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21.2.24

Denuncian que en los últimos años se ha generalizado la persecución judicial a los periodistas y denunciantes de corrupción que resultan molestos para políticos, bancos y grandes empresas... Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes... Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias... El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción

 "Los últimos acontecimientos sociopolíticos en España han popularizado el término ‘lawfare’, que define una campaña de guerra jurídica mediante la instrumentalización de la justicia con acoso y persecución judicial, con apariencia de legalidad, para tratar de perjudicar y desprestigiar al adversario y con la finalidad coactiva de que desista de alguna actuación molesta.

La proliferación de acciones judiciales formuladas por bancos, grandes empresas y el establishment contra periodistas, abogados, activistas y denunciantes de corrupción por sus críticas públicas y denuncias de actuaciones irregulares se ha generalizado de tal forma que la Unión Europea se ha visto obligada a redactar una propuesta de Directiva contra las Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (DECPP).

El año pasado infinidad de periodistas, abogados y denunciantes de corrupción han denunciado públicamente que han sido presuntamente represaliados, perseguidos judicialmente o coaccionados por denunciar actividades ilícitas de grandes empresas, políticos, jueces o empresarios.

Ejemplo de ello es el abogado y accionista del Banco Santander que ha demandado a dicha entidad y a sus dirigentes, entre ellos a su presidenta Ana Patricia Botín, por presunta manipulación de la junta de accionistas, intervención en la estafa piramidal de Madoff y otras actuaciones presuntamente ilícitas de los directivos del banco cántabro y miembros de la familia Botín que, supuestamente, habrían acarreado perjuicios a la entidad, a sus accionistas y clientes del banco.

El abogado ejerce la defensa de su cliente y de los intereses de los accionistas minoritarios ante los tribunales y en las juntas del Banco Santander, haciendo mención a esas presuntas actuaciones irregulares de la entidad financiera.

Esas intervenciones han generado un malestar en las altas esferas de Banco Santander que, según fuentes consultadas por este medio, han formulado una acusación en los juzgados de instrucción de Madrid en la que se le acusa de calumnias e injurias por haber presentado varios escritos de recusación en los que se aportaba información en la que se expresaba el indicio de la supuesta existencia de cuentas bancarias que presuntamente podrían ser de miembros de la judicatura.

El abogado ha calificado esta acción como represalia, algo que está expresamente prohibido por la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción que ya ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español.  

Según ha podido saber este medio, el letrado habría solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid y a juzgados de lo Mercantil y de Instrucción de Madrid que llevasen a cabo una averiguación de esos presuntos hechos a través de la petición por parte de los magistrados de comisiones rogatorias a las autoridades y bancos extranjeros que permitiesen confirmar o negar la existencia de las cuentas bancarias. Los organismos judiciales se han negado a reclamar esa información.

Según el abogado, ante el presunto intento de represalia mediante ‘lawfare’ desencadenado por Banco Santander contra su propio accionista, éste se ha visto obligado a solicitar al Gobierno que proceda a aprobar una ley orgánica para amnistiar a todos los periodistas, abogados, comunicadores o denunciantes de corrupción que, como él, se ven a diario perseguidos por ejercitar el derecho de información o defensa con libertad de expresión en los medios de comunicación o en los tribunales.

En dicha petición, el abogado hace referencia a las distintas recomendaciones de organizaciones internacionales e iniciativas legislativas de los parlamentos español y europeo para la despenalización de los delitos de difamación y para la protección contra las demandas abusivas que las grandes empresas, poderosos y grupos de presión vienen instrumentalizando en los últimos años para acallar a informadores, alertadores, abogados y activistas denunciantes de corrupción que alzan la voz para denunciar actos irregulares y defender los derechos de los consumidores y los ciudadanos en general.

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado que acusó a un juez de prevaricar dentro de una causa por estafa procesal. La sentencia del Supremo mantiene que el abogado, en el contexto forense y del derecho de defensa de un escrito en un proceso penal que no trascendió fuera del procedimiento, estaba amparado por la libertad de expresión para poder hacer criticas contundentes sobre la labor jurisdiccional del togado. Además, se declara que los jueces, por razón de las responsabilidades de su función pública, están obligados a soportar el escrutinio social y tolerar críticas más duras que los ciudadanos que no ostentan cargos públicos.

