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2.11.23

La SER desvela la declaración íntegra de Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en la que detalló la "persecución" que sufrió del entorno del PP para que descarrilara el caso Gürtel... Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño

 "La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración íntegra de Javier Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga cómo se trató de chantajear a este abogado para que silenciara las filtraciones de Luis Bárcenas o, de lo contrario, saldrían a la luz sus supuestos cobros por servicios profesionales en Suiza que han resultado falsos. 

 En esa operación se investiga el papel de tres intermediarios y el del excomisario José Manuel Villarejo. Gómez de Liaño aseguró que sufrió una "persecución" desde que su despacho asumió la defensa del matrimonio de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias y apuntó a Dolores de Cospedal.

Vías indirectas que procedían del "lobby judicial" de Génova que dirigía un abogado del Estado muy cercano a la exsecretaria general del PP y ministra del gobierno de Mariano Rajoy.

En su declaración como perjudicado, Gómez de Liaño detalla lo que denomina "persecución": moteros con cascos a la puerta de su despacho controlando entradas y salidas, fake news en diarios de tirada nacional sobre un presunto delito de blanqueo, impulsar una petición de entrada y registro en su despacho profesional o, incluso, agentes del CNI abordando a una de sus secretarias.

Fueron años de mensajes por vías indirectas que, concluye el abogado, siempre iban en la misma dirección.

La Fiscalía apunta a un dirigente del lobby judicial

Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño. Este asunto estuvo también presente en el interrogatorio como testigo en este misma causa al abogado Javier Iglesias. El fiscal le preguntó si conocía a Alejandro Lorenzo Auset Domper, abogado del Estado en excedencia.

 El juez Manuel García Castellón asumió esta causa en julio de 2022 procedente de un juzgado de Marbella, pero en noviembre de ese año decidió archivarla. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo en un escrito muy duro con el proceder del juez en el que se preguntaba qué había cambiado desde que en julio aceptó la causa hasta noviembre que la archivó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación."                   (Pedro Jiménez, SER, 02/11/23)

1.6.22

Villarejo, sobre Rajoy: “Hay que controlar a Correa, tiene información del Barbas”

 "El comisario José Manuel Villarejo maniobró para obstaculizar la investigación del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que afectó a numerosas instituciones gobernadas por el PP entre 1999 y 2009. La sentencia que condenó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo provocó una moción de censura que sacó del Gobierno a Mariano Rajoy e hizo presidente al socialista Pedro Sánchez.

La intervención de Villarejo para influir en el proceso judicial abierto por el caso Gürtel se produjo, al menos, desde junio de 2009, según la conversación que él mismo grabó con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en su despacho de la sede de Génova, 13. El policía presumió en esa cita de haber alertado a dirigentes del PP sobre la investigación secreta y de haber intentado que el pendrive que ocultaba el contable de la trama con los sobornos a políticos no saliera a la luz.

Otras grabaciones de Villarejo cinco años después con distintos protagonistas de aquel escándalo, incautadas por la policía y a las que ahora han tenido acceso EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas, destapan el papel de agente doble que desempeñó el comisario. Por un lado, Villarejo asesoraba al Gobierno del PP sobre la necesidad de hacer determinados movimientos para obstaculizar la investigación judicial, intentar anular todo el sumario o simplemente minimizar daños. De otro lado, acordaba con uno de los principales abogados de los imputados, Ignacio Peláez (fallecido en 2017), poner en marcha iniciativas para reducir las penas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que este facilitase información incriminatoria contra Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar; Francisco Álvarez Cascos, exministro de Fomento; o Luis Bárcenas, tesorero del PP.

El caso Gürtel comenzó a investigarse en agosto de 2008 en el juzgado que dirigía Baltasar Garzón. Las primeras detenciones se produjeron en febrero de 2009 y, tras cinco años de instrucción, el magistrado que sustituyó a Garzón, Pablo Ruz, dio por concluida la investigación con el procesamiento de casi 40 personas, entre ellas los tres últimos extesoreros del PP, y numerosos cargos autonómicos y municipales.

El 22 de agosto de 2014. Tres semanas después de que finalizase la instrucción del caso, el comisario José Manuel Villarejo se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para ponerle al día de distintos asuntos, entre ellos, el caso Gürtel, que afectaba al partido del Gobierno. Martínez declaró en sede judicial que se reunía con Villarejo por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Peláez [abogado de un empresario implicado en el 'caso Gürtel'] ha dejado tirado a Correa. Y Correa quiere negociar con la Fiscalía a cambio de no sé qué. Entonces, lo que he hecho ha sido mandarle un abogado de mi entorno para tenerle controlado y decirle: "Tío, no te preocupes, que ya me pagarás cuando puedas (…)". Creo que es interesante tener a Correa controlado, ¿no te parece? Porque me ha confirmado Correa que Peláez le pidió 14 o 15 kilos para el Oli [José Luis Olivera, ex jefe policial de la UDEF] y para mí. Con dos cojones.

Pero, ¿qué me estás contando?

Sí, sí, sí, que yo le había pedido no sé cuánta pasta. Aunque sea del Opus, este tío es chungo... pesetero.

¿Correa es chungo?

No, no. Peláez (…). Yo le dije: "Mira, yo lo voy a hacer gratis y todo lo que pueda ayudar en beneficio del partido y tal…". Y él me dijo: "Ah, joder, pero 14 o 15 kilos. Tráelos y ya hablaremos". Pero ese es el comentario, es un comentario como… claro, como él habló varias veces con el Oli, pues el Oli tenía un rebote de la hostia. Acuérdate de que luego salió la historia por ahí, entonces creo que es bueno porque así sabremos si quiere negociar con la Fiscalía, qué quiere decir, porque él, Correa, dice que tiene mucha información del Barbas, ¿eh?, del 'número uno' del 'número uno'. (...) Porque se la contaba el Bárcenas. Ahora, que sea verdad o que sea mentira, probablemente, no.

La Fiscalía Anticorrupción investigó el “proyecto SMP”, por el que supuestamente Villarejo había contratado con un abogado de varios imputados del caso Gürtel un “proyecto de estrategia jurídica con el objetivo prioritario de evaluar la posibilidad de la anulación total de las actuaciones del Sumario Gürtel”.

La documentación incautada a Villarejo fijaba como coste medio de ese trabajo 15 millones de euros, cantidad similar a la que comenta el comisario en su conversación con el secretario de Estado de Seguridad.

Pero la Fiscalía concluyó su investigación señalando que nunca se pudo acreditar que los honorarios fueran aceptados por el cliente, supuestamente el abogado Ignacio Peláez, ni tampoco constan ingresos en la empresa Cenyt de Villarejo que pudieran ser atribuidos a ese proyecto SMP.

En las agendas de Villarejo se recogen sus gestiones en aquellos días para buscar un abogado a Correa, porque quien lo defendió durante años lo abandonó por impago. A Correa le asignaron un abogado de oficio sin aparente relación con Villarejo.

