Acusaciones falsas de pederastia y bulos sobre su vida íntima: así se fraguó el acoso contra el fiscal Subirán en el 'caso Cursach': dos policías locales de Palma de Mallorca, según le informan, han irrumpido en una reunión de la cúpula policial en el Cuartel de San Fernando de la capital balear lanzando amenazas contra la jueza del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que les investigaba, y contra él propio fiscal... Las amenazas sobre tiros a una juez y a un fiscal acabaron en nada. Se abrió una investigación, pero ninguno de los mandos policiales presentes en la reunión dio la misma versión: uno estaba mirando por la ventana y no se enteró de nada; otro escuchó los insultos a la jueza pero no los referidos al fiscal; y así con todos los presentes

 "Verano de 2015. El fiscal Miguel Ángel Subirán pone en conocimiento de sus superiores que dos policías locales de Palma de Mallorca, según le informan, han irrumpido en una reunión de la cúpula policial en el Cuartel de San Fernando de la capital balear lanzando amenazas contra la jueza del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que les investigaba, y contra él propio fiscal.

"Vais a conseguir que con una pistola haga una tontería", "Me da igual 20 que 30 años", expresiones que recogió la prensa local según fuentes presenciales, mencionando que los agentes se estaban refiriendo al "mariconazo del fiscal" y a la "hija de puta de la juez". 

Las amenazas sobre tiros a una juez y a un fiscal acabaron en nada. Se abrió una investigación, pero ninguno de los mandos policiales presentes en la reunión dio la misma versión: uno estaba mirando por la ventana y no se enteró de nada; otro escuchó los insultos a la jueza pero no los referidos al fiscal; y así con todos los presentes. Comenzaba entonces una larga campaña de acoso para el fiscal Subirán en completa soledad.

El motivo fue la investigación en curso entonces sobre la mafia en la Policía Local de Palma y sus vinculaciones con el Grupo Cursach, el más poderoso emporio empresarial de la noche mallorquina, liderado por Bartolomé Cursach. El caso Cursach, cuya investigación realizada por el fiscal Subirán y por el juez que sustituyó a Carmen González cuando esta pidió el traslado, en ese mismo verano de 2015, Manuel Penalva, ha quedado desnortado al no llevar la Fiscalía Anticorrupción todas las pruebas, audios y testigos. Los 17 procesados han quedado absueltos en medio del perdón pronunciado al borde del llanto por el fiscal Tomás Herranz.

En cambio, el juez Penalva y el fiscal Subirán van a ser enjuiciados en unos meses. Contra ellos penden acusaciones de revelación de secretos, detenciones ilegales y obstrucción a la justicia en varias piezas derivadas de la investigación sobre la mafia policial. En total, la Fiscalía Anticorrupción pide 118 años para Penalva y 121 para Subirán. 

Según ha podido saber Público, en su escrito de defensa el fiscal Subirán ha incorporado una grabación sobre la campaña de acoso que sufrió y que incluso le situaba como investigado por delitos de pederastia en los juzgados de Inca (Mallorca). Una trampa para periodistas, a tenor del contenido y del contexto del audio. En la grabación, el fiscal se cerciora de que la persona, un periodista, que le transmitió esa información la recuerda de cara a una posible testifical en el juicio.

Falsa causa abierta por pederastia

SUBIRÁN: Lo primero, lo de siempre, ¿te pillo bien, te pillo mal?
PERIODISTA: Sí, sí, me pillas bien, conduciendo con el manos libres, pero bien.
S: Bueno, mira, te quería decir lo siguiente: el abogado nuestro, si sigues un poco la película, Barinaga, un abogado de Logroño que nos sigue, bueno, ha hecho uso, bueno, en un escrito, ha hecho uso o va a hacer uso de aquello que me contaste tú de Garau que te había, que os había dicho a vosotros, los periodistas o los medios de comunicación, que yo tenía abierta una causa en los juzgados de Inca por pedofilia o pederastia o como se diga.
P: Sí, me suena. Ahora mismo al 100% no me acuerdo.
S: ¿Te acuerdas que estando aquí en la MDQ coincidimos comiendo un bocata y me lo contaste?
P: ¿Eh? Sí, correcto. Sí.
S: Bueno, pues no era, más ni menos, que esto. Que el abogado me lo ha contado esta mañana y a mí no me ha parecido bien no contártelo a ti. Ya está. ¿Me entiendes? Eso. Fui yo además el que te pregunté al final: "¿Pero quién te ha dicho eso?" y me dijeses tú: "Jaime Garau". Ya está. Punto.
P: Sí, correcto.
S: Correcto, sí. Se lo he contado al abogado y el abogado ha hecho uso de esto. 

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Jaime Garau, policía local de Palma de Mallorca, sin éxito: ni ha respondido al teléfono ni ha contestado al correo electrónico enviado durante la tarde de este lunes. 

Garau fue procesado en la pieza separada Talavera del caso Cursach por un presunto delito de obstrucción a la justicia, junto con un funcionario de prisiones. Ambos estaban acusados de intimidar a 'el Ico', hijo de la narcotraficante La Paca, para que firmara en la cárcel una carta retractándose de las declaraciones que había hecho sobre Garau por cobrarle presuntamente mordidas para no acabar cerrándole su bar de copas. Jaime Garau resultó absuelto.

Según ha podido saber este diario, Subirán conoció la confidencia en 2019 y la puso en conocimiento de sus superiores: presuntamente un policía se estaba encargando de divulgar que estaba siendo investigado por pederastia. Pero la Fiscalía no tomó cartas en el asunto, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. 

Robos, seguimientos y allanamientos

El juez Penalva y el fiscal Subirán han recibido todo tipo de amenazas, seguimientos, allanamiento de sus domicilios, robos y campañas difamatorias en buena parte de la prensa local. Dos veces se encontraron la puerta de sus casas abiertas de par en par, en una clara amenaza, les quemaron los coches, al fiscal le robaron la moto. El acoso acabó con sus carreras y hoy están jubilados por estrés traumático. 

Fuentes cercanas a Miguel Ángel Subirán relatan a este diario el episodio vivido por el fiscal en el que un individuo del Este le sorprendió por la noche y le insultó, pasándose el dedo por el cuello en varias ocasiones en señal de amenaza y le presionó en el hombro hasta que Subirán acabó arrodillado en el suelo frente a él.

El entorno de Bartolomé Cursach, los policías investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para desacreditar al juez Penalva y al fiscal Subirán, al que incluso llegaron a tildar de "desequilibrado", como pudo comprobar este diario. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados. 