Por otro lado, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo pondría de manifiesto la inconsistencia de la acusación del Santander contra el abogado y de otras muchas que se producen a diario en los juzgados españoles de distinta instancia y la pertinencia de que el juzgado ordenase su sobreseimiento al ser un ejemplo más del ‘lawfare’ contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Se espera que esta iniciativa tenga eco entre los grupos parlamentarios y se proceda a proteger a los que se atreven a criticar de forma pública las actuaciones irregulares de aquellos que se creen impunes ante la Justicia por la protección que se les facilita, en ocasiones, mediante ‘lawfare’."                (J. A. Gómez, Diario16, 08/02/24)

2.11.23

La SER desvela la declaración íntegra de Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en la que detalló la "persecución" que sufrió del entorno del PP para que descarrilara el caso Gürtel... Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño

 "La Cadena SER ha tenido acceso a la declaración íntegra de Javier Gómez de Liaño en la Audiencia Nacional en una pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga cómo se trató de chantajear a este abogado para que silenciara las filtraciones de Luis Bárcenas o, de lo contrario, saldrían a la luz sus supuestos cobros por servicios profesionales en Suiza que han resultado falsos. 

 En esa operación se investiga el papel de tres intermediarios y el del excomisario José Manuel Villarejo. Gómez de Liaño aseguró que sufrió una "persecución" desde que su despacho asumió la defensa del matrimonio de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias y apuntó a Dolores de Cospedal.

Vías indirectas que procedían del "lobby judicial" de Génova que dirigía un abogado del Estado muy cercano a la exsecretaria general del PP y ministra del gobierno de Mariano Rajoy.

En su declaración como perjudicado, Gómez de Liaño detalla lo que denomina "persecución": moteros con cascos a la puerta de su despacho controlando entradas y salidas, fake news en diarios de tirada nacional sobre un presunto delito de blanqueo, impulsar una petición de entrada y registro en su despacho profesional o, incluso, agentes del CNI abordando a una de sus secretarias.

Fueron años de mensajes por vías indirectas que, concluye el abogado, siempre iban en la misma dirección.

La Fiscalía apunta a un dirigente del lobby judicial

Las presiones de un 'lobby judicial' dirigido por un Abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño. Este asunto estuvo también presente en el interrogatorio como testigo en este misma causa al abogado Javier Iglesias. El fiscal le preguntó si conocía a Alejandro Lorenzo Auset Domper, abogado del Estado en excedencia.

 El juez Manuel García Castellón asumió esta causa en julio de 2022 procedente de un juzgado de Marbella, pero en noviembre de ese año decidió archivarla. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo en un escrito muy duro con el proceder del juez en el que se preguntaba qué había cambiado desde que en julio aceptó la causa hasta noviembre que la archivó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación."                   (Pedro Jiménez, SER, 02/11/23)

31.5.22

La Policía política presionó al abogado de Bárcenas para que no destapara la caja 'b' del PP

 "La Policía política que organizó el espionaje a Luis Bárcenas presionó al abogado que defendió en 2013 y 2014 al extesorero del PP, Javier Gómez de Liaño, para que su cliente no destapara la Caja B de la formación política entonces presidida por Mariano Rajoy. Así consta en los diarios del comisario jubilado José Manuel Villarejo que fueron interceptados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, y ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras reclamar información a varias de las personas conocedoras de los hechos.

Estos hechos, a juicio de las fuentes consultadas, podrían completar las pesquisas conocidas hasta el momento sobre la denominada Operación Kitchen. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que decir en las próximas semanas si se sigue investigando el espionaje a Bárcenas, como pide la fiscalía anticorrupción, o se manda a juicio sin procesar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, como ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Sin embargo, estas nuevas pruebas muestran que los integrantes de la Policía política, entre los que se encontraba el comisario José Manuel Villarejo, hurgaron en las cuentas privadas de Gómez de Liaño con la intención de encontrar dinero negro que le comprometiera. Para ello se pusieron en contacto con uno de los antiguos clientes del exmagistrado, que había sido condenado en 2010 a siete años de cárcel por su pertenencia al crimen organizado ruso. En las agendas del comisario constan numerosas anotaciones en las que se muestra cómo la trama Kitchen investigó, sin orden ni mandato judicial, el supuesto cobro en 'b' por parte de Gómez de Liaño de hasta 5,5 millones de euros que habrían sido abonados por Zakhar Kalashov, un criminal de origen ruso.

Este mafioso había sido detenido en el marco de la Operación Avispa, que había investigado el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Sin embargo, Kalashov logró escapar de España, aunque fue arrestado poco después en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), país que le entregó de nuevo a las autoridades españolas.