Año y medio después de la cita del comisario con el número dos de Interior, el abogado Ignacio Peláez quedó a comer con Villarejo para tratar, entre otros asuntos, sobre el futuro judicial de Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta que se enfrenta a una altísima petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El juicio estaba fijado para seis meses después, y Peláez estudió con Villarejo cómo convencer al fiscal jefe anticorrupción para que aceptase un acuerdo con Correa para intentar reducir su condena a cambio de facilitar información sobre dirigentes nacionales del PP.

Como soy 'persona non grata' en esa Fiscalía, no me reciben (...). Han llegado a una conformidad casi todos los imputados de Gürtel, y Paco [Correa] quiere llegar a una conformidad en el siguiente sentido: que le liberen un 60% de la pasta, para vivir, y se conforma con que le casquen la triple de la mayor. Es decir, que no le casquen más de dos años en todas las putas causas que tiene. Total: seis años. Como se ha tirado casi cuatro, está un año, año y medio, en prisión, y a la puta calle. Todos los medios de comunicación contentos porque sale la foto de Correa entrando en prisión, pero tío, consigue la conformidad. Pero, espera, que va a verlas, les hace todos los cálculos: “Mira, tantos procedimientos, tanta historia, tanto no sé qué”. Y dicen las tías: “Vale, nos parece bien”.

Pero de los jueces.

“No, no, nos parece bien”. Vale, cojonudo. Dentro de una semana, vente. Ya todo está cerrado, cojonudo, encantados, pim pum pam. Llegan las tías, a la semana, y le dicen a Javier Iglesias: “No. No hay conformidad. Que le den por culo”. Y le dicen las tías…

Pero la ley de enjuiciamiento obliga a la conformidad.

Entonces, la historia es que yo se lo digo a Oli [José Luis Olivera, exjefe policial de la UDEF]. Digo: "Mira, está pasando esto, tío, habla con tu amigo Salinas [fiscal jefe Anticorrupción]". Y el tío habla con él y dice: “Oye, que este dice que no, que no sé qué, que lo de la pasta ni de coña, que la pasta se la queda el Estado, que patatín, patatán”
(...) Lo que yo quiero es, tú, macho, tú lo puedes hacer, tío, y ya no te digo José Luis [Olivera], que habléis con el hijo de puta de Salinas y que dé el ok, tío. Porque sé que conforman todos. Todos los putos imputados, que son 30 o 40 de Gürtel, se conforman, macho, o sea, no hay juicio.
(...) Entonces, lo que yo pretendo es que consigáis que el Salinas dé el okay.

Yo creo que, muchísimo mejor que yo, el Oli puede llegar a Salinas... muchísimo mejor. El problema de Paco Correa, que es muy largón y tal, es que él alardea de que tal, de que la mitad de la pasta se la ha dado al abogado para no sé qué, cuando yo lo consiga, y al final alardea de tener más pasta de la que tiene. Luego se pone a llorar que si el hermano es paralítico, que si lo lleva o si lo trae, que no tiene una cala y que no sé qué.

Y claro, yo se lo cuento a Olivera, y le digo: "Mira este tío…" y me dice José Luis: “Tiene que dar alguna cosita. Queremos al Agag, a Cascos y a Bárcenas”. Y se lo dije [a Correa], y se me pone en plan digno, que yo no voy a traicionar a nadie, que yo hago mi persona, lo que afecta a mi persona, y el tío me dice que no (...). Entonces, le digo: “Mira, Paco, déjate de pollas de que vas de digno, de que tú no vas a traicionar a nadie, tío. Piensa en tu hija y en tu hermano, tío. Y déjate de pollas. Y si te piden que des mierda del hijoputa de Agag, de Cascos…”.

A mí, Paco [Correa] me dijo que estaba dispuesto a hablar de todo, hasta del Barbas. Y le dije: “Paco, no me comprometas”.

No te metas con el Barbas. No conviene, no conviene, no conviene...

Fíjate si yo eso lo tengo claro que le dije: "Paco, no vayas por ahí, porque me estás comprometiendo, le estás contando a un comisario de policía en activo una serie de cosas y tal… "

El hijoputa del Agag y del Cascos, que se han puesto morados, y tú te has comido tres años y medio de prisión provisional. No me jodas, tío. Vamos, que para que veas cómo es Correa, que yo eso sí se lo conté a la Cospedal, y me dijo la tía que hizo lo que pudo. Me dijo: “Mira, Ignacio, yo no puedo llegar a más, macho. No me hacen ni puto caso”.

Correa intentó, en los días previos a la celebración del juicio, un acuerdo con la Fiscalía a cambio de confesar los delitos, implicando a numerosos dirigentes políticos. Pero Anticorrupción no aceptó el trato y el tribunal condenó al cabecilla de la red Gürtel a 51 años de prisión.

Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento, no fueron imputados en la causa. En el caso de Álvarez-Cascos, la investigación descubrió amaño de contratos en AENA, departamento dependiente del Ministerio de Hacienda, y fueron imputados y condenados varios directivos.

El extesorero Luis Bárcenas fue condenado a 33 años de cárcel. En unas grabaciones que se incorporaron al sumario, Correa aseguraba que había llevado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a la casa de Bárcenas, y que sabía cómo el extesorero había sacado el dinero de España para ocultarlo en paraísos fiscales.

El expresidente Mariano Rajoy compareció en el juicio principal del caso Gürtel como testigo y en su declaración negó la existencia de una caja b en el PP. La sentencia consideró de escasa credibilidad el testimonio de Rajoy y otros dirigentes populares: “Su testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la caja b del partido. En palabras del ministerio fiscal: “No son suficientemente creíbles estos testigos para rebatir dicha contundente prueba”."             (José Manuel Romero , Elena San José , Iker Vega, El País, 30/05/22)

30.5.22

La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP

Daniel Bernabé @diasasaigonados

En el año 2014, JL Moreno, un abogado cercano al PP, negoció con representantes de la mafia rusa para que a cambio de excarcelar a uno de sus capos, Kalashov, consiguieran información sensible de Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas.

"La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP" (José María Olmo, El Confidencial, 30/05/22)

Destacar que a través de los diarios de Villarejo sabemos que la trama Kitchen, por su lado, intentó la misma maniobra, lo que desde luego refuerza la grabación que hemos conocido hoy.

"La Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP" (Tono Calleja, epe.es, 27/02/22)

Kalashov fue expulsado de España en octubre de 2014, después de cumplir siete años y medio de prisión, rumbo a Moscú. ¿Por qué no se le extraditó a Georgia donde hubiera seguido detenido? Esta es la pregunta que se hacía la prensa rusa en 2015.

"Bизит на Житную Зачем Шакро Молодой ездил в Главное управление МВД России" (Lenta.Ru)

2:51 p. m. · 30 may. 2022
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" La trama Gürtel y los presuntos esfuerzos del Partido Popular por silenciar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, se han colado en una operación contra la mafia rusa. 

Ya nada sorprende cuando se relaciona con Bárcenas. El PP de Mariano Rajoy utilizó los medios del Estado para robarle la documentación que incriminaba al partido en la financiación irregular. Pero ahora, tal y como ha adelantado El Confidencial, ha aparecido un audio de 2014 en el que tres abogados: uno enviado por el PP, la intermediaria y el representante del mafioso ruso Zakhar Kalashov en el que se habla de cómo extorsionar a Javier Gómez de Liaño, entonces abogado de Bárcenas.

