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1.6.21

El juez del caso Lezo procesa a Ignacio González por las obras del campo de Golf del Canal de Isabel II

 "Ignacio González, una de las ranas de Esperanza Aguirre, acumula causas en los tribunales y la lista aumenta por momentos. El pasado lunes, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo, procesó al expresidente de la Comunidad de Madrid por supuesto amaño de varios contratos para construir y explotar el campo de golf de las instalaciones del Canal de Isabel II.

Así lo ha expuesto en un auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, en el que el magistrado sitúa a González en la cúspide de una trama junto a su mano derecha, Ildefonso de Miguel. También están salpicados y, en consecuencia, procesados, los tres socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero.

El juez considera que hay indicios de que, durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, se produjeron irregularidades en el “concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II ‒en adelante CYII‒, licitado por el ente público CYII y adjudicado en marzo de 2003 a ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse DRAGADOS SA”.

 El auto judicial recoge que “un año después de realizarse esta adjudicación” desde la dirección de CYII ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez ‒director Gerente de CYII entre los años 2003 y 2009‒ y Jaime Ignacio González González ‒presidente del Ente Público CYII y Vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012‒, con el fin de beneficiar a familiares de este último, se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación”.

Así las cosas, “convinieron con DRAGADOS que CYII le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa TECNOCONCRET PROYECTOS DE INGENIERÍA SL ‒en adelante TCT‒ cuyos socios eran los investigados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier”.

Estos dos últimos son el hermano y el cuñado de Ignacio González y ostentaban su titularidad “a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con este”.     (El Plural, 26/05/21)

26.11.20

Siete años en busca del cohecho en la caja b del PP. El último informe del inspector Morocho vincula donaciones de los papeles de Bárcenas con obras públicas... -Palencia. Bueno, pues yo periódicamente le entrego 30, 35.000 euros. Es una cantidad que voy allí y entrego yo. -De Miguel. ¿Qué se la das, en un sobre o así?. -Palencia. Se lo doy en un sobre a Álvaro [Lapuerta] y a él [Luis Bárcenas]

 "Al pie del informe fechado el 13 de noviembre de 2020 no hay ningún nombre, solo un número: 81.067. 

Con eso basta para que el juez José de la Mata sepa que una de sus últimas actuaciones al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional —dentro de unos días marchará a ocupar un puesto en Europa— llevan la firma del inspector jefe Manuel Morocho que, desde hace muchos años, persigue el rastro de la financiación ilegal del PP. 

Y es ahora, casi en el tiempo de descuento, cuando el inspector 81.067 cree haber encontrado por fin indicios sólidos para probar el delito de cohecho [soborno a un funcionario público a cambio de concesiones] que se escondía presuntamente tras los papeles de Luis Bárcenas, el encargado durante casi 20 años de la tesorería del PP.

Esta historia comienza en 2008, en el despacho de Ildelfonso de Miguel, director general del Canal de Isabel II, la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid que gestiona la distribución y el suministro de agua y que, por tanto, adjudica cada año decenas de millones de euros en obra pública. Unos días antes, De Miguel ha recibido una llamada de Luis Bárcenas para que atienda a un tal Rafael Palencia, empresario del sector de las depuradoras.

 El encuentro tiene lugar el 10 de junio de 2008. La fecha tiene su aquel. En dos semanas se celebrará el Congreso Nacional del PP y por aquellos días se especula con que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, está sopesando disputar el liderazgo del partido a Mariano Rajoy. De Miguel, no se sabe si por indicación de su jefe, Ignacio González, por entonces vicepresidente madrileño y mano derecha de Aguirre, o por iniciativa propia, decide grabar la conversación y guardarla en un lápiz de memoria. No se conocerá su existencia hasta mucho después, aunque lo que se dijo en aquel despacho en junio de 2008 es la pieza maestra para completar el puzzle de la caja b del Partido Popular.

Rafael Palencia. Yo colaboro permanentemente con el partido.

Ildefonso de Miguel. ¿Qué haces? Por ejemplo ¿para cada proyecto de estos les das un...?

Palencia. Yo de momento voy haciendo una serie de entregas a cuenta permanentemente.

De Miguel. ¿Le entregas dinero?

Palencia. Sí, muchas veces.

De Miguel. ¿Pero le entregas dinero con independencia de que haya adjudicaciones o no?

Palencia. Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones.

De Miguel. ¿Y cuánto, y cuántas veces?

Palencia. Bueno, pues yo periódicamente le entrego 30, 35.000 euros. Es una cantidad que voy allí y entrego yo

De Miguel. ¿Qué se la das, en un sobre o así?

Palencia. Se lo doy en un sobre a Álvaro [Lapuerta] y a él [Luis Bárcenas].

En enero de 2013, el diario EL PAÍS publica los papeles de Bárcenas dejando al descubierto la caja b del PP. El juez Pablo Ruz abre la investigación. Entre los empresarios que desde 1990 a 2009 donaron en secreto más de ocho millones de euros al PP figura el nombre de Rafael Palencia, el de la empresa de depuradoras. 

Bárcenas ha anotado varias entregas de 20.000 o 30.000 euros a lo largo de 10 años. En total suman unos 200.000 euros, no demasiado dinero en comparación con los ocho millones que aparecen registrados en los papeles del gerente, pero lo importante para el juez Ruz y para la policía judicial es descubrir la existencia del cohecho.

 A pesar de que imputa a todos los empresarios que figuran en las anotaciones de Bárcenas, el juez no consigue demostrar el cohecho y en 2015 cierra la investigación y retira la imputación de los empresarios. Solo ha logrado enviar al banquillo a los tesoreros Álvaro Lapuerta ―ya fallecido― y Luis Bárcenas, y a los dueños del despacho de arquitectura encargados de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Una parte de las obras se pagó con dinero negro.

Pero entonces se producen dos circunstancias que van a cambiar el curso de la investigación. De la Mata consigue la plaza titular del juzgado y se celebra el juicio principal del caso Gürtel. Aunque en esa vista no se juzgan los papeles de Bárcenas, hay varios testimonios —el de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, y el de un empresario que donó grandes cantidades al partido— que vinculan las donaciones ilegales a la adjudicación de contratos. De la Mata decide, a petición de las acusaciones populares, reabrir la investigación. 

