Europol destapa la mayor red de manipulación de partidos de fútbol por las apuestas... dos partidos de la Liga de Campeones fueron manipulados, incluido uno en suelo británico... y también catorce encuentros de clasificación para la Europa League... “Se han pagado en en efectivo sumas de dinero de hasta 100.000 euros por partido”... el beneficio obtenido por la red criminal fue de 700.000 euros en un partido del campeonato de primera división austriaco entre el Red Bull Salzburg y el Hartberg... el fútbol es un océano de corrupción, tanto a escala nacional como internacional... no extraña que Miami sea el centro de las tramas, ya que los bancos de Florida siempre se han dedicado al blanqueo del dinero procedente del narcotráfico a escala del continente americano (mpr)

"Cientos de apuestas y partidos manipulados han sido descubiertos por una investigación de Europol. La famosa Liga de Campeones de Europa no se escapa del fraude. “Es la mayor investigación de amaños de partidos de fútbol de toda la historia”, dijo el lunes el director de Europol, Rob Wainwright, en La Haya, donde Europol tiene su sede.

Es en Europa donde se han detectado la mayoría de los fraudes, 380, mientras que se han registrado otros 300 partidos sospechosos en todo el mundo, que son objeto de una investigación separada. La mayoría de los partidos eaminaods por Europol se jugaron en las ligas turca, alemana y suiza. Catorce acusados ya han sido condenados en la primera parte de este caso, a un total de 39 años de cárccel, pero aún quedan cien más por aparecer. De los 425 sospechosos, 151 viven en Alemania y 66 en Turquía.

La Liga de Campeones se ha visto salpicada por la investigación. Dos partidos fueron manipulados, incluido uno en suelo británico, dijo Wainwright. Catorce encuentros de clasificación para la Europa League también están bajo el escrutinio de Europol.

“Es la obra de una organización criminal sofisticada que tiene su sede en Asia y trabaja con relevos en Europa”, añadió Wainwright. El fraude involucra al empresario de Singapur, Wilson Raj Perumal. Su nombre aparece en varios casos de corrupción prominentes, incluidos Sudáfrica y Zimbabwe, cuando fue condenado en Finlandia en 2011 por sobornar a jugadores del campeonato nacional.

Los investigadores estiman que los partidos amañados arrojaron un beneficio de más de 8 millones de euros. “Se han pagado en en efectivo sumas de dinero de hasta 100.000 euros por partido”, dice Friedhelm Althans, para quien el fraude socava la credibilidad de clubes, jugadores y empresas de apuestas deportivas. En un solo partido, el beneficio obtenido por la red criminal fue de 700.000 euros, durante un partido del campeonato de primera división austriaco entre el Red Bull Salzburg y Hartberg.

El FBI investiga a la Asociación Argentina de Fútbol

El fútbol es una de las mayores cloacas del mundo. En Estados Unidos el FBI investiga las operaciones financieras de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), que involucran cientos de millones de dólares que fluyeron a través de los bancos de Florida.

Más de 300 millones de dólares en ingresos de patrocinio enviados a través de bancos con sede en Miami han violado las leyes estadounidenses que rigen el lavado de dinero y el fraude bancario.

Miami es la sede no oficial del fútbol argentino fuera de Argentina. Desde la victoria de Argentina en la Copa Mundial 2022, la AFA ha expandido su presencia en Estados Unidos. La federación abrió oficinas a fines de 2023, lanzó proyectos de desarrollo juvenil en el sur de Florida y fortaleció las asociaciones comerciales en todo Estados Unidos antes del comienzo de la actual Copa Mundial de la FIFA.

El FBI se centra en TourProdEnter, una empresa de Florida que sirvió como representante comercial internacional exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio en el extranjero.

Los investigadores examinan si los pagos de patrocinio de empresas multinacionales, incluidas Adidas y otros socios internacionales, se encaminaron a través de la empresa de Florida antes de llegar a Argentina, en lugar de seguir la estructura de pago tradicional de la Federación.

Aunque la AFA tiene su sede en Buenos Aires, los fiscales estadounidenses asumen competencias para investigar las transacciones financieras que se mueven a través de bancos o empresas estadounidenses.

Los fiscales revisan si el movimiento de dinero a través de las instituciones financieras de Estados Unidos constituye un delito federal, incluido el lavado de dinero, el fraude electrónico o el fraude bancario si los investigadores determinan que las transacciones ocultan la verdadera fuente o destino de los fondos.

Según los informes, la investigación se centra en el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, junto con las relaciones financieras de la Federación con socios comerciales externos.

El FBI ha entrevistado al empresario deportivo argentino Guillermo Tofoni durante la Copa del Mundo como parte de la investigación. Están buscando información sobre la negociación de los contratos de patrocinio internacional y el movimiento de dinero a través de empresas con sede en Estados Unidos.

También investigan las acusaciones de que algunos ingresos de patrocinio pueden haber sido desviados a los bolsillos personal es de los dirigentes.

La investigación estadounidense es distinta de los procedimientos contra Tapia en Argentina. Los tribunales argentinos permitieron que Tapia viajara a Estados Unidos a pesar de las acusaciones que involucran la gestión de fondos fiscales y de seguridad social. Esas acusaciones no están relacionadas con la investigación financiera del FBI en Florida.

El fútbol es un océano de corrupción

Los procesamientos por corrupción del Departamento de Justicia de la FIFA se iniciaron en 2015, cuando la fiscalía estadounidense utilizó el sistema bancario de Estados Unidos para investigar a los dirigentes internacionales del fútbol acusados de soborno, crimen organizado y lavado de dinero.

En el caso actual, los fiscales están utilizando una teoría jurisdiccional similar al examinar las transacciones que supuestamente pasaron a través de las instituciones financieras estadounidenses, a pesar de que las organizaciones y muchas personas involucradas tienen su sede en el extranjero.

Miami se ha convertido en el punto focal de una de las investigaciones financieras más seguidas por el fútbol internacional. Estados Unidos utiliza este tipo de procedimientos judiciales como instrumento de presión. Las acusaciones van y vienen según intereses de política internacional.

No obstante, el fútbol es un océano de corrupción, tanto a escala nacional como internacional y tampoco extraña que Miami sea el centro de las tramas, ya que los bancos de Florida siempre se han dedicado al blanqueo del dinero procedente del narcotráfico a escala del continente americano, pero especialmente de Colombia.

El Inter de Miami

Además de David Beckham, los propietarios del equipo de fútbol Inter de Miami, en el que juega Messi, son los hijos del gusano cubano Mas Canosa, uno de los contrarrevolucionarios más conocidos del exilio.

Uno de los hijos, Jorge, es presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, de la empresa MasTec y del Real Zaragoza, que compró en 2022.