Lo curioso es que la grabación se ha incautado en una operación contra la mafia rusa. Y esto es así porque el representante de Kalashov fue quien se la mandó por correo electrónico al lugarteniente del mafioso ruso, Halit Sahitaj.

La grabación

En la reunión había tres personas, todas españolas. El primero es un abogado, José Luis Moreno, al que en el audio de 22 minutos llaman 'José'; el segundo es un empresario, Juan Ramón Díaz, al que se refieren como ‘Juanra’ y, por último y como intermediaria está, Mónica Gil Manzano, letrada más conocida como la 'timadora de los famosos' y que actualmente cumple condena por haber estafado a la persiodista fallecida, Mila Ximénez, al futbolista, Manuel Pernía, y al bailarín Joaquín Cortés.

 Durante la conversación, Moreno dijo que estaba en contacto con las altas esferas del PP y que necesitaban información sensible contra Gómez de Liaño. Daba la casualidad de que éste representaba tanto a Zakhar Kalashov como a Luis Bárcenas. El trato consistía en que si les facilitaban esa información conseguirían que el mafioso saliera de prisión. Una información que necesitaba el PP como agua de mayo porque, según su interlocutor: "Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a matar a Bárcenas. Están dispuestos a todo".

 Eso sí, además de la información debía pasar por caja y pagar varios millones de euros. Al parecer, nada sale gratis en el mundo de la corrupción. Al representate de  Zakhar Kalashov todo le pareció bien.

De hecho, en la grabación se escucha que el PP tiene un 'lobby' que "presiona desde arriba a los distintos fiscales", lo que permitiría al mafioso rusa salir libertad de forma inmediata con un "tercer grado, cuarto grado… Eso lo tenemos (…) Estamos hablando de alto nivel". Moreno, que ofrecía sin tapujos la prevaricación de la judicatura no oilvidó el verdadero cometido de la reunión en ningún momento: "Libertad a cambio de información, lógicamente". Y de dinero, mucho dinero, pues primero se pidió un millón de euros y, Gil Manzazno dijo que uno no, que cinco millones."          (Loreto Ochando  , El Plural, 30 de mayo de 2022)

16.5.22

Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”

 "Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero.

 Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, se empleó a fondo en el primer semestre de 2013 para evitar el desmoronamiento de su partido y del Gobierno, acorralados ambos por una grave sospecha de corrupción tras la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, los documentos que acreditaban la existencia de una caja b en la formación conservadora.

Cuando leyó el 18 de enero de 2013 en El Mundo que Luis Bárcenas, gerente y tesorero entre 1990 y 2009, pagó sobresueldos en negro durante años a una parte de la cúpula del PP, Cospedal acudió a su principal aliado policial desde 2009, el comisario José Manuel Villarejo, quien le informaba desde entonces de la investigación abierta contra la trama Gürtel, vinculada a su partido.

Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?

Yo, la libretita… a mí no me ha dicho… he hablado con los dos esto…

Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír.

Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Que va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas.

La secretaria general del PP quería saber si el periódico tenía papeles —“la libretita”— para acreditar quiénes eran los beneficiarios de esos sobresueldos en negro y cuánto dinero se había llevado cada uno.

 Villarejo grabó entonces a Cospedal, y ese material sonoro, que guardaba en su vivienda, fue requisado por orden judicial dentro de la Operación Tándem, que acabó con la detención del comisario.

 Aquella conversación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que también publica el diario digital Fuentes Informadas, refleja la preocupación de la secretaria general del PP ante la posibilidad de que “la libretita de Bárcenas” estuviera en manos de los periodistas. Este periódico se ha puesto en contacto con Cospedal, quien ha declinado responder sobre aquellas conversaciones con Villarejo.

EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013 los papeles manuscritos donde Bárcenas registró durante casi 20 años (1990-2009) una contabilidad paralela, nunca declarada al Tribunal de Cuentas, con las entradas —casi ocho millones de euros que aportaron numerosos empresarios— y salidas de dinero.

En esa documentación, Bárcenas registró pagos de sobresueldos a los principales dirigentes del PP, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy y quienes fueron secretarios generales y vicesecretarios generales durante aquel tiempo, como Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y la propia Dolores de Cospedal. También apuntó los ingresos de fondos millonarios a través de donaciones de empresarios que tenían prohibido por ley financiar a los partidos políticos al tratarse de contratistas de la Administración.

Once días antes de que EL PAÍS publicase los papeles de Bárcenas, Villarejo tranquilizó a Cospedal y la asesoró sobre los próximos movimientos ante el escándalo que se avecinaba.

(...) [Hay que] ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada.

Eso es lo más importante.

Y en la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema. Vamos, el día de ayer estuve comiéndole el tarro a estos, al Inda, al Esteban, a todos, de que no sacaran… Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi, ¿eh?

Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?

Hombre, claro que sí…

Además, te digo una cosa: este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España, y nadie se lo compró. Y que lo hayan sacado ahora a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios, entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes (...).

La mención de Cospedal a “lo de los catalanes” se refiere a la investigación abierta en la propia policía durante el Gobierno del PP por un informe sin sello, firma, fecha ni destinatario en el que se relataban una decena de graves corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes (el expresidente Jordi Pujol, el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno, periodistas, jueces y fiscales de Cataluña).

El Gobierno del PP puso en marcha en aquellas fechas una estrategia basada en la denuncia de diversas corruptelas atribuidas a los principales líderes independentistas, con la idea de que la publicación de esos escándalos neutralizaría el desafío rupturista del Ejecutivo catalán.

La amenaza de querella que sugirió Cospedal en su conversación con Villarejo se llevó a efecto cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Los exsecretarios generales del PP —todos menos Mariano Rajoy— y algunas de las personas cuyos nombres aparecían en la contabilidad paralela del extesorero presentaron querellas contra este periódico. Todas ellas fueron archivadas o retiradas.

Aquel 20 de abril de 2013, la secretaria general del PP elucubró sobre las tres fuentes que supuestamente habían confirmado a El Mundo, sin pruebas documentales que lo avalaran, el pago de sobresueldos. Cospedal culpó de la filtración a Esperanza Aguirre; a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana. El comisario Villarejo mostró su extrañeza sobre la expresidenta madrileña:

... Y la Espe, pues no lo entiendo. Esta mujer piensa… ¿Qué quiere, repetir lo de 2008? Es que no lo entiendo.

No sé, no sé. No, pero bueno, lo que pasa es que a esta mujer se le olvida que, sabiendo todo Madrid que López Viejo era un sinvergüenza, lo hizo consejero… Es que nos hemos tragado mucho, ¿eh?

Alberto López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando estalló el caso Gürtel, fue uno de los primeros imputados, acusado de cobrar comisiones de la trama corrupta a cambio de adjudicar contratos de la Comunidad de Madrid. El tribunal lo condenó a 31 años de cárcel.

La secretaria general del PP acabó aquella conversación del 20 de enero de 2013 con un ruego a Villarejo.

Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar.

No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos...

