Perjudicados por el pelotazo de Ana Botella y Blackstone: "Lo pasé jodidamente mal, tuve depresión"... A Laura Murillo, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como la de Ana Botella cuando todo salió a la luz, "Solo cambia el casero"... No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre... "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple"

 "Todo fue perfectamente legal". "No existe un perjuicio directo para los inquilinos de las viviendas que fueron vendidas ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere". "Nadie resultó perjudicado". Los jueces han hablado. Y lo han hecho en esta línea varias veces. 

A Laura Murillo, de 49 años, le pinchan y no sangra cuando escucha frases como esta. O como la que dijo Ana Botella cuando todo salió a la luz. "Solo cambia el casero", aludió la exalcadesa de Madrid allá por 2014. No era un cambio menor. De pagar la renta a un ente público y social, a depender de un fondo buitre. Obviamente, también cambiaban las condiciones. A Murillo, por ejemplo, le subieron el alquiler más de 200 euros.

Era teleoperadora a tiempo parcial cuando le llegó el burofax de Fidere sin que nadie le hubiera notificado el cambio de propiedad. A ella le había tocado una vivienda en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) que le permitía salir adelante con un sueldo de 700 euros y una hija de 12 años. "Pagaba 370 euros al mes y de repente me decían que iba a pagar 599. Obviamente dejé de pagar. Si pagaba no comía y si comía no pagaba. Es así de simple", recuerda ahora por teléfono, casi una década después.

"Llevamos muchos años viviendo con incertidumbre, sin saber dónde vamos a dormir el mes siguiente. Estos señores han especulado con nuestras casas y con nuestros salarios. Detrás de esta decisión política hay historias reales. Se habla de patrimonio, de dinero, de escrituras... Pero detrás de esas casas hay vidas". Son las palabras que Arantxa Mejías pronunció hace algunos meses en la Audiencia Provincial de Madrid. Cuando apenas tenía 25 años descubrió, como otros cientos madrileños, que la casa en la que vivía con sus padres ya no era de la EMVS, sino de Fidere, una de las ramificaciones españolas del fondo de inversión estadounidense Blackstone. Decidió dar la batalla, y no se arrepiente, afirma ahora, aunque el resultado no haya sido el esperado.

Aquella venta sorpresa y opaca de vivienda social fue una de Botella que más polvareda ha levantado en la capital, tanto en el plano político como social. Un polvo sostenido en el tiempo que, sin embargo, se ha asentado lentamente en cientos de hogares ya vacíos y listo para una lucrativa venta. Han pasado casi diez años de la operación. Algunos tribunales han dado la razón a unos pocos vecinos, el Tribunal de Cuentas calculó que el Ayuntamiento había perdido 23 millones de euros al vender 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre por debajo del precio de mercado. Condenó a Botella y a su equipo a reparar el patrimonio dilapidado, aunque una revisión posterior anuló esta condena gracias a los votos de dos magistrados colocados por el PP.

La venta fue todo una ganga para los especuladores —Blackstone es el mayor casero de España, con cientos de miles de viviendas dedicadas al mercado del alquiler— y un serio tormento para los inquilinos que vivían en las casas, a quienes se intentó desahuciar después de cancelar los contratos e imponer nuevas condiciones con subidas de precio que, en ocasiones, superaban el doble.

No hubo malversación ni prevaricación

Los múltiples recorridos judiciales de este caso no han dejado apenas consecuencias para los artífices de este pelotazo con bienes públicos. El pasado martes, la Audiencia Provincial de Madrid daba carpetazo a la última vía judicial abierta. En este caso se juzgaba por la vía penal, gracias a una querella del PSOE y de la Plataforma de Afectados por la EMVS, con Mejías y el abogado Benítez de Lugo al frente. Se acusaba a los responsables de la empresa municipal de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Pero el tribunal no lo considera acreditado. La Fiscalía tampoco, y el Ayuntamiento de Madrid, del mismo color político que el que realizó la venta, también retiró los cargos.

Cuando a Murillo le llegó la orden de desahucio por impago ni siquiera intentó pelear. Entregó las llaves y se marchó de la urbanización del Ensanche de Vallecas. Fueron muchos como ella en esa promoción e la EMVS, recuerdan los activistas. Ella ya se había puesto en contacto con organizaciones por el derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social. Recurrieron a los tribunales. Su contrato con la EMVS seguía en vigor, y estos ordenaron a la empresa entregarle otra casa. Sobre todo porque se había quedado sin una vivienda pública, en el paro y con una menor a cargo. Hoy vive en otra casa de la EMVS en Villaverde, ya han pasado seis años. Paga 350 euros al mes. "Y alguna vez me retraso, pero la EMVS no es un fondo buitre, la tienes que liar muy gorda para que te desahucie", apunta.

Son varias las personas a las que se tuvo que realojar en viviendas públicas debido a los desahucios de Fidere. Imposible saber cuántos, apuntan desde la PAH. En estos casos, el precio que ha pagado el contribuyente madrileño es doble, inciden. Por un lado, la vivienda social perdida con la venta. Por el otro, la vivienda social destinada a los expulsados, cuando ya vivían en una. Un sinsentido, resumen. Fidere, en cambio, no opina lo mismo.

La empresa todavía le reclama a Murillo más de 5