Como tantos otros clubes de fútbol, el Inter de Miami es un proyecto de especulación capitalista. Su historia comenzó en el 2014, cuando se creó la marca comercial. En aquel momento Beckham pagó 25 millones de dólares. Ahora se cotiza en más de mil millones y aspira a entrar entre los diez clubes de fútbol más valiosos del mundo.

Es perfecto para blanquear el dinero negro de los mafiosos latinoamericanos." 

(mpr21, 12/07/26) 

El Vaticano bajo fuego por presunta evasión de blanqueo de dinero... se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias ( Ben Munster, POLITICO)

 "El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias.

El antiguo jefe de la policía financiera de la ciudad-estado, que fue destituido en 2017, ha afirmado que su agencia de nóminas podía alterar los nombres y los números de cuenta de las transacciones después de que se realizaran, ocultando la identidad de los destinatarios y los remitentes.

La implicación sería enorme porque habría permitido a los funcionarios del Vaticano transferir fondos a clientes privados sin revelar su identidad, lo que posiblemente facilitaría el lavado de dinero ilimitado y violaría las normas antifraude más básicas.

Estas acusaciones llegan en un momento delicado para el nuevo Papa León XIV, que busca mejorar la reputación de la Iglesia Católica tras décadas de escándalos financieros y un inminente déficit presupuestario.

El Vaticano niega todas las acusaciones y personas familiarizadas con SWIFT, la organización que facilita las transferencias bancarias internacionales, afirman que lo que se le imputa al Vaticano es técnicamente imposible. Sin embargo, las acusaciones se están tomando en serio debido a la credibilidad de quienes las formulan y al historial de mala conducta del Vaticano.

Acusado de ser espía.

Lo que aumenta el misterio es lo estrechamente que las acusaciones encajan con la política interna del Vaticano.

Proceden de Libero Milone, antiguo auditor de Deloitte, una de las principales firmas de auditoría, quien fue nombrado por el fallecido Papa Francisco en 2015 para arreglar las finanzas del Vaticano tras años de escándalos y negligencia.

Dos años después, se vio obligado a dimitir después de que altos funcionarios lo acusaran de ser un espía.

Afirma que fue despedido por haber denunciado irregularidades financieras relacionadas con el ex jefe de policía y cardenal de la ciudad-estado, Giovanni Angelo Becciu, quien fue declarado culpable de malversación de fondos en 2023 tras hacer un uso indebido de fondos del Vaticano.

El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias. | Giuseppe Lami/EPA

Milone mencionó por primera vez la aparente existencia de herramientas que podrían editar los números de cuenta bancaria internacional (IBAN) en las transferencias en el sistema internacional SWIFT el mes pasado, tras el colapso de un caso que presentó contra el Vaticano por despido improcedente.

The Pillar, un sitio web católico, continuó con una serie de artículos que indicaban que Milone estaba en posesión de una gran cantidad de material potencialmente explosivo sobre prácticas descubiertas durante su tiempo en el Vaticano y estaba considerando si utilizarlo para reforzar su caso.

Describiendo la herramienta de edición de IBAN como una "llave maestra para el lavado de dinero", The Pillar afirmó que, de probarse, "el Vaticano probablemente terminaría en una lista negra financiera internacional de la peor clase, excluido del sistema bancario internacional, lo que significaría que no podría entrar ni salir dinero del estado de la ciudad, excepto en efectivo físico y literal".

 Sin chantaje.

En una rueda de prensa la semana pasada, el propio Milone corroboró las acusaciones. Sin embargo, se negó a proporcionar documentación adicional o a ir más allá de lo que informó el periodista de The Pillar, Ed Condon.

“Tengo un documento que dice que pueden modificar las transacciones —pueden cambiar el nombre— en cualquier momento”, dijo Milone en respuesta a una pregunta de POLITICO. También insinuó que tenía más pruebas perjudiciales de mala praxis en la ciudad-estado, pero de nuevo se negó a decir cuáles, insistiendo en que no quería llamar la atención sobre sí mismo. "No estoy intentando chantajear a nadie", dijo a los periodistas.

Milone dijo que supo de la herramienta por primera vez cuando el cardenal George Pell, un clérigo australiano nombrado en el marco de la misma iniciativa de transparencia, le pidió que la investigara. Pell se vio obligado a regresar a su país natal en 2017 para enfrentar acusaciones de abuso infantil, de las que posteriormente fue absuelto. Falleció en 2023.

En una carta dirigida a Milone y fechada en 2016, cuya copia The Pillar compartió con POLITICO, Pell dijo que había sido "alertado" de una solicitud de APSA, la agencia de nóminas del Vaticano, "para modificar los controles en el sistema SWIFT", una acción que describió como "potencialmente... ilegal".

La oficina de Milone investigó las afirmaciones de Pell, y el auditor las comunicó a altos funcionarios, entre ellos el Papa Francisco y el Secretario de Estado Pietro Parolin, así como al jefe de justicia del Vaticano y al organismo de control interno del Vaticano, la ASIF. Pero no recibió respuesta de estos dos últimos, que, según él, tenían el deber de investigar, lo que formaba parte de un patrón más amplio de resistencia institucional al esfuerzo de reforma de Francisco, en el que, según dijo, el difunto pontífice era rutinariamente superado en astucia.
"Completamente infundado"

El Vaticano ha negado vehementemente las acusaciones. En un comunicado compartido con POLITICO, el portavoz Matteo Bruni afirmó que las acusaciones eran "completamente infundadas" y que APSA no había prestado servicios a clientes privados en 2016, cuando se envió la carta.

Es cierto que APSA cerró sus cuentas personales para evitar la supervisión del organismo antilavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, en 2015, pero es posible que las herramientas financieras se hubieran utilizado antes de esa fecha, o bien para ocultar transacciones que involucraran a clientes privados realizadas después de esa fecha, argumentó Condon en una publicación de blog.

Bruni también negó cualquier mala praxis continua, señalando las auditorías de APSA realizadas por el organismo de control ASIF y PricewaterhouseCoopers entre 2020 y 2024 que no encontraron "anomalías".
Libero Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas. | Fabio Frustaci/Agencia Europea de Prensa (EPA)

Una persona familiarizada con el funcionamiento de SWIFT, que habló con POLITICO bajo condición de anonimato, insistió en que "no es posible alterar el contenido de un mensaje de pago una vez que ha sido enviado", debido al uso de firmas digitales verificables y un cifrado de alto nivel que también se aplica a los clientes de SWIFT.

Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas.
El banquero de Dios

Antes del cónclave de mayo que eligió a León, los cardenales se quejaron de un déficit presupuestario que, según se dice, se ha ampliado considerablemente en los últimos años, debido a una disminución de las donaciones que se aceleró bajo el pontificado de Francisco. Según informaron fuentes internas a POLITICO a principios de este año, el nuevo pontífice fue elegido en parte porque se le consideraba alguien capaz de restablecer la credibilidad entre los donantes poderosos, especialmente en Estados Unidos.

