"Podría decirse que Enrique Martínez Reguera tiene 67 hijos.
Entre ellos hay historias de éxito y fracaso con un denominador común:
todos tuvieron una oportunidad gracias a él. La vida ha dado muchas
vueltas desde que Enrique decidió consagrar su hogar y su vida a cuidar a
niños desfavorecidos, en situación de calle, conflictivos, huérfanos,
nacionales y extranjeros. A sus 83 años, él se mantiene crítico y
activo, pero es consciente de que, aunque quisiera, hoy el sistema no le
permitiría ayudar como lo hizo.
La historia de Enrique permite entender cómo ha cambiado la suerte de los menores de edad que por una razón u otra están bajo tutela del Estado.
A su juicio y tras más de 50 años de experiencia -y rebeldía- en la
materia, el trato de las instituciones hacia los niños que están solos
se ha ido deshumanizado y mercantilizado. Desde el franquismo, cuando el
monopolio asistencial estaba en manos de Falange y Auxilio Social, el
sistema se ha transformado en una especie de “negocio en el que no priman los más vulnerables”, asegura.
Corrían los años 70. Por entonces el maestro Enrique
compaginaba la dirección del Colegio Mayor Universitario Pio XII con sus
estudios de filosofía y psicología. Pero hacía tiempo que en su fuero
interno sentía ganas de trabajar con chavales vulnerables. Pasó de las
palabras a los hechos en el barrio chabolista de La Celsa, por
entonces uno de los puntos más conflictivos y damnificados por la droga
de Madrid, del que ya solo queda el recuerdo (fue demolido en 1999).
Allí se ofreció para ayudar en el colegio público.
Poco a poco fue
labrándose la confianza y el reconocimiento de las familias payas y
gitanas que allí sobrevivían. Rápidamente las Juntas de Protección de
Menores, entes provinciales que se encargaban de las labores de tutela,
se fijaron en su capacidad para trabajar y organizar excursiones,
partidos de fútbol y otras actividades en aquel entorno difícil.
A pesar de las limitaciones, en aquella época el sistema era más flexible y cercano, “y eso que de origen esto era una cosa absolutamente falangista”,
recuerda. A Enrique primero le propusieron cuidar en su casa a niños
internados y rebeldes. Aceptó y, casi de inmediato, comprobó que con
paciencia, hogar y cariño; los pequeños se transformaban.
El trabajo de Enrique llegó a oídos de un juez de
menores, y este le propuso cuidar también a niños de reformatorio.
Enrique aceptó, pero estableció la condición de que en su casa, por
entonces un piso de Vallecas (Madrid). Era él quien establecía las
normas, requisito que hoy las instituciones públicas no admitirían.
Probaron y el resultado fue un éxito. Le decían que aquellos eran niños “peligrosísimos”,
pero la situación nunca se desbordó.
Pronto fueron surgiendo nuevos
grupos y hogares de acogida para niños con situaciones similares a las
de los “hijos” de Enrique.
Después de la Transición, la Democracia. “Recuerdo
que la gente que estaba en estos temas decía ‘¿y ahora qué van a hacer
con todos los de Falange y Auxilio Social?", rememora.
La trampa
Llegaron los años 80, y con ellos la heroína y los
cambios en la legislación de menores. Los chicos de Enrique empezaron a
engancharse. Por su casa pasaron “chiquillos muy conocidos en la época”
-por su historial de robos- como El Guille, El Gasolina y El Mosque, interpretado por Luis Martínez en el filme Perros callejeros. “Sentían que nadie estaba con ellos en la vida, pero en cuanto veían que alguien se ponía de su parte, empezaban a cambiar”,
explica.
Aquellos chavales llegaban “totalmente rotos”, pero él veía en
ellos “gente prodigiosa”. No pocos murieron de sobredosis, en medio de
tiroteos, enfermos de sida o en accidentes de moto. “Un mes de enero
enterramos a diez niños de en torno a 15 años. Me desanimé mucho, pensé
que ya no podía soportarlo más”.
