"Ante el poder creciente de las instituciones de la
Unión Europea se ha producido una actividad desenfrenada y proactiva de
los grupos de presión que tienen en Bruselas su centro de operaciones.
En su informe de 2015 acerca de las actividades de los “lobbies” en el
conjunto de la Unión, Transparencia Internacional destacaba que “de 19
países europeos evaluados, apenas 7 tienen algún tipo de ley o
regulación específica sobre el lobby, con lo que se produce una
influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales
en la vida cotidiana de los europeos”.
Se estima que hay entre 20.000 y
30.000 lobistas trabajando en Bruselas a favor de las grandes
corporaciones europeas, aunque Estados Unidos cuenta con 379 empresas
inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. En este
registro también hay empresas canadienses (24), turcas (24), japonesas
(21), rusas (14) y brasileñas (10). China, Australia e Israel son los
países no europeos que menos empresas tienen en el registro, y su número
asciende a nueve. En esta institución hay inscritas 11.327
organizaciones, la mayor parte con sede en Bélgica (2.187), Alemania
(1.503), Reino Unido (1.156), Francia (1.121) e Italia (841).
Inmediatamente después se sitúa España, con 725 corporaciones
registradas. El objetivo del Registro de Transparencia es garantizar que
las empresas que desean influir en las instituciones de la Unión
declaren públicamente sus intereses y proporcionen información sobre sí
mismas, una aspiración demasiado ingenua como para ser tomada en serio.
Fuera de estas consideraciones, cabría preguntarse por el conflicto
ético que supone que organizaciones dirigidas por personas no elegidas
de forma democrática dispongan de la posibilidad legal de influir en la
toma de decisiones dentro de las instituciones europeas, lo que ha
terminado por ser una forma de legalizar prácticas de presión y de
corrupción difícilmente presentables ante la opinión pública.
Incluso las más importantes organizaciones dedicadas a
luchar contra las diferentes formas de corrupción y a promover la
transparencia tienen dificultades para entender las actividades de
presión de los distintos “lobbies”, protegidos por un entramado legal
extremadamente complejo y opaco. Desde este punto de vista, la creación
del Registro de Transparencia ha supuesto un avance importante, si bien
de alcance limitado porque la inscripción es voluntaria y porque la
información proporcionada por las empresas a menudo es escasa y poco
fiable.
El Registro de Transparencia fue creado en 2011. A finales de
2014, poco después de asumir su cargo como presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker declaró su intención de obligar a las
empresas con actividades de lobby a registrarse, pero durante todo 2015
se dedicó con empeño a suavizar su propia propuesta hasta hacerla
ineficaz y poco creíble, rebajando todos los criterios de exigencia.
Por
poner un ejemplo, si hacemos un rápido recorrido por los datos
facilitados por el registro acerca de las reuniones de los diferentes
grupos de presión con la DG FISMA (Dirección General de Estabilidad
Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales)
en 2015, podemos comprobar que los representantes de las instituciones
europeas se reunieron en el transcurso de ese año en más de 400
ocasiones con lobistas de toda clase.
El 91% de esos encuentros tuvieron
lugar con representantes de bancos y de entidades financieras que, como
todos sabemos, son instituciones que buscan el bien común y no la
protección de sus intereses, mientras que un exiguo 4% de las reuniones
se produjeron con organizaciones no gubernamentales u otros grupos de la
sociedad civil.
Examinar las actividades de los grupos de presión más
transversales y poderosos de entre todos los que operan dentro de la
Unión Europea revela la transferencia de dinero público a la empresa
privada en una estructura gigantesca y compleja. Los diferentes fondos
europeos otorgan una pátina de solidaridad a los países de la Unión
denominados como contribuyentes netos y han supuesto una auténtica
transformación para los países receptores, pero muchas de estas
inversiones se han dedicado, principalmente, a favorecer la construcción
de redes de transporte, un proyecto que coincide de forma inquietante
con los planes de la ERT (Mesa Redonda de Industriales).
La ERT es junto
a BUSINESSEUROPE (la Confederación de Empresas Europeas, que a su vez
procede de la antigua UNICE) uno de los dos “lobbies” más fuertes de la
Unión Europea y la representación del núcleo duro del poder neoliberal
en el continente. Este grupo se funda en 1983 con el fin de influir en
políticas que beneficien cada vez más a las grandes multinacionales.