Los acontecimientos recientes ya han restablecido cierta confianza. Después de que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el vehículo de inversión del Vaticano que durante mucho tiempo ha tenido problemas, informara de ganancias récord a principios de este año, la APSA registró recientemente un beneficio de 62,2 millones de euros para 2024, frente a los 45,9 millones de euros anteriores.

Las acusaciones de Milone socavarían ese progreso y resucitarían los malos recuerdos de escándalos financieros pasados que se remontan a la época de Pablo VI y Juan Pablo II. En las décadas de 1980 y 1990, los magistrados italianos investigaron las acusaciones de que el IOR había sido utilizado para blanquear ganancias de la Cosa Nostra con el fin de financiar movimientos anticomunistas en América Latina y Europa del Este.

Las investigaciones se iniciaron después de que el banquero milanés Roberto Calvi, vinculado al Vaticano y apodado "el banquero de Dios", fuera encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres en 1982. Se alegó que Calvi había ayudado en el plan en connivencia con una serie de intereses internacionales que abarcaban no solo el IOR, sino también figuras políticas y empresariales de extrema derecha, la masonería italiana y los servicios de inteligencia estadounidenses.

El Vaticano nunca reconoció ninguna irregularidad, pero sí admitió su "implicación moral" en el colapso del banco de Calvi, el Banco Ambrosiano. Más recientemente, en 2023, el cardenal Becciu, otrora poderoso cardenal de la Secretaría de Estado del Vaticano, fue condenado tras ser hallado culpable de desviar fondos del Vaticano a una organización benéfica sarda vinculada a su familia. Becciu también fue condenado por su participación en un fallido acuerdo inmobiliario en Londres que le costó al Vaticano más de 100 millones de euros." 

( Ben Munster  , POLITICO, 11/08/25, traducción DEEPL) 

Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

 "Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal.

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso.

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. "               (Elena Herrera, eldiario.es, 11/05/24)

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

El año de los escándalos en Singapur... Restaurar la reputación de Singapur no será fácil después de los escándalos de corrupción del gobernante Partido de Acción Popular... la respuesta del gobierno a las crisis ha consistido cada vez más en silenciar e intimidar a los críticos

 "El año pasado no tuvo precedentes en la historia del Singapur independiente. En los últimos años han surgido dificultades para el gobierno, la economía, sectores específicos de la población de Singapur o en términos de escalada de represión, pero 2023 abarcó todo lo anterior. Recuperar la reputación de Singapur en materia de gobernanza limpia no será una tarea fácil. En enero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que seis miembros de Keppel Corp, una empresa vinculada al gobierno, habían pagado 55 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con el gigante petrolero brasileño Petrobras. 

 Sin embargo, cuando el caso llegó a Singapur, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas (CPIB) se negó a procesar o incluso identificar a los culpables debido a la “falta de pruebas”, y en su lugar emitió “severas advertencias” a los ex ejecutivos de Keppel. En mayo de 2023, dos ministros del gabinete rechazaron las sugerencias de la oposición de que habían recibido un trato especial al obtener arrendamientos de bungalows de lujo de propiedad estatal. Fue especialmente incómodo para el Ministro del Interior y de Derecho, K Shanmugam, ya que las propiedades, que formaban parte de su cartera ministerial, habían sido arrendadas a los ministros sin someterse a un proceso de licitación competitivo.

 En el curso de su defensa, Shanmugam reveló que pagaba un alquiler mensual de 26.500 dólares singapurenses (19.754 dólares estadounidenses), una explicación poco probable que le granjeara mucha simpatía por parte de los singapurenses comunes y corrientes que viven en viviendas públicas y enfrentan una crisis de costo de vida. En julio, las investigaciones del CPIB y del ex viceprimer ministro Teo Chee Hean absolvieron a ambos ministros de cualquier irregularidad. Pero para entonces, los singapurenses ya estaban leyendo sobre el siguiente escándalo: el arresto por parte del CPIB del Ministro de Transporte S. Iswaran, por cargos de corrupción relacionados con la exitosa candidatura de Singapur para albergar el Gran Premio de Fórmula Uno.

 Una semana después de que estallara la historia de Iswaran, el presidente del Parlamento y ex aspirante a primer ministro, Tan Chuan-Jin, renunció por una relación extramatrimonial con otro parlamentario del gobierno, Cheng Li Hui, quien también renunció. El primer ministro Lee Hsien Loong admitió que conocía el asunto desde hacía años, pero no pareció demasiado preocupado hasta principios de 2023, cuando Tan se había convertido en un lastre por diferentes razones. Luego, el primer ministro Lee permitió que Tan permaneciera en el parlamento como presidente durante meses después de haber aceptado su resignación.

 El mismo día en que se hizo pública la aventura de Tan, se publicó de forma anónima en las redes sociales una visión de hace años filmada con una cámara oculta en un restaurante, que mostraba a una pareja adúltera del opositor Partido de los Trabajadores (aunque solo uno era diputado) tomados de la mano. Esto llevó a algunos comentaristas a afirmar cierto grado de comparabilidad con la historia de Tan Chuan-Jin sin cuestionar la fuente o la actualidad de las revelaciones.

 A mediados de agosto estalló un caso de lavado de dinero por valor de miles de millones de dólares, que resultó en el arresto de diez jóvenes millonarios nacidos en China que habían construido sus fortunas con el juego y el fraude en línea. Se habían mezclado silenciosamente con el fondo viviendo como otros millonarios, incluso siendo miembros del prestigioso Sentosa Golf Club y Singapore Island Country Club, ambos favorecidos por miembros del establishment político durante muchas décadas. 

 Podría ser difícil para la reputación internacional de Singapur recuperarse de estos escándalos, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para bloquear el acceso interno al análisis crítico de estos escándalos a través de legislación como la Ley de Protección contra Falsedades y Manipulación en Línea. En diciembre de 2023 se promulgó otro elemento del marco legislativo de censura interna: la FICA, la Ley de Interferencia Extranjera (Contramedidas). 

Por lo tanto, la respuesta reflexiva del gobierno a las crisis ha consistido cada vez más en silenciar e intimidar a los críticos, ya sean líderes de la oposición que investigan al gobierno. ministros, comentaristas críticos o aquellos involucrados en ataques más personales.

 Este marcó el primer año desde 1996 en el que una investigación sobre corrupción, o incluso irregularidad, ha afectado a un ministro del gabinete. En 1996, el entonces primer ministro Goh Chok Tong y el entonces ministro de Finanzas Richard Hu investigaron personalmente y absolvieron al primer ministro Lee Kuan Yew y al viceprimer ministro Lee Hsien Loong de cualquier irregularidad cuando cada uno de ellos aceptó descuentos millonarios en un desarrollo de condominios de una promotor inmobiliario. CPIB interrogó recientemente al mismo promotor inmobiliario como parte de la investigación de Iswaran de 2023.

