“El PP me pagó con billetes de 500 en b parte de una campaña en Alicante”

"La campaña electoral del PP en las elecciones municipales de 2007 en Alicante que coordinó la entonces concejal de Urbanismo y actual alcaldesa Sonia Castedo superó los límites legales que marca la ley, se pagó en dinero negro y fue financiada en parte por el constructor Enrique Ortiz y otros promotores locales y nacionales, asegura Enrique Ruiz Córcoles, propietario de la agencia de publicidad ER Backspin al que se le encargaron casi todos los eventos. Castedo y Ortiz lo niegan.

Ruiz Córcoles, de 49 años, entonces hombre de confianza de Castedo, diseñó una agresiva campaña que, según asegura, costó más de 450.000 euros, dio la mayoría al PP y aupó a la alcaldía a Luis Díaz Alperi, al que luego sucedió Castedo, hoy imputada junto a Ortiz por amañar supuestamente el Plan General Urbano de la ciudad y en el denominado caso Rabassa.

El dueño de ER Backspin afirma a EL PAÍS que no firmó ningún contrato con el PP y que preparó una factura por sus servicios de 21.000 euros porque la Ley Electoral impedía gastar más. “Me dieron 35.000 euros en b en el despacho de Luis Díaz Alperi, que estaba con Sonia Alegría [concejal del PP].

Me hizo contar el dinero delante de ellos. Posteriormente, durante la conversación comenté cómo fabricaban tan bonitos los billetes de 500. Sonia me dijo: ‘Esto lo mandan de Madrid”. Asegura que esto fue tres o cuatro días después de la jornada electoral. Alperi y Alegría lo niegan.

Dentro del caso Gürtel que se instruye en Valencia, la Agencia Tributaria atribuye el pago de 88.000 euros en dinero b de parte de esa campaña del PP a “Sonia”.

Ruiz afirma que el resto se lo abonaron varios constructores, entre los que cita a Enrique Ortiz. “Ortiz me pagó en billetes unos 30.000 o 40.000 euros. Fui a sus oficinas en Alfonso X El Sabio y una secretaria me dio un sobre diciéndome: ‘Esto han dejado para ti”. El constructor Ortiz niega el presunto pago.

La campaña a las municipales en Alicante en 2007 fue clave porque semanas antes de las elecciones una encuesta del CIS apuntaba que el PP perdería la alcaldía. El partido se volcó con una ostentosa campaña electoral. La imagen de Díaz Alperi cubrió las fachadas de una docena de edificios en lonas de hasta 10 por 6 metros. Los carteles se colgaron en edificios en construcción y en otros protegidos de los barrios más emblemáticos.

 Una ordenanza, aprobada anteriormente por el propio Alperi y su grupo municipal, prohibía la instalación de carteles, exigía su retirada inmediata y multaba con hasta 3.000 euros a quien lo hiciera. La oposición denunció el despliegue de medios del que hizo gala el PP.

“Sonia se ocupó de buscar todos los espacios y habló con los constructores y promotores que los cedieron. Les decía: ‘Hay que colaborar con la campaña’. Alquilar cada fachada podía costar entre 8.000 y 40.000 euros al mes. Logramos los mejores espacios de la ciudad. Movilicé a más de 150 personas durante 25 días”, asegura Ruiz.

“Fue una campaña bestial. Había castillos hinchables, tirolinas, bandas de música, regalábamos coca-colas. Pusimos más de 150 vallas en Alicante, radios, publicidad estática, un folleto especial de 12 páginas buzoneado por todo Alicante... Invitábamos a todo el mundo”, recuerda Ruiz.

La campaña no reparó en gastos. Una crónica del diario Información de Alicante del 15 de mayo de 2007 describe un mitin de Alperi: “La organización del PP montó en la plaza de San Blas todo tipo de atracciones para el público: invitó a comer y beber, entregó bolsas con obsequios, instaló juegos infantiles... hasta la banda de Los Claveles tocó”.

