea “salvedades de especial relevancia” a prestaciones millonarias adjudicadas a dedo, bien porque “no se justifica adecuadamente su carácter de emergencia”; o porque “los servicios objeto de contrato son anteriores a 2020 (año precovid), por lo que las prestaciones contratadas no se ciñen a servicios directamente relacionados con la pandemia”. El SAS tampoco aporta justificación “de la imposibilidad (...) de promover procedimientos de licitación que permitan la libre concurrencia, la igualdad, la transparencia entre los licitadores”.

Además, cuestiona varios contratos porque la ejecución de los mismos por parte de las empresas privadas adjudicatarias no se inició en el plazo de un mes, como exige la Ley de Contratos Públicos para justificar la tramitación de emergencia. Muchos de los contratos a dedo empezaron a ejecutarse después de ese plazo y, a juicio de la Intervención, “ese contrato debería haberse tramitado por procedimiento ordinario”.

El 98% de los contratos supervisados por la Intervención recoge este tipo de irregularidades. “En el año 2021, la situación se había convertido en algo más previsible, por lo que necesariamente la tramitación de emergencia, por exigencia de los principios fundamentales de publicidad y concurrencia previstos en el Derecho Comunitario, debe aplicarse sólo en supuestos tasados y cuando resulte de aplicación”, insiste el informe.

El expediente que adelantó elDiario.es Andalucía

La auditoría a los contratos a dedo del SAS en el ejercicio 2021 se elaboró a lo largo de 2022, el informe definitivo está fechado el 21 de noviembre de 2023, pero un año antes la Intervención había emitido otro informe definitivo sobre los contratos de emergencia de 2020, primer año de la pandemia.

Ese documento ya planteó una serie de recomendaciones al SAS para que fuera abandonando paulatinamente el sistema de contratación de emergencia, sin embargo, el posterior informe de 2021 emite una evaluación sobre el grado de cumplimiento de aquellas recomendaciones y concluye que el SAS no implantó ninguna. De hecho, siguió prorrogando algunos contratos a dedo con clínicas privadas, al menos hasta el verano de 2023.

El 14 de marzo de 2023, elDiario.es publicó en exclusiva que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas –para derivar a pacientes en lista de espera– amparándose en el marco legal de la pandemia ya derogado. El expediente inicial de esos contratos –Expediente 110/2021– es uno de los analizados y duramente cuestionados en el informe de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021.

El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero la Consejería de Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023.

Menos de 24 horas después de la publicación de la noticia en este periódico, el Ejecutivo de Moreno anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo.

Sin embargo, el atasco en la lista de espera para operarse o para ser atendido por un especialista era tal –el retraso afectaba a 1,6 pacientes en ese momento– que la entonces consejera de Salud, Catalina García, admitió que tendrían que seguir exprimiendo aquel expediente inicial y prorrogando los contratos a dedo para derivar pruebas diagnósticas y operaciones pendientes a la sanidad privada.

Las dos últimas resoluciones de prórrogas a las que ha tenido acceso este periódico se autorizaron a finales de 2022, con un sobregasto de 16 millones –sumados a los 243 millones ya licitados–, para derivar pruebas oncológicas a clínicas privadas hasta el 30 de junio de 2023.

El informe definitivo de la Intervención sobre los contratos de emergencia de 2021 está fechado el 21 de noviembre de 2023, es decir, nueve meses después de que elDiario.es revelase las cuatro prórrogas en dos años del famoso Expediente 110/2021, que terminaría triplicando el gasto inicialmente autorizado de 70 millones. “La resolución por la que se declara la emergencia de estas actuaciones es de 15 de julio de 2020”, dice el informe, “sin embargo, algunos de los contratos suscritos con las entidades prestadoras de estos servicios se firman con fechas de 10 de junio de 2021, 7 de junio de 2021, 17 de mayo de 2021, 14 de junio de 2021 haciéndose al amparo del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, normativa que se encontraba derogada”.