 Sin duda, el gobierno de Singapur preferiría olvidar 2023. Aun así, terminó el año con noticias de un cambio de liderazgo generacional, allanando el camino hacia las próximas elecciones generales previstas para finales de 2025.

 El ex viceprimer ministro Shanmugaratnam fue elegido presidente con el 70% de los votos nacionales después de que un candidato alternativo popular fuera declarado no elegible. Posteriormente, el Primer Ministro Lee Hsein Loong indicó que entregaría el poder a su sucesor designado, el Viceprimer Ministro Lawrence Wong, en algún momento de 2024 “si todo va bien”.

 El gobierno también anunció una serie de medidas ultracautelosas de bienestar y vivienda destinadas a ayudar a los trabajadores pobres, a los singapurenses mayores y a aquellos que poseen pisos de valor cada vez menor en antiguas urbanizaciones. Queda por ver si estas microrreformas serán suficientes para que el Partido Acción Popular conserve sus votos y escaños actuales en las próximas elecciones generales. Sin duda, es un momento poco propicio para que un nuevo líder asuma el poder. No es que Wong esté solo: sin duda contará con la ayuda de Lee Hsien Loong como ministro principal, y tal vez de Shanmugam como viceprimer ministro. "          

(Michael Barr es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Flinders. Asia Times, 19/01/24; traducción google)

El Parlamento Europeo cree que el fútbol apesta... Los “matones y oligarcas” del fútbol corren el riesgo de sufrir medidas enérgicas contra el blanqueo de dinero de la UE... Desde Paris St. Germain hasta Bayern Munich y Inter de Milán, los principales clubes de Europa podrían verse afectados por una montaña de papeleo para demostrar que las tarifas de transferencia no han sido infladas (POLITICO)

 "Preocupados de que las transferencias y los acuerdos de patrocinio puedan ser tan herméticos como la línea defensiva del Manchester United, los legisladores están presionando para que los gobiernos den marcha atrás en su oposición a que los clubes de fútbol sean incluidos en una ley de la UE que combate el lavado de dinero. "Los Estados miembros se niegan a someter a los clubes, ligas y agentes de fútbol a las normas básicas de diligencia debida", afirmó el eurodiputado verde Damien Carême, codirector de las negociaciones del Parlamento y seguidor del Racing Club de Lens en Francia. 

 "Esto es una bendición para los matones y los oligarcas, que podrán continuar con su pequeño negocio de amaño de partidos y transferencias dudosas con total impunidad". Las demandas del Parlamento son el último paso en las disputas sobre un plan de la UE propuesto hace dos años para racionalizar las salvaguardias de Europa contra el lavado de dinero en todos los ámbitos, que actualmente difieren de un país a otro. 

Las conversaciones entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, que representan a los gobiernos nacionales, están estancadas, en parte porque los países se resisten a la inclusión del fútbol en la legislación.

 Si bien se podría argumentar que el fútbol mundial y la corrupción van de la mano (en 2015, las autoridades estadounidenses acusaron a nueve funcionarios de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que gobierna el juego en todo el mundo, por extorsión, conspiración y corrupción). Los expertos sugieren que el lavado de dinero, aunque menos obvio, podría estar muy extendido. Europol y la Comisión Europea han destacado los riesgos de la industria en informes de los últimos años. Como dijo Carême, "el fútbol es un sector clave para el blanqueo de dinero".

  Operación Cero

 La forma en que suele funcionar es la siguiente: dado que los delincuentes luchan por gastar el dinero que ganan con negocios ilegales sin llamar la atención de las autoridades, lo canalizan a través de empresas legítimas para que parezca que el efectivo está limpio. En lo que respecta al fútbol, una técnica común es inflar el precio de la transferencia de un jugador y luego devolver las ganancias adicionales al hampa. Uno de los países que parece haber tenido un problema particular es Bélgica. Una investigación llamada “Operación Cero” expuso bandas de lavado de dinero que operaban en clubes de fútbol belgas en 2018. La investigación dio lugar a una ofensiva contra la liga, lo que obligó a los clubes a introducir nuevas salvaguardias.

 Pero es la experiencia de Bélgica en particular la que hace reflexionar a los gobiernos. Las salvaguardias del país se convirtieron en un engorroso ejercicio de marcar casillas en lugar de una forma efectiva de luchar contra los lavadores de dinero, según Niels Appermont, profesor de derecho económico en la Universidad de Hasselt, quien investigó las reglas con la ayuda de una subvención de la UEFA. (En ningún momento intervino la UEFA en el estudio, dijo). "Veo y reconozco problemas importantes en este sector", dijo Appermont. "Nuestro punto en el caso belga es que si se quiere abordar bien estos problemas", entonces no se debe "utilizar una solución única y tratar de comprender el mercado que se intenta regular".

 Quienes están cerca de la situación afirman que la cantidad de obstáculos que ahora hay que superar y la burocracia que hay que sortear hace que sea más difícil para los clubes belgas, que incluyen a Anderlecht y Standard Liège, competir en transferencias de jugadores. Los eurodiputados han sugerido introducir umbrales para proteger a los clubes más pequeños de la carga administrativa de los controles de diligencia debida. Pero los gobiernos rechazan ese compromiso. 

 Paisaje futbolístico diverso

 La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para que se escuche su voz en las negociaciones. Han instado a los legisladores a consultar primero y luego crear un conjunto de reglas personalizadas para el deporte, incluidas salvaguardias contra el lavado de dinero. La UEFA, el organismo rector del fútbol en Europa, y Football Supporters Europe (FSE), que representa a los aficionados, están presionando en Bruselas para hacer oír su voz en las negociaciones. 

 Dicen que aplicar un enfoque único para todos sin evaluar las consecuencias podría perjudicar a los clubes más pequeños que no están equipados para manejar el papeleo. "Los responsables políticos de la UE deberían colaborar adecuadamente con las partes interesadas del fútbol para evaluar los impactos y desarrollar opciones políticas que cumplan con nuestros objetivos compartidos sin correr el riesgo de consecuencias no deseadas en el diverso panorama del fútbol europeo", dijo un portavoz de la UEFA."                    (Bjarke Smith-Meyer , POLITICO, 15/12/23; traducción DEEPL)

Los grandes fondos se convierten en máquinas masivas de blanqueo de capitales

 "En las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares. Los fondos de inversión privados son vulnerables al blanqueo de capitales porque contienen una variedad de factores de riesgo estructurales que ayudan a camuflar comportamientos ilícitos.

En 2020, un boletín filtrado del FBI encontró que los delincuentes y las grandes fortunas estaban usando «fondos de colocación privada, incluidas inversiones ofrecidas por firmas de capital privado y fondos de cobertura, para eludir los programas anti blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés) de otras instituciones financieras y blanquear dinero».

