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7.10.20

La verdad sobre los 'aviones de Ayuso': precios disparados, facturas opacas y un comisionista que trabaja para Piqué

 "El pasado 22 de abril, en plena primera ola de la pandemia, Isabel Díaz Ayuso anunció que dos aviones cargados de material sanitario procedente de China estaban a punto de aterrizar en la Comunidad de Madrid. La verdad es que se hicieron esperar tanto que en el propio Gobierno autonómico algún dirigente pensaba que habían sido víctimas de una estafa.

 Diez días después del anuncio, el 2 de abril, aterrizó finalmente en Barajas el primero de los “aviones de Ayuso” y desde entonces hasta el 1 de julio llegaron en total 23. Más de la mitad de los fletes le fueron adjudicados a una desconocida empresa de Zaragoza, Sport Logistics Solutions SL, constituida en abril de 2018 y que cobró por su trabajo el doble que las empresas que organizaron los otros ocho viajes.

En la logística de esta operación también aparece otro nombre desconocido para el gran público: Óscar Leyva. Personaje ligado desde hace décadas al PP, en los últimos años se ha dedicado a la búsqueda y comercialización de patrocinios, sobre todo en el ámbito del deporte. En la actualidad trabaja por ejemplo con Kosmos Tennis, la empresa del futbolista Gerard Piqué que organizó en 2019 la Copa Davis en Madrid.

“Óscar Leyva era la persona asignada por la Comunidad de Madrid para coordinar la operativa desde la llegada a Barajas”, declaró por escrito a preguntas de infoLibre Alberto López Azagra, el administrador único y principal accionista de Sport Logistics.

El pasado martes, este periódico envió una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad sobre el papel jugado por Leyva en el operativo de los aviones, el dinero que se le había pagado por ello y si había surgido algún problema con la facturación. Seis días después, la Consejería sigue sin responder (puedes leer al final de este reportaje todas las preguntas planteadas). Leyva no ha atendido los intentos por recabar su versión.

El coste de los 23 vuelos

La adjudicación del transporte de los 23 aviones se realizó por la vía de la declaración de emergencia –como permite la ley en circunstancias excepcionales como las que se vivían entonces en España–, por tanto sin los requisitos habituales de concurrencia y publicidad. El coste total fue de 19.480.397 euros, según la información facilitada por el Gobierno madrileño ante una solicitud planteada amparándose en la Ley de Transparencia. Esa cantidad se corresponde únicamente con el flete de los aviones, no incluye los costes del material sanitario adquirido, que fueron mucho más elevados.

El Gobierno de Ayuso contrató en total a cinco empresas diferentes, aunque la sociedad más favorecida con diferencia fue Sport Logistics, al recibir 15 adjudicaciones y facturar 15.227.000 euros. Por tanto, esta empresa acaparó el 78,1% del dinero público destinado al transporte del material sanitario. El resto de fletes se repartieron de la siguiente forma: tres los realizó Sigma Dental, dos Quatar Airways, dos Golden Exports Co. y una DHL Global Forwarding Spain.

Los dos primeros vuelos, que aterrizaron en Madrid los días 2 y 5 de abril, los fletó la aerolínea Quatar Airways. En ese primer mes, Sport Logistics Solutions no tuvo un papel hegemónico en las contrataciones. De hecho, de los nueve primeros viajes, sólo organizó tres. Pero la cosa cambió a partir de la segunda semana de mayo, cuando la empresa de Zaragoza se hizo con 12 de los 14 fletes organizados desde entonces por la Comunidad hasta el 1 de julio. De los otros dos se encargó Golden Exports Co., compañía registrada en Hong Kong.

El análisis del importe de las contrataciones muestra unas diferencias muy llamativas. La facturación media en los 15 viajes organizados por Sport Logistics Solutions fue de 1.015.133 euros. En cambio, la media de los otros ocho fletes fue de 521.673 euros, prácticamente la mitad.

Los dos de Quatar Airways, en el peor momento de la pandemia y cuando medio mundo intentaba desesperadamente realizar compras de material sanitario en China y trasladarlas a sus respectivos países, se adjudicaron por 828.634 euros cada uno. Mucho más económicos resultaron los fletes de Golden Exports Co (450.000 por viaje), Sigma Dental (416.666) y DHL Global Forwarding Spain (366.117).

infoLibre preguntó a Alberto López Azagra, el administrador único de Sport Logistics, qué razones explicaban unas diferencias de precio tan llamativas. Su respuesta por escrito fue la siguiente: “Deduzco que la diferencia de precio se deberá al tipo de aeronave contratada. Los costes de los aviones cargueros que utilizamos (de más de 100 toneladas de capacidad) en las fechas indicadas estaban bastante por encima del que me indicas. De hecho, revisando prensa del sector y general he visto que desde otras instituciones se han pagado precios más caros por los mismos servicios y en las mismas fechas. En definitiva, los elevados precios se justificarían por la situación de emergencia, y en ningún caso serían exagerados si se analizan en el contexto global en que fueron encargados los servicios”.

Como es obvio, el contexto era el mismo para Sport Logistics Solutions y para cualquiera de las otras cuatro compañías que trabajaron para la Comunidad de Madrid. Cuestión diferente es, por supuesto, la aeronave o el espacio en bodega contratados (en algún caso, la carga de la Comunidad de Madrid compartía avión con mercancía de otros clientes). López Azagra no quiso desvelar ningún dato sobre estos aspectos: “Es información confidencial. La selección de aerolíneas es un factor importante en este tipo de operaciones por lo que preferimos no facilitar información de manera gratuita a la competencia. Y lo mismo cabe decir sobre la manera en que se optimiza el espacio contratado, que es clave para obtener ventajas competitivas en costes”.

En todo caso, en el precio de la adjudicación tuvieron peso factores más allá del número de toneladas efectivamente transportadas. Sirvan como ejemplo los cuatro primeros fletes: Quatar Airways cobró 828.635 euros por cada uno de los dos primeros aviones que aterrizaron en Barajas, que traían 58 y 82 toneladas de material, respectivamente, según los datos difundidos por la propia Comunidad de Madrid. El tercer y cuarto flete corrieron a cargo de Sport Logistics, que se embolsó 1.078.000 euros en cada caso pese a que transportaban cargas muy diferentes, 113 y 79 toneladas.