Al contactar con este mafioso ruso, que estaba interno en la prisión madrileña de Estremera, los integrantes del Ministerio del Interior que organizaron la operación Kitchen pretendían presionar, siempre según las pruebas y los testimonios de las fuentes consultadas, al abogado de Bárcenas, partidario de aportar al juez Pablo Ruz, el encargado de la investigación sobre la caja B del PP, todas las pruebas sobre la caja B del PP. 

En las agendas aparecen numerosas anotaciones en las Villarejo sostiene que el abogado Óscar Jiménez Rubia, integrante entonces del despacho del letrado Javier Iglesias, acudió a la prisión de Estremera (Madrid) para entrevistarse con Zakhar Kalashov. Años después este condenado, que había sido reclamado por la República de Georgia, fue extraditado a Rusia. Del contenido de la reunión en la prisión dio cuenta el propio abogado a Villarejo, quien pretendía obtener información comprometida sobre Gómez de Liaño. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha contactado con Jiménez Rubia llamando a uno de los números telefónicos apuntados por el comisario en su agenda. Este letrado ha confirmado que se vio en la cárcel con Kalashov. Sin embargo rechaza que el motivo de la reunión tuviera que ver con Gómez de Liaño.

"Fue una reunión muy breve y vi que estaba muy bien asesorado por sus abogados. Ni se habló ni se trató nada sobre Gómez de Liaño. Era un tema de una extradición que tenía. Me sorprende que Villarejo diga eso, no tengo conocimiento de nada de eso", ha respondido a las preguntas de este diario.

Fuentes conocedoras de la actuación del ex secretario de Estado Francisco Martínez confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Villarejo trató de entrevistarse en numerosas ocasiones con Kalashov, una intención que habría prohibido el Ministerio del Interior en varias ocasiones. Las mismas fuentes rechazan que desde el Ministerio de Jorge Fernández Díaz se intentara presionar a Gómez de Liaño.

"Dinero en efectivo a Liaño" 

En su búsqueda de los presuntos trapos sucios del abogado de Bárcenas Villarejo contactó con Sahitaj Halit, con quien habría mantenido una conversación el 4 de abril de 2014. Villarejo escribió: "Sujeto interesante. Dice que pagó personalmente mucho dinero en efectivo a Liaño". Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a este diario que Halit había actuado como intermediario de Kalashov. Las notas muestran que el comisario se habría reunido hasta dos veces con él: la primera en un hotel de Zaragoza y la segunda en Madrid. 

Unos días después, el 10 de abril de 2014, Bárcenas, que permanecía en prisión preventiva, debía declarar en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, que esperaba que el extesorero del PP tirara de la manta y destapara la caja B de la formación conservadora, que incluía a Mariano Rajoy como uno de los perceptores del dinero negro procedente de las donaciones de empresarios, muchos de ellos contratistas de los Gobiernos del PP. 

Precisamente, en el sumario de la pieza separada de los papeles de Bárcenas consta un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda que avisaba al juez Pablo Ruz de que una hermana de la mujer de Bárcenas, Arminda Iglesias, había abonado en 2013 una minuta de 65.000 euros a Gómez de Liaño. Según Hacienda, el envío de ese dinero podía tener trascendencia “a efectos de localizar posibles rentas ocultas” del extesorero del PP. Sin embargo, el magistrado no había reclamado ese documento. 

No lo pidió el juez. 

Ya desde octubre y noviembre de 2013 la agenda de Villarejo incluye anotaciones sobre los supuestos pagos que Bárcenas había realizado a Gómez de Liaño. Tampoco el juez Ruz reclamó esta investigación a la Policía Judicial, que dirigía en secreto el inspector Manuel Morocho. Sin embargo, el operativo de la Policía política organizado desde el Ministerio del Interior bautizado por Villarejo como "operación Kitchen" se centró en investigar las cuentas de Gómez de Liaño.

En concreto el comisario escribe, en relación a una información que le había proporcionado el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien había sido captado como confidente a cambio del pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior: "Malas sensaciones contra Liaño. 500 cada visita y 8.000 cada recurso". Después Villarejo puso en conocimiento del secretario de Estado Francisco Martínez, uno de los máximos responsables del espionaje a Bárcenas, el abono de 54.000 euros al exmagistrado de la Audiencia Nacional.

La Policía política también habría contactado con otras personas, quienes se habrían relacionado con Kalashov. El 28 de marzo de 2014 Villarejo apunta, tras conversar con el abogado Javier Iglesias: "José Aliste Martín. Juzgado de Instrucción 20. DP/135/2006. Con abogado José Luis Moreno Cela. Tema Kalashov (que llevó Andreu). Se reparten 4 millones con Liaño. Hay sociedades uruguayas que usaron". Este letrado no ha contestado a las preguntas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

"Colocar un micro a Liaño". 

