Los políticos «permiten» que ricos, banqueros y criminales perpetren graves delitos... Mientras desde los púlpitos y los programas electorales se hacen ampulosas promesas de luchar contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y el resto de delitos económicos, los diferentes gobiernos dejan sin recursos económicos a sus organismos de lucha contra el fraude

 "La crisis financiera global de 2008 provocó una grave fractura entre la clase política y la ciudadanía porque, en parte, se responsabilizó a los políticos de las graves consecuencias que estaban sufriendo las clases medias y trabajadoras por culpa de los desmanes de las élites dominantes.

Han pasado 14 años y los políticos no han podido frenar la hemorragia con dos consecuencias muy graves. En primer lugar, el crecimiento de los movimientos populistas de extrema derecha que están poniendo en jaque a los sistemas democráticos. En segundo término, el atrincheramiento de esas élites (en muchos casos conformadas por organizaciones criminales) para crear un escenario por el cual se chantajea directamente a los representantes del pueblo para no perder sus privilegios. Dentro de esas prerrogativas se incluyen, además, la protección, la permisividad y la impunidad cuando comenten delitos que atentan contra los intereses legítimos y reales de la ciudadanía.

Uno de los modos en el que los políticos, cuando alcanzan el poder, permiten esa impunidad cuando están en el poder se produce cuando se deja sin recursos a los organismos gubernamentales encargados, precisamente, de la detección de delitos económicos tan graves como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, el fraude o las estafas.

El mejor ejemplo de ello se comprobó la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos cuando el jefe de la unidad de lucha contra el crimen financiero (Financial Crimes Enforcement Network) expuso los graves problemas de financiación pública que tienen y las duras consecuencias que ello conlleva.

Himamauli Das fue muy claro: su agencia se está quedando corta en la batalla contra el dinero sucio debido a la falta de recursos. La unidad dispone de profesionales perfectamente preparados para esa lucha, pero la falta de recursos provoca que las transacciones sucias no sean detectadas, sobre todo porque los ricos, los banqueros y los criminales van siempre por delante, por ejemplo, con las transacciones en criptomonedas que dificultan el conocimiento del destinatario final de las mismas.

«No cumplimos los plazos. Para ser siceros, es probable que sigamos haciéndolo porque nuestra situación presupuestaria nos ha obligado a hacer concesiones significativas entre prioridades contrapuestas», afirmó Das.

Una prioridad clave para esta agencia es la creación de la base de datos o registro de propiedad exigido por la Ley de Transparencia Empresarial que obliga a millones de empresas constituidas en los Estados Unidos a informar de los nombres de sus verdaderos propietarios al gobierno federal. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los oficiales de cumplimiento de los bancos y otras instituciones financieras tendrían acceso a la base de datos, lo que les permitiría realizar investigaciones más fácilmente o cerrar cuentas con vínculos a criminales.

Sin embargo, la respuesta de los políticos que ocupan ahora el poder, es decir, de Joe Biden y los demócratas fue proporcionar varias decenas de millones de dólares menos de lo que había pedido. «El Congreso ha dejado a la agencia luchando para implementar piezas clave de la histórica ley contra el lavado de dinero sin recursos», dijo Das. Así es como se protege desde la clase política a los ricos que evaden impuestos, a los criminales que blanquean dinero y a los bancos a través de los que se canalizan las transacciones.

Además, siempre cuentan con el apoyo de jueces y fiscales que son tan favorables a proteger los desmanes de los poderosos mientras dedican sus recursos a perseguir los delitos menores. Los ejemplos son muchos. En Estados Unidos, tal y como publicó Diario16, se condenó y encarceló a Natalie Edwards, la funcionaria que filtró a un periodista decenas de miles de documentos donde se descubrieron operaciones de blanqueo de capitales a través de los principales bancos del mundo por valor de más de 2 billones de dólares.

En España, la Audiencia Nacional archivó una causa de blanqueo de capitales en la que estaban implicados el Banco de Santander, BNP y HSBC a pesar de que los informes periciales del Banco de España demostraban que se había producido ese lavado de dinero.

Las empresas anónimas son una gran vulnerabilidad en la lucha global contra la evasión fiscal y el blanqueo. Los cárteles de la droga, los oligarcas, los déspotas y la élite mundial utilizan este tipo de herramientas para ocultar fortunas a las autoridades fiscales y las fuerzas del orden.

Establecer un registro de propietarios reales de empresas fue una reforma clave que, según los expertos, es necesaria implementar a nivel mundial.

Sin embargo, eso no será posible si los políticos no dan financiación suficiente para que la lucha contra los delitos económicos de bancos, ricos y criminales sea eficiente.

Los expertos en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos económicos denuncian, precisamente, la falta de interés por parte de los políticos de las principales potencias en conceder suficiente financiación para ello. Es decir, denuncian que la clase política no se toma en serio uno de los mayores problemas de la humanidad que más desigualdad está creando.  Por ejemplo, en Estados Unidos, el FinCEN cuenta con sólo 300 empleados, incluidos analistas de datos, investigadores, oficinas de cumplimiento y expertos en políticas. Eso en el país que es el centro del capitalismo mundial, donde se encuentran las principales entidades financieras mundiales y desde donde, tal y como mostraron los documentos filtrados por Edwards, se inician muchas de las grandes operaciones de blanqueo.

Ese fue uno de los puntos en los que el director del FinCEN se centró, en la escasez de personal. Y no se dejó nada en el tintero, sobre todo al recalcar que tienen un grave problema por la escasez de analistas para rastrear a los delincuentes que usan criptomonedas para mover dinero de forma encubierta. «Nos enfrentamos continuamente a desafíos en términos de tratar de averiguar quién está disponible para trabajar en problemas de criptomonedas para poder combatir esas finanzas ilícitas», dijo Das ante el Congreso.

Así es cómo se mantiene la impunidad de las élites, lícitas e ilícitas y de ello sólo es responsable la clase política que se olvida que ha sido elegida por el pueblo para representar al pueblo, no a las élites que ni siquiera se dignan a ir a un colegio electoral a depositar su voto porque los bancos, los ricos y los criminales son los que siempre ganan las elecciones dado que nunca hay políticos con las agallas suficientes para enfrentarse a esos poderes antidemocráticos que someten a la ciudadanía con total impunidad."                     (  J. A. Gómez, Diario16, 04/05/22)

Wirecard, Deutsche Bank, Merkel, SPD. Incluso en la mejor tela alemana cae una mancha

 "Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones.

Alemania se ve consumida por el mayor escándalo financiero desde la Segunda Guerra Mundial. La leyenda de la buena regulación del sistema financiero, que dejó atrás un cementerio de víctimas hace una década, ha vuelto a colapsar, incluso allí donde se anunció que sería más estricta. Debemos aprender algo de esto, y el espectáculo no es bonito.

