Descontrol y engaño en la compra a ciegas de mascarillas en Madrid... La empresa acordó el pagó de madrugada, con escasa información y por WhatsApp... Hacienda ocultó a los consejeros el papel jugado por Luceño y Medina... La encargada municipal pensó que los intermediarios sólo querían ayudar, “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”... "El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”

 "La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra de un millón de mascarillas, 500.000 pares de guantes y 250.000 pruebas rápidas de detección de la covid a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina ha destapado una cadena de engaños, desinformación y falta de control en el Ayuntamiento de Madrid que facilitó una presunta estafa de 11 millones de euros. 

La operación se llevó a cabo entre la última semana de marzo y la primera de abril de 2020, cuando la Comunidad de Madrid era el lugar de España donde la pandemia causaba más muertes y contagios.

El sumario del caso que ahora instruye el juez Adolfo Carretero incluye documentos de los organismos municipales encargados de la compra del material sanitario y declaraciones de los implicados en la operación que describen un escenario caótico, opaco, permeable al fraude.

La Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de euros que costó el material, se quitó la responsabilidad de encima cuando le preguntó la Fiscalía Anticorrupción: “La empresa no ha participado en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia relacionada con la negociación de los términos de los contratos”, declararon los responsables de la funeraria, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fue la Concejalía de Hacienda la que se encargó de todos estos trámites a través de Elena Collado, alto cargo encargada de la compra del material y con la que uno de los comisionistas, Alberto Luceño, mantuvo comunicación telefónica durante todo el proceso.

 Luceño declaró al fiscal anticorrupción, en abril de 2021, que fue él quien fijó los precios del material vendido al Ayuntamiento de Madrid —de los más caros pagados aquellos días por las principales administraciones municipales de toda España—, que supuestamente fabricaba una empresa de Malasia llamada Leno. El comisionista relató al fiscal que hizo aquella operación en una situación de extrema necesidad cuando los precios subían en cuestión de horas. “Hablé con Elena Collado y me dijo que necesitaban el material de manera rápida, en tiempo y forma y de buena calidad. Y le dije que le podía asegurar esos tres productos” (mascarillas, guantes y pruebas).

Miguel Montejo, vocal de Más Madrid en el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, explica a EL PAÍS que el 4 de abril preguntó a Collado por qué se decidió contratar a Luceño y Medina entre todas las ofertas recibidas. “Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de por qué no denunciaron los hechos cuando ya supieron que la Fiscalía estaba investigando, ni por qué se le ocultó al consejo de administración que aquella operación estaba dirigida por intermediarios”.

Luceño declaró al fiscal que había preguntado a su socio Luis Medina si conocía a alguien en la administración con quien pudiera contactar para ofrecerle material sanitario chino. Y que Medina le dio el contacto de los responsables municipales de Madrid. Como debía pagarse en parte por adelantado, el Ayuntamiento formalizó un convenio con su Empresa de Servicios Funerarios, que tenía flexibilidad suficiente en su actividad para asumir operaciones de ese tipo.

De madrugada

El decreto de alarma para combatir la pandemia cerró España a cal y canto el 14 de marzo de 2020. 10 días después, el martes 24 de marzo, el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, municipal, se reunió de madrugada a través de un grupo de mensajería creado al efecto para aprobar una compra urgente que podía salvar vidas.

La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, contó a los asistentes (con representación de todos los grupos políticos) que se trataba de adquirir un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. Y que había que pagar la mitad esa misma noche por anticipado.

Collado no explicó entonces a los consejeros si aquella era la oferta más barata o la más cara de todas las que habían recibido, ni detalló que la operación se hacía a través de dos intermediarios, Luis Medina y Alberto Luceño; ni siquiera explicó si el fabricante que suministraría las mascarillas era de confianza o tenía solvencia suficiente para garantizar que el encargo llegaría a buen puerto.

Los representantes de todos los grupos municipales (Vox, Más Madrid, PP y PSOE) votaron a favor ante la emergencia. Unas horas después (25 de marzo), el consejo de administración volvió a reunirse de urgencia para más compras, que anunció otra vez Elena Collado: 250.000 pruebas rápidas a 17 euros la unidad y 2,5 millones de pares de guantes a 2 euros cada par. Tenían que actuar deprisa porque, según dijo, se estaba acabando la mercancía y había que pagar el 50% por adelantado.

Ese segundo lote resultó defectuoso. Las pruebas tenían una fiabilidad del 60%, muy lejos del 98% comprometido. Los guantes llegaron a un precio disparatado, incluso en pandemia. Tanto fue así que, cuando Elena Collado se quejó al respecto ante Alberto Luceño, este tardó una hora y media en comprometerse a devolver cuatro de los cinco millones de dólares que ya había pagado el Ayuntamiento por esa mercancía.

Luceño explicó al fiscal anticorrupción que existe una recomendación verbal de la Cámara de Comercio de París para que las comisiones no superen el 50% de cada operación: “Yo reconozco [que] en el contrato de las máscaras [me llevé] el 44,85% y en la otra operación un 49,91%”.

Esta respuesta dejó perplejo al fiscal anticorrupción, quien le leyó las comisiones que habían pactado Luceño y Medina por la venta de dos millones de pares de guantes. De los cinco millones de euros, 1,8 millones eran la comisión de Luceño y 1.125.000 euros la de Medina. En total, 2.925.000 euros sobre cinco millones, más del 50%.

Luceño intentó replicar al fiscal que esa operación “se intentó hacer, pero no se cobró”. En realidad, fue Elena Collado quien comprobó en un supermercado de Madrid que los guantes que habían comprado a través de Luceño y Medina a dos euros el par costaban menos de la mitad en comercios de la capital. Eso llevó a que Luceño devolviera cuatro millones de euros sin poner reparos."             (José Manuel Romero , El País, 15/04/22)

 

"El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”.

Luis Medina se presentó ante el fiscal anticorrupción como un probo empresario que cobra con naturalidad comisiones, aunque sea en el peor momento de la pandemia, y que se ha sentido engañado por su socio Alberto Luceño porque este se ha llevado más dinero que él como corretaje por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El hermano del duque de Feria declaró que su único trabajo en este negocio fue el de “facilitador” para poner en contacto a Luceño, que tenía contactos en China para conseguir pertrechos médicos, con la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Un trabajo que le reportó un millón de dólares, “menos del 10% [de comisión], que no es nada”, le explica al fiscal, quien manifiesta que en el asunto “hay muchas cosas raras”. “Lo que hablamos Luceño y yo era que las comisiones se dividían en tercios: que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia”, asegura Luis Medina. Pero su parte fue un millón, y la de su socio, casi cinco millones.

La declaración de Luis Medina, acompañado de dos abogados, se produjo el 13 de abril del año pasado, durante unos 40 minutos. Al principio se muestra algo nervioso, y tutea al fiscal. Su posición es clara: todo es legal, hizo un trabajo de intermediación por el que cobró, se desentendió del asunto y, ahora, con el escándalo por las abultadas comisiones, él también se ha escandalizado por lo que se embolsó su socio. La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, atribuye a los dos empresarios delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad.

Más información

El comisionista Luceño, al fiscal: “De las mascarillas me llevé un 45%”

El interrogado se define a sí mismo como “un facilitador, un introductor”, cuya única misión fue enlazar a Luceno, con contactos en China, y con el Ayuntamiento. “Mi labor es únicamente ponerles en contacto, y yo del monto total, si lo sumas, lo que me llevo es menos de un 10% de comisión”, le cuenta al fiscal, a quien le explica: “En esa época las comisiones eran mayores porque eran unos meses en los que había mucha demanda y muy poca oferta y entonces todo se disparaba”.