EL PAÍS publicó por primera vez los papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013. Los principales dirigentes del PP que figuraban como beneficiarios de sobresueldos pagados con dinero de la caja B negaron los hechos. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el sumario del caso Gürtel para investigar el caso. Y la policía, por encargo del juez, comenzó a elaborar informes sobre los documentos. Es en ese momento cuando Cospedal vuelve a recurrir a Villarejo para conocer los avances de la investigación. Es viernes, 26 de abril de 2013.

El informe del lunes, vamos a ver.

Sí.

Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [del Interior, Jorge Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice.

No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas.

Villarejo y Cospedal hablan de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bárcenas y de las dificultades que existen para conseguir cambiar los párrafos que más daño hacen al PP. El comisario comunica a Cospedal que parte de ese trabajo ya está hecho.

De todas maneras, lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis [Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF] y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el Morocho [inspector de policía encargado de redactar los informes para el juez] de los cojones. Y luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes.

No.

Iba hasta el nombre del presidente del Gobierno, iba toda la lista reproducida de EL PAÍS por no sé qué, por no sé cuánto, unas conclusiones de estas, de esta gente. Y claro, cuando estaban, fíjate, llaman a José Luis por la tarde para que se vaya con el ministro y con el manos libres se pone… y el otro, no, yo es que no puedo hacer nada, yo no puedo hablar con mis subordinados para que cambien… Y claro, no querían que supiera que estaba José Luis allí asesorándole y manda una nota diciendo oye, claro que sí se puede cambiar el párrafo, un párrafo que haga simplemente referencia a la lista y referencia a la lista que hacen en EL PAÍS. En un informe se hace referencia a la lista que hacen en EL PAÍS, pero no se ponen 17 nombres de todos los tíos.

Bueno, bueno.

Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero así no podemos estar todos los días.

Ya lo sé.

Hoy he estado comiendo con Paco [Martínez, secretario de Estado de Seguridad], y le he dicho: Paco, tienes que empezar a hacer los cambios. Y dice: “No, es que no tengo todavía autorización política”. Y le digo, déjate de autorizaciones, macho, que… Mira, hace 15 días… Que por eso fue la llamada.

Los informes policiales sobre el caso Gürtel fueron elaborados por un equipo al frente del cual estaba el inspector Manuel Morocho, quien denunció al juez en 2021 —ocho años después de redactar esos informes— que sus jefes los habían manipulado antes de entregárselos al juzgado para borrar las referencias al PP o a sus principales dirigentes.

En la conversación con Cospedal, el comisario Villarejo le ofrece una solución para evitar en lo sucesivo informes duros contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, como los que redactaba el inspector Morocho.

Había una oportunidad tremenda, tremenda y era haber ascendido a dos del grupo de este tío, que son los que hacen todos los informes, y son tres años fuera. Y han suspendido el ascenso, es que de verdad. Hay uno que es subinspector, que ascendía a inspector, y se presenta y el hombre lo suspende, y es el que hace el 40% de los informes.

Es una cosa…

Y claro, cuando se lo volví a recordar a Paco y me decía, “Joe, estoy a mil cosas”, y le decía, claro, tú estás a mil cosas, y estás muy arriba, pero para eso tienes que tener a un comisario general que fuera de tu confianza, y no un tonto que… y dice, no, es muy buena persona, tal. No, si buena persona somos todos, pero…

Sí, claro, pero es que…

Total, que ha perdido una oportunidad tremenda porque ahora hasta el año que viene no hay otros exámenes de eso.

Ya.

Y es una forma sutil de no largar a un tío, ascenderlo, coño.

Totalmente.

La investigación judicial de los papeles de Bárcenas se abrió en 2013 y culminó ocho años después con un juicio en el que fue condenado el extesorero Luis Bárcenas. Solo se pudieron juzgar los pagos hechos en 2008 y 2009, dado que el resto de ejercicios estaba prescrito. Por eso, la sentencia solo analiza las obras de reforma en la sede nacional del PP, pagadas en parte con dinero de la caja b, y condena a penas de cárcel a Bárcenas, y al PP como responsable civil subsidiario.

La sentencia describe entre los hechos probados la financiación ilegal de la formación conservadora: “En el periodo en el que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero (1990-2009), gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni, por tanto, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

Las dos causas abiertas de los papeles de Bárcenas

La Audiencia Nacional abrió en 2013 una pieza separada del caso Gürtel para investigar la contabilidad paralela del PP publicada por EL PAÍS el 31 de enero de ese año. La instrucción judicial reunió decenas de pruebas de la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, con testimonios de algunos de los que recibieron los fondos opacos y de algunos de quienes los dieron; y con documentación que demostraba algunos gastos hechos con dinero negro (en las obras de reforma de la sede de Génova, 13; en el pago de sobresueldos a varios dirigentes del PP; en la compra de participaciones de Libertad Digital). El juicio en la Audiencia Nacional terminó con la condena al extesorero Luis Bárcenas y al PP como responsable civil subsidiario de lo ocurrido. Ahora la causa sigue abierta, pues el Tribunal Supremo deberá resolver los recursos presentados por las acusaciones populares, por el PP y por los condenados del bufete de arquitectura que hizo las obras en Génova,13. 

Durante la investigación judicial del caso, el PP fue expulsado como acusación popular –sus iniciativas iban encaminadas a defender al extesorero en lugar de acusarlo– y destruyó los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, por lo que la formación conservadora fue encausada en un juzgado de la Plaza de Castilla, que acabó archivando el caso. A la vez, en el Ministerio del Interior se ejecutó un plan, a espaldas del juez que investigaba el caso, para espiar a la familia de Bárcenas e intentar sustraerle documentación que pudiera incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del partido. Esa causa judicial está abierta, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, procesados junto a media docena de comisarios que participaron en el operativo. Entre ellos, el propio Villarejo."                                 (José Manuel Romero , Iker Vega , ,Elena San José , El País, 16/05/22)

7.2.22

El Congreso ratifica que Rajoy fue el responsable político de la ‘Operación Kitchen’... y de los daños de difícil o imposible reparación para el crédito y el prestigio” de la Policía Nacional que ha provocado la trama... la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas... para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales

 "El pleno del Congreso ha ratificado este jueves por amplia mayoría el dictamen de la comisión de investigación que señala al que fuera presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy y a su número dos en el partido, la exministra María Dolores de Cospedal, como máximos responsables “políticos” de la llamada Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Sobre Rajoy, el documento añade que era ”objetivamente uno de los máximos beneficiarios” del posible éxito de la trama parapolicial “como posible responsable de su financiación irregular [de su partido] y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular”.

Durante el trámite de este jueves, se ha admitido una enmienda acordada por PNV y PSOE que, si bien mantenía en su práctica totalidad las conclusiones del texto aprobado en la comisión, matizaba cuatro de ellas y rebajaba, por ejemplo, el valor del testimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ahora tilda de “demasiado poroso”. El documento también ha recogido como novedad una referencia a los “daños de difícil o imposible reparación para el crédito y el prestigio” de la Policía Nacional que ha provocado la trama que aún se investiga en la Audiencia Nacional.

