Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

 "Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

En el caso de las cláusulas abusivas, el Santander tiende a retrasar los litigios todo lo que puede porque sabe que, al final, le va a tocar devolver el dinero a los clientes a los que colocó esas cláusulas ilegales.

Un ejemplo de ello es lo que sucede con las cláusulas suelo, y eso que hay doctrina del Tribunal del Supremo que determinó que era una práctica abusiva y, en consecuencia, ilegal, por lo que todas las entidades bancarias están obligadas a devolver lo cobrado de más tras la caída del Euribor.

Sin embargo, el Santander es como los falangistas y actúa inasequible al desaliento, litigando y litigando, llevando las reclamaciones a juicio, recurriendo y no pagando hasta que el cliente estafado reclama una ejecución de la sentencia.

Los datos oficiales demuestran cómo el Santander, con esta estrategia, está colapsando los juzgados y, en consecuencia, está impidiendo que se haga justicia…, cuando se hace. Según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en los juzgados de la Comunidad de Madrid hay abiertas 70.027 causas de cláusula suelo. Fuentes judiciales consultadas por Diario16 señalan que más de 30.000 corresponden a Banco Santander. Es decir, un 42,9%.

Esto sólo es posible por la estrategia de litigación irresponsable que aplica el Santander. Abogados especialistas en cláusulas abusivas han confirmado a Diario16 que el Santander siempre va a juicio, independientemente de si la cantidad reclamada por los clientes es grande, mediana, pequeña o ínfima. «Nos llevan a juicio hasta por reclamaciones de comisiones de apertura que no llegan ni a los 500 euros», señala a este medio una letrada.

Si el Santander pierde en primera instancia, recurre a la Audiencia Provincial correspondiente y aquí se produce una verdadera crueldad: cuando la sentencia es favorable a los clientes, les obliga a reclamar la ejecución de la sentencia, por lo que se demora el tiempo para recuperar el dinero.

«Es todo lo contrario de lo que ocurre con el BBVA», sentencian las mismas fuentes consultadas.

Esta actitud del Santander ha sido condenada, incluso, por los tribunales en varias ocasiones. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona, en una sentencia sobre cláusulas hipotecarias abusivas, además de condenar a la entidad a devolver las cantidades cobradas de más, señaló que «la postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición».

Más recientemente, en 2022, fue la Audiencia Provincial de Barcelona la que condenó en costas por temeridad, ya que «el consumidor formuló reclamación con más de un año de antelación a la interposición de la demanda y no obtuvo respuesta alguna del banco».

A pesar de estas condenas, el Santander sigue adelante con esta estrategia de litigación irresponsable que está colapsando los juzgados y, según denuncian distintos juristas consultados, puede conculcar, incluso, la Constitución española, al impedir el normal desarrollo del derecho a la Justicia de la ciudadanía. Pero eso, al Santander, le da exactamente igual.

«Cuando el sistema está ideado para defender al grande y al poderoso y no para aplicar el principio de igualdad procesal el pequeño siempre tiene todas las de perder y de eso se valen las grandes corporaciones. Es David contra Goliat. Cuando se declara que un producto es ilícito, el Banco de España debería a obligar a todas las entidades a eliminarlo sin necesidad de que cada cliente acuda a los juzgados. De esa manera se eliminaría el exceso de litigiosidad que demora la Justicia y que es provocado por las grandes corporaciones», denuncia a Diario16 un letrado que conoce la estrategia de litigación del Santander.

Archivos rápidos o alargamientos artificiales

Sin embargo, cuando los asuntos a los que se enfrenta el Santander pueden sacudir su línea de flotación, los tiempos se recortan mucho. La presunta gran influencia que tienen sus abogados sobre los jueces de determinadas instancias u organismos judiciales provocan que las causas se archiven muy rápidamente o que, directamente, sean sobreseídas obviando, incluso, informes periciales de organismos oficiales.

El caso de blanqueo de capitales, instruido por el juez Pedraz, es un ejemplo de esto último. La causa la había llevado durante varios años el juez De la Mata y había reclamado al Banco de España un informe pericial sobre si el Santander formaba parte de una red de blanqueo de capitales junto a BNP y HSBC. De la Mata marchó a Eurojust y fue sustituido por Pedraz quien, en menos de un mes, ya había sobreseído la causa y absuelto al Santander.

La ocultación de 2.000 millones de euros por parte de la familia Botín en Suiza también tuvo un recorrido judicial muy corto, ya que el juez Fernando Andreu lo resolvió con el pago de la multa correspondiente y no inició actuaciones judiciales contra quienes habían reconocido una evasión fiscal de libro.

En otros casos, los tiempos de la Justicia se han acomodado a los intereses del Santander. Si interesa que se alargue, como sucede con el Caso Popular, se alargará. Si se topan con fiscales o jueces que pueden condenar, se crearán doctrinas «ad hoc» para salvarlos. Si, directamente, el golpe que pueden sufrir afecta a su presidenta o a la cúpula del banco, entonces se archiva."                (Esteban P. Cano, Diario16, 10/10/23)

Los grandes bancos llegan a cubrir pérdidas gracias al dinero de la corrupción... Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares

 "El pasado viernes se conoció la multa de 124,9 millones de euros impuesta a Banco Santander por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) por graves y persistentes lagunas en los controles de blanqueo de capitales.

En concreto, según el documento de la FCA, al que Diario16 ha tenido acceso, entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Santander no supervisó ni administró adecuadamente sus sistemas de control de blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés), lo que afectó significativamente la supervisión de cuentas de más de 560.000 clientes comerciales.  

«Santander contaba con sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que estarían realizando. El banco tampoco supervisó adecuadamente el dinero que los clientes les habían dicho que pasaría por sus cuentas en comparación con lo que realmente se estaba depositando», afirmaba la FCA.

Si las estrategias contra el blanqueo de capitales se están endureciendo, ¿por qué los bancos lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen perfeccionando los métodos para eludir la ley? Muy sencillo, porque es muy rentable.

 Los bancos pueden aumentar sus resultados finales o cubrir pérdidas con las tarifas que cobran a medida que el dinero se mueve a través de las redes de cuentas que, a menudo, mantienen usuarios corruptos del sistema financiero. 

JPMorgan Chase, por ejemplo, obtuvo millones de dólares al servir como el banco de preferencia de Bernard Madoff, según consta los documentos presentados en el caso de quiebra generado por el colapso de su esquema piramidal de miles de millones de dólares.

Sin embargo, JP Morgan pagó en enero de 2014 2.600 millones de dólares a agencias estadounidenses para resolver las investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. El banco de inversión, no obstante, registró beneficios de más del doble de esa cantidad sólo en ese trimestre, 22.000 millones de dólares de beneficios en ese año. Madoff se declaró culpable y fue condenado a 150 años en una prisión federal, donde murió en abril de 2021.

Al ser rentable este tipo de operaciones, JPMorgan continuó, después de esas acciones de ejecución, moviendo dinero para personas involucradas en presuntos delitos financieros. Entre ellos, se puede contar el caso paradigmático de Jho Low, un financiero acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de malversar más de 4.500 millones de dólares de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Movió poco más de 1.200 millones a través de JPMorgan de 2013 a 2016.

Movimientos sólo en dólares

Diferentes agencias federales estadounidenses desempeñan un papel muy importante en los esfuerzos contra el blanqueo de capitales en todo el mundo, sobre todo porque los grandes lavadores de dinero utilizan el mismo sistema legal que muchos clientes bancarios que operan a través de las fronteras: mover dólares estadounidenses, la moneda global de facto, entre titulares de cuentas en diferentes países.