Medina detalla que obtuvo el contacto de Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, gracias a una profesora de su universidad, que, a su vez, “conoce bien al hermano del alcalde” de la capital. Él, según insiste, le dio el contacto a Luceño y nada más. “Yo no tengo ninguna relación con José Luis Martínez-Almeida”, insiste. El ministerio público vuelve a preguntar por la relación de negocios de los socios:

Fiscal. ¿Qué relación tenía usted...?

Luis Medina: Yo desde que acabamos con todo eso... creo que quedé un día a comer con Alberto, a toro pasado, el pasado abril o mayo, que vino a mi casa y, a partir de ahí alguna vez le preguntaba [a Luceño] por si había alguna comisión más que cobrar... y él no me coge el teléfono ni nada. (...) Pero vamos, yo llevo un año que no sé nada de él y, vamos, que tengo mil llamadas y mensajes sin contestar.

El motivo de este malestar es, cuenta el hijo de Naty Abascal, que se enteró de que su socio lo había engañado y había cobrado una comisión muy voluminosa, del 45% de lo vendido en mascarillas, según ha admitido el propio Luceño: “Yo tengo que fiarme de lo que me diga él y lo que hablamos un poco era que [las comisiones] se dividían en tercios, que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia. Y ya está. Eso era lo que yo sé a día de hoy; es ayer por la tarde que me entero realmente de lo que este señor se llevó...”.           (Jorge A. R., El País, 14/04/22)

"La responsable municipal de compras: “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”.

 La declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena Collado, la responsable del Ayuntamiento de Madrid que negoció el contrato de las mascarillas con los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, es una muestra del caos en el que derivaron los procedimientos de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. “No había nada. Estaba el mercado absolutamente roto. Los proveedores habituales no tenían material y nosotros teníamos a 10.000 personas [trabajadores esenciales] en la calle. Cualquiera que podía ofrecernos algo se dirigía a nosotros y yo contestaba. Nos dimos cuenta de que era imposible comprar nada sin adelantar dinero. Como mínimo, el 50%”, afirma Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.

“No recuerdo quién me puso a mí en contacto con Rafael [se refiere a Luis] Medina. Pudo ser un concejal, otro coordinador… Me llegó el teléfono y le llamé. Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que tenía empresas en China y nos podía ayudar”, prosigue. A partir de ahí, Medina la derivó a Alberto Luceño. “Me llegó un wasap: ‘Hola, buenos días, soy Alberto Luceño”. Este le pareció a Collado “un hombre un poco pagado de sí mismo”. “Me dijo que era un empresario de éxito, que había vivido en China y tenía muchísimos contactos y facilidad para moverse en ese entorno que entonces era un mercado persa. Me dijo que su mujer estaba trabajando de médico en el [hospital] Puerta de Hierro y que todo lo que pudiera hacer por nosotros, que encantado”. ¿Aportó papeles para verificar todo eso que decía?, le pregunta el fiscal. Y ella responde: “No, no creo. Hicimos una búsqueda en internet y vimos que la empresa era real. La verdad es que son las mejores mascarillas que tenemos”.

El fiscal Anticorrupción se interesa entonces por cómo se acordó el precio de seis dólares (5,54 euros al cambio actual) por mascarilla. “Lo que el proveedor dijo. La oferta era esa”, contesta Collado. Y añade: “Nos metimos en internet y vimos mascarillas de grafeno similares, y en aquel momento estaban a 40 euros. Y no llegaban, además. No sé si ustedes han tenido que comprar material en marzo… Nos pareció muy buen precio”. Luceño, según la responsable municipal, no le contó que él iba a recibir una comisión millonaria de la empresa a cambio de la intermediación: “Nunca. Yo entendí que de verdad querían ayudar a Madrid [...] Si yo oigo la palabra comisión, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”.

En un momento dado, Luceño les pidió que el Ayuntamiento escribiera una especie de carta de recomendación para presentar ante las autoridades chinas y que le “trataran bien” si surgían problemas. Les explicó, cuenta Collado, que si alguien elevaba la oferta, ellos corrían el riesgo de quedarse sin el producto, y que por eso era mejor asegurarse con esa carta. El Ayuntamiento lo hizo y la carta la firmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El fiscal pregunta también a la coordinadora general por la donación de 238.000 mascarillas que, después de lograr ese suculento contrato, hicieron Luceño y Medina al Ayuntamiento. “Sí, me llamó Alberto y me dijo que Luis y él habían decidido donarlas. Me pareció muy bien. Me dijo que quería que 50.000 fueran al hospital Puerta de Hierro [donde trabaja la esposa de Luceño]. Es de las donaciones más grandes que hemos recibido”, afirma.

En la parte final de su declaración como testigo, que duró unos 50 minutos, el fiscal le muestra a Luceño otros dos contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Leno. Estos tenían que ver con el transporte del material sanitario desde China hasta Madrid. La funcionaria recuerda que en aquellas semanas era complicadísimo sacar los portes desde Asia y que recurrieron a empresas de transporte e incluso buscaban “huecos en aviones”. Quien se hizo cargo de aquella operación de transporte fue Rafael Gutiérrez de Mesa, una persona a la que describe como experimentada en este tipo de movimientos de comercio exterior. Collado señala que cuando llegaba el material a España se enviaba a la Policía Municipal, que escoltaba la mercancía, “porque pasaban cosas en todos los sitios”.

En otro pasaje de la declaración, el fiscal le pregunta por los guantes que compraron a la empresa malasia por mediación de Luceño, y que resultaron ser mucho más caros de lo esperado. “Eso fue horrible”, dice Collado moviendo la cabeza. Explica que cuando los contrataron pensaron que estaban adquiriendo guantes gruesos para cubrir todo el brazo, “para pandemias”, y que cuando vieron que lo que llegaba eran guantes normales de los que se vendían en los supermercados a 20 céntimos casi se “desmaya”. “Le dije [a Luceño]: esto es una estafa, voy a la policía”. Él le dijo que iban a devolver el dinero y, efectivamente, en cuestión de “ocho a diez horas” llegó al Ayuntamiento una transferencia de “cuatro millones y pico”.

Collado, que en todo momento mantiene una actitud de aparente colaboración con el fiscal, afirma que en aquel momento “todos” se sintieron “traicionados”, y asegura que después del “disgusto” de los guantes, “ni contestó” a los mensajes de la empresa, ni quiere mantener relaciones con ella “ni muerta”. “Antes me muero; ya puede pasar otra pandemia, somos todos funcionarios, qué le puedo contar, te puede costar, no sé...”, le dice al fiscal.

El interrogatorio termina con el fiscal solicitándole a Collado que entregue copias de los contratos, los mensajes de WhatsApp, y muestras de los materiales que trajeron Medina y Luceño."           (El País, 14/04/22)

Está claro quién da las órdenes, quién se lleva los beneficios y quién da las collejas a Almeida... Es decir, quién manda en Madrid.. Florentino Pérez

 "Todo se puede medir en una campaña hasta que te ocurre algo que no esperabas. Está José Luis Martínez Almeida dando unas declaraciones a los periodistas, aparece por detrás Florentino Pérez y le da una colleja. Una pequeña, pero una colleja. Al excelentísimo alcalde de la Villa y Corte de Madrid. Cómo va eso, chaval. Todo bien, ¿no?