Del control financiero previo a los informes a posteriori

El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno aprobó un acuerdo que entonces pasó desapercibido bajo el auge de la crisis sanitaria, que ese día contabilizaba 74.766 contagios acumulados y 1.956 muertos. La Junta sustituyó el control previo de determinados gastos, órganos y servicios de la Administración –incluido los contratos a dedo del SAS– por el control financiero permanente, con objeto de ganar agilidad en la contratación.

Es decir, siete meses después de declararse oficialmente la pandemia, la Intervención de la Junta pasó de supervisar y autorizar cada expediente de gasto a priori –antes de que se librase el dinero– por “una auditoría de cumplimiento de carácter anual”, esto es, comprobar a posteriori que los contratos se habían hecho con arreglo a la legislación vigente y plasmarlo en un informe.

El informe “provisional” del auditor sobre los contratos a dedo que autorizó la Consejería de Salud en 2021 “se puso en conocimiento de la Dirección Gerente del SAS” el año pasado. En el informe aparecen dos fechas distintas: 15 de marzo de 2023 y 12 de junio de 2023.

La primera fecha es justo el día después de que este periódico publicase que la Junta llevaba dos años prorrogando contratos a dedo con clínicas privadas amparándose en un Real Decreto Covid ya derogado. El mismo día, también, que el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, anunció que el SAS cancelaría la contratación de emergencia y volvería al procedimiento ordinario en junio, cuando expirase la última prórroga. La segunda fecha que aparece en el informe es precisamente del 12 de junio, cuando aún seguían en vigor esos contratos a dedo.

El informe tumba las alegaciones del SAS

Los responsables del Servicio Andaluz de Salud presentaron una larga batería de alegaciones para corregir las duras críticas de aquel informe provisional, pero la Intervención desestimó prácticamente todas, reiteró sus conclusiones en el informe definitivo, y subrayó que se habían “producido incorrecciones significativas y reiteradas en el tiempo”.

La Intervención también reprocha a la dirección del SAS que le respondiera tarde y de manera “claramente extemporánea” –el 15 de mayo de 2023– con un informe sobre “el grado de implantación de las recomendaciones” que el órgano fiscalizador había hecho en el informe sobre los contratos de emergencia de 2020, un año antes. La respuesta del SAS llega “pocos días después del vencimiento del plazo legal de seis meses” desde que recibió las recomendaciones. “A pesar de lo extemporáneo de su remisión”, la Intervención analiza si se han cumplido y resuelve que todas las medidas propuestas, excepto una, “no están implantadas”.

El órgano fiscalizador supervisó una muestra de 126 expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia desde los servicios centrales del SAS entre el 1 de enero de 2021 y el cierre del ejercicio presupuestario, de un total de 3.669 expedientes que movilizaron 296,3 millones de euros. Es decir, la auditoría es sobre el 3,5% del total de adjudicaciones a dedo que se hicieron en 2021, con un margen de error “asumible” del 10% y un nivel de confianza del 90%. 

En la muestra seleccionada están todos los contratos de obras –“por ser sus importes más elevados”– y algunos de servicios y suministros. Esos 126 expedientes analizados suman 56,6 millones de euros adjudicados a dedo, un 19,13% del total."                           (Daniel Cela , eldiario.es, 09/09/24)

En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

“No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24) 

Crónica negra del socialismo andaluz en 10 años de pillaje institucional... El fraude acreditado en el caso de los ERE suma 135 millones; la norma prevaricadora fue aprobada como ley cada año en el Parlamento autónomo

 "El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel al ser condenados solo por prevaricación.

Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.

El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.

Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.

¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán sí conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absolución.