Los grandes bancos estadounidenses y europeos con importantes operaciones en Nueva York cobran comisiones por realizar este truco, aprovechando su acceso privilegiado a la Reserva Federal de Estados Unidos. Las operaciones estadounidenses de estos bancos también pueden ayudar a convertir el dinero local en dólares estadounidenses, otro objetivo clave del blanqueo.

 La ley estadounidense confía a los bancos la responsabilidad de prevenir el blanqueo, a pesar de que sus incentivos financieros van completamente en la dirección de mantener el dinero, sucio o limpio, en movimiento. Si bien los bancos están autorizados a detener una transacción si parece dudosa, no necesariamente se les exige que lo hagan. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa.

Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares.

El resultado de esto es que los bancos, con frecuencia, presentan informes de actividades sospechosas solo después de que una transacción o un cliente se convierte en el tema de un artículo de noticias negativo o una investigación del gobierno, generalmente después de que el dinero ya está blanqueado."                 (José Antonio Gómez , Diario16, 12/12/22)

La filtración de Natalie Edwards demostró que los gobiernos democráticos son los cómplices necesarios de los crímenes de la banca... Los Estados democráticos, cuando las autoridades de control encuentran casos de blanqueo de capitales, alcanzan acuerdos con los bancos responsables para evitar intervenir a estas grandes entidades y meter a los banqueros en la cárcel

 "Tal y como hemos publicado en Diario16, Natalie Edwards fue condenada y encarcelada por filtrar a la prensa los documentos que revelaban cómo los grandes bancos habían blanqueado en apenas 8 años más de 2 billones de dólares. En algunos casos, ese dinero procedía de organizaciones que financiaban al terrorismo internacional, a los cárteles de la droga o a cleptócratas corruptos. Esta funcionaria estará en una cárcel federal de Estados Unidos durante 6 meses y tendrá que vivir en libertad vigilada 3 años, mientras que los banqueros culpables se encuentran en la calle.

Uno de los puntos más importantes de la importancia de los más de 50.000 documentos filtrados por Edwards es cómo, en realidad, el sistema, los gobiernos, protegen a los grandes bancos que consiguen acuerdos con las autoridades judiciales, los llamados acuerdos de procesamiento diferido, para pagar millonarias multas, pero, en realidad, continúan actuando del mismo modo. Natalie Edwards demostró que los países democráticos son el cómplice necesario para que los bancos sistémicos globales continúen manteniendo el blanqueo de capitales como su negocio más rentable.  

En 2012, HSBC fue descubierto por permitir a los cárteles mexicanos de la droga blanquear dinero y realizar negocios en países prohibidos como Sudán y Myanmar. El banco fue multado con 1.900 millones de dólares. La entidad británica prometió cambiar sus formas y, para cumplir con esa promesa, el gobierno instaló un monitor independiente para vigilar de cerca sus movimientos. 

Sin embargo, los documentos filtrados por Edwards demuestran que HSBC continuó realizando operaciones bancarias y beneficiándose de los mismos tipos de clientes que lo metieron en problemas como, por ejemplo, una empresa de importación y exportación panameña que el Departamento del Tesoro detectó que estaba blanqueando dinero para los cárteles internacionales de la droga.

Por otro lado, JPMorgan Chase obtuvo su propio acuerdo de procesamiento diferido. Durante años, fue el banco principal del mayor estafador piramidal del mundo, Bernard Madoff, con el que, por cierto, mantuvo relaciones muy cercanas tanto con el Banco Santander (a través de Optimal) como con los fondos gestionados por Javier Botín y Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín. 

Al igual que ocurrió con el Santander, a pesar de las múltiples advertencias de los propios empleados de JP Morgan, el banco nunca presentó un informe de actividad sospechosa sobre Madoff y la entidad estadounidense supuestamente recaudó 500 millones de dólares en honorarios, tal y como se puede comprobar en la sentencia de la Corte Suprema del Distrito Sur de Nueva York, a la que Diario16 ha tenido acceso. 

Como castigo, se requirió que el banco pagara una multa de 1.700 millones de dólares y que prometiera mejorar sus defensas contra el blanqueo de dinero. 

No obstante, después de que se resolviera el caso Madoff, los propios investigadores del banco dijeron que sospechaban que había abierto sus cuentas a una presunta figura del crimen organizado ruso que es conocido por el tráfico de drogas y asesinatos por contrato, así como negocios vinculados al represivo régimen de Corea del Norte.

Lo mismo sucedió en Standard Chartered. En 2019, el gobierno de Estados Unidos modificó su acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2012 después de que se descubriera que el banco continuaba compensando transacciones para individuos y empresas en países condenados por Estados Unidos, principalmente Irán, con quien el Santander también tuvo acuerdos de colaboración.

Standard Chartered pagó multas por un total de 1.100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y británicas, y extendió los términos del acuerdo de enjuiciamiento diferido por sexta vez en el espacio de siete años. El banco se disculpó por sus «violaciones y deficiencias de control», pero prometió que no había ocurrido ninguna después de 2014.

Los documentos filtrados a BuzzFeed News por Natalie Edwars, sin embargo, muestran que Standard Chartered procesó cientos de millones de dólares para empresas que sospechaba que estaban eludiendo las sanciones contra Irán hasta, al menos, 2017.

Desde 2010, al menos 18 instituciones financieras han recibido acuerdos de enjuiciamiento diferido por violaciones contra el blanqueo de dinero o sanciones internacionales. De ellos, al menos cuatro volvieron a violar la ley y fueron multados. En dos ocasiones, el gobierno respondió a este tipo de reincidencia renovando el acuerdo de enjuiciamiento diferido, la misma herramienta que falló la primera vez.

España y el Santander, más de lo mismo

Aunque los acuerdos diferidos con los grandes bancos se dieran en Estados Unidos, en España ocurre algo parecido con la protección que el Estado concede a Banco Santander. No vamos a exponer de nuevo aquí todos los escándalos judiciales protagonizados por la entidad cántabra. Sin embargo, sí que es necesario volver a mencionar el caso de las cesiones de crédito, la adquisición de Banesto, el caso Inversión Hogar, los dividendos Cum-ex, el Caso Popular, el presunto fraude de una finca en Mijas, la ocultación de 2.000 millones a Hacienda por parte de la familia Botín, Valores Santander, el fraude piramidal de Madoff, Banif Inmobiliario, Ausbanc, los seguros PPI y un largo etcétera.

Sin embargo, el último gran escándalo judicial en España, protagonizado por el magistrado Santiago Pedraz, quien no dudó en sobreseer un caso de blanqueo de capitales en el que Santander estaba presuntamente implicado. Lo sorprendente (en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.

¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.

Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.

Para terminar de cimentar la protección al Santander, cuando un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para evitar dicha personación, según confirman las mismas fuentes. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.  "               (José Antonio Gómez , Diario16, 27/09/21)

Pedraz confirma que el Santander contribuyó en el blanqueo de capitales, pero archiva la causa

 "Nuevo golpe de la Justicia a la democracia española con un caso relacionado con Banco Santander. El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el caso de blanqueo de capitales en el que el banco cántabro estaba implicado.

Lo sorprendente (que en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.

