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12.9.23

Así delató al exjuez Presencia una de sus colaboradoras: “Yo cumplía órdenes”

 

 "El magistrado Joaquín Gadea ha sumado un importante indicio a la batería de pruebas que acumula contra el exjuez Fernando Presencia, encarcelado a finales de junio. El pasado 3 de julio, una colaboradora de la trama, Lidia Reina, se derrumbó durante su declaración en la Audiencia Nacional y, durante más de una hora, describió cómo Presencia se situaba en la cúspide de una supuesta “organización criminal” dedicada a la presentación de denuncias falsas para lucrarse, ya que después publicitaban su actividad en internet y pedían donaciones para continuar con su labor. “Yo simplemente cumplía las ordenes de don Fernando”, aseguró la imputada a Gadea. ¿Era él quien tomaba las decisiones económicas? “Sí”, respondió Reina, según consta en el vídeo del interrogatorio, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

 Sentada en una silla de ruedas —y sin aguantar las lágrimas en ciertos momentos—, Reina detalló la relación que ha mantenido con Presencia y con la asociación que él lidera, Acodap, constituida en 2018 (tras la expulsión del exjuez de la carrera por prevaricación) para luchar supuestamente contra la corrupción. “Le comento cómo llegué a conocerlo. Yo trabajaba como enfermera en una residencia y, al ir a trabajar, me caí en un paso de peatones en mal estado. Entonces, estuve de juicios. A raíz de ahí me quedé con una minusvalía y no podía trabajar, y entraba en redes [sociales]. Así encontré a Acodap: vi que luchaba contra la corrupción, me hice asociada y conocí a Presencia”.

Una vez dentro de la organización, la investigada asegura que Presencia le encargó labores de “secretaria”. “He estado de intermediaria. Él me llamaba y me pasaba correos. Yo hablaba por teléfono con la gente que llamaba para explicarles cómo era la asociación”. Según añadió, ella creía que luchaban contra la corrupción. Pero, en un auto, el juez instructor Gadea subraya que el grupo se dedicaba a estafar a los ciudadanos con la presentación de querellas por corrupción contra instituciones del Estado y cargos públicos basadas en pruebas falsas, fabricadas ad hoc. Y, según el sumario, Reina “tendría un papel clave en la distribución” de las querellas y la actividad de Acodap “en internet y por diferentes canales y redes sociales”, base para después recaudar dinero entre sus seguidores.

En esa línea, un informe de la Guardia Civil apunta que la trama recaudó más de 185.000 euros en 2021 y 2022, los cuales acabaron en poder de sus integrantes. Gadea destaca que Presencia utilizó más de 30.000 euros para gastos de “índole privado”. Reina percibió 15.174 euros. “Don Fernando me dijo que, en los estatutos de Acodap, hay como una ayuda para los que están colaborando con la asociación más estrechamente. Al ayudar, pues a nosotros se nos ayudaba”, se justificó la investigada en la Audiencia Nacional, donde contó que también se pagaba al conspiranoico Alberto Royuela, quien presuntamente suministraba las pruebas falsas.

Reina incidió en que Presencia movía los hilos de todo. Según su versión, él le pasaba las “notas de prensa” para difundir las presuntas denuncias falsas en la web. También manejaba el dinero que entraba en Acodap; decidía cuánto cobraba cada colaborador —“Él me decía: ‘A tal persona, tal concepto y tal dinero’. Llegaba la clave a su teléfono y se hacía la transferencia”—; y ordenaba abrir nuevas cuentas bancarias a medida que la Audiencia Nacional acordaba bloquearlas. De todo ello, según remachó, el exjuez se beneficiaba personalmente. “¿Sabe de qué vivía Fernando presencia?”, le preguntó el juez Gadea a Reina, que contestó: “Cuando la gente donaba, donaba a la causa, pero a través del correo y el teléfono nos decían que también le querían ayudar a él y a su familia para que pudiera subsistir”. ¿Sabe si Presencia vivía de las aportaciones de Acodap? “En algún momento sí, pero yo creo que cobran el mínimo vital”.

“Yo no sé si es verdad”

La imputada se excusó en que “siempre” confió “plenamente” en Presencia y en que creía que era juez, pese a que había sido expulsado de la carrera tras dos condenas por prevaricación: “Lo veía cada vez más como un líder que luchaba contra la corrupción [...] Él me decía que seguía siéndolo porque [su expulsión] no se había publicado en el BOE”. Reina insistió en que, “en ningún momento”, se planteaba que las denuncias fueran falsas y que, cuando le surgía alguna debido a la investigación abierta en la Audiencia Nacional, confiaba en las explicaciones de Presencia: “Yo no tengo ningún conocimiento jurídico”.

Durante el interrogatorio, Reina llega a disculparse entre lágrimas por su actuación y se mostró dispuesta a cooperar con las pesquisas: “Pido perdón porque yo no sé si es verdad o es mentira. Simplemente, yo he sido una intermediaria. Y ahora yo me encuentro así delante de ustedes... que me da vergüenza porque no sé si es verdad o es mentira. Y yo he estado ahí en medio. Así que, de verdad, que le pido perdón a los dos”, dijo, dirigiéndose a Gadea y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Ese día, el ministerio público descartó pedir el ingreso en prisión provisional de Reina: entre otros motivos, por su colaboración. Eso sí, se le han impuesto medidas cautelares: se le ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir del país y se le obliga a comparecer semanalmente ante el juzgado."              (J. J. Gálvez, El País, 07/08/23)

30.5.22

La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP

Daniel Bernabé @diasasaigonados

En el año 2014, JL Moreno, un abogado cercano al PP, negoció con representantes de la mafia rusa para que a cambio de excarcelar a uno de sus capos, Kalashov, consiguieran información sensible de Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas.

