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28.5.24

Juan Cotino: amaño de contratos desde la dirección de la Policía de Aznar... Tanto sus dos sobrinos como el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana confiesan que el fallecido político del Opus Dei urdió las mordidas millonarias en Luxemburgo de la red del 'caso Erial'... El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión

 "Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado."             (Lucas Marco, eldiario.es, 20/04/24)

9.6.21

La Guardia Civil identifica en Andorra seis millones que atribuye a comisiones de Eduardo Zaplana

 "El último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el caso Erial, y en relación con Eduardo Zaplana, identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por el expresidente de la Generalitat para el cobro de comisiones.

La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en unos 10,5 millones de euros estas comisiones.

Una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro, es una de las claves de esta rama de la investigación. Ese supuesto testaferro abrió en 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que llegó a ingresar más de seis millones de euros, al parecer buena parte en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.

 Sin embargo, la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas consideran aventurada, aunque posible.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana, entre otros, se abrió para investigar un supuesto cobro de comisiones que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresidente valenciano y exministro fuese detenido.

Según fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.

La defensa del expresidente de la Generalitat ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a 10 técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes, porque de no demostrarse la manipulación de las adjudicaciones, no cabe pensar que se cobraron comisiones."                   (El País, 04/06/21)

22.5.19

El blanqueador uruguayo de Zaplana ingresa 5,7 millones del botín en el juzgado para cerrar su acuerdo de confesión

"El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. 

La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España. 

Así, y según se selló en el acuerdo de confesión de Fernando Washington Belhot para evitar ser acusado en esta causa, el testaferro y blanqueador confeso ha ingresado 5,7 millones de euros desde Suiza en la cuenta corriente habilitada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, según han confirmado fuentes de Anticorrupción. Posiblemente, uno de los decomisos de dinero en metálico defraudado por corrupción más importante de la historia de España. 

Belhot debe ingresar en las próximas semanas otros 900.000 dólares americanos (805.000 euros) en la misma cuenta y también con origen en una de las cuentas que la trama tenía en Suiza. En España, la juez y el fiscal han conseguido también recuperar otros 200.000 euros que el blanqueador internacional tenía en una cuenta de un banco español. 

A estos casi 7 millones recuperados en metálico habría que sumar otros 2,3 que también se han embargado en España fruto del decomiso del dinero que el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, repatrió a través de la amnistía fiscal que impulsó el exministro del PP Cristóbal Montoro. En este caso, hay dinero en metálico, pero también inversiones. 

Por último y para asegurar el decomiso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tiene embargados todos los inmuebles de la inmobiliaria Gesdesarrollos Integrales SL. Hay bienes en Altea, Benidorm y otras localidades de la costa que tienen un valor superior a los dos millones de euros y que también estarían asegurados por la justicia. 

La estrategia seguida por la juez y el fiscal Anticorrupción de llegar a un acuerdo con el testaferro y no acusarlo ha sido fundamental no solo ante el posible juicio, sino para recuperar el dinero. De hecho, en caso de haber embargado las cuentas de Suiza, el dinero habría quedado bloqueado en la Confederación Helvética y difícilmente hubiera podido volver a España.

 De esta manera, ha sido el administrador de la cuenta, el propio Belhot, el que voluntariamente ha devuelto el dinero que presuntamente correspondería al cobro de comisiones."                  (Luca Marco Sergi Pitarch, eldiario.es, 20/05/19)

15.2.19

La trama de Zaplana cobró 4,3 millones del promotor de la urbanización La Finca

"La red de sociedades que los investigadores de la operación Erial vinculan al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se nutrió de fondos procedentes de la familia Cotino, cuyo origen estaría en el pago de comisiones por las adjudicaciones de licencia de ITV y concesiones para la explotación de parques eólicos en la Comunidad Valenciana entre los años 1997 y 2003. 

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, recogidas en el sumario parcialmente entregado a las partes al que ha tenido acceso El Confidencial, apuntan al buen negocio que aquellos concursos supusieron para los protagonistas de la causa.

A través de una venta presuntamente ficticia de participaciones societarias, los Cotino y su grupo Sedesa (Asedes Capital) pusieron en manos de los testaferros de Zaplana la sociedad Imison Internacional, con sede en Luxemburgo, y 6,4 millones de euros. 

 Por su parte, el que fue jefe de Gabinete del expresidente autonómico y presidente de la mesa de contratación de las ITV, Juan Francisco García, liquidó en 2012 la mercantil luxemburguesa también creada originalmente por los Cotino, Fenix Investment, en una operación que coincidió con la regularización fiscal de 2,3 millones de euros aprovechando la amnistía tributaria ofrecida por Cristóbal Montoro.