El informe de los peritos, demoledor

¿Qué más pruebas necesitaba Pedraz después del demoledor informe presentado por los peritos del Banco de España? Ese documento indicaba con claridad que el Santander puso su red al servicio de HSBC para que sus clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España.

Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

La propia Fiscalía, que fue siempre favorable al archivo de la causa, puso de manifiesto que la documentación pericial demostraba graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza.

A pesar de todo esto, Pedraz ha archivado la causa, siguiendo la argumentación presentada por la Fiscalía.

Andrea Orcel tiene la clave

¿Protege una parte de la Administración de Justicia al Santander? Los datos son elocuentes, sobre todo, si se confirmara la existencia de una grabación, supuestamente en posesión de Andrea Orcel, en la que un alto directivo del banco cántabro, presuntamente Jaime Pérez Renovales, se jactaba o amenazaba al transalpino con una frase en la que supuestamente se afirmaba que el Santander sólo pierde en los tribunales los casos que quiere. Esta afirmación, de demostrarse, es un verdadero atentado al Estado de Derecho y llevaría a España a convertirse en un verdadero país fallido.

La gravedad de la existencia o no de dichas grabaciones, y de su presunto contenido, es la razón por la que un ciudadano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, fechada el 12 de marzo de 2021, a la que Diario16 ha tenido acceso, y en la que se señala que, de ser cierta la existencia de dicha grabación en la que se sugiere por el presunto autor de esas palabras un «supuesto control por el Banco Santander de la judicatura española, estaríamos, o bien ante un delito de calumnias hacia el poder judicial en su conjunto y, en particular, hacia los jueces que intervengan en casos que afecten al Banco Santander o bien ante un caso de corrupción judicial, que afecta y desprestigia a toda la judicatura española», afirma la denuncia.

La gravedad de las afirmaciones supuestamente contenidas en la grabación que Orcel afirma que tiene en su poder es, según la denuncia, causa suficiente para que desde la Fiscalía se abra, en primer lugar, una investigación de oficio. Por otro lado, en el documento se insta a la proposición por parte del Ministerio Público de medidas cautelares a los diferentes órganos judiciales en los que se están practicando diligencias en las que una de las partes sea Banco Santander hasta que estos hechos sean resueltos.

El Santander y la Justicia, un problema para España

El problema para el Estado español está en que las afirmaciones supuestamente recogidas en las grabaciones de Orcel tienen para la ciudadanía presunción de veracidad. Millones de ciudadanos sospechan que el Santander tiene control sobre la Justicia. Sin embargo, ya no se trata sólo del ciudadano o la ciudadana de a pie, sino que, tal y como publicamos en Diario16, hasta una jueza ha indicado en el auto en el que elevaba una cuestión prejudicial al TJUE que el Supremo ha realizado interpretaciones de la Ley «en exclusivo beneficio de las entidades financieras».

Los amigos de Villarejo y el Santander

El magistrado Santiago Pedraz forma parte de un grupo de miembros de la Administración de Justicia que, por razones de amistad o de intereses profesionales, han adoptado decisiones siempre favorables al Santander. Además, todos ellos son cercanos al excomisario Villarejo.

Las cesiones de crédito y la Doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario, son algunos de los muchos escándalos judiciales protagonizados por el Santander en los últimos años y que, en principio, podrían estar relacionados con el poder de influencia que pudieran tener los abogados del despacho Uría y Menéndez.

Sin embargo, hay algo más. En muchas de estas decisiones tuvo que ver un círculo de amistades entre importantes miembros de la Justicia y José Manuel Villarejo. En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron las siguientes notas en una libreta

 Como se puede comprobar, aparece el nombre del abogado Manuel Medina que, casualmente, es un punto de unión con personas muy importantes dentro de la Administración de Justicia en España: Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a quien sus amigos la llaman «Lola» y a quien Villarejo también llama «Lola».

Este círculo no dudó en acudir a la presentación del libro de Medina, Se vende banco por un euro, una publicación claramente pro-Banco Santander, un libro que fue presentado por Ángel Corcóstegui, un hombre al que Emilio Botín benefició con más de 100 millones de euros de indemnización tras la fusión con el Central Hispano.

 En uno de los libros de Medina, El éxito de la humildad, se dedican capítulos exclusivos a Baltasar Garzón, Fernando Andreu y Dolores «Lola» Delgado. La amistad de este abogado con el exjuez viene de largo, lo mismo que las relaciones entre Garzón y el Santander. No hay más que recordar las cartas dirigidas a Emilio Botín que empezaban con un familiar «Querido Emilio» para lograr la financiación para los cursos de Garzón en Estados Unidos.

 Un año después de que Baltasar Garzón se marchara a Estados Unidos a impartir sus cursos, archivó la querella interpuesta por Rafael Pérez Escolar contra el Santander por las irregularidades cometidas en la adquisición de Banesto.

Por otro lado, dentro del grupo del abogado pro-Santander están también Fernando Andreu, que confirmó a Diario16 que Medina era su amigo, y Dolores «Lola» Delgado. Ambos también han tomado decisiones, directa o indirectamente, favorables al banco presidido por Ana Patricia Botín. El magistrado, que ahora está destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa por los 2.000 millones de euros que la familia Botín tenía ocultos en el HSBC de Suiza desde la Guerra Civil, según se reconoció en la Lista Falciani.

El traslado de Pedraz

Ahora, Santiago Pedraz se ha sumado a esa lista con el archivo de la causa por blanqueo de capitales. Será o no casualidad, pero el magistrado fue trasladado el Juzgado Central de Instrucción 5 en enero de 2021, sólo unos días después de que la Fiscalía Anticorrupción remitiera el escrito en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa. Casualmente, Pedraz lo sobreseyó provisionalmente al poco de tomar posesión de la plaza.

 Todo parecía destinado al archivo de la misma, sin embargo, un accionista del Santander intentó personarse como acusación popular y, según han confirmado fuentes conocedoras del hecho, se le pusieron todas las trabas posibles. Pedraz le impuso una fianza absolutamente desorbitada para, como confirman las mismas fuentes, evitar dicha personación. Por otro lado, tanto la Fiscalía como los abogados del Santander también se opusieron a que este accionista minoritario pudiera personarse y tener acceso a todo el sumario.  "                    (José Antonio Gómez, Diario16, 29/05/21)

Las relaciones de amistad del excomisario José Manuel Villarejo con importantes personalidades del ámbito de la Justicia y muy relacionadas con el Santander podrían ser la causa de que determinadas causas hayan sido archivadas cuando las pruebas en contra del banco cántabro eran incontestables

 "Mucho se ha escrito en estas páginas respecto al poder que tiene el Santander ante los Tribunales. No es sólo el Caso Popular, sino que multitud de causas en las que las pruebas eran absolutamente contrarias a los intereses del banco cántabro, siempre han tenido como resultado la absolución de la entidad o de sus más importantes directivos.

Ni todos los jueces, ni todos los fiscales, ni todos los periodistas, ni todos los medios de comunicación, ni todos los partidos, ni todos los políticos son iguales. Sin embargo, el Santander tiene las influencias necesarias para controlar a la Administración de Justicia.

 Lo peor es que en el banco presidido por Ana Patricia Botín no se esconden, alardean de ello y lo utilizan como elemento coactivo para que los grandes litigios se resuelvan a su favor. Eso es algo que, según afirmó el banquero italiano Andrea Orcel, Jaime Pérez Renovales, secretario general del Consejo de Administración del Santander, presuntamente dejó bien claro: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

Las cesiones de crédito y la Doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario, son algunos de los muchos escándalos judiciales protagonizados por el Santander en los últimos años y que, en principio, podrían estar relacionados con el poder de influencia que pudieran tener los abogados del despacho Uría y Menéndez.

