En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

“No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24) 

El banco malo, rescatado con miles de millones de euros públicos, sigue siendo devorado por buitres y parásitos. La lista de sus exdirectivos que terminan anidando en los bancos y fondos beneficiados por la SAREB es demasiado larga, bajo la atenta mirada de los supervisores de turno, Banco Central Europeo (BCE) incluido

 "El caso más reciente es el de la ex número dos del banco malo, Ana Aránguez, que ha pasado de dirigir la gestión de portfolio de la SAREB a ser fichada como directora de finanzas [1] por Intrum [2], el grupo sueco que se acaba de zampar Haya Real Estate, uno de los carroñeros engendrados por Cerberus. Sucede que Haya ha sido reiteradamente elegida por el banco malo para gestionar miles de sus activos inmobiliarios. Alquileres, sin ir más lejos [3].

Pero el de Aránguez no es el único caso. Otro exdirectivo de SAREB, concretamente su expresidente de 2015 a 2021, el ya fallecido Jaime Echegoyen, también recaló en Haya tras su paso por el banco malo [4]. También bajo su gestión fue beneficiado el oportunista ladrillero de Cerberus [5]. Veáse la adjudicación en 2019 para gestionar una cartera de préstamos e inmuebles valorada en unos 8.400 millones de euros.

Hay más ejemplos, como el de Álvaro Areal, exdirector adjunto de SAREB durante casi una década, que ha sido fichado a principios de año por Blackstone [6], buitre de casas y casinos [7]. Pocos meses antes, Areal fue uno de los máximos responsables del proyecto SMO (Simplificación del Modelo Operativo), que culminó con la adjudicación de los despojos del banco malo a los buitres de KKR y Blackstone, Hipoges y Anticipa-Aliseda, respectivamente [8].

Asimismo, se contrató a Servihabitat (la que fuera inmobiliaria de La Caixa, hoy en manos de CaixaBank y Lone Star) para “la gestión especializada de las viviendas en las que residen las familias vulnerables”.

Llama la atención que los buitres en cuyas garras ha puesto la SAREB pública sus activos inmobiliarios están ellos mismos inmersos en operaciones especulativas: KKR ha puesto a la venta Hipoges [9], al igual que Servihabitat tiene colgado el cartel de ‘se vende’ [10]. Ese es el compromiso que demuestran con la situación de la vivienda.

Cabe destacar que el Proyecto SMO se ha implementado después de que la SAREB haya pasado a ser de mayoría pública, a partir de 2022, con el 50,14% del banco malo en manos del FROB, “Autoridad de Resolución Ejecutiva” [11].

Siguiendo con los exdirectivos del banco malo que pasan a estar a sueldo de bancos o fondos vinculados, la expresidenta de la SAREB de 2012 a 2015, Belén Romana, se incorporó poco después de su salida al consejo de Administración del Banco Santander [12]. Bajo su mandato, en 2014, SAREB adjudicó a Altamira, entonces la pata inmobiliaria del Santander, junto con Haya (Cerberus) y Servihabitat (La Caixa), la administración y venta de 126.000 activos inmobiliarios valorados en 41.200 millones de euros [13].

La SAREB “está sometida a una rigurosa supervisión...”

La propia página web de la SAREB especifica que “está sometida a una rigurosa supervisión llevada a cabo por tres organismos: La Comisión de Seguimiento, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. La Comisión de Seguimiento está compuesta por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco de España y la CNMV. Asimismo, “puede requerir la supervisión adicional de otras entidades públicas nacionales o supranacionales, como ocurre con el Banco Central Europeo (BCE), que acude como observador a sus reuniones” [14].

A todo esto, desde su creación en 2012, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), en lugar de convertirse en el parque público de viviendas en alquiler que este país necesita, es un pozo sin fondo que se desangra entre buitres y parásitos (solo en el 2019 consejeros y altos directivos se agenciaron más de cinco millones de euros [15]). Pero es que además no ha cumplido el mandato que le fue encomendado. En diez años, aparte de alimentar a buitres de todo pelaje, no ha sido capaz de devolver ni siquiera la mitad de los 50.781 millones de euros públicos que se le confiaron. Es más, el banco malo es tan malo, que su reclasificación dentro de las Administraciones Públicas por imposición de Eurostat [16] en 2020 afectó al déficit público y a la deuda pública, aumentándola en 34.182 millones de euros, lo que nos hizo superar el 120% del PIB aquel año de pandemia y alcanzar la friolera del 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021 [17].