Para algunos, sería un gesto cariñoso. Algo que pasa entre amigos. No hay que engañarse. No es habitual con una autoridad política importante. Nadie le da collejas a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo. Si acaso, una palmadita en la espalda, como si hubiera más cercanía que la real.

Es más grave cuando el que la da también es una autoridad en lo suyo. El presidente del Real Madrid lo es y los ejemplos que demuestran su influencia política y económica son numerosos. No ya por ser presidente de una de las corporaciones con más contratos con las administraciones, sino por estar al frente del mayor equipo de fútbol de la ciudad. 

Florentino consigue todo lo que quiere. Es una idea firmemente asentada en Madrid. Quedó patente con la recalificación de los terrenos de la Ciudad Deportiva que permitió una operación inmobiliaria de la que el club obtuvo centenares de millones de beneficio. La concejala socialista Matilde Fernández recibió múltiples presiones, que resistió, con intervenciones personales de Pérez, para que diera su brazo a torcer. 

Con la corporación presidida por José María Álvarez del Manzano, Florentino consiguió lo que buscaba gracias a la intervención de José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

Ahora con la reforma del estadio Santiago Bernabéu, vuelve a suscitarse la sospecha del alcance de esa influencia. El Real Madrid quiere que se construyan dos grandes aparcamientos, cuya gestión se entregará a una empresa privada, al lado de su estadio. Un informe crítico con el proyecto presentado por una concejalía fue retirado en cuestión de días. 

“Vaya collejita me ha dado el presidente. Agresión, agresión. Pido el VAR”, comenta sonriente Almeida. Como si estuviera acostumbrado. “Es para que vengamos dentro de un mes”, dice Pérez. Será para celebrar otra victoria del Real Madrid de baloncesto. No está clara la relación causa-efecto. No es que Almeida tenga mucha mano en el baloncesto.

Almeida quedó aún más retratado por la estafa de las mascarillas. Dos pijos se levantaron seis millones de euros en calidad de comisiones por la venta de material sanitario al Ayuntamiento. Un juez los ha procesado por los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. Inflaron los precios de la venta de mascarillas, guantes y tests en un 60%, 81% y 71%, respectivamente.

Un mensaje que uno de los comisionistas envió la otro no ocultaba la dificultad de la maniobra. Los bancos “van a decir, hostia, pero qué tipo de pelotazo es este”.

Pero es muy fácil hacer negocios con Almeida. Es muy sencillo colarle una estafa. Con tales antecedentes, uno se puede imaginar cómo son sus relaciones con Florentino. 

Está claro quién da las órdenes, quién se lleva los beneficios y quién da las collejas. Es decir, quién manda en Madrid."                   (Guerra eterna, 24/05/23)

El exdelegado de urbanismo de Madrid ficha por una promotora inmobiliaria a la que cedió cinco parcelas municipales... La adjudicación se formalizó apenas una semana antes de que Mariano Fuentes dejara de ser oficialmente titular del área de urbanismo en la localidad

 "Mariano Fuentes, exdelegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha fichado por una promotora inmobiliaria —Vía Ágora— a la que cedió cinco parcelas municipales. La adjudicación de las parcelas se produjo en el mes de marzo, aunque se formalizó el pasado 9 de junio. Apenas días después, el que fuera uno de los hombres de confianza de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, abandonaba el Consistorio tras la constitución del nuevo Ayuntamiento. 

 La cesión formalizada desde el área de Desarrollo Urbano, de la que Fuentes era titular, cedió cinco parcelas de un total de 25 que el Consistorio sacó a concurso para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio asequible durante 45 años. Vía Ágora, nuevo destino laboral del que fuera delegado de urbanismo, fue una de las ganadoras del concurso público. En concreto, la promotora inmobiliaria se hizo con el lote número tres, por un valor de nueve millones de euros. La empresa ha anunciado este miércoles el fichaje del antiguo delegado municipal, del que destaca "ha conseguido situar a la capital como referente en materia de urbanismo".

Fuentes, fuera del Ayuntamiento tras el descalabro de Ciudadanos

El exdelegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid abandonó el Consistorio después de que su partido, Ciudadanos, no consiguiera representación tras las elecciones municipales. El partido naranja, liderado por Villacís, pasó de ser una de las fuerzas políticas más votadas en la capital a desaparecer del plano político, algo que sucedió previamente en la Comunidad de Madrid; cuando Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones autonómicas en 2021 y su por aquel entonces socio de Gobierno, Ignacio Aguado, acabó fuera de la Asamblea de Madrid después de que la formación naranja no obtuviera ni un solo representante en el Parlamento de la Comunidad de Madrid."                (Adrián Prado, SER, 05/07/23)

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP.

11:16 a. m. · 26 oct. 2022
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 "Sigue el escándalo en la Policía Municipal de Madrid: el hijo y la nuera del intendente señalado aprueban con máxima nota.

Cuatro de las cinco personas con más nota de la prueba están relacionados con la Academia Cronos; el otro es la persona de máxima confianza del presidente suplente del tribunal.

 Miguel Carmona Ordoño y Carolina Hernando Boiso, hijo y nuera del intendente de Policía Municipal de Madrid Miguel Carmona, que aseguraba "conocer" las preguntas que caían en las oposiciones al cuerpo, han aprobado la tercera de las pruebas de las oposiciones de inspector este viernes. No son los únicos. Cuatro de las cinco personas con más notas de la última prueba de las oposiciones están supuestamente relacionadas con la Academia Cronos en la que el mencionado intendente  también es presuntamente profesor.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública la nota del tercer ejercicio, que consistía en desarrollar por escrito un caso práctico y exponerlo después ante el tribunal. Tal y como ha podido conocer ElPlural.com tras hablar con diversos aspirantes a inspector, la prueba se puntúa en un 30% la exposición oral y el 70% restante lo completa el conocimiento técnico. Así, la nota más alta la ha recibido Carolina Hernando Boiso, con un 8,33. A continuación le sigue Oscar García Martínez, conductor personal y persona de confianza del comisario principal Luis Fernando Martín Bernal, que es el presidente suplente del tribunal. Martínez ha obtenido 8,19 puntos.

En tercer lugar se encuentra Jorge Arce Blanco, con un 7,79. El conductor personal del intendente Miguel Carmona y también profesor en la Academia Cronos ha conseguido el tercer puesto en la prueba de las oposiciones. Muy de cerca le sigue el otro Carmona, Ordoño. El hijo del intendente ha obtenido la cuarta plaza en el desarrollo profesional con un 7,75.

En quinto lugar se encuentra Eduardo Narciso Atienza López. Con un 7,26, el profesor de Cronos ha conseguido colarse en lo más alto. Muy por detrás siguen el resto de los opositores hasta llegar a la docena, con notas que van del 5 al 5,75.

Según fuentes presentes en la realización del examen, el presidente del tribunal, José Luis Morcillo, transmitió que él mismo no se iba a dejar "intimidar" por las informaciones publicadas en prensa. "Como presidente del tribunal quiero deciros que ante todas las noticias que están saliendo en prensa, que estéis tranquilos, especialmente aquellos que ha salido su nombre. Este tribunal no se va a dejar intimidar por nadie, así que os pido que confiéis en nuestra labor", recrea un opositor que realizó la prueba a este medio

A pesar de ser un acto público tampoco se permitió el acceso a la lectura de la prueba que realizaron los aspirantes delante del tribunal. Lo mismo ocurrió durante las pruebas físicas que tuvieron lugar la misma semana de la prueba. De hecho, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras quiso acceder a las pruebas con un cronometrador oficial para verificar los resultados y evitar un posible fraude. No obstante, el tribunal impidió acercarse a la meta a la política alegando que los opositores "se ponen nerviosos". Lo mismo ocurrió con las cámaras de Telemadrid, que acudieron a cubrir la acción de Higueras, alegando que se vulneraba la privacidad de los opositores.