Una estrella en el firmamento

Cuando, en 2018, Wirecard, empresa financiera que procesa pagos electrónicos y que ascendió en el mundo empresarial de Alemania, ingresó en el Dax, el índice de referencia de su bolsa de valores, fue celebrado como un éxito. Reemplazó a Commerzbank en el índice, el segundo banco más grande del país, e incluso anunció que estaba considerando comprar Deutsche Bank, uno de los mayores bancos europeos. En poco tiempo, se convirtió en un gigante. Dos años después, con unas pérdidas abrumadoras y 2.000 millones de euros desaparecidos en las cuentas, con cuatro administradores bajo custodia judicial, incluido el CEO, con uno de los directivos en busca y captura por la policía, Wirecard es el símbolo del fraude.

No habían faltado advertencias. Los periodistas del Financial Times, que cuenta la historia en detalle, habían publicado sus sospechas hace dos años, tras cuidadosas investigaciones. La empresa se movilizó y la justicia de Munich amenazó a los periodistas. Un alto funcionario alemán dice ahora al periódico que "el nivel de delincuencia en Wirecard ha superado con creces el poder de mi imaginación". El consultor que certificó las cuentas, Ernst & Young y el propio Deutsche Bank, que fue socio en algunas de las operaciones más importantes de la agencia financiera, también están bajo presión.

Vínculos políticos

Como en muchos otros casos, y esto se repite como un reloj de cuco, Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en los círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones. Estas conexiones llegan tanto a Merkel como a Scholz, el ministro de Hacienda que será el candidato socialdemócrata en las elecciones de 2021, por lo que la investigación parlamentaria que estudiará este caso tiene contornos difíciles de cálculo partidario.

Scholz supervisa BaFin, la agencia pública que regula el mercado financiero, pero también la Unidad de Inteligencia Financiera, que investiga el lavado de dinero y ahora se sabe que ha producido varios informes sobre actividades sospechosas de Wirecard, que pueden haber sido decenas, pero nunca los remitió al fiscal. Así, sus socios de derecha en el gobierno acusan al socialdemócrata de negligencia. El problema es que la propia canciller Merkel se encuentra en una situación comprometedora: en septiembre del año pasado recibió a un exministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, que tiene como cliente a Wirecard y que llegó a pedirle que intercediese ante las autoridades chinas para permitir la compra de una empresa de pagos, AllScore Financial. En su viaje a Beijing, días después, la canciller planteó el problema al gobierno chino. La empresa fue comprada en noviembre por 109 millones de euros. Wirecard acaba de quebrar.

Empresas que son agencias financieras

Hay un patrón en estos meteoritos corporativos, que capturan enormes inversiones que prometen éxito y son alimentados por la creencia en la magia financiera. Otro ejemplo alemán que demuestra cómo engañar al mercado, a los inversores y al público, es el de Hertz, que se declaró en concurso de acreedores en mayo de este año, con una deuda de 19.000 millones de euros. La agencia de alquiler de coches se ha convertido, a lo largo de los años, en un banco en la sombra, creando una cascada de empresas, llamadas "vehículos especiales" (el nombre no es una alusión al alquiler de coches), algunas refugiadas en paraísos fiscales, que recolectaban inversiones financieras a las que prometían una gran rentabilidad, prestaban a otra empresa del grupo y ésta, eventualmente, a otra, llegando más tarde al negocio automotriz.

El flujo de pagos de los alquileres debía alimentar estos canales, que absorben los beneficios de las operaciones en forma de intereses y con ventajas fiscales. El esquema funciona a medida que crece. Si se detiene, se desmorona. Sucedió con Hertz y Wirecard. Y todos tenían la obligación de saber que así sería."                (Francisco Louça  , Sin Permiso, 25/10/2020)

El hombre al que el banco le hizo perder 6,5 millones de la Bonoloto: “Estoy muerto en vida”. Un empleado del Banco de Santander le recomendó invertir todo el dinero en productos financieros tóxicos

 "Francisco Guerrero, de 68 años, tiene grabada a fuego la fecha del 14 de diciembre de 2005. Ese día, este albañil nacido en Barbate (Cádiz) y residente en Castellón desde hace más de cinco décadas ganó 6,47 millones de euros en la Bonoloto. Ese día, también, empezó su desgracia. Guerrero, “el hombre más feliz del mundo” hasta ese momento, puso todo el dinero en manos de un empleado del Santander que le recomendó invertir íntegramente el dinero en productos financieros que resultaron ser tóxicos. 

El premiado, trabajador autónomo y absolutamente lego en asuntos de inversiones, no solo perdió el dinero sino también todas las propiedades que había conseguido levantar en una vida de trabajo. La Audiencia Provincial de Castellón celebró este jueves el juicio civil de la demanda de Guerrero y su familia contra el banco, el cuarto proceso de un periplo judicial de 14 años. “Estoy muerto en vida”, repite una y otra vez.

Aquel 14 de diciembre, Francisco Guerrero supo que era millonario al llegar a casa del trabajo. “Pensé que el premio eran pesetas, porque en euros la cantidad se me escapaba”, reconoce. La alegría se tornó impotencia apenas dos años después, por casualidad y sin haber saboreado el premio. “[El empleado del Santander] me dijo que el dinero allí estaría en buen sitio, que era un plazo fijo sin riesgo y me iban a dar un 17%, no sabía ni lo que era. Confié ciegamente y me destrozaron la vida”, solloza a las puertas de la Audiencia Provincial de Castellón.

Francisco lo perdió todo, incluida la parte (el 40%) que reservó para sus cuatro hijos (650.000 euros a cada uno). No llegó a tocar un céntimo. Los tribunales ya le han dado la razón en tres ocasiones. “He ganado los tres juicios con la verdad”, dice. El último hace escasas dos semanas. En 2016 y 2018 sendos fallos condenaron al banco a pagarle 1,06 millones de euros más intereses a él y otros 1,2 millones más intereses a sus hijos. Pero Guerrero asegura que las deudas generadas por los productos tóxicos se han llevado todo lo recuperado, ya que avaló la compra de esos productos con sus propiedades, que quedaron hipotecadas “en una época en la que él era solvente”, señala su representante legal.

Ahora afronta la última fase del proceso, con la que agota la vía civil. Reclama más de dos millones de euros por otra parte de las inversiones realizadas y que también perdió. En función de la sentencia, dice su representante legal, recurrirán a la vía penal.

