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28.4.23

Cursach pagó más de 150.000 euros en fiestas sexuales para cargos del PP, según la agenda de un prostíbulo mallorquín

 "Junio de 2017, Palma de Mallorca. Una mujer recibe una brutal paliza en el portal de su domicilio cuando se disponía a tirar la basura. Dos sicarios la tiran al suelo, la apalean, causándole una herida seria en la pierna. Antes de marcharse lanzan una amenaza: "Si no quitas las denuncias, te mataremos y terminarás bajo tierra". La mujer tuvo que ser ingresada en el hospital de Son Espases, de Palma.

Pese a la agresión y las amenazas, la mujer se mantiene firme en su decisión de colaborar con la Justicia. Tres meses antes había acudido voluntariamente al Juzgado de Instrucción 12 de la capital balear, donde el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán investigaban la trama policial relacionada el magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach, que por entonces ya estaba en prisión provisional [ingresó el 3 de marzo de 2017 hasta el 28 de abril de 2018].

La mujer declaró que varios policías locales y varios políticos recibían servicios sexuales gratuitos pagados por Cursach, que en la isla es conocido como Tolo Cursach. La mujer lo sabía porque tenía en su poder una agenda o cuaderno que había pertenecido a la madame del prostíbulo donde trabajaba. La encargada había muerto y ella se había apropiado de la agenda como su sucesora.

Tras la brutal agresión sufrida a manos de dos sicarios, la mujer decide dar un paso más y entrega en el juzgado aquella agenda que muestra los presuntos pagos a cuenta de Cursach de servicios sexuales a varios agentes de la Policía Local y a dos personajes políticos de primera magnitud por entonces en la isla. Público ha podido acceder a dicha agenda, que está judicializada; en concreto está aportada en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el juez Penalva, el fiscal Subirán y seis agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Según reflejan los apuntes plasmados en la agenda, las fiestas sexuales con cargo a Cursach superan los 150.000 euros. No todos los servicios indican el precio final, por lo que no es aventurado deducir que la cifra definitiva puede superar con creces esa cifra.

Uno de los altos cargos del PP mencionados en la agenda es José María Rodríguez Barberá, de 75 años, expresidente del PP de Palma, exsecretario general del partido, exconseller de Interior, delegado del Gobierno en las Illes Balears y senador. En aquel momento era el concejal de Interior y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma. El otro político señalado en la agenda era su número dos, Álvaro Gijón, en aquellos momentos, concejal en el consistorio y diputado en el Parlament Balear

La autenticidad del cuaderno o agenda de la testigo protegida, algunas de cuyas páginas desvela Público en exclusiva a lo largo de este artículo, no fue puesta en duda; de hecho, los investigadores realizaron una pormenorizada investigación sobre las revelaciones de la mujer. Así, constataron que, en efecto, en el segundo piso de un edificio de la calle Lluís Martí de Palma se ubicó un prostíbulo que suministraba mujeres prostituidas para fiestas en propiedades de Cursach, como la discoteca Tito's y fincas repartidas por la isla.

Sobre la identidad de los dos políticos del PP y de dos mandos de la Policía Local que también aparecen, como los exintendentes Antonio Vera Martínez y Juan Miguel Mut García, los investigadores pudieron comprobar que en efecto se trataba de ellos, como ha podido saber este diario al acceder al informe policial. La agenda da referencias explícitas. Por ejemplo, "Ayuntamiento, sr. Rodríguez", siendo este el único concejal con ese apellido, pero además aparecía su teléfono móvil institucional. Lo mismo ocurre en el caso de Gijón, al que en el ambiente del prostíbulo llamaban 'el principito'. 

Cumpleaños en el prostíbulo

La agenda, que cubre parte de 2014 y el año 2015 prácticamente entero, muestra episodios repulsivos. Por ejemplo, el 29 de agosto de 2015, para celebrar el cumpleaños de Rodríguez, al que se califica como "morboso", se montó una fiesta cuyo coste alcanzó la cifra de 14.000 euros. "Preparar tres chicas y tartas", consta en el cuaderno. Otras fiestas disfrutadas por Rodríguez, según la agenda, resultaron más caras: 23.000 euros y hasta 36.000 euros. 