El resultado final de la votación no ha deparado sorpresas. Se aprobó con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Ciudadanos y PNV, entre otros (195 votos, más de los que obtuvo cuando se votó en la comisión para su remisión al pleno), frente a los 91 en contra de PP y Foro Asturias, y las 63 abstenciones, entre ellas las de Vox. El debate fue bronco por momentos, con referencias cruzadas entre partidos a casos de corrupción. Salvo el PP y Foro Asturias, que coincidieron en acusar el resto de partidos de convertir la comisión en un “juicio sumarísimo” a los populares, la mayoría de los grupos coincidieron en recalcar la gravedad de los hechos conocidos.

El documento finalmente aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, donde Fernández Díaz “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino.

“La finalidad de la Operación Kitchen —concluye el texto— era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade. En el añadido que se ha hecho en este último trámite, el texto incide en Rajoy es “acreedor de responsabilidad política in vigilando [expresión latina empleada en derecho para señalar la responsabilidad de vigilar] o de una responsabilidad vicaria [por negligencia] por los graves hechos que se sucedía en el Ministerio del Interior de su Gobierno”.

Pese al amplio apoyo al dictamen, algunos grupos que han votado a favor han lanzado críticas al texto final al considerar que tenía carencias. En concreto, que no se instase al Gobierno a emprender reformas legales para evitar que se vuelvan a producir hechos similares. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha reclamado cambios en las normas que rigen el uso de los fondos reservados tras constatarse que sirvieron para financiar la trama. “¿Ahora qué hacemos para desmontar las cloacas [del Estado] y toda esa red de cañerías que lleva décadas en funcionamiento?”, ha preguntado tras recordar que la Operación Kitchen no era el primer caso de prácticas irregulares en Interior ni, auguró, será el último. En la misma línea, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha cuestionado “cuántos Villarejo hay ahora en la policía”, para terminar admitiendo que el voto afirmativo de su grupo, pese a las carencias del texto, era casi inevitable “porque si no, al final, nos quedaríamos sin conclusiones”.

Ismael Cortés, de Unidad Podemos —socio de Gobierno, pero que no participó junto al PSOE en la elaboración del documento final— ha lamentado que la propuesta de resolución que su grupo presentó junto a otros partidos de izquierda, y en la que se recogía también la necesidad de adoptar medidas, no fuera aprobado. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha lanzado una propuesta para alcanzar un pacto de Estado “para no tolerar la corrupción”.

El representante socialista, Felipe Sicilia, el último en intervenir, ha defendido el texto final y, en especial, las referencias explícitas a la responsabilidad política de Rajoy y Cospedal. Sicilia ha insistido en que no era creíble que el ministro Fernández Díaz hubiera tomado supuestamente la decisión de poner en marcha el espionaje ilegal a Bárcenas sin recibir la orden de un superior. “Ese era el presidente del Gobierno”, ha añadido.

El portavoz socialista ha recordado las dos sentencias judiciales que han confirmado la existencia de una caja b en el PP —y cuya existencia Rajoy negó durante su comparecencia ante la comisión, como denuncia el dictamen aprobado— y ha enmarcado la Operación Kitchen como una secuela más de la corrupción de los populares: “Era una trama corrupta para tratar de tapar otra trama corrupta”, ha dicho en referencia al intento de los policías de sustraer documentos incriminatorios que sirvieran a la investigación judicial que entonces se seguía en el caso Gürtel."                   (óscar López-Fonseca, El País, 03/02/22)

22.11.21

A propósito de la impunidad. Ni uno solo de los grandes empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas ha sido investigado o procesado... De la Gürtel los únicos condenados fueron dos figuras menores: el bigotes y Correa

Pablo Iglesias @PabloIglesias

Señora del Barco, es un placer debatir con usted. Abro HILO:

1. A propósito de la impunidad. Ni uno solo de los grandes empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas ha sido investigado o procesado

Chus del Barco @BarcoChus
Urdangarín, Rato, Chaves, Griñán, los q su gobierno de coalición indultó... todos condenados a prisión. Ud sabe de sobra q la Justicia de este país es independiente y q es el dique q protege el Estado de Derecho. Los jueces molestamos a los q no creen en el imperio de la Ley.
7:05 p. m. · 20 nov. 2021
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2. Los únicos empresarios procesados y condenados por los papeles de Bárcenas fueron los de la empresa que hizo las reformas cobrando en negro

3. De la Gürtel los únicos condenados fueron dos figuras menores: el bigotes y Correa.

4. Ya ve usted, señoría, que en España los que no creen en el imperio de la ley tienen grandes apellidos y gozan de impunidad. A veces tienen hasta amigos en las altas magistraturas. La gente corriente, por contra, solo cuenta con el la ley y el Derecho para defenderse

5. Menciona usted a Urdangarin. Bien sabe usted que la profesionalidad y el valor del juez Castro no han sido la norma cuando se trata de la Casa Real. Y bien conoce usted las presiones de que fue objeto. No convirtamos la excepción en regla

6. Dice usted que “insinuo”. Ha habido decenas de investigaciones a Podemos. Generaron horas de tertulias y portadas. Fueron archivadas ante clamorosos silencios mediáticos. Hay quien habla de investigaciones prospectivas. Lo que digo no son insinuaciones sino hechos constatables

7. El corporativismo y la arrogancia no son buenos consejeros. Es evidente el sesgo conservador en las élites judiciales españolas y es evidente que la derecha política opera con la judicial. Esto es un problema de nuestra democracia y afecta a la separación de poderes

8. Negar este problema evidente que afecta a la calidad democrática de España no solo es deshonesto, sino que toma a la gente por idiota. Un saludo

 8:23 p. m. · 20 nov. 2021
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15.11.21

La justicia da ya por acreditada una treintena de apuntes de ‘los papeles de Bárcenas’. La Audiencia Nacional reconoce la “veracidad” de los documentos desvelados por EL PAÍS en 2013.

 "La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, dictada el pasado jueves y que considera probado que se pagó en negro la obra de la sede nacional del partido en la calle Génova, entra de lleno en el análisis de los papeles de Bárcenas. La contabilidad paralela que llevaba el extesorero Luis Bárcenas, desvelada por EL PAÍS en enero de 2013, fue una prueba clave en la vista oral que ha acabado con una nueva condena al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos de su antiguo responsable financiero, que abonó en b más de un millón de euros para reformar el edificio. 

El tribunal reconoce la “veracidad” de esta documentación en su conjunto, señala a Bárcenas como el “autor de las anotaciones manuscritas” y da por acreditados ya más de una treintena de los apuntes de la contabilidad paralela —los investigadores dan por confirmados, por su parte, más de medio centenar de los casi 500—. Son registros “reales o verosímiles”, dicen los jueces, que describen cómo han podido corroborarlos a través de otras pruebas.

Los magistrados encargados de juzgar esta parte del caso Gürtel recuerdan que no pueden entrar a valorar todas las anotaciones recogidas en los papeles de Bárcenas, ya que una parte aún se encuentra en instrucción en la Audiencia Nacional —todas las relativas a las supuestas donaciones entregadas por empresarios a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas— y otra parte no fue objeto de la vista oral —como los presuntos sobresueldos a las antiguas cúpulas del partido—.