“Cuando se trataba de dar el paso siguiente, ahí se detuvo”

José Antonio Griñán declaró que cuando era consejero de Hacienda, su viceconsejera no le remitió el informe del interventor de la Junta de Andalucía donde se denunciaban las irregularidades del sistema para otorgar subvenciones excepcionales a empresas en crisis. El magistrado que primero interrogó a Griñán consideró que esa explicación se oponía “a las máximas elementales de la experiencia aplicables en los juicios de inferencia”. “Resulta inverosímil”, escribió, “que la persona de confianza de Griñán, la viceconsejera, reciba notificaciones de un contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima confianza”.
El interventor nunca elevó su nivel de alerta sobre lo ocurrido a través de los denominados “informes de actuación”, donde se denuncia la existencia de fraudes y perjuicios para las arcas públicas. Ese tipo de informes nunca llegó a los consejeros andaluces para que tomaran las medidas oportunas.

El magistrado también tenía explicación para esta carencia: “Cuando se trataba de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo. La omisión solo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor, o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”.      (José Manuel romero, El País, 31/07/22)

"‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno.

 El juicio político que hizo el PSOE sobre la sentencia del caso de los ERE confirmada por el Tribunal Supremo encendió la bronca con el PP en una reyerta dialéctica de duros reproches a cuenta de las condenas por corrupción que golpean a ambos partidos. Los principales dirigentes del PSOE salieron en defensa de los expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con una frase repetida varios días: “Pagan justos por pecadores. Griñán y Chaves no se enriquecieron”.

El PSOE asumió hace tiempo que la irregular gestión de aquel programa de ayudas a empresas desencadenó un fraude multimillonario en Andalucía y recuerda que los dos expresidentes dejaron sus cargos tras conocer que el Tribunal Supremo había encontrado indicios de delito en su actuación. Pero la dirección socialista acusa de esa corrupción masiva a quienes directamente se encargaron de administrar los fondos públicos en la consejería de Empleo y en ningún caso quienes estuvieron a la cabeza de aquellos gobiernos.

El principal señalado es Francisco Javier Guerrero, quien decidió el reparto de la mayor parte de los fondos para ayudas sociolaborales como director general de Trabajo y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y 1 día de cárcel en el juicio a la rama política del caso de los ERE. Esa partida multimillonaria y controvertida que gestionó era, según declaró él mismo a la Policía, “un fondo de reptiles para crisis” que la Junta “tenía que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se detiene en algunas de las ilegalidades que supuestamente cometió Guerrero, fallecido de un infarto en octubre de 2020 a los 63 años de edad.

A principios del año 2006, un concejal socialista de Camas organizó la solicitud de las ayudas sociolaborales concertando citas de sus conocidos con Guerrero. El entonces director general de Trabajo incluía a estos amigos en listas de trabajadores pertenecientes a empresas que tramitaban expedientes de regulación de empleo, aunque no habían trabajado en las mismas.

“En marzo o abril, detalla la sentencia, “varios militantes socialistas se dirigieron a la entrevista concertada con Guerrero, quien posteriormente ordenaría a la mediadora de seguros Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda socio-laboral de alguna empresa; de esta forma tras los estudios hechos por Vitalia relativos a la empresa Surcolor, el referido director general de Trabajo, en fecha 28 de junio de 2006, remite una escueta comunicación a la aseguradora APRA LEVEN mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes” eran los militantes socialistas a los que coló.

El regalo de Guerrero con dinero público a uno de los beneficiados consistió en una “paga mensual de 1.300 euros hasta el 31 de enero de 2010, fecha de la jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años”. En el otro caso, la persona favorecida por Guerrero estuvo percibiendo algo más de “1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006″.

El ex director general de Trabajo subvencionó también con 1,4 millones de euros a una empresa que montó su propio chófer, quien a su vez le suministraba droga.

Algunos colaboradores del alto cargo de la Consejería de Empleo explicaron durante el juicio el procedimiento seguido para conceder las ayudas. Una secretaria de Guerrero detalló que “lo relativo a la partida 31L”, correspondiente al controvertido programa de ayudas sociolaborales, “lo llevaba directamente Guerrero”, quien le dictaba los convenios con distintas empresas para conceder las subvenciones, le mandaba la relación de trabajadores afectados y posteriormente se confeccionaba la orden de pago.