“(…) Desde su creación, Sareb ha ido incurriendo en pérdidas significativas, que actualmente representan un volumen apreciable en relación con sus pasivos, lo que indica que parte de las garantías públicas sobre esos pasivos se ejecutarán en el futuro”, afirmaba el Banco de España el 31 de marzo de 2021, en la Nota Informativa sobre la Reclasificación de Sareb en el sector de Administraciones Públicas [18].

Y para más INRI, los desahucios ordenados por la SAREB, continúan. Y los desequilibrios en materia de vivienda, también. A mediados del pasado mes de noviembre, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) señalaba que “en el segundo trimestre de este año, más de 174 familias han sido desahuciadas de sus hogares cada día. Todo esto a pesar del conocido ‘escudo social’”, y advertía que “miles de familias acabarán en la calle si el Gobierno retira la moratoria antidesahucios el 31 de diciembre”. [19]

SAREB La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como ‘banco malo’, fue creada en 2012, fruto del acuerdo entre el Estado español (Luis de Guindos) y la Comisión Europea (Olli Rehn), en coordinación con BCE (Banco Central Europeo), ABE (Autoridad Bancaria Europea) y FMI (Fondo Monetario Internacional), a través de un Memorando de Entendimiento (MoU) para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos y las antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. En 2012 y 2013, la SAREB adquirió casi 200.000 activos, entre préstamos e inmuebles, por un precio fijado por el Banco de España de 50.781 millones de euros avalados por el Tesoro Público. Diez años después de su nacimiento, solo ha conseguido devolver 20.300 millones de euros de la deuda, un 40% del capital inicial. En el año 2020, por recomendación de Eurostat, la SAREB se reclasificó en el sector de las Administraciones Públicas, lo que afectó al déficit público español y a su saldo de deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). Dicho incremento fue de 34.182 millones de euros en diciembre de 2020, con lo que la deuda pública alcanzó el 125,2% del PIB en el primer trimestre de 2021. En 2022, se eliminaron los límites a la participación del Estado en el accionariado de la SAREB, a través del aumento de la participación del FROB hasta el 50,14%, alcanzando de este modo el Estado la mayoría en el ’banco malo’. FROB El FROB, Autoridad de Resolución Ejecutiva, es la autoridad encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España. Entre sus funciones también figura llevar a cabo la desinversión de la participación del Estado en BFA (Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia), así como la de gestionar su participación en SAREB. Fue creado con motivo de la crisis financiera de 2008. En sus inicios comenzó siendo un fondo nutrido con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y con dinero público para apoyar ciertos procesos de integración de antiguas cajas de ahorros. En la actualidad, “el FROB es la Autoridad Española de Resolución en fase ejecutiva financiada exclusivamente con contribuciones privadas de las entidades” y que se integra en la red europea de autoridades liderada desde Bruselas por la Junta Única de Resolución (JUR). El FROB está regido y administrado por una Comisión Rectora integrada por once miembros: El presidente, cuatro miembros designados por el Banco de España, tres representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública."                (Fátima Martín, CADTM, 04/12/23)

A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

El Cártel de los coches: los clientes abonaron un sobreprecio estimado entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo... más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia... La OCU está presentando demandas colectivas contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda, Volvo, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault

 "Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.

La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.

En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.

El sobrecoste de los coches

Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.

La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.

Multa de 137 millones

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.

El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.

Los coches del cártel

 La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.

En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ."     (Economía Digital de Galicia, 04/12/23)

Los grandes fondos se convierten en máquinas masivas de blanqueo de capitales

 "En las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares. Los fondos de inversión privados son vulnerables al blanqueo de capitales porque contienen una variedad de factores de riesgo estructurales que ayudan a camuflar comportamientos ilícitos.

En 2020, un boletín filtrado del FBI encontró que los delincuentes y las grandes fortunas estaban usando «fondos de colocación privada, incluidas inversiones ofrecidas por firmas de capital privado y fondos de cobertura, para eludir los programas anti blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés) de otras instituciones financieras y blanquear dinero».