A las secuelas económicas (“vivo como ‘okupa’ en mi propia casa”, al no haber podido hacer frente a las cuotas hipotecarias de la vivienda, ubicada en un pequeño pueblo de Castellón) se unen las que han minado su salud. Sufre depresión y un trastorno crónico de ansiedad generalizada que se desencadena a partir del conflicto bancario, según constata el informe psiquiátrico que acompaña la última demanda. “Estoy en tratamiento psicológico; estoy enfermo. No me lo merezco”, incide.

Según consta en la última sentencia favorable, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Castellón el 26 de febrero, y que condena al Banco Santander a restituir alrededor de 163.000 euros a Guerrero y dos de sus hijas por daños y perjuicios, tras ganar el sorteo de la Bonoloto el dinero fue depositado en Barclays Bank. “Debido a la mala gestión del banco, trasladaron las cuentas a Banco Santander Central Hispano en enero de 2007, y en marzo de 2007 se produjo el traslado total”.

Francisco Guerrero, sin estudios y “totalmente ignorante en cuestiones financieras” —afirman las sentencias— invirtió los 6,5 millones de euros en el Banco Santander en lo que creyó que eran depósitos a plazo fijo sin riesgo pero en lugar de eso contrató productos tóxicos de alto riesgo, que no solo le hicieron perder todo lo invertido, sino que le generaron deudas. Según los dos fallos anteriores y favorables a la víctima, a los demandantes no se les informó de los riesgos que podían conllevar estos productos, “fiándose en todo momento de la información que les proporcionaba el banco”. Aseguran que no existió información precontractual, ni se determinó el perfil inversor de los demandantes.

“No he ido a la escuela”

“No he ido nunca a la escuela; no sé ni lo que es la rentabilidad. Me das un pico y una pala y te hago una obra, pero de bancos no sé nada”, insiste Guerrero. No fue hasta dos años después cuando Francisco supo que el premio se había esfumado sin ni siquiera pasar por sus manos. A pesar de convertirse en millonario de un día para otro, siguió trabajando como albañil, dejando aparcado el premio en lo que él creía un lugar seguro. Fue a raíz de una dolencia en la rodilla cuando se enteró de la mala noticia. Se dirigió a su banco a sacar 30.000 euros para una operación en Barcelona y le dijeron que no tenía nada.

Hoy Guerrero apura su último cartucho. “Estamos luchando y reclamando todo el daño que tengo yo, porque estoy arruinado, muerto en vida. Y a ver si el Banco Santander paga el daño que me ha hecho. Confío en los jueces, en la justicia. Este juicio lo tengo que ganar yo porque me lo merezco”, asevera. La nostalgia le invade al echar la vista atrás. Cuando trabajaba como marinero, en el campo, la hostelería o de albañil. Hasta montarse una pequeña empresa de reformas. “Me toca la lotería y esa ha sido la muerte mía. Me han quitado la casa, los terrenos que tenía de trabajar en la obra, la vida… ¿qué más quieren quitarme?”.

“No está bien lo que han hecho conmigo, no. Antes era feliz. El más feliz del mundo”, concluye."                    (María Pitarch, El País, 06/03/20)

Condenas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de Fórum Filatélico por estafa. "Fue el paradigma de las estafas piramidales"

"Más de doce años han tenido que esperar las 268.000 personas que se vieron atrapadas en la estructura piramidal de Fórum Filatélico. Más de una década desde la intervención judicial para ver cómo los responsables de la sociedad de inversión son finalmente condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

 "Fue el paradigma de las estafas piramidales", subrayan los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una sentencia publicada este viernes.

La resolución llega cuatro meses después de que el juicio quedase visto para sentencia. Una vista oral que se prolongó durante cerca de ocho meses y por donde desfilaron más de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos. 

“[La estafa del Fórum Filatélico fue un hecho insólito e incapaz de repetirse. Fue el mayor fraude de la historia de España”, resumió durante la fase de conclusiones finales el fiscal Juan Pavía, que pidió 19 años de cárcel para el principal implicado en la trama, Francisco Briones, presidente de la sociedad de inversión. 

El Ministerio Público también solicitó 11 años y un día de prisión para los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá.

El día que sacudió a los inversores

Los perjudicados por esta estructura piramidal tienen un dia grabado en la memoria: el 6 de mayo de 2006. El juez Fernando Grande-Marlaska intervino Fórum Filatélico, una sociedad de inversión en sellos de correos que llevaba casi dos décadas captando ahorradores y que ofrecía una rentabilidad muy superior a la banca.

 Pero aquella jornada, donde también se ordenó la entrada en Afinsa —una empresa que actuaba de forma similar—, todo saltó por los aires. Se destapó el modelo de negocio, basado en un esquema piramidal que consistía en garantizar grandes intereses a los clientes financiando sus beneficios con el dinero que aportaban los nuevos inversores reclutados.

Los afectados vieron entonces como se esfumaban sus ahorros. Los sellos adquiridos por Fórum estaban absolutamente sobrevalorados. El entramado afirmaba que contaba con estampillas por valor de 4.347 millones de euros, cuando su tasación por peritos independientes apenas sumaba 390,8 millones. 

Además, según mantiene la Fiscalía, los fondos captados por la sociedad —11.200 millones de euros entre 2000 y 2015— se habían evaporado. 

No solo carecía de patrimonio para devolver las aportaciones, sino que los montantes recaudados durante años se habían destinado a “alimentar la propia maquinaria piramidal”; a satisfacer las “cuantiosas retribuciones” recibidas por sus directivos; y a desviarse a toda una red de empresas extranjeras que se usaban para el blanqueo.

La justicia mercantil ya condenó en 2015 a los resposables de Fórum —Briones, Hijón, López, Fernández y Maciá, así como al administrador José Manuel Carlos Llorca, que se encuentra actualmente fugado de España—.

 La resolución los consideró culpables del concurso de la sociedad y les oblibaba a pagar 2.259 millones de euros a los perjudicados. Por su parte, la Audiencia Nacional condenó en 2016 a 12 años de prisión a 11 de los 13 directivos de Afinsa procesados por hechos similares."                  (J. J. Gálvez, El País, 13/07/18)

Las preferentes salían a cuenta: 20 millones en sanciones por 6.000 M. colocados

"Las multas que impuso la CNMV por las preferentes fueron anecdóticas. Las actuaciones disciplinarias adoptadas afectaron a diez grupos financieros y ascendieron a 20 millones de euros. Una cifra que no se puede comparar con los 6.235 millones que supusieron la colocación de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, según expone el regulador en un informe en el que explica su papel en la crisisfinanciera española, remitido al Congreso.

De esta cifra, 2.060 millones correspondían a casos de gestión inadecuada de conflicto de interés en operaciones de case entre clientes y 4.175 millones al resto de casos de incumplimiento.

En total, fueron cerca de medio millón de personas las que se vieron afectadas por las preferentes emitidas por Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia, que sufrieron pérdidas con motivo del rescate bancario. 