Los investigadores sostienen que Zaplana y sus testaferros habrían podido repatriar al menos tres millones de euros traspasando fondos desde Luxemburgo a sociedades españolas y también en Uruguay u Holanda. A la vez, como consecuencia de otras diligencias que permanecen secretas, la jueza Isabel Rodríguez se ha incautado de otros 6,3 millones de euros en dos cuentas suizas, de los cuales el 90% los atribuye al exministro y al resto a sus testaferros, Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau, que también han pasado nueve meses en prisión preventiva.

Pero las sociedades españolas que sirvieron para blanquear el dinero procedente de las comisiones, según los informes de la UCO, también ingresaron cantidades millonarias de otros empresarios cuya contraprestación es una incógnita para los investigadores. Muchos de los negocios inmobiliarios de la red de Zaplana con fondos de procedencia posiblemente ilícita se desarrollaron a través de las mercantiles Gesdesarrollos Integrales, Medlevante y Turnys Silvática

Pero hay una cuarta denominada Costera del Glorio en la que Anticorrupción detectó una entrada de 4,3 millones de euros en 2007 procedente de la empresa denominada Urbanizadora Somosaguas. Se trata de la mercantil, ya extinguida, del promotor Luis García Cereceda, uno de los impulsores de La Finca, la urbanización de lujo ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que sirve de refugio a grandes fortunas y famosos adinerados.

Cereceda falleció en 2010 y sus hijas heredaron una de las grandes fortunas inmobiliarias del país, aunque bastante envenenada como consecuencia de su apalancamiento y la crisis económica. Sus hijas se han enfrentado por el control del legado, hasta el punto de que una de ellas, Susana, fue investigada por recurrir al comisarió José Villarejo para espiar a su hermana, Yolanda, a la viuda del fallecido y al arquitecto Joaquín Torres, aunque ella lo niega rotundamente. 

 La Guardia Civil considera cuanto menos "llamativo" el pago de 4,3 millones de Somosaguas a Costera del Glorio porque supuso un enorme ingreso en su cifra de negocio en 2007, pues la sociedad, formalmente administrada por Barceló, no pasaba de facturar unos pocos miles de euros al año. 

"Resulta llamativo que durante los cinco años posteriores al ingreso de Urbanizadora Somosaguas no se recojan nuevos ingresos en la mercantil Costera del Glorio, siendo los pagos declarados más significativos dedicados aparentemente a la adquisición de vehículos a motor, joyas y reformas", además de a "la compra de un inmueble sito en la calle Núñez de Balboa de Madrid". Los investigadores sostienen que el "verdadero beneficiario" del patrimonio de Costera era Eduardo Zaplana.

Y basan su afirmación en trasferencias directas de la mercantil al exministro de Trabajo y a los seguimientos efectuados al mismo que revelarían que era él, y no Barceló, quien disfrutaba de la vivienda madrileña, recientemente vendida por 1,23 millones de euros.

 El sumario contiene fotografías de Zaplana entrando en el inmueble y usando las llaves para abrir y cerrar, en uno de los muchos dispositivos de vigilancia montados por la UCO, que incluyeron además pinchazos telefónicos, micrófonos ambiente y localizadores GPS para vehículos.

Según se admite en el sumario, los investigadores todavía no han sido capaces de determinar las razones del pago de los Cereceda a la empresa ligada a Zaplana. Pero llama la atención que el abono se produjera cuando el investigado todavía estaba en la primera línea política. En 2007, de hecho, ejercía de portavoz del Partido Popular en el Congreso, cargo que mantuvo hasta abril de 2008, cuando dejó el puesto para fichar por Telefónica.

En el mismo periodo en que se produjo el pago de la mercantil de los Cereceda a Costera del Glorio, según publicó 'Vozpópuli', se produjo otro intercambio económico entre los Cereceda y otra sociedad de Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado testaferro del expresidente madrileño Ignacio González por los investigadores de la UCO en la operación Lezo. Los vínculos de amistad y visión de los negocios entre Zaplana y González han quedado en evidencia por las pesquisas y grabaciones de esa causa y por las conversaciones recogidas en la operacion Erial. 

Cereceda también fue el empresario por quien intercendió Alberto Ruiz-Gallardón ante Miguel Blesa cuando este era presidente de Caja Madrid, según revelaron los correos internos del ejecutivo que se quitó la vida en julio de 2017."                   (Víctor Romero, El Confidencial, 14/02/19)