Un informe de Global Financial Integrity (GFI) «Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica», al que Diario16 ha tenido acceso, examina los factores de riesgo de blanqueo asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica. Analiza el circulo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales usados para mover dinero ilícito. La proximidad geográfica, económica, histórica y cultural de la región con los Estados Unidos las políticas norteamericanas siempre hayan tenido un impacto significante en Latinoamérica.

El 54% de los casos de lavado de dinero en bienes raíces se encontraban vinculados a fondos ilícitos de la región de Latinoamérica. «En el imaginario popular, las capitales mundiales del blanqueo son países pequeños con historias de leyes financieras laxas y secretas. Pero hay un buen argumento de que, en este momento, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es en realidad Estados Unidos», dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en 2021.

El nuevo informe de GFI proporciona una serie de estudios de casos y analiza la regulación ALD de los fondos de inversión privados en Brasil, México, Chile y Argentina.

Brasil sigue siendo el mercado de inversión privada más grande de Latinoamérica. Las estimaciones de Preqin, una base de datos de activos alternativos, revelan que alrededor de 38.000 millones, o el 44% del total de activos bajo gestión en América Latina, se concentra en Brasil, un país donde el Santander es uno de los principales bancos. Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, una tendencia particularmente interesante que ha surgido en el espacio de los fondos de inversión privados brasileños es la participación de las oficinas familiares en las inversiones generales.

Según Tom Cardamone, presidente de GFI, «A pesar de la escala de la riqueza bajo gestión, las ‘oficinas familiares’ tienen poca o ninguna supervisión regulatoria en la mayor parte del mundo. Esto es especialmente preocupante dado el estrecho vínculo entre la riqueza y la corrupción en muchas partes del mundo. La naturaleza no regulada de estos fondos los convierte en un vehículo particularmente útil para enmascarar los beneficios de la corrupción o el lavado de dinero».

Además, el informe utiliza una serie de estudios de caso para resaltar cómo existen riesgos de blanqueo, corrupción y crimen organizado en los fondos de inversión privados en América Latina.

Los factores de riesgo incluyen una base de clientes a menudo compuesta por personas adineradas, incluidas personas políticamente expuestas, una estrecha relación entre los grandes gestores de fondos y sus clientes, el uso de empresas pantalla y fideicomisos para gestionar inversiones, tercerización de operaciones y gestión de riesgos, poca transparencia en torno al origen de la riqueza y los fondos, y estructuras de inversión que pueden incluir múltiples cuentas en diferentes jurisdicciones, incluidos paraísos fiscales, con fondos moviéndose a través de una cuenta de concentración.

El informe, además, ofrece una serie de importantes recomendaciones:

• El nuevo gobierno brasileño, que tiene los mayores AUM en la región, debe ser el primero en adoptar regulaciones ALD que aborden riesgos futuros cuando surjan. Igualmente, los reguladores deben reflexionar sobre la estructura de las oficinas familiares y realizar una evaluación de riesgos del sector.
• Las autoridades latinoamericanas deben buscar regular a los intermediarios y a las profesiones sobre debida diligencia ALD/CFT, ya que son fundamentales para permitir que el dinero ilícito se mueva a través del sistema financiero dentro de la región, pero también para que se invierta en fondos de inversión privados en el extranjero.
• Los Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, Malta y otros países dentro de la UE deben realizar una evaluación sólida del riesgo de lavado de dinero de sus sectores de fondos de inversión privados.
• Las autoridades del orden latinoamericanas involucradas en investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado deben recibir capacitación sobre las complejidades de los fondos de inversión privados y la forma en que pueden usarse para ocultar activos ilícitos."                 (J. A. Gómez, Diario16, 31/12/22)

Un exministro polaco detenido por sobornos y pleitos millonarios por ayudas ilegales de Aznar: los litigios de Ferrovial... La salida de la constructora de España se ha anunciado en paralelo a un escándalo de corrupción por la recogida de basuras en Varsovia; hay ya 14 detenidos, tres de ellos directivos del grupo

 "La polémica salida de España de Ferrovial se ha anunciado mientras sigue vivo un largo historial de litigios de la multinacional con el Fisco español que tiene su origen en las ayudas fiscales que recibió en época de José María Aznar, declaradas ilegales por la UE. Su fuga a Países Bajos se ha conocido en paralelo al estallido de un escándalo de corrupción en Polonia que le afecta de lleno.