A esos días difíciles se le sumaron turbulencias en
materia legal. Hasta ese momento, “las instituciones habían reconocido
nuestra labor, jueces, fiscales y Juntas de Protección nos lo ponían
fácil”, asegura Enrique. El Gobierno de Adolfo Suárez empezó a
ensayar el Estatuto del Menor, promulgado una década después bajo el
nombre de Ley de Protección Jurídica del Menor. “Esa ley puso todo en
manos de la administración de las Comunidades Autónomas”, explica.
Enrique y otras personas con experiencia en el cuidado de niños desfavorecidos participaron en la elaboración del Estatuto del Menor. Durante un año acudieron de forma regular al Ministerio de Justicia. Pero aquel esfuerzo fue en vano: el gobierno de Felipe González hizo
caso omiso de sus recomendaciones y lo sometió a los dictados de
Interpol, similares para todos los países de la Unión Europea. Años
después, el Gobierno socialista promovió la implantación de esa misma
ley entre los países de América Latina -“en Argentina y Brasil incluso
utilizaron los mismos carteles de propaganda que aquí sobre el estatuto
del menor”-, pero esa es otra historia.
El "negocio" de los niños conflictivos
La atención a niños en situaciones difíciles “se convirtió en un tremendo negocio”, un asunto rentable para políticos, empresas y organizaciones supuestamente no lucrativas,
sostiene Enrique. “Se han ido creando intereses, se han multiplicado
las organizaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas que se
dedican a este asunto, y todas tienen intereses”.
A Enrique y otras personas en su situación les
impusieron la firma de un convenio con 17 puntos. Enrique los aceptó
todos, menos tres. En primer lugar, se le exigía tener un número fijo de
plazas, pero él prefería supeditar esa cifra a la situación en casa. "A
veces, con seis niños se podía estar bien, otras veces con tres niños
ya era difícil", se explica. En segundo lugar, se le obligaba a expulsar
a los chavales al cumplir 16 o 18 años, pero Enrique pedía supeditar la
decisión al "momento en el que el niño encuentre una salida”.
Por último, el punto más delicado: le explicaron que
él tendría todos los deberes de padre, pero los derechos sobre el niño
recaerían sobre un funcionario ajeno a su casa y a la vida del menor.
“Si asumo los deberes de un padre, necesito los derechos de un padre
para representar a los nenes si van a la comisaría, al juzgado, al
hospital o a la escuela”.
Acusaciones de secuestro de niños
Enrique se declaró en rebeldía. No acató las
exigencias y amenazaron con expulsarle de su casa y denunciarle por
secuestro de niños, pero su buena fama y el apoyo de la Coordinadora de
Barrios lo impidieron. Enrique siguió ayudando, pero tuvo que hacerlo en
condiciones más precarias, sin apoyo económico del Estado.
En los 90,
mientras él proseguía con su labor, el Gobierno aprobó también dos
normas esenciales en esta historia. La primera, la Ley Penal de Menores, que determina que a los niños no se les detiene, sino que se les “retiene”; no se les interroga, sino que se les “explora”.
Ninguna de las dos figuras está contemplada en el
ordenamiento jurídico, por lo que su interpretación es “libre” -y no
siempre la más favorable al menor-. La segunda, el Decreto sobre los
derechos y deberes de los alumnos de centros sostenidos con fondos
públicos. A juicio de Enrique, se trata de una norma “perversa” porque
“suplanta la pedagogía por el derecho penal”. “La esencia de la
pedagogía es la comunión de intereses entre padres, educadores e hijos;
se suprime eso y se sustituye por derecho penal: los educadores se
convierten en vigilantes”.
El negocio
"Lo que ha fallado es la legislación, que ha
permitido y promovido todo esto. Curiosamente, la sociedad lo ha
aceptado plenamente, yo creo que por ignorancia”. Actualmente el Estado paga a las Comunidades Autónomas más de 3.000 euros por cada niño bajo tutela.