Cuenta de donativos. Los jueces de la caja b consideran acreditadas 15 salidas de dinero reflejadas por Bárcenas en la contabilidad paralela que acabaron en las cuentas de donaciones del partido. 14 de esos movimientos se produjeron entre 2003 y 2007 por valor de más de 1,2 millones de euros: la formación sacaba esas cantidades y las ingresaba de forma fraccionada en sus cuentas bancarias oficiales.

El apunte número 15 se produjo el 31 de marzo de 2008, cuando el extesorero escribe una salida de fondos de 60.000 euros bajo el concepto de “Alv. Lapuerta a cambio de talón ingresado hoy”. Ese mismo día, Álvaro Lapuerta, extesorero del PP, abona esa misma cantidad con un talón en la cuenta de donativos nominativos del PP.

Perceptores. Los magistrados también otorgan absoluta credibilidad a los apuntes sobre salidas de dinero que han reconocido sus perceptores. El tribunal detalla que el exdiputado Eugenio Nasarre recibió 30.000 euros para la Fundación Humanismo y Democracia; que al exsenador Luis Fraga se le entregaron dos pagos de 3.000 euros para, según él, compensar gastos electorales; y que al exgerente Cristóbal Páez se le abonaron 6.000 euros en 2007 y 6.000 euros en 2008 tras quejarse de que no le subían el sueldo.

Además, el tribunal considera que el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo recibió dinero de la caja b para hacérselo llegar a terceros. Según los magistrados, este exparlamentario declaró que Bárcenas le dio 500.000 pesetas (3.000 euros) en julio de 2001 para una víctima del terrorismo; y que también le entregaron entre 1991 y 1992 cantidades periódicas —los jueces hablan de al menos 3,9 millones de pesetas (23.439 euros)— para Calixto Ayesa, al que compensaban económicamente porque perdía dinero al dejar su profesión para ocupar un cargo público y aún tenía que afrontar una deuda de la época de UCD.

Sin embargo, los jueces no se refieren en su fallo al empresario Santiago Lago Bornstein, que contó en el juicio cómo participó en una aportación de diez millones de pesetas a la caja b el 24 de enero de 1997. Además, en la sentencia de 2018 sobre Época I, la trama principal de Gürtel, la Audiencia dio credibilidad al testimonio de Santiago Abascal Escuza, exconcejal vasco del PP y padre del líder de Vox, que antes de morir explicó que en 1999 recibió 12.000 euros tras sufrir un ataque con cócteles molotov en su comercio.

Empresas. La sentencia de esta semana da por probados otros cinco apuntes sobre salidas de fondos de la caja b entre 2006 y 2008 para pagar a la empresa Unifica la obra de Génova, que suman más de un millón de euros. Además, considera acreditada la anotación que refleja cómo Bárcenas sacó 139.700 euros para dárselos a Lapuerta para comprar acciones de Libertad Digital. En Época I, el tribunal también dio por probado que Bárcenas sustrajo otros 149.600 euros de la caja b para adquirir acciones de ese mismo medio a nombre de su esposa."               (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , el País, 30/10/21)

3.11.21

La Audiencia Nacional considera probado que el PP pagó en negro la obra de la sede de Génova El tribunal condena al extesorero Luis Bárcenas, al Partido Popular y a los socios de la empresa de reformas... cuando las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación

 "El pasado de corrupción del PP, condenado ya en 2018 por beneficiarse de la trama Gürtel, vuelve a estallarle al partido conservador, ahora encabezado por Pablo Casado. 

La Audiencia Nacional ha dictado este jueves una sentencia que impacta de lleno en el corazón de la formación, al considerar probado que pagó en negro la millonaria reforma de su sede central en la madrileña calle Génova, un edificio que la fuerza política aseguró este año que abandonaría, pero de la que aún no se ha marchado. 

El tribunal condena a dos años de cárcel al extesorero popular Luis Bárcenas —encarcelado actualmente por su implicación en la red de corrupción liderada por Francisco Correa— por abonar a la empresa Unifica más de un millón de euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial”. Unos fondos “no declarados a la Hacienda Pública”, según subrayan los jueces de la Sala de lo Penal, que también condenan al PP como responsable civil subsidiario.

Esta resolución inflige un duro golpe a los populares y echa por tierra la estrategia de defensa desplegada por el partido, que desde el estallido del caso ha tratado de desentenderse de todos los tejemanejes reflejados en los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013. Las antiguas cúpulas del PP, con Mariano Rajoy y José María Aznar a la cabeza, siempre han negado que existiera una caja b dentro de la formación y han atribuido a Bárcenas la responsabilidad de cualquier irregularidad. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional arrancan su relato de “hechos probados” con una contundente afirmación: “En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.

La terna de jueces que forma el tribunal —José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García— cierra así otro capítulo de corrupción del PP, aunque aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Esta nueva sentencia, de 454 páginas, aborda una línea de investigación derivada del caso Gürtel y que se abrió tras la publicación de los papeles de Bárcenas, donde constaban entradas de dinero a nombre de Gonzalo Urquijo, uno de los socios del estudio de arquitectura Unifica. Aún se encuentra en instrucción otra parte de las pesquisas, centrada en las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de Gobiernos populares.

La Audiencia Nacional condena a Bárcenas como cooperador necesario de un delito de falsedad contable en relación con otro contra la Hacienda Pública por el fraude al fisco del Impuesto de Sociedades de 2007 de Unifica y le impone una multa de 1,2 millones de euros. Al arquitecto Gonzalo Urquijo y a su socia Belén García les sentencia a dos años y nueve meses de prisión, y al pago de una multa de 2,6 millones de euros. El partido conservador debe responder de forma subsidiaria por un importe de 123.669 euros: “No consta que el PP, a través de sus órganos directivos (comité ejecutivo), ejerciera un control adecuado sobre la gestión del gerente Luis Bárcenas en la fecha de los hechos, siendo las medidas adoptadas por la formación política —tanto respecto de aquel, como de auditoría interna y promoción de iniciativas legislativas relativas a la financiación de partidos políticos—, posteriores a la fecha de comisión de los hechos enjuiciados”.

La Sala absuelve a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP, Cristóbal Páez; y Laura Montero, una empleada de Unifica. En el caso de Bárcenas, Urquijo y Belén García les absuelve del resto de los delitos de los que estaban acusados, entre ellos asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedad documental.

En el caso de Bárcenas, el tribunal le aplica la atenuante de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores. Si bien, apunta el tribunal, fueron los registros en la sede del PP y de Unifica los que aportaron los datos decisivos para la investigación. El tribunal destaca también que el extesorero cayó “en algunas contradicciones en su declaración en el juicio con respecto a las anteriores, dando distintas versiones” de algunos apuntes recogidos en su contabilidad opaca. A Bárcenas también se le aplica, junto con los otros dos condenados, la circunstancia atenuante de reparación del daño. Por otra parte, se rechaza las dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

 

La veracidad de ‘los papeles’

Esta es la tercera sentencia —tras las dictadas por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 y el Tribunal Supremo en octubre de 2020, ambas por la primera etapa del caso Gürtel— que da “verosimilitud” a los papeles de Bárcenas como reflejo de una caja b del PP, aunque recalca que “no puede darse validez a la integridad de su contenido” sin tener más pruebas. Los magistrados concluyen que “solo han de considerarse verosímiles las anotaciones o apuntes que se corresponden con hechos y acontecimientos reales acreditados”.