Contra pronóstico, Alperi logró la alcaldía por 63.695 votos (15 concejales de 29). Fue la cuarta mayoría absoluta consecutiva de Alperi.

“Cuando ganamos celebramos el fin de fiesta en el hotel Meliá y Sonia y Alperi y el resto de concejales me mantearon. Hubo barra libre para mil personas”, recuerda Ruiz, que afirma que organizó los actos y estrategia publicitaria salvo el primer mitin y el último. En ambos intervino Francisco Camps, entonces presidente de la Comunidad Valenciana. “Los actos de Camps los organizaba Orange Market”, apostilla el publicitario. Orange Market es una de las empresas investigadas en la trama Gürtel.

El 17 de septiembre de 2008, menos de año y medio después de las elecciones, Alperi, entonces imputado, cedió el bastón de la alcaldía a Sonia Castedo, una periodista reconvertida en política. “Durante la campaña ya sabíamos que Alperi le dejaría el poder, que ella iba a ser la alcaldesa”, asegura Ruiz.

El publicitario describe cómo el PP propuso pagarle la campaña: “Me dijeron que preparara una factura de 21.000 para el partido”. Era el máximo permitido por la ley. El resto procedió de constructores o de contratos troceados del consistorio después de ganar la alcaldía.

 Como ejemplo, cita la campaña divernadal de Navidad de ese año: “El presupuesto excedía lo que podía dar una sola concejalía, así que lo trocearon”. Para probarlo muestra 15 facturas de distintos departamentos. “Me avisaban antes de cuál era la mejor oferta de los competidores para que la mejorara”.

Aun así, los contratos no conseguían saldar la deuda: “En 2009 comencé a tener problemas porque seguían sin pagarme; yo a mi vez dejé deudas a varios proveedores y todo se me vino abajo. Me decían que me pagarían con concesiones municipales, pero me ofrecían tonterías y acabé arruinado”.

 Así era el sistema que supuestamente utilizaron Alperi y Castedo para favorecer a los constructores que financiaron su campaña: “Les pagaban los favores con concesiones municipales. Todo era una farsa y lo sabíamos mucha gente. Los empresarios de Alicante están sangrados”.

El dueño de la agencia ER Backspin afirma que el constructor Enrique Ortiz regaló joyas y relojes a concejales y a Sonia Castedo. “Ella le decía: ‘Enrique, no me hagas estos regalos que no sé como te los voy a pagar’. Y él respondía: ‘Ya sabes cómo’. Eran relojes y joyas de 6.000 y 7.000 euros. He escuchado conversaciones alucinantes entre Ortiz y Sonia. Entonces la corrupción era lo normal. Yo he visto cómo les llevaban al coche neceseres. Y a Alperi con bolsas negras liadas, aunque nunca vi lo que iba dentro”.

Ruiz define la relación del constructor con la alcaldesa como “muy estrecha” y afirma que esta “ha estado muchísimas veces en el barco de Ortiz en Ibiza”. Unas fotografías de ambos con unos amigos celebrando las Navidades en un hotel de Andorra lo demuestran.

El publicitario se lamenta de que lleva años intentando cobrar los 140.000 euros que aún le deben. “He ido a la sede del PP en Génova a reclamar la deuda y la única respuesta que me dan es que ya me llamarán”, se lamenta. Dice que cayó en desgracia en el entorno de Castedo porque “vieron que trataba con José Antonio Sobrino”, un concejal del PP ahora enfrentado a la alcaldesa.