El contacto con el Gobierno Ayuso

¿Cómo encontró la Comunidad de Madrid a Sport Logistics? La pregunta es muy relevante si se tienen en cuenta dos factores: que las adjudicaciones se realizaron sin publicidad –el Gobierno madrileño seleccionó directamente a los contratistas por la declaración de emergencia– y que la empresa de Alberto López Azagra es una recién llegada al sector, puesto que inició su actividad en abril de 2018.

El administrador de la compañía zaragozana mantiene que “Sport Logistics no fue contactada por la Comunidad de Madrid. El contacto viene a través de la empresa proveedora en China. La secuencia completa es: el agente del proveedor chino solicita cotización, se aprueba o rechaza y se procede con la coordinación y contratación del envío. El proveedor chino facilita los datos de contacto del consignatario del envío, en este caso la Comunidad de Madrid. Por tanto, mi primer contacto con la Comunidad se produce una vez aprobada la expedición”.

López Azagra también destaca que, aunque su empresa sólo tiene dos años y se dedica básicamente a la logística de eventos deportivos –como indica su nombre–, él cuenta con 15 años de experiencia profesional: “A pesar de que en los últimos dos años mi labor se ha centrado básicamente en eventos deportivos, realizo con bastante frecuencia cotizaciones para el transporte en otro tipo de sectores. Con independencia del material a transportar (exceptuando casos concretos), la especificidad de mi trabajo no radica en el qué, sino en el cómo. Dentro de los servicios que proporciona mi empresa está el de fletamento de aviones de carga, y para ello es indispensable disponer de una amplia y buena red de agentes por todo el mundo”.

La relación con Óscar Leyva

Administrador y socio casi único de Sport Logistics –asegura tener el 99% de las acciones–, López Azagra sostiene, a preguntas de infoLibre, que Óscar Leyva jamás ha trabajado para su empresa.

Óscar Leyva era la persona asignada por la Comunidad de Madrid para coordinar la operativa desde la llegada a Barajas. Desconozco si tenía encomendada alguna labor más. Leyva no trabaja para Sport Logistics, y no lo ha hecho nunca en el pasado, por lo que no se le ha abonado ninguna cantidad de dinero”, asegura López Azagra. En cuanto a Gerard Piqué, afirma que ni lo conoce personalmente, ni sabe qué relación puede tener con este tema.

En el PP, sin embargo, Óscar Leyva es un viejo conocido. Se inició en el mundo político en el País Vasco, cuando el cambio de siglo, época en la que trabajó en el gabinete de Carlos Iturgaiz, entonces presidente del partido en dicha comunidad. En 2003, tras el triunfo de Esperanza Aguirre en la repetición de elecciones provocada por el tamayazo, Leyva se mudó a Madrid y empezó a trabajar en la Comunidad. En concreto, en el departamento de Cultura y Deportes, que dirigía Santiago Fisas. En aquellos años también tuvo buena sintonía con Ignacio González, el todopoderoso número dos de Aguirre que años después terminaría imputado en el caso Lezo como presunto capo de una trama de corrupción.

Más allá del mundillo político, Leyva encontró un sitio en los negocios. Estuvo como director comercial de la escudería española HRT Fórmula 1 Team, que fundó el piloto español Adrián Campos en 2009. Por aquella época también participó en el lanzamiento de Yamimoto, compañía dedicada a las bicicletas eléctricas. Y en los últimos años ha trabajado buscando patrocinios para diversas actividades. Ahí es donde aparece su relación con Gerard Piqué, futbolista del Barcelona y empresario que se hizo cargo hace un par de años de la Copa Davis, a través de la sociedad Kosmos Tennis.

“Oscar Leyva es un consultor externo de Kosmos Tennis que ayudó en la comercialización de la Copa Davis”, explicó a infoLibre una portavoz de la compañía de Piqué. En la Comunidad de Madrid, entre personas conocedoras del proceso de adjudicación de los 23 aviones, está extendida la idea de que Leyva es “socio de Piqué”. En Kosmos Tennis, sin embargo, rebajan mucho la categoría de la relación. Leyva sería un comisionista, un “consultor externo” que cobra por los patrocinios logrados o por otros servicios relacionados con la comercialización de proyectos.

Este jueves, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, contaron que Ayuso había recurrido a Piqué para desbloquear la compra de material sanitario en China. Desde el entorno del futbolista aseguraron que su ayuda consistió en poner en contacto a la Comunidad con “trabajadores de Kosmos Tennis” que conocen el mercado asiático y, por tanto, fueron útiles a la hora de “comprar material y organizar su traslado a España en vuelos chárter”. Pique, insistieron, no cobró ni un euro por sus gestiones. Un portavoz del Gobierno Ayuso confirmó a la emisora que “las gestiones altruistas” de Piqué solucionaron los problemas que se estaban encontrando, por lo que las "agradecen públicamente".

Mayores problemas parece tener el Gobierno autonómico del PP a la hora de hablar de Óscar Leyva. infoLibre envió hace seis días a la Consejería de Sanidad las preguntas sobre el papel y los honorarios de Leyva, pero de momento se niega a responder. Tampoco aclara si ha surgido algún problema “con las facturas” relacionadas con el flete de los aviones, como indican fuentes de la Comunidad de manera no oficial. Alberto López Azagra aseguró a este periódico que él ya ha cobrado, así que cabe suponer que con él no hay discrepancia alguna.

En todo caso, si hubiese surgido algún problema, Ayuso debería poder solucionarlo de forma inmediata. Al menos, si creemos las palabras de la propia presidenta madrileña. El 29 de abril, en un pleno de la Asamblea de Madrid en el que no paró de felicitarse por la gestión de su Gobierno durante la pandemia, Ayuso dijo lo siguiente: “Señor Gabilondo, no me diga que miento con las compras porque tengo fotos y vídeos de cada albarán, de cada camión y de cada avión que ha entrado en la Comunidad de Madrid”. Que una presidenta de una comunidad autónoma tenga “fotos y vídeos de cada albarán” es, desde luego, ser una política precavida. También es cierto que viendo el currículum judicial de sus antecesores en el cargo, cualquier precaución parece poca.