A la vez, otro sumario abierto en la Audiencia Nacional en el juzgado vecino al que ocupa De la Mata, destapa corruptelas en el Canal de Isabel II. La intervención de las comunicaciones de los implicados en esa trama y los registros en el domicilio de algunos de los imputados sacan a la luz la conversación entre Ildefonso de Miguel y el empresario Rafael Palencia. El juez De la Mata y el inspector tienen otro motivo para tirar del hilo del cohecho.

Ignacio González, que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid, habla en el segundo semestre de 2017 con su amigo Eduardo Zaplana, exministro y expresidente valenciano. Le cuenta que Ildefonso de Miguel, su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, guarda información sensible: “Le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta [tesorero del PP hasta junio de 2008 cuando le sucede en el puesto Luis Bárcenas] y no sé si a Rajoy”.

“Le sacó una grabación” es una manera de hablar. Esa grabación podría haber puesto en apuros al PP de Mariano Rajoy en junio de 2008, cuando se jugó la batalla por el poder que Aguirre no quiso dar. Uno de sus hombres de confianza tuvo una carta escondida que, de haberla utilizado, hubiese provocado una gran crisis en el PP.

Doce años después, el inspector Morocho sigue tirando del hilo. Ha pedido los expedientes de obras adjudicadas a la empresa de Rafael Palencia y ha descubierto numerosas irregularidades. Las va detallando en amplios informes que entrega a De la Mata. El último es un trabajo en el que destripa la conversación grabada en 2008. Va poniéndola en contexto con todo lo que sabe de los papeles de Bárcenas.

 El inspector escribe en su informe un párrafo que define perfectamente lo que es un cohecho: “En este sentido se concreta la adjudicación obtenida por Degremont [la empresa de Rafael Palencia] del servicio de Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Madrid, adjudicado por el Canal de Isabel II, estableciéndose de forma indiciaria una correlación objetiva, subjetiva y temporal entre la entrada de fondos efectuada por el entonces presidente de Degremont y registrada en la cuenta analítica [los papeles de Bárcenas], y la adjudicación del concurso”. 

De la Mata abandonará el Juzgado de Instrucción número 5 en unos días. A modo de despedida, el inspector 81.067 le acaba de entregar la pieza que le faltaba para intentar cuadrar el círculo de la financiación ilegal del PP."                 (José Manuel romero, El País, 23/11/20)

10.1.18

Un testigo denuncia los amaños de González para cobrar 3,2 M de una empresa de Florentino Pérez

"El Jefe de División de Arquitectura del Canal de Isabel II (CYII), una empresa pública de la Comunidad de Madrid cuya actividad forma parte del sumario de la trama Lezo, encabezada presuntamente por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, apuntó en su declaración como testigo ante los agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que el contrato otorgado por la empresa Dragados, de Florentino Pérez, a Tecnoconcret, propiedad de Pablo González, hermano del expresidente madrileño, podría estar dirigido desde la empresa pública de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, y según el testimonio, la empresa de Pablo González, hermano del expresidente madrileño, podría haber percibido una ganancia superior a los 500.000 euros por la decisión de la dirección de la empresa pública del agua de la Comunidad de Madrid, cuyo presidente era el propio Ignacio González.

En concreto, al ser preguntado el 5 de octubre por los agentes de la UCO sobre la instalación del césped artificial del campo de golf construido por el Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, el arquitecto aseguró que la instalación concreta del césped artificial había sido "un tema especial", indica el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El funcionario explica, además, que pocas empresas ofrecieron "este producto para esta aplicación concreta, y que además el asunto de la instalación de césped artificial fue controlado-decidido por el arquitecto externo (Álvaro Pastor) y la contrata (Juan Ramón Mata)".

En ese momento del interrogatorio, los agentes preguntaron al testigo sobre el motivo por el que en la oferta de la empresa de Pablo González para construir el campo de golf aparecía la anotación "A pet. CYII". Y el funcionario de la empresa del agua madrileña contestó que "efectivamente" interpretaba la anotación como "a petición del Canal de Isabel II".

Orientar a Dragados

Después el testigo, tras reiterar que la instalación del césped era un tema "delicado", explicó que consideraba que "algún responsable del Canal podría haber orientado a Dragados para que subcontratara a Tecnoconcret".

A preguntas de los agentes, el testigo se defendió al asegurar que él no había orientado "en absoluto esta subcontratación y que sospechaba que en caso de que alguien hubiera orientado a Dragados por descarte podía haber sido Adrián Martín López", el exdirector del Canal de Isabel II, imputado en el procedimiento.

Los agentes también interpelaron al testigo sobre si conocía la sociedad Tecnoconcret, de Pablo González, a lo que el funcionario respondió de forma afirmativa: "Sí, era como un tema tabú". Además, recordó que en las fechas de la adjudicación, "Álvaro Pastor y Juan Ramón Mata, entre otros, se fueron a Nueva York a ver un campo de golf.

Y el arquitecto del Canal de Isabel II cerró su testimonio asegurando que "todo lo relacionado con el césped artificial era poco trasparente y que estaba controlado por la dirección del Canal de Isabel II y por la dirección facultativa".

578.474 euros

En el auto mediante el cual el juez Manuel García-Castellón ordenaba la excarcelación de Ignacio González tras abonar el expresidente de la Comunidad de Madrid una fianza de 400.000 euros de fianza, el juez relataba la operativa concreta por la que Dragados SA, una de las sociedades del Grupo ACS de Florentino Pérez, adjudicó un contrato de 3.257.038 euros a Tecnoconcret para construir el césped del campo de golf en el centro de Madrid. Justo después, Tecnoconcret contrató a otra firma, en concreto Onlygolf, para que realizara el trabajo por 2.678.564 euros.

De esta forma, la empresa del hermano de González ingresó 578.474 euros sólo por intermediar entre la empresa de Florentino Pérez y la firma que acabó realizando la obra. Según el juez García-Castellón, "este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra", en referencia a Ignacio González y su hermano Pablo."                   (Tono Calleja, Vox Populi, 03/01/18)

8.1.18

Dimite el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en Lezo

"El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha dimitido de su cargo después de que ayer fuera citado en calidad de investigado en el caso Lezo por su participación en la compra, presuntamente fraudulenta, de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.