La CNMV expone que en 2009 fue cuando se produjo un significativo repunte de la emisión y de lacomercialización entre minoristas de estos instrumentos, motivados por "la necesidad de los bancos de obtener recursos propios computables y la dificultad de captarlos entre los inversores cualificados". 

Asimismo, recuerda que la normativa europea en materia de emisiones y ofertas públicas descansa en el principio de libertad de emisión, y ni la CNMV ni el resto de los supervisores europeos de valores disponían en ese momento de instrumentos de intervención que permitieran prohibir o limitar la colocación de estos productos entre los inversores minoristas y que tras el aumento, el regulador intensificó el uso de las herramientas legales que tenía a su disposición.

Incumplieron 22 normativas

Las actuaciones disciplinarias que llevó a cabo la CNMV se referían a un total de 22 incumplimientos de la normativa. Fueron seis casos por colocación de productos híbridos sin valorar la conveniencia, otros seis por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, ocho por inadecuada gestión de conflictos de interés y dos casos por información inadecuada.

Por otra parte, la CNMV también desarrolló actuaciones disciplinarias relacionadas con la comercialización de otros instrumentos computables como recursos propios, como emisiones de obligaciones convertibles y otros instrumentos complejos como derivados o estructurados, por parte de entidades bancarias que afectaron a seis grupos financieros. 

Considerando igualmente incumplimientos cometidos a nivel de todo el grupo, estas actuaciones se referían a un total de doce incumplimientos de la normativa. Fueron cuatro casos por colocación de los instrumentos sin valorar la conveniencia, otros cuatro por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, uno por inadecuada gestión de conflictos de interés y tres por inadecuada información. 

En estos casos, las sanciones impuestas por la CNMV ascendieron a 24 millones de euros, aunque  tampoco esta puede considerarse una cifra definitiva ya que muchos de estos expedientes sólo sonfirmes en vía administrativa y pueden ser revisados en el ámbito contencioso administrativo.

Además de estas, se han adoptado otras dos actuaciones disciplinarias contra sendas entidades bancarias por un deficiente funcionamiento de sus servicios de reclamaciones. Las sanciones por este motivo han ascendido a un millón de euros, y tampoco es definitiva. 

Las multas

• Barclays: una multa de 600.000 euros.
• Valores Santander: dos multas por un total de 16,9 millones de euros.
• Banco Pastor: una multa de 400.000 euros.
• Banco Santander: una multa de un millón de euros.
• C.A.M: cuatro multas que fueron suspendidas.
• LaCaixa: dos multas por un total de 5 millones de euros.
• CaixaBank: tres multas por 2,75 millones de euros en total.
• Liberbank: tres multas por 700.000 euros.
• Deutsche Bank: una multa de 600.000 euros. 
• C. España de Inversores: tres multas por un total de 1,1 millones.
• Nova Caixa Galicia: cuatro mulas por un importe de 2.050.000 euros. 
• Bankinter: dos multas por un importa total de 4,1 millones de euros. 
• Caja de Asturias: una multa por 200.000 euros.
• Caja de Extremadura: una multa por 500.000 euros. 
• Caja de Santander y Cantabria: una multa por 750.000 euros.
• Banco Popular: dos multas por un importe total de 1,5 millones.
• Caja Madrid (Cases): una multa de 2,1 millón de euros.
• Bankia: una multa de un millón de euros. 
• Caixa Catalunya: una multa de 1,1 millones de euros. 
• Catalunya Banc: una multa de 2 millones de euros. 
• BBVA Cases: una multa de 250.000 euros. 
• Popular Banca Privada: una multa de 300.000 euros. 
• Banco Mare Nostrum (BMN): una multa de 150.000 euros. 
• Caja Laboral Popular: una multa de 150.000 euros."         (David Cabrera, Vox Populi, 19/01/18)

Ser ‘whistleblower’ en Europa: condenado por denunciar delitos de bancos y multinacionales

"Hablar de Edward Snowden es hablar de alguien famoso: del informático que reveló el espionaje masivo practicado por Estados Unidos a escala mundial. Hablar de Raphael Halet, Rudolf Elmer y Jonathan Sugarman es hablar de personas casi anónimas, perseguidas judicialmente y condenadas al ostracismo laboral.

Como Snowden; Halet, Elmer y Sugarman son whistleblowers. En castellano les llamaríamos soplones, delatores o chivatos. Sus informaciones han descubierto prácticas de evasión fiscal de multinacionales, fraudes bancarios que costaron cientos de millones de euros al contribuyente europeo o el blanqueo de dinero en paraísos caribeños. Tras hacer sonar el silbato, sus vidas laborales están arruinadas. 

Ninguna empresa de sus sectores profesionales los quiere contratar. La Europa que se escandaliza cuando EEUU persigue a Snowden es igual de implacable con sus propios informantes de delitos económicos. Y es en Bruselas, junto al Parlamento Europeo, donde tiene lugar la conversación de estos tres informáticos. 

Luxemburgo defiende a sus evasores fiscales

Un tribunal de Luxemburgo volverá a juzgar dentro de unos días a Raphael Halet por filtrar anónimamente al periodista Edouard Perrin documentos internos de PriceWaterHouseCoopers (PWC), que mostraban la ingeniería fiscal con la que cientos de multinacionales evadían miles de millones de euros en impuestos. Perrin y otro antiguo trabajador de la consultora, Antoine Deltour, también deben comparecer ante el tribunal.

La Fiscalía de Luxemburgo recurrió los nueve meses de cárcel a Halet y los doce meses a Deltour. Perrin fue absuelto, porque no acepta una sentencia que reconoce la “innegable contribución en favor de una mayor transparencia” en cuestiones fiscales de estas tres personas. Los miles de documentos de PWC son la base del gran escándalo de evasión fiscal conocido en 2014 como LuxLeaks. Y muestran que, entre 2002 y 2010, hasta 340 multinacionales firmaron con la hacienda luxemburguesa cientos de acuerdos fiscales, tax rulings, para pagar pocos impuestos.

La maquinaria evasora ocurrió cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era el primer ministro del país. Halet trabajaba entonces en el Departamento de Fiscalidad de PWC y por su ordenador pasaron miles de páginas de esos pactos. “Los documentos los tenía delante de mí todos los días, los fotocopiaba todos los días porque eran de trabajo, los intercambiábamos entre los compañeros”, explica el antiguo empleado de la consultora, que desmiente cualquier “tipo de acceso fraudulento”.           

Raphael Halet era un administrativo sin responsabilidad en el engranaje fiscal pero un día vio en la televisión el reportaje de Perrin sobre “la evasión fiscal practicada por Luxemburgo, en general, y particularmente por PWC”. A partir de ese momento, explica, “es cuando tomo conciencia de que algunos departamentos de la empresa, como el mío, son los que hacen la evasión”.