En el primer caso se trató de una fiesta navideña, a las 17.00 horas: "Avisa llega después de una comida con amigos"; "viene con un compi ("Andrés P.P."); "avisar a Tolo", "Justificar?"

En el segundo caso, que recoge el precio más alto de los que constan en la agenda judicializada, 36.000 euros, la fiesta se prolongó 12 horas del viernes y tres horas del sábado por la mañana. En total, se consumieron 26 botellas de alcohol. 

"Paga Tolo, pasar por Mega"

El dinero no era problema, según declaró la encargada del prostíbulo (que acabó convirtiéndose en la testigo protegida 31 de la causa), porque lo ponía Bartolomé Cursach. En el caso de la fiesta de 36.000 euros, el apunte indica: "Cobrar Tolo-Mega [en referencia al Megasport y Megapark, el centro de deportes y ocio de Bartolomé Cursach en Palma]"; "Llamar a las 12. Esperar pista pádel central. Esperar que salga". 

José María Rodríguez Barberá (primo carnal de Rita Barberá), Álvaro Gijón, y los comisarios Antonio Vera y Juan Miguel Mut llegaron a estar investigados, junto a Cursach, por cohecho impropio, es decir, el realizado no para obtener un beneficio inmediato sino para lograr que el funcionario o cargo público que ha recibido el obsequio se sienta en deuda con el agasajador.

Las revelaciones de la agenda fueron corroboradas por testimonios de camareros de la discoteca Tito's, mujeres prostituidas y agentes de la Policía Local. Este diario ha podido acceder a algunas de dichas declaraciones que señalan al magnate Cursach como el pagador de esas actividades.

Por ejemplo, una mujer prostituida reconoció a Gijón en una fiesta sexual en una finca de Cursach y a media docena de agentes de la Policía Local como receptores de servicios sexuales que ellos no abonaban, sino el empresario y su entorno. Llama la atención que los testigos reconocieron a los mismos policías de entre numerosas fotografías mostradas, tal y como apuntan fuentes jurídicas.

El fiscal Carrau retiró los cargos

La encargada del prostíbulo de la calle Lluís Martí de Palma declaró varias veces durante la instrucción de la causa Cursach, manteniéndose firme en sus manifestaciones y en el contenido de su cuaderno. Incluso se sometió a un careo con Rodríguez, Gijón y con el chófer de este último, ya que, según ella, acudía al burdel en coche oficial. Los tres negaron los hechos. Gijón dijo que era una persona decente y que no había ido nunca a prostíbulos, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas.

Sin embargo, el giro que experimentó la instrucción de la causa Cursach, una vez que el juez Penalva y el fiscal Subirán fueron apartados y terminaron investigados por presuntas presiones a los testigos, explica por qué la agenda y su dueña acabaron en un limbo y sin ninguna visibilidad en el juicio de la causa Cursach, del que todos los procesados, policías locales y directivos del grupo Cursach, incluido el magnate, fueron absueltos.

El fiscal Juan Carrau renunció, en un inexplicable giro de guion, a la testigo protegida número 31 y a cerca de sesenta testigos más que podrían haber confirmado no sólo las fiestas sexuales con las que Cursach presuntamente obsequiaba a policías locales y políticos, sino también cómo esos policías presuntamente amedrentaban con inspecciones y extorsiones a empresarios que eran competencia de Cursach. 

Respeto a Gijón y a Rodríguez, que está condenado en firme a tres años y medio por amaño de contratos públicos a favor de la empresa de publicidad Over Marketing, sus imputaciones cayeron en saco roto. No estaban acusados en la causa Cursach, pero sí en una de sus derivadas, el caso ORA, por amaño de la adjudicación de las máquinas de control de aparcamiento en Palma. La agenda iba a incorporarse a esta otra causa, pero sorpresivamente el fiscal Tomás Herranz retiró los cargos, ante la perplejidad del juez instructor, que llegó a plasmar esa extrañeza en el auto de archivo. 