LAS PREGUNTAS QUE EL GOBIERNO AYUSO NO CONTESTA  
 
El martes 29 de septiembre, infoLibre envió a la Consejería de Sanidad las preguntas que se transcriben a continuación. No ha habido respuesta, pese a las reiteradas peticiones durante estos seis días.

1. ¿Qué papel desempeñó exactamente Óscar Leyva en el traslado del material sanitario en los 23 aviones fletados por la Comunidad de Madrid?

2. ¿Cómo se articuló la relación entre Óscar Leyva y la Comunidad de Madrid? ¿Firmó la Comunidad un contrato mercantil con Óscar Leyva, se produjo algún tipo de adjudicación al Sr. Leyva o a alguna empresa relacionada con él?

3. ¿Qué cantidades se comprometió la Comunidad a pagar al Sr. Leyva por los servicios que haya prestado en relación con el flete de los 23 aviones mencionados?

4. ¿Ha abonado ya la Comunidad de Madrid al Sr. Leyva las cantidades comprometidas?

5. ¿Ha surgido algún problema con alguna de las facturas presentadas por el Sr. Leyva o por Sport Logistics, en relación con el flete de los aviones, que haya llevado a la Comunidad de Madrid a aplazar su pago? En caso afirmativo, ¿en qué ha consistido ese problema?

6. En cuanto al importe de las adjudicaciones, la cantidad media de las 15 realizadas a Sport Logistics fue de 1.015.133 euros, mientras que la cantidad media de las 8 adjudicadas a otros cuatro proveedores fue de 521.673 euros. ¿Qué factores explican que las adjudicaciones a Sport Logistics doblasen en precio a las de los otros proveedores?"                  (Manuel Rico, InfoLibre, 04/10/20)

17.1.19

El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados

"El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados, según documentos a los que ha accedido EL PAÍS.





Estos fármacos no tienen otros alternativos y Aspen mantiene desde hace un lustro un pulso con el Ministerio de Sanidad para incrementar sus precios hasta en un 4.000%. En su estrategia, la empresa llegó a plantearse “destruir” lotes enteros de medicinas tras meses de desabastecimiento, según desveló una investigación del diario británico The Times. Sanidad se ha negado hasta ahora a acceder a estas pretensiones —la última vez la semana pasada— pero los elevados precios internacionales acaban beneficiando igualmente a la farmacéutica.

Según los datos obtenidos por este diario, los hospitales españoles pagan hoy 104 euros por cada caja de clorambucilo —para el tratamiento de la leucemia linfática crónica—, 30 veces más que los 3,37 euros que costaba en 2014. El busulfano —utilizado para otros tipos de leucemia— se paga hoy a 244,4 euros, 20 veces más que entonces. El melfalán, útil contra varios tumores, ha multiplicado su precio 19 veces. La tioguanina y la mercaptopurina, también indicadas contra la leucemia, son hoy seis y siete veces más caras, respectivamente. Con la última molécula, sin embargo, a la empresa le salió en 2016 un competidor que la vende algo más barata.

Aspen Pharmacare no ha contestado a las peticiones de información de este diario. Con sede en Sudáfrica, la compañía adquirió en 2009 su lote de fármacos a GlaxoSmithkline. Poco después empezó a exigir a varios gobiernos grandes aumentos de precio. En una entrevista hecha en 2015, el máximo responsable de la compañía en América Latina, Carlos Abelleyra, resumía así la filosofía de la compañía: “Aspen no investiga, lo que ha logrado que nuestro crecimiento sea tan fuerte es que determinamos de manera muy inteligente las necesidades de ciertos mercados”.



2009. Aspen Pharmacare compra a GlaxoSmithKline cinco fármacos contra varios tipos de cáncer hematológico.

2012. Correos internos de la empresa revelan que esta pretende aumentar los ingresos obtenidos de los sistemas sanitarios públicos europeos.

2013. Aspen pide al gobierno italiano un incremento del 2.100% y al español, del 4.000%. Varios países sufren desabastecimientos.

Abril de 2014. Aspen retira sus productos de España ante la negativa del Ministerio de Sanidad a atender sus peticiones.

Octubre de 2016. Italia multa a Aspen con 5 millones de euros.

Febrero de 2017. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española abre una investigación por “practicas abusivas”.

Mayo de 2017. La Comisión Europea abre otra investigación contra Aspen por “subir injustificadamente” los precios.

Noviembre de 2018. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Gobierno español rechaza de nuevo las demandas de Aspen.

En 2013, Aspen tuvo un primer enfrentamiento con el Gobierno italiano, que se negó a multiplicar el precio de los cinco fármacos. Durante la pugna, el laboratorio incurrió en prácticas irregulares que le acarrearon una multa en 2016 con cinco millones de euros por las autoridades de la competencia del país.

En España, los momentos de mayor tensión se produjeron a finales de 2013, cuando Aspen llegó a pedir incrementos que multiplicaban por 40 los precios iniciales, según fuentes sanitarias. Ante la negativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la compañía dejó de vender sus productos en el país a finales de abril. A partir de ese momento, los fármacos dejaron de venderse en las farmacias y pasaron a ser dispensados por los servicios de hematología de los hospitales.

 

Proceso abierto


A principios de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) también puso el foco en Aspen por “prácticas abusivas”. El proceso quedó en suspenso cuatro meses más tarde, cuando la Comisión Europea anunció su propia investigación al detectar prácticas irregulares en varios Estados miembros. La Comisión afirma que el proceso sigue abierto y que no informará de él hasta su conclusión.

La situación de bloqueo entre Aspen y el Gobierno español fue tratada el pasado viernes por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que estudió la última propuesta de la farmacéutica. Esta sigue solicitando un aumento que va de ocho a 40 veces más sobre los precios de referencia de 2014, algo que el Gobierno, de nuevo, rechazó. El proceso, sin embargo, sigue su curso y queda abierto un plazo de alegaciones en el que la compañía podría presentar precios más bajos. Sanidad asegura que está culminando un expediente que remitirá a la Comisión Europea para que sea incorporado a su investigación.