Es lo que la Agencia Central contra la Corrupción (CBA) de Polonia ha bautizado como “el escándalo de la basura”: una trama de supuestas mordidas, blanqueo de capitales y emisión de facturas ficticias para ocultar presuntos sobornos en la adjudicación de contratos valorados en unos 128 millones de euros para la recogida de residuos del Ayuntamiento de Varsovia.

Según el medio local wyborcza.pl, la mitad de los contratos se los llevó FBSerwis, subsidiaria de Budimex, la mayor constructora del país, filial de Ferrovial y cotizada en bolsa. Por ahora han sido detenidas 14 personas, entre ellas, tres directivos de Ferrovial y dos antiguos altos cargos del gobierno polaco. Las actuaciones se llevan a cabo bajo la supervisión de la Sucursal de Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía polaca en Katowice.

La última detención ha sido la del que fuera ministro de Hacienda de Polonia y hasta ahora secretario del Ayuntamiento de Varsovia, Włodzimierz Karpiński. Ex presidente de la Empresa Municipal de Depuración de Varsovia (MPO), Karpiński fue ministro en la etapa en el gobierno polaco del expresidente del Consejo Europeo y antiguo líder del PP europeo, Donald Tusk.

Karpiński “fue detenido temporalmente durante 3 meses”, acusado de aceptar supuestamente un soborno de casi 5 millones de zlotys (algo más de un millón de euros) “en relación con el procedimiento de selección de empresas que se ocupan de la recogida de residuos en Varsovia”. Así lo anunció la CBA el miércoles, un día después de que Ferrovial comunicase que quiere mudarse a Holanda, en una decisión que ha enfurecido al Gobierno español, que la atribuye a un “interés personal” de su presidente, Rafael Del Pino, para pagar menos impuestos.

Medios locales aseguran que Karpiński, el político conservador polaco ahora en prisión provisional, exigía una comisión del 2,5% por cada adjudicación. Ya en febrero fue detenido por este caso Rafał Baniak, ex viceministro del Tesoro polaco y hasta hace poco presidente de la patronal Pracodawcy RP. Esta entidad se define como “la mayor organización de empleadores en Polonia”. Dice representar a más de 19.000 compañías con 5 millones de empleados.

Según anunció la CBA el 9 de febrero, se investiga “la participación en actividades criminales de un grupo criminal organizado formado por empresas y funcionarios a nivel ministerial que estuvieron en el gobierno entre 2011 y 2015”. “El grupo emitía facturas de IVA para servicios ficticios de empresas involucradas en la recogida y tratamiento de residuos en la ciudad de Varsovia. Las facturas de esos servicios ficticios se destinaban a la obtención de fondos para sobornar a antiguos responsables”.

Y “el dinero se utilizaba para manipular la selección de compañías que prestan servicios de recogida, gestión y procesamiento de basura. El caso implica también blanqueo de capitales”, siempre según el órgano anticorrupción polaco.

El “escándalo de la basura” aparece mencionado en las cuentas anuales que Ferrovial remitió el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, si usted, lector, busca palabras como “detenidos” o “fiscalía” en el pdf que el grupo ha puesto este jueves a disposición de sus accionistas en su web, no encontrará rastro del asunto.

En las páginas 274 y 275 de ese informe anual, Ferrovial reconoce que “en enero de 2023, un empleado de FBSerwis S.A. (FBS en lo sucesivo) fue detenido por la Agencia Central contra la Corrupción (CBA). El 1 de febrero, otros dos ejecutivos de la misma sociedad fueron detenidos”. Hasta ahora han sido detenidos “un total de 3 empleados del grupo FBS, incluyendo al presidente, también miembro del Comité de Dirección de Budimex, SA, y al vicepresidente; para estos dos últimos se ha dictado prisión provisional por un plazo de 2 y 3 meses, respectivamente”. El otro detenido “operaba como director comercial de FBSerwis”.

“Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de FBS decidió suspender al presidente y al vicepresidente por idénticos periodos. La misma decisión fue adoptada por el Consejo de Administración de Budimex SA en relación con el presidente de FBS”.

Riesgo “remoto”

En opinión del asesor legal contratado por Ferrovial, “el riesgo de que la sociedad pueda ser considerada responsable de los hechos investigados es remoto”, porque “la responsabilidad de una persona jurídica está supeditada, de acuerdo con el Derecho Polaco, a la condena previa de un individuo que actúe en nombre de la sociedad”.

Tampoco aprecia Ferrovial por ahora riesgo de veto de su filial de licitaciones en Polonia. “Las sociedades del Grupo Budimex no pueden ser excluidas de procesos de contratación pública sin que los miembros titulares de los órganos de gestión, de gobierno o representantes comerciales hayan sido condenados válidamente por delitos tipificados en la Ley Penal. Por tanto, de acuerdo con la información existente, y a la fecha de cierre de estas cuentas, no se han materializado las premisas que den lugar a responsabilidad”.

Los asesores legales del grupo “estiman que la duración del proceso podría prolongarse varios años”. E “informan de que la aplicación real de la ley, en su formulación actual, es extremadamente infrecuente y las multas impuestas a las entidades no son elevadas (hasta 5 millones de zlotys)”. Por eso, el grupo no ha dotado ninguna provisión ni pasivo por este asunto.

Ferrovial indica que “los Consejos de Budimex SA y FBS SA han ordenado una investigación interna para esclarecer los hechos, mostrando su plena colaboración con las autoridades”. Y subraya que los activos no corrientes de FBS “representan un 0,36% de los activos totales de Ferrovial”.

Preguntada por este asunto, Ferrovial subraya que, “de acuerdo con su Código de Ética Empresarial, no tolera la comisión de actos delictivos en sus actividades y practica una política de tolerancia cero con la corrupción”. 

La compañía ha tenido conocimiento de la investigación “por la policía de Polonia” y su filial “va a cooperar plenamente con la investigación para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias”, indican fuentes de la multinacional a elDiario.es

El grupo adquirió Budimex allá por 2000, año en que el actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, sucedió en el cargo a su padre, fundador del grupo. Entre sus últimos contratos en Polonia, destaca la adjudicación, en julio, de la construcción de una terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk por 245 millones de euros.

Pleitos fiscales de 332 millones

Ferrovial menciona este litigio junto a las millonarias provisiones que tiene reconocidas por sus pleitos con el Fisco español: más de 200 millones, que superan con creces todo lo que ganó en 2022, 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. “Se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017”.

Los principales litigios del grupo con el Hacienda son por la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, adquirido en 2005 y vendido en 2011.

Son operaciones que Del Pino, el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial, y ahora responsable de su mudanza a Países Bajos, llevó a cabo gracias a las generosísimas deducciones fiscales que el Gobierno de Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por comprar sociedades extranjeras. Este régimen benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegal en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en Sevilla que su departamento, “bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos”, y añadió que “cuando uno pleitea con las diferentes empresas” es para evitar que se produzca “fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos”, informa Europa Press.

Montero lamentó el anuncio de Ferrovial, a la que pidió que “reconsidere” su decisión de trasladar su sede a Países Bajos. Y, “sobre todo”, que si no cambia de idea, “mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene” en España actualmente.

El cártel de las carreteras

En sus últimas cuentas, Ferrovial también incluye entre otros litigios las millonarias sanciones por prácticas monopolísticas que le ha impuesto en los últimos años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo ha pedido el veto como contratistas de la Administración de esta y el resto de grandes constructoras por haber manipulado licitaciones durante décadas.

También se recogen en esas cuentas otros pleitos como los que todavía colean por la Radial 4, una de las autopistas de Madrid que tuvo que rescatar el Estado; o el que Cintra (filial de autopistas de Ferrovial) tiene abierto por un accidente múltiple en una autopista en Dallas (Texas, Estados Unidos) en el que se vieron implicados 133 vehículos y fallecieron seis personas. Se han presentado 31 demandas en las que es parte y “están en una fase incipiente del proceso judicial”.