Se inicia así un contacto anónimo entre Halet y Perrin que termina con el envío de cientos de acuerdos fiscales de multinacionales. El reportero trabaja con la documentación y finalmente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desentraña en otoño de 2014 la gran evasión practicada en Luxemburgo. Para el ciudadano Halet comienza una pesadilla.

Apenas unos días después del estallido de LuxLeaks, “la policía vino a mi casa para registrar mi ordenador, mi iPad, a realizarme un interrogatorio privado pero de apariencia oficial”, describe el extrabajador de PWC. Halet ya estaba en el punto de mira. El interrogatorio resultó ser ilegal, la autorización era sólo para requisar su ordenador. Investigadores privados de PWC acompañaron a la policía y les indicaron qué requisar.

Posteriormente, en un interrogatorio de casi 12 horas, representantes de la consultora ofrecen a Halet, afirma, “mi silencio a cambio de no reclamarme diez millones de euros y no quedarse con mi casa”. El acuerdo evitaba a Halet una denuncia ante la justicia. Pero PWC se salta el acuerdo de confidencialidad y en enero de 2015 un tribunal luxemburgués inculpa a Halet, que también es despedido. Casi dos años después sigue desempleado.

Banqueros de la piratería caribeña

La lucha de Rudolf Elmer es más prolongada pero también muestra la connivencia de las grandes empresas con el sistema judicial de otro paraíso fiscal, Suiza, donde bancos y banqueros son los reyes. Entre 1994 y 2002, él fue uno de ellos, el número dos del banco suizo de inversión Julius Baer en las Islas Caimán.

Elmer estaba contratado por la filial caribeña, dentro de la estructura del holding bancario pero al margen de la entidad con base en Zúrich. Trabajaba para una trust company o sociedad especializada en los fondos que emplean las grandes fortunas para sortear las haciendas nacionales. “Sólo en la división bancaria, hablamos de 100 millones de francos suizos no declarados”, calcula Elmer, pero “la evasión real entre los clientes es muy difícil de cuantificar porque también tienen joyas, casas, oro, obras de arte. Y estos activos son comprados por sus sociedades de inversión y se pasaban por nuestro trust durante décadas y generaciones”.

Despedido en 2002, Elmer guarda en su propia casa copias de la información de los clientes y de los fondos gestionados y durante unos años las envía a medios suizos e internacionales para denunciar la trama caribeña. Por primera un banquero suizo cambia de bando y explica cómo las grandes entidades colaboran con la evasión fiscal. La primera represalia que sufre es pasar 30 días en prisión, acusado de vulnerar el secretario bancario suizo.

Durante años, Elmer y su familia fueron espiados por detectives privados de Julius Baer. Estos llegaron, incluso, a entregar un pequeño juguete a su hija cuando volvía del colegio. Fueron prácticas mafiosas que llevaron a Elmer a un centro psiquiátrico varias semanas, durante las cuales analizó la información en su poder. Así, descubrió el blanqueo de dinero del narcotráfico por parte de policías mexicanos, la fortuna de armadores griegos o las cuentas de políticos brasileños. En total, más de 1.300 clientes con cuantiosos fondos, cientos de ellos suizos.

Wikileaks y el periódico The Guardian publicaron esa información pero, en vez de investigarla, la justicia suiza abrió dos nuevos casos contra Elmer por vulneración del secreto bancario y falsedad documental. Elmer pasó otros 180 días encarcelado y su entorno fue investigado. “Tuvimos que romper la comunicación con nuestros familiares porque sus trabajos podían estar en peligro. La persecución era tan alta que hasta mi mujer fue juzgada por vulnerar el secreto bancario”, señala Elmer.

Once años después del primer juicio, ha sorteado el delito de vulneración del secreto bancario gracias a los propios documentos y contratos de Julius Baer, que prueban que él no estaba sujeto a las leyes suizas. Aun así, la Corte Federal suiza todavía estudia un nuevo recurso suyo contra la sentencia de 14 meses de prisión condicional por falsedad documental y amenazas.

Ley del silencio en Irlanda

“A mí me hubiese encantado un juicio porque el caso habría sido yo contra el Banco Central de Irlanda y Unicredit por sus fallos en el cumplimiento de las leyes”. Lo dice Jonathan Sugarman al conocer la lucha judicial de su colega. Sin embargo, él sufre un intento deliberado de las autoridades bancarias irlandesas de silenciar los graves errores de supervisión que permitieron la quiebra bancaria de la isla.

Sugarman se incorporó a Unicredit Irlanda en 2007 como gestor de riesgos. Al brillante economista le bastaron cuatro meses para descubrir que el banco no estaba cumpliendo las reglas de liquidez irlandesas: las entradas de cash, o dinero, debían cubrir el 90% de las salidas en la actividad diaria. Sugarman acudió a sus jefes. “Ojalá supiese hoy si era una práctica deliberada de Unicredit o si ocurría porque no tenían ni idea de que lo que estaba pasando”.

No le escucharon y la situación de liquidez del banco empeoraba así que Sugarman se negó a firmar las cuentas bajo su supervisión. “Estábamos vulnerando las leyes, mi nombre iba a aparecer en ese informe y era algo que no podía aceptar”, explica. En Irlanda, incumplir las reglas de liquidez de manera deliberada o por omisión suponía penas de cárcel de hasta 5 años.

El exbanquero denuncia la pasividad del Banco Central de Irlanda y de los reguladores financieros, a los que también informó sin éxito sobre el grave agujero. Él se pregunta si “tiene algo que ver que el presidente de mi banco en Irlanda, después de que yo denunciara un agujero de miles de millones de euros, fuese nombrado director” de la institución.

Sugarman abandonó su empleo en septiembre de 2007, el mismo mes que en el vecino Reino Unido se producía la primera quiebra bancaria de la crisis europea. Northern Rock caía por sus problemas de liquidez y a finales de 2008 el sistema financiero irlandés se resquebrajaba hasta llevarse por delante al país. “Ningún regulador o banquero ha ido a la cárcel por incumplir las normas”, denuncia Sugarman, que se pregunta “¿cuántos tenéis en España?”.

Quizás, como dice Rudolf Elmer sobre Suiza, “el sistema judicial y los bancos están en el mismo barco. Es un sistema que está moralmente corrupto y sólo lo puedes combatir si lo expones internacionalmente a todo el planeta”.            (Alexandre Mato, CTXT, 30/11/16)

La culpa de los notarios en las cláusulas suelo... ¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?