"La Policía incauta a la mafia rusa el audio de una operación para silenciar a Bárcenas y salvar al PP" (José María Olmo, El Confidencial, 30/05/22)

Destacar que a través de los diarios de Villarejo sabemos que la trama Kitchen, por su lado, intentó la misma maniobra, lo que desde luego refuerza la grabación que hemos conocido hoy.

"La Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP" (Tono Calleja, epe.es, 27/02/22)

Kalashov fue expulsado de España en octubre de 2014, después de cumplir siete años y medio de prisión, rumbo a Moscú. ¿Por qué no se le extraditó a Georgia donde hubiera seguido detenido? Esta es la pregunta que se hacía la prensa rusa en 2015.

"Bизит на Житную Зачем Шакро Молодой ездил в Главное управление МВД России" (Lenta.Ru)

2:51 p. m. · 30 may. 2022
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" La trama Gürtel y los presuntos esfuerzos del Partido Popular por silenciar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, se han colado en una operación contra la mafia rusa. 

Ya nada sorprende cuando se relaciona con Bárcenas. El PP de Mariano Rajoy utilizó los medios del Estado para robarle la documentación que incriminaba al partido en la financiación irregular. Pero ahora, tal y como ha adelantado El Confidencial, ha aparecido un audio de 2014 en el que tres abogados: uno enviado por el PP, la intermediaria y el representante del mafioso ruso Zakhar Kalashov en el que se habla de cómo extorsionar a Javier Gómez de Liaño, entonces abogado de Bárcenas.

Lo curioso es que la grabación se ha incautado en una operación contra la mafia rusa. Y esto es así porque el representante de Kalashov fue quien se la mandó por correo electrónico al lugarteniente del mafioso ruso, Halit Sahitaj.

La grabación

En la reunión había tres personas, todas españolas. El primero es un abogado, José Luis Moreno, al que en el audio de 22 minutos llaman 'José'; el segundo es un empresario, Juan Ramón Díaz, al que se refieren como ‘Juanra’ y, por último y como intermediaria está, Mónica Gil Manzano, letrada más conocida como la 'timadora de los famosos' y que actualmente cumple condena por haber estafado a la persiodista fallecida, Mila Ximénez, al futbolista, Manuel Pernía, y al bailarín Joaquín Cortés.

 Durante la conversación, Moreno dijo que estaba en contacto con las altas esferas del PP y que necesitaban información sensible contra Gómez de Liaño. Daba la casualidad de que éste representaba tanto a Zakhar Kalashov como a Luis Bárcenas. El trato consistía en que si les facilitaban esa información conseguirían que el mafioso saliera de prisión. Una información que necesitaba el PP como agua de mayo porque, según su interlocutor: "Quieren tirar a matar, a matar a Liaño, a matar a Bárcenas. Están dispuestos a todo".

 Eso sí, además de la información debía pasar por caja y pagar varios millones de euros. Al parecer, nada sale gratis en el mundo de la corrupción. Al representate de  Zakhar Kalashov todo le pareció bien.

De hecho, en la grabación se escucha que el PP tiene un 'lobby' que "presiona desde arriba a los distintos fiscales", lo que permitiría al mafioso rusa salir libertad de forma inmediata con un "tercer grado, cuarto grado… Eso lo tenemos (…) Estamos hablando de alto nivel". Moreno, que ofrecía sin tapujos la prevaricación de la judicatura no oilvidó el verdadero cometido de la reunión en ningún momento: "Libertad a cambio de información, lógicamente". Y de dinero, mucho dinero, pues primero se pidió un millón de euros y, Gil Manzazno dijo que uno no, que cinco millones."          (Loreto Ochando  , El Plural, 30 de mayo de 2022)

17.2.22

El "periodista" de OkDiario esperaba a que Iglesias y Montero se marcharan de la casa y cuando la cuidadora salía a pasear con los niños (3 bebés de pecho) la perseguía. Según la justicia esto no es acoso... "El juzgado (...) asegura que los bebés eran muy pequeños, no se enteraron de nada y por tanto no fueron víctimas de ningún delito de acoso"... Si fueran hijos de Casado o Abascal a la cárcel iban ¿verdad?... La justicia española es, digámoslo suavemente, un desastre, con jueces que deberían ser expulsados de la carrera judicial por prevaricar y hacer política... El mensaje no puede ser más claro: enfrentarse al poder tiene un coste y no hay justicia para los que se atreven a desafiarlo... Está quedando un país estupendo. A los mayores se les puede dejar morir solos en las residencias sin recibir atención médica. Y los niños no son "sujetos" de un posible delito al ser ajenos a lo que ocurre a su alrededor... Artículo 39.1 de la Constitución: ‘Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección de hijos e hijas’

 "La Justicia absuelve al periodista de OkDiario acusado de acosar a los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias.

El juzgado penal 30 de Madrid absuelve al periodista Alejandro Entrambasaguas y reconoce que generó una "inquietud muy relevante" en la cuidadora y los padres de los pequeños pero asegura que los bebés eran muy pequeños, no se enteraron de nada y por tanto no fueron víctimas de ningún delito de acoso"      (Alberto Pozas, eldiario.es, 16/02/22) 

 Pablo Iglesias

 Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el “periodista” de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente

 3:06 p. m. · 16 feb. 2022

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 Manuel Rico

 Está quedando un país estupendo.
A los mayores se les puede dejar morir solos en las residencias sin recibir atención médica.
Y los niños no son "sujetos" de un posible delito al ser ajenos a lo que ocurre a su alrededor.

 4:32 p. m. · 16 feb. 2022

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 Enric Juliana Ricart

 Artículo 39.1 de la Constitución:  ‘Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección de hijos e hijas’.