Más avanzada está una investigación penal abierta en junio de 2019 en Eslovaquia por presuntos delitos medioambientales cometidos por una subcontrata de una joint venture de la que Ferrovial es principal accionista (65%) para la construcción de la autopista DRR7, en Bratislava. La acusación cuantifica los daños en 8,7 millones. El fiscal ya ha enviado el expediente al juez, que “determinará si señala juicio o devuelve actuaciones a fiscalía para mayor instrucción”, explica Ferrovial en sus cuentas.

En España, el grupo ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau. “Mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya”, como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos."                  (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 2 de marzo de 2023)

Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de las transferencias ficticias de las multinacionales a nivel global... Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB

 "La expresión lavado de dinero se acuñó a principios del siglo pasado y está vinculada a una figura icónica del mundo criminal: el gánster Al Capone. El mafioso de origen italiano montó una cadena de lavanderías, entre otros negocios, para blanquear la fortuna que acumuló a través de sus actividades ilícitas. 

Un siglo después el término permanece, pero a las tradicionales tapaderas del dinero sucio se han sumado esquemas cada vez más sofisticados para rebajar el pago de impuestos sobre negocios legales. Una estrategia en auge donde los paraísos fiscales funcionan como grandes lavadoras y algunos países comunitarios juegan un papel crucial: casi un tercio de los beneficios que las multinacionales trasladan de forma ficticia fuera de la UE hacia territorios offshore pasa antes por algún Estado miembro de fiscalidad laxa. En conjunto, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de los beneficios corporativos desviados a nivel global.

Estas son algunas conclusiones de la última actualización de The Missing Profits of Nations (Los beneficios perdidos de las naciones, en castellano), una investigación firmada por Thomas Tørsløv (Banco Nacional de Dinamarca), Ludvig Vier (Ministerio de Finanzas danés) y Gabriel Zucman (Universidad de Berkeley y NBER), que evidencia cómo la UE se ha convertido en una puerta trasera para las multinacionales hacia territorios de fiscalidad cero. El 77% de las ganancias desviadas ficticiamente desde el Viejo Continente llega a otros países de la UE en primera instancia, con Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos a la cabeza. Después, casi la mitad de ese dinero continúa su viaje hacia los clásicos paraísos fiscales offshore, como las Islas Bermudas o las Caimán.

La investigación, que construye nuevos indicadores a partir de datos de 2015, estima que el 36% de las ganancias globales que las multinacionales obtienen fuera del país de la matriz se desvía a paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Son 616.000 millones de dólares al año (prácticamente la misma cifra en euros, al cambio actual), casi tres cuartos procedentes de países considerados de tributación elevada, como Alemania, España o Estados Unidos. El 35% del total (216.000 millones de dólares) procede de la UE —de empresas europeas y no europeas—, frente a los 143.000 millones (23%) de EE UU y 76.000 millones de otros países de la OCDE.

Irlanda, uno de los países comunitarios que más ha exacerbado la competencia fiscal en los últimos años, es el destinatario número uno: recibe más de 100.000 millones de beneficios corporativos desviados desde otros puntos del globo. Le siguen las jurisdicciones del Caribe y Singapur.

Las grandes corporaciones emplean tres fórmulas para trasladar beneficios: manipulan los precios intragrupo de importación y exportación, pagan intereses ad hoc sobre préstamos entre filiales o mueven bienes intangibles, como patentes, algoritmos o logotipos, a países de baja fiscalidad. Por ejemplo, Luxemburgo recibe 88.000 millones de dólares en pagos procedentes de filiales situadas en países con impuestos elevados, tanto europeos (Francia, España...) como extracomunitarios (Japón, EE UU...), pero solo se queda con 47.000 millones. El resto salta desde ahí a paraísos fiscales ubicados fuera de las fronteras comunitarias.

“Este resultado es relevante desde una perspectiva legal y política. Los tratados de la UE prohíben a los Estados miembros gravar los pagos (como intereses o regalías intragrupo) a otros países” de la Unión, señala la investigación. “Un país como Alemania puede imponer impuestos sobre los pagos a las Islas Bermudas, pero no sobre los pagos a Luxemburgo. Trasladando los beneficios primero a Luxemburgo y luego a las Bermudas, una multinacional puede eludir las normas alemanas contra la elusión (...). En la práctica, para evitar las normas contra la elusión, las empresas deben tener un nivel mínimo de actividad real en los paraísos fiscales de la UE”.