Presumir de conocer las preguntas

Tal y como desvelaba ElPlural, Miguel Carmona, presunto profesor de la Academia Cronos, sacaba pecho ante sus alumnos de "conocer a todos los del tribunal" y presumía de que "caen el 80% de las preguntas" que proporciona a sus alumnos. 

En uno de los mensajes a sus alumnos, Carmona explica que en la etapa final de las pruebas es él quien imparte las clases porque es el que "más sabe". Así, explicando que es la "realidad" y no es "falsa modestia", pide que "al que no le guste, se vaya a otro lado y pruebe". De esta forma, Carmona sostiene que lleva cuatro décadas preparando oposiciones y que de los test que proporcione a mes y medio de la prueba a sus alumnos, "caen el 80% de las preguntas". No obstante, agrega que "no es porque nadie sepa nada", sino porque conoce a sus compañeros e intuye "qué temas les interesa".

"Aquí todo es puro egoísmo. Todos nos tenemos que beneficiar. Vosotros y yo", admite. A pesar de que asegura en repetidas ocasiones que no tiene conocimiento de las preguntas del examen y que "la oposición es distinta" en cada convocatoria, en el audio que publica en exclusiva este periódico, Carmona indica que sus pruebas son un "trabajo de campo".

Según podía comprobar ElPlural.com en base a un registro de policías municipales que han declarado otras actividades públicas y privadas, Carmona nunca ha declarado haber dado clase en academia alguna. Pese a ello, en el audio sostiene que lleva "cuarenta años" en la docencia. En este sentido, cabe precisar que en la Policía Municipal de Madrid existe un límite de 80 horas anuales para poder ser docente. Solo es necesario solicitar la compatibilidad si se supera este límite.

La fiscalía investiga la información desvelada por ElPlural

Más Madrid ha elevado un escrito a la Fiscalía alertando del escándalo destapado por ElPlural.com en el que se denuncian presuntas irregularidades acontecidas en las oposiciones en curso para las categorías de inspector e intendente, así como en las de promoción interna de Agentes de Movilidad en su salto al Cuerpo.

De esta manera, la formación municipal que dirige Rita Maestre ha pedido a la Fiscalía que abra las diligencias pertinentes para comprobar si hubo trato de favor por parte de los tribunales calificadores con algunos opositores que tienen acreditada relación con miembros del mismo. También piden que se investigue a la Academia Cronos y a sus responsables en la preparación de las tres oposiciones, así como las posibles responsabilidades que puedan tener las autoridades del Ayuntamiento de Madrid que deberían vigilar el correcto y legal funcionamiento de las oposiciones.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, Carmona "forma parte, según sus propias palabras, del profesorado de la Academia Cronos, afirmando que él imparte las clases en la etapa final de la preparación, ese mes y medio antes en el que proporciona los test que luego clava en un altísimo porcentaje". "Informaciones de medios de comunicación apuntan, no obstante, que no constan en los registros de la policía a los que han tenido acceso que D. Miguel Carmona Gavela declarara en ningún momento el ejercicio de actividad privada", indica el escrito.

Así, y a pesar de que no está disponible en la web, Más Madrid afirma en base a una información de InfoLibre que "Cronos se vio involucrada en presuntas irregularidades de similar naturaleza a la presente cuando el examen psicotécnico de pasada convocatoria (promoción interna de agentes de movilidad a policía municipal 2021) coincidió plenamente con el ejercicio práctico que la academia realizó a sus alumnos la semana previa", provocando "la pertinente denuncia por parte de otros aspirantes a las plazas".

Un juez ordena a la Policía Nacional investigar la información desvelada por ElPlural.com

No es la única investigación abierta. Tal y como ha publicado este martes el diario El Mundo, el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ha acordado iniciar las diligencias previas y practicar las pesquisas para esclarecer si se ha cometido una infracción penal en las pruebas para acceder a altos cargos del cuerpo de policía local tras las informaciones publicadas por este periódico que apuntan al vínculo entre los aspirantes, los miembros del tribunal examinador y una academia dirigida por familiares de uno de los intendentes de la Municipal.

Eso no solo no se ha quedado aquí, sino que el mismo juez ha pedido además a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza Castilla que comiencen sus propias averiguaciones sobre el caso. De esta forma, el cuerpo nacional se suma a la Fiscalía Anticorrupción, que también está investigando estas mismas oposiciones después de que todos los miembros de dicho tribunal hayan declarado en la Unidad de Asuntos Internos, que abrió un proceso de diligencias informativas tras un altercado en un local de intercambio de parejas con algunos de los implicados.

Esta decisión judicial se produce después de que la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) presentara una denuncia contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid a raíz de las informaciones y pruebas publicadas por ElPlural.com al respecto de unas supuestas irregularidades en las oposiciones de turno libre para inspectores e intendentes del mismo órgano. 

AMPU acusó de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias al Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y a su comisario principal, Oskar de Santos, así como al también comisario José Luis Morcillo y los intendentes José Rodríguez Vacas y Miguel Carmona. Todos ellos implicados en estas oposiciones, tal y como ha desvelado este diario.

En concreto, la justicia investiga los audios y documentos a los que ElPlural.com ha tenido acceso y ha publicado en las últimas semanas. En uno de ellos, Carmona, que es profesor de la Academia Cronos, reconoce ante sus alumnos -en unos audios datados en noviembre 2021- que tiene contacto con todas las personas que conforman el tribunal calificador para oposiciones de Policía del Ayuntamiento de Madrid.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el intendente Miguel Carmona, que asegura que "no tiene nada que decir". Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado que tanto Asuntos Internos como la Justicia invesigan el caso y aseguran que "hy que esperar las conclusiones de dicha investigación".               (J. M. Sánchez, El Plural, 25/10/22)

Escándalo en las oposiciones de Policía Municipal de Madrid: los vínculos entre el tribunal y aspirantes

 "Las oposiciones a inspectores de la Policía Municipal de Madrid tienen un nuevo capítulo. Tras destapar las palabras del intendente Miguel Carmona durante una de sus clases en la Academia Cronos, ElPlural.com ha podido comprobar los vínculos entre las diferentes personas que más nota tienen del tribunal y que, además, guardan relación con los miembros del órgano.

Hace dos semanas conocíamos que el intendente de la Policía Municipal de Madrid, José Rodríguez Vacas, presentaba su dimisión como miembro del citado tribunal al destaparse que acudió a un local de intercambio de parejas incurría en una irregularidad ya que precisamente su acompañante es uno de los opositores a las pruebas de inspector. Según ha podido saber este medio, se trata de un oficial de la Policía Local de Alcalá de Henares, José Valverde Turiegano.

En concreto, el pasado 3 de septiembre, la carrera policial de Rodríguez Vacas se truncaba en un nuevo escándalo al acudir a un local de intercambio de parejas con José Valverde Turiegano. El intendente acudió junto al oficial y su chófer al club vestido de paisano. Tras un minuto dialogando con la recepcionista, donde, siempre según el local, se les informó del precio de la entrada y la hora de abandono del local puesto que a partir de la diez de la noche solo podían entrar parejas. Vacas enseñó la placa y dijo: “Ahora sí voy a pasar”.