Art. 39.4: ‘Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos’.

3:54 p. m. · 16 feb. 2022

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  Ignacio Pato

 "El juzgado (...) asegura que los bebés eran muy pequeños, no se enteraron de nada y por tanto no fueron víctimas de ningún delito de acoso". Es de no dar crédito.

 1:52 p. m. 16 feb. 2022

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PabloMM

El "periodista" de OkDiario esperaba a que Iglesias y Montero se marcharan de la casa y cuando la cuidadora salía a pasear con los niños (3 bebés de pecho) la perseguía. Según la justicia esto no es acoso. ¡Qué putísima vergüenza!

  2:45 p. m. 16 feb. 2022

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 Héctor Illueca

 El mensaje no puede ser más claro: enfrentarse al poder tiene un coste y no hay justicia para los que se atreven a desafiarlo. Nada justifica lo que vivieron los hijos de @PabloIglesias e @IreneMontero. Tenéis mi cariño y mi solidaridad. #NoHayDerecho

 3:16 p. m. · 16 feb. 2022

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 Juan Laborda

 La justicia española es, digámoslo suavemente, un desastre, con jueces que deberían ser expulsados de la carrera judicial por prevaricar y hacer política. Es hora de que la sociedad civil empiece a moverse. Si no, nos arrepentiremos. Basta ya del Lawfare judicial!

 6:50 p. m. · 16 feb. 2022

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 Pilar Lima

“Eran muy pequeños y no se enteraron” sentencia el juez en el caso del acoso a los hijos de Irene y Pablo.
Infame. Si fueran hijos de Casado o Abascal a la cárcel iban ¿verdad?
Menuda bonita justicia se nos está quedando. Un abrazo a la familia Montero-Iglesias. No estáis solos.

 2:59 p. m. · 16 feb. 2022

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"Los niños de Pablo Iglesias y el juez Benchimol.

 De madrugada, por puro morbo, me puse a ver La Base, el programa de Pablo Iglesias que da este periódico. Pablo Iglesias estuvo fatal: acelerado, a veces inconexo, más lleno de gestos que de ideas, interrumpiendo constantemente a sus compañeros, rozando el furibundismo, que no es lo suyo.

Miguel Mora, director de Ctxt y otras muchas cosas bellas que no pienso desvelar aquí, cortó el monólogo del ex vicepresidente con esa sonrisa zen con la que escribe periódicos:

--Te has venido arriba, Pablo.

Me fijé más en estas cosas que en el debate. Ya os dije. Puro morbo. Quería saber cómo se comporta un ser humano, además famoso y en directo, cuando acaba de enterarse de que un juez español, europeo y tal, avala que se pueda acosar a tus hijos de diecisiete meses porque los niños de diecisiete meses no se enteran. No soy pediatra, pero, científicamente, eso de que los bebés no se enteran me parece discutible, señor juez (el juez se llama David Yehiel Maman Benchimol: en 2004 no vio delito en que José María Aznar hubiera destinado 2,3 millones de euros del erario público a comprar la Medalla del Congreso de EEUU. No se la dieron a pesar de tanto gasto. Pobre Aznar y pobre erario público).

El caso es que este juez (David Yehiel Maman Benchimol, recordad con miedo el nombre por si os toca) considera lícito que un tipo acose a la niñera de unos bebés de diecisiete meses por teléfono, llamando al timbre de su domicilio y persiguiéndola por los parques mientras paseaba el carrito.

La cronología de los hechos es entretenidísima. En septiembre de 2019, Irene Montero y Pablo Iglesias contratan a una cuidadora para su hijos. No quieren llevarlos a la guardería. Los niños son prematuros. Propensos a infecciones.

Galapagar, donde vive la podemita pareja, es un pueblo pequeño de la serranía de Madrid, así que enseguida todo el mundo supo adónde mandaban P&I a sus niños.

Días después, un particular llamó a OK Diario para denunciar que los niños de P&I hacían mucho ruido y estaban en una guardería ilegal (esto lo contaron Eduardo Inda y Manuel Cerdán en el juicio).

Cerdán e Inda encargaron a su reportero Alejandro Entrambasaguas investigar el asunto. Entrambasaguas, en principio, no hizo mal su trabajo. Se pateó el barrio y consiguió el teléfono y la dirección de la niñera. No se sabe cómo, pero da igual. Cualquier periodista que os diga que nunca utilizó la picaresca o la artimaña para conseguir un contacto, un teléfono o una dirección, os está mintiendo.

La deontología empieza cuando usas esa información de manera razonable o no. Te pones en contacto con la posible fuente y, si te dice que no o no te contesta, te buscas otra manera de seguir tus indagaciones. No te pones a perseguirla.

El absuelto Alejandro Entrambasaguas, en este caso fecales, estuvo llamando al timbre y al teléfono de la niñera durante días, persiguiéndola por el parque, mintiendo incluso a la Policía cuando lo identificaron como anónimo merodeador (declararon los policías en el juicio que el aludido ocultó que era periodista).

A causa de este acoso, P&I se quedaron sin niñera, porque la señora se autodespidió por miedo a ese señor de aspecto extraño que la llamaba y la seguía a todas partes. Y porque temía por la seguridad de los niños.

OK Diario nunca pudo demostrar irregularidad alguna. Ni siquiera, tras el acoso, publicó la información. No había información. Solo buscaban el escándalo. Y así se justificó Entrambasaguas ante el juez: "Si se niega a hablar, no puedo amenazarla". No sé si esas palabras os tranquilizan. Al juez parece ser que sí.