A esta campaña en prensa se unió el hallazgo, gracias a la intervención de las conversaciones telefónicas de dos periodistas de Palma y al posterior requisamiento de sus móviles, de un chat que mantenían Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de Capitales que intervenían en la investigación. Basándose en el contenido de los mensajes, los abogados de los investigados denunciaron presiones del fiscal y del juez a los testigos que sostenían las acusaciones en el caso. 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado como prueba la información obtenida mediante la incautación de los móviles a los dos periodistas de Mallorca, lo que podría influir en el juicio contra el juez y el fiscal ya que nunca se habría llegado al chat mencionado sin el espionaje a los informadores.

Insinuaciones de relaciones entre el fiscal y un policía

Pero la campaña contra el fiscal y el juez también procede de la propia Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Tomás Herranz indicó en su informe final en el juicio del caso Cursach que Subirán no investigó a un policía porque mantenía una relación sentimental con él, según había manifestado un testigo. Sin embargo, nadie testificó en el juicio sobre ese rumor, según ha comprobado Público. ¿De dónde sacó Herranz semejante información como para lanzarla en el alegato final de la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado tiene la oportunidad de poder responder a esta pregunta, de llegar al fondo del asunto. El policía sobre el que se refirió Herranz, Vicente Gómez, le ha denunciado ante la Fiscalía General por esa insinuación falsa y carente de sustento, según su denuncia. Junto a su hermano, Juan Miguel, también policía, han puesto en conocimiento del fiscal general las acusaciones que vertió el fiscal Herranz contra ambos, que acudieron al juicio como testigos de la vinculación de los policías mafiosos con el Grupo Cursach."                   (Ana María Pascual , Público, 28/02/23)

La historia de cómo el juez y el fiscal que investigaron al magnate Cursach han acabado perseguidos por la Justicia

 "La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. Tras investigar al empresario del ocio nocturno, el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán se enfrentan al que muchos consideran uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional.

 En julio de 2018, el caso Cursach, que durante varios años se había centrado en desvelar un presunto entramado mafioso urdido para salvaguardar los intereses del magnate del ocio Bartolomé Cursach, saltaba por los aires. Tras meses de sospechas sobre supuestas irregularidades en las investigaciones, los abogados del considerado rey de la noche mallorquina y de su número dos, Bartolomé Sbert, ponían en entredicho la instrucción del procedimiento judicial al denunciar las filtraciones efectuadas a la prensa a pesar de que el caso se hallaba, desde hacía varios años, bajo secreto sumarial. Nada hacía sospechar todavía que aquella denuncia por supuesta revelación de secretos se convertiría en el germen de la que muchos consideran la antesala de uno de los mayores escándalos policiales y judiciales destapados a nivel nacional. 

 Y es que, más de cuatro años después, y tras un turbulento peregrinaje judicial, Cursach ha sido absuelto de la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears, la que le situaba en el epicentro de una trama político-policial dirigida a perpetuar su autoridad en la noche, mientras, en un giro de 180 grados, el juez y el fiscal que lo investigaron se enfrentan en la actualidad a las mayores peticiones de condena formuladas en España por la Fiscalía contra un magistrado y un representante del Ministerio Público: sobre cada uno pesan solicitudes de pena de más de cien años de cárcel por numerosos delitos presuntamente cometidos para apuntalar sus tesis mientras instruían el caso Cursach. Junto a ellos, se encuentran a las puertas del banquillo cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo con los que trabajaron estrechamente. Los dos juristas niegan, sin embargo, la comisión de acto delictivo alguno y defienden el trabajo que llevaron a cabo al frente de la causa.

 La crónica del caso Cursach es la historia de una metamorfosis judicial. A lo largo de sus interminables vuelcos llegaron a trascender cargos por homicidio, narcotráfico, corrupción de menores o extorsión, a fabricarse falsas agresiones de supuestos sicarios del magnate, a esgrimir grabaciones como arma y a aflorar comprometedores mensajes de WhatsApp convertidos en piedra angular de las acusaciones que hoy pesan sobre aquellos que un día quisieron levantar las alfombras del mayor imperio del ocio de Balears. Con el transcurso de los años, la causa, que llegó a sumar más de un centenar de imputados, hasta cuarenta encarcelados y 45.000 folios, fue desinflándose poco a poco hasta quedar prácticamente dinamitada. Apenas unas piezas separadas sobreviven. En ninguna de ellas figura ya el nombre de Bartolomé Cursach.

Comienzan las investigaciones

Sin embargo, nada de todo ello podía presagiarse en 2013. Fue el año en que comenzó todo, cuando la Justicia puso el foco en el presunto amaño de un concurso, convocado el año anterior, para acceder a una plaza de oficial dentro de la Policía Local de Palma. Las incipientes pesquisas dieron pie, con el paso del tiempo, a una multitud de piezas separadas y a acusaciones en torno a una supuesta estructura criminal dirigida a instrumentalizar las distintas unidades policiales y aplacar, mediante extorsiones y amenazas, a cualquiera que pudiera hacer sombra a los negocios del magnate, quien comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Balears, exclusivos gimnasios y hoteles e incluso una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas.

Con todo, no sería hasta mediados de 2015 cuando la existencia de una presunta estructura mafiosa integrada por policías y empresarios comenzaría a tomar forma. En junio de ese año, el juez Manuel Penalva, que lo había sido anteriormente de vigilancia penitenciaria y había servido en Juzgados de Alicante e Inca (Mallorca) antes de recalar en Palma, cogía las riendas del caso Cursach en sustitución de la anterior instructora, Carmen González. Decenas de testigos comenzaron a desfilar ante el magistrado y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Hablaban, sobre todo, de extorsiones y amenazas. Uno de ellos, camarero del buque insignia del grupo Cursach, la discoteca Tito's (cuyas galas habían conquistado, décadas atrás y en plena apertura de Mallorca al turismo, a Marlene Dietrich, Ray Charles y Charles Aznavour), aseguraba, incluso, haber presenciado fiestas con sexo, alcohol y drogas en la sala VIP del local con las que se agasajaba a un nutrido número de policías locales a cambio de garantizar la protección del magnate, unas acusaciones que, años después, la Fiscalía echaría por tierra por falta de verosimilitud.

Por su parte, otra testigo aseguraba ser la madame en un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por el empresario mallorquín. Los hechos también acabarían siendo tiempo después desechados por la Policía Nacional al señalar en un extenso informe que el prostíbulo nunca existió y que esas bacanales jamás se llevaron a cabo. La supuesta “empresaria de la prostitución”, como llegó a definirse y quien, con sus manifestaciones, copó buena parte de la actualidad tanto balear como nacional, denunció también agresiones que, según las posteriores investigaciones, nunca se produjeron, como la que aseguró haber sufrido a las puertas de su domicilio a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach. Un atestado policial señala incluso cómo la testigo llegó a asegurar a una compañera de piso que su madre pertenecía a ETA y que su tío era el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro.