Todas las fuentes consultadas admiten que el de Aspen es “un caso extremo” en el sector. “Lo primero que hacen es quedarse con los llamados fármacos huérfanos. Son moléculas sin competencia porque son baratas y no interesan a los grandes laboratorios ni a los fabricantes de genéricos”, explica un directivo del sector. “Una vez logrado el monopolio de facto, echan un pulso a las autoridades sanitarias. Casi siempre lo ganan porque consiguen subir los precios o se retiran de ese mercado para desviar las compras hacia otros donde sí los han subido”, añade esta fuente.

Francesc Bosch, jefe de Hematología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica que “aunque ahora existen tratamientos más modernos, eficaces y caros, el clorambucilo y el resto de fármacos de Aspen siguen siendo imprescindibles”. “Sirven para aquellos pacientes en los que se busca más frenar el avance de la enfermedad que curarla, ya que no está indicado someterlos a los tratamientos más agresivos”, añade. Bosch se muestra muy crítico con estas prácticas: “Hay que dedicar el dinero a la investigación y la práctica clínica. Todo esto no hace más que crear problemas a médicos y pacientes”.

Ramón García Sanz, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, comparte esta visión, pero también apunta a “los bajos precios de referencia existentes en España”. “Algo estamos haciendo mal cuando a nadie le interesa fabricar un medicamento que sigue siendo necesario. Esto crea las condiciones para que algunas empresas lleven a cabo este tipo de prácticas”, concluye.




La empresa farmacéutica Aspen Pharmacare mantuvo a partir de 2013 una intensa pugna con el Ministerio de Sanidad español. La empresa empezó pidiendo un aumento de los precios cercano al 4.000% y acabó retirándolos del mercado español, en abril de 2014, al no ver atendidas sus pretensiones. El motivo alegado por Aspen era que no podía seguir vendiendo en España porque a los precios fijados por Sanidad le resultaba insostenible.

Sin embargo, una investigación del diario británico The Times, que tuvo acceso a correos internos de la compañía, desveló hace un año su agresiva estrategia. Un mensaje, fechado en octubre de 2014, evidencia que, pese a lo afirmado por la empresa, Aspen Pharmacare seguía teniendo importantes stocks de fármacos en España que no sacaba a la venta. Un empleado preguntó qué hacer con ellos y la respuesta de un alto ejecutivo fue que “la única alternativa es destruirlos o donarlos”.

Los mensajes revelan que, a partir de 2012, Aspen se fijó como objetivo grandes incrementos de precios que los gobiernos pagaban por sus fármacos. En los meses siguientes, Alemania, España, Italia, Bélgica y Grecia, entre otros países, sufrieron problemas de abastecimiento."               (Oriol Güell, El País, 07/12/18)

13.7.18

El libanés que montó un 'casting' de hígados en Valencia: "Quería al doctor de Abidal"

"Hatem Akouche, de 65 años, supo a finales de 2011 que su vida pendía de un hilo. Se lo dijeron los médicos del Hospital Dieu, uno de los mejores de Beirut, en Líbano, al comprobar que los tratamientos conservadores no habían funcionado y que la única opción para superar su cirrosis era someterse a un trasplante de hígado

Los facultativos le indicaron que, siendo Akouche una persona con grandes recursos económicos, lo más razonable es que fuese a Europa o Estados Unidos, ya que Líbano no dispone de especialistas en materia de trasplante hepático.

Akouche hizo fortuna hace una década, cuando compartió negocios agrícolas con Rafic Hariri, exprimer ministro del país, que fue asesinado en 2005 por Hezbolá. Después ejerció como alcalde en un pequeño pueblo a 70 kilómetros de Beirut, donde no hizo tanto dinero pero amplió su agenda de contactos. Cuando les compartió su problema de salud, muchos le hablaron de España y su fama internacional en trasplantes de órganos.

Akouche recurrió entonces a su hijo Ali, que había estado varias veces en España y mantenía contacto con unos primos palestinos con sede en Novelda. Akouche y Ali se trasladaron a España en 2012, pero pronto se encontraron con un gran problema: los extranjeros no pueden recibir un trasplante de un cadáver en nuestro país. A los libaneses, entonces, solo les quedaba la opción de encontrar a un donante que fuese compatible y con el que mantuviesen alguna relación afectiva, condición 'sine qua non' para ser admitido en el sistema de trasplantes.

De modo que Akouche, Ali y los primos de Novelda, según relatan fuentes de la investigación, organizaron un 'casting' en mezquitas y lugares de culto musulmán para obtener un trozo de hígado sano a cambio de 40.000 euros. "Ellos han declarado, tanto en el juicio como en entrevistas con la prensa, que desconocían que estuviese prohibido comprar órganos vitales por las leyes españolas y, por el descaro con el que se llevó toda la operación, es bastante creíble", detallan estas fuentes.

 Los libanes filtraron ocho candidatos, todos inmigrantes pobres y sin papeles, y con ellos se presentaron en la clínica Quirón de Valencia, donde fueron sometidos a una completa analítica, un TAC, una resonancia y una prueba de histocompatibilidad. La factura, de 12.000 euros, se pagó desde la empresa de Novelda.

De modo que los tres, los dos libaneses y el 'agraciado', un sintecho rumano, acudieron al Clínic de Barcelona para el trasplante. "Este era el motivo por el que vinieron, para que les operase el mismo cirujano que a Abidal", relatan los investigadores. Se trata del doctor Juan Carlos García-Valdecasas, exjefe de cirugía del hospital y uno de los más reputados cirujanos hepáticos del mundo, cuyo equipo frenó la candidatura del rumano en el tercer grado.

 No veían cómo un rumano sin techo de Valencia podía ser sobrino de un millonario libanés sin relación con España. Los doctores le recomendaron que se buscase a un familiar y su hijo resultó compatible. La investigación estima que Akouche finalmente pagó más de 100.000 euros por el trasplante legal, sin contar el pago a candidatos.

Los libaneses regresaron a su país, donde Akouche fue recibido por varios políticos como un héroe, y no repararon de que aquí las cosas se les estaban poniendo feas. Una de las candidatas, una marroquí de mediana edad, le contó a una voluntaria de Accem, una ONG que trabaja con personas sin hogar, que un millonario libanés le había ofrecido 10.000 euros por un trozo de su hígado, pero que finalmente había sido rechazada por ser mujer. 