Pero eso de no amenazarla y llamarla y timbrarla y seguirla no es acoso, dice el juez David Yehiel Maman Benchimol, porque los niños de Iglesias y Montero no se enteraban. Yo no sé lo que sabe de pediatría este juez Benchimol, ya lo dije antes, pero estoy seguro de que si yo, en plan periodista carroñero, me pusiera a sacar fotos a sus hijos o nietos en los parques lo mismo no sería tan defensor de la libertad de expresión. Son azarosas especulaciones que uno se hace a sí mismo.

Y yo no sé si todo esto tiene que ver con el hecho, que es el núcleo del artículo, de que Pablo Iglesias haya estado horrible ayer en el programa. O sea, que si el mando de la tele no tuviera las pilas gastadas, yo me habría cambiado de canal. Pero el hombre acababa de enterarse, pocas horas antes de la emisión, de que los manipuladores y los mendaces tienen derecho legal de acosar a sus hijos y a sus niñeras y a su padre.

Mi jefe, Torrús, que es muy pesado y muy pejiguero, me manda el artículo 39.1 de la Constitución para que lo ponga: "Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección de hijos e hijas".

Según el juez David Yehiel Maman Benchimol, Iglesias y Montero no son competentes para denunciar el acoso a sus hijos porque no fueron los directos acosados. Su denuncia queda archivada, ratas coleteras. Perseguir niñeras y bebés de vicepresidentes rojos es legal en España. A no ser que denuncie la niñera o el bebé. Suena absurdo, pero así es la sentencia.

Quizá por eso el programa que se montó ayer Pablo Iglesias fue horroroso. Estaba nervioso y alterado, casi iracundo, y muy triste, me parece que muy triste. Solo se refirió a la sentencia absolutoria a favor de Entrambasaguas al final. No quería molestar al respetable con sus cuitas. Solo informó. Sin regodearse.

Que jueces de la calaña de David Yehiel Maman Benchimol anden dictando sentencias es ya muy preocupante. Que un representante electo del pueblo tenga que exponer a sus hijos ante el acoso impune de los Entrambasaguas es denigrante para un estado de derecho. Y que la sociedad sea simple espectadora (también caso Julian Assange) de tales abusos, es lo que provoca que a gente como Pablo Iglesias los programas de radio le salgan mal y tristes. O que se haya ido de la política. No pidamos ideólogos ni partidos fuertes y renovadores si no sabemos proteger ni siquiera a sus hijos. Contra jueces como Benchimol, por ejemplo, es necesario hacer algo. No es comprensible que de esta sentencia salga más dañado Pablo Iglesias que Benchimol. Si le ha pasado a un vicepresidente de Gobierno, imagínate cómo será cuando te pase a ti. ¿Qué se os ocurre para que este Benchimol no vuelva a dictar una sentencia en su vida? Menos violentas, estoy abierto a todas las ideas. Y espero que vosotros también."(Aníbal Malvar, Público, 17/02/22)

25.1.21

Juan Madrid: “No hay un solo agente que no supiera lo que hacía la policía patriótica”

 "Juan Delforo tiene una teoría en la que define España como un “Estado delincuencial”. Explicado en pocas palabras: en 1936 unos criminales accedieron de forma ilegal al poder. Las fuerzas del orden quedaron entonces en manos de los bandidos. Y de ese orden pervertido surgió un Estado con un cuerpo jurídico redactado por delincuentes. En suma, los pájaros tirándole a las escopetas.

Delforo es el poco camuflado alter ego de Juan Madrid (Málaga, 1947) en sus últimas novelas, ambas editadas por Alianza: Perros que duermen (2017) y Gloria bendita (2020). A través de él, da rienda suelta a sus inquietudes sociales y políticas, y en el último título citado, también a su cabreo.

Por sus páginas desfila un monarca (llamado sucintamente El Emérito), su amante (Carina), un policía que fabrica dosieres periodísticos para desacreditar a la izquierda (el comisario Romero) y hasta un ministro ultracatólico con un reclinatorio en su despacho. En la trama resulta que el rey en cuestión se encapricha de una joven camarera (María) y las cloacas del Estado se ponen en marcha para conseguírsela, como lacayos rijosos y complacientes. Todo es ficción, pero es una ficción muy veraz.

Esta inclinación por la veracidad (“Me gusta que mis novelas sean realistas y parezcan verdad”, dice) le viene de su oficio de periodista de sucesos en Cambio 16, pero su vocación desde niño era la de convertirse en escritor. Lo consiguió en 1980, cuando publicó la primera novela de Toni Romano: Un beso de amigo. Sus historias han sido llevadas al cine (Días contados, 1994) y a la televisión (Brigada central, 1989-1992). Hoy, casi 60 títulos después, está considerado como uno de los padres de la novela negra española junto a Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín o Francisco González Ledesma.

¿Comparte usted la teoría del “Estado delincuencial” de Delforo al cien por cien?

Absolutamente. Delforo es mi alter ego y lo utilizo para transmitir un mensaje más culto, más elaborado que el que podría hacer a través de Toni Romano. Me gusta que mis novelas parezcan verdad y Toni Romano no podía hablar así. Antonio Carpintero, que es su nombre real, es un expolicía. Lo de Toni Romano viene de su época de boxeador. Fue un mediocre boxeador pero esa faceta le venía muy bien al personaje para poder dar golpes de vez en cuando.

Usted, Delforo y otros personajes de Gloria bendita también dan buenos golpes. En un momento de la novela, María le dice al comisario corrupto: “Vaya porquería de gente, Romero, tío. Ahora tengo un montón de pretendientes entre aristócratas y gente fina”.