Entre los apuntes que considera reales se encuentran los referidos a las entregas de dinero en metálico a cinco miembros del partido que admitieron durante el juicio o la instrucción de la causa haberlos recibido. Se trata del exdirigente navarro Jaime Ignacio del Burgo; el exsenador Luis Fraga; el exconsejero navarro Calixto Ayesa (ya fallecido); el exdiputado Eugenio Nasarre; y el exgerente Cristóbal Páez, que se sentaba en el banquillo y ha resultado absuelto.

A sus testimonios, el tribunal suma los cinco apuntes que recogen pagos en negro a la empresa Unifica que hizo los trabajos de reforma de la sede y una quincena más que reflejan el trasvase de fondos desde la caja b, nutrida con donaciones irregulares de empresarios, a la contabilidad oficial tras fraccionar las cantidades para burlar la ley. Sobre el supuesto desvío de fondos para comprar acciones del medio Libertad Digital, el fallo señala: “una cosa es que esas correlaciones corroboren o doten de verosimilitud a determinados apuntes, y otra distinta es que las operaciones que reflejan tengan trascendencia penal”, recoge la sentencia.

El impuesto de sociedades de 2008

El tribunal descarta condenar al PP por no declarar las donaciones reflejadas en los papeles de Bárcenas en el impuesto de sociedades de 2008. Los magistrados aceptan la tesis de defensa del partido, que consideró que las acusaciones populares no estaban legitimadas para sostener esta imputación en solitario —ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo mantenían—. Según las anotaciones contables del extesorero, el PP recibió ese año hasta 17 donaciones por más de un millón de euros. De ellas, tres superaban el máximo legal de los 100.000 euros. La sentencia respalda la pretensión del representante legal del partido y deja fuera esta acusación. No obstante, añade que, de lo analizado durante la vista, tampoco se hubiera considerado acreditada la comisión de este delito fiscal.

Para llegar a esta conclusión, los magistrados ponen en valor el testimonio que prestaron durante la vista dos expertos de Hacienda y Margarita García Valdecasas, quien era en 2013 máxima responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Durante sus declaraciones, estos concluyeron que el PP no cometió ninguna irregularidad. Como hicieron estos peritos durante la vista, los magistrados argumentan ahora en el fallo que ese dinero se trasladó “a la cuenta de donativos oficial, desde donde se atendían gastos de funcionamiento del partido, y al pago de parte de las obras de la sede central, es decir, al objeto y finalidad del partido”, por lo que deben considerarse exentas de tributación dada la condición de entidad sin ánimo de lucro que la ley otorga a las formaciones políticas. El tribunal añade que, además, la cuota supuestamente defraudada era “muy inferior al límite penal”.

Consulte la sentencia íntegra. Si no puede leerla, pinche aquí.         (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 28/10/21) 

2.11.21

La sentencia al PP: “El dinero [en b] se guardaba en una caja fuerte en el despacho de Bárcenas”. El fallo de la Audiencia Nacional conforma un contundente relato sobre la corrupción en el seno del partido

 "La sentencia de la Audiencia Nacional sobre la caja b del PP, que considera probado que el partido pagó la obra de su sede con dinero negro, destroza la línea argumental desplegada como defensa por la formación en la última década. 

Los jueces no solo consideran probada la contabilidad paralela, que el Tribunal Supremo ya dio por acreditada en 2020, sino que ahora ahondan en cómo se nutrieron estas cuentas opacas con donaciones privadas entregadas al partido. A lo largo de sus 454 páginas, los magistrados describen detalladamente un funcionamiento irregular con frases de enorme contundencia.

“Acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada“. “En el periodo en que Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b), de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”, arranca el relato de hechos probados de la Audiencia Nacional, que añade: “El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones, así como de los gastos, lo llevaba Bárcenas en unas hojas que cumplimentaba con anotaciones manuscritas y después en hojas Excel, que es a lo que se ha llamado papeles de Bárcenas”, publicados por EL PAÍS en 2013.

Estos documentos “no contenían un registro sistemático de entradas y salidas, y adolecían de diversos errores de saldo, así como saldos negativos en los que generalmente faltaba dinero”, prosigue el fallo. “Si bien, reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma de la sede central de la referida formación política en la calle Génova 13 de Madrid”. “El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas”.

“Fondos b”. Los jueces inciden también en que, del análisis de la salida de dinero de “dichos fondos b, ha quedado acreditado que en 2007 (25 de abril) se abonó a Cristóbal Páez, adjunto a la Gerencia [y que ha resultado absuelto], el importe de 6.000 euros como complemento de sueldo. En 2008, se destinaron 888.000 euros a la remodelación de la sede del partido en Madrid, y se abonaron [otros] 6.000 euros a Páez; y otros 6.000 euros como compensación económica por gastos de campaña de las elecciones generales a las que Luis Fraga, [sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga], se presentaba como senador”.

“Se ha practicado prueba suficiente que corrobora la realidad de estos pagos en b, no facturados ni contabilizados, lo que resulta de la documental intervenida en Unifica, tanto en formato papel como digital, como de la requerida y aportada por el PP”, añade la resolución.

“Común acuerdo”. El tribunal detalla el pacto que sellaron los condenados para abonar en negro parte de la reforma. “Se convino de común acuerdo por Bárcenas, como gerente de PP, y Gonzalo Urquijo, en representación de Unifica [la empresa que llevó a cabo la reforma], que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras serían abonados con los fondos b que aquel gestionaba, pactándose la aplicación de un descuento por parte de Unifica de entre un 7% y un 8%, con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. “[Un] acuerdo conocido y aceptado por la socia y también administradora mancomunada de dicha sociedad, Belén García.

El fallo prosigue así: “De este modo, en la contabilidad oficial del PP remitida al Tribunal de Cuentas figuraron únicamente las cantidades correspondientes a las facturas emitidas por Unifica de 2005 a 2011, ocultándose al control y la fiscalización la totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de remodelación al margen de la facturación y contabilización oficial, y con fondos en metálico que fueron satisfechos a Unifica [...], lo que a su vez le permitió a esta empresa ocultar a la Hacienda Pública la percepción de los referidos pagos en b, eludiendo sus correspondientes obligaciones tributarias”. “[Hubo] un ahorro en el precio para el cliente (PP) y un ahorro fiscal para el prestador de servicios (Unifica) sobre esos ingresos obtenidos de manera clandestina (no declarados), tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IVA”, remacha el escrito de los magistrados.