Sin embargo, hay algo más. En muchas de estas decisiones tuvo que ver un círculo de amistades entre importantes miembros de la Justicia y José Manuel Villarejo. En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron las siguientes notas en una libreta: 

(...)

Como se puede comprobar, aparece el nombre del abogado Manuel Medina que, casualmente, es un punto de unión con personas muy importantes dentro de la Administración de Justicia en España: Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a quien sus amigos la llaman «Lola» y a quien Villarejo también llama «Lola».

Este círculo no dudó en acudir a la presentación del libro de Medina, Se vende banco por un euro, una publicación claramente pro-Banco Santander, un libro que fue presentado por Ángel Corcóstegui, un hombre al que Emilio Botín benefició con más de 100 millones de euros de indemnización tras la fusión con el Central Hispano.

 Manuel Medina, tal y como publicamos en Diario16, ha trabajado como asesor e intermediario para Banco Santander. En concreto, en el caso de la constructora Inversión Hogar, Manuel Medina se presentó ante sus administradores para ofrecer sus servicios de mediación con el Santander con el fin de intentar llegar a un acuerdo. Fuentes de la constructora confirmaron a este medio que el abogado con despacho en la calle Hermanos Bécquer de Madrid «se ofreció para mediar con el Santander por sus amistades en el banco, entre ellas, supuestamente, con Emilio Botín». Incluso llegó a enviar a la constructora ejemplares de sus libros firmados.

En uno de esos títulos, El Éxito de la Humildad, Medina dedica capítulos exclusivos a Baltasar Garzón, Fernando Andreu y Dolores «Lola» Delgado. La amistad de este abogado con el exjuez viene de largo, lo mismo que las relaciones entre Garzón y el Santander. No hay más que recordar las cartas dirigidas a Emilio Botín que empezaban con un familiar «Querido Emilio» para lograr la financiación para los cursos de Garzón en Estados Unidos. (...)

Un año después de que Baltasar Garzón se marchara a Estados Unidos a impartir sus cursos, archivó la querella interpuesta por Rafael Pérez Escolar contra el Santander por las irregularidades cometidas en la adquisición de Banesto.

En este asunto de los cursos, es importante reseñar el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena por la causa del modo en que Garzón financió esos cursos y en el que el exjuez estaba acusado de cohecho impropio. «Cuando el querellado [por Baltasar Garzón) asumió la investigación de los hechos imputados en la querella presentada por D. Rafael Pérez Escolar contra D. Emilio Botín y otros directivos del BSCH, nadie cuestionó que la competencia para la investigación correspondía a los Juzgados Centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Es cierto que D. Baltasar Garzón no se abstuvo del conocimiento de aquella querella. Ese hecho tiene un significado jurídico incuestionable. Es la mejor muestra de que el deber de abstención que le incumbía fue conscientemente infringido en gratitud por la generosa respuesta que el BSCH había realizado a su petición de ayuda económica. Cuando el imputado, debiendo abstenerse del conocimiento de esa querella, consideró oportuno ocultar al Fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional.

 » En efecto, de lo investigado ha quedado suficientemente acreditado –siempre en el plano indiciario– que el dinero entregado a petición del querellado e ingresado en las cuentas de la Universidad de Nueva York, lo fue en consideración al cargo jurisdiccional de D. Baltasar Garzón. Es evidente que la utilización de un sobre con membrete oficial proporcionado por el querellado encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha por D. Baltasar Garzón. Ese sobre habla por sí solo de quién pedía el dinero y en atención a quién se concedían los fondos».

Garzón contactó con empresas que, según el auto, habían sido objeto de investigación por hechos por los que se imputó a importantes directivos de BBVA, CEPSA y, por supuesto BSCH (Santander).

La amistad de Garzón con Villarejo es notoria y el exjuez ha aparecido en múltiples grabaciones (...)

Por otro lado, dentro del grupo del abogado pro-Santander están también Fernando Andreu, que confirmó a Diario16 que Medina era su amigo, y Dolores «Lola» Delgado. Ambos también han tomado decisiones, directa o indirectamente, favorables al banco presidido por Ana Patricia Botín. El magistrado, que ahora está destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa por los 2.000 millones de euros que la familia Botín tenía ocultos en el HSBC de Suiza desde la Guerra Civil, según se reconoció en la Lista Falciani.

Por otro lado, recientemente la Fiscalía protagonizó un escándalo mayúsculo cuando solicitó al juez Santiago Pedraz, otro amigo de Medina, el archivo de la causa abierta contra diferentes directivos del Santander, a pesar de la existencia de un informe del Banco de España que revela la colaboración entre el banco presidido por Ana Patricia Botín y el HSBC para el blanqueo y evasión de capitales de varias decenas de españoles que movieron fondos opacos en la sucursal de Ginebra del banco británico sin que Hacienda pudiera localizar ni a los emisores ni a los receptores de las transferencias.

La Fiscalía española, a pesar de reconocer que existían claras evidencias del blanqueo, reclamó a la Audiencia Nacional que se archivara la causa:  «informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza», afirma el escrito de Fiscalía que depende de Dolores Delgado en su calidad de Fiscal General del Estado.

 Y luego está Villarejo, cuyos servicios fueron contratados por el Santander, según se puede comprobar la factura publicada por El Independiente: (...)

Además, hay que recordar cómo Villarejo, según publicó el digital Moncloa.com, entregó un informe que contenía la transcripción de una llamada telefónica entre Ignacio Rupérez, jefe del Servicio de Estudios del Santander, con Miguel Sebastián en el que el entonces ministro pasó el teléfono a María Teresa Fernández de la Vega en la que ésta afirmó que «Me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema […] Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas [inaudible] aunque ya sabes cómo son en ese ministerio». El tema no era otra cosa que el caso de las cesiones de crédito que provocó la creación de la Doctrina Botín.

Todas estas relaciones entre Villarejo, Manuel Medina, Baltasar Garzón, Dolores «Lola» Delgado y Fernando Andreu muestran una interconexión directa con Banco Santander y, tal vez, estas conexiones sean la respuesta a muchas preguntas que el pueblo se hace respecto a la impunidad del banco presidido por Ana Patricia Botín ante los tribunales españoles."                  (José Antonio gómez, Diario16, 16/02/21)

Banco Santander: presunto promotor y beneficiario de la corrupción judicial española... la perfecta complicidad entre Santander y el despacho Uría y Menéndez, uno de los grandes bufetes que forma parte del lobby que controla a la Justicia española y que podría estar garantizando esa presunta impunidad tanto del Santander como de la familia Botín

 "Tal y como hemos publicado en Diario16, son cientos las ciudadanas y ciudadanos españoles que han presentado denuncias contra España ante la Comisión Europea por, precisamente, la corrupción judicial existente en el país. El verdadero problema para España no es el número de denuncias, sino que cada mes que pasa se van incrementando.

En concreto, existen dos denuncias, a las que ha tenido acceso Diario16, en las que se ponen como ejemplo de esa corrupción judicial los casos, causas, demandas, procedimientos o querellas más importantes en las que el Banco Santander se ha visto favorecido por las decisiones judiciales, incluso creando doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que los miembros de la familia Botín, altos directivos, consejeros o la propia entidad cántabra fuera condenada.