La novela nace de un cabreo, de mi enfado con esa gente. La escribí antes de que el Emérito huyera de la justicia. Mucho antes de eso ya sabíamos que determinados gobiernos y determinados servidores del Estado se dedicaban, o se dedican todavía, a ayudar a la alta burguesía. A los ladrones, vamos. Trabajaban para ellos cobrando del erario público y protegidos por un ministro, digamos, peculiar. Que a mí me parece muy bien que crea en Dios, pero no de esa manera.

Aseguró que el Papa le dijo que “el diablo quiere destruir España”.

Esa analogía entre el diablo y el comunismo es viejísima. Siempre ha sido la gran obsesión de la derecha española. Desde el inicio de la Segunda República han estado con ese cuento. Y lo creen de verdad. Decían que la república formaba parte del plan de Stalin para conquistar el mundo. Por eso llevan 80 años atacando concienzudamente el comunismo, desde la época del general Mola hasta hoy. Les da igual todo lo que ha pasado después. Obvian que el comunismo ya no supone un peligro para la burguesía desde hace casi medio siglo, cuando Berlinguer y los eurocomunistas renunciaron a la revolución como medio para acceder al poder y aceptaron las reglas del juego democrático, como cualquier otro partido.

Si ya no hay peligro y es un partido más, ¿a qué atribuye usted esa persecución tan obsesiva?

No quieren comunistas en el gobierno no por miedo a perder sus propiedades, lo cual es imposible, sino a que puedan denunciar su corrupción. De ahí viene su terror. Y para mantener ese sistema corrupto harán lo que sea.

Durante su época de periodista, ¿usted recibió alguna vez un dosier que oliera especialmente mal, que se supiera a la legua que contenía información falsa?

Hombre, claro. Y llamadas que sabías que te estaban vendiendo la moto. Eso es más viejo que el sitio de Numancia. Nos pasaba a todos continuamente. A los periodistas de sucesos, de investigación, de política… Le pongo un ejemplo: si nos llamaban diciendo que hablaban desde el cuartel de Intxaurrondo y que querían darnos información, tanto Pepe Oneto, mi director en Cambio 16, como yo sabíamos que aquello era una intoxicación. Te la intentaban colar y lo siguen intentando ahora. El caso de Venezuela es paradigmático. Los servicios de inteligencia están para eso, para fabricar esas cosas y destruir reputaciones. Cuesta un dinero pero no es difícil hacerlo. El sistema necesita que la gente esté en Babia. Se basa en eso y gasta muchos recursos para conseguirlo. Yo no he descubierto nada. Lo que sale en mi novela se sabe desde hace tiempo.

Y los acontecimientos no hacen más que corroborarlo, ¿no?

Cuando yo presento la novela, el rey aún no se había fugado y en la editorial me dijeron que saldría al año siguiente, en enero o febrero [de este 2021]. Claro, cuando se supo la huida me llamaron inmediatamente para adelantar su publicación. Pero ni siquiera entonces tenía mucha esperanza de que me sacaran en los periódicos. Hace tiempo que no lo hacen. Bueno, ya estoy acostumbrado. Yo sigo trabajando. Sigo escribiendo. Me siguen traduciendo. Vamos tirando, como se suele decir.

El rey emérito sigue teniendo sus defensores, incluso después de todo lo que se ha publicado.

Es la leche, es increíble, pero es así. Vemos a intelectuales hablando maravillas del rey, haciendo de caja de resonancia de la monarquía, del Estado y del poder. Hay un libro titulado La desfachatez intelectual [de Ignacio Sánchez-Cuenca] que explica muy bien ese fenómeno. Hay un montón de escritores que probablemente no existirían si no fueran alimañas, servidores del poder. Este país está lleno de escritores así.  (...)

¿Cree que los detractores olvidan el elemento social y político que tiene la novela negra?

Y sobre todo olvidan lo que tiene de desafío al sistema. Hay que tener claro, por ejemplo, qué papel cumple la policía en la novela negra. Yo ya lo he contado en otras novelas, pero en ninguna con tanta dureza como en esta.

¿Y eso por qué?

Pues porque ya estaba cansado y me dije: “¡A la porra!”. Bueno, no usé exactamente esas palabras sino otras más groseras. [Risas]. Me dije: “Voy a escribir lo que sé de sobra que está pasando en la policía, que es algo espantoso”. Y el instrumento que utilizo para hacer esa denuncia es la novela, porque soy escritor. Es mi visión del mundo. Son los lectores los que tienen que decidir si esa visión es verdad o es mentira.

No será verdad, pero desde luego es verosímil.

Es que hablo de cosas que están superdemostradas. Nadie ha salido a cuestionarme. Nadie. No hay un solo agente en España que no supiera lo que hacía la llamada “policía patriótica”. Un policía no es corrupto solo por dinero. También puede serlo por ganar un ascenso o simplemente por estar cerca de los que mandan. A comisario no llega un tío cualquiera. Con esto no quiero decir que todos los policías sean corruptos. No es un cuerpo corrupto, no digo eso. Pero sí que hay corruptos. A punta pala, vamos.

Y reflejarlo en las novelas, ¿es un deber moral?

Pues yo creo que sí, pero no todos lo hacemos. Lo he discutido con otros colegas… europeos.

¿No quiere decir el país?

No, porque sería fácilmente identificable. No quiero meterme con otros compañeros. Todos tenemos que trabajar y ganarnos la vida. A este escritor le decía yo: “¿Pero tú no sabes cómo es la policía de tu país? ¡Allí te matan a palos!”. Se lo dije porque su detective es buenísimo, no pega nunca. (...)