 La UE no considera paraíso fiscal a ningún país de su entorno, pese a los privilegios que algunos de ellos conceden a las multinacionales. El estudio de Tørsløv, Vier y Zucman, en cambio, incluye a 43 territorios en su lista, cinco de ellos de la OCDE y en su mayoría miembros de la UE (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza). En todas estas jurisdicciones, el tipo efectivo del impuesto de sociedades es bajo y la ratio entre beneficios y salarios de las corporaciones extranjeras es superior a la de las firmas locales —en los demás países es al revés—.

La extrema competencia fiscal entre Estados ha llevado a la comunidad internacional a revisar las reglas fiscales globales, que fueron diseñadas en los años veinte del siglo pasado y no reflejan las dinámicas de la globalización. El nuevo marco tiene como objetivo reducir los incentivos para trasladar beneficios y elevar así la imposición fiscal a las multinacionales, pero su diseño se está viendo retrasado por obstáculos técnicos y políticos, y hasta 2024 no se espera que entre en vigor.

La UE, la más afectada

La UE es, a la vez, un coladero para los beneficios empresariales y la más afectada por los tinglados fiscales de las multinacionales: las ganancias desviadas ficticiamente suponen el 1,5% del PIB de la Unión, el doble con respecto a Estados Unidos (0,8%). Si ese dinero se quedara donde se genera, los países de elevada tributación de la UE tendrían un 20% más de beneficios para gravar y EE UU elevaría ese importe en un 10%, mientras que la cifra caería en un 55% en los paraísos fiscales, hasta en un 90% en territorios como Malta o las Bermudas.

 Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB. La pérdida en términos de ingresos fiscales es del 14%, una cifra que alcanza el 28% en el caso de Alemania y el 21% en Francia, en ambos casos por encima de la media europea del 18%. En EE UU el agujero recaudatorio es igual al español en porcentaje; del 5% en promedio para los países en desarrollo.

Aunque la UE pierde el doble de beneficios que EE UU en relación con su PIB, son las multinacionales estadounidenses las que desvían, en proporción, más ganancias: el 54% de ellas se va a paraísos fiscales, frente a un cuarto del resto. “Para Estados Unidos, el traslado de beneficios parece ser una estrategia de elusión fiscal más que una pérdida de ingresos fiscales. Para otras economías, parece ser una pérdida de ingresos más que una estrategia de ahorro de impuestos”, resume la investigación."         (Laura Delle Femmine, El País, 16/09/22)      

Naturgy sancionada por la CNMC con 6 millones de euros por manipular el precio en el mercado eléctrico de restricciones

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a Naturgy Generación por un valor de 6 millones de euros. Lo ha hecho por ofertar en los servicios de ajuste para la generación de energía eléctrica, concretamente en el mercado de restricciones técnicas, precios excesivos y dispares, con respecto a sus ofertas en el mercado diario eléctrico, sin justificación, con el objeto de incrementar sus ingresos, tal como ha informado el regulador en un comunicado. 

Del mismo modo, con el fin de resarcir de los sobrecostes ocasionados, se le grava una aportación de carácter indemnizatorio por valor de 35,5 millones de euros a las liquidaciones del operador del sistema. Esto se establece para compensar el daño ocasionado reduciendo los costes de la adquisición de energía por parte de la demanda. Esta cuantía será repartida entre la demanda en un número de meses iguales a los que duró la actuación, es decir, un total de 22 meses.

Naturgy recurrirá esta sanción ante los tribunales, tal y como han confirmado fuentes de la compañía a ElPlural.com. En este tipo de casos, la compañía puede interponer contra la resolución un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación. En un principio, se estimaba que la aportación por estos beneficios de la conducta infractora deberían ascender a 43,2 millones de euros, aunque en las alegaciones aportadas por la empresa se redujo esta cantidad a los 35,5 millones de euros. (...)"           (El Plural, 27/07/23)

 

La Justicia condena al marido de Ana Rosa Quintana a prisión por el 'caso Villarejo'

 "El controvertido excomisario José Manuel Villarejo ha recibido uno de sus primeros reveses en los tribunales. Conocido por poner los recursos del Estado a merced de sus intereses particulares, la Audiencia Nacional le ha condenado a un total de 19 años de cárcel. En este sentido, muchos son los nombres que aparecen en una sentencia que alcanza la friolera de 350 páginas tras un juicio que quedó visto para sentencia el pasado septiembre de 2022. En el fallo, además, se condena al marido de Ana Rosa Quintana a tres meses de cárcel después de que éste haya reconocido su implicación en el caso. 