La institución lo puso en conocimiento de la Guardia Civil que inmediatamente abrió una investigación. A los seis meses, cuando Hatem Akouche y su hijo regresaron a Barcelona para el primer chequeo de la intervención, fueron detenidos en el aeropuerto de El Prat. Ellos, junto a los dos primos de Novelda, se enfrentan a unas penas que sumadas podrían superar los 24 años de prisión.

El clan de los Radosavljevic

Este es el más reciente, pero no el único delito relacionado con el tráfico de órganos en España. Hay otro posterior, aunque juzgado antes, que nació fruto de una casualidad. En 2014, la policía de Tarragona estaba realizando escuchas a una banda de ladrones de chalets cuando descubrió que el hijo del jefe, un serbio llamado Tony Radosavljevic, sufría insuficiencia renal y necesitaba un trasplante de riñón. Tony, en situación irregular en España, se hacía pasar por su hermano, este sí con papeles, para acceder a la diálisis en la sanidad pública.

Varios miembros de la banda engatusaron a Abdallah, un 'okupa' marroquí sin recursos, para "hacerle unos análisis de sangre" a cambio de 6.000 euros. Durante unos días Abdallah fue a las revisiones en el BMW de los delincuentes, hasta que comprendió, superada finalmente la barrera idiomática, que le iba a ser extirpado uno de sus riñones. El marroquí, al que ya habían adelantado parte del dinero, empezó a dudar del negocio.

El 24 de abril de 2014, a la 1 de la tarde, un BMW azul se dirigía a una notaria en la Playa Miami, en Tarragona. A bordo iban tres miembros del clan Radosavljevic y Abdallah. No obstante, ya delante del notario, el marroquí se negó a firmar la cesión de su riñón por miedo a las consecuencias de la cirugía. Testigos de la notaría sostienen que los serbios llegaron a amenazarle con "sacarle la pistola", pero que finalmente todo quedó en gritos y mucha tensión.

No fue así. Dos horas más tarde, a las 3, los tres miembros del clan serbio, junto a otros tres más, se metieron en una furgoneta negra Mercedes y raptaron a Abdallah en la puerta de su casa. Le llevaron a casa del jefe de la banda, Zoran Radosavljevic, donde estuvieron golpeándole, insultándole y amenazándole durante más de media hora. 

Dos días más tarde, con toda las conversaciones grabadas por la policía, fueron detenidos todos los miembros de la banda en Tarragona. El Tribunal Supremo ratificó el año pasado los seis años de prisión a los que fueron condenados el líder de la banda, sus dos hijos y un marroquí que sirvió de enlace para encontrar a Abdallah.

"Es un delito que no existe"

Zoran Radosavljevic, uno de los ladrones de chalets más importantes de Europa, fue el primer condenado por tráfico de órganos en España. Desde que la ley llegase al Código Penal, en 2011, solo se han dado estos dos casos. "Es que es un delito que no existe en España. 

Sabemos que siempre va a haber alguien que lo intente hacer, pero estamos convencidos de que nuestros filtros funcionan, como se ha demostrado en estos dos casos", dice Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la ONT. "En ambos casos el papel de la ONT fue determinante para poner a estos individuos a disposición de la Justicia, pero no podemos olvidar que nosotros somos una autoridad sanitaria, no judicial. Nosotros no solemos denunciar a los pacientes cuyos donantes rechazamos".

En España, las personas que pretendan donar 'en vivo' a un amigo tienen que responder a varias preguntas. Si a la comisión de trasplantes no le quedan las motivaciones muy claras, automáticamente se suspende la operación. Es por eso que de los 1288 trasplantes de hígado que se realizaron en España el año pasado, solo 17 incluían a un donante vivo. 

 "Es muy difícil engañar el sistema de verificación de la ONT, porque nuestra política es de tolerancia cero. Estamos preparados para detectar estas prácticas delictivas siempre antes de que se produzca el trasplante", continúa Domínguez-Gil. "A este respecto, estamos a favor de que la Fiscalía reabra el caso de Abidal, del que nunca se nos ha consultado nada, tras las palabras de Sandro Rosell que leí en El Confidencial

La ONT no solo tiene influencia en España, sino que, como líder mundial en trasplantes, lleva la voz cantante en el panorama internacional. El año pasado, sin remontarnos más, consiguió que las Naciones Unidas aprobasen un documento por el que todos los países se comprometían a reforzar las medidas de control en el tráfico de órganos. Hace menos, apenas cuatro meses, la ONT lideró el veto europeo a Global Kidney Exchange, una institución internacional impulsada por el premio Nobel Alvin Roth. "El proyecto planteaba un trasplante renal cruzado en el que se incluyeran países pobres con donantes que no tenían por qué ser compatibles. 

El problema es que los receptores de países ricos se comprometen a pagar los gastos del pobre, que por otra parte recibiría el riñón de un tercero... es complejo de explicar, pero resulta obvio que el trato es 'yo te pago el tratamiento a cambio de un donante para mí'. Es una cosificación de las personas y decidimos no dejarlos entrar en Europa", dice la presidenta de la ONT.

"Quiero dejar claro a los ciudadanos que este problema no existe en España. En otros países de nuestro entorno sí, en Asia, en Egipto, en algunos países del Este... de esos no se habla nunca y son el verdadero problema. Lo que pasa es que esto le ha sucedido a un personaje muy llamativo y por eso está teniendo mucha exposición en los medios, pero deben saber que la ONT está llevando a cabo una investigación sobre el caso Abidal y se acabará sabiendo la verdad", remata Domínguez-Gil."                 (Alfredo Pascual, El Confidencial, 08/07/18)

17.4.17

“Producir el fármaco para la hepatitis C cuesta 100 euros y Europa paga 50.000”

"Varias organizaciones internacionales han presentado esta semana una oposición a la patente europea del sofosvubir, un fármaco clave en el tratamiento de la hepatitis C que se vende a unos precios desorbitados en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay entre 130 y 150 millones de personas con infección crónica por el virus que genera la enfermedad y aproximadamente 700.000 personas mueren cada año por problemas hepáticos relacionados con esta patología.

 La directora de la fundación Salud por Derecho, Vanessa López, explica los detalles sobre este medicamento y lo que supone para estos pacientes. Es la única organización española, junto con Médicos del Mundo, que ha denunciado la patente.

¿Qué es exactamente el sofosvubir?