Pero la novela negra tenía que dar un paso más allá para convertirse en lo que Gramsci llamaba “la literatura de la inseguridad”. En esta sociedad dominada de forma absoluta por el capitalismo, tú no sabes lo que te va a pasar mañana. No sabes si tu hija va a volver a casa, si a tu hermano lo van a echar del trabajo o si tu esposa te engaña. Ahí, en ese aspecto social, es donde debe poner el foco la novela negra. La buena, quiero decir. Y hacer un esfuerzo por ser realista, lo que a veces implica hacer un retrato duro de la policía. El inspector Maigret no encaja ahí. Es un hombre bonachón, tranquilo, que fuma en pipa y nunca lleva pistola.

Pero también habrá policías así, ¿no?

Por supuesto. Yo, como periodista y como escritor, he trabajado mucho tiempo con policías y me caen bien. Hacen su trabajo. Ya he dicho que no todos son corruptos. Los que pertenecen a los servicios de inteligencia son diferentes. Para eso te eligen y tienes que pasar unas pruebas. Ahí hay policías, guardias civiles, militares de alta graduación… y no se sabe muy bien lo que hacen. Bueno, sí se sabe: defender el sistema. A mí eso no me importa. Tampoco voy a pedir la desaparición de los servicios de inteligencia. Sería una gilipollez. Una más de las muchas que digo. Pero lo que sí puedo pedir es un poquito más de respeto a la ley. Eso sí.

En Gloria bendita se habla del archivo Jano [elaborado por los servicios de inteligencia desde los años setenta] y ahí seguro que hay una ficha suya. ¿Cómo se la imagina?

Pues hace muchos años, en la Dirección General de Seguridad, una funcionaria me la ofreció. La mía y la de mi padre. Y no sé muy bien por qué le dije que no. Ahora me arrepiento muchísimo. En aquel momento yo pensaba que esa forma de ficharnos y reprimirnos había acabado. Y me equivoqué, porque sigue, y sigue, y sigue… (...)"                (Entrevista a Juan Delforo (Juan Madrid), Manuel Ligero, La Marea, 19/01/21)

14.11.18

Le dejan un cuchillo al concejal de Urbanismo de Oviedo... La amenaza se reflejeba en el destinatario al que estaba dedicado el puñal: "al de licencias"

"Una amenaza de muerte velada. Una bolsa con un cuchillo de cocina "de grandes dimensiones", según testigos, fue el desayuno que le esperaba hoy al personal de licencias del Ayuntamiento de Oviedo. Según varias fuentes, el machete se encontraba en una bolsa y en su interior había una nota amenazante firmada con un apodo.

 La amenaza se reflejeba en el destinatario al que estaba dedicado el puñal: "al de licencias". Personal de limpieza detectó la bolsa a primera hora de la mañana y la policía se desplazó a la zona. Los investigadores dan por supuesto que el destinatario de la amenaza era el concejal de Urbanismo Ignacio Fernández del Páramo (Somos).

Aunque agentes de la Policía local iniciaron las investigaciones, a media mañana se activó el protocolo suscrito recientemente para casos de amenazas a cargos públicos, a raíz del asesinato de un edil de IU en Llanes, y la Policía Nacional estudia en estos momentos los hechos.

Según fuentes próximas al caso, las primeras investigaciones han llevado a interrogar a algunos miembros del servicio y a indagar en otras amenazas de muerte registradas en el departamento hace varios años. Estas mismas fuentes indican que la nota que acompañaba el cuchillo podría aludir a supuestos problemas de un ciudadano para obtener una licencia."             (La Nueva España, 10/10/18)

19.7.18

El pulso al Estado de un comisario en apuros. El policía Villarejo maniobra desde prisión para lograr su libertad con las grabaciones que durante 25 años registró en secreto a políticos, jueces y empresarios. “Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”

"Los investigadores de la Operación Tándem, que el pasado noviembre envió a prisión preventiva al comisario por cobrar por "servicios de inteligencia", se desayunaron esta semana con la bomba. Los agentes desconocen si la grabación a Corinna es un “proyecto personal” de Villarejo.

 O el encargo de alguno de los adinerados clientes que durante décadas tocaron a su despacho de la novena planta de la Torre Picasso de Madrid para contratar sus servicios de “gestión de crisis en el ámbito judicial y policial”. Un eufemismo para describir un chiringuito especializado en la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario, según fuentes policiales.

Si Villarejo grabó por voluntad propia a Corinna fue para acopiarse de munición para forzar su libertad. El policía estaría aplicando la misma hoja de ruta que ofrecía a sus clientes. Pero ahora para salvarse él, según fuentes próximas al caso. 

“Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”, apuntan fuentes próximas al caso en referencia a una supuesta treta para “intimidar al Estado y las instituciones”.

Los agentes conocen la larga sombra del investigado. Un hombre que ha hecho del fisgoneo a empresarios, jueces, periodistas, políticos de PP y PSOE, altos funcionarios y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un suculento negocio. Por sus “proyectos” de “gestión de crisis” llegó a pedir hasta 30 millones a ocho clientes entre 2013 y 2017, según fuentes judiciales. Y su entramado ingresó 20,4 millones solo entre 1992 y 2010. El desafiante policía siempre defendió que el Ministerio del Interior conocía sus negocios y autorizó su compatibilidad.



José Manuel Villarejo Pérez es un hombre con dos caras. Una pública, la del comisario comprometido con los asuntos calientes del Estado. Y otra privada y vidriosa, que se extienda como una hidra por una compleja madeja de negocios. La historia de este agente desconfiado comienza a escribirse en los Ochenta. El policía trabajaba entonces para la agencia de detectives Kroll International, conducía un Porsche y tenía una oficina a las afueras de Madrid. 

En 1993 Villarejo se reenganchó al Cuerpo Nacional de Policía. Y despuntó entonces como un funcionario que no se arrugaba con los expedientes más putrefactos ni al descender a asuntos sensibles como la lucha antiterrorista. Un trabajo que prestó para los Gobiernos de PP y PSOE.