Un informe de Global Financial Integrity (GFI) «Fondos de Inversión Privados en Latinoamérica», al que Diario16 ha tenido acceso, examina los factores de riesgo de blanqueo asociados con estos fondos de inversión privados en Latinoamérica. Analiza el circulo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales usados para mover dinero ilícito. La proximidad geográfica, económica, histórica y cultural de la región con los Estados Unidos las políticas norteamericanas siempre hayan tenido un impacto significante en Latinoamérica.

El 54% de los casos de lavado de dinero en bienes raíces se encontraban vinculados a fondos ilícitos de la región de Latinoamérica. «En el imaginario popular, las capitales mundiales del blanqueo son países pequeños con historias de leyes financieras laxas y secretas. Pero hay un buen argumento de que, en este momento, el mejor lugar para ocultar y lavar ganancias obtenidas de forma ilícita es en realidad Estados Unidos», dijo el Secretario del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado en 2021.

El nuevo informe de GFI proporciona una serie de estudios de casos y analiza la regulación ALD de los fondos de inversión privados en Brasil, México, Chile y Argentina.

Brasil sigue siendo el mercado de inversión privada más grande de Latinoamérica. Las estimaciones de Preqin, una base de datos de activos alternativos, revelan que alrededor de 38.000 millones, o el 44% del total de activos bajo gestión en América Latina, se concentra en Brasil, un país donde el Santander es uno de los principales bancos. Desde el punto de vista del blanqueo de capitales, una tendencia particularmente interesante que ha surgido en el espacio de los fondos de inversión privados brasileños es la participación de las oficinas familiares en las inversiones generales.

Según Tom Cardamone, presidente de GFI, «A pesar de la escala de la riqueza bajo gestión, las ‘oficinas familiares’ tienen poca o ninguna supervisión regulatoria en la mayor parte del mundo. Esto es especialmente preocupante dado el estrecho vínculo entre la riqueza y la corrupción en muchas partes del mundo. La naturaleza no regulada de estos fondos los convierte en un vehículo particularmente útil para enmascarar los beneficios de la corrupción o el lavado de dinero».

Además, el informe utiliza una serie de estudios de caso para resaltar cómo existen riesgos de blanqueo, corrupción y crimen organizado en los fondos de inversión privados en América Latina.

Los factores de riesgo incluyen una base de clientes a menudo compuesta por personas adineradas, incluidas personas políticamente expuestas, una estrecha relación entre los grandes gestores de fondos y sus clientes, el uso de empresas pantalla y fideicomisos para gestionar inversiones, tercerización de operaciones y gestión de riesgos, poca transparencia en torno al origen de la riqueza y los fondos, y estructuras de inversión que pueden incluir múltiples cuentas en diferentes jurisdicciones, incluidos paraísos fiscales, con fondos moviéndose a través de una cuenta de concentración.

El informe, además, ofrece una serie de importantes recomendaciones:

• El nuevo gobierno brasileño, que tiene los mayores AUM en la región, debe ser el primero en adoptar regulaciones ALD que aborden riesgos futuros cuando surjan. Igualmente, los reguladores deben reflexionar sobre la estructura de las oficinas familiares y realizar una evaluación de riesgos del sector.
• Las autoridades latinoamericanas deben buscar regular a los intermediarios y a las profesiones sobre debida diligencia ALD/CFT, ya que son fundamentales para permitir que el dinero ilícito se mueva a través del sistema financiero dentro de la región, pero también para que se invierta en fondos de inversión privados en el extranjero.
• Los Estados Unidos, Suiza, las Islas Caimán, Malta y otros países dentro de la UE deben realizar una evaluación sólida del riesgo de lavado de dinero de sus sectores de fondos de inversión privados.
• Las autoridades del orden latinoamericanas involucradas en investigaciones de corrupción, narcotráfico y crimen organizado deben recibir capacitación sobre las complejidades de los fondos de inversión privados y la forma en que pueden usarse para ocultar activos ilícitos."                 (J. A. Gómez, Diario16, 31/12/22)

Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de las transferencias ficticias de las multinacionales a nivel global... Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB

 "La expresión lavado de dinero se acuñó a principios del siglo pasado y está vinculada a una figura icónica del mundo criminal: el gánster Al Capone. El mafioso de origen italiano montó una cadena de lavanderías, entre otros negocios, para blanquear la fortuna que acumuló a través de sus actividades ilícitas. 

Un siglo después el término permanece, pero a las tradicionales tapaderas del dinero sucio se han sumado esquemas cada vez más sofisticados para rebajar el pago de impuestos sobre negocios legales. Una estrategia en auge donde los paraísos fiscales funcionan como grandes lavadoras y algunos países comunitarios juegan un papel crucial: casi un tercio de los beneficios que las multinacionales trasladan de forma ficticia fuera de la UE hacia territorios offshore pasa antes por algún Estado miembro de fiscalidad laxa. En conjunto, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Malta acaparan casi el 40% de los beneficios corporativos desviados a nivel global.

Estas son algunas conclusiones de la última actualización de The Missing Profits of Nations (Los beneficios perdidos de las naciones, en castellano), una investigación firmada por Thomas Tørsløv (Banco Nacional de Dinamarca), Ludvig Vier (Ministerio de Finanzas danés) y Gabriel Zucman (Universidad de Berkeley y NBER), que evidencia cómo la UE se ha convertido en una puerta trasera para las multinacionales hacia territorios de fiscalidad cero. El 77% de las ganancias desviadas ficticiamente desde el Viejo Continente llega a otros países de la UE en primera instancia, con Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos a la cabeza. Después, casi la mitad de ese dinero continúa su viaje hacia los clásicos paraísos fiscales offshore, como las Islas Bermudas o las Caimán.

La investigación, que construye nuevos indicadores a partir de datos de 2015, estima que el 36% de las ganancias globales que las multinacionales obtienen fuera del país de la matriz se desvía a paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Son 616.000 millones de dólares al año (prácticamente la misma cifra en euros, al cambio actual), casi tres cuartos procedentes de países considerados de tributación elevada, como Alemania, España o Estados Unidos. El 35% del total (216.000 millones de dólares) procede de la UE —de empresas europeas y no europeas—, frente a los 143.000 millones (23%) de EE UU y 76.000 millones de otros países de la OCDE.

Irlanda, uno de los países comunitarios que más ha exacerbado la competencia fiscal en los últimos años, es el destinatario número uno: recibe más de 100.000 millones de beneficios corporativos desviados desde otros puntos del globo. Le siguen las jurisdicciones del Caribe y Singapur.

Las grandes corporaciones emplean tres fórmulas para trasladar beneficios: manipulan los precios intragrupo de importación y exportación, pagan intereses ad hoc sobre préstamos entre filiales o mueven bienes intangibles, como patentes, algoritmos o logotipos, a países de baja fiscalidad. Por ejemplo, Luxemburgo recibe 88.000 millones de dólares en pagos procedentes de filiales situadas en países con impuestos elevados, tanto europeos (Francia, España...) como extracomunitarios (Japón, EE UU...), pero solo se queda con 47.000 millones. El resto salta desde ahí a paraísos fiscales ubicados fuera de las fronteras comunitarias.