La sentencia del mencionado tribunal aborda supuestos encargos privados de espionaje que recibió el excomisario Villarejo por parte de distintos particulares o empresas, los cuales han sido divididos en tres piezas: Iron, pieza centrada en la contratación por parte del excomisario del bufete Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival; Land, que aborda las pesquisas de la guerra de los herederos de Luis García-Cereceda; y Pintor, que es la pieza separada donde el marido de Ana Rosa Quintana, el empresario Juan Muñoz Tamara, es protagonista al contratar presuntamente a Villarejo para que sonsacase de forma fraudulenta datos de un exsocio. 

En la mencionada resolución se especifica que todos los clientes de estos encargos han admitido haber contado con los servicios de Villarejo y, tras la conclusión de las investigaciones, han sido condenados. Hablamos de los directivos de Herrero: Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Álvaro Martínez Muñoz y María Ángeles Moreno. La Justicia los condena a un total de siete meses de cárcel para cada uno de ellos, pero no son los únicos: Susana García-Cereceda y sus dos colaboradores (Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández) afrontan una pena inferior a un año de encierro.

No obstante, las penas de prisión son sustancialmente menores en el caso de Juan Muñoz Tamara y su hermano Fernando, quienes llegaron en el pasado a un pacto con la Fiscalía tras asumir sus responsabilidades en la Pieza Pintor y abonar la cantidad de 10.000 euros por las responsabilidades civiles que pudiesen derivarse. En este caso, la sentencia conlleva una condena de tres meses de cárcel únicamente. El marido de Ana Rosa Quintana se enfrenta a esta pena por un delito de descubrimiento.

El Código Penal español establece las bases relativas al delito de descubrimiento y revelación de secretos en su artículo 199, que hace referencia tanto a la difusión como a la filtración de información o material de uno mismo que no se desea que trascienda a la esfera pública. La intimidad individual de una persona se ve vulnerada cuando una persona se adentra en este sentido sin autorización o derecho en esa área.

Pago de 20.000 euros a Villarejo para extorsionar a un exjuez

El empresario hizo un pacto con la Fiscalía para reducir su pena y evitar entrar en prisión; de hecho, Juan Muñoz Tamara admitió haber pagado la friolera de 20.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar al abogado y exjuez Francisco Urquía. En este sentido, es necesario mantener que el hermano del marido de Ana Rosa Quintana mantenía un contencioso relativo a un procedimiento por fraude fiscal. 

Según la declaración, le entregó la cantidad económica antes mencionada a Villarejo en su despacho ubicado en la Torre Picasso de Madrid. El material en cuestión consistía en un vídeo donde Urquía aparecía consumiendo drogas en compañía de prostitutas. El objetivo principal de esta operación era lograr debilitar la posición del letrado, quien logró que su cliente se declarase insolvente. De haber sido así, Mateo Martín Navarro no tendría que haber pagado la multa por fraude fiscal. 

De este modo, esta sanción por fraude fiscal que debía abonar de forma solidaria con el cuñado de Ana Rosa Quintana solo la abonaría Muñoz Tamara. Pese a reconocer los hechos con el único objetivo de evitar la cárcel, la sentencia de la Audiencia Nacional determina que sí deberán ingresar en prisión durante tres meses.

La condena a Villarejo

José Manuel Villarejo, el excomisario más mediático del panorama patrio, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 19 años de cárcel. El policía, que fue detenido en noviembre de 2017, se enfrentaba a un largo proceso tras, presuntamente, haber comerciado con datos reservados "bajo la cobertura de la defensa del Estado" durante algunas décadas. En este sentido, el mencionado tribunal le atribuye distintos delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero le absuelve de cohecho y extorsión."                    (Sergio Soriano, El Plural, 25/07/23)