Al menos seis personas que participaron en el examen de los expedientes con motivo de la información reservada abierta dejaron durante el juicio innumerables ejemplos del descontrol y caos que se encontraron al revisar la documentación:

—”En algunos expedientes no había ningún acto administrativo. Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos no había ni solicitud, ni memoria”.

—”En algunos casos no constaba el DNI de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si era un intruso. No vimos el ERE, no podíamos saber si los trabajadores estaban incluidos en los ERE”.

—”No vi ningún documento contable, ni de fiscalización. La documentación era muy dispersa e incompleta. No vi ningún expediente de gasto. No había documentación de la fiscalización del gasto”.

—”En las carpetas había un desorden absoluto. No eran expedientes administrativos. Había fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Los expedientes no estaban completos, faltaban piezas clave. No había solicitudes ni resoluciones. Tampoco había expediente de gasto”.

La sentencia concluye que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se acordaban pagos multimillonarios ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, “sin sujeción a procedimiento alg uno en la asunción de dichos compromisos”. Un agujero de corrupción que se prolongó durante 10 años.

Subvenciones a empresas nuevas y sin trabajadores

La investigación judicial analizó con detenimiento la concesión de 16 subvenciones por más de 11 millones de euros a empresas radicadas en la sierra norte de Sevilla, vinculadas a municipios dominados por el PSOE, y destapó un fraude masivo. “Las empresas beneficiadas compartían accionistas y órganos de administración; los pagos de subvenciones a varias de ellas se ingresaron en la misma cuenta bancaria; se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas; tenían escaso patrimonio propio. “Salvo Matadero de la Sierra Morena, S.A. y su filial Al Ballut, S.L., el resto de las sociedades carece de sustancia económica y de trabajadores. No consta que haya habido solicitud de subvención por parte de las beneficiarias, ni figura ningún documento de las mismas (memoria, proyectos, presupuestos, etc.)”."                      (J. M. R. el País, 31/07/22)

El Supremo concluye que Chaves y Griñán no se llevaron dinero público en el caso de los ERE pero los condena por malversación

 "El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el ‘caso ERE’, informa Europa Press. La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Así lo ha anunciado este martes el alto tribunal, si bien el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días. Algunas fuentes han filtrado ya que el fallo se ha elaborado en medio de una profunda división y opiniones diversas entre los miembros del tribunal. De esta manera, Ferrer y Polo han anunciado un voto discrepante donde exponen que deberían haber sido estimados parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

Griñán fue condenado por un delito de prevaricación y malversación en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009. Por su parte, Chaves, histórico del PSOE, fue condenado por prevaricación en la sentencia de 2019 de la Audiencia de Sevilla que ahora confirma la Sala de lo Penal del Supremo, según ha podido saber RTVE.

La sentencia concluye que Chaves y Griñán eran “plenamente conscientes” de la ilegalidad de las decisiones adoptadas sobre el fondo de los ERE, de manera que el Gobierno andaluz regentado por el PSOE repartió discrecionalmente y al margen de los mecanismos de control más de 680 millones de euros. Este reparto supuestamente arbitrario se habría hecho mediante redes clientelares y con presuntas motivaciones políticas como la compra de votos, según viene denunciando machaconamente la derecha andaluza, algo que está por demostrar. Sobre Griñán, los magistrados le reprochan que haya ignorado las alertas sobre irregularidades de la Intervención General, que en la vista oral declaró que nunca llegó a conocer. A lo largo del juicio, los representantes legales de los exlíderes socialistas andaluces han mantenido una misma argumentación jurídica: los encausados son inocentes porque nunca se lucraron, a título personal, con el fraude de los ERE. Los letrados recuerdan que el delito de malversación consiste en sustraer o permitir que otros sustraigan fondos públicos, de modo que consideran que la sentencia de Sevilla, y ahora también la del Tribunal Supremo, construye un “delito de malversación de riesgo” que no figura tipificado en el Código Penal.