Ese mismo 28 de marzo de 2014 Villarejo informa al secretario de Estado de Seguridad sobre la posibilidad de colocar "un micro" a Liaño e incluso de la opción "Kalashov". Y unos días después, el 1 de mayo de 2014, Villarejo transcribe en su diario sus impresiones sobre una supuesta conversación que habría mantenido de nuevo con Sahitaj Halit: "Corrupción Cospe. 20 millones por compra del Aeropuerto C. Real, fondo Luxemburgo. Origen mafia rusa [...] Liaño 5,5 millones de euros en condado de Zut (Suiza). También en Uruguay. Pagos por Bélgica (pasa dinero en coche y en Francia, hija de la mujer lo recoge)".

El 30 de junio de 2014 Villarejo escribe que el abogado Jiménez Rubia le había hecho un comentario sobre el intermediario del mafioso ruso: "Dice que dispone de datos sensibles sobre Liaño. Trajo documentos para analizar". Después asegura que Halit le había dicho que Liaño le había llamado enfadado "por la visita del abogado". Un mes después Jiménez Rubia mostraba su preocupación por la posibilidad de que Halit informara a Liaño sobre quien le estaba persiguiendo. 

"Sus relaciones con Liaño" 

Para investigar las actividades de Gómez de Liaño el operativo de Kitchen también habría recurrido al abogado José Aliste, quien defendió a Kalashov. Según el letrado Javier Iglesias, a quien el comisario jubilado consideraba una persona de la máxima confianza del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, este tenía intención de hablar de sus "relaciones con Liaño a cambio de quitar su imputación por delitos fiscales". EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado sin éxito de conocer la versión de este letrado después de llamar a los cuatro números telefónicos que se incluyen en las agendas de Villarejo.

El 20 de agosto de 2014 Jiménez Rubia traslada a Villarejo, según las anotaciones, que Gómez de Liaño estaba en Suiza "recibiendo dinero de Bárcenas". Villarejo también redacta que el presunto intermediario del mafioso ruso, Sahitaj Halit, le reclamó un favor a cambio de dar datos sobre el abogado del extesorero del PP: "Informó de que tenía un problema de "busca-captura con Georgia".

En el espionaje al abogado de Bárcenas también habría participado el exchófer del extesorero del PP. De hecho Sergio Ríos informa a Villarejo el 11 de abril de 2014 que Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, había entregado información a Gómez de Liaño: "Hoy entregó maletín y bolsa cerrada con bastante documentación". Unos meses después, el 4 de septiembre de 2014, Villarejo comunica a Francisco Martínez que el confidente Sergio Ríos Esgueva le había asegurado que Liaño "recibía dinero en Suiza".

Javier Gómez de Liaño se hizo cargo de la defensa de Bárcenas el 11 de julio de 2013, cuando el extesorero del PP llevaba ya dos semanas en la cárcel y se sentía traicionado por el PP. Y ese mismo 11 de julio Villarejo anotó en su agenda las supuestas instrucciones que le había dado el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez: "Plan contra LB [Luis Bárcenas]. Interv. comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". El 15 de julio también Martínez también reclama "un plan estratégico para salir del caso LB [Luis Bárcenas]. 

El despacho de Liaño 

El 23 de julio de 2013 el comisario plasma de nuevo en su diario que la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, había acudido "al despacho de G. Liaño", y que este letrado era quien suministraba información a la prensa.

Fuentes cercanas al exmagistrado confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Gómez de Liaño, desde que se hizo cargo de la defensa de Bárcenas, detectó movimientos sospechosos de varias personas que hicieron que su trabajo fuera muy "incómodo". En este sentido, durante el registro realizado el 6 de octubre de 2020 a la vivienda del exchófer del extesorero los agentes de Asuntos Internos descubrieron un ‘pendrive’ con imágenes sobre seguimientos realizados al bufete profesional de Gómez de Liaño. 

Viaje a Uruguay 

El 22 de octubre de 2013 Villarejo escribe que el número dos del Ministerio del Interior le "propone hacer gestiones para ver si Liaño viajó a Uruguay estos días". Y el 25 de octubre redacta el contenido de la conversación que habría mantenido ese mismo día tras hablar con el letrado Javier Iglesias: "Viaje reciente de Liaño a Uruguay vía Londres. Se hospedó junto a Rodríguez Ponga en el Hotel La Marina de Montevideo. En estos días se han movido 23 millones de euros. [...] Apuntan a que hay más, hasta 100 millones".