“Este resultado es relevante desde una perspectiva legal y política. Los tratados de la UE prohíben a los Estados miembros gravar los pagos (como intereses o regalías intragrupo) a otros países” de la Unión, señala la investigación. “Un país como Alemania puede imponer impuestos sobre los pagos a las Islas Bermudas, pero no sobre los pagos a Luxemburgo. Trasladando los beneficios primero a Luxemburgo y luego a las Bermudas, una multinacional puede eludir las normas alemanas contra la elusión (...). En la práctica, para evitar las normas contra la elusión, las empresas deben tener un nivel mínimo de actividad real en los paraísos fiscales de la UE”.

 La UE no considera paraíso fiscal a ningún país de su entorno, pese a los privilegios que algunos de ellos conceden a las multinacionales. El estudio de Tørsløv, Vier y Zucman, en cambio, incluye a 43 territorios en su lista, cinco de ellos de la OCDE y en su mayoría miembros de la UE (Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza). En todas estas jurisdicciones, el tipo efectivo del impuesto de sociedades es bajo y la ratio entre beneficios y salarios de las corporaciones extranjeras es superior a la de las firmas locales —en los demás países es al revés—.

La extrema competencia fiscal entre Estados ha llevado a la comunidad internacional a revisar las reglas fiscales globales, que fueron diseñadas en los años veinte del siglo pasado y no reflejan las dinámicas de la globalización. El nuevo marco tiene como objetivo reducir los incentivos para trasladar beneficios y elevar así la imposición fiscal a las multinacionales, pero su diseño se está viendo retrasado por obstáculos técnicos y políticos, y hasta 2024 no se espera que entre en vigor.

La UE, la más afectada

La UE es, a la vez, un coladero para los beneficios empresariales y la más afectada por los tinglados fiscales de las multinacionales: las ganancias desviadas ficticiamente suponen el 1,5% del PIB de la Unión, el doble con respecto a Estados Unidos (0,8%). Si ese dinero se quedara donde se genera, los países de elevada tributación de la UE tendrían un 20% más de beneficios para gravar y EE UU elevaría ese importe en un 10%, mientras que la cifra caería en un 55% en los paraísos fiscales, hasta en un 90% en territorios como Malta o las Bermudas.

 Desde España se desviaron 14.000 millones de beneficios en 2015, más de la mitad de lo que se recauda por el impuesto de sociedades y equivalente al 1,2% del PIB. La pérdida en términos de ingresos fiscales es del 14%, una cifra que alcanza el 28% en el caso de Alemania y el 21% en Francia, en ambos casos por encima de la media europea del 18%. En EE UU el agujero recaudatorio es igual al español en porcentaje; del 5% en promedio para los países en desarrollo.

Aunque la UE pierde el doble de beneficios que EE UU en relación con su PIB, son las multinacionales estadounidenses las que desvían, en proporción, más ganancias: el 54% de ellas se va a paraísos fiscales, frente a un cuarto del resto. “Para Estados Unidos, el traslado de beneficios parece ser una estrategia de elusión fiscal más que una pérdida de ingresos fiscales. Para otras economías, parece ser una pérdida de ingresos más que una estrategia de ahorro de impuestos”, resume la investigación."         (Laura Delle Femmine, El País, 16/09/22)      

Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”... Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad

 "La dirección de Banca Privada d’Andorra (BPA) pilotó una hoja de ruta para encubrir los secretos inconfesables de sus clientes, ocultar información financiera a las autoridades y garantizar la seguridad “fiscal y penal” de esta entidad, intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela.

Así lo confirman decenas de correos de exempleados incluidos en un informe elaborado en junio de 2022 por la auditora y consultora PwC. Los mensajes desnudan los métodos ilegales para captar clientes en América, la transferencia irregular de centenares de millones a Andorra a través de tinglados societarios opacos y el envío prohibido de tarjetas Visa a algunos clientes, entre otras irregularidades.

Con 7.000 millones gestionados, la dirección de la que fuera la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79.000 habitantes entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario, conocía la operativa y calificó por escrito estas maniobras: “Delito”, “ilegal”, “tapadera” o “situación irregular”, según recogían unas misivas, que también advertían de las consecuencias de este modus operandi: “Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años”.

Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, califica a la entidad como “modélica” y afirma que operaba “en la legalidad”.

Argentina, México y Uruguay

Los mensajes del informe de PwC revelan cómo los extrabajadores de las filiales del banco en Argentina, México y Uruguay transportaban la documentación sensible de sus clientes en maletas y fundas de ordenadores portátiles. También, cómo temían inspecciones de reguladores y auguraban que podrían acabar “en la cárcel”. “300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar”, pronosticaba en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.

En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que se encontraba Laplana, una empleada se mostraba en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es más delicado. Quien tenga miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detienen, es delito penal, seas residente donde seas”, apuntaba. Otro mensaje de diciembre de 2011 reconocía las anomalías en Latinoamérica: “En Uruguay estamos en una situación irregular que puede comportar sanciones económicas de hasta 300.000 dólares e inhabilitación de hasta 10 años”.

Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para mantener a buen recaudo la información de clientes que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen del dinero. La divulgación de esta información comportaba —según otro correo— “un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección”. “Cada mes, tengo que decidir cómo sale la documentación, si en mi maleta o en la de alguno de los directivos de la BPA a los que le enchufo todo lo que puedo cuando pasan. A todos, sin excepción”, reconocía en julio de 2009 otro antiguo empleado de esta entidad financiera a la que recurrió el clan del expresidente catalán Jordi Pujol para refugiar más de cinco millones entre 2006 y 2015.

Junto a las casas de cambio, otro de los sistemas empleados para transferir el dinero de América a Andorra fueron los entramados societarios opacos. Tinglados que canalizaban los fondos desde sociedades panameñas creadas por el banco. La mecánica se desarrollaba “sin documentación justificativa (a veces fabricada ad hoc)”. Y, según los auditores, tenía por objeto “dificultar la trazabilidad”. “El origen y el destino final de los fondos eran desconocidos”, concluyen.

Para evitar filtraciones, un empleado propuso en septiembre de 2009 un plan. “Ir sacando [la información] y, ni locos, guardarla aquí o tener un escondite, con un montón de fajos. Si nos los encuentran un día, porque me siguen, por goteras del vecino, estamos muertos [sic]”, sugirió el trabajador.

Y es que la eventualidad de una fuga de datos llegó a convertirse en una obsesión. “Decisión de la dirección del banco, destruiremos los discos duros”, reconocía en enero de 2011 un trabajador. “Quiero estar todo el día en la oficina con el informático para borrar y triturar todo lo que haga falta”, añadía otro en junio de 2010. “Quiero hacer una consulta sobre un botón que lo borra todo”, añadía un tercero.