"(...) ¡La banca es mala! El mantra ya no hay quien se lo quite al sistema financiero. Se ha ganado el sambenito durante la crisis. Las entidades han cometido suficientes tropelías en estos últimos años como para que les quede cosido el adjetivo. 

Pero el reparto de culpas en el caso de las cláusulas suelo debe extenderse a todos. A los notarios, como depositarios de esa fe pública, en este caso, como intermediarios entre los buenos y los malos. (...)

Cuenta el consejero delegado de un banco que, tras la sentencia del Supremo de mayo de 2013, que condenaba a BBVA, Abanca y Cajamar a eliminar desde entonces los suelos de sus hipotecas, recibió la llamada de un importante notario del levante español exigiéndole la eliminación de su cláusula suelo. El argumento esgrimido fue la mala comercialización del producto y que entre las decenas de páginas del papel timbrado de su hipoteca aparecía una cláusula suelo. 

La llamada también incidió en el carácter abusivo de la cláusula puesto que ante la bajada extrema del euríbor, como ha sucedido en estos últimos años, su hipoteca quedaba topada por un tipo mínimo, siempre superior a los precios marcados por el comportamiento del mercado. 

La contrarréplica del CEO fue contundente. “¿Entonces quieres decirme que has estado dando fe pública de contratos que no sabes cómo funcionan ni qué significan?”. El notario, a día de hoy, sigue pagando una hipoteca con suelo.

 La historia resume el explosivo cóctel de las cláusulas suelo. Un producto que ha puesto de manifiesto que la sociedad, los ciudadanos y las familias, en definitiva, se enfrenta al contrato financiero más importante de su vida sin ese mínimo asesoramiento que si ejecuta en otras compras menores: vehículos o qué decir de la tecnología. (...)

Los notarios han sido cómplices de esa alarmante permisividad de los hipotecados, reconvertidos, muchos de ellos, en afectados ante el inusual comportamiento del euríbor. Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica del Notariado, el notario dará fe de haber leído a las partes la escritura íntegra; y el artículo 193 del Reglamento Notarial añade que se entenderá que la lectura es íntegra cuando el notario hubiera comunicado el contenido de la escritura con la extensión necesaria para el cabal conocimiento de su alcance y efectos, atendidas las circunstancias de los comparecientes. ¿Se imaginan las explicaciones del aludido notario levantino? (...)

Pero los notarios no sólo deben explicar a los futuros hipotecados el contenido de su escritura sino también exigir a la entidad bancaria los deberes de transparencia a los que obliga la ley. Así, es necesario que la información suministrada al cliente le permita percibir que la cláusula suelo puede incidir en el contenido de su obligación de pago. 

Por ello, estas cláusulas no pueden recibir un “tratamiento impropiamente secundario” y venir “enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificultan su identificación por el prestatario". La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios es clara: “El empresario está obligado a una especial llamada de atención sobre ella (cláusula suelo), lo que podrá hacerse destacándola por su ubicación separada, su impresión en distinto tamaño o color de letra, su subrayado o por el empleo junto a las cláusulas de símbolos que llamen la atención, como una mano roja apuntándola (la red hand rule característica de los contratos anglosajones), una calavera o una señal de stop”. (...)

La banca asumirá la factura total de las cláusulas suelo, mientras empieza a pagar condenas por las hipotecas multidivisas. Otro producto aderezado de una mezcla explosiva: la irresponsabilidad de algunas entidades para comercializar hipotecas en yenes o francos suizos a auténticos analfabetos financieros que perjuraron ser expertos en el mercado de divisas en las épocas en las que dejar de pagar en euros suponía reducir el principal del préstamo a la mitad. (...)"             (Miguel Alba, Vox Populi, 25/12/16)

Mario Conde, detenido por 'repatriar' el dinero que saqueó de Banesto... Cousas veredes...

"La Guardia Civil ha detenido la mañana de este lunes en Madrid al expresidente de Banesto Mario Conde, quien supuestamente lleva meses repatriando desde Suiza y otros países el dinero del banco del que se apropió a finales de los años 80 y comienzos de los 90. 

La operación que se desarrolla en este momento incluye registros en los domicilios particulares de Conde y también en varias sociedades construidas por él en España para disfrazar supuestamente el retorno de los millones que se apropió de la entidad. (...)

Además de Conde hay otras siete personas de su entorno detenidas, entre ellas sus dos hijos.  Fuentes judiciales han confirmado el arresto de Alejandra Conde. Los arrestados son sospechosos de llevar meses ayudándole a repatriar el dinero, tanto desde el país helvético como desde Reino Unido. Según fuentes de las pesquisas, Conde, que hoy tiene 68 años, ha logrado traerse a España en los últimos años cerca de 10 millones de euros.

La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se centra en los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. El juez investiga la creación de un entramado de sociedades, a nombre de terceras personas, para la repatriación del dinero a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, siempre según fuentes judiciales, informa Fernando J. Pérez.

La detención del exbanquero se produce 23 años después de que estallase el caso Banesto y 11 años después de que abandonase la cárcel tras dar los jueces por cumplidos los 20 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en julio de 2002 por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Conde dejó un agujero de 2.700 millones de euros en Banesto (la entidad tuvo que ser intervenida en diciembre de 1993 por el Banco de España).

El tribunal sentenció que Conde no había dado cuenta del destino de millonarias sumas de dinero trasladadas a sociedades extranjeras vinculadas con él; por ejemplo, de los 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas de entonces) desviadas a una cuenta en suiza de la sociedad Argentia Trust, entre otros desvíos dinerarios.

El exbanquero ha empleado una ingeniería financiera para traer de vuelta el dinero (lleva más de dos años haciéndolo) parecida a la que desplegó para sacarlo de España a finales de los 80 y comienzos de los 90, tras estafar a los accionistas y a las propias arcas de la entidad (más tarde absorbida por el grupo Santander).

Todos los indicios apuntan a que se trata del dinero que robó del banco. Y lo ha hecho poco a poco, tras tejer una maraña de sociedades. Al menos tres de ellas en España y casi una decena en el extranjero, con las que ha intentado camuflar la vuelta del dinero.

La mecánica empleada para retornar los millones ha sido, por un lado, el trasvase de dinero derivado de falsas prestaciones de servicios entre sus sociedades radicadas en España y las del extranjero; fingidas ampliaciones de capital acometidas en algunas de sus sociedades españolas y aparentes préstamos no devueltos entregados por las firmas situadas en el exterior en favor de las españolas. Para esta tarea, se ha servido de testaferros, entre ellos sus hijos, y también algunos braceros y empleados de sus fincas.

La Fiscalía Anticorrupción ha sido paciente viendo cómo periódicamente llegaban remesas de dinero desde países extranjeros, sobre todo Suiza, a las cuentas de Conde en España.