La
ERT reúne a los líderes de las 47 empresas europeas más poderosas de
Europa, entre las cuales hay cuatro españoles: José María
Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex), Antonio Brufau
(Repsol) y José Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola). Si examinamos el
contexto histórico inmediatamente anterior a la fundación de la ERT
seremos conscientes del ambiente convulso de la Europa de aquel tiempo: a
comienzos de los años ochenta del siglo XX, algunos países europeos
como Reino Unido o España atravesaban por durísimos procesos de
destrucción de empleo en la industria, lo que se dio en llamar
“reconversiones industriales”, un eufemismo destinado a enmascarar un
desastre planificado que los políticos no querían explicar a los
ciudadanos.
La Comisión, presidida entonces por el francés Jacques
Delors, percibió claramente que Europa carecía de pujanza ante las
principales potencias económicas de entonces (EE.UU. y Japón) y decide
crear el Mercado Único para dotar a Europa de una mayor competitividad.
Esto chocaba con los intereses de Francia, la República Federal de
Alemania anterior a la reunificación y una España que negociaba su
adhesión a la Comunidad Económica Europea, de la cual formaría parte a
partir del 1 de enero de 1986.
El Comisario de Industria entre 1977 y 1985, el belga
Vicomte Étienne Davignon declaró años después: “No había los
suficientes contactos entre la Comisión y los actores económicos y
decidimos crear un grupo de industriales, que terminaría llamándose el
ERT, con la capacidad de escuchar a los consejeros delegados”.
En el
naciente grupo estaban representantes de Fiat, Phillips, Volvo y las
grandes empresas químicas de Francia, a este lobby se sumarían después
algunos gigantes españoles, alemanes y británicos. En sus reuniones con
Delors, quedó claro que todos defendían los mismos puntos de vista, que
en esencia consistían en disminuir el control hacia las grandes
multinacionales en Europa.
El poder de la ERT se mantiene desde entonces
y es tal que tienen libre acceso a comisarios y a parlamentarios
europeos, y su influencia radica en que sus propuestas casi siempre son
escuchadas por la Comisión, que en muchos casos elabora leyes y
directivas a su medida. En la ERT se encuentran empresas que también
forman parte de otros “lobbies” como Bayer, British Petroleum, Ericsson,
Fiat, Iberdrola, Nestlé, Repsol, Shell y Siemens. La labor de la ERT se
desenvuelve en la sombra de manera extraordinariamente eficaz y su
influencia en la política europea ha sido decisiva.
La ERT jugó un papel
fundamental en la fundación del Mercado Interior Europeo en 1993, en la
gran expansión de las infraestructuras de transporte o en la creación
de la Unión Económica y Monetaria. Otro ejemplo del alcance del poder de
la ERT es el que aconteció el 3 de diciembre de 2015, cuando se produjo
una reunión de más de 7 horas entre 69 líderes de diferentes empresas
agrupadas en la ERT y varios miembros de la Comisión Europea entre los
que se encontraba el presidente Juncker.
El encuentro tuvo lugar en la
propia sede de la Comisión, en el edificio Berlaymont, en Bruselas.
Olivier Hoedeman, miembro del Observatorio
Corporativo de Europa (CEO), una ONG que promueve la transparencia y que
investiga y cuestiona el poder de los grupos de presión, resaltaba en
2016 las sorprendentes similitudes entre la Red Transeuropea de
Transportes, el proyecto de infraestructuras más importante y caro de la
historia, que fue establecido en 1990 y cuyo presupuesto era de 400.000
millones de euros, y un informe de la ERT, cuya propuesta fue copiada
casi punto por punto por la Comisión Europea. Este caso fue descubierto a
raíz de una denuncia que CEO recibió en 1993 por parte de una
asociación de defensa medioambiental del sur de Francia.
En la denuncia,
la organización describía su lucha porque no se construyera una
autopista en la zona del Valle de Aspe, cerca de la frontera con España.
En el informe “Remodelando Europa”, financiado por la ERT y redactado
por tres empresarios: Wisse Dekker (presidente de la ERT desde 1988
hasta 1992), Pehr Gyllenhammar y Jérôme Monod se dictan las líneas
maestras que van a transformar el continente. Dekker fue director
ejecutivo de Phillips, el gigante holandés de la electrónica, entre 1982
y 1986; Gyllenhammar fue director ejecutivo de Volvo, el fabricante de
automóviles sueco, entre 1970 y 1994; y Monod dirigió Lyonnaise des
Eaux, una empresa de aguas de Francia entre 1980 y 1997. Olivier
Hoedeman describió el informe como un “Manifiesto político escrito por
líderes industriales”. Para Hoedeman, era sorprendente que tres
ejecutivos de alto rango (tres personas no elegidas democráticamente y
no sometidas al control de un parlamento) hubieran escrito un texto que
sirvió para cambiar por entero el aspecto de Europa.