Cursach, enfrentado a quince delitos

Con toda esta ristra de acusaciones a sus espaldas, hasta una quincena de delitos recayeron entonces sobre el empresario del ocio. Entre ellos, los de homicidio -un testigo le había acusado de suministrar droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas, hechos de los que finalmente el empresario fue exculpado-, narcotráfico, corrupción de menores, pertenencia a organización criminal y extorsión. Ninguno de ellos ha logrado probarse a lo largo de estos años y, en la actualidad, tanto la supuesta madame como el camarero de Tito's están siendo investigados, junto a otros testigos, por un presunto delito de falso testimonio.

 Con todo, el 28 de febrero de 2017, Penalva ordenaba, a instancias de Subirán, detener a Cursach y a Sbert. Tres días después, los dos empresarios eran enviados a prisión sin fianza. Hasta entonces, apenas habían trascendido unas pocas imágenes del magnate, habitualmente alejado de las cámaras pero siempre envuelto en leyendas populares. Parapetado tras unas gafas oscuras de aviador, Cursach había comparecido en una ocasión en el Parlament balear para ser interpelado sobre las irregularidades que rodearon a la adjudicación de la mayor obra pública impulsada en Balears, el hospital de Son Espases, cerca de cuyos terrenos había adquirido una finca. Manifestó que desconocía que allí se iba a construir un hospital y que había adquirido el terreno porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. E ironizó: “No lo compré para sembrar patatas”.

Tan solo dos semanas más tarde de que Cursach ingresara en prisión, eran arrestados el director de Tito's, el exjefe de camareros del establecimiento nocturno y otro extrabajador de la discoteca. Para entonces, decenas de policías locales de Palma llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la Península como Estremera y Albocàsser. 

Presiones a testigos: “A ver cómo atamos los cabos sueltos”

Apenas unos meses después de los encarcelamientos, los cimientos que sostenían las investigaciones comenzaron a tambalearse y las dudas sobre cómo se había llevado a cabo la instrucción empezaron a sobrevolar el caso Cursach, cuando trascendieron las supuestas presiones a las que había sido sometida la presunta madame, erigida hasta entonces en la principal testigo de la causa.

En el primer vuelco que sufría el caso, afloraron grabaciones y mensajes de WhatsApp que tanto Penalva como Subirán habían remitido a la mujer para indicarle qué debía declarar en un momento determinado. Entre ellos, se puede leer cómo el magistrado le infunde ánimos: “Ánimo, María José (…). Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”; “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba [al burdel] recuerda decirles que lo haremos de otra manera”. En otro momento, la testigo les responde: “Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho, incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo” y “Aquí estoy por culpa de vosotros”.

 Los mensajes se convirtieron entonces en objeto de una primera querella contra juez y fiscal, desatando tras ello todo tipo de reacciones que comenzaban a comprometer las pesquisas. Junto a ello, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez, viéndose así los abogados de los investigados imposibilitados a tener acceso a las investigaciones, es otra de las cuestiones a las que comenzaron a aferrarse las defensas de Cursach y otros investigados -ahora acusaciones- para alentar la tesis de que todo fue un montaje contra sus patrocinados. Asimismo, la publicación en prensa de qué era exactamente lo que las pesquisas perseguían e incluso de las diligencias que los investigadores tenían previsto practicar se convertiría en uno de los pilares sobre los que se sostienen las actuales investigaciones contra Penalva, Subirán y los cuatro policías nacionales.

Penalva, apartado del caso Cursach

La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Las normas de reparto hablaron y el incómodo caso Cursach llegó a manos del juez Miquel Florit. Tras las denuncias interpuestas por los abogados de Cursach y Sbert a raíz de las supuestas filtraciones mientras el caso se hallaba bajo secreto, en julio de ese año el veterano magistrado abría diligencias penales dirigidas a averiguar el origen de las revelaciones y, de la mano de la Policía Nacional, se introducía de lleno en la investigación de las presuntas prácticas delictivas llevadas a cabo durante la instrucción de la causa. 

Ante el cariz que comenzaron a tomar las pesquisas, con informes de la Policía Nacional apuntando al “clima de terror” presuntamente sembrado por Penalva y Subirán, dos de los policías de Blanqueo que habían trabajado mano a mano con ellos acabaron detenidos. Tras entregar sus teléfonos y autorizar el acceso a su contenido, el análisis de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto el juez, el fiscal y los miembros de Blanqueo en paralelo a sus investigaciones.  

“Son unos hijos de puta, hay que machacarlos”

El hallazgo del chat reveló manifestaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos”; “a este si tienen huevos de hacerle dimitir y dejar su acta de diputado hay que detenerlo con esposas, sin miramientos” (en alusión al exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón); “lunes, zafarrancho de testigos, martes zapatazo [sobre las futuras detenciones] y miércoles, a disposición [judicial] en un furgón lleno de gitanos. Como Dios manda”, “si hay algo de Gijón igual cantan antes. Es rápido, directo, sin desgaste para nosotros y condena asegurada”. Todo ello entreverado con calificativos hacia los arrestados como “empastillado”, “chulito”, “hijoputa, imbécil y sobradito”.

Los whatsapps desvelarían, incluso, que el auto de prisión contra Cursach y su número dos habría sido redactado, al menos, dos semanas antes de su arresto y su posterior ingreso en la cárcel. “Subi, estamos pensando en hacer las detenciones gordas [en referencia a Cursach y a Sbert] el día 28 y pasarlos a disposición [judicial] el 2 o el 3. ¿Cómo te va a ti?”. “¡Esto es un guion bien hecho que pone las cosas fáciles!” o “¿preparados para día D hora H?” son algunas de las frases que se intercambiaron durante los catorce días anteriores a los arrestos.

Confiscación de los teléfonos móviles de dos periodistas

Sin embargo, en medio del fervor indagatorio para averiguar de dónde procedían las filtraciones a la prensa, el juez Florit daba un paso en falso que marcaría el resto de su trayectoria judicial y acabaría conduciéndole al banquillo de los acusados: en diciembre de 2018 acordaba la intervención de los teléfonos móviles de dos de los periodistas que cubrían las informaciones relativas a la causa y desencadenaba, con ello, una oleada de indignación de buena parte de la profesión periodística. Los medios de comunicación e informadores afectados por la decisión se querellaron contra el juez al considerar que la confiscación de sus móviles y de su material informático eran “manifiestamente injustos” y vulneraban su derecho al secreto profesional periodístico. La medida fue, además, declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional.

 El magistrado, a pesar de que finalmente resultó absuelto -en una sentencia que reconocía que había actuado injustamente pero que determinaba que su conducta no había sido intencionada, sino imprudente-, colgaba la toga después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atendiese a finales de 2019 su petición de jubilarse de forma anticipada. Tras él, alguien debía recoger de nuevo el testigo del caso Cursach, pero varios magistrados decidieron abstenerse por su relación de amistad con Penalva. Finalmente, la causa recayó en manos de la jueza Carmen Abrines, quien prosiguió la labor iniciada por su antecesor mientras la Policía Nacional continuaba internándose en los entresijos del caso Cursach.