Ruiz vendió el catamarán que tenía atracado en el puerto de Alicante y se marchó a Argelia en febrero de 2012 en busca de trabajo. Dejó un reguero de deudas. Y concluye: “Ellos viviendo de puta madre y yo de la limosna. Lo he pasado muy mal, aunque ahora he conseguido rehacer mi vida. Esta gente no imaginaba que algún día me atrevería a contar la verdad. Llevo siete años callado y me apetecía hacer esto. Hoy he descansado”.        (Rafael Méndez / José María Irujo  ,  El País, Madrid 30 NOV 2014)

El exalcalde de Alicante Alperi denunciado ahora por fraude: ocultó al fisco 2 millones de euros ‘ganados’ en tres años

"La Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF.

Luis Díaz Alperi dimitió como alcalde en septiembre de 2008 y fue sustituido por Sonia Castedo. Los dos están imputados en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del empresario Enrique Ortiz. 

Con un sueldo de unos 70.000 euros cuando era alcalde y de 61.500 actualmente como diputado autonómico, tiene por delante una tarea harto complicada, la de explicar cómo ha podido acumular un patrimonio que difícilmente se puede adquirir mediante un sueldo público como el suyo.

Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, Luis Díaz Alperi habría dejado de ingresar al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, cantidades que corresponderían a la cuota exigible por el IRPF.

 En esos tres años, el ex alcalde de Alicante habría ocultado a Hacienda casi un millón de euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, así como otras cantidades aún por determinar hasta alcanzar los dos millones de euros. (...)

Dentro de la causa Brugal, la Fiscalía Anticorrupción investiga la entrega de tres adosados por la trama corrupta a los tres hijos del diputado autonómico popular, de los que uno estaría a nombre de Elisa Díaz, la mayor de los descendientes del ex alcalde y también diputada autonómica desde diciembre pasado.

 Según informes policiales, el empresario Enrique Ortiz constituyó con otros constructores varias sociedades ficticias para ocultar la entrega de los tres “bungalows”, uno de los cuales habría ido a parar a manos de la nueva diputada.

 Elisa Díaz sustituyó en el escaño al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que tuvó que dimitir después de que el TSJCV lo condenara a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de su localidad.

El aún diputado autonómico del PP tiene una trayectoria política casi tan larga como la relación de asuntos polémicos que ha tenido que ir afrontando y de los que ha ido saliendo indemne. Nacido en Oviedo en 1945, fue alcalde de Alicante durante más de trece años, concretamente entre 1995 y 2008. 

Cuando recibió la vara de mando, un juez acababa de archivar por prescripción un proceso por antiguas relaciones inmobiliarias, debía 25 millones de pesetas a bancos y a la Seguridad Social tras quebrar la empresa Alivacsa de su propiedad, dedicada a precocinados. Con una orden de embargo, se declaró insolvente.

El caso de los aparcamientos

En 2005 fue imputado por la fiscalía anticorrupción por el desfalco de la empresa pública Mercalicante y exculpado por el juez tras una instrucción que recurrió el fiscal. Poco después, fue acusado de prevarivación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el caso de la construcción de unos aparcamientos públicos que construyó Enrique Ortíz. Con Díaz Alperi fueron también inculpados la entonces concejala de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario Ortiz.

 Los tres vértices del mismo triángulo protagonista del caso Brugal. En las elecciones autonómicas de 2007, Díaz Alperi fue elegido diputado en les Corts Valencianes, por lo que el sumario del caso de los aparcamientos pasó al TSJCV, que en menos de cinco días archivó la causa con la oposición del ministerio fiscal."      (El Plural, 14/03/2013)

El plan urbano de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

"La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante. (...)

Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más.

Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.

El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".                  (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 16) 

Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores

"Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.

Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio.

Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.

Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos.

La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana.

Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz. (...)

"El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".

"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. (...)

Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. (...)

De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas. (...)

Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. (...)

Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia.

A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.

Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada. (...)

Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".

Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!". (El País, Domingo, 14/11/2010, p. 5/7)

"Tenemos que presentarnos a todo. Aquí nos toca. ¡Madre mía!"

"Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular. (...)

El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!". (...)

- Concurso eólico. (...) "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja. (...)

Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.
Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.
Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa. (El País, 27/10/2010, p. 10/11)