Al mismo tiempo, los Centros de Menores registran algunos de los
sucesos más vejatorios del presente, con ejemplos como el Centro de
Menores de Hortaleza (Madrid), conocido por sus casos de malos tratos y suicidios, o el de La Purísima (Melilla), en el que un educador fue detenido por apuñalar a un menor, entre otros problemas.
A ojos de Enrique, el principal problema está en que “prevalecen los intereses económicos”.
La legislación española concede a jueces y fiscales de menores la
potestad para intervenir ante casos de abandono o maltrato, por ejemplo.
Sin embargo, debido a que no siempre la Justicia actúa con rapidez, las
Comunidades Autónomas tienen autoridad para decidir qué hacer con estos
niños y jóvenes menores de edad.
“Deberían asistir y después poner esa
autoridad en manos de los jueces, pero la ponen en manos de fundaciones,
organizaciones, empresas públicas y privadas con notorio afán de
lucro”, opina Enrique en alusión a la gestión autonómica. “Estos niños
no necesitan encierros inútiles, sino papeles que reconozcan su
existencia legal (…) Los niños son materia de consumo de todas estas
instituciones”, sentencia.
Otro de los problemas que enfrentan estos menores
reside en la doble función de la Fiscalía de Menores, contemplada en la
Ley de Protección Jurídica del Menor. La Fiscalía se encarga de defender los intereses de los niños, al mismo tiempo que ejerce de parte acusadora.
Tras varias décadas implicado en el cuidado de niños y jóvenes
desfavorecidos, Enrique afirma que el talante del fiscal de menores
resulta determinante en estos casos, para bien y para mal. A veces la
suerte está de parte del menor, opina Enrique, y cita el caso del fiscal
Félix Pantoja, “un hombre entrañable muy interesado por los niños, que
defendía sus intereses”.
Como ejemplo contrapuesto, menciona el idilio
de 13 familias a las que conoció recientemente en Mallorca y que han
perdido la custodia de sus hijos. “Estas familias tachaban las decisiones del fiscal de mafiosas, le tenían pánico,
y yo no puedo dar esa opinión, pero creo que en el Estado alguien tiene
que investigar. ¿Y si fuera cierto lo que dicen esas familias?”,
concluye.
Cada cierto tiempo, los medios se hacen eco de imágenes que muestran el estado de hacinamiento y desprotección de niños
y jóvenes bajo tutela del Estado, a pesar de los recursos públicos que
se destinan a los centros de menores, tanto gastos fijos como gastos
variables en función del número de niños atendidos. “Puedo estar
equivocado”, reconoce Enrique, antes de afirmar que esta aparente
contradicción “se debe fundamentalmente a que los recursos que el
Estado dice que dedica a los niños, en realidad terminan engrosando los
intereses de estos gestores y empresas que administran el hambre
ajena”. La otra cara de esta moneda la componen numerosas personas y
grupos anónimos que trabajan al margen de los cauces oficiales, sin
visibilidad mediática y sin apoyo del Estado.
La historia no termina
Enrique sigue viviendo en el mismo piso de Moratalaz por el que han pasado sus 67 hijos,
que de vez en cuando le visitan solos o acompañados “incluso de nietos y
biznietos”. Es autor de varios libros, uno de ellos de reciente
actualización, Por si llegas a leernos, querido Walter (Editorial
Popular), sobre la desesperada y kafkiana batalla legal de unos padres
cameruneses a los que el Gobierno de Cantabria les quitó la custodia de
su hijo por error, y que llevan nueve años sin poder verle.
La casa de Enrique es un pequeño museo repleto de recuerdos de Brasil y
cuadros que ha pintado a lo largo de los años. Pronto espera encontrar
un lugar en el que exponerlos ante el público, una ocasión que quiere
aprovechar para reunir a su particular familia. “Estoy muy contento con
la aventura que he vivido”, concluye Enrique, consciente de que la
aventura no ha terminado." (José Bautista, Público, 23/02/19)