En sus atestados, los inspectores centran sus pesquisas en los principales testimonios en los que se sustentó el caso Cursach, afirmando cómo juez, fiscal y los policías con los que investigaban llegaron a urdir una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a sus testigos -algunos de los cuales, afirman los informes, conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas acusatorias, omitir las que podían poner en duda sus tesis y llevar a continuas filtraciones a la prensa. Unos hechos por los que los antiguos investigadores se encuentran ahora bajo el foco de la justicia.

Detenciones ilegales y aleccionamiento de testigos

La magnitud de las investigaciones condujo a la magistrada a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ante el aforamiento de Penalva y Subirán, y llevó a dos fiscales procedentes de Madrid, Tomás Herranz y Fernando Bermejo, a personarse en la causa. Herranz fue, precisamente, el fiscal que rompió a llorar durante el juicio al término del juicio contra Cursach: “Este procedimiento es un fracaso total de la Justicia”, afirmó entre lágrimas mientras, en una imagen inédita, acusados y defensas estallaban en un extenso aplauso. 

 A raíz de lo arrojado por las investigaciones contra ellos, el 29 de enero de 2020 el juez Penalva y el fiscal Subirán eran finalmente imputados. La causa, en manos del presidente de la máxima instancia judicial de las islas, Carlos Gómez, no se ha librado de los inauditos vaivenes que han sacudido a las investigaciones desde su inicio. Mientras el magistrado cerró en dos ocasiones la instrucción del caso determinando que los dos juristas cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa, Anticorrupción considera que las actuaciones que ambos desplegaron fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. 

 Entre medias, el instructor llegó a archivar la causa para el exfiscal Subirán, quien alega que un trastorno de estrés postraumático le impide afrontar con garantías su derecho de defensa. Una supuesta afección que, según los fiscales de Madrid, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido. Finalmente, el TSJIB revocó el sobreseimiento que su propio presidente había decretado y Subirán, quien ha estado presente en la instrucción de la mayoría de causas de corrupción que durante los últimos quince años han sacudido Baleares, volvía a ser imputado.

Peticiones de más de cien años de prisión

En la actualidad, Penalva y el exfiscal, ya jubilados, afrontan peticiones de condena, por parte de la Fiscalía, de más de cien años de prisión. En concreto, el Ministerio Público solicita 118 años para el exjuez y 121 y nueve meses para el exfiscal por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia por presionar e intentar ablandar a varios investigados, prevaricación judicial a la hora de acordar arrestos y revelación de secretos al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo sigilo sumarial. Sobre los cuatro policías de Blanqueo -un inspector jefe, José Luis García, dos subinspectores, Miguel Ángel Blanco y Blanca Ruiz, y un agente, Iván Bandera- pesan, por su parte, solicitudes de pena que oscilan entre los 71 y los 105 años de cárcel.

Anticorrupción enmarca su relato de hechos, principalmente, en las actuaciones llevadas a cabo por los antiguos investigadores para supuestamente “intimidar” a los detenidos en una de las piezas en las que se desgajó el caso Cursach: la relativa a la supuesta alteración del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma. Un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación que tramitó el expediente y los padres y el hermano del exdiputado y exconcejal del PP Álvaro Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido un millón de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

Nueva línea de investigación

Sin embargo, no es la única línea de investigación que se cierne sobre los antiguos investigadores. La Audiencia Provincial de Balears, que durante varios meses ha juzgado a Cursach, Sbert y a otros quince acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar Penalva y Subirán, y de la que todos los procesados han sido absueltos, ha ordenado investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a ambos juristas y, por supuesto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto exjuez como exfiscal habrían utilizado para sostener sus investigaciones.

 A lo largo de la sentencia absolutoria, el tribunal hace hincapié en la “temeridad” y “mala fe” con la que actuaron las acusaciones intentando mantener un proceso penal con “fines distintos” a los regidos por la ley. Las magistradas condenaron por ello a los empresarios al pago de las costas generadas a Cursach y su mano derecha tanto en el juicio oral como en la fase de instrucción. Los acusadores prevén recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, órgano al que, por primera vez, llegará el caso Cursach. Únicamente se ceñirán a su desacuerdo con las costas, puesto que ninguna de ellas discute la absolución de los procesados.

Penalva y Subirán defienden su inocencia

Penalva y Subirán, mientras tanto, se aferran a su inocencia y defienden el trabajo que llevaron a cabo. En el intento de este diario por contactar con ellos, su defensa explica que, por el momento, prefieren no hacer declaraciones sobre la causa que les investiga. No obstante, en los distintos escritos que ha presentado en el procedimiento judicial niega la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra sus patrocinados, quienes se agarran a la tesis de un presunto complot de jueces, mandos de la Policía Nacional y fiscales para desacreditar las investigaciones que realizaron. La defensa llegó a esgrimir grabaciones de “personas de más arriba” que serían entregadas en caso de no tomarse en consideración la tesis de Subirán en torno a una supuesta confabulación entre cúpula policial y fiscales para incriminarle, “con las consecuencias que ello implicará”, añadía. 

 Hasta el momento, exjuez y exfiscal han buscado sin éxito la nulidad de las pesquisas. Sostienen que la localización del chat 'Sancus' se produjo de forma ilegítima y, por tanto, invalidaría las investigaciones llevadas a cabo contra ellos en una suerte de referencia a la conocida como ‘doctrina del fruto del árbol envenenado’ (en virtud de la cual toda prueba obtenida de forma ilícita debe quedar invalidada, y con ella, si es necesario, el resto de pruebas relacionadas). Y es que, a juicio de Penalva, la confiscación de los dispositivos móviles de los periodistas llevó a impulsar una macroinvestigación contra los antiguos investigadores de Cursach fundamentada en los datos obtenidos de aquellas medidas “invasivas e ilegales”.

Hallazgo de los Whatsapps

El TSJIB, sin embargo, ha determinado en varias ocasiones que el acceso a las conversaciones de WhatsApp que mantuvieron durante la instrucción del caso Cursach “estuvo absolutamente legitimado”, por cuanto fueron halladas en el teléfono móvil de uno de los policías arrestados, quien hizo entrega voluntaria de su dispositivo y autorizó que tanto éste como su ordenador pudieran ser intervenidos y analizados por los investigadores. El órgano judicial -en línea de lo también manifestado por la Fiscalía- incidía en que el agente había hecho “expresa renuncia a la preservación de su intimidad” toda vez que el volcado de la información de su teléfono se había efectuado en presencia del abogado del policía y ante el letrado de la Administración de Justicia, lo que garantizaría la validez de la diligencia.