Formateo de información sensible

El análisis de los correos confirma que las órdenes venían de arriba. “A petición de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA y exmiembro del comité de cumplimiento], hay que proceder a la destrucción física, además del formateo previo, de los discos duros que hay en la oficina de Argentina”, remataba otro correo. En enero de 2011, un empleado enmarcaba el borrado de los discos duros en una táctica para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la plantilla. “Sería conveniente hacer lo mismo que hicimos en México, poner una nueva base de datos, y avisarles de que no guarden ningún correo”, desvela otra comunicación.

Las cautelas de exempleados, comunicadas en copia a la dirección, pretendían ocultar las presuntas prácticas de blanqueo que el banco prestaba a grupos criminales. La BPA tuvo como clientes a la trama Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según los documentos.

Los empleados reconocían en sus misivas las malas praxis. “Sería falsificar documentación... que es lo de siempre”, señaló un trabajador.

Los nuevos correos que contiene el informe de PwC forman parte de una querella contra la BPA presentada por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra que fue admitida a trámite el pasado marzo. Los mensajes revelan supuestamente que el banco trabajó para ocultar el dinero del delito y “fondos de origen dudoso”. Y que la plantilla conocía su procedencia. “Toda la plata sale de las subvenciones estatales. En lugar de invertir [los fondos] en el país, los sacan fuera para que se pierda el control. No sé de dónde saca M. estos clientes con vinculaciones políticas tan evidentes”, indicó un trabajador de BPA Argentina en octubre de 2009. “En este caso, al parecer, hay un lío de comisiones a alguien del Gobierno”, recogía otro correo.

Dinero sucio de la corrupción

La BPA fue también presuntamente el destino del dinero sucio de la corrupción. “En 2010, se les coló una transferencia de unos 300.000 dólares, que resultaron ser coimas [sobornos] de Ricardo Jaime”, admitía un mensaje de marzo de 2012. Jaime fue un secretario de Transporte de los gabinetes de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner condenado por corrupción.

Una trabajadora de la institución financiera reconocía tener constancia del pago de un soborno de 250.000 dólares a un juez federal argentino para que frustrara unas pesquisas contra la entidad. “En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA”, indicaba esta empleada en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto Xavier Campos.

“En compliance (cumplimiento) sabemos muchas cosas, la cuestión es si las tenemos documentadas ante una inspección y la respuesta es no”, alertaba otro correo.

El informe de PwC revela que de la mala praxis recogida en los correos fue posible gracias a la cúpula de la entidad. Y destaca cómo bancos corresponsales como JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Stanford y el Commerzbank de Fráncfort renunciaron a seguir trabajando con la BPA entre 2010 y 2014 por la entrada de fondos de origen dudoso. “Las presuntas prácticas irregulares se realizaron bajo el conocimiento, intervención y consentimiento del director general de la entidad y de determinados miembros de la alta dirección de la BPA”.

Por este motivo, los principales directivos del banco están imputados por blanqueo en distintas causas en Andorra. El que fuera responsable de la entidad en México, Joan March Masson, figura como investigado en las pesquisas contra Juan Ramón Collado, abogado Enrique Peña Nieto, presidente de este país entre 2012 y 2018; el exjefe del área internacional Pablo Laplana está encausado en la pieza principal. Y el que fuera CEO del banco, Joan Pau Miquel, figura también como imputado en la causa que indaga la red de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Higini Cierco: “La BPA era un banco modélico que operaba en la legalidad”

Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), responde a El PAÍS que el documento de la auditora PWC es un “informe de parte” encargado por el Gobierno de Andorra. Se trata –dice- de “un nuevo intento para justificar la expropiación ilegal de BPA”. Cierco califica al banco de “modélico y rentable” y añade que operaba “con rigor y dentro de la legalidad”. 
“El informe hace referencia a asuntos no relacionados con la nota de FinCEN, que fue utilizada por el Gobierno para nacionalizar el banco en 2015. La BPA reportó todos los clientes considerados posiblemente problemáticos a las autoridades pertinentes, de conformidad con la normativa andorrana. Los esfuerzos de los accionistas y empleados por mejorar las normas contra el blanqueo fueron reconocidos por los tribunales españoles cuando examinaron el asunto en 2019”. 
Cierco afirma que la intervención perjudicó a 700 familias, a trabajadores de BPA y a empleados de la filial española, Banco Madrid. Sostiene que la medida también fue negativa para cientos de clientes y accionistas. “Perdimos en la expropiación ilegal unos 500 millones de euros”, indica.  
En su opinión, la medida contra el banco fue el resultado de “una nota verbal de la embajada de Estados Unidos en Madrid que coincidió con oscuros intereses (del Gobierno del PP) para obtener información de clientes concretos de BPA”. Se refiere a las cuentas andorranas del clan Pujol [la familia del expresidente de la Generalitat ocultó entre 2006 y 2015 más de cinco millones] y el intento de miembros de la denominada policía patriótica de obtener esa información.  
Cierco fue citado a declarar, a petición propia, en la Comisión de Investigación del Congreso que investiga las actuaciones irregulares de varios mandos policiales. "           (José María Irujo , Joaquín Gil , El País,  03/07/23)

Los grandes bancos llegan a cubrir pérdidas gracias al dinero de la corrupción... Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares

 "El pasado viernes se conoció la multa de 124,9 millones de euros impuesta a Banco Santander por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) por graves y persistentes lagunas en los controles de blanqueo de capitales.

En concreto, según el documento de la FCA, al que Diario16 ha tenido acceso, entre el 31 de diciembre de 2012 y el 18 de octubre de 2017, Santander no supervisó ni administró adecuadamente sus sistemas de control de blanqueo de capitales (ALD, por sus siglas en inglés), lo que afectó significativamente la supervisión de cuentas de más de 560.000 clientes comerciales.  

«Santander contaba con sistemas ineficaces para verificar adecuadamente la información proporcionada por los clientes sobre el negocio que estarían realizando. El banco tampoco supervisó adecuadamente el dinero que los clientes les habían dicho que pasaría por sus cuentas en comparación con lo que realmente se estaba depositando», afirmaba la FCA.

Si las estrategias contra el blanqueo de capitales se están endureciendo, ¿por qué los bancos lo siguen haciendo? ¿Por qué siguen perfeccionando los métodos para eludir la ley? Muy sencillo, porque es muy rentable.

 Los bancos pueden aumentar sus resultados finales o cubrir pérdidas con las tarifas que cobran a medida que el dinero se mueve a través de las redes de cuentas que, a menudo, mantienen usuarios corruptos del sistema financiero. 

JPMorgan Chase, por ejemplo, obtuvo millones de dólares al servir como el banco de preferencia de Bernard Madoff, según consta los documentos presentados en el caso de quiebra generado por el colapso de su esquema piramidal de miles de millones de dólares.