No está de acuerdo con esta tesis el Supremo, que entiende que la agilización del proceso de adjudicación de las ayudas y la modificación de los requisitos para obtenerlas puede constituir un delito castigado con penas de hasta 6 años de prisión. De esta manera, según los abogados de la defensa, conductas como la incorrecta o ineficiente gestión del dinero público, que deberían ser enjuiciadas por los votantes en las urnas, terminan convirtiéndose en ilícitos penales, en este caso en un asunto de malversación de caudales. Algunos expertos en Derecho consideran que esta interpretación es injusta y demasiado “rigorista”, ya que no es lo mismo enriquecerse (meter la mano en el cazo, como suele decirse coloquialmente), que gestionar de forma ineficaz las ayudas del Estado.

Según la sentencia del Supremo, Griñán conoció los informes de la Intervención General pero no hizo nada para evitar las presuntas irregularidades. Es decir, ratifica el fallo de la Audiencia de Sevilla, que ya en su día consideró que los expresidentes andaluces eran “conscientes de la palmaria ilegalidad” del desvío de fondos. “Griñán asumió”, como consejero de Economía, “la eventualidad de que los fondos fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Esto, para el Ato Tribunal, constituye un grave delito mientras que para las defensas no sería así. Desde el punto de vista de los acusados, los magistrados del Supremo estarían, no ya interpretando la ley, sino construyendo un nuevo tipo legal delictivo que no existe actualmente en la legislación penal.

Por tanto, el debate jurídico queda abierto y algunos de los condenados ya hablan de sentencia teñida de connotaciones e intencionalidades políticas, es decir, un fallo con un claro objetivo “ejemplificador”. Los críticos con esta sentencia advierten de que si cualquier error o deficiente gestión en los fondos públicos constituye una malversación –con independencia de que haya habido o no apoderamiento de dinero del Estado por parte de los gobernantes, funcionarios o responsables de la administración del patrimonio estatal–, se abre un peligroso precedente, ya que en el futuro cualquier político podrá ser sentado en el banquillo por pura incompetencia o errática gestión. En ese aspecto, el analista Javier Aroca habla de que la sentencia genera un gran “desconcierto político”.

En cualquier caso, la sentencia ha caído como un jarrón de agua fría en el PSOE, que confiaba en la exculpación de Chaves y Griñán en el Supremo. En plena campaña a las elecciones andaluzas, y en un concurrido mitin, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un encendido alegato en defensa de los procesados al asegurar que siente “orgullo de todos los que han liderado Andalucía, orgullo de Chaves, de Griñán, de Pepote Rodríguez de la Borbolla, de Susana Díaz”.

La defensa de los procesados ha anunciado que interpondrá un recurso contra la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, mediante un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, y no descartan solicitar el indulto al Gobierno."                      (Marcos López , Diario16, 26/07/22)

El intento de una trama para inflar en cinco millones un contrato del covid atenaza al Gobierno andaluz... tras recibir en septiembre de 2020 la alerta de que una trama estaba preparando una auténtica estafa de nada menos que cinco millones. Y que en la trama participaba un asesor de confianza del Gobierno andaluz

 "El insólito aviso sobre un delito en ciernes que en plena pandemia lanzó un empresario al número dos de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha terminado atenazando al Gobierno de Juan Manuel Moreno en un caso de futuro incierto. De momento, la declaración judicial como testigo prestada en marzo por Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia con Bendodo como jefe, ha extendido un manto de dudas sobre la actuación del Ejecutivo autonómico tras recibir en septiembre de 2020 la alerta de que una trama estaba preparando una auténtica estafa de nada menos que cinco millones. Y que en la trama participaba un asesor de confianza del Gobierno andaluz.