El suceso provocó que Asuntos Internos abriera un proceso de diligencias informativas con el fin de depurar las “responsabilidades disciplinarias que pudieran existir” en el altercado que derivó en un expediente disciplinario. Cabe recordar que Rodríguez Vacas es una de las personas que elaboraban las preguntas del examen junto con el presidente del tribunal, el comisario José Luis Morcillo. Actualmente, José Valverde Turiegano tiene una nota en las oposiciones de 7.74.

Más relaciones con el tribunal

Aparte de la relación con José Valverde Turiegano, este medio ha podido constatar un listado de nombres que sorprenden por su vinculación con diferentes miembros del tribunal en el que se encontraba Rodríguez Vacas. La persona que más nota tiene en estas oposiciones es Óscar García Martínez. Hasta diciembre de 2021, donde inició la academia de ascenso a subinspector, trabajaba directamente a las órdenes del presidente del Tribunal, Luis Fernando Martín Bernal. García Martínez es una de las personas de confianza de Martín Bernal e incluso fuentes consultadas por ElPlural.com indican que fue trasladado a su comisaría por amistad.

No solo Vacas y Martín tienen vínculos con opositores. Miguel Carmona, intendente del cuerpo municipal y profesor en la Academia Cronos, cuenta en las oposiciones con su nuera Carolina Hernando Boiso, con una nota de 7,65 y su propio hijo, también docente en la mencionada escuela, Miguel Carmona Jr. Ambos pertenecen a la Policía Local de Arganda del Rey.

Con notas más discretas se encuentran otros dos profesores de la Academia Cronos y, de nuevo, policías municipales en Madrid. Se trata de Eduardo Atienza (6,48) y Jorge Arce Blanco (6,40). Fuentes consultadas en el cuerpo de policía explican que el segundo ha sido el chófer personal de Carmona en el distrito de Barajas y que acaba de obtener recientemente la plaza de oficial.

Además, sorprende que varios de ellos obtuvieron un 10 en la prueba de inglés, consiguiendo incluso más nota en la misma que la aspirante Ana Padilla Beltrán, la cual es docente de este idioma. Cabe destacar que esta última es la pareja del director del Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, que también tiene relación en esta historia en lo relativo a la conexión de los agentes y las academias de preparación de oposiciones destapada este lunes por este medio. Y es que uno de sus conductores, Javier Mateo, da clases en una academia, concretamente en la Academia Spartamcops. Tampoco consta que sea profesor en las compatibilidades de trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid.

La última prueba: la deportiva

La última prueba del proceso para ser inspector se trata de la prueba física. En circunstancias normales, y al ser eliminatorias, suele realizarse en primer lugar para así descartar a aquellas personas que no cumplen con uno de los requisitos básicos para ejercer la labor. No obstante, en esta ocasión la prueba ha sido retrasada hasta realizarse en último lugar con todos los exámenes hechos.

La prueba se ha celebrado este lunes por la mañana y pese a que se trata de un acto abierto al público, se ha impedido entrar a los medios de comunicación por "privacidad de los opositores" y se han tenido que conformar con captar imágenes desde fuera del recinto. Además, la zona de la meta estaba acotada impidiendo que un cronometrador oficial comprobara de manera objetiva el proceso junto a la concejala Marta Higueras, que denunció irregularidades en el proceso, bajo el pretexto de que los opositores "se ponen nerviosos".                     (José m. Sánchez, El Plural, 11/10/22)

La Empresa Municipal de Transportes planteó aplicar al comisionista del 3% un atenuante que evita su despido... Almeida descarta llevar a los tribunales al hijo de un ex alto cargo de Esperanza Aguirre que cobró más de 150.000 euros por ayudar a una empresa en una adjudicación

 "La Empresa Municipal de Transportes (EMT) se planteó aplicar un atenuante a Pablo Pradillo, el jefe de División que cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a conseguir la adjudicación de una obra de la propia compañía pública.

 En un informe del director de Recursos Humanos enviado a la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid, la EMT concluye que la actuación del trabajador puede considerarse una “falta muy grave” —castigada con hasta dos meses de suspensión de empleo y sueldo, o incluso con el despido—, pero que se podría aplicar el atenuante al empleado porque “no tenía intención de causar un mal, daño o perjuicio tan grave como el ocasionado”.

 Esa medida suponía un importante salvavidas para Pradillo, hijo de José Manuel Pradillo, quien fuera gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante los Gobiernos de Esperanza Aguirre. Según remachaba el informe de la EMT, de concluirse que se le podía aplicar el atenuante, era “poco viable” que se le castigara con el despido. Una situación que, finalmente, no tuvo ni que valorarse, ya que la empresa pública ha considerado directamente que la irregularidad ha “prescrito”, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS.

Este lunes, durante una comparecencia pública con preguntas, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, echó balones fuera y achacó toda responsabilidad al anterior equipo de Gobierno: “¿Por qué se adjudicó este contrato el día antes de que llegáramos al Gobierno? Debería responder Rita Maestre, [por entonces portavoz de Manuela Carmena y ahora de Más Madrid]”. Almeida, además, descartó llevar a los tribunales a Pradillo, tal y como sugirió el edil de Movilidad, Borja Carabante, el pasado mayo: “Dijimos que iríamos si se acreditaba un contenido penal, pero esto es una irregularidad en el ámbito laboral, son planos distintos”. José Manuel Calvo, actual portavoz de Recupera Madrid, grupo integrado dentro del Grupo Mixto, y cuando se adjudicó el contrato concejal de Urbanismo con Carmena, dijo en el mismo acto que Almeida estaba “indultando” a Pradillo con esta decisión. “Esto tiene que ir a los tribunales para llegar hasta las últimas consecuencias”.

Como desveló este periódico, el jefe de División ayudó en 2019 a una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por la constructora Inesco, a “preparar la oferta” que ganó el proyecto de reforma de unas cocheras en el barrio de Fuencarral, por el que el Ayuntamiento pagó cinco millones de euros (sin contar el IVA). El trabajador bajo sospecha, que recibió pagos hasta junio de 2021, mantiene que en ese periodo estaba de “baja voluntaria”, pero la Dirección General de Función Pública recalca que existía una clara “incompatibilidad”. Además, Pradillo ya fue sancionado en 2018 por cometer otra “falta muy grave” al gestionar otra obra y se le castigó con 60 días de suspensión de empleo y sueldo.

La oposición ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de no querer actuar contra Pradillo. Esther Gómez, concejal de Más Madrid y consejera de la EMT, se ha pronunciado así este lunes sobre el caso: “Almeida protegiendo a uno de los suyos. Más comisiones a la saca. A pesar de haber cometido una falta muy grave, la dirección de EMT no le sancionó. Y el expediente informativo que le abrieron hace cuatro meses al trabajador sigue sin sernos facilitado”. Fuentes de dicha formación consideran también llamativo que se llegase a valorar la posibilidad de aplicarle un atenuante y, sin embargo, se obviaran los agravantes previstos en el convenio laboral: entre otros, “la premeditación” y el “ser reincidente”.

El Consistorio tardó una semana en poner en marcha una investigación sobre los pagos al jefe de División. EL PAÍS publicó la exclusiva el 3 de mayo, pero la Administración no abrió un expediente hasta siete días después. Los populares lo hicieron tras poner primero en duda la información, y después de que la propia Oficina Anticorrupción iniciase por su cuenta otras pesquisas y les reclamase información sobre la adjudicación bajo sospecha. El Ayuntamiento optó después por extender un manto de silencio sobre el caso y, durante meses, apenas ha facilitado información a los consejeros de la EMT.