Es el principio activo del fármaco Sovaldi que comercializa Gilead para la hepatitis C. Es muy importante para esta enfermedad porque tiene unas capacidades de curación muy muy elevadas y es, por tanto, uno de los medicamentos clave en su tratamiento.

¿Cuánto cuesta?

El precio varía según los países. En EEUU cuesta 84.000 dólares; en Europa, una media de 50.000 euros. En España no conocemos el precio real porque cada hospital paga un precio, pero algunos datos del Gobierno vasco hablan de que se podría estar pagando unos 13.000 euros y luego hay que combinarlo con otros fármacos.

¿Cuál es el coste real?

Eso es lo llamativo. Hay un estudio de la Universidad de Liverpool que dice que el coste de este fármaco es de unos 100 euros por tratamiento.

¿Por qué se oponen a la patente?

Porque consideramos que no hay una actividad inventiva. Somos 30 organizaciones las que nos hemos opuesto, de 17 países europeos. El proceso sigue la estela del que inició Médicos del Mundo en 2015 contra otra patente del sofosvubir. La Oficina Europea de Patentes le obligó a introducir enmiendas en la solicitud.

En otros países sí fue revocada. 

Sí, en Ucrania y en China y se ha presentado también recursos de oposición que esperan ser resueltos en India, Brasil, Rusia, Tailandia y Argentina.

¿Por qué los gobiernos no denuncian a estas empresas cuando son los que tienen que defender la salud pública de sus ciudadanos?

Los gobiernos tienen bastantes herramientas para poder asegurar el acceso a medicamentos asequibles, pero lamentablemente no siempre las usan fundamentalmente porque el lobby de la industria farmacéutica es muy poderoso y la mayoría de las políticas públicas relacionadas con la investigación y la política farmacéutica les beneficia por entero a ellos. Los gobiernos tienen que utilizar las medidas para hacer valer el acceso a los medicamentos, que es un derecho humano, y legislar de acuerdo al interés público.

¿Qué supondría que la Oficina Europea de Patentes les diera la razón?

Si se resuelve con éxito, la oposición podría acelerar la entrada de medicamentos genéricos en Europa, además de generar argumentos legales para ayudar a los Estados a empoderarse en las negociaciones con Gilead.

¿Con alguna regulación específica?

Los elevados precios de los medicamentos necesarios para la vida, como es el caso de los fármacos para la hepatitis C, el cáncer o el VIH, se deben al monopolio que tienen las empresas para comercializarlos en exclusiva. El monopolio mediante la protección de la propiedad intelectual con patentes es la base del sistema actual de innovación de medicamentos. 

Habría que promover iniciativas de investigación y desarrollo de medicamentos que no se basaran en las patentes y que aseguraran que los recursos públicos en investigación se invierten en las áreas de conocimientos y problemas de salud necesarios. Ahora es el mercado y los beneficios económicos los que marcan la pauta."                   (La Marea, 02/04/17)

23.1.15

¿Es lícito pagar 25.000 € por un medicamento cuyo coste de producción no alcanza los 115 €?

"♦ Los encierros de pacientes afectados por la hepatitis C han permitido visibilizar uno de los principales problemas que arrastra el sistema sanitario desde la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad: su dependencia absoluta de las multinacionales de farmacia al haber renunciado en aquel momento a la creación de un sistema público de investigación y producción de medicamentos.

 La lucha de afectados y familiares, ha puesto sobre la mesa la imposibilidad de acceder a un tratamiento reconocido hasta el momento como el más eficaz, debido al altísimo coste exigido por la multinacional que lo produce y ostenta su patente (GILEAD, la misma empresa que vendió a Roche la patente del fármaco Tamiflú, la supuesta cura de la gripe aviar…) y que nuestro gobierno ha pactado. El medicamento en cuestión es el Sofosbuvir y su nombre comercial, Sovaldi.

♦ El precio pactado por el gobierno es inasumible, tanto que hace imposible el tratamiento de los 35.000 pacientes que se estima lo necesitan. 

Pero lo realmente preocupante, es que existiendo estudios de costes que valoran el precio de producción de una pastilla de Sofosbuvir en 2.5 euros, y el tratamiento de 12 semanas entre 68 y 136 dólares[1], Gilead lo proponga a un precio de 650 a 1.000 euros por comprimido y entre 25.0000 a 60.000 € el tratamiento completo.

♦ Las normas internacionales[2] permiten que un gobierno emita licencias obligatorias para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente”.

 Esto significa que un gobierno puede promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho más bajo o importarlo de otro país en una versión genérica. Nuestro gobierno no lo ha hecho. 

Tampoco ha negociado conjuntamente con otros países la compra del medicamento, o se ha planteado pagar la patente a un fabricante de genéricos. También ha estado en contra, así como la Comisión Europea, de establecer un precio máximo para Sofosbuvir.

♦ Nuestro gobierno podría incluso, así como lo ha hecho el gobierno Indio, cuestionar legalmente la patente sobre Sofosbuvir dado que esta molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer, y se podría demostrar la ausencia de una innovación que justifique la patente actual. Pero nuestro gobierno, así como la mayoría, tampoco lo ha hecho.

♦ Sin embargo, no es solo el gobierno el que ha mantenido una actitud pasiva frente a la presión de Gilead. Nos llama poderosamente la atención el silencio de la mayoría de las sociedades científicas respecto al precio impuesto por la multinacional (lo que se repite con otras enfermedades), y nos genera grandes dudas respecto a sus relaciones con la industria multinacional farmacéutica. (...)

♦ La problemática puesta en evidencia por los pacientes de Hepatitis C no es, sino una más de la larga lista de problemas del sistema sanitario, que tiene su raíz en el proceso de mercantilización que gobiernos de todo color político y empresas llevan ejecutando desde hace décadas. Hoy es la Hepatitis C, pero el hecho general es que la inmensa mayoría del gasto farmacéutico —que es casi la cuarta parte del gasto sanitario público total— está absolutamente sobredimensionado en función de los intereses de la industria farmacéutica. (...)"             (CAMPAÑA PRIVATIZAR MATA, en Attac España, 17/01/2015)

3.11.14

Peter C. Gotzsche: “Las farmacéuticas extorsionan a los gobiernos”

"Peter C. Gotzsche es un afable biólogo y químico danés que ha escrito un libro en el que, con mucha documentación y un lenguaje claro, le da la mayor de las bofetadas a las empresas farmacéuticas. 