Sin embargo, JP Morgan pagó en enero de 2014 2.600 millones de dólares a agencias estadounidenses para resolver las investigaciones sobre su papel en el esquema de Madoff. El banco de inversión, no obstante, registró beneficios de más del doble de esa cantidad sólo en ese trimestre, 22.000 millones de dólares de beneficios en ese año. Madoff se declaró culpable y fue condenado a 150 años en una prisión federal, donde murió en abril de 2021.

Al ser rentable este tipo de operaciones, JPMorgan continuó, después de esas acciones de ejecución, moviendo dinero para personas involucradas en presuntos delitos financieros. Entre ellos, se puede contar el caso paradigmático de Jho Low, un financiero acusado por las autoridades de varios países de ser el autor intelectual de malversar más de 4.500 millones de dólares de un fondo de desarrollo económico de Malasia, llamado 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Movió poco más de 1.200 millones a través de JPMorgan de 2013 a 2016.

Movimientos sólo en dólares

Diferentes agencias federales estadounidenses desempeñan un papel muy importante en los esfuerzos contra el blanqueo de capitales en todo el mundo, sobre todo porque los grandes lavadores de dinero utilizan el mismo sistema legal que muchos clientes bancarios que operan a través de las fronteras: mover dólares estadounidenses, la moneda global de facto, entre titulares de cuentas en diferentes países.

Los grandes bancos estadounidenses y europeos con importantes operaciones en Nueva York cobran comisiones por realizar este truco, aprovechando su acceso privilegiado a la Reserva Federal de Estados Unidos. Las operaciones estadounidenses de estos bancos también pueden ayudar a convertir el dinero local en dólares estadounidenses, otro objetivo clave del blanqueo.

 La ley estadounidense confía a los bancos la responsabilidad de prevenir el blanqueo, a pesar de que sus incentivos financieros van completamente en la dirección de mantener el dinero, sucio o limpio, en movimiento. Si bien los bancos están autorizados a detener una transacción si parece dudosa, no necesariamente se les exige que lo hagan. Simplemente tienen que presentar un informe de actividad sospechosa.

Los sistemas de los grandes bancos globales para detectar los flujos de efectivo ilícitos dependen de personal con escasos recursos, que normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones. Los trabajadores de cumplimiento en los principales bancos a menudo recurren a búsquedas básicas de Google para tratar de saber quién está detrás de las transferencias que involucran cientos de millones de dólares.

El resultado de esto es que los bancos, con frecuencia, presentan informes de actividades sospechosas solo después de que una transacción o un cliente se convierte en el tema de un artículo de noticias negativo o una investigación del gobierno, generalmente después de que el dinero ya está blanqueado."                 (José Antonio Gómez , Diario16, 12/12/22)

La «Edad de Oro» de la evasión fiscal de los ricos: tienen secuestrados 30 billones de dólares gracias a la inoperancia de los políticos

 "Tal y como publicamos en Diario16, existen una serie de sectores que facilitan que los millonarios y las grandes empresas evadan impuestos. Estas profesiones, entre las que se encuentran los grandes despachos de abogados, actúan con total impunidad porque ningún político o gobierno ha querido aplicarles una supervisión como la del sector financiero.

Gran parte de lo que sabemos sobre el sistema mundial de riqueza oculta proviene, precisamente, de filtraciones dentro de la industria de defensa de la riqueza. Los grandes despachos de abogados fiscales facilitan el acto de desaparición de la riqueza para sus clientes multimillonarios. Esta clase habilitadora ha ayudado a secuestrar billones de dólares en fideicomisos, empresas ficticias anónimas y paraísos fiscales extraterritoriales.

Los Papeles de Panamá de 2016 y los Papeles de Pandora de 2021 fueron el resultado de filtraciones masivas de datos desde el interior de las empresas de gestión de patrimonio, despachos de abogados o grandes consultoras. Ahora, una nueva investigación publicada por The New Yorker rastrea la decisión «una administradora de riqueza descontenta», para exponer cómo los descendientes del magnate petrolero J. Paul Getty usan los fideicomisos de Nevada para evadir los impuestos de California.

La divulgación de Getty se deriva de una demanda por despido improcedente. La asesora patrimonial, Marlena Sonn, trabajó para varios miembros de la familia Getty durante ocho años, aconsejándolos sobre estrategias socialmente responsables para sus inversiones. Pero estaba preocupada por el uso por parte de la familia Getty de fideicomisos con sede en Nevada y una oficina familiar con sede en Reno, para mantener la ficción de que los miembros de la familia no vivían en California, donde los impuestos son más altos. Cuando sugirió que pagaran sus obligaciones tributarias de California, la despidieron. 

Ahora estamos viviendo la «edad de oro de la evasión fiscal», gracias tanto a la creciente concentración de la riqueza como a la expansión de la industria de defensa de la riqueza, una clase que se centra en la evasión fiscal agresiva y la sucesión dinástica de la riqueza. Las personas más ricas del planeta tienen secuestrados más de 30 billones en todo el mundo, dinero que las sociedades podrían estar gravando e invirtiendo para ampliar las oportunidades para todos los demás.

Estados Unidos se ha convertido en un paraíso fiscal de primer nivel gracias en parte a la manipulación de la ley de fideicomisos estadounidense. Estos productos son un eje en el aparato de ocultación de riqueza. Son un sistema de propiedad anticuado que los habilitadores profesionales han transformado y manipulado para satisfacer las necesidades de sus clientes millonarios.

La industria de defensa de la riqueza ha presionado para que se cambien las leyes de fideicomiso. Estos abogados fiscales y asesores patrimoniales proclaman que están ayudando a sus clientes a obedecer la ley. Pero están redactando activamente nuevas leyes y presionando para que se instalen.

Los gobiernos estatales de Nevada y Dakota del Sur, destino global para los fideicomisos de la casta multimillonaria, están trabajando juntos para convertirse en el «Delaware del Oeste», atrayendo la formación de corporaciones y no cobrando impuestos corporativos o sobre la renta. 

Nevada también extendió su legislación estatal contra las perpetuidades para que los fideicomisos puedan existir por 375 años y sin la obligación de informar de los beneficiarios. El estado está trabajando para mantener sellada la información sobre los fideicomisos, aprobando una ley en 2009 para eximir a los documentos de las empresas fiduciarias de la divulgación pública. 

Es posible que sean el único estado que no coopera con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia Tributaria de los Estados Unidos, para compartir datos, un vestigio del secretismo del estado en torno a la industria del juego. Mientras tanto, California es todo lo contrario, con impuestos corporativos y sobre la renta progresivos y sin manipulaciones exóticas de la ley de fideicomisos.

Hay más de una docena de estados que cambian activamente la ley estatal para competir por negocios de fideicomisos globales. Y estos sistemas de confianza son intencionalmente complicados. La complejidad es el pan y la mantequilla de la industria de defensa de la riqueza, que a menudo superpone múltiples sistemas de propiedad para ocultar las transacciones. "                 (Martha Golfín, Diario16, 18/01/23)