Ahora, los caminos de Penalva y Subirán, así como los de Cursach y el resto de quienes fueron por ellos investigados, discurren de forma completamente inversa a como transcurrían hace más de cinco años, cuando ambos juristas se volcaron en destapar lo que hasta entonces, y durante décadas, había sido alimentado por la leyenda: cómo el magnate había medrado hasta la cúspide de la noche mallorquina. El empresario y su número dos se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias por el perjuicio personal, familiar, profesional y reputacional que aseguran haber sufrido, mientras sus antiguos verdugos se enfrentan al que algunos consideran el mayor escándalo judicial en España. La historia de una metamorfosis judicial en una tierra, Balears, nunca ajena a los desmanes, la corrupción y los tratos de favor."                   (Esther Ballesteros  , eldiario.es, 22 de enero de 2023)

El esperpéntico viraje del 'caso Cursach': de pedir ocho años de cárcel a la absolución entre llantos del fiscal (que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia)... Sorprendente final del juicio del 'caso Cursach', con las lágrimas del fiscal Tomás Herranz en medio de su alegato para remarcar su tesis de inocencia a favor de los acusados, procesados por liderar una mafia policial y empresarial relacionada con los negocios de la noche mallorquina... "Ha ganado el miedo y no la Justicia", dice una de las abogadas de la acusación... ¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares? El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados... El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios iniciales... "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado... ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia"... y el primer juez instructor y el primer fiscal, expedientados por intentar meterlo en la cárcel. Ahora irán ellos...

 "Lágrimas en la última sesión del juicio por el caso Cursach: las del fiscal Tomás Herranz, que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia.

De los 24 procesados iniciales se ha pasado, tras las 36 sesiones del juicio, a dos; ambos, policías locales de Palma de Mallorca acusados de hacer inspecciones arbitrarias al local de un empresario para los que se pide dos años de prisión. Todos los demás, incluido Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, han quedado sin cargos en su contra, lo que significa la absolución.

El alegato final del fiscal Herranz, con llanto incluido, podría ser calificado de inaudito. "Este informe [su informe final de calificación], más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido". Esta ha sido su tesis durante el juicio, la inocencia. Hay que recordar que a escasos días de que arrancara la vista oral, Herranz amputó el grueso de las acusaciones de la Fiscalía contra Cursach y los suyos, presentando un memorable escrito lleno de tachones, que fue admitido por la Sala, pese a que implicaba de facto un nuevo escrito de acusación, algo que no está permitido al inicio de una vista oral.

Al lado de Herranz, escuchaba impertérrito el fiscal Carrau, que fue quien durante la investigación pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach y sus hombres, a la vista de las denuncias y testimonios que existían sobre la mafia que lideraban en Mallorca para mantener la hegemonía sobre los negocios de ocio. Carrau se opuso firmemente a la puesta en libertad del magnate. En base a las evidencias del sumario, la Fiscalía llegó a pedir para el líder de Cursach ocho años y medio de prisión por liderar una trama de sobornos a policías y otros funcionarios para hacerse con el control de las discotecas en Mallorca. El cambio de postura de Carrau y de la Fiscalía es calificado por varios abogados de las acusaciones con los que ha podido contactar este diario como "vergonzoso".

De cohecho y organización criminal a "nada delictivo"

A lo largo del juicio, una a una se han ido desinflando todas las acusaciones contra Cursach, para quien la Fiscalía pedía al inicio del juicio 18 meses de prisión, por pertenencia a organización criminal, pero ya sin el concurso del delito de cohecho. Pero este miércoles ya no había ni sombra de organización criminal. "Algún jurista diría que el hecho de que un proceso que termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal Herranz, para quien los acusados "no han hecho nada delictivo". 

El miedo de los testigos ya lo adelantó 'Público'

¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares?  El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados.

Este periódico lo desveló en una veintena de exclusivas sobre la denominada 'mafia' que pivotaba alrededor de los negocios de la noche de Mallorca; una investigación periodística que arrancó a través de denuncias internas de las policías locales de Calviá y Palma sobre sobornos a agentes y políticos para hacer la vida imposible a la competencia de Cursach y que salpicaba incluso a las oposiciones para entrar en esos cuerpos. 

Las presiones a todo aquel que señalaba al entorno de Cursach fueron enormes. Al testigo número 29 de la causa se le llegó a quemar la cara, a una mujer que regentaba un club y que testificó sobre aquella mafia se la apaleó; y a dos periodistas, del Diario de Mallorca y de Europa Press, que cubrían el caso un juez les intervino sus móviles, medida sin motivar que provocó una lesión en sus derechos fundamentales, como sentenció el Tribunal Constitucional. 

El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios  iniciales; incluso algunos testigos no han comparecido y se encuentran en paradero desconocido. "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado, que ha tenido que renunciar a la acusación porque "no se han presentado las pruebas que incriminaban a Cursach", sostiene.

 Respecto a su cliente, Bueyes alega que las 14 denuncias que José Manuel Bover llegó a presentar en su día y que estaban aportadas en el sumario, "han desaparecido directamente, ni se han enjuiciado ni se han archivado, es que no están". La abogada se refiere a "hechos gravísimos de coacciones, escombros a la puerta de su local, carne muerta que le dejaron como amenaza..." Bueyes apunta a que en este juicio "ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia", en relación al temor de los testigos a decir la verdad.

Inexplicable actuación fiscal

Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma y la consejería de Turismo. 

Para Teresa Bueyes, "lo que se ha celebrado en Palma no ha sido un juicio sino una farsa, que allana el camino para que el Estado indemnice a Cursach y a Sbert por haber pasado por la cárcel". Hay que recordar que ambos estuvieron 14 y 10 meses respectivamente en prisión provisional. "Este miércoles hemos asistido al proceso de canonización de Cursach y los suyos", dice Bueyes en relación al alegato final del fiscal.

Graves acusaciones contra el juez instructor

Pero además de esa hipotética indemnización, la absolución de Cursach y los suyos defendida con ahínco por el fiscal Herranz también servirá previsiblemente para aumentar los cargos contra el juez instructor del caso Cursach, el ya exjuez Manuel Penalva, y contra el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El Ministerio Público ha reclamado otra investigación por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación en la instrucción. 

La Fiscalía afirma que en el juicio han aparecido indicios de que Penalva y Subirán "presionaron" a testigos y ordenaron detenciones "indebidas"; además acusa de falso testimonio a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio --todos ellos, en contra de Cursach y su red--, entre ellos, una exinspectora de Blanqueo. 

Los ataques a la instrucción judicial de Penalva y Subirán fueron continuos durante la investigación con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones, como finalmente ha sucedido.

 El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto. También hubo campaña mediática; algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

El golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas y acabó siendo apartado tras una recusación. En julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020. "                 (Ana María Pascual, Público, 30/11/22)

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Uno de los jefes de la Policía Municipal de Madrid tiene una academia que prepara oposiciones para entrar al cuerpo. En unos audios aparece que está compinchado con miembros del tribunal. El hijo y la nuera han aprobado con la máxima nota. Esta es la policía de Almeida del PP.