En los cuatro días siguientes a la llamada de alerta a Bendodo, y como desveló Diario de Sevilla citando un informe de la UDEF, su viceconsejero Antonio Sanz mantuvo 16 contactos telefónicos con aquel asesor, finalmente cesado y ahora imputado. Habló con él antes que con el empresario denunciante en lo que uno de los informes policiales incorporados al sumario califica de secuencia "incomprensible". La Junta destituyó al empleado de confianza bajo sospecha a los seis días de iniciar una investigación oficial interna que no se abrió hasta transcurridos más de dos meses del aviso de delito: exactamente, las actuaciones comenzaron el 4 de diciembre de 2020.

Un atestado policial destapa que cuando al asesor de confianza se le bloqueó el ordenador por orden oficial cinco días después, el 9 de diciembre de 2020, y acabó despedido a la mañana siguiente, la bandeja de entrada de su cuenta de correo corporativo y la papelera estaban ya vacías. No quedaba "ningún correo electrónico" fechado entre junio de 2019 y octubre de 2020. Y eso –sostiene la UDEF en un atestado al que ha accedido infoLibre– indica "la ausencia total de actividad en dicho periodo o bien el borrado sistemático de dichos correos". Como señala también la Policía, el finalmente despedido había dispuesto de un "tiempo considerable" para acceder "libremente" a sus emails. El 11 de diciembre la Junta de Andalucía interpuso denuncia ante la Fiscalía. La compra de los test ofrecidos por Félix Guerrero no llegó a efectuarse.

A última hora de este miércoles, infoLibre logró contactar con Guillermo González, el asesor despedido e imputado en la causa que instruye el juzgado de instrucción 2 de Sevilla. Según sus palabras, "se han recuperado todos los correos, no encontrando irregularidad alguna y eso está en un informe policial del sumario. El buzón estaba vacío porque se va autolimpiando de manera automática". Este periódico no ha podido aún verificar tal afirmación a través de otras fuentes ni de documentos incorporados a las diligencias judiciales.

El vecino que le dio la alerta al número dos del presidente Moreno

En respuesta a las preguntas sobre el caso, fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia de Andalucía recalcaron que el comportamiento de la Junta ha sido diligente y ejemplar: "Somos el único caso conocido de un Gobierno que, tras recibir una denuncia de un empresario, abre una investigación, despide a un asesor y denuncia los hechos ante la Justicia. Así consta en el sumario y así lo atestigua la UDEF".  La UDEF, agregaron las mismas fuentes, "también tiene claro" que la Junta de Andalucía “ha colaborado plenamente, aportando toda la documentación y los efectos requeridos e incluso aportando por propia iniciativa indicios de investigación”.

Vecino esporádico de Bendodo en una urbanización malagueña, fue el empresario Félix Guerrero quien, por teléfono y el 22 de septiembre de 2020, le alertó de que al poco de ofrecer él mismo al Ejecutivo andaluz unos maletines de test covid importados por su compañía, le habían contactado unos intermediarios. Fueron ellos quienes tomaron la iniciativa de localizarle. Y añadió en su conversación con Bendodo cómo esos intermediarios le transmitieron que en vez de fijar para el lote un precio de venta de 19,4 millones debía pedir cinco millones más: exactamente, 24.457.125 euros. Guerrero remarcó que se negó, añadió que comprendió al instante que estaba ante un potencial delito y llamó a Bendodo, a quien dos meses antes había ofrecido los test covid. Según el sumario, Bendodo encargó a su viceconsejero que averiguase qué estaba pasando.

El principal intermediario del que Guerrero habló al consejero se llama Manuel García Gallardo, empresario jerezano, exmilitante del PP de Cádiz según publicó en 2005 el diario El País y condenado en 2019 a 10 años de prisión en un juicio por estafa a la entidad pública Zona Franca de Cádiz bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. El Supremo ha ordenado repetir la vista. 