Canalda, que fue director gerente del Canal, ha presentado hoy su renuncia en el Registro de la Asamblea de Madrid, según han informado a Efe fuentes del Parlamento regional.
Precisamente hoy, jueves, a las 10.00 horas había convocada una reunión del consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de este órgano (al que le corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad) han confirmado a Efe que esta reunión se mantiene y que asistirá Canalda.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea citó ayer a declarar en calidad de investigados en el caso Lezo a una veintena de personas para aclarar las presuntas irregularidades en la compra en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Entre estas personas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón (Juan Bravo y Pedro Calvo) y el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, Arturo Canalda.

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Ruiz-Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

Recientemente, Canalda compareció en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que ningún miembro del consejo de administración del Canal puso objeciones a la compra de Inassa, investigada en el caso Lezo, y recalcó que él en concreto no vio "nada raro" en la documentación que consultó.

En su comparecencia afirmó que no había hecho "ninguna ilegalidad" en su etapa en el Canal, pero anunció que si le llamara el juez para declarar dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, como ha ocurrido."               (Vox Populi, 28/12/17)

19.10.17

Políticos y empresarios, pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares... el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo del caso 'Canal de Isabel II'

"Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. 

En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña.

 Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.

Grandes accionistas, directivos empresariales y políticos giratorios. Si se trata de analizar quiénes son los máximos beneficiarios del actual modelo económico (caracterizado por el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en el capitalismo global), no hay duda de que estas tres minorías son las que, por mucha diferencia, más han salido ganando. (...)

Pero el concepto de “puertas giratorias”, convertido en mainstream tras el 15M por su gran simbolismo para denunciar la connivencia entre los gobiernos y los grandes agentes económicos, se queda pequeño para explicar en toda su dimensión casos como el del Canal de Isabel II.

 Por decirlo rápido: en los negocios más boyantes del capitalismo español, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado, sino que ambos espacios siempre han estado interconectados, con unos protagonistas que han ido colocándose diferentes sombreros dentro de ese mismo marco. 

Los integrantes de esas élites, de hecho, forman una clase político-empresarial con intereses cruzados (a la que podríamos denominar “trama” o “casta”, usando conceptos popularizados recientemente, o también “oligarquía” e incluso “burguesía”, en términos más clásicos) 1/ que es la que ha venido gobernando nuestras vidas desde hace demasiado tiempo.

En este terreno de juego, que los exgobernantes se busquen un retiro millonario al fichar como consejeros de grandes compañías del Ibex-35 es apenas la parte más visible del entramado de relaciones político-jurídicoeconómico-mediático-familiares que preside el capitalismo español. 

Porque este tiene unas ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado: como vamos viendo a medida que se van conociendo nuevos datos de la operación Lezo, por seguir con el caso del Canal, se trata de un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que están prácticamente todos los que son (o han sido) algo dentro de las élites madrileñas.

A la manera del Colectivo Todoazen, que hace una década publicó El año que tampoco hicimos la revolución 2/, un libro construido íntegramente a partir de frases de las noticias de las páginas de las secciones de economía y trabajo de los principales diarios, basta con poner seguidos unos cuantos titulares de prensa aparecidos en las últimas semanas para contar un relato que contiene buena parte de los ingredientes básicos de la novela negra 3/.

I. LA TRAMA POLÍTICA. Ignacio González, detenido por la Guardia Civil por el desvío de fondos en el Canal de Isabel II. Además de González, han sido detenidos su hermano y su cuñado, y su esposa está siendo investigada. El expresidente de Madrid, acusado de enriquecerse con el Canal de Isabel II. El juez manda a prisión a González por el desvío de fondos públicos. El expresidente dejó un agujero de 23,3 millones por una sola operación de compraventa en el Canal de Isabel II. González exigió dinero a varias empresas para financiar al PP. Sociedades del hermano de Ignacio González ingresaron comisiones multimillonarias.

II . LA TRAMA ECONÓMICA. La Guardia Civil registra las sedes de OHL, Indra, PriceWaterHouseCoopers, Cuatrecasas y Saerco. Detienen a López Madrid, CEO del Grupo Villar Mir, por presunto pago de comisiones. Registran la sede de OHL por el presunto pago de 1,4 millones a Ignacio González. El juez deja en libertad bajo fianza al empresario López Madrid. Villar Mir mantiene a su yerno en sus cargos directivos. Los negocios de González: tarifa del cinco por ciento, testaferros y pelotazos informáticos. El auto judicial acredita el desvío de 25 millones a cuentas en paraísos fiscales. Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití.

III. LA TRAMA EMPRESARIAL. La mayor empresa pública madrileña se enfrenta a sus peores momentos debido a las polémicas inversiones en Latinoamérica. El director del Canal admite que las filiales de Sudamérica forman “una maraña”. Anticorrupción señala a Gallardón en el primer desvío de fondos de la trama Lezo. El Canal de Isabel II pagó por una firma colombiana diez veces su valor. Rodríguez Sobrino, el protegido de González en el Canal que dirigió la compra de Emissao. La brasileña Emissao, en el centro de la trama del Canal de Isabel II. El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio. Sobrino aparecía en “los papeles de Panamá”.

IV . LA TRAMA MEDIÁTICA. El director de La Razón y su presidente, citados por el juez como imputados. González se sirvió del presidente de La Razón para obtener bajo cuerda “información judicial sensible”. El juez investiga al presidente y al director de La Razón por coacciones a Cifuentes. El Canal de Isabel II repartió 1,88 millones a La Razón en publicidad institucional en diez años. El Canal de Edmundo Rodríguez Sobrino pagaba un millón al año a La Razón de Edmundo Rodríguez Sobrino. Prisión incondicional para Rodríguez Sobrino, el consejero delegado de La Razón.

V. LA TRAMA JUDICIAL. El fiscal jefe de Anticorrupción intentó frenar un registro de la Operación Lezo y los fiscales lo impidieron. La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior. El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave. Ignacio González, en las escuchas: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”. El hermano de Ignacio González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad tras saber que le investigaban. Rafael Catalá, ministro de Justicia, mandó un sms de apoyo a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”.