11:16 a. m. · 26 oct. 2022
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 "Sigue el escándalo en la Policía Municipal de Madrid: el hijo y la nuera del intendente señalado aprueban con máxima nota.

Cuatro de las cinco personas con más nota de la prueba están relacionados con la Academia Cronos; el otro es la persona de máxima confianza del presidente suplente del tribunal.

 Miguel Carmona Ordoño y Carolina Hernando Boiso, hijo y nuera del intendente de Policía Municipal de Madrid Miguel Carmona, que aseguraba "conocer" las preguntas que caían en las oposiciones al cuerpo, han aprobado la tercera de las pruebas de las oposiciones de inspector este viernes. No son los únicos. Cuatro de las cinco personas con más notas de la última prueba de las oposiciones están supuestamente relacionadas con la Academia Cronos en la que el mencionado intendente  también es presuntamente profesor.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho pública la nota del tercer ejercicio, que consistía en desarrollar por escrito un caso práctico y exponerlo después ante el tribunal. Tal y como ha podido conocer ElPlural.com tras hablar con diversos aspirantes a inspector, la prueba se puntúa en un 30% la exposición oral y el 70% restante lo completa el conocimiento técnico. Así, la nota más alta la ha recibido Carolina Hernando Boiso, con un 8,33. A continuación le sigue Oscar García Martínez, conductor personal y persona de confianza del comisario principal Luis Fernando Martín Bernal, que es el presidente suplente del tribunal. Martínez ha obtenido 8,19 puntos.

En tercer lugar se encuentra Jorge Arce Blanco, con un 7,79. El conductor personal del intendente Miguel Carmona y también profesor en la Academia Cronos ha conseguido el tercer puesto en la prueba de las oposiciones. Muy de cerca le sigue el otro Carmona, Ordoño. El hijo del intendente ha obtenido la cuarta plaza en el desarrollo profesional con un 7,75.

En quinto lugar se encuentra Eduardo Narciso Atienza López. Con un 7,26, el profesor de Cronos ha conseguido colarse en lo más alto. Muy por detrás siguen el resto de los opositores hasta llegar a la docena, con notas que van del 5 al 5,75.

Según fuentes presentes en la realización del examen, el presidente del tribunal, José Luis Morcillo, transmitió que él mismo no se iba a dejar "intimidar" por las informaciones publicadas en prensa. "Como presidente del tribunal quiero deciros que ante todas las noticias que están saliendo en prensa, que estéis tranquilos, especialmente aquellos que ha salido su nombre. Este tribunal no se va a dejar intimidar por nadie, así que os pido que confiéis en nuestra labor", recrea un opositor que realizó la prueba a este medio

A pesar de ser un acto público tampoco se permitió el acceso a la lectura de la prueba que realizaron los aspirantes delante del tribunal. Lo mismo ocurrió durante las pruebas físicas que tuvieron lugar la misma semana de la prueba. De hecho, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras quiso acceder a las pruebas con un cronometrador oficial para verificar los resultados y evitar un posible fraude. No obstante, el tribunal impidió acercarse a la meta a la política alegando que los opositores "se ponen nerviosos". Lo mismo ocurrió con las cámaras de Telemadrid, que acudieron a cubrir la acción de Higueras, alegando que se vulneraba la privacidad de los opositores.

Presumir de conocer las preguntas

Tal y como desvelaba ElPlural, Miguel Carmona, presunto profesor de la Academia Cronos, sacaba pecho ante sus alumnos de "conocer a todos los del tribunal" y presumía de que "caen el 80% de las preguntas" que proporciona a sus alumnos. 

En uno de los mensajes a sus alumnos, Carmona explica que en la etapa final de las pruebas es él quien imparte las clases porque es el que "más sabe". Así, explicando que es la "realidad" y no es "falsa modestia", pide que "al que no le guste, se vaya a otro lado y pruebe". De esta forma, Carmona sostiene que lleva cuatro décadas preparando oposiciones y que de los test que proporcione a mes y medio de la prueba a sus alumnos, "caen el 80% de las preguntas". No obstante, agrega que "no es porque nadie sepa nada", sino porque conoce a sus compañeros e intuye "qué temas les interesa".

"Aquí todo es puro egoísmo. Todos nos tenemos que beneficiar. Vosotros y yo", admite. A pesar de que asegura en repetidas ocasiones que no tiene conocimiento de las preguntas del examen y que "la oposición es distinta" en cada convocatoria, en el audio que publica en exclusiva este periódico, Carmona indica que sus pruebas son un "trabajo de campo".

Según podía comprobar ElPlural.com en base a un registro de policías municipales que han declarado otras actividades públicas y privadas, Carmona nunca ha declarado haber dado clase en academia alguna. Pese a ello, en el audio sostiene que lleva "cuarenta años" en la docencia. En este sentido, cabe precisar que en la Policía Municipal de Madrid existe un límite de 80 horas anuales para poder ser docente. Solo es necesario solicitar la compatibilidad si se supera este límite.

La fiscalía investiga la información desvelada por ElPlural

Más Madrid ha elevado un escrito a la Fiscalía alertando del escándalo destapado por ElPlural.com en el que se denuncian presuntas irregularidades acontecidas en las oposiciones en curso para las categorías de inspector e intendente, así como en las de promoción interna de Agentes de Movilidad en su salto al Cuerpo.

De esta manera, la formación municipal que dirige Rita Maestre ha pedido a la Fiscalía que abra las diligencias pertinentes para comprobar si hubo trato de favor por parte de los tribunales calificadores con algunos opositores que tienen acreditada relación con miembros del mismo. También piden que se investigue a la Academia Cronos y a sus responsables en la preparación de las tres oposiciones, así como las posibles responsabilidades que puedan tener las autoridades del Ayuntamiento de Madrid que deberían vigilar el correcto y legal funcionamiento de las oposiciones.

Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, Carmona "forma parte, según sus propias palabras, del profesorado de la Academia Cronos, afirmando que él imparte las clases en la etapa final de la preparación, ese mes y medio antes en el que proporciona los test que luego clava en un altísimo porcentaje". "Informaciones de medios de comunicación apuntan, no obstante, que no constan en los registros de la policía a los que han tenido acceso que D. Miguel Carmona Gavela declarara en ningún momento el ejercicio de actividad privada", indica el escrito.

Así, y a pesar de que no está disponible en la web, Más Madrid afirma en base a una información de InfoLibre que "Cronos se vio involucrada en presuntas irregularidades de similar naturaleza a la presente cuando el examen psicotécnico de pasada convocatoria (promoción interna de agentes de movilidad a policía municipal 2021) coincidió plenamente con el ejercicio práctico que la academia realizó a sus alumnos la semana previa", provocando "la pertinente denuncia por parte de otros aspirantes a las plazas".