 Uno de los elementos que fundamentan la puesta como ejemplo del Santander en la denuncia por corrupción judicial se halla en la impunidad que parece tener el banco presidido por Ana Patricia Botín: «las cesiones de crédito y la doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón Real coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario» se afirma en una de las denuncias que agrega «los 7.000 millones de euros de Valores Santander y el diferente trato que se dio a dicho producto tóxico del Banco Santander respecto a las preferentes de Bankia, judicial y mediáticamente».

 Otra de las denuncias indica la perfecta complicidad entre Santander y el despacho Uría y Menéndez, uno de los grandes bufetes que forma parte del lobby que controla a la Justicia española y que, en este caso, podría estar garantizando esa presunta impunidad tanto del Santander como de la familia Botín.

Esta denuncia hace referencia a un hecho que estos lobbies realizan, no sólo con el banco cántabro, sino con todos los representantes de las élites que ejercen su poder oculto en contra de los intereses del pueblo. Esta actitud es la referida a que trabajan «con Dios y con el diablo», es decir, saltándose la deontología y la buena praxis profesional al obviar conflictos de intereses: «la familia Pérez Dolset ganaba los pleitos hasta la entrada en escena de Uría y Menéndez con su abogado estrella, Jesús Remón Peñalver, ante el Tribunal Supremo».

Además, se hace referencia a la supuesta endogamia entre el Santander y su bufete de cabecera, donde ya trabajan «Marta Ríos Estrella socia de Uría y mujer de Javier Botín y a Francisco Javier Illescas que pasó de socio de Uría a lo más alto de la asesoría jurídica del Santander». Además, no hay que olvidar cómo Manuel Echenique Sanjurjo, hijo del exvicepresidente del banco cántabro, Rodrigo Echenique, también es socio de Uría y Menéndez.

 La connivencia que la ciudadanía ve entre la banca y la Justicia llega a su punto máximo cuando es el Santander el que tiene que dar cuentas ante los tribunales. Hay juzgados en España en los que todas las causas que llegan de la entidad cántabra son archivadas, desestimadas o sobreseídas.

La Audiencia Nacional, en concreto el juez Fernando Andreu, archivó el caso de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, lo que era un claro ejemplo de evasión fiscal. Baltasar Garzón, archivó la querella de Rafael Pérez Escolar por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas en relación de la compra de Banesto y que fue calificada como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española». Todo esto ocurrió tras el escándalo de los cursos de Baltasar Garzón en Nueva York que fueron patrocinados por el Santander.

 El último ejemplo de estas decisiones favorables al Santander se ha dado en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa del blanqueo de capitales de HSBC a través del banco cántabro y del francés BNP. En el auto se declara taxativamente que, a pesar de que el informe pericial del Banco de España muestra claras evidencias de estos hechos, tanto la Fiscalía como el propio juez indican que no son suficientes para iniciar proceso penal contra los directivos del Santander imputados.

Las puertas giratorias de la Justicia también favorecen a la banca. Hablamos mucho de la transferencia de cargos políticos a la empresa privada pero pasa desapercibida cómo jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dejan sus puestos para trabajar como abogados en bufetes privados defendiendo a las entidades que, precisamente, fueron juzgadas por ellos mismos. El caso del exjuez Gómez Bermúdez es uno de los más paradigmáticos porque en su momento intentó ser presidente de sala en la querella de Pérez Escolar o fue el ponente de la doctrina Botín y fue el encargado de defender a Jaime Botín en el caso del contrabando del cuadro por el que, por cierto, fue condenado.

 En la denuncia se incluye una frase con la que finalizaba el reportaje de la revista La Clave sobre los lobbies de la Justicia que es muy esclarecedora: «Estos nuevos letrados, lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales, se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su agenda de contactos desempeña un papel estelar».

 La influencia de estos lobbies en favor del Santander son el mejor ejemplo de que las denuncias presentadas ante la Comisión Europea están fundamentadas en hechos. No hay más que ver a los asistentes de la presentación del libro Se vende banco por un euro de Manuel Medina, asesor y lobista del banco cántabro, en el que se encontraban miembros de todos los poderes de la democracia mano a mano con los representantes de las élites económicas, financieras y empresariales de este país.

 ¿Hay corrupción judicial en España? Son muchas las denuncias interpuestas por la sociedad civil y por ciudadanos que así lo muestran. Estas son dos más y sólo se podrá revertir la situación con una revolución absoluta del tercer poder que busque de una manera definitiva la absoluta independencia de los tribunales respecto a los intereses de los poderes financieros o de las grandes familias. Sólo así en España se logrará que la Justicia sea justa."                     (José Antonio gómez, diario16, 10/02/21)

Cuatro magistrados del Supremo que aprobaron la Doctrina Botín fueron presuntamente víctimas de chantaje... «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia»

 "Documentación a la que ha tenido acceso Diario16 y que se adjunta a una denuncia presentada por la asociación contra la corrupción ACODAP, revelaría una trama de presuntos chantajes y sobornos a cuatro magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la actualidad jubilados. 

Dichos documentos manuscritos mostrarían cómo, supuestamente, a estos jueces se les habría condicionado su decisión respecto a una querella presentada contra un fiscal quien, en base a la documentación, sería la persona que presuntamente chantajeó a los magistrados a través de supuestas actividades de sus esposas.

Los hechos sucedieron en el año 2006, según manifiestan los documentos. Un año después, estos mismos cuatro magistrados intervinieron un año después en la Sala que tenía que resolver la Doctrina Botín y votaron a favor de exonerar de cualquier tipo de responsabilidad al entonces presidente de Banco Santander, Emilio Botín, respecto al caso de las Cesiones de Crédito.

Según los documentos manuscritos incorporados en la denuncia de ACODAP, los magistrados Joaquín Giménez García, Carlos Granados Pérez, Antonio Ramos Gancedo y José Ramón Soriano Soriano se les indicó lo siguiente para que apoyaran al fiscal en una querella presentada contra él.

A Joaquín Giménez: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la procedencia del dinero con que tu esposa compró 40.000 m2 de terreno en Jaén el 4-9-2005 días antes de que resolvieses favorablemente un recurso presentado por el autor de una estafa, en la que robaron 8 millones de euros, sin que apareciera el dinero por ninguna parte».

 A Carlos Granados: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo la titularidad de tu esposa sobre un depósito de 1.000.000 € que Emilio Botín le abrió en Suiza el pasado mes de febrero en compensación por tus gestiones acerca del problema personal del banquero con la justicia».

 A Diego Antonio Ramos Gancedo: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo cómo te hiciste con tu casa de Menorca, que era patrimonio, a través de sociedades interpuestas, del narco Fajardo, al que tú dejaste en libertad y se dio a la fuga».

 A José Ramón Soriano: «Tú me das tu apoyo y yo no divulgo el depósito de 600.000.-€ abierto en el Santander en mayo de 2003, a nombre de una sociedad administrada por tu esposa, justo 2 días antes de que dictaras una sentencia absolutoria de un conocido narcotraficante gallego. Si tenemos en cuenta que la profesión de tu esposa es sus labores, el citado depósito es harto sospechoso, ¿no lo crees así también?».

 Estas cartas estarían mostrando, además del presunto chantaje por parte del fiscal que se quería proteger de una querella, algunos supuestos manejos internos de determinados miembros de la Administración de Justicia que mostrarían la presunta corrupción judicial existente en España y que, tal y como hemos publicado en Diario16, ha provocado la presentación ante la Justicia Europea de denuncias por parte de cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran desamparados por las decisiones favorables a determinadas élites por una parte de la judicatura.