“Doble sistema de pagos”. El PP no era el único que tenía una caja b. También la empresa de reformas a la que contrató. “Unifica, al menos desde 2005, operaba una estrategia y dinámica empresarial, puesta en marcha por sus dos socios y administradores mancomunados, Urquijo y García, con finalidad defraudatoria a la Hacienda Pública, dentro de la cual se enmarcarían los cobros de parte de los trabajos realizados para el PP en 2006, 2007 y 2008, en los términos antes detallados (doble sistema de pagos en a y en b), pero que lejos de quedar circunscrita a las operaciones previamente examinadas, se extendería al funcionamiento interno de la mercantil y a las operaciones comerciales realizadas con otras empresas”, sentencia el tribunal

“Colaboración real, activa y eficaz”. La sentencia considerada que ha “quedado acreditada la colaboración real, activa y eficaz [de Bárcenas] para el mejor esclarecimiento de los hechos y sus autores”. “La cual tuvo su inicio con su declaración como imputado el 15 de julio de 2013, en la que además de aportar la documentación original en papel e informática con las anotaciones de ingresos y pagos conocida como papeles de Bárcenas, hizo un relato detallado y completo de la llevanza de la contabilidad b y de la aplicación de tales fondos —entre otros, al pago de parte de las obras de reforma de la sede del PP—”. “[Colaboración] que [el extesorero] mantuvo hasta el juicio oral; donde, ratificando un escrito presentado unos días antes de su comienzo, vino a reconocer los hechos esenciales objeto de enjuiciamiento”.                (J. J. Gálvez , Óscar López-Fonseca , El País, 29/10/21)

13.9.21

El juez cerró la investigación sobre el teléfono de Rajoy cuando aún faltaban diligencias por practicar

 "El titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dio por cerrada la investigación sobre el supuesto intercambio de mensajes entre el comisario Villarejo y el teléfono atribuido a Mariano Rajoy a pesar de que los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en un informe al que ha tenido acceso a la Cadena SER, le comunicaron que aún estaban pendientes de recibir distinta información sobre los teléfonos bajo sospecha, por parte de las compañías encargadas.

En concreto, en ese informe fechado el 26 de julio de 2021, tres días antes de que el juez diera por concluida la causa, los policías le informan de que están esperando a que las empresas titulares de las líneas telefónicas les comuniquen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación como oficiales o corporativos, y la titularidad de dos de los tres números en cuestión.

Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número, terminado en 10, pertenecía al Partido Popular, y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente cono el tiempo en el que Rajoy fue presidente del Gobierno. Fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y cesó el 1 de junio de 2018. Dimitió como presidente del PP el 5 de julio de ese mismo año. Siete días después, dieron de baja al teléfono.

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan ningún dato sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su realización. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser "imposible" probar que el expresidente pidió información a Villarejo sobre los avances de la Kitchen y la investigación estaba destinada al fracaso.

La Fiscalía Anticorrupción reprocha al juez que no quiera investigar este aspecto de la causa y ha solicitado a la Sala de lo Penal que revoque el auto y poder preguntar al PP a quién correspondía ese teléfono móvil bajo sospecha. Anticorrupción critica que el magistrado "parece que ha establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".             (Miguel Ángel Campos, SER, 09/09/21)

5.8.21

La famiglia con toga y el Caso Kitchen. El juez García Castellón se sitúa con este auto al límite de la prevaricación. Lo saben sus compañeros de carrera, lo saben los periodistas, los saben en el Congreso de los Diputados y hasta por saberlo,lo saben los agraciados por su auto

Los Genoveses @LosGenoveses

 La famiglia con toga y el Caso Kitchen. El juez García Castellón se sitúa con este auto al límite de la prevaricación. Lo saben sus compañeros de carrera, lo saben los periodistas, los saben en el Congreso de los Diputados y hasta por saberlo,lo saben los agraciados por su auto. 

2:01 p. m. · 29 jul. 2021
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 "Una “misión” ordenada por el ministro Fernández Díaz. La Audiencia Nacional, que exculpa a Cospedal, concluye que el Gobierno de Rajoy activó Kitchen para “sustraer” papeles al juez del ‘caso Gürtel’ y espiar a Bárcenas.

 Corría el verano de 2013 cuando, tras varias insinuaciones, el extesorero popular Luis Bárcenas se disponía a dar el paso que desencadenaría la tormenta perfecta contra el PP, entonces en el Gobierno con Mariano Rajoy. El antiguo responsable de las finanzas del partido conservador, que había llevado de su puño y letra durante 20 años la contabilidad de la caja b, se encontraba cercado por el caso Gürtel y decidió tirar de la manta. El 15 de julio, sentado ante Pablo Ruz, entonces juez de la Audiencia Nacional, relató el sistema de financiación irregular que había nutrido las arcas de su formación; los supuestos sobresueldos entregados durante lustros a los principales cargos del partido, y las donaciones de empresarios nunca declaradas a Hacienda. Un relato explosivo que desató las alarmas en la fuerza política que ocupaba La Moncloa con mayoría absoluta.

 Ocho años después de aquel episodio, otro magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, el despliegue “parapolicial” de espionaje precisamente urdido en aquella época contra Bárcenas para evitar que llegaran a manos de Ruz más documentos que pudieran implicar a altos cargos del PP, según explica el juez. Un dispositivo irregular ideado en el seno de las instituciones del Estado; que se activó después de que se enviara al extesorero a prisión provisional y solo cuatro días antes de que este acabara confesando en la Audiencia Nacional. Un entramado que señala directamente como máximo responsable a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y uno de los colaboradores más fieles del expresidente Rajoy.

“En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político de Interior, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez —quien fuera primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad— a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas”, resume García-Castellón, que ha sacado de la ecuación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El objetivo lo deja claro: “Sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza sobre los papeles de Bárcenas”, revelados por EL PAÍS en enero de 2013.

 Planificación y órdenes

A partir de ese momento, según los indicios recogidos por el sumario, el secretario de Estado de Seguridad asumió la “coordinación” de Kitchen, cuya “planificación” se encomendó al comisario Eugenio Pino, máximo mando operativo de la Policía Nacional, señalado también como el presunto muñidor de la policía patriótica y a quien el Ejecutivo conservador había situado al frente del Cuerpo. Según García-Castellón, tras recibir las órdenes de la cúpula del Ministerio, Pino “encargó” la materialización de la operación a un grupo de comisarios liderados por José Manuel Villarejo, que contó con la colaboración en un primer momento de Marcelino Martín Blas, al frente de la Unidad de Asuntos Internos; y posteriormente de Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), grupo encargado de las operaciones encubiertas.

A ellos se sumó, además, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo —ascendido posteriormente a comisario—, que conocía desde hacía tiempo a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Entre todos, captaron al conductor como confidente, quien llegó a sustraer presuntamente tres dispositivos móviles al extesorero, que entregó a García-Castaño en un restaurante para que sus agentes descargaran su contenido en un ordenador. A cambio de sus revelaciones, la trama pagó a Ríos un sueldo mensual de 2.000 euros que salía de los fondos reservados, le facilitaron una pistola y amañaron su entrada después en la Policía, según detalla el juez.

Un operativo del que nunca se informó al instructor que investigaba a Bárcenas y que incluyó la entrada irregular en un estudio de la mujer del extesorero para buscar los papeles que este podía guardar allí. Y que, además, tuvo éxito. “Dicha documentación se habría localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en octubre de 2013, y se encontraría, al menos, en poder de García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia”, concluye el juez."       (J. J. Gálvez, El País, 30/07/21)