Un juez ordena a la Policía Nacional investigar la información desvelada por ElPlural.com

No es la única investigación abierta. Tal y como ha publicado este martes el diario El Mundo, el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ha acordado iniciar las diligencias previas y practicar las pesquisas para esclarecer si se ha cometido una infracción penal en las pruebas para acceder a altos cargos del cuerpo de policía local tras las informaciones publicadas por este periódico que apuntan al vínculo entre los aspirantes, los miembros del tribunal examinador y una academia dirigida por familiares de uno de los intendentes de la Municipal.

Eso no solo no se ha quedado aquí, sino que el mismo juez ha pedido además a la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Plaza Castilla que comiencen sus propias averiguaciones sobre el caso. De esta forma, el cuerpo nacional se suma a la Fiscalía Anticorrupción, que también está investigando estas mismas oposiciones después de que todos los miembros de dicho tribunal hayan declarado en la Unidad de Asuntos Internos, que abrió un proceso de diligencias informativas tras un altercado en un local de intercambio de parejas con algunos de los implicados.

Esta decisión judicial se produce después de que la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) presentara una denuncia contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid a raíz de las informaciones y pruebas publicadas por ElPlural.com al respecto de unas supuestas irregularidades en las oposiciones de turno libre para inspectores e intendentes del mismo órgano. 

AMPU acusó de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias al Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y a su comisario principal, Oskar de Santos, así como al también comisario José Luis Morcillo y los intendentes José Rodríguez Vacas y Miguel Carmona. Todos ellos implicados en estas oposiciones, tal y como ha desvelado este diario.

En concreto, la justicia investiga los audios y documentos a los que ElPlural.com ha tenido acceso y ha publicado en las últimas semanas. En uno de ellos, Carmona, que es profesor de la Academia Cronos, reconoce ante sus alumnos -en unos audios datados en noviembre 2021- que tiene contacto con todas las personas que conforman el tribunal calificador para oposiciones de Policía del Ayuntamiento de Madrid.

ElPlural.com se ha puesto en contacto con el intendente Miguel Carmona, que asegura que "no tiene nada que decir". Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha expresado que tanto Asuntos Internos como la Justicia invesigan el caso y aseguran que "hy que esperar las conclusiones de dicha investigación".               (J. M. Sánchez, El Plural, 25/10/22)

Escándalo en las oposiciones de Policía Municipal de Madrid: los vínculos entre el tribunal y aspirantes

 "Las oposiciones a inspectores de la Policía Municipal de Madrid tienen un nuevo capítulo. Tras destapar las palabras del intendente Miguel Carmona durante una de sus clases en la Academia Cronos, ElPlural.com ha podido comprobar los vínculos entre las diferentes personas que más nota tienen del tribunal y que, además, guardan relación con los miembros del órgano.

Hace dos semanas conocíamos que el intendente de la Policía Municipal de Madrid, José Rodríguez Vacas, presentaba su dimisión como miembro del citado tribunal al destaparse que acudió a un local de intercambio de parejas incurría en una irregularidad ya que precisamente su acompañante es uno de los opositores a las pruebas de inspector. Según ha podido saber este medio, se trata de un oficial de la Policía Local de Alcalá de Henares, José Valverde Turiegano.

En concreto, el pasado 3 de septiembre, la carrera policial de Rodríguez Vacas se truncaba en un nuevo escándalo al acudir a un local de intercambio de parejas con José Valverde Turiegano. El intendente acudió junto al oficial y su chófer al club vestido de paisano. Tras un minuto dialogando con la recepcionista, donde, siempre según el local, se les informó del precio de la entrada y la hora de abandono del local puesto que a partir de la diez de la noche solo podían entrar parejas. Vacas enseñó la placa y dijo: “Ahora sí voy a pasar”.

El suceso provocó que Asuntos Internos abriera un proceso de diligencias informativas con el fin de depurar las “responsabilidades disciplinarias que pudieran existir” en el altercado que derivó en un expediente disciplinario. Cabe recordar que Rodríguez Vacas es una de las personas que elaboraban las preguntas del examen junto con el presidente del tribunal, el comisario José Luis Morcillo. Actualmente, José Valverde Turiegano tiene una nota en las oposiciones de 7.74.

Más relaciones con el tribunal

Aparte de la relación con José Valverde Turiegano, este medio ha podido constatar un listado de nombres que sorprenden por su vinculación con diferentes miembros del tribunal en el que se encontraba Rodríguez Vacas. La persona que más nota tiene en estas oposiciones es Óscar García Martínez. Hasta diciembre de 2021, donde inició la academia de ascenso a subinspector, trabajaba directamente a las órdenes del presidente del Tribunal, Luis Fernando Martín Bernal. García Martínez es una de las personas de confianza de Martín Bernal e incluso fuentes consultadas por ElPlural.com indican que fue trasladado a su comisaría por amistad.

No solo Vacas y Martín tienen vínculos con opositores. Miguel Carmona, intendente del cuerpo municipal y profesor en la Academia Cronos, cuenta en las oposiciones con su nuera Carolina Hernando Boiso, con una nota de 7,65 y su propio hijo, también docente en la mencionada escuela, Miguel Carmona Jr. Ambos pertenecen a la Policía Local de Arganda del Rey.

Con notas más discretas se encuentran otros dos profesores de la Academia Cronos y, de nuevo, policías municipales en Madrid. Se trata de Eduardo Atienza (6,48) y Jorge Arce Blanco (6,40). Fuentes consultadas en el cuerpo de policía explican que el segundo ha sido el chófer personal de Carmona en el distrito de Barajas y que acaba de obtener recientemente la plaza de oficial.

Además, sorprende que varios de ellos obtuvieron un 10 en la prueba de inglés, consiguiendo incluso más nota en la misma que la aspirante Ana Padilla Beltrán, la cual es docente de este idioma. Cabe destacar que esta última es la pareja del director del Cuerpo de Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, que también tiene relación en esta historia en lo relativo a la conexión de los agentes y las academias de preparación de oposiciones destapada este lunes por este medio. Y es que uno de sus conductores, Javier Mateo, da clases en una academia, concretamente en la Academia Spartamcops. Tampoco consta que sea profesor en las compatibilidades de trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid.

La última prueba: la deportiva

La última prueba del proceso para ser inspector se trata de la prueba física. En circunstancias normales, y al ser eliminatorias, suele realizarse en primer lugar para así descartar a aquellas personas que no cumplen con uno de los requisitos básicos para ejercer la labor. No obstante, en esta ocasión la prueba ha sido retrasada hasta realizarse en último lugar con todos los exámenes hechos.