La gravedad de las acusaciones de la denuncia de ACODAP obligan al fiscal y a los magistrados ya jubilados a, en el caso de no ser ciertos los hechos denunciados, hacer un comunicado público o convocar una rueda de prensa para exponer su versión de los hechos denunciados o para desmentirlos.

Las Cesiones de Crédito y la Doctrina Botín

Tal y como indicamos anteriormente, estos cuatro magistrados votaron a favor de la exoneración de Emilio Botín y de la implantación de la Doctrina Botín, uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de España. No hay más que recordar cómo, durante la declaración del entonces presidente del Santander, un furgón blindado, que cargaba en su interior 3.000 millones de pesetas (18 millones de euros), daba vueltas por los alrededores de la Audiencia Nacional en espera de que el juez Moreiras le impusiera una fianza para no entrar en prisión calculada en esa cifra.

Entre 1987 y 1991 el Santander captó 430.000 millones de pesetas (2.584,35 millones de euros) a través de las cesiones de crédito, un producto que ofreció la posibilidad de eludir el pago a Hacienda del 25% del capital invertido. La entidad cántabra colaboró con el fisco, pero quedó sin resolver un asunto: un importante número de suscriptores tenían identidad falsa. Por tanto, el Santander había incurrido en un presunto delito de falsedad documental y colaboración necesaria para el fraude.

El fiscal Jesús Santos, junto a varios peritos fiscales, elaboró un informe demoledor que demostraba, precisamente, que el Santander había ocultado la titularidad de algunos suscriptores con nombres falsos o con identidades de personas fallecidas. Por ello, en contra del criterio de la Fiscalía, propuso la imputación de Emilio Botín, Rodrigo Echenique y del resto del Comité Ejecutivo del banco. 

Tal fue la presión que debió asumir Santos que dejó el caso para que continuara con su labor Eduardo Fungairiño que apenas tardó un par de meses en retirar la acusación en contra del criterio de la jueza instructora: Teresa Palacios. A principios de 2001 Fungairiño volvió a la carga y volvió a pedir el archivo de la causa. Finalmente, en diciembre de 2007, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se hallaban los cuatro magistrados citados, determinó que un procedimiento penal no podía continuar si quien sostenía la acusación era, en exclusiva, la acusación popular y no la Fiscalía, creando, de este modo, la Doctrina Botín."                (José Antonio Gómez, Diario16, 11/01/21)

La Justicia española, un poder democrático en cuidados paliativos por la sumisión de una parte de jueces y fiscales a los intereses de las élites financieras y económicas de este país (entiéndase Banco Santander)... la presunta extorsión ejercida sobre cuatro magistrados que aprobaron la Doctrina Botín es de una gravedad de proporciones bíblicas

 "La noticia publicada ayer por Diario16 sobre la presunta extorsión ejercida sobre cuatro magistrados que aprobaron la Doctrina Botín un año después de la supuesta remisión de los documentos incluidos en la denuncia del supuesto chantaje es de una gravedad de proporciones bíblicas, porque, no sólo se trata del presunto chantaje ejercido por un fiscal, sino de los supuestos hechos que éste utilizó para influir en los jueces respecto de una querella presentada contra él.

Sin embargo, lo realmente grave es que dentro de las diferentes administraciones de la Justicia española se puedan producir episodios de este tipo. No se trata de acusar a nadie –para eso está el tribunal ante el que se ha presentado la denuncia–, sino de poner sobre la mesa que la Justicia española está en cuidados paliativos por la sumisión de una parte de jueces y fiscales a los intereses de las élites financieras y económicas de este país.

 Esa es la percepción que tiene, en general, la sociedad española de su Administración de Justicia, porque ya son demasiados los casos en que los tribunales se han mostrado más proclives a proteger a los poderosos que a la ciudadanía, incluso cuando las pruebas eran presuntamente abrumadoras en su contra. Este posicionamiento, esas sentencias o decisiones, provocan que el tercer poder de la democracia española sea reo de sospecha y deje inmovilizado el derecho a la tutela judicial efectiva que el pueblo tiene reconocido frente a los abusos del poder.

Esta responsabilidad es extensiva, igualmente, a todos los poderes democráticos del Estado. Es tan importante cumplir con esta obligación constitucional como terminar con los foros de quienes pretenden imponer al pueblo y a la democracia el «ordeno y mando» de tiempos pretéritos.

La responsabilidad ante la sociedad es de quien tiene la obligación de desmentir, con argumentos sólidos, estos documentos, con transparencia social, legal y humana que demuestre a la ciudadanía española –que ya sufre bastante– la verdad respecto a los hechos denunciados. Abraham Lincoln lo dejó muy claro cuando afirmó que «No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy». Ya está bien de que le toque siempre al contrario demostrarlo si, con tantos detalles, le debería corresponder a la Justicia demostrar la veracidad y la verosimilitud de la denuncia.

Con todos estos acontecimientos, el señor Jaime Pérez Renovales deberá comprender que no se puede decir lo que presuntamente le dijo a Andrea Orcel respecto al poder del Santander sobre gran parte de la Justicia: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

El caso de las cesiones de crédito fue una demostración del poder del Santander sobre una parte de la Justicia, lo mismo que el archivo, por parte del juez Andreu, de la causa por fraude fiscal de la familia Botín por esconder, precisamente en el HSBC de Suiza, durante más de 70 años 2.000 millones de euros o la no ejecución de un embargo de 101 millones por parte del Banco España porque, según el supervisor, ejecutarlo de la cuenta de tesorería hubiera supuesto un riesgo para el sistema financiero español.

Esos barros traen estos lodos. Ahora podrá comprender el magistrado Fernando Andreu la razón por la que no debió asistir a la presentación del libro de Manuel Medina, Se vende banco por un euro, cuando estaba instruyendo el Caso Banco Popular. Ahora podrán comprender Dolores Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, el juez Santiago Pedraz el porqué no se beneficia a la Justicia exhibiéndose en actos de esta naturaleza como demuestra la fotografía con el autor, tal y como hizo el propio Medina con Juan Manuel Cendoya, director general de Comunicación de Santander y Ángel Corcóstegui, exconsejero delegado del Central Hispano y que se llevó una indemnización de 110 millones para que Emilio Botín pudiera presidir en solitario el SCH. Winston Churchill dijo en una ocasión que se precisan «veinte años para construir una reputación y cinco minutos arruinarla. Si pensaras en eso, harías las cosas de forma distinta».

La conciencia del vicepresidente segundo del Gobierno también podrá comprender que la demagogia está reñida con la ética política. No se puede acusar en actos públicos electorales a Ana Patricia Botín por disponer de poder por encima del presidente del Gobierno, y, una vez alcanzado el poder, sonreír a la presidenta del Santander, como  le sugirió el presidente Sánchez que hiciera en los momentos previos al acto celebrado en la Casa de América de Madrid el día 31 de agosto de 2020. También es un buen momento para que el presidente Sánchez haga públicos, por transparencia hacia su ciudadanía, los motivos, que a buen seguro los tendrá, por los que, bien o mal asesorado, tras ese evento mantuvo unas relaciones tan directas, proteccionistas y exclusivistas con la señora Botín.