Hay que recordar que Bartolomé Cursach constituye el paradigmático caso de un acusado absuelto pese a que jamás abrió la boca ni durante la instrucción de la causa ni durante el juicio. Se negó a declarar en todas las ocasiones. 

La dueña de la agenda llegó a desaparecer de Mallorca. Pero en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Balears ordenó localizarla para que declarara en la causa que se había abierto contra Penalva y Subirán, que serán juzgados en breve. 

Nueva oportunidad para la agenda

La testigo entonces cambió de versión, tras haber defendido durante años la autenticidad de la agenda, y declaró al juez instructor que la había confeccionado ella misma, y no la antigua madame, bajo el dictado del fiscal Subirán. El juez abrió procedimiento por falso testimonio contra ella y en estos momentos está siendo investigada, pendiente de juicio. No hay que olvidar ni la paliza que recibió esta mujer en 2017 ni las posibles presiones que soportaría hasta llegar a 2019 para que lograr que se retractara, como le ocurrió a otros testigos.

Pero la agenda tiene una nueva oportunidad. Al estar aportada a la causa del TSJ balear contra Subirán y Penalva podría servir ahora para evitar la impunidad de unos cargos públicos que pudieron aceptar servicios sexuales como regalos."                 (Ana María Pascual, Público, 28/04/23)

29.4.19

La mayor investigación contra mafias de la prostitución se salda con solo cinco acusados

"A finales de 2008 se desató en Lugo la Operación Carioca, que no tardaría en convertirse en la mayor investigación contra las mafias de la prostitución realizada en España. Fue un caso mediático, que hizo famosa a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, y del que derivaron otros tan sonados como el Campeón y el Pokémon, además de muchos otros menores que se tramitaron en piezas separadas. 

Una década después, las decenas de imputados en un sumario que investiga las supuestas relaciones entre agentes del orden y proxenetas han quedado reducidos a cinco, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil.

El auto que cierra la instrucción de la pieza original y principal, la que investiga las relaciones del cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo con varios burdeles de Lugo, coincide con la resolución del Poder Judicial de imponer a la jueza una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.

 Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino, aunque la suspensión no será ejecutiva hasta que se agote la vía administrativa, que concede a la magistrada un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El expediente abierto a De Lara se basó en la presunta “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales” y por “adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo”. Se trata en definitiva de dilaciones en los sumarios que el CGPJ considera infundados. En el caso de la Carioca, de Lara ha tardado más de 10 años en concluir la investigación. 

Lo ha hecho con un auto que hace recaer el grueso de las acusaciones sobre Armando Lorenzo, a quien imputa hasta 78 delitos, los principales por agresión y abuso sexual. La jueza también acusa en la misma pieza al que era su jefe directo cuando sucedieron los hechos, Julio Baquero, y a tres presuntos proxenetas: José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Escariz y Jesús González Varela.

Queda visto para el informe de la fiscalía una macrocausa que ocupa 310 tomos y llegó a sumar 89 imputados y 377 testigos, aunque de ella se segregaron en torno a 50 casos de los que alrededor de 30 ya han sido archivados. En su auto, de 220 folios, la jueza describe las condiciones de explotación que sufrían las mujeres en los burdeles y la colaboración que atribuye a los agentes en el “sometimiento, miedo e intimidación” a las prostitutas impuesto por los proxenetas

 Según el auto, los propietarios de los burdeles pagaban al Guardia Civil en efectivo y con copas y sexo gratis a cambio de su protección, no solo mediante chivatazos, sino también con ayuda para arreglar los papeles de las mujeres, en su gran mayoría extranjeras.

El auto, que deja en manos de la Fiscalía la especificación de los delitos y la petición de penas, dispone el inminente procesamiento de Lorenzo, Baquero y los tres supuestos proxenetas, de los que García Adán era dueño de los clubes Colina y Queen’s, este último situado en el epicentro de la trama. 