En enero de 2015, tras dos años de investigaciones sin respaldo judicial y seguimientos presuntamente ilegales, Gómez de Liaño abandonó la defensa de Bárcenas, que cambió su estrategia. Pasó de culpar al PP y reconocer la existencia de una caja B a negar de nuevo su existencia. El 22 de enero de 2015, al salir de la cárcel tras abonar una fianza de 200.000 euros, el exsenador dijo, de forma literal: "El PP no tiene nada que temer de mí, pero yo he asumido mi cuota alícuota de responsabilidad, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos”.

Con el paso de los años y las sucesivas condenas Luis Bárcenas ha recrudecido su discurso contra el PP, ya que pasó de retirar su denuncia contra el partido por el borrado y destrucción de los discos duros de sus ordenadores a culpar de forma directa a Mariano Rajoy de la caja B, cuya existencia ha confirmado el Tribunal Supremo."                  (Tono Calleja, epe.es, 27/02/22)

29.6.18

La historia oculta de los papeles de Bárcenas. La denuncia hundió la carrera de Trías, hasta entonces un exitoso abogado catalán con despacho en Madrid desde 1981. El PP le declaró la guerra y nadie quería ya contratarlo... Trías narra con detalle lo que Rajoy siempre negó, esto es que el presidente estaba al tanto de todo lo que sucedía en el caso Gürtel

"Hace nueve años, en pleno huracán del caso Gürtel, Mariano Rajoy recibía a Jorge Trías Sagnier, un exdiputado del PP que quería llevarle un mensaje del juez del caso, Antonio Pedreira, fallecido en 2015. 

El líder del PP estaba convencido de que el escándalo jamás acabaría con su carrera: "Mira, Jorge, tal como yo lo veo, un político tiene que ser como un junco. Cuando sopla el tifón te inclinas y dejas que pase; se lo lleva todo por delante, pero tú sobrevives.

Ahora está soplando, pero a quienes se llevará por delante es a los del PSOE, y a alguno de por aquí, quizá. Pero a mí, no”, le espetó Rajoy, según el relato que Trías recoge en el libro que publica ahora, El baile de la corrupción (Ediciones B), y que adelanta EL PAÍS.



Trias fue un protagonista clave del caso Gürtel. En el libro explica como guardó unas fotocopias de los papeles de Bárcenas, que le había entregado el extesorero, amigo suyo, y decidió en 2013 entregárselas al abogado de EL PAÍS, Gerardo Viada. 

Esa decisión, que tomó al saber que Bárcenas tenía 50 millones de euros ocultos en Suiza, hundió la carrera de Trías, hasta entonces un exitoso abogado catalán con despacho en Madrid desde 1981. El PP le declaró la guerra y nadie quería ya contratarlo. 

"Los clientes me fueron quitando los asuntos hasta que tuve que cerrar el despacho después de 31 años. Esta decisión de desvelar los papeles solo me trajo perjuicios. Afortunadamente, tenía ahorros y he podido mantenerme", recuerda.

Trías narra con detalle lo que Rajoy siempre negó, esto es que el presidente estaba al tanto de todo lo que sucedía en el caso Gürtel y conocía las maniobras de su entorno, en especial Federico Trillo, para intentar entorpecer la labor del juez, los fiscales y la policía. 

El exdiputado catalán, que fue fichado por Aznar en 1996 y presidió durante una legislatura la Comisión Constitucional, cuenta en el libro las cuatro reuniones que tuvo con Rajoy para hablar del caso Gürtel. El presidente parecía al tanto de todo.

 La narración de la primera cita, el 15 de octubre de 2009, define a la perfección a Rajoy y su actitud con el escándalo:
—¡La que te está cayendo, Mariano!

—¡Bah! —Y, volviéndose hacia su izquierda, me señaló el montón de diarios apilados—. Si yo hiciese caso de lo que dicen todos estos —y estos éramos nosotros, los que escribíamos en los periódicos—, no estaría aquí sentado.

—Le pedí a tu secretaria que quería verte porque estuve con el juez, tu pariente...

—Ja, ja, ja. Sí, me lo ha dicho.

—Pues el juez me ha pedido que te transmita que él no tiene animadversión alguna al PP, como se dice por aquí, y que va a intentar llevar la instrucción de forma rápida y, por supuesto, con independencia de criterio, digan lo que digan las fiscales. Y, por favor, que no enreden los que tú ya sabes, Mariano, y tampoco desde la Comunidad. A Pedreira le llegan recados todos los días...