La historia del Canal de Isabel II, que no es otra cosa que la versión madrileña de una historia más extensa, la del capitalismo español, que se remonta a los comienzos del desarrollismo franquista y más tarde se hace transnacional con la aplicación de las contrarreformas neoliberales en la Unión Europea y América Latina, es uno de los mejores ejemplos para mostrar cómo los máximos defensores del libre mercado y la autorregulación empresarial, lejos de su supuesta pretensión de acabar con el Estado e instaurar “la mano invisible” como forma de gobierno, han estado utilizando las instituciones públicas y se han servido de ellas para ir añadiendo ceros a sus cuentas en Suiza.

 El Canal, una empresa pública rentable que da un servicio esencial en régimen de monopolio (el sueño de cualquier privatizador y por supuesto de todos los neocon del PP), cuya historia también puede contarse echando la vista unos años atrás e incorporando al relato más personajes.

Había dos grandes empresas en la Comunidad de Madrid: Caja Madrid (luego Bankia) y el Canal de Isabel II. Ignacio González, con el apoyo de Esperanza Aguirre, quería presidir Bankia. Pero el PP, con Rajoy a la cabeza, prefirió a Rodrigo Rato. A González le dejaron, entonces, el Canal. 

Y utilizó la mayor empresa pública de Madrid para una espiral de negocios turbios, pago de comisiones, envío de bolsas con dinero negro a empresarios amigos, enchufes a familiares, espionaje a rivales del mismo partido, etc. Hoy, ambas empresas han sido saqueadas y sus máximos dirigentes (no olvidemos: el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente del Gobierno español) están acusados en diferentes procesos judiciales.

Una historia, la del Canal, que es el símbolo (primero) del auge de la internacionalización del capitalismo español desde finales de los noventa y (más tarde) de su declive tras el crash de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliario-financiera. 

Y es que la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid se convirtió en toda una corporación transnacional (aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca le dio mucha publicidad a eso), con filiales privadas en otras ciudades de España y en diversos países de América Latina. 

Con una red empresarial tan grande que hasta se llegó a perder la pista de su internacionalización; como afirma el periodista Pere Rusiñol, se trata de “un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas” 4/.

De manera análoga al resto de multinacionales españolas, su andadura internacional empezó en 2001, cuando creó una sociedad mercantil (llamada Canal Extensia) como vehículo para luego ir comprando empresas en países como Colombia 5/, República Dominicana, Ecuador y Panamá. 

Y terminó en 2013, con el caso que definitivamente hizo saltar todas las alarmas: como acredita la investigación judicial que finalmente ha llevado a prisión a Ignacio González, la compra de la compañía brasileña Emissao se hizo desviando fondos públicos mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza; en apenas un año, la empresa que fue comprada por 21 millones de euros se estimaba que ya valía solo 5.

 Una andadura internacional a la que habría que sumar, además de los delitos económicos y el enriquecimiento ilícito de sus máximos dirigentes, toda una serie de impactos socioambientales sobre las comunidades y los territorios en los que ha operado la compañía durante este tiempo 6/. Como decíamos, un botón de muestra de lo que ha significado la expansión internacional del capitalismo español en las dos últimas décadas.

Este es el marco, generalizable aunque aquí haya sido explicado a partir de un caso particular, en el que ahora “nuestras empresas”, asediadas por la lógica global de concentración y reconfiguración del poder empresarial (con un continuado proceso de fusiones y adquisiciones que nunca tiene fin), por un lado, y por la oleada del ciclo de movilizaciones que a nivel estatal comenzó hace seis años con el 15M, por otro (contestación que en América Latina se remonta todavía más atrás, con el fin de “la larga noche neoliberal” y el auge de los gobiernos progresistas en diferentes países de la región en la primera década de este siglo), están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo.

Pero, nos preguntamos, ¿será que le queda mucho tiempo de vida a las multinacionales españolas? ¿Qué futuro le espera, en estas condiciones, al capitalismo español? Más allá del storytelling del “nuevo modelo productivo” como vía para “salir de la crisis”, ¿sobre qué pilares se pretende sostener el modelo de crecimiento y acumulación en los años venideros?

Y, sobre todo, ¿podrán las organizaciones políticas y los movimientos sociales construir contrapoderes y alternativas efectivas para enfrentar los dictados de la clase político-empresarial que nos gobierna? 7/Seguiremos informando."

(Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Artículo publicado en el nº74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017. , en Viento Sur, 03/10/17)

13.7.17

“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”


"Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. 

La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama. 

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.
¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización?
Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. 

 Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina.  En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. 

Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí había denunciado ante la Fiscalía una de esas operaciones de saqueo del CYII por parte del PP. Porque empieza Gallardón, pero después sigue Esperanza Aguirre e Ignacio González. Todos ellos impulsan operaciones en el Canal con sociedades anónimas vehículares y con ánimo de lucro.  
¿Qué era lo que denunciaba Parque Sí en Chamberí?
Está colgada ahora mismo en la página del Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M la querella contra el fiscal Manuel Moix que recoge las denuncias de la Asociación Parque Sí en Chamberí contra Ignacio González. 

Éste se había empeñado en construir un campo de golf en Chamberí, en los terrenos del CYII, para beneficiar directamente a su familia, adjudicando la explotación y gestión de sus instalaciones a un consorcio compuesto por tres compañías, una de ellas controlada por su hermano y su cuñado. Pero entró en conflicto con el Gobierno de Gallardón, quien tendría sus propios planes y que inició un expediente contra el CYII por estar ejecutando obras sin licencia municipal. 

Para sortear este obstáculo, González las declaró de “excepcional interés general” y fue entonces cuando los vecinos del barrio de Chamberí llevaron esa declaración a los tribunales. Además de interponer acciones por la vía contencioso-administrativa, presentan dos denuncias penales en 2007 y en 2009, y una querella criminal en 2010, en las que interesan una serie de diligencias de investigación que tienen que ver con la contabilidad de las empresas del consorcio al que se adjudicó el campo de golf. Esa contabilidad, si se hubiera investigado por parte de Moix hace 10 años, hubiera delatado la operación corrupta urdida por González en la que resultaron beneficiados su hermano y su cuñado.
Pero no se investigó.
No se investigó nada. Moix archivó en tres días hábiles una de las denuncias. En dos ocasiones firmó él mismo el archivo de las actuaciones y en una tercera la firmó un fiscal basándose en los mismos argumentos que Moix había dado en los anteriores archivos. Pero esa es solo una de las varias piezas que se investigan en la Operación Lezo. 