Ahora, la empresa afirma que no se puede hacer nada contra Pradillo. Según la EMT, estas irregularidades prescriben a los 60 días desde que la compañía “tuvo conocimiento de su comisión” o, “en todo caso, a los seis meses de haberse cometido”. Y la empresa, presidida por el PP, comienza a contar el plazo en 2019, cuando “habrían ocurrido” los hechos. Aun así, Pradillo recibió su último pago en junio de 2021 y se reincorporó a su puesto en agosto de ese año. En ese momento, la EMT “era conocedora” de su relación con la UTE, según afirmó Pradillo a eldiario.es. A su vez, Más Madrid mantiene también que la ejecución de la obra adjudicada a la UTE aún no ha terminado, por lo que el plazo de prescripción no habría vencido."              (Manuel Viejo , J. J. Gálvez, El País, 20/09/22)

Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida

 "En los periódicos y radios de medio mundo se le presenta siempre como Philippe Hababou Solomon. Pero su identidad real es la de Philippe Haim Solomon. Es el empresario al que todo el mundo busca. 

El que se esconde tras la consultora estadounidense que protagoniza la segunda supuesta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia. La Policía Municipal llegó a atribuirle un delito de estafa y contra la propiedad industrial tras haberle adjudicado por 2,5 millones de euros 500.000 mascarillas que nunca llegaron a utilizarse. Ni el consistorio de la capital, ni la policía neoyorquina, ni la justicia española han logrado llegar hasta él. infoLibre ha conseguido dar con este empresario franco-israelí. Bien posicionado en varios países africanos y de Oriente Medio, el consultor no entiende los motivos por los que se encuentra en el centro de la diana. Dice que la operación se hizo con arreglo a la ley. Y que, para nada, se encuentra "escondido".

Madrid, 23 de abril de 2020. El director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López Ventura, recibe más de medio millón de mascarillas que han sido despachadas a través de la aduana del aeropuerto de Barajas. La mercancía forma parte de una compra que el consistorio de la capital ha hecho a través de Sinclair & Wilde Ltd, una consultora radicada en Delaware. Medio millón de mascarillas FFP2 de la marca EKO por las que está dispuesto a pagar 2,5 millones de euros, cinco euros la unidad. Un éxito que, en solo unos días, acaba tornándose en fracaso. A comienzos de mayo, López Ventura interpone una denuncia ante la Policía Municipal. Dice que existen "indicios para presuponer" que los cubrebocas "no se ajustan a los requisitos técnicos, ni a la normativa española, ni a la europea". El consistorio está convencido de que ha sido víctima de una estafa. Otra operación bajo sospecha que se une a la de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño y a través también de la empresa funeraria municipal.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que durante todo el verano intentó, sin éxito, contactar por correo electrónico con la persona al frente de Sinclair & Wilde. Incluso dos investigadores de la policía neoyorquina trataron de dar con el empresario en la dirección de la empresa que figuraba en las facturas. Pero, de nuevo, fue un fracaso. Las señas que se aportaban correspondían, realmente, a otra firma diferente. Al final, el asunto acabó poniéndose en manos de la justicia. Tampoco dio resultado. Fue archivado provisionalmente hace algo menos de un año por la imposibilidad de localizar al misterioso consultor. Ahora, como contó este diario, estudia reabrirlo a raíz de nuevas pistas aportadas por la Policía Judicial.

En conversación con infoLibre, el misterioso director general de Sinclair & Wilde al que todo el mundo busca mantiene que su identidad real es Philippe Haim Solomon, tal y como lo cita la Policía Municipal de Madrid en el atestado que hace llegar a la magistrada decana de los juzgados de instrucción de Madrid por un delito de estafa y contra la propiedad industrial. Sin embargo, lo cierto es que en buena parte de los países, sobre todo en Francia, siempre se le cita con otro nombre diferente: Philippe Hababou Solomon. Es, dice, la denominación con la que se quedó a nivel mediático tras el estallido en suelo galo del conocido como caso Benalla.

Una firma y un mensaje en redes sociales

Poco después de conocerse que la causa judicial se encontraba bloqueada ante la imposibilidad de dar con el consultor de la supuesta segunda estafa al ayuntamiento de la capital en plena primera ola de la pandemia, este diario comenzó a indagar sobre la posible identidad del empresario perdido. Todas las pistas recopiladas se dirigían hacia Francia. Y apuntaban hacia el famoso caso Benalla, en referencia al exguardaespaldas de Emmanuel Macron que fue grabado, ataviado con un casco de la policía gala, golpeando a manifestantes durante el Primero de Mayo de 2018.

Una de las claves se encontró en una información publicada en el diario Mediapart, socio editorial de infoLibre. Bajo el titular "Los falsos documentos y las verdaderas mentiras del affaire Benalla", el periódico francés ponía sobre la mesa "varios documentos producidos por Alexandre Benalla" sobre los que recaía la sospecha de falsificación. Uno de ellos era, justamente, un supuesto contrato de "consejero" con Philippe Hababou Solomon con el que el exguardaespaldas de Macron trataba de justificar dos transferencias de 15.000 euros que el empresario había ingresado en la cuenta que Benalla tenía en un banco online.

Solomon no tuvo ningún problema en reconocer públicamente ese envío de dinero. Eso sí, dijo que se trataba de un préstamo, no de una remuneración. Así, aseguró que Benalla nunca había sido su empleado. Y que la firma que figuraba como suya en ese documento era falsa. Para corroborarlo, Mediapart reprodujo la original del empresario. Una rúbrica que coincide, como se puede apreciar en la imagen, con la que estampó el Philippe Solomon de Sinclair & Wilde en una carta que envió el 1 de abril de 2020 a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid actualizando la situación en la que se encontraba el envío del medio millón de mascarillas compradas por la capital.

A través de ese hilo se llega a las redes sociales del empresario, en las que se presenta como "consultor geopolítico internacional". No tiene demasiada actividad. Pero las mantiene, más o menos, actualizadas. Es ahí donde aparecen más detalles que apuntalan la investigación. El más importante tiene fecha del 22 de abril, un día antes de que el director general de Emergencias de la capital recibiese el pedido de Sinclair & Wilde. Es un mensaje en la red social Twitter acompañado de una imagen en la que se muestra el interior de un avión cargado hasta los topes de cajas: "Orgullosos de haber contribuido a la entrega de ayuda humanitaria a la ciudad de Madrid con 500.000 mascarillas de Turquía". La cifra y la procedencia del material coinciden al milímetro con el de la operación de compra a través de la consultora.

La cuenta de Twitter no tiene demasiados seguidores, aunque entre ellos figuran desde embajadores a periodistas. La presentación se acompaña de una fotografía que coincide con la que los medios galos publicaron en su momento sobre ese empresario franco-israelí que había saltado a la palestra con el caso Benalla. Y muchos de los contenidos son, directamente, informaciones en las que se hace mención al conocido mediáticamente en suelo galo como Philippe Hababou Solomon. El 12 de septiembre de 2020, tuitea una noticia de Jeune Afrique en el que se da al consultor un papel relevante en el acercamiento entre Chad e Israel. Seis minutos después, pone un mensaje en su perfil: "Feliz de haber sido el iniciador en la sombra y de haber contribuido a la paz y la cooperación entre los estados y gobiernos de Chad e Israel".