Tren de vida acomodado

El expresidente de Banesto se marchó hace unos días a Sevilla, en vísperas del comienzo de la Feria de Abril, pero volvió anoche a su casa de Madrid. En rprincipio, será puesto a disposición de la Audiencia Nacional el próximo miércoles, después de tomarle declaración en dependencias del instituto armado.

Conde dejó la cárcel y accedió al tercer grado penitenciario en 2005 (tras cumplir 11 de los 20 años de condena). El juez de vigilancia penitenciaria entendió que ya había expirado gran parte de su condena: le fueron otorgados casi todos los beneficios penitenciaros de reducción de pena que establecía el extinto Código Penal de 1973: un día menos de prisión por cada día de trabajo dentro y otro por cada dos días de cautiverio. 

También valoró el juez para otorgarle el tercer grado que el exbanquero había empezado a devolver el dinero sustraído del banco. Tenía que devolver unos 15 millones y entregó 1,5 millones poco antes de acceder al régimen de semilibertad, el tercer grado. Junto a él, también por el caso Banesto, fue condenado su entonces hombre de confianza en Banesto, Arturo Romaní. Este devolvió seis de ocho millones de los que, por su parte, se apropió. Solo entre ambos, debían devolver unos 23 millones de euros.

Pero al salir de la cárcel, ya no hizo más entregas de dinero. Y volvió a las mismas fincas de las que disponía antes de ingresar en prisión por el caso Banesto. Una vez libre, se hizo accionista de la cadena de televisión Intereconomía y convirtió en habituales sus apariciones en el programa de debate El Cascabel y el gato. Cobraba 3.000 euros mensuales por sus intervenciones.

 Conde ha podido disfrutar de muchas de sus fincas e inmuebles porque, aunque en la sentencia que le condenó a 20 años se estableció el decomiso de sus bienes para garantizar la devolución del dinero al banco y sus accionistas, la mecánica judicial propició que los jueces olvidaran pedir a los respectivos registros oficiales que hiciesen anotaciones preventivas de embargo. De lo que se aprovechó supuestamente el exbanquero para hipotecar algunas de las fincas, haciendo así inviable el poder subastar parte del patrimonio que seguía disfrutando sin perjudicar a terceros de buena fe.

El 9 de octubre de 2012, durante el transcurso de la pasada campaña electoral autonómica gallega, a la que Conde se presentó como candidato por el partido Sociedad Civil y Democracia, la Audiencia Nacional cayó en el despiste y ordenó el embargo de cinco de sus fincas. El exbanquero negó entonces tener relación alguna con ellas. Algunas las tiene a nombre de familiares y testaferros, según las pesquisas.

Familiares y testaferros

Junto a Conde, está prevista la detención de otras siete personas, en su mayoría testaferros. La investigación es por delitos de blanqueo de capitales (aflorar dinero de procedencia ilícita), entre otros. Aunque ya ha cumplido cárcel por el robo del dinero, ahora ha podido cometer otros delitos, lo que, unido a las tretas empleadas para obstruir la acción de la justicia (los embargos), puede llevarle nuevamente a presidio.

Conde siempre mantuvo ante los tribunales que le condenaron (primero la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo) que el dinero evaporado de Banesto y hallado por la justicia en cuentas en Suiza no era suyo sino destinado a terceras personas a cambio de mejorar la imagen de la entidad y conseguir exenciones fiscales. 

También sostuvo que había sido víctima de lo que definió como el sistema (escribió un libro sobre ello en el que deja entrever la confabulación de una suerte de poderes fácticos, incluido el Gobierno del PSOE, que habrían conspirado contra él para atajar su fulgurante carrera en el mundo financiero y frenar sus aspiraciones políticas).

Uno de los motivos de su condena fue por distraer de la entidad al menos 3,6 millones de euros que ocultó a través de la sociedad Argentia Trust. Pero la conclusión judicial es que la cantidad sustraída, por él y otros altos directivos de la entidad, fue muy superior a la acreditada judicialmente.

 Conde consiguió años después de entrar en prisión que un juez de Madrid abriese otra causa e investigase quién estaba detrás de los 600 millones de Banesto ocultados a través de Argentia Trust. Con ello, Conde trataba de convencer a la ciudadanía de que era inocente y de que los jueces se equivocaban condenándole. La justicia se negó a revisar la causa y dijo que todo era un asunto ya juzgado. Y no dio crédito a lo que consideró una artimaña autoexculpatoria.

La operación en la que hoy ha sido detenido el expresidente de Banesto lleva muchos meses gestándose bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción. Un chivatazo alertó a Hacienda y luego a la Fiscalía de que estaba llegando dinero a España desde el exterior con destino a sociedades tras las cuales estaban el exbanquero o testaferros suyos."                 (El País, 11/04/16)

Los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%

"Es legal, pero a los abogados que intervienen en las subastas les parece una burla. En julio de 2011, tras meses de presión popular, se aprobó un real decreto por el que se elevó hasta el 60% del valor de tasación el precio mínimo por el que las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas que salían a subasta pública por impago de la hipoteca. Hasta ese momento, si la subasta quedaba desierta, y eso ocurría casi siempre, el banco podía quedarse el piso por el 50% del valor de tasación. Pues bien, hecha la ley, siempre cabe la trampa. O la triquiñuela. Muchas entidades financieras siguen adjudicándose la vivienda por el 50% del valor de tasación, y no por el 60%, gracias a una argucia legal que consiste en hacer que puje también por el inmueble una sociedad filial de la propia entidad.

Desde que comenzó la crisis se han realizado en España más de 150.000 ejecuciones hipotecarias y hay otras 300.000 en curso. No se sabe cuántas de ellas afectan a viviendas habituales, pero todo indica que la cifra es socialmente importante. (...)

Bancos y cajas han encontrado, sin embargo, un resquicio para eludir la reforma en el artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50%, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. En realidad, no hay otro aspirante. Son ellos mismos, pero con una personalidad jurídica distinta. Hacen que concurra a la subasta una filial que puja por la vivienda por una cantidad inferior, de modo que el banco se la pueda quedar por el 50% más un euro.

El portal inmobiliario Idealista denunció esta situación en su boletín y diferentes fuentes judiciales han confirmado este proceder por parte de las entidades financieras.  (...)

“Es claramente un artificio. La entidad recurre a una inmobiliaria filial para poder quedarse con el piso por un 10% menos de lo que tendrían que aceptar en caso de que la puja quedara desierta”, explica el profesor Domínguez Luelmo. El reverso de la moneda es que el desahuciado seguirá debiendo al banco un 10% más de lo que le debería si la subasta hubiera quedado desierta. (...)