En realidad, estamos ante una operación o trama bastante extensa en la que intervienen actores como Alberto Ruiz-Gallardón, Ignacio González, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II, la Cámara de Cuentas, las empresas auditoras… O sea, políticos, miembros de los órganos de control y auditores, que no dijeron ni mu, pudiendo haber denunciado hace muchos años todas estas operaciones. Así es como la trama se organiza y se extiende.
A esto se añade la red de sociedades de Canal Isabel II en América Latina
Sí, la red consta en un diagrama que provenía de un informe de la Cámara de Cuentas. Con base a ese informe y a una investigación que realizamos sobre varias de las empresas del Canal que actúan en América Latina, concretamente en Barranquilla, denunciamos el caso Taganga, una población, como otras muchas del Caribe colombiano, que se vio afectada por los procesos de privatización y saqueo de las empresas públicas del agua en la zona. 

Conozco muchas de esas poblaciones y sé de primera mano lo que significaba la actuación de las transnacionales del agua en Colombia. Pero lo curioso de todo esto es que no hace falta ir tan lejos para saberlo ya que todo es público, se encuentra en internet. Los procesos judiciales en Colombia, las protestas de los trabajadores y de la propia ciudadanía colombiana cuando empiezan a subirle las tarifas, en el momento en que ocurren las privatizaciones. Todo es público. 

Así, recogemos esa información y con ella, en 2010, ATTAC presenta una denuncia de carácter político, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por la actuación del Canal como transnacional. El tribunal asume la denuncia y condena al Canal, no ya por las actuaciones en Madrid o en Chamberí, si no por los abusos que comete en países de América Latina. Poco después de aquel proceso se crearía la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II.
¿Y a partir de 2010?
Desde el 2010 no hemos parado. Creamos la plataforma, nos movilizamos, comenzamos a contar en barrios y pueblos lo que estaba ocurriendo… Y llegó el 15M. Con él, todo ese activismo que habíamos desarrollado desde finales de 2010 hasta mediados de 2011 se multiplica por diez. Hacemos una manifestación con 15.000 personas frente al Canal. Lo cual rompe todas las expectativas que teníamos y se crea un movimiento muy importante.

 Tanto es así que, en 2012, conseguimos que casi 180.000 personas se pronunciasen a favor de mantener el Canal bajo titularidad pública. La operación urdida por el PP pretendía engordar al Canal como grupo empresarial trasnacional y a la vez desplegar la ingeniería institucional necesaria para convertirla en sociedad anónima que luego pudiera privatizarse estupendamente.

Ese era el gran negocio previsto, que generaría las comisiones multimillonarias que ahora se van viendo, cómo se iban produciendo en cada una de las inversiones que se hicieron en cada país: caso Emissao (Brasil), caso Inassa… En los correos de Blesa aparecen conversaciones en las que Bankia y FCC hablan sobre la privatización del Canal. Eso multiplicado por todas las posibles ventas, reventas y emisión de bonos que se podrían haber seguido haciendo si no hubiéramos parado el proceso privatizador.

 En la última operación se calcula en más de 25 millones de dólares lo que ha costado Emissao. En 2014 publicamos el libro para explicar de manera comprensible nuestras denuncias, y lo que estamos haciendo ahora, y para lo que hacemos un crowdfunding, es ampliar la edición con todo lo que hemos podido investigar y conocer desde 2014 hasta 2017. Sabemos lo que ha ocurrido en Canal de Isabel II y cómo se ha utilizado a esta empresa para saquearla y para beneficio de unos pocos.

 Sabemos, también, que estas tramas en el Canal están relacionadas con otras muchas que se han venido conociendo; por ejemplo, la relacionada con la concesión de contratos en los Teatros del Canal, denunciada por trabajadores de Telemadrid en el caso Ático. Hoy está claro que en el Canal se saqueaba y se conseguían comisiones que alguien se embolsaba, ésa era la situación que hemos venido sufriendo.

Tras las elecciones de 2003, Esperanza Aguirre asume la presidencia de la Comunidad de Madrid, designando como vicepresidente y presidente del Canal a Ignacio González. Durante su mandato se promulgó la ley que permitió la creación de la sociedad anónima Canal Gestión y, cuando Aguirre dimite en 2012, es González quien asume la presidencia.

 Los dos tienen el mismo proyecto. Por eso no se puede adjudicar exclusivamente a Ignacio González la responsabilidad de todo esto. Es un sector muy importante del Partido Popular el que lleva a cabo la trama, empezando por la propia Esperanza Aguirre, que está siendo ahora mismo investigada. Es una red muy amplia y perdurable, han estado mucho más de una década, más de 15 años tramando todas estas actuaciones.
Cómo es esa ley que abrió las puertas de la privatización del Canal.
La ley 3/2008 es una ley de presupuestos y ellos introducen, como hace siempre el Partido Popular, con nocturnidad y por la puerta de atrás, en una disposición adicional, una coletilla que les permite privatizar y crear la sociedad Canal Gestión. Así no se hacen las leyes, es una mala práctica legislativa.
Canal, hoy, sigue siendo una sociedad anónima pero con capital 100% público.
El capital del Canal es público aún, pero la sociedad anónima continúa gestionándolo y, si quisiera, si el Partido Popular quisiera, privatizaba el Canal, porque la gestión sigue siendo de carácter mercantil mediante un régimen jurídico que les permite, por ejemplo, emitir deuda, que es lo que han hecho. Empezaron emitiendo 500 millones y ahora sabemos que la deuda se eleva por encima de los 1.200 millones de euros, mientras que, cuando era una empresa 100% de gestión pública, daba beneficios. En el 2013 denunciamos el proyecto de emisión de 500 millones en bonos de deuda. 

La operación se autoriza en 2014 cuando hacemos la presentación del libro El Saqueo del Agua, y en 2015 se concluye. Una deuda que, además, no tiene justificación alguna, porque la emiten exclusivamente para repartir ese dinero en dividendos entre los ayuntamientos, mayormente el de Madrid, endeudados hasta las cejas en la era del ladrillo. 