Joseph A. René Joubert afirmó que «como la dicha de un pueblo depende de ser bien gobernado, la elección de sus gobernantes pide una reflexión profunda», y el conocimiento de los hechos son la mejor medida para que la ciudadanía decida en libertad. La falta de transparencia, precisamente, hurta al pueblo de otro de los pilares que sustenta a cualquier sistema democrático.

Los hechos mencionados en el artículo del día de ayer en Diario16 deberían hacer comprender al Tribunal Supremo o a las audiencias provinciales que no se puede retorcer la ley o ir, directamente, contra las decisiones de la Justicia europea en los casos que afectan directamente al poder financiero, tal y como está ocurriendo con el IRPH o como sucedió cuando el Supremo se desdijo de su decisión de imponer a los bancos el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia tampoco pueden mantenerse al margen de estos hechos y están obligados a actuar.  «No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia», afirmó Montesquieu y, por ello, el propio Gobierno está obligado a retirar a la Abogacía del Estado de la defensa de los intereses de la banca, o de una entidad en concreto, ante los tribunales europeos en contra de su propio pueblo.

Ser ético y coherente con la verdad no es tan difícil si se cree en la independencia de los poderes democráticos, tanto los de Montesquieu como los que los han superado sin contar con el pueblo, en definitiva, dictaduras privadas.

Sin embargo, tampoco ayuda a la Justicia española la posición de la Fiscalía en la instrucción del Caso Popular, cuando se mantiene en la defensa de una línea de actuación contraria a lo señalado por distintos informes que demuestran que la resolución y la ruina de 1,2 millones de personas se produjo sólo y exclusivamente por una crisis de liquidez provocada en 2017.

El pueblo español no se merece del Estado un presunto cómplice silencio respecto a la situación de sumisión de la Justicia a los poderes que hoy lamentablemente superan a los democráticos. Tiempo ha perdido ya para pronunciarse el Ministro de Justicia al respecto de lo publicado por Diario16, tal y como sí ha realizado para defender de cualquier ataque a la democracia, vía sus poderes, en este caso contra el poder judicial, cuando, en otros casos, se sigue privando de libertad a políticos y políticas por expresar, de una u otra manera, nunca peor que esta, su ideología o sentimientos personales a nivel territorial.

Ayer mismo, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, afirmó lo siguiente dirigiéndose a los nuevos alumnos de la Escuela Judicial: «Quiero animaros a afrontar vuestra formación como un gran reto, sin perder de vista la gran misión que vais a desempeñar y, sobre todo, a los destinatarios de la misma, que son los ciudadanos». Con las centenas y centenas de denuncias por presunta corrupción judicial que hay interpuestas en diferentes tribunales españoles y, sobre todo, europeos, alguna de las cuales, tal y como informó este medio, pone como ejemplo de la misma a la influencia del Santander sobre algunos jueces y algunas juezas, ¿cómo puede decir Lesmes algo así?

La situación para la democracia española es insostenible por el elevado número de casos en los que una parte de la Justicia ha retorcido la ley para dictar sentencias o crear doctrinas ad hoc para, presuntamente, favorecer a los poderosos. El problema se halla en que esto no genera una movilización de los poderes democráticos para determinar la veracidad de los graves hechos publicados en estas páginas y, sobre todo, que la ciudadanía no se escandalice porque ya lo vea habitual. Las «cloacas de la Justicia» sólo pueden sobrevivir si la sumisión a los poderes no democráticos pervive durante más tiempo, incluso con el apoyo en demasiadas ocasiones del cuarto poder. "                  (Manuel Domínguez Moreno, Diario16, 12/01/21)

Fiscalía ve posible blanqueo en el Santander, pero pide archivar por "dificultades técnicas"

 "La Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar la investigación en torno al Banco Santander pese a apreciar indicios de que colaboró en el blanqueo y la evasión de fondos de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. 

En un informe remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Público subraya que "los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades" por parte de BNP Paribas y el banco que preside Ana Botín, pero pide dar carpetazo a las pesquisas por "las evidentes dificultades técnicas" y la falta de una prueba "directa, inequívoca y sin fisuras", lo que "no otorga certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en la sede de enjuiciamiento".

El futuro de las diligencias queda ahora en manos del Juzgado Central de Instrucción número 5, que mantiene imputados a siete directivos y exdirectivos del Banco Santander por poner presuntamente su infraestructura al servicio de HSBC Suiza, uno de los bancos más investigados del mundo por lavado de dinero. 

Como adelantó El Confidencial, las averiguaciones en torno al Santander avanzan en paralelo a las diligencias de la red Charisma, el grupo de gestores financieros que lideraba Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— y que presuntamente ocultó en depósitos suizos y andorranos dinero de grandes fortunas españolas.

"La operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español (entre otros hechos delictivos), se extendía al aprovechamiento y repatriación de los mismos, contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander SA y Santander Investment, y de BNP Paribas Securities Services, que prestaron su apoyo en operaciones puntuales", explica la Fiscalía en su informe. Pese a ello, considera que debe archivarse la investigación y apunta, entre otros motivos, a "la ausencia en el momento actual de jurisprudencia del Tribunal Supremo o Constitucional sobre la cuestión".

En cuanto al papel del Santander en esta red, Anticorrupción explica que "era el Banco corresponsal de HSBC en España" y que "a través de la cuenta de corresponsalía se canalizaron sucesivas transferencias con clientes de HSBC españoles". "En parte del periodo investigado (2005-2010) se llevaron a cabo múltiples transferencias de fondos de Suiza a España utilizando los mensajes MT202 que no identificaban al ordenante ni al beneficiario, puesto que la única información que incorporaban se refiere a los fondos transferidos y a la entidad bancaria final depositaria". De esta manera, entre 2005 y 2008 llegaron a hacerse "1.070 transferencias por importe de 73.957.603 euros, de los cuales 13.549.299 provienen de cuentas de denunciados en el caso Falciani".

Mediante este sistema, Anticorrupción sospecha que el Santander puso su red al servicio de los clientes del HSBC de Ginebra para que estos pudieran efectuar movimientos en las cuentas que escondían en Suiza sin tener que salir de territorio nacional, dificultando así el correspondiente seguimiento por parte de Hacienda. "En ningún caso por los responsables de Banco Santander se llevó a cabo control alguno sobre esta operativa a pesar de que HSBC Private Bank Suisse era una entidad de Banca Privada cuyos clientes en muchos casos eran residentes españoles con fondos en Suiza y obligaciones tributarias en nuestro país", critica la Fiscalía en su informe, de 20 páginas.

¿Por qué solicita entonces el archivo? "Sin perjuicio de lo expuesto, las numerosas evidencias afloradas podrían resultar insuficientes para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite el conocimiento cabal de que a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas", argumenta. "La ausencia de publicidad en un primer momento de los contribuyentes españoles defraudadores fiscales podría incidir en esta dirección, aunque resulta difícil de justificar la ausencia absoluta de comunicaciones al SEPBLAC".

Apoyándose en este razonamiento, Anticorrupción pide el sobreseimiento de las diligencias que tiene entre manos la Audiencia Nacional, pero al mismo tiempo considera que los hechos deben seguir investigándose por la vía administrativa: "Interesamos la remisión de todo lo actuado en la presente Pieza a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y a la CNMV, a los efectos oportunos, para depurar las responsabilidades que en su caso procedan en su ámbito de competencia, o la activación de los mecanismos de control oportunos a la vista de los hechos descritos", concluye su informe.