En diciembre de 1993, la red de organizaciones no
gubernamentales que promueven la transparencia para las cuales trabajaba
Hoedeman se reunió en Bruselas como solían hacer cada año. En la
reunión, los miembros de las diferentes organizaciones mostraron su
sorpresa sobre la creciente influencia de la ERT en las decisiones de la
Comisión Europea y decidieron que era el momento adecuado para hacer
algo impactante con el fin de dar a conocer al gran público las
actividades de la ERT.
Hoedeman y otros activistas asaltaron la sede de
la ERT de forma pacífica y tuvieron acceso a una ingente cantidad de
información. Keith Richardson, secretario general de la ERT entre 1988 y
1998, describe a la organización como un reducido y selecto grupo de
personas que dirigen las multinacionales británicas, españolas,
francesas, alemanas e italianas de mayor tamaño, así como algunas de las
mayores corporaciones de Holanda y de Suecia.
Estas personas, según
Richardson, estaban dispuestas a hablar de política con los dirigentes
de la entonces Comunidad Económica Europea. Lo que Richardson define
como “hablar” era, en realidad, influir y presionar, y a eso se dedicó
el grupo de forma agresiva y persistente.
En 2016, Hoedeman declaraba: “La Unión Europea había
nacido como tal en 1993, nos la habían vendido como un proyecto
político, pero la documentación a la que tuvimos acceso en diciembre de
1993 señalaba una dirección totalmente distinta. Los archivos decían que
la ERT y la Comisión se reunían de forma habitual. El tono de las
reuniones era increíblemente jovial e informal, pero el contenido de las
mismas se mantenía en total secreto.
La Comisión y la ERT trabajaban
codo con codo. En 1984, sale a la luz “Eslabones perdidos”, un informe
de la ERT en el que se criticaba la red de infraestructuras de Europa al
considerarla una barrera para el progreso, e inmediatamente después la
Comisión Europea establece un grupo de trabajo con la ERT exactamente
sobre esa cuestión. En enero de 1985-prosigue Hoedeman-, Wisse Dekker,
director de Philips, presenta el informe “Europa 1990” y su plan de
acción para el Mercado Único.
Diez días más tarde, Jacques Delors, el
nuevo presidente de la Comisión da un discurso sobre el Mercado Único en
el Parlamento Europeo que parece un calco del discurso de Dekker. En
junio de 1985, la Comisión publica el libro blanco del Mercado Único,
una copia casi literal del plan de Dekker. Cada seis meses se celebraba
una cumbre europea y unos días antes se reunía la ERT.
El lugar y la
fecha de celebración eran mantenidos en secreto y la convocatoria se
realizaba con dos años de antelación. Se dejaba así un mensaje claro
para la siguiente cumbre europea de jefes de Estado como adoptar el
Mercado Único, la Unión Monetaria, proyectos de infraestructura, un
mercado laboral flexible, desregulación de los sectores públicos y de
todos los ámbitos económicos posibles, medidas de austeridad y otros
proyectos. Su programa neoliberal al completo”.
A finales de 1985, poco
antes de la firma del Acta Única Europea, Wisse Dekker envió un télex
dirigido a los jefes de Estado de la Comunidad Económica Europea, la
parte más explícita del mismo decía: “Desconocemos qué van a hacer, pero
queremos que tomen medidas en una o en otra dirección. Si eligen
descartar un programa de mercado único, quizá la única opción que nos
quedará será la de llevarnos el negocio a otro lado”.
Con semejantes actores en escena y con tanto poder,
es difícil pensar en una Europa social en la cual prevalezcan los
intereses de los ciudadanos y no los de las grandes empresas. Europa ha
sido siempre el gran bastión de los derechos sociales y del Estado del
Bienestar, pero el contrato social comenzó a romperse en los años
noventa del pasado siglo.
La alianza entre medios de comunicación,
multinacionales, bancos y políticos ha resultado ser un pacto imbatible
porque ha sido elaborado por los más fuertes en los términos que ellos
mismos han elegido: el resultado final de este gigantesco despropósito
es que los marcos jurídicos de casi todos los países occidentales están
siendo modificados para favorecer los intereses de las grandes
corporaciones y para legalizar las injusticias.
La retórica de defensa
de los derechos de los ciudadanos por parte de los grandes partidos
entra en contradicción con su forma de proceder tanto en el Parlamento
como en la Comisión Europea. Necesitamos instituciones más transparentes
y servidores públicos con auténtica vocación de servir a los
ciudadanos. " (Eduardo Luis Junquera Cubiles, CTXT, 22/05/19)