"No estoy escondido en absoluto"

En contacto por escrito con este periódico, explica su versión y por qué hay dos nombres para una misma persona. "Tengo doble nacionalidad y mi identidad es Philippe Haim Solomon. Philippe Hababou Solomon es como me citaron en la historia de Benalla", responde por correo electrónico.

El empresario dice desconocer que el asunto haya estado abierto en un juzgado de la capital. Y se muestra "muy sorprendido" por el escándalo alrededor de dicha operación. "Fue una solicitud directa de compra y todo fue entregado incluso por carga especial. Hubo incluso una inspección de SGS y las aduanas turcas son muy estrictas", sostiene. No entiende por qué motivo aparece "involucrado" en este caso. Ni tampoco que nadie tratase de llegar hasta él. Sus "números" y "correos electrónicos" llevan existiendo "desde hace 20 años". "No estoy escondido en absoluto", recalca.

El atestado elaborado en su momento por la Policía Municipal sostenía que existían "indicios suficientes para presuponer" que "las mascarillas de la marca EKO" recibidas por el Ayuntamiento de Madrid no se ajustaban "a los requisitos técnicos de la normativa española ni europea", por lo que resultaba entonces "imposible dotar al personal de los Servicios de Emergencia de aquellas". "Desde el mes de mayo se reitera a la consultora intermediaria de la compra los Certificados de Conformidad UE de Tipo y de Producción de las mascarillas FFP2, tal y como estaba comprometido en el contrato, no obteniendo en ningún caso respuesta de aquella, ni en sentido positivo ni negativo", continúa el documento.

Solomon, sin embargo, asegura que lo entregó todo. "No es cierto. Tengo todos los documentos de exportación de Turquía que mencionan: la certificación de la UE...", apunta el empresario, que insiste en que todo se hizo conforme a la "legalidad". "Seamos serios, entregué lo que se ordenó y nunca pagué comisiones a nadie, todo en la transacción fue legítimo. Hubo un retraso de un par de semanas en la entrega debido al desorden en ese momento, pero eso es todo", insiste en un intercambio posterior de mensajes móviles con este diario.

Sí hubo una empresa intermediaria, según ya reveló este periódico la semana pasada. Se trata de Aifos [lee aquí más sobre el contrato y las incógnitas del caso]

Un pasado oscuro y bien conectado en diferentes países

El pasado de este empresario franco-israelí está lleno de oscuros episodios. Es más, aparece por ellos en un cable de WikiLeaks. Está fechado en 2006. En él, se cita una información del diario Maariv: "Publicó un artículo sobre el nativo francés Philippe Hababou-Solomon, quien organizó eventos de recaudación de fondos en la década de 1990 –incluida una cena de gala con el entonces presidente Bill Clinton– para Robert Torricelli, que entonces era senador demócrata en New Jersey. Salomón pasó un tiempo en cárceles americanas y francesas. El periódico también escribió que Hababou-Solomon lavó dinero en casinos de Donald Trump en Atlantic City y casi compra un importante club deportivo israelí".

Según publicó en su día The New York Times, estuvo entre rejas en Francia por un asunto de "venta de cheques robados". Preguntado por todos estos casos, responde: "Es parcialmente cierto. Contribución ilegal a una campaña federal en 1996 en Estados Unidos. Son todas historias de hace 26 años". Ahora, casi tres décadas después, vuelve a saltar a la palestra por su papel en plena pandemia. Más allá de la operación con el Ayuntamiento de Madrid, Intelligence Online le vinculó en julio de 2020 con el escándalo por la baja fiabilidad de las pruebas covid de Biozek. Él, sin embargo, se defiende: "No es cierto. Un competidor trató de ensuciarme. Nunca vendí ninguno de los productos de Biozek".

"En mi línea de trabajo siempre tendré gente en mi contra, lo que significa que eres un jugador que cuenta. También tengo muchos aliados", sostiene el empresario. Más allá de los aspectos más controvertidos, Solomon quiere resaltar también su "trabajo diplomático" y sus "logros por la paz en diferentes situaciones". Habla de Libia, del Chad o de Israel. De hecho, es un personaje muy bien posicionado en algunos países de África y Oriente Medio. En enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, colgaba en sus redes sociales una fotografía junto a Umaro Sissoco Embalo, presidente de Guinea Bissau. "Felicidades a mi hermano, presidente electo", escribía.

Tanto es el peso que ha llegado a tener en algunos de esos países que incluso se le ha visto reunido con el emir de Qatar o ha tenido tarjetas de visita en las que se presentaba como "consejero especial del presidente de Sudáfrica en los países francófonos". Quizá de ahí viene el éxito que su consultora tiene con algunos Gobiernos. En su propia página web, Sinclair & Wilde asegura tener una "red inigualable" de "socios" que incluye a "jefes de Estado" y "altos responsables en la toma de decisiones". Entre los clientes de los que presume: Chad, Sudáfrica, Guinea-Bisáu, Congo, Ghana, Qatar o Indonesia, de los que dice haber trabajado, en algunos casos, directamente para la Presidencia y, en otros, para algunos de sus ministerios o empresas estatales."                   (Álvaro Sánchez Castrillo / Alicia Gutiérrez  , eldiario.es, 27 de abril de 2022)

Aguirre: “La clave para mí es que tú no pidas diligencias”... Villarejo: “Confía”

 "La expresidenta madrileña pidió ayuda al comisario de policía para que se archivara la causa abierta contra ella por darse a la fuga tras aparcar indebidamente en la Gran Vía de la capital

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre aparcó su coche el 3 de marzo de 2014 en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero próximo. Dos agentes de movilidad de la Policía Municipal la intentaron multar, pero Aguirre arrancó su vehículo, golpeó la moto de uno de los agentes y huyó hacia su casa.

Los agentes denunciaron los hechos y se abrió una causa en un juzgado de Plaza de Castilla. El juez rechazó investigar por un delito penal a la expresidenta, pero la Audiencia Provincial lo corrigió tras un recurso presentado por la asociación Transparencia y Justicia, que ejercía la acusación popular. Ese recurso obligó a investigar a Aguirre por desobediencia. La expresidenta, que había dejado su cargo dos años antes, aspiraba entonces a la alcaldía de Madrid, pero su partido aún no la había designado candidata y ella cargaba con el peso de la sospecha por su imputación tras el incidente de tráfico en Gran Vía.

Aguirre se reunió el 11 de septiembre de 2014 con el dueño de la asociación Transparencia y Justicia, el comisario José Manuel Villarejo, gracias a la mediación de José Luis González Armengol, que había sido juez decano de Plaza de Castilla hasta junio. Aquella reunión, grabada por el policía, forma parte del material incautado a Villarejo en el curso de la Operación Tándem. Aguirre le pidió al comisario que dejase morir el caso sin reclamar diligencias nuevas para de esa manera evitar el riesgo de acabar en el banquillo. Villarejo aceptó retirarse de la causa, según se desprende de la conversación que hoy publica EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas.

(...) para mí, Transparencia y Justicia es mi verdugo.

No… Pero… No es exactamente así la cosa. Yo… soy admirador políticamente tuyo de toda la vida.

¿Pero qué me estás contando? ¿Y entonces cómo pones ese recurso?

Yo soy abogado, pero también he sido comisario de policía. Llevo 30 años trabajando en temas de inteligencia. Espero que esta conversación no exista.

Todo lo que se diga aquí… Es que no hemos estado. No hemos hablado. No nos conocemos.

(...) Este hombre [José Luis González Armengol, exjuez decano de Plaza de Castilla] es amigo mío y (...) voy a hacer lo que él me ha pedido.