Bajo el título Medicamentos que matan y crimen organizado (Los libros del Lince, 2014) cuenta cómo las farmacéuticas “han corrompido” el sistema de salud para fortalecer y maximizar sus beneficios económicos.

El libro está jalonado de frases muy duras, como cuando recuerda que un directivo de una farmacéutica le dijo a un visitador médico: “Debemos estar ahí dándoles (a los médicos) la mano y susurrándoles en la oreja que receten Neurontin para los dolores, Neurontin para el tratamiento con monoterapia, Neurontin para tratar el trastorno bipolar, ¡Neurontin para todo!

 Y no quiero oir ni una palabra sobre esta mierda de la seguridad”. Esas frases resumen, a juicio de Gotzsche, la teoría económica de las farmacéuticas.

Pero, sin duda, lo que más asusta son algunos datos en frío. Según denunciaron a través de la revista Lancet 31 científicos, en una carta abierta al presidente inglés David Cameron, “en Europa había 197.000 muertos al año por los efectos adversos de la medicación”. 

“Los fármacos antiarrítmicos provocaron cerca de 50.000 muertos anuales en EEUU”, “en 2004, el rofecoxib podría haber causado la muerte por trombosis a 120.000 personas en todo el mundo”, “los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden causar la muerte de 20.000 pacientes al año por úlcera”, “hasta 2007, la olanzapina había acabado con la vida de 200.000 personas en todo el mundo”.

Para Gotzsche estas cifras son un “escándalo”. “¿ Y por qué no se conocen estos datos?”, se le pregunta. “Esta industria invierte más del doble en marketing que en innovación”, recuerda. Su conferencia de 30 minutos en la sede la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de Madrid, deja a los asistentes preocupados e indignados a partes iguales. (...)

Usted habla de que estamos sobremedicados. ¿A quién le interesa esta sobremedicación?

Ya sabes la respuesta, los únicos y mayores interesados son la industria farmacéutica. La mayor parte del dinero que ganan consiste en dar medicamentos a personas que estarían mejor si no se tomaran ningún medicamento.

Usted define esa forma de actuar como “mafiosa”. ¿Es algo novedoso o ya ocurría antes?

No, siempre ha sido así. Si retrocedes en la historia te encuentras con los ejemplos más aterradores. Por ejemplo, el problema que hubo con la talidomida y los niños que nacían sin brazos. Esto pasó hace 50 años. La empresa farmacéutica alemana hizo todo lo que pudo para evitar los datos que tenían sobre los efectos de este medicamento. Incluso cuando unos médicos averiguaron que el problema era la talidomina, los intimidaron durante años.

¿Y ahora se ha generalizado este tipo de prácticas? Podría valer como ejemplo el caso de la gripe A y el Tamiflú.

Eso fue un escándalo terrible, ni siquiera tuvimos la posibilidad de saber quiénes eran las personas que estaban aconsejando a la Organización Mundial de la Salud y es evidente que ganaron mucho dinero con eso…

El Ministerio de Sanidad español está negociando con una empresa farmacéutica un tratamiento para la Hepatitis C, por el que se pide una cantidad desorbitada

No conozco el caso en profundidad, pero siempre ocurre algo así: cada vez que aparece una medicación innovadora, es demasiado cara. Esto es extorsión…

¿Las farmacéuticas extorsionan a los gobiernos?

Sí, sin duda, porque tienen el monopolio. Ellos fijan el precio que les da la gana. Además, los gobiernos acaban pagando porque no quieren que salga en la televisión un paciente diciendo que se puede morir porque el Gobierno no quiere pagar un medicamento muy caro.

 Es como cuando hay un secuestro con rehenes y te ponen entre la espada y la pared para que hagas lo que quieren. No hay ninguna relación entre lo que cuesta hacer el producto y al precio que lo venden.  (...)

Y en esta situación, ¿la Agencia Europea del Medicamento sirve para algo?

Las agencias de control de medicamentos no están protegiendo a los pacientes tal y como deberían hacerlo. Aprueban para su comercialización un número demasiado grande de medicinas que son peligrosas y ni siquiera se ponen a estudiar en serio cuando les alertamos de que hay problemas.

¿Y cómo presionan las compañías farmacéuticas a estos estamentos?

No lo sabemos con mucha profundidad porque la gente cuando cobra un soborno no está muy dispuesto a contarlo, pero hay documentación concreta de corrupción en la Agencia Americana, en la Agencia Italiana… muchas veces ha ocurrido.

El libro está muy documentado y en él se nombra a varias compañías y empresas pero, ¿quiénes son los dueños de estas empresas?

Muchas son de fondos de inversión. Pero también hay que hablar de los directores de las empresas, consejeros delegados. Muchos de ellos fueron interrogados por criminólogos, y la conclusión es que eran unos bastardos sin sentimientos.

Un caso paradigmático que aperece en el libro es el de la fluoxetina (Prozac) y su comercialización en Suecia

Sí. Yo conocí a la persona de la compañía farmacéutica, John Virapen. Su jefe en Inglaterra le dijo que era necesario que se aprobara en Suecia esté fármaco. A él le dio miedo perder su trabajo, igual que pasa en la mafia: o matas tú o te matamos a ti. Entonces  este hombre averiguó quien era la persona decisiva a bases de sobornos y llegó hasta a él. El fármaco se aprobó."               (Entrevista a Peter C. Goetzsche, La Marea, 12/09/2014)

29.1.14

“No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”. Para alemanes, holandeses....no para griegos, españoles o portugueses

Marijn Dekkers, consejero delegado de Bayer

"La discusión con las autoridades indias consiguió sacar de sus casillas al consejero delegado de Bayer. En juego estaba la patente de su anticanceroso Nexavar, un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y riñón. “No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”, saltó el consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Y varios medios lo han recogido después.

Un excolega de Dekkers, John LaMattina, le dio ocasión de disculparse después. En un artículo publicado en Forbes, el exdirectivo de Pfizer le recrimina sus palabras. Y así dio pie a que Dekkers se explicara. Bayer remite a esas declaraciones.