De Lara responsabiliza directamente a la Guardia Civil de los delitos supuestamente cometidos por los dos agentes implicados, por lo que solicita que la Administración, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, sea condenada a pagar las indemnizaciones que correspondan a las víctimas, 24 mujeres que tendrán derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Explica la jueza que las actividades de los agentes eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto detalla que Armando Lorenzo ejercía supuestamente su influencia en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos parecía uno más, “como si estuviera en nómina”, mientras se generalizaba la creencia de que tenía “capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”. 

El imputado también se encargaba de derivar a los burdeles que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a una casa de acogida o una ONG, sostiene De Lara.

La jueza ordena en su auto el sobreseimiento de las acusaciones contra diez personas que estaban imputadas en esta pieza, entre ellas otro agente de la Guardia Civil de Lugo y un empresario lucense. Las otras ocho implicadas eran mujeres prostituidas a las que se investigaba por cohecho y tráfico de influencia. En cuanto a Lorenzo, sostiene que existen pruebas y testimonios para acusarlo de un delito de agresión sexual y 21 de cohecho o abuso de autoridad, nueve de ellos en concurso con delitos de abuso sexual y otro, con acoso.

 Además, aprecia otros ocho delitos de cohecho y seis de extorsión, en una larga lista que incluye colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia, hasta completar los 78 señalados. La jueza considera que el agente es también responsable de casi 30 delitos adicionales, que archiva por falta pruebas o por haber prescrito.

La operación que conmocionó a Galicia a finales de la pasada década se desinfló poco a poco, pero dio un gran paso atrás cuando el pasado mes de diciembre la fiscalía descartó la acusación contra los tres policías locales relacionados con los clubes y el policía nacional que, según sospechaba el juzgado, permitió la entrada a través de Barajas de varias mujeres reclutadas en Brasil. 

Las dos fiscales encargadas del caso también dejaron sin castigo la prostitución de dos menores en otro club de la Carioca. El ministerio público considera que el hecho de que uno de los policías locales no pagase en el Queen’s no tenía que ver con su condición de agente, por lo que no habría cohecho impropio.

La Operación Carioca dio a conocer en toda España a Pilar de Lara, que se convertiría rápidamente en la jueza más mediática de Galicia, que ha impulsado desde su pequeño juzgado de Lugo macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes, conselleiros y hasta al presidente de la Xunta

 La magistrada se enfrentaba a una sanción profesional de entre tres y siete meses de suspensión de empleo y sueldo por las supuestas dilaciones indebidas en el contexto de sus causas. Entre ellas la Carioca, pero también otras como la Pokémon y la Garañón en las que investiga supuestos casos de corrupción política. El CGPJ ha optado por la sanción máxima, que conllevaría de confirmarse el traslado forzoso de Lugo.

El nexo de unión de todas esas causas que han hecho famosa a De Lara y han motivado el expediente se encuentra en el Queen’s. Ese prostíbulo ubicado en un parque industrial de Lugo era el centro de operaciones de José Manuel García Adán, el lugar donde cultivó excelentes relaciones con policías, políticos y empresarios de Lugo. A Adán se le levantaban multas de tráfico, se le suministraba información sobre atestados policiales y se le resolvían problemas con las licencias municipales o con los papeles de las inmigrantes.

Las escuchas policiales ordenadas por De Lara en la Carioca dieron lugar a muchos otros sumarios, en los que fueron imputados políticos tan importantes como el entonces ministro portavoz del Gobierno, José Blanco

El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Antela Agrelo, fue otro de los investigados, como también lo fue el entonces alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, o el que fuera líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que abandonar su carrera política. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , se libró de ser imputado por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La primera gran causa, la derivada de la Operación Carioca, llega ahora a su fin con el auto que cierra la instrucción, justo en vísperas de que el Consejo General del Poder Judicial decida el futuro de la famosa jueza."                  (Pablo López, El Confidencial, 28/03/19)