Rajoy me observaba atentamente, alternándome con el puro, al que miraba con arrobo y con mucho más interés que a mí. Hizo un comentario sobre los personajes que rodeaban a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid:

—¿Cómo quieres que responda por ellos si no puedo responder por los que tengo aquí?— Y luego añadió: Pero, ¿qué quiere este hombre? —Se refería al juez Pedreira—. ¿Qué hay dentro de esas cajas que tiene la policía?

Yo solo sabía que la mayor parte de la documentación no había sido analizada todavía. Rajoy quería una respuesta que ni yo ni nadie podía darle. Bueno, la respuesta se la podía dar la policía, las fiscales que impulsaban el caso o el juez. 
Pero ninguno de ellos iba a hacerlo. Así que yo continuaba repitiéndole la cantinela para la que había sido enviado.

—Mira, presidente, creo que lo mejor es no interferir en la instrucción. No enredar el caso con Manos Limpias o gente así, que se dice que están impulsados por gente de aquí, y dejar que todo siga su curso y que quien tenga que caer caiga. Pedreira, tu paisano, se ha propuesto esclarecer la verdad y todavía hay una enorme cantidad de documentos que ni siquiera han sido analizados.

—¡Ja, la verdad! ¿Y quién sabe dónde está la verdad? ¿Y esto cuánto puede durar?

—Con un poco de suerte, hasta antes de las elecciones generales, le dije.

—¡Pues sí que estamos apañados! Bueno, tú sigue el caso y yo ya pediré por aquí que no enreden demasiado. Aunque ya sabes cómo es esto... Basta que diga una cosa para que se haga la contraria.

Trías cuenta en el libro las cuatro reuniones. Una de ellas, en la que además de Rajoy estaban Bárcenas, Javier Arenas y Federico Trillo, fue la más tensa porque Trías criticó con dureza el intento de Trillo de ahogar el caso con trucos procesales como lo había conseguido con el caso Naseiro. Entonces, según su narración, Rajoy le preguntó si él tendría interés en volver a la política activa, que había dejado en 2000. 

Trías sostiene que contestó en broma que solo lo haría para "corregir el error de Aznar" de no haberle nombrado ministro de Justicia. El PP siempre utilizó ese cruce para menospreciar a Trías como un resentido. Lo cierto es que fue una persona consultada varias veces por el líder para decidir la estrategia a seguir con el caso.

No solo le consultaba Rajoy. También Bárcenas. Tanto confiaba en su criterio que le entregó los llamados papeles de Bárcenas para que lo evaluara. Y él, después de guardar las fotocopias, concluyó que no tenían tanta fuerza porque no había delito fiscal. Y se olvidó. Años después, cuando saltó el escándalo de la cuenta en Suiza, los revisó. Y entendió su importancia.

 "Las finanzas del PP las había organizado Sanchís, continuado Naseiro y Lapuerta, y rematado Bárcenas. Entre todos habían montado una endiablada maquinaria. Esencialmente, se trataba de una lucha brutal entre dos clanes del PP para controlar sus finanzas, porque quien controlaba las finanzas controlaba el partido", escribe en el libro.

 Trías decidió entonces difundir los papeles. Llamó a Viada un domingo y se los entregó. A partir de ahí la historia es conocida. Tras largas comprobaciones, EL PAÍS publicó los papeles y se generó un enorme escándalo, pero Rajoy resistió. Trías cayó en desgracia. Ahora lo explica con perspectiva: "El caso Gürtel demostró que si tú te comprometes con la verdad y das un paso adelante te quedas más solo que la una. 

La soledad que tuve desde 2013 hasta 2016, cuando decidí cerrar en Madrid y volver a Barcelona, fue tremenda. Pero ahora estoy contento. He tenido una alegría enorme al ver que triunfaba la moción de censura. Me dije por fin, al final la vida acaba colocando a cada uno en su sitio". El junco de la carrera política de Rajoy tardó nueve años en romperse."                     (Carlos E. Cué, El País, 17/06/18)

14.6.18

Los siete abogados que lograron la condena del PP en Gürtel

"Ángel Galindo, concejal del partido Alternativa por Boadilla (APB), es uno de los siete abogados que junto a los integrantes de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y los letrados del PSOE de Madrid y de la Comunidad Valenciana han conseguido condenar al Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel.

Este edil, al igual que había hecho su padre durante varias décadas, se encontraba en 2007 en plena lucha contra la corrupción en su municipio, pero también en otros Ayuntamientos del Noroeste de la Comunidad de Madrid, dominados por las mayorías absolutas del PP de Esperanza Aguirre, formación que se financiaba de forma ilegal, tal y como ha constatado la sentencia del pasado jueves.