Era una manera de tapar agujeros y compensar de alguna manera a los consistorios que habían suscrito los convenios necesarios para crear la sociedad anónima. Es la pescadilla que se muerde la cola: necesitan el apoyo de los ayuntamientos para crear una estructura societaria que genera comisiones y deuda, y los ayuntamientos apoyan porque necesitan cubrir sus propias deudas. En conjunto, una pésima gestión pública, porque lo único que hacen es tapar agujeros mientras pagan comisiones millonarias.
Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha anunciado que se van a deshacer de las filiales internacionales del Canal, ¿qué opinas sobre ello?
Desde el principio dijimos que cuestionábamos la actuación transnacional del Canal, y que había que desmontarla. El problema es cómo se desmantela, pues el Canal sigue actuando con absoluta opacidad. Lo que sí sabemos es que hay ciudadanos en América Latina, en Barranquilla, en Santa Marta, en lugares donde actúan empresas dependientes del Canal, que se están rebelando, porque en determinado momento sus dirigentes cedieron y permitieron la privatización que les supuso elevadísimas tarifas y ahora desconocen los términos en que se está negociando la recuperación de la gestión. 

Tampoco aquí lo sabemos ni nos fiamos, ni aquí ni allí, porque son los mismos los que participaron en su creación y los que ahora dicen que la están desmontando."                (Ter García, Saltamos.net, 04/07/17)

15.6.17

Los investigadores encuentran en Colombia la pista del dinero expoliado al Canal en Brasil

"La comisión judicial española que se encuentra en Colombia ha encontrado en la residencia de Edmundo Rodríguez Sobrino documentación que acredita una serie de transferencias de una cuenta en Suiza a sociedades tras las que se esconde el testaferro de Ignacio González, han informado a eldiario.es fuentes del caso. 

De un análisis inicial de esa documentación, los investigadores deducen que se trata de pagos derivados del pelotazo que los imputados dieron con la compra por parte del Canal de Isabel II de la sociedad brasileña Emissao en 2013.

El viaje de los funcionarios españoles a Colombia está resultando vital para la investigación. El hallazgo de la documentación sobre las transferencias desde Suiza se ha producido en el apartamento de Rodríguez Sobrino en la ciudad de Barranquilla. El expresidente de Inassa, la filial con la que el Canal controla sus negocios en América Latina, también escondía 262.000 euros en metálico en su residencia colombiana.


Entre la documentación encontrada en el apartamento de Barranquilla aparecen papeles de la sociedad panameña Amalfi, detrás de las que se esconde Rodríguez Sobrino. La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil encontraron el primer rastro de Amalfi en el registro que practicaron en la vivienda que Edmundo Rodríguez Sobrino tiene en Denia.

El exconsejero de La Razón permanece en prisión incondicional desde su detención el 19 de abril. Este jueves, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de su defensa contra la decisión del juez Eloy Velasco de mantenerlo en prisión provisional por varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal.

Un pelotazo pagado en Suiza

Anticorrupción y la Guardia Civil buscan pruebas en Colombia de los dos pelotazos del Canal. El primero, la compra de Inassa, fue autorizado por el gobierno regional que presidía Alberto Ruiz-Gallardón en 2001.

 El Canal compró esa compañía pagando por sus acciones un sobreprecio que, según los investigadores, acabó en bolsillos privados. "Se robaron 25 millones de euros", resumió Rodríguez en una conversación grabada por los agentes de la Guardia Civil. 

Inassa se ocupó del segundo pelotazo, la compra de la empresa brasileña Emissao en el año 2013. Rodríguez pilotó una operación en la que interpuso una sociedad uruguaya para comprar el 75% de esa compañía, que abría al Canal las puertas del mercado brasileño. Su socio Ignasi Maestre constituyó esa empresa uruguaya, Soluciones Andinas de Agua, una sociedad pantalla a la que dió apariencia de compañía especializada en el tratamientos de aguas.

Sin embargo, durante el proceso Rodríguez obvió que varios informes alertaban de la mala situación financiera de Emissao. Se abonaron por ella 21 millones de euros, pero al poco tiempo su valoración cayó hasta los cinco. La consultora KPGM advirtió en la due dilligence que elaboró antes de la compra de que la empresa brasileña no había aportado toda la información que le pidieron. Tenían dudas de que la operación fuese rentable.

La investigación de la Comunidad de Madrid sobre ese pelotazo se encontró con que el dinero de la operación había acabado en cuentas suizas. Los 21 millones que pagó el Canal por Emissao se ingresaron en el país helvético a nombre de Sebastiao Cristovam, propietario de la mayoría de las acciones de Emissao, e investigado en el caso Lezo, según recoge la denuncia de la Comunidad de Madrid y distintos informes de la Guardia Civil aportados al sumario.

Desde entonces, Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean esos fondos porque sospechan que viajaron desde Suiza a las cuentas de Rodríguez y sus socios. Por eso, el juez Eloy Velasco cursó Audiencia una comisión rogatoria a las autoridades suizas solicitando información bancaria. 

Con los datos que ofrezca el país helvético se podrá comprobar quién es el titular o titulares de la cuenta donde acabó el dinero de la compra de Emissao y confirmar si las transferencias a Edmundo Rodríguez Sobrino proceden de ella. 

En el escrito de oposición a la libertad de Rodríguez Sobrino, los fiscales Anticorrupción apuntan directamente a que el hombre de González en Latinoamérica consiguió "elevadas ganancias ilícitas" con los negocios del Canal. Con ellas compró inmuebles que puso a nombre de su hija en Colombia, Panamá o Londres. Además, tiene una red de cuentas bancarias en los paraísos fiscales de la Isla de Jersey, en Panamá -a través de la sociedad Amalfi- y en Suiza. "                   (Pedro Águeda / Marcos Pinheiro 

24.4.17

¿Qué pasa en el Canal de Isabel II? ¿Qué pasa en Madrid?

"(...) La historia reciente del Canal corre en paralelo a la de Caja Madrid; porque ambas eran las instituciones de referencia de la región, las más valoradas; porque eran las de mayor peso económico –mayor número de trabajadores y más recursos financieros-; y ahora porque han terminado de la misma manera.

En el año 2010, Ignacio González, siendo vicepresidente de la Comunidad de Madrid, solicita presidir la Caja. Pero el PP opta por Rodrigo Rato y nombra a González Presidente del Canal como compensación. 