"Absoluta falta de valoración del riesgo"

Entre los hechos que considera que deben revisarse, Anticorrupción destaca "la absoluta falta de valoración del riesgo que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse" por parte del Banco Santander y BNP. Esta falta de previsión choca con "las sanciones impuestas a HSBC sucursal en España", con el "escándalo Gescartera" o con el caso Falciani, cuestiones que pusieron de manifiesto cómo la entidad helvética ofrecía a sus clientes una "estructura para ocultar sus patrimonios" a la Agencia Tributaria. A nivel internacional, el banco suizo fue condenado por blanquear dinero de la droga o manipular los tipos de cambio, pero las dos entidades españolas pasaron por alto estas informaciones a la hora de valorar el riesgo que conllevaba colaborar con el mismo.

Según explica la Fiscalía, en el caso del Santander, la labor de "calibrar los riesgos de la actividad de la entidad cliente y las medidas que deberían adoptarse" se refleja en expedientes de 2005, 2006, 2009, 2011, 2013 y 2015. Una vez revisados los mismos, considera que presentan "numerosas deficiencias en su tramitación", como se plasma en el hecho de que "la calificación otorgada a la entidad suiza hasta el expediente de 2009 (incluido) es de riesgo bajo". "A partir de esa fecha, donde el asunto Falciani es objeto de un amplio despliegue publicitario, la diligencia debida llevada a cabo hasta la fecha de HSBC Private Bank Suisse es sustituida por la de su matriz, obviando la valoración de la filial en el país helvético, que continúa siendo de riesgo bajo, esta vez por su asimilación al grupo", critica.

En los informes de 2005, 2006 y 2009, por tanto, no "hay consultas en busca de antecedentes ni a nombre de HSBC Republic Bank Suisse, ni de HSBC Private Bank Suisse, ni por tanto de su vinculación al caso Gescartera y las cuentas cifradas", mientras que en el de 2011 "continúa sin haber la más mínima mención a los antecedentes citados, ni siquiera al caso Falciani, de gran relevancia pública en esa fecha". La situación se mantuvo así hasta el expediente del 10 de diciembre de 2015, cuando se "calificó a todo el grupo, incluida la filial suiza, como riesgo medio". Pese a ello, Anticorrupción destaca que "tampoco constan en el mismo consultas de antecedentes, ni diligencia debida sobre HSBC Suiza, ni mención alguna al caso Falciani".

Las críticas a esta "absoluta falta de valoración del riesgo" se extienden a su vez a BNP, entidad de la que se han analizado dos informes distintos en los que una vez más no aparece "ninguna mención a los casos Gescartera o Falciani:". La calificación otorgada a HSBC Private Bank Suisse de 7 de julio de 2014 es de riesgo 0, (en una escala de 0 a 30), es decir, sin riesgo en absoluto", explica el informe de Anticorrupción. "Según mantienen los peritos judiciales tras la revisión de la documentación aportada, la decisión del Órgano de Control Interno de 2005 de aplicar medidas simplificadas a HSBC Suiza no está fundamentada de ninguna manera", añade."                           (Pablo Gabilondo , José María Olmo , El Confidencial, 29/12/2020)

De investigar sin indicios a Podemos a archivar con indicios una causa contra el Banco Santander

 "A la Justicia en España se le saltan las costuras cuando se dan situaciones como la que hemos vivido estos días en los que sigue adelante una investigación contra Podemos mientras se archiva una causa por blanqueo contra el Banco Santander a pesar de «graves irregularidades»

La Fiscalía Provincial de Madrid no encuentra ni un solo indicio de que Podemos cometiera un presunto delito de financiación irregular por los contratos que suscribió con Neurona Consulting para la campaña de 2019.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC, en el marco de la «lista Falciani».

 Dos casos, el de Podemos y el del Banco Santander, que se entrecruzan, no porque tengan relación entre ellos de forma directa, sino por el trato que la Justicia española ha dado a las dos partes. Pasamos a explicar cada punto. 

Podemos y la financiación irregular sin indicios

Ni un solo indicio de delito de financiación irregular de Podemos. Aún así, la Fiscalía Provincial de Madrid solicita al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que mantenga la condición de investigado como persona jurídica en esta causa.

Lo ha manifestado la fiscal del caso Neurona, Lorena Álvarez Taboada, en un informe con fecha del pasado 2 de diciembre, sobre el archivo de la causa solicitado por el partido liderado por Pablo Iglesias. En dicho escrito la representante del Ministerio Público reitera los mismos argumentos que expuso el pasado mes de octubre en relación a una petición similar de Podemos y vuelve a afirmar que la condición de investigado es “más garantista” para el partido ya que le permite “defenderse”.

Señala la Fiscalía de Madrid que “los únicos hechos respecto de los que existen indicios racionales de delito” son los referidos a la contratación mercantil Neurona, por el que se habría pagado Podemos 363.000 euros para que realizara labores de consultoría política con motivo de las elecciones generales de 2019, y que estos son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral, tal y como señaló el Tribunal de Cuentas en su informe.

Según recuerda la fiscal, ninguno de los dos delitos pueden ser cometidos por una persona jurídica y más aun teniendo en cuenta que el delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales, quienes están imputados en la causa.

No existen indicios

“Centrándose exclusivamente” en dicha contratación, según su opinión, el único delito que se le puede atribuir a la formación morada es el de financiación irregular de los partidos políticos, aunque recalca que “de las diligencias practicadas por el momento, no existen indicios de esa presunta financiación irregular”.

Entiende que “atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo por cuanto le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.

“Es decir, la tipificación inicial no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar su derecho del peticionario”, concluye, pues si el partido no ostenta la condición de investigado “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”. 

Archivar la causa por blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado archivar la causa por presunto blanqueo de capitales que salpica a Banco Santander y BNP Paribas por su relación con la filial suiza de HSBC. El Ministerio Público ha decidido que no ve posible mantener la acusación contra los investigados a pesar de las «graves irregularidades» supuestamente cometidas por estos bancos.

Según el escrito de Anticorrupción, “los informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza”

“Agrava más si cabe esta consideración la notoria publicidad alcanzada en los medios de comunicación de la implicación en la ocultación del fraude fiscal masivo llevado a cabo por la entidad helvética”, continúa el texto. La Fiscalía considera que hay «evidentes dificultades técnicas» en la resolución de este problema, y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento».

La Fiscalía no niega la implicación de los bancos en el blanqueo

La Fiscalía no niega el blanqueo a pesar de detener la investigación: “Este acerbo probatorio ha puesto de manifiesto cómo la operativa por la que la entidad HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles los mecanismos para ocultar sus fondos al erario público español (entre otros hechos delictivos), se extendía al aprovechamiento y repatriación de los mismos, contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander SA y Santander Investment, y de BNP Paribas SecuritiesServices que prestaron su apoyo en operaciones puntuales”.

Como razón para parar lo investigado hasta ahora, la Fiscalía alude a que las evidencias afloradas se entienden «insuficientes» para señalar una «prueba directa, inequívoca y sin fisuras que acredite el conocimiento cabal» de que a través de ellos se canalizase dinero procedente de actividades delictivas.

Es importante recordar que los peritos del Banco de España nombrados por el juzgado nº5 de la Audiencia Nacional concluyeron en un informe relativamente reciente que en el Santander «eran plenamente conocedores de que sus cuentas vostro de corresponsalía podían ser usadas de forma indebida».                  (Jorge F. Ferreño, Spanish Revolution, 30/12/20)