Sorprendido de que "un delincuente" –expresión literal del denunciante recogida en el sumario–, entablase contacto con él, Félix Guerrero le dijo algo más al consejero andaluz de Presidencia, que ahora compagina su actividad como número dos del Gobierno de Juan Manuel Moreno con el cargo de coordinador general del PP en el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Y lo que le contó es que el intermediario Manuel García Gallardo le había dicho que en aquella operación para incrementar en cinco millones el precio de los maletines de test participaba un eventual de confianza de la Consejería de Salud: Guillermo González. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con él.

"Tenderle una trampa" al asesor bajo sospecha

Cuando durante su declaración como testigo el juez remarcó a Sanz la existencia de 16 contactos telefónicos con Guillermo González, detallando incluso que una de las llamadas había durado 15 minutos, el viceconsejero reiteró lo que se resume en una de sus frases literales: "Yo solamente hablé con él una vez". A los dos días de la llamada de 15 minutos, la Policía registra otra de 7,5 minutos. Aquí, y según la tabla de comunicaciones que consta en el sumario, se produjo el sábado 26 de septiembre de 2020 a las 13.18 horas. Ese mismo sábado y antes de la llamada, Sanz envió a Guillermo González cuatro whatsapps y un SMS. Sanz fue presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía durante el mandato de Mariano Rajoy.

Su único objetivo con las conexiones telefónicas –solo aquel sábado se contabilizan cuatro whatsapps enviados por Sanz al asesor Guillermo González–, había sido contactar con el empleado sospechoso para “tenderle una trampa”. Y para citarle así a una reunión. Convocarle, en suma, so pretexto de abordar su deseo de que la Junta le trasladara a la empresa pública Extenda. La UDEF considera que el tráfico de llamadas enunciado en el párrafo anterior resulta "incongruente con lo manifestado por ambos [Antonio Sanz y Guillermo González] en sus respectivas toma de declaraciones [policiales]".

Fue en su otra declaración testifical, la prestada ante el juez de instrucción 2 de Sevilla, donde Sanz aseguró que nunca desveló ante el tal Guillermo González nada sobre la denuncia verbal de Guerrero. Pero aun así concluyó que el asesor le estaba "mintiendo". Y eso ocurrió en la reunión presencial que mantuvieron los dos. ¿Cómo y por qué dedujo que mentía? Pues, según sus palabras, lo descubre cuando, al ver que el asesor se presentaba como quien contactaba con las empresas ofertantes de suministros, aprovechó para sacar a colación el nombre de Manuel García Gallardo.

La transcripción literal de lo que el viceconsejero expone ante el juez desde ese momento es la que sigue: "Entonces digo 'pues me han dicho que hay una persona de Cádiz que está mucho en contacto con vosotros de las empresas y que se llama Manuel García Gallardo". Le cambia la cara [al asesor]. 'Yo no conozco nada [dice el asesor], yo no conozco de nada, no conozco nada de ese hombre'. (...). A partir de ahí yo ya me di cuenta [de] que este hombre reacciona y me está mintiendo. Y ya cierro la conversación". En resumen, el nerviosismo de Guillermo González es lo que convence a Antonio Sanz el lunes 28 de septiembre de que el asesor está involucrado. A tenor de su relato, lo infiere sin hacerle preguntas concretas sobre el asunto. 

 En cuanto habla con el asesor bajo sospecha, Sanz afirma que contacta con el empresario denunciante, Félix Guerrero. "A mí Félix -narra el viceconsejero ante el juez- lo único que me dice es todo el relato de los hechos. Me dice que me dará todo. Nunca me dio nada. Pero ante el relato de los hechos ya nos damos cuenta de que el tema era grave o tenía dosis de mucha verosimilitud y por lo tanto, inmediatamente decidimos abrir una investigación interna". Las actuaciones previas de carácter administrativa se abrieron 68 días después de la reunión entre Sanz y el asesor Guillermo González.

De la lectura del sumario se desprende que el empresario denunciante lo había grabado todo. Y que los audios están en poder de la Policía desde marzo de 2021. El contenido de correos que dirigió a la Junta de Andalucía indican cuál fue su tesis para no facilitar las grabaciones al Gobierno andaluz: quería que se estableciese una fórmula para garantizar la exactitud de las copias y la preservación de los originales. Guerrero ha rehusado hablar con este diario.