Galindo conoció en 2005 al exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas, quien pasado el tiempo le confesó que había grabado durante casi dos años, en compañía de otro concejal, Juan José Moreno, (condenado a 15 años de cárcel) a Francisco Correa, que había tejido junto al PP una trama de corrupción institucional.

Y este letrado convenció a Peñas de que tenía que denunciar los hechos a la Policía, que comenzó a investigar la organización criminal encabezada por Francisco Correa, cuyos tentáculos se habían extendido también al PP de la Comunidad Valenciana.

Oferta generosa

Sin embargo, pocos conocen que entre esa querella inicial y la detención de Francisco Correa, en febrero de 2009, Ángel Galindo rechazó una generosa oferta de una de las empresas investigadas en la trama. Una propuesta, que de haber sido aceptada, podría haber cambiado el curso de los hechos.

 Esta oferta hubiera alterado la historia del caso Gürtel ya que la querella inicial, que cuenta con la firma del propio Galindo como abogado, habría perdido verosimilitud a ojos de los policías, pero también de las fiscales y del juez Baltasar Garzón, el primer instructor del caso.

Galindo llegó incluso a pisar el 'hall' de la sede social de la constructora, que estaba situada en un exclusivo edificio del barrio de Salamanca, en Madrid, cuyos directivos le habían ofrecido un contrato "con muchos ceros". ¿Era una trampa? Todavía hoy Galindo no lo tiene claro al 100%, según apuntan fuentes cercanas al edil.

Pero, sin duda, ahora podría considerarse un momento de lucidez: Galindo se dio la vuelta y apostó por rechazar la oferta de la constructora, para así seguir defendiendo, sin obtener ningún ingreso por ello, a José Luis Peñas, que pese a su continua colaboración con la justicia ha acabado condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel.

Indulto para Peñas

No obstante, las Fiscales de Anticorrupción adscritas a Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, ya han anunciado su intención de reclamar el indulto para Peñas.

La labor del denunciante de Gürtel también fue respaldada en 2011 por el Tribunal Constitucional, que le dio la razón al considerar que el PP del Ayuntamiento de Majadahonda había vulnerado sus derechos constitucionales tras expulsarle del grupo municipal. El alcalde era Guillermo Ortega, condenado a 38 años de cárcel.

Aunque Galindo formalmente ha actuado como defensa, ya que Peñas ha estado imputado casi desde el principio, todo el mundo ha asumido que este letrado de Boadilla del Monte era, de facto, una acusación más.

De hecho, el presidente del tribunal, el conservador Ángel Hurtado, le reprendió en varias ocasiones durante el juicio por no ceñirse a su papel de defensa e incluso impidió que desarrollara, tal y como lo tenía previsto, su interrogatorio al testigo y desde el viernes expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Junto a Galindo, al que Peñas considera "un amigo y no simplemente un abogado", al menos otros seis letrados han mantenido, a lo largo de los 10 años de la instrucción, la acusación contra Francisco Correa, contra el PP y contra los excargos de la formación conservadora, entre los que habría que resaltar al extesorero Luis Bárcenas.

Wilfredo Jurado

Wilfredo Jurado, que ejerce la acusación popular en nombre de los exconcejales del PSOE de Boadilla del Monte, encabezados entonces por el edil Pablo Nieto, pidió su personación en Gürtel pocas horas después de conocer la detención de Francisco Correa por orden de Baltasar Garzón en febrero de 2009: "Han pasado muchas cosas desde entonces. Y una prueba de ello es que yo no era padre, y ahora tengo un hijo de seis años", destaca este letrado en conversación con Vozpópuli.

"Creo que yo fui el primero en personarme", recuerda también Wilfredo Jurado, que asegura que el día que más le marcó fue, "sin lugar a dudas, cuando Bárcenas se decidió a "tirar de la manta" el 15 de julio de 2013. Este letrado no olvidará un detalle: que el extesorero del PP acudió a la sede de la madrileña Calle de Prim y que se negó a comparecer ante el juez Pablo Ruz hasta que no le prestaran una corbata: "Y esto es una buena muestra de quién era el personaje", completa Jurado.

El letrado del PSOE madrileño también objeto de una querella por parte del PP madrileño, que le acusó de filtrar documentos del sumario a la prensa. La querella fue archivada.

También del PSOE, aunque en esta ocasión de la Comunidad Valenciana, es el letrado Virgilio Latorre, quién se personó en el caso en nombre del entonces líder el PSPV, Ángel Luna, y que ha jugado un papel muy activo en las piezas separadas valencianas, pero también en la principal.