Durante el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, el policía ejecutó encargos inconfesables sobre la deriva independentista en Cataluña y su nombre se conectó con la denominada “policía patriótica”.

La nómina de personalidades en apuros que recurrieron a sus servicios es amplia. E incluye a ejecutivos del IBEX 35, empresarios como Javier López Madrid y Adrián de la Joya, el bufete Herrero & Asociados y un presunto blanqueador conectado con el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Todos ellos se beneficiaron de una de las señas de identidad del policía: la confidencialidad. Villarejo no firmaba contratos. Suscribía una hoja de servicios. E imponía una “comisión de éxito”. El premio por conseguir sus objetivos alcanzaba el 100 % de la cifra pactada en los casos más complejos.

 Por uno de sus vidriosos “proyectos”, que es como denominaba cada trabajo, llegó a pedir seis millones de euros. Las 174 llamadas que cruzó en 60 días en 2014 con su cliente Adrián de la Joya para resolverle los problemas con una finca demuestran la implicación del comisario con sus negocios. 

Unos manejos denunciados por el CNI, el servicio secreto con el que el policía estaba enfrentado a cara de perro.
La investigación acredita que el primer contacto entre Villarejo y el cliente –que quedaba registrado con el micro espía- servía para desplegar la cartera de servicios ilegales. Los trabajos incluían desde presuntas campañas de intoxicación y desinformación hasta el acopio de datos fiscales, cuentas bancarias, tráfico de llamadas, sumarios bajo secreto…

Villarejo disponía de una telaraña de colaboradores. Tenía a su cargo a una decena de comisarios jubilados. También a funcionarios de la Agencia Tributaria y empleados de bancos y compañías de telecomunicaciones. “Era muy generoso, pagaba muy bien a los suyos con dinero y regalos”, explica una fuente judicial.

 Los archivos secretos de este hombre que se definía a sí mismo como “agente encubierto” son una metáfora de los agujeros del stablishment. Incluyen “imágenes escatológicas” y salpican a decenas personalidades de los últimos 25 años, según fuentes judiciales, que advierten: “La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aguantarán las presiones”.

Y es que el comisario siempre intentó desplegar sus redes sobre la judicatura. Durante años organizó con el empresario Adrián de la Joya comidas mensuales “muy divertidas” en Madrid donde las fotos estaban prohibidas. A los encuentros asistían supuestamente magistrados de la Audiencia Nacional y dirigentes de PSOE y PP, según un informe policial. 

Además, su instituto de práctica jurídica Schola Iuris pagó a algunos jueces y fiscales por impartir clases. Y la Asociación Transparencia y Justicia, donde figuró como secretario el hombre de confianza del comisario, el abogado Rafael Redondo, actuó como caballo de Troya para introducirse como acusación popular en sumarios calientes como el caso del pequeño Nicolás.

El microemperio de Villarejo engordó con los años. Y se extendió a empresas de investigación, despachos, webs y agencias de “gestión de crisis”, su especialidad. Una de las piezas de su entramado, la sociedad Servicios de Investigación y Detección, presumía de “estar dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado” y ofrecía un laboratorio de audio, según un informe policial.

Un equipo de ocho agentes de asuntos internos trabaja a destajo para desencriptar varios terabytes incautados a la red del comisario. Los funcionarios barajan la hipótesis de que el policía guardó copias de su dinamita informativa en la nube. Y también que confió el material a sus colaboradores que supuestamente filtraron la grabación de Corinna. Un hecho que el abogado del policía niega en un comunicado.

Los agentes escuchan con sus cascos decenas de horas de material inflamable. Y emiten informes a la Fiscalía Anticorrupción y al juez de instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea cuando encuentran indicios delictivos. Los audios que afectan a la Seguridad del Estado -confidentes, pago de fondos reservados, operaciones judicializadas en los que no se aprecian irregularidades- quedarán protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, según fuentes próximas a la causa."              (  , , El País, 16/07/18)

18.7.17

Jaume Roures, en las cloacas

"El empresario Jaume Roures, factótum del grupo Mediapro, ha hecho un paréntesis en la gestión de los 70 cargos que ocupa en las sociedades de este conglomerado audiovisual para ponerse detrás la cámara y asumir la dirección del documental Las cloacas de Interior, presentado el pasado 28 de junio en el cine Aribau, junto a Jordi Évole. 

El eje argumental de este reportaje son los artículos que han publicado, en los últimos meses, los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo en el diario www.publico.es, editado por la sociedad Display Connectors SL, de la cual Jaume Roures es apoderado.

En la "guerra de comisarios" que se desató en la cúpula policial durante el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz, el diario www. publico.es se ha posicionado junto al comisario Marcelino Martín Blas, mientras que su archienemigo, el comisario José Manuel Villarejo, cuenta con el apoyo de El Mundo y de OK Diario. 

 En vigilias de las elecciones generales del 26 de junio del año pasado, y con el objetivo obvio de intentar influir en su resultado, el diario www.publico.es difundió unos audios grabados en su despacho entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.

Estas grabaciones constituyen uno de los platos fuertes del documental Las cloacas de Interior, que cuenta, entre los testigos que hacen declaraciones, con la participación del comisario, actualmente jubilado, Marcelino Martín Blas, que ha sido señalado como el inductor de la filtración de estas conversas al diario www.publico.es.

El reportaje firmado por Jaume Roures se inserta en una estrategia mucho más amplia que busca la exculpación judicial del clan Pujol a partir de situarlos como víctimas de una operación de guerra sucia orquestada desde las cloacas del Estado español. 