"Esclarecer los hechos" era el objetivo de las 16 conexiones telefónicas

infoLibre envió este miércoles a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía varias preguntas sobre el caso. En lo relativo a las 16 conexiones telefónicas con el asesor supuestamente involucrado –un tráfico "inusual", según la Policía–, fuentes oficiales de la Consejería respondieron así: "El tráfico de llamadas se limitaba a esclarecer los hechos tal y como denunciaba el empresario inicialmente". Las mismas fuentes subrayaron que el papel del Gobierno andaluz había sido ejemplar: "Somos el único caso conocido de un Gobierno que, tras recibir una denuncia de un empresario, abre una investigación, despide a un asesor y denuncia los hechos ante la justicia. Así consta en el sumario y así lo atestigua la UDEF".

A la pregunta sobre por qué la investigación oficial interna (Procedimiento de Actuaciones Previas 1/2020) se abrió el 4 de diciembre si, tal como declaró ante el juez Antonio Sanz, ya en la última semana de septiembre se percató de que el asesor “estaba mintiendo”, la respuesta difirió de lo que el viceconsejero declaró ante el juez: "La investigación interna se abre porque el empresario no ofrece las pruebas en ningún momento más allá de su testimonio. De hecho, cuando se decide denunciar a la Fiscalía se le reclama por burofax que aporte las grabaciones. La investigación interna se abre porque había que comprobar los términos exactos de su denuncia. La propia UDEF admite que, literalmente “lo cierto es que precisamente las personas responsables de la compra, una vez alertados, trataron de esclarecer los hechos (…) y finalmente presentaron la denuncia ante la Fiscalía ante la reticencia del empresario”.

El párrafo del atestado de la UDEF citado por portavoces de la Consejería andaluza de Presidencia en su respuesta a este periódico dice textualmente lo que viene a continuación: "Lo cierto es que precisamente las personas responsables de la compra, una vez alertados, trataron de esclarecer los hechos, ciertamente no del modo más inequívoco, como se verá más adelante, y finalmente presentaron la denuncia en Fiscalía, ante la reticencia del empresario, cuya justificación o no es ajena a esta investigación, aunque se entienda comprensible en su posición de desconfianza".

Frente a la versión de Antonio Sanz sobre cómo descubrió que estaba ante un caso grave que requería una investigación, el ya exasesor imputado en el caso, Guillermo González, negó que la Junta de Andalucía tuviera alguna prueba contra él. "Las acciones que se realizaron desde la Consejería se debieron a la presión que se desató", declaró en tono calmado durante una conversación telefónica cuya literalidad validó luego mediante un mensaje de WhatsApp. "Nunca –añadió Guillermo González– envié ni recibí ningún correo a Manuel García Gallardo". A la pregunta de si va a emprender acciones legales, respondió que está esperando "a que todo esto se aclare" siguiendo las recomendaciones de su abogado.

Sobre las 16 conexiones telefónicas con el viceconsejero de Presidencia, remarcó que "se resumen realmente en dos llamadas y varios mensajes de whatsapp y fueron solo para la reunión que tuve con Antonio Sanz". En esa reunión -siguió diciendo en coincidencia con la versión de Sanz- "solo hablamos de mi posible incorporación laboral en otra entidad", es decir, a Extenda. Sobre su situación actual como uno de los cuatro imputados en la causa -los otros tres son Manuel García Gallardo y dos personas de su entorno empresarial- González dijo sentirse así: "Estoy viviendo una situación absolutamente injusta y de vulneración de la presunción de inocencia a pesar de que no hay absolutamente nada contra mí. Ante esta situación, he solicitado el archivo y sobreseimiento, al menos, en cuanto a la investigación relativa a mi participación en el asunto".            (Alicia Gutiérrez , InfoLibre, 4 de mayo de 2022)