Francisco Montiel

Pero si hubiera que destacar la labor de alguna acusación popular de Gürtel, esta sería, sin duda, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). A la figura de su presidente de honor, José Mariano Benítez de Lugo, que fue el letrado que interrogó a Mariano Rajoy como testigo en la Audiencia Nacional, resalta el trabajo realizado por Francisco Montiel, Gloria de Pascual y Miguel Ángel Garrido.

Montiel ha sido y sigue siendo junto a Gloria de Pascual la piedra angular de ADADE en la Audiencia Nacional. Ellos han liderado en todo momento a las acusaciones populares. La propia De Pascual inició sus colaboraciones con ADADE antes incluso de estar colegiada.

Finalmente, y mientras la instrucción de Gürtel se llevaba a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el letrado de ADADE era Miguel Ángel Garrido, que abandonó el caso, dejando la acusación popular en manos de Montiel.

Este último abogado ha sido clave a la hora de convencer al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que el PP tenía que ser condenado como partícipe a título lucrativo. Preguntado por Vozpópuli sobre el momento más importante de la instrucción y del juicio, Montiel contesta que el juicio "se comenzó a ganar" tras la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

"Y gracias a que pudimos apartarles" por su vinculación con el PP, prosigue Montiel, "la sentencia ha sido de una gran calidad, y eso a que la misma cuenta con el voto particular de Ángel Hurtado, que no obstante ha redactado una buena parte del fallo", recuerda este letrado."              (Tono Calleja, Vox Populi, 02/06/18)

31.7.17

Un juez investiga presiones de la Generalitat a peritos del 3%

"Un juez está investigando si una directora general de la Generalitat presionó a peritos del caso del 3%, a fin de conocer sus informes y controlarlos antes de que llegaran al magistrado que lleva esta causa. El Departament de Governació negó ayer los hechos y atribuyó la situación a un conflicto laboral por la reestructuración de un área.

Los informes que emitieron versan sobre la adjudicación de obras en varios ayuntamientos catalanes. Uno de los peritos, que han declarado ante la Guardia ­Civil, afirmó que una directora general de la Conselleria de Governació le dijo: “Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que que lo controlen los otros, así lo podremos controlar mejor”.

Como es sabido, el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell y la Fiscalía Anticorrupción indagan la adjudicación de obra pública en Catalunya, bajo la sospecha de que las adjudicaciones se efectuaron a empresas que realizaran donaciones a las fundaciones de CDC.

En el marco de esta causa, el juez ha designado a varios peritos para que emitieran informes sobre los procesos de licitación. Las alarmas saltaron cuando uno de ellos remitió su análisis conteniendo el siguiente párrafo: “Este informe se emite con total independencia, imparcialidad y confidencialidad por parte del firmante, a pesar de los requerimientos de información recibidos”. Se da la circunstancia de que esta persona es funcionario de Administració Local de la Generalitat, y que las peticiones eran de sus superiores jerárquicos.

Este funcionario compareció ante la Guardia Civil y declaró que la directora general de la que dependía le indicó que no debía emitir ningún informe al juzgado que no fuera validado por ella, y que “siempre será mejor que lo controlemos nosotros que lo controlen los otros”. El perito le negó, siempre según su testimonio, la información, y entonces su jefa le expuso que ocupaba un puesto de libre designación “y que lo mínimo que se le podía exigir era lealtad”.

 Con posterioridad, solicitó una excedencia que le fue denegada, lo que interpretó como una represalia porque era la primera vez que ocurría, por lo cual ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Barcelona.

Otra funcionaria de la Conselleria de Governació de la Generalitat, que asimismo fue designada perito, también declaró ante la Guardia Civil para explicar que la misma superior le indicó que no debía enviarse ningún informe al juzgado sin que ella lo hubiera visto y que se le recordó esto varias veces.

 También añadió que se negó y que posteriormente a estos sucesos fue destituida de su ocupación en la Generalitat, cese que recurrió judicialmente y que ha sido suspendido. En este sentido, añadió que su abogada también recibió presiones para que dejara de representarla.

La Guardia Civil elaboró un atestado con los testimonios de los funcionarios al juzgado de El Vendrell que se encarga de la causa del 3%, y este remitió las diligencias a otro juzgado de la misma localidad, el número 2.

Una portavoz del Departament de Governació negó ayer que se hubieran producido presiones a peritos y atribuyó los sucesos a un conflicto laboral, suscitado cuando el cargo de Administració Local procedió a una reestructuración del personal de su área. Asimismo, añadió que la directora general afectada se ha puesto a disposición del juez para aclarar estos acontecimientos y que confían en la justicia."                (La Vanguardia, 26/07/17)