Ese 10% de ganancia no es la única ventaja que obtienen bancos y cajas, según el profesor Falcón y Tella, al recurrir a este procedimiento. Para poder pujar en la subasta, el postor ha de depositar previamente el 20% del valor de tasación del inmueble. Pero en este caso, a la filial inmobiliaria le basta con presentar un aval bancario que le concede el propio ejecutante, con lo que puede pujar sin coste alguno. 

Una vez ejecutada la subasta, el banco tampoco se queda con la vivienda. “Jurídicamente la entidad financiera nunca llega a poseer el inmueble, porque en el momento de la adjudicación cede el remate de la subasta a la sociedad filial”, explica. Con ello logra dos beneficios adicionales: por un lado, evita que el inmueble figure en su balance y tener que provisionar el capital correspondiente; por otro, como las filiales inmobiliarias normalmente declaran pérdidas, pueden obtener ciertos beneficios fiscales, por ejemplo deducirse el IVA. (...)

 “Muchas de las viviendas que ahora salen a subasta fueron compradas en el momento álgido de la burbuja inmobiliaria. Y muchas fueron tasadas a precios no solo muy superiores a los de su actual valor de mercado, sino superiores incluso al valor de mercado de entonces”.

Los compradores tienen su parte de responsabilidad, pero todo el sistema inducía a la sobrevaloración porque se daba por hecho que los precios seguirían subiendo. “Los directores y empleados de las oficinas bancarias tenían fuertes estímulos para colocar hipotecas a cualquier precio”, indica el profesor Falcón. “En muchos casos se hicieron valoraciones al alza para cubrir también los costes de tramitación y otros gastos”, añade. Se llegó a tal punto de descontrol, que cuando el comprador era un inmigrante y no tenía avalista, la propia entidad le ponía en contacto con otro inmigrante que quería comprar también una vivienda, para que se avalaran mutuamente.

“Ahora nos encontramos con casos de avalistas cruzados que ni siquiera se conocían”, explica Fernández Seijo. El magistrado ha conocido incluso un caso de venta simultánea de cuatro viviendas, en la que cada comprador firmó como avalista de los otros tres. Ahora, algunos avalistas han perdido su casa, no porque no pudieran pagar su hipoteca, sino por no poder hacer frente al aval que firmaron para cubrir a otro comprador.

El problema es que, cuando el secretario judicial da por concluida la subasta, el drama no ha terminado, como muy bien sabe Montserrat Serrano, abogada del colectivo Ronda de Barcelona. “Con la subasta no se liquida el procedimiento. Este seguirá abierto hasta que el comprador salde toda la deuda”, explica. Como durante los primeros años la mayor parte de lo que se paga en la cuota son intereses, cuando el piso llega a subasta todavía queda por pagar la mayor parte del capital concedido. De modo que, cuando el banco se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, el comprador pierde la casa, pero sigue debiendo una parte importante de la hipoteca.

A esa cantidad se añaden encima las costas de la ejecución judicial y los intereses de demora, con lo que la deuda final pendiente puede ser superior al valor por el que se lo ha adjudicado el banco. Y de esa cantidad habrá de responder el desahuciado con todos sus bienes, presentes y futuros. “Muchos de ellos salen del juzgado con el salario embargado de por vida. Y si no tienen trabajo, saben que cuando lo encuentren, les embargarán una parte de lo que cobren”, señala Montserrat Serrano. (...)

 Pues los desahuciados, además de perder la vivienda, han de afrontar unos intereses de demora que oscilan entre el 19% y el 25%. Empiezan a contar desde que se deja de abonar la cuota y se suman de golpe a la deuda cuando termina la subasta. 

El caso que el magistrado ha planteado ilustra bien un fenómeno que podría calificarse de usura. Se trata de una ejecución hipotecaria instada por La Caixa d’Estalvis de Tarragona (ahora integrada en Catalunya Caixa) contra Mohamed Aziz, un marroquí que vivía en España desde 1993 y que en julio de 2007 suscribió un préstamo hipotecario sobre la vivienda que había adquirido en Mataró, tasada en 194.000 euros.

Era, como tantos otros, un préstamo a muy largo plazo, con cuotas de unos 600 euros mensuales. La última estaba prevista para el año 2040, pero apenas un año después, estalló la crisis y Mohamed Aziz no pudo hacer frente a los vencimientos. Desde el momento de formalizar el préstamo hasta que dejó de pagar, 10 meses después, había pagado 6.656 euros de intereses ordinarios y había amortizado 1.325 euros del capital. En marzo de 2009, cuando se inició la ejecución hipotecaria, la entidad le reclamó una deuda de 139.764 euros, más 41.902 euros de intereses de demora y costas judiciales. La primera cuota impagada ascendía a 620 euros, la segunda a 822, la tercera a 861, y así, sucesivamente.

La subasta se convocó en julio de 2010 y quedó desierta, por lo que la caja se quedó el piso por el 50% de su valor de tasación, es decir, por 97.200 euros, de modo que cuando en enero de 2011 Mohamed Aziz fue “lanzado” finalmente de la vivienda, había perdido su casa y seguía debiendo más de 40.000 euros del capital pendiente de amortizar más otros 42.000 euros de intereses de demora y costas judiciales."               (El País, 19/06/2012)

Un gestor de fondos avisó durante años a los supervisores del fraude de Madoff

"¿Le financió alguien su investigación? A la pregunta directa de un congresista, Harry Markopolos respondió con un rotundo no. Durante años, este gestor de fondos hizo más que nadie por alertar al supervisor bursátil estadounidense (SEC) de lo que iba a venir: el mayor fraude financiero en la historia de Wall Street, ejecutado por el todopoderoso Bernard Madoff. No le creyeron, pero hoy es una celebridad. (...)

Junto con tres colaboradores y durante nueve largos años, envió a la SEC y a los inversores numerosos análisis en los que identificaba decenas de errores, cuestionando los resultados que prometía Madoff a sus adinerados clientes. Ninguno de los documentos iba firmado, porque así evitaba que le siguieran el rastro, hasta el punto de que llegó a manejarlos con guantes para no dejar huellas.

"Si hubiera sabido mi nombre, y que tenía un equipo para seguir su rastro, creo que no estaría ahora en este mundo", relató el gestor de fondos refiriéndose a Madoff, a la vez que explicó que ese miedo se debe a que parte del dinero que se manejó en la trama "provenía de la mafia rusa y de los carteles de droga en América Latina". Markopolos no es el primero que recurre a este argumento para dar dimensión al fraude y para explicar por qué no terminan de aflorar los miles de millones que se creen perdidos.

Su gran obstáculo fue toparse con la burocracia de una agencia que, según dijo, carece de profesionales con experiencia como para entender lo que se estaba cociendo." (El País, ed. Galicia, Economía, 08/02/2009, p. 22)