'¡Joé!', pues no te puedes imaginar el peso que me quitas de encima.

Ahora lo que quiero de alguna manera que entiendas es que vamos a hacerlo de tal suerte que parezca que los abogados míos son muy torpes. El momento procesal es cuando tú declares, no sé cuándo será, lo antes posible, y eso se puede pedir. Tú, como juez, eh…

Ahí habría que verlo… La pueden llamar a declarar o no…

Mira, Pepe [Villarejo], la clave para mí es que Transparencia y Justicia no pida… ¿Cómo se llama?

Diligencias.

Claro, claro, claro.

Diligencias, esa es la clave.

La clave es que cuando tú declares, a raíz de tu declaración, digas que nos hemos equivocado y que entendemos que el tema es falta.

No te pido ni eso. Con que no pidas diligencias… O sea, ¿de qué tengo miedo yo? (...) No se trata solo de que no tomes iniciativas, sino de que cuando te pregunten...

Cuando pregunte le diré: 'nada'. Nada. Ya está en toda sustanciada.

Y, si no contestas, ¿qué pasa? Es mejor aún.

El comisario explica en la conversación que es la dirección nacional del PP quien le ha pedido que “baje los humos” a Aguirre y la presione en la causa judicial. Pero pese a ello, Villarejo se compromete a retirarse de todo el proceso, aunque el PP lo fuerce para que siga adelante contra la expresidenta.

Yo estoy segura de que le van a presionar. Si él me ha dado su palabra de que le importan un bledo las presiones… ¿Puedes sostener esas presiones?

Yo solamente prometo lo que voy a cumplir. Te puedo asegurar y te pido tal que no vale… Además, te dejaré una tarjeta y un teléfono para que me digas, eres un mamón y un malqueda y tal, si yo fallara, que no voy a fallar.

Ah, ¡qué susto! Es que depende de lo que te puedan presionar.

Buf, pues vuelvo a repetir, como no me dejen preñado…

¿Bueno, entonces, puedo confiar en que no vas a pedir diligencias?

Tú, confía (...), pero aparte tenemos a este hombre como elemento…

Lo que sería conveniente es que no le digas a los abogados tuyos que yo estoy detrás…

No, no existes. Esto no existe.

Como comprenderás, lo que me estás diciendo es música para mis oídos…

(...) Sigo las instrucciones, a partir de ahora, nosotros cuando nos den traslado, por favor, coméntaselo...

Coges el papel y te lo metes en un cajón (...). Solamente puedo decirte que si haces honor a tu palabra, que no tengo por qué pensar que no lo hagas… a mí me salvas de una situación muy difícil, en la que me podrías poner solo con apretar…

Y muy injusta...

Por supuesto. Muy injusta, efectivamente.

La Audiencia Provincial de Madrid decidió finalmente instruir como falta, y no como delito, la fuga al volante de Aguirre el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital. Villarejo no volvió a recurrir esa decisión y despidió al abogado que representaba a su asociación, quien había redactado el primer recurso para que el asunto se instruyese por desobediencia. 

Aunque la expresidenta todavía podía ser juzgada por una simple falta, la reforma del Código Penal las suprimió por lo que el caso fue archivado definitivamente y Aguirre se presentó libre de culpa a las elecciones de mayo de 2015 a la alcaldía de Madrid. No logró mayoría suficiente y, por primera vez en los últimos 24 años, el PP perdió el Gobierno de la capital.

 Aguirre admitió el lunes a EL PAÍS que se reunió con Villarejo, pero no recordaba algunos aspectos de la conversación que mantuvo con el comisario, como que fue ella quien le solicitó al comisario que no pidiera más diligencias. “Yo no sabía lo que eran las diligencias entonces y sigo sin saberlo ahora. Lo que si sé es que él me dijo que no iba a pedir más diligencias. ¿Eso no está en la grabación? Yo sabía lo que me dijo Armengol que tenía que pedirle (...). Villarejo me citó en el hotel Santo Mauro, en una terraza, a esa reunión fui porque él se lo había pedido a Armengol”, declaró."            (José Manuel Romero , Elena San José , Iker Vega , El País,  16/05/22)

Un cargo del Ayuntamiento de Madrid cobró una comisión del 3% por lograr un contrato de la EMT... Pablo Pradillo, jefe de División de la empresa de transportes, habría obtenido 150.000 euros de una constructora por un proyecto de 5 millones

 "Un cargo del Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida habría cobrado una comisión por parte de una constructora por conseguir la adjudicación de unas obras en la Empresa Municipal de Transportes. 

Según ha publicado este martes El País, Pablo Pradillo, jefe de División de la EMT, ha recibido más de 150.000 euros de una empresa en concepto de comisiones por lograr un contrato de reformas de unas cocheras de la capital. Concretamente se trata de un proyecto para la conservación, mantenimiento y adecuación de un centro de operaciones en el madrileño barrio de Fuencarral y que el Consistorio ofertó por más de cinco millones de euros.

Según este diario, Pradillo ha admitido ese porcentaje y las cantidades obtenidas por conseguir este contrato, aunque defiende su legalidad. Asegura que no existían incompatibilidades porque se encontraba de “baja voluntaria” en el momento de licitación de estas obras. Estas informaciones se conocen en medio de la polémica por el 'caso mascarillas' que salpica al Ayuntamiento de Madrid y el que están siendo investigados Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos empresarios habrían obtenido más de seis millones de euros de comisiones por la adquisición de material sanitario en los peores meses de la pandemia.

150.000 euros por ''preparar la oferta''

Así, Pradillo -jefe de la División de Construcción de Infraestructuras desde 2007 hasta diciembre de 2018 e hijo del exgerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad, José Manuel Pradillo- habría recibido el 3% de este millonario contrato de parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE), encabezada por Inesco S.A., y a través de una sociedad denominada Mansaluve. Esta compañía, en la que figura como administrador solidario, se dedica a servicios técnicos de ingeniería y asesoramiento desde 2019, según reza en el Registro Mercantil.

Tal y como indica El País, el cargo de la EMT asegura que Inesco -que, según su versión, contacta con él para que le ayude con un concurso que ha salido en marzo de 2019 y que se adjudica ese abril- le pagó en compensación por su labor de asesoramiento para “preparar la oferta”. Unos pagos que se produjeron entre 2019 y 2021, es decir, comenzaron tras salir de la compañía pública a finales de 2018 y concluyeron unas semanas antes de su reincorporación a la EMT el pasado año. 

Según apunta este periódico, los altos cargos de la empresa de transportes sabían del regreso de Pradillo a la compañía y de su relación con esta constructora, sin embargo, la actual dirección de la EMT achaca las responsabilidades a la Administración anterior. Aseguran que el contrato se adjudicó el 14 de junio de 2019, 24 horas antes de que Almeida tome posesión como regidor: “No existe ninguna denuncia ni sentencia. La anterior Corporación pactó con este trabajador la suspensión del contrato y las cláusulas de reincorporación. Se le ha reincorporado según lo pactado en un puesto diferente, pero correspondiente a su categoría”, afirman.

Su padre ''no tuvo nada que ver''

El presunto implicado en este caso de comisiones es hijo de José Manuel Pradillo, gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid durante más de diez años y hombre de confianza de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, hasta que se jubiló en el 2013. Pablo Pradillo asegura que entró en la EMT a través de un proceso de selección interna y niega la implicación de su padre. “Evidentemente mi padre no tuvo nada que ver en este proceso”, asegura."                    (El Plural, 03/05/22)