Quería un banco y hace del Canal su banco particular en el que todos los meses entra una cantidad de dinero estable. A partir de ese momento comienza su proceso de privatización mediante la generación de múltiples empresas dentro y de la compra de muchas más en Latinoamérica. 

 Privatizar fue la forma de saltar los controles públicos. El resultado es un entramado de intereses, compras, ventas y recompras de empresas por valor de quinientos millones de euros en Brasil, Colombia, Ecuador o Haití de las que no se sabe qué valen o para qué sirven. Un sistema de “matrioskas” empresariales que hacen muy difícil su seguimiento. (...)

Desde hace unos meses, el juez investiga este sistema de compras de las que la adquisición de EMISSAO en Brasil es el ejemplo más claro. En 2001 el Canal crea una empresa que se llama Canal Extensia, que compra la mayoría de acciones de otra que se llama INASSA, que compra otra que se llama Soluciones Andinas de Agua de Uruguay, que compra otra que se llama EMISSAO. 

Es decir, el Canal compra EMISSAO a través de una cadena de compras en las que se va quedando dinero. La compra de EMISSAO se hace en noviembre de 2013, y por un valor de  21,5 millones de euros. Un mes después, cuando se pone en el balance del Canal, sólo vale 10.

 Y en el balance del año siguiente (2014) sólo 5 y en el del 2015 aparece con valor negativo de 2 millones ¿Qué se compra por más de veintiún millones de euros que dos años después no vale nada? Es una de las cuestiones que investiga el juez Eloy Velasco. Sólo en esta operación se han perdido 23 millones de euros ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué se han gastado?

El Consejo de Administración del Canal pidió un informe a la auditora KMPG sobre la compra de EMISSAO y ésta dijo que no valía lo que se iba a pagar por ella. A pesar de este informe negativo, el Consejo de Administración decidió comprar. En este Consejo estaba Cristina Cifuentes.
Las detenciones que se han hecho tienen su origen en una investigación de la fiscalía anticorrupción abierta en 2015. 

En 2016, la fiscalía judicializó sus diligencias de investigación.  En todo este proceso ha tenido peso la puesta en marcha en la Asamblea de Madrid de la Comisión de Estudio del Endeudamiento por iniciativa de Podemos, con el apoyo de la oposición y la negativa frontal del Partido Popular. 

 En los últimos meses se ha llamado a comparecer a distintos altos cargos del Canal de Isabel II para que explicasen algunas operaciones comerciales y datos presupuestarios que no cuadraban. Entre esta Comisión y la prensa se marcan las reacciones del Gobierno de Cifuentes ante los escándalo: se abre el tema de EMISSAO y, dos semanas después, el Gobierno lo lleva a la fiscalía; se señala a los responsables y, también dos semanas después, son sustituidos la Directora Financiera y el Director General -premiados con sueldos vitalicios del 80% de las retribuciones de los cargos de los son cesados-. 

Los resultados de la investigación sobre el Canal fueron llevados por la Comisión de Estudio del Endeudamiento  de la Asamblea a la fiscalía, apenas hace un mes. Es tan obvio el  atraco al Canal que desde la Fiscalía y la Asamblea se ha llegado al mismo sitio.
En torno al Canal hay abiertas investigaciones referentes a posible financiación irregular de algunas campañas electorales del PP, apropiación indebida y ahora ésta. 

Con la detención de Ignacio González, todos los secretarios generales del PP de la Comunidad de Madrid de los últimos veintidós años están imputados, detenidos, condenados o encarcelados. Excepción hecha de Ángel Garrido, elegido en el último Congreso del Partido Popular y que, precisamente, es el Presidente del Canal desde hace casi dos años.

El PP de Cifuentes reacciona como el PP de Aguirre. Si ésta última “destapó” la Gürtel, la primera “destapa” ahora el caso del Canal. Cristina Cifuentes lleva 26 años como cargo institucional y orgánico de su partido; se ha  paseado por todas las plantas de Génova arregladas con dinero negro por las que ahora se pasea la guardia civil, se ha subido en las campañas electorales a los escenarios pagados por la Púnica y la Gürtel y mantiene el mismo equipo de los últimos años. 

Sirva como ejemplo Carlos Izquierdo, que es Consejero de Políticas sociales, miembro de la nueva Ejecutiva y que ha sido el Tesorero de su partido los ocho años que la Audiencia Nacional está investigando. Era el tesorero regional mientras Bárcenas lo era nacional. No hay nuevo o viejo. El PP reacciona como el PP.

Han hecho con el Canal lo mismo que con el país: derrochar el dinero,  inundarlo de corrupción y endeudarlo. Incluso como ha reconocido la Cámara de Cuentas, este modelo “puede afectar negativamente al objetivo inicial y único de su creación: garantizar un servicio público de agua a los madrileños”.

Han hecho con el Canal lo mismo que con la macro obra de la Ciudad de la Justicia -125 millones que nadie sabe dónde han ido a parar- que fue la anterior parada de la Comisión de Endeudamiento.
Han hecho con el Canal  lo mismo que con la construcción de los seis hospitales de Aguirre que van a costar 3.000 millones de euros aunque el precio real de su construcción fue de 640. Esta es la siguiente parada. Allí nos volveremos a ver."               (Eduardo Gutiérrez y José Manuel López, Público, 19/04/17)

21.4.17

Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití


"La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si Ignacio González, su familia más cercana (su mujer Lourdes Cavero, su hermano Pablo González y su cuñado José Juan Caballero) y sus colaboradores más estrechos en el Canal de Isabel II (Edmundo Rodríguez, Diego García, María Fernanda Richmond, Ildefonso de Miguel y Adrián Martín López de las Huertas) consiguieron amasar en los últimos años una fortuna de millones de euros gracias al cobro de comisiones a través de dos vías.

 La primera, el desvío de dinero a los bolsillos de los implicados después de que el Canal comprara en Sudamérica varias empresas a precios bastante inflados; y la segunda, el cobro también de mordidas tras adjudicar importantes contratos públicos en la Comunidad de Madrid.

 Es uno de los ejes de la operación Lezo, donde según ha podido saber El Confidencial se investigan operaciones del Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití, en este último país en los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que sufrió ese país en el año 2010.