Pero al avispado empresario multimedia -que fue trabajador de TV3, como su socio Tatxo Benet- se le escapa un detalle muy grande: el comisario Marcelino Martín Blas fue quién, con supuestas amenazas y chantajes a los hermanos Cierco, consiguió la prueba documental de las cuentas que tenía una parte de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La difusión de esta prueba documental por el diario El Mundo, el 7 de julio del 2014, provocó que, pocos días después, Jordi Pujol confesara la existencia de un tesoro escondido en paraísos fiscales y enterrara, de este modo, su prestigio y el de toda su familia. Al estreno del documental Las cloacas de Interior asistieron, entre otros, Carme Forcadell, Artur Mas, Xavier Trias, Gabriel Rufián y Lluís Llach."                  (J. Reixach , El Triangle, 09-07-2017)

20.4.17

Pinchazos telefónicos revelan graves coacciones de Marhuenda y el presidente de La Razón a Cifuentes (llamándola 'zorra')

"(...)  Según fuentes cercanas al caso, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron durante las escuchas que Marhuenda y Casals reconocían a Rodríguez Sobrino que estaban presionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no llevara ante la Justicia las presuntas irregularidades que encontró en el Canal de Isabel II cuando llegó al Gobierno autonómico en junio de 2015. (...)

Las mismas fuentes aseguran que, en varias conversaciones, Marhuenda se refiere a Cifuentes llamándola “zorra” y que también utiliza la misma palabra y el término “puta” para hablar de la directora de Comunicación de la dirigente, Marisa González. En otras conversaciones, Casals tranquiliza a Rodríguez Sobrino y, además de mostrarle su apoyo, le asegura que ha hablado con Marhuenda para recordarle que su continuidad como director de 'La Razón' depende de las presiones que sea capaz de ejercer sobre Cifuentes. (...)

En otra llamada de la veintena de grabaciones que maneja el juez, Marhuenda asegura a Rodríguez Sobrino que ha hablado directamente con la jefa del Gobierno madrileño para que no lo toque porque es otro “soldado” de 'La Razón'.

Según fuentes cercanas a la investigación, el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, dispone de más de una veintena de conversaciones que probarían las coacciones a la presidenta madrileña para tratar de obstruir el avance del procedimiento. Este miércoles, el juez citó a la propia Cifuentes y a Marisa González para que testificaran sobre el contenido de las llamadas. Y este jueves están citados a las 12:00 en calidad de imputados Marhuenda y Casals. (...)

Por su parte, el director de 'La Razón' enviaba anoche un comunicado a David del Cura, director de 'La brújula' de Onda Cero, emisora del Grupo AtresMedia en donde el propio Marhuenda es colaborador, y aclaraba que "no hará declaraciones hasta que comparezca ante el juez, donde demostrará que en ningún momento se ha orquestado una campaña de intimidación y acoso contra Cristina Cifuentes o su entorno.

 Aportará documentación [en la cita ante el juez Eloy Velasco] en la que se demuestra que las informaciones de 'La Razón' han sido siempre veraces y ajustadas a los hechos. La relación de Francisco Marhuenda con Cifuentes siempre ha sido cordial y respetuosa, ya que se conocen desde hace varios años".             (El Confidencial, 20/04/17)

"La operación Lezo que investiga una trama de corrupción en el Canal de Isabel II durante la etapa del expresidente de la Comunidad Ignacio González se ha cobrado víctimas colaterales más allá de los 12 arrestados, incluido el propio González, su hermano Pablo y su mano derecha en la empresa pública, Edmundo Rodríguez, que este miércoles pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Todos, incluido el que fuera todopoderoso presidente de Madrid, están acusados de integrar una "organización criminal" y de los delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.

Pero además de esas graves acusaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado en la misma causa al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de su diario, Mauricio Casals, a los que investiga por coacciones sobre Cristina Cifuentes y parte de su gabinete. 

Fuentes de la investigación apuntan a que ambos directivos del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.

Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en onerosas operaciones del Canal. 

El objetivo de Marhuenda y el presidente de su periódico era eximir de responsabilidades a Edmundo Rodríguez, el hombre del Canal en Latinoamérica, y protagonista de una ruinosa compra de una empresa brasileña a través de una maraña de sociedades en Panamá y cuyo dinero acabó en Suiza. 

Durante esas charlas tanto Casals como Marhuenda se jactaban de publicar ataques a Cifuentes y su equipo para tratar de que la Comunidad dejase de colaborar en las pesquisas de Anticorrupción. Ambos directivos de La Razón intercambian confidencias con el ahora detenido, Edmundo Rodríguez, en las que todos profieren gravísimos insultos tanto contra la presidenta de Madrid como contra su equipo. 

En esos diálogos los responsables del periódico admiten que están publicando ataques a Cifuentes y su Gobierno para condicionar a la Comunidad y que esta deje de aportar documentación del Canal de Isabel II a Anticorrupción.

Algunas de esas grabaciones se reprodujeron ayer ante los cargos políticos interrogados en calidad de testigos por Velasco: la propia Cifuentes, el portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y su jefa de gabinete Marisa González.

En el sumario que continúa secreto, abundan los indicios sobre continuas presiones de Marhuenda y Casals a la cúpula de la Comunidad de Madrid y que, según las fuentes consultadas, incluyeron amenazas sobre nuevas campañas de desprestigio si el Gobierno de Cifuentes no relajaba su presión sobre la gestión de sus predecesores en la principal empresa pública de la Comunidad.

Tras escuchar las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional, Velasco y los fiscales interrogarán este jueves a Marhuenda y Casals para que respondan por esas conversaciones incorporadas en el sumario. Ninguno de los dos directivos del diario han querido realizar manifestaciones, a la espera de su comparecencia en la Audiencia Nacional."            (eldiario.es, 19/04/17)