“Lamento que lo que una rápida respuesta en el marco de una discusión haya salido a la luz de una manera que yo no pretendía. No puede ser más contrario a lo que yo quiero y lo que hacemos en Bayer”, dice Dekkers. Como compañía “queremos mejorar la salud y calidad de vida de la personas, independientemente de su origen o ingresos”. 

“En cualquier caso, estaba especialmente frustrado por la decisión del Gobierno indio de no proteger la patente del Nexavar que nos había concedido la autoridad en patentes del país. Estoy convencido de nuestra capacidad para innovar y en una abierta discusión en la reunión, mientras expresaba mi frustración fundamental, tenía que haber aclarado esto”. (...)

El enfrentamiento con India es uno más de un gran laboratorio con un país que aplica rigurosamente una ley de patentes que les lleva a rechazar la protección de algunos productos punteros (la mayoría de los casos porque no permiten modificaciones en la patente original según avanzan las investigaciones en los medicamentos, por ejemplo buscando sales diferentes). 

Fue lo que llevó al conflicto con Novartis por otro anticancerígeno (el Glívec). Con esa política, el Gobierno indio no solo consigue que la patente dure menos (lo que obliga a los laboratorios a bajar sus precios para competir), sino que protege a su pujante industria de genéricos."         (El País, 23/01/2014)

15.4.10

Tres hospitales públicos trataron a familiares de médicos con un costoso fármaco que se negó a otros pacientes

"La petición de ayuda formulada por la madre de un enfermo de cáncer ante el Defensor del Pueblo andaluz ha destapado varios casos de trato de favor en hospitales públicos de esa comunidad para acceder a un medicamento al que se le han atribuido propiedades antitumorales. El fármaco se llama Emend, lo comercializa la empresa Merck y su principio activo es el aprepitant, cuya indicación autorizada es la prevención de náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia.

Pero un grupo de investigadores sevillanos ha comprobado que, en grandes dosis, este medicamento puede ejercer actividad anticancerosa, aunque no se ha desarrollado aún un ensayo clínico que desmienta o confirme estas expectativas. Pero, según una resolución dictada la semana pasada por el defensor del pueblo, José Chamizo, su oficina ha constatado que mientras a algunos pacientes se les niega el uso del medicamento por falta de evidencia científica, a otros se les está dando. Varios de los beneficiarios han sido familiares directos de médicos del Hospital Virgen del Rocío, en el que trabaja el equipo que investiga las propiedades antitumorales del aprepitant, según han asegurado a este periódico fuentes del Defensor del Pueblo Andaluz y ha admitido la Consejería de Salud.

La investigación del defensor nació de la queja presentada por la madre de un joven sevillano que padece un melanoma con metástasis. Su familia supo de las supuestas cualidades anticancerosas del aprepitant y empezó a dárselo. Pero el tratamiento, a las dosis necesarias para el supuesto efecto antineoplásico (contra las células tumorales) cuesta 600 euros diarios, para lo que el joven contó al principio con ayuda de sus vecinos. La familia sabía que la enfermedad era imparable y que el medicamento no tenía efectos curativos, pero asegura que desde que empezó a tomarlo sus condiciones de vida mejoraron y las pruebas demostraron que, aunque la enfermedad seguía su curso, habían desaparecido focos de metástasis en los pulmones, la ingle y la vesícula.

La familia acudió al servicio de oncología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para pedir que le prescribieran el fármaco para este uso, pero el centro desestimó la solicitud bajo la premisa de que no existen "evidencias científicas" que avalen las propiedades anticancerosas del aprepitant. El problema, según la resolución dictada la semana pasada por el defensor, es que, a la vez que se le negaba a este paciente, otros lo estaban tomando. "Este posicionamiento, que pudiera entenderse razonable", escribe el defensor sobre el rechazo a la administración del fármaco, "no resulta sin embargo sostenible cuando la negativa facultativa para la solicitud del uso compasivo ha coincidido en el tiempo con el suministro del medicamento a otros pacientes". (El País, ed. Galicia, sociedad, 30/03/2010, p. 32)

18.6.09

El negocio de las epidemias de gripe

"Lo ocurrido con la gripe aviar debería ser aleccionador. (...)

La OMS pidió a los países más afectados que colaboraran entregando muestras del virus en cuestión a los cuatro centros de investigación del virus de la gripe que existen en todo el mundo asociados a la OMS y a los tres laboratorios de referencia dedicados a la búsqueda de la vacuna, situados todos ellos en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Según un protocolo de la OMS difundido por la ONG Third World Network, "no se distribuirán esos virus a ningún otro laboratorio sin permiso del país que envió la muestra original". (...)

Aun así, una compañía farmacéutica privada, a la que probablemente alguien de uno de esos laboratorios "autorizados" había facilitado muestras del virus de la gripe aviar detectada en Indonesia, apareció en Yakarta intentado vender dosis de la vacuna apropiada a 20 dólares la unidad. Dado que Indonesia tiene 200 millones de habitantes y que el Gobierno deseaba crear un fondo de reserva de vacunas capaz de hacer frente a una eventual epidemia, la operación era económicamente fantástica.

El Gobierno de Indonesia mostró su enfado suspendiendo el envío de muestras del H5N1 a los centros de investigación, hasta obtener garantías de que se respetaban lo que, a su juicio, eran acuerdos vigentes con la OMS. La decisión perjudicaba la investigación científica, pero era fácilmente comprensible. Según el People's Health Movement (PHM), países como Indonesia, Tailandia, India, Nigeria o Brasil llevan dos años luchando para que la OMS cambie su regulación actual respecto a los virus de la gripe y asegure a los países emergentes el acceso a la tecnología y el know-how necesarios para ser capaces de hacer frente directamente a una eventual epidemia o pandemia.

Las peticiones de esos países han tropezado, según PHM, con la dura resistencia de Estados Unidos, la Unión Europea (siempre dispuesta a ponerse de acuerdo en temas comerciales de este tipo) y Japón, que quieren disponer de las muestras de los virus, pero no quieren compartir ni la tecnología ni los conocimientos para desarrollar las vacunas apropiadas. (...)

Según ese estudio, las normas europeas sobre la propiedad intelectual podrían hacer subir un 34% el precio de los medicamentos en países como Perú y Colombia." (SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ: Conflicto de intereses. El País, Domingo, 14/06/2009, p. 13)