La prueba se ha celebrado este lunes por la mañana y pese a que se trata de un acto abierto al público, se ha impedido entrar a los medios de comunicación por "privacidad de los opositores" y se han tenido que conformar con captar imágenes desde fuera del recinto. Además, la zona de la meta estaba acotada impidiendo que un cronometrador oficial comprobara de manera objetiva el proceso junto a la concejala Marta Higueras, que denunció irregularidades en el proceso, bajo el pretexto de que los opositores "se ponen nerviosos".                     (José m. Sánchez, El Plural, 11/10/22)

Aguirre: “La clave para mí es que tú no pidas diligencias”... Villarejo: “Confía”

 "La expresidenta madrileña pidió ayuda al comisario de policía para que se archivara la causa abierta contra ella por darse a la fuga tras aparcar indebidamente en la Gran Vía de la capital

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre aparcó su coche el 3 de marzo de 2014 en el carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero próximo. Dos agentes de movilidad de la Policía Municipal la intentaron multar, pero Aguirre arrancó su vehículo, golpeó la moto de uno de los agentes y huyó hacia su casa.

Los agentes denunciaron los hechos y se abrió una causa en un juzgado de Plaza de Castilla. El juez rechazó investigar por un delito penal a la expresidenta, pero la Audiencia Provincial lo corrigió tras un recurso presentado por la asociación Transparencia y Justicia, que ejercía la acusación popular. Ese recurso obligó a investigar a Aguirre por desobediencia. La expresidenta, que había dejado su cargo dos años antes, aspiraba entonces a la alcaldía de Madrid, pero su partido aún no la había designado candidata y ella cargaba con el peso de la sospecha por su imputación tras el incidente de tráfico en Gran Vía.

Aguirre se reunió el 11 de septiembre de 2014 con el dueño de la asociación Transparencia y Justicia, el comisario José Manuel Villarejo, gracias a la mediación de José Luis González Armengol, que había sido juez decano de Plaza de Castilla hasta junio. Aquella reunión, grabada por el policía, forma parte del material incautado a Villarejo en el curso de la Operación Tándem. Aguirre le pidió al comisario que dejase morir el caso sin reclamar diligencias nuevas para de esa manera evitar el riesgo de acabar en el banquillo. Villarejo aceptó retirarse de la causa, según se desprende de la conversación que hoy publica EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas.

(...) para mí, Transparencia y Justicia es mi verdugo.

No… Pero… No es exactamente así la cosa. Yo… soy admirador políticamente tuyo de toda la vida.

¿Pero qué me estás contando? ¿Y entonces cómo pones ese recurso?

Yo soy abogado, pero también he sido comisario de policía. Llevo 30 años trabajando en temas de inteligencia. Espero que esta conversación no exista.

Todo lo que se diga aquí… Es que no hemos estado. No hemos hablado. No nos conocemos.

(...) Este hombre [José Luis González Armengol, exjuez decano de Plaza de Castilla] es amigo mío y (...) voy a hacer lo que él me ha pedido.

'¡Joé!', pues no te puedes imaginar el peso que me quitas de encima.

Ahora lo que quiero de alguna manera que entiendas es que vamos a hacerlo de tal suerte que parezca que los abogados míos son muy torpes. El momento procesal es cuando tú declares, no sé cuándo será, lo antes posible, y eso se puede pedir. Tú, como juez, eh…

Ahí habría que verlo… La pueden llamar a declarar o no…

Mira, Pepe [Villarejo], la clave para mí es que Transparencia y Justicia no pida… ¿Cómo se llama?

Diligencias.

Claro, claro, claro.

Diligencias, esa es la clave.

La clave es que cuando tú declares, a raíz de tu declaración, digas que nos hemos equivocado y que entendemos que el tema es falta.

No te pido ni eso. Con que no pidas diligencias… O sea, ¿de qué tengo miedo yo? (...) No se trata solo de que no tomes iniciativas, sino de que cuando te pregunten...

Cuando pregunte le diré: 'nada'. Nada. Ya está en toda sustanciada.

Y, si no contestas, ¿qué pasa? Es mejor aún.

El comisario explica en la conversación que es la dirección nacional del PP quien le ha pedido que “baje los humos” a Aguirre y la presione en la causa judicial. Pero pese a ello, Villarejo se compromete a retirarse de todo el proceso, aunque el PP lo fuerce para que siga adelante contra la expresidenta.

Yo estoy segura de que le van a presionar. Si él me ha dado su palabra de que le importan un bledo las presiones… ¿Puedes sostener esas presiones?

Yo solamente prometo lo que voy a cumplir. Te puedo asegurar y te pido tal que no vale… Además, te dejaré una tarjeta y un teléfono para que me digas, eres un mamón y un malqueda y tal, si yo fallara, que no voy a fallar.

Ah, ¡qué susto! Es que depende de lo que te puedan presionar.

Buf, pues vuelvo a repetir, como no me dejen preñado…

¿Bueno, entonces, puedo confiar en que no vas a pedir diligencias?

Tú, confía (...), pero aparte tenemos a este hombre como elemento…

Lo que sería conveniente es que no le digas a los abogados tuyos que yo estoy detrás…

No, no existes. Esto no existe.

Como comprenderás, lo que me estás diciendo es música para mis oídos…

(...) Sigo las instrucciones, a partir de ahora, nosotros cuando nos den traslado, por favor, coméntaselo...

Coges el papel y te lo metes en un cajón (...). Solamente puedo decirte que si haces honor a tu palabra, que no tengo por qué pensar que no lo hagas… a mí me salvas de una situación muy difícil, en la que me podrías poner solo con apretar…

Y muy injusta...

Por supuesto. Muy injusta, efectivamente.

La Audiencia Provincial de Madrid decidió finalmente instruir como falta, y no como delito, la fuga al volante de Aguirre el 3 de abril de 2014 por el centro de la capital. Villarejo no volvió a recurrir esa decisión y despidió al abogado que representaba a su asociación, quien había redactado el primer recurso para que el asunto se instruyese por desobediencia. 

Aunque la expresidenta todavía podía ser juzgada por una simple falta, la reforma del Código Penal las suprimió por lo que el caso fue archivado definitivamente y Aguirre se presentó libre de culpa a las elecciones de mayo de 2015 a la alcaldía de Madrid. No logró mayoría suficiente y, por primera vez en los últimos 24 años, el PP perdió el Gobierno de la capital.

 Aguirre admitió el lunes a EL PAÍS que se reunió con Villarejo, pero no recordaba algunos aspectos de la conversación que mantuvo con el comisario, como que fue ella quien le solicitó al comisario que no pidiera más diligencias. “Yo no sabía lo que eran las diligencias entonces y sigo sin saberlo ahora. Lo que si sé es que él me dijo que no iba a pedir más diligencias. ¿Eso no está en la grabación? Yo sabía lo que me dijo Armengol que tenía que pedirle (...). Villarejo me citó en el hotel Santo Mauro, en una terraza, a esa reunión fui porque él se lo había pedido a Armengol”, declaró."            (José Manuel Romero , Elena San José , Iker Vega , El País,  16/05/22)