 La operación, centralizada por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, es compleja, ya que se conecta con otra operación distinta del juzgado de instrucción número 5, que investiga a su vez el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública Mercasa, donde el hermano de González, Pablo González, es director de Operaciones y Estrategia. 

Otro de los ejes de la operación Lezo enlazaría además con el caso Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Tanto Lezo como Púnica están siendo instruidas por el mismo juez, Eloy Velasco. En Lezo, también se sospecha que parte de las comisiones que pagaban los empresarios por llevarse obras públicas en la Comunidad de Madrid acababan en una caja opaca del partido madrileño, paralela a la que tenía Francisco Granados en Púnica.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando el patrimonio personal de los principales investigados. Junto a Ignacio González (que fue presidente del Canal entre 2003 y 2012), fue detenido este miércoles Edmundo Rodríguez Sobrino, que ocupó la presidencia de Inassa (la filial del Canal en Sudamérica) hasta que Cristina Cifuentes le destituyó después de que El Confidencial revelara que su nombre aparecía en los papeles de Panamá. 

Una de las operaciones investigadas por la Audiencia Nacional es la compra que Inassa hizo en Brasil, una transacción adelantada en exclusiva por este diario. Inassa pagó 21,4 millones de euros por la firma brasileña Emissao a finales de 2013. Un año después, su valor contable era solo de cinco millones. Inassa hizo la compra transfiriendo gran parte del dinero a una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank of Canada y usando una firma instrumental uruguaya para canalizar la operación.

La UCO y la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado y que se pudo desviar parte del dinero al patrimonio personal de los principales investigados. La Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades brasileñas la orden de detención de Sebastiao Cristovam, el empresario brasileño que vendió el 75% de Emissao. 

Otro de los detenidos en la operación es María Fernanda Richmond, la directora financiera del Canal que autorizó el pufo brasileño. Cristina Cifuentes también destituyó a Richmond tras esta sospechosa adquisición.

 Pero Emissao puede ser solo la punta del iceberg. Fue la última de las grandes operaciones del Canal al otro lado del Atlántico. Durante la década anterior, el Canal, a través de Inassa, compró su participación en muchas empresas en varios países latinoamericanos. También se investigan algunas de las operaciones de la Triple A de Barranquilla (Colombia), la joya de la corona de Inassa. 

Otro de los detenidos es Adrián Martín López de las Huertas, ex director general del Canal entre 2009 y mayo de 2016. Como investigado no detenido, figura su predecesor, Ildefonso de Miguel, gerente del Canal entre 2004 y 2009 y uno de los hombres de confianza de Ignacio González. Y el juez ha pedido el arresto en Colombia de Diego García Arias, actual gerente de gestión corporativa de Inassa. Todos han participado en las operaciones investigadas.

Los investigadores también han puesto sus ojos en varios contratos que el Canal se llevó en República Dominicana, Panamá y Haití. En este último país caribeño, Inassa, a través de otra firma participada, Metroagua, obtuvo dos contratos de 21 millones para realizar obras de infraestructuras del agua tras el terremoto que sacudió ese país en 2010.

 Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Se sospecha que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.

Según fuentes cercanas al caso, los investigadores habrían conseguido acreditar que la trama que presuntamente lideraba González habría aplicado ese mecanismo de forma sistemática para desviar fondos públicos del Canal de Isabel II: adquirir sociedades en Sudamérica pagando cantidades muy superiores a los precios reales y desviar luego la diferencia a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. Para asegurarse el éxito del pelotazo, la red pagaba comisiones millonarias a los gestores locales que accedían a vender empresas al Canal por importes inflados.

Las mismas fuentes aseguran que la trama se habría aprovechado de que las filiales del Canal en Sudamérica no estaban sometidas a los controles del consejo de administración del ente público. Las compras y ventas de mercantiles se realizaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría. Aunque aún es pronto para dar cifras concretas, en la Audiencia cifran en 60 millones el desfalco de dinero público que habrían ocasionado estas operaciones. 

La UCO está analizando decenas de mercantiles supuestamente controladas por testaferros que habrían permitido a los cabecillas de la trama ocultar el dinero del saqueo. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado confían en que los documentos intervenidos en los registros de este miércoles permitan averiguar quiénes son los titulares reales de las mercantiles que han ido apareciendo durante los 10 meses de investigación.

El socio de Inassa en Metroagua es William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano investigado actualmente por la Fiscalía general de Colombia por vínculos con grupos paramilitares. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que durante las pesquisas ha salido una empresa panameña, Lauryn Group INC, sin sede física pero con una dirección postal en la ciudad de Panamá, que se cree que pudo ser utilizada hace años por algunos dirigentes del Canal, incluido González, para canalizar los fondos procedentes de sus actividades ilícitas. 

Esta empresa fue creada por el bufete de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán (IGRA), una firma que ya apareció en las grabaciones de los detectives que siguieron a González en 2008 en su viaje a Colombia, grabaciones adelantadas por la Cadena SER.

 En la operación que coordina el juez Velasco participan los fiscales Anticorrupción Carmen García y Carlos Yáñez. A los detenidos se les imputa una larga lista de delitos muy graves: prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. 

González es el epicentro de la trama, en la que además de sus colaboradores en el Canal también están implicados miembros de su familia. También han sido detenidos su hermano Pablo González González, directivo de la empresa pública Mercasa, y su cuñado José Juan Caballero Escudier. Ambos eran socios de la empresa Tecnoconcret, una de las tres firmas del consorcio que se llevó la explotación del campo de golf en las instalaciones que el Canal tiene en el distrito madrileño de Chamberí. 

 Los investigadores están analizando esta adjudicación. Además, la UCO también ha registrado Subastas Segre, que pertenece a la mujer de González, Lourdes Cavero, una empresa que se pudo utilizar para blanquear parte de los fondos obtenidos ilícitamente.

 Por último, el juez Velasco también investiga si González, desde su puesto de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y auténtico 'presidente' en la sombra (llevaba la maquinaria diaria del Gobierno regional), pudo amañar algunas obras licitadas por el Ejecutivo no solo para cobrar comisiones sino para financiar irregularmente al PP madrileño. González fue secretario general de la formación y responsable del comité de campaña."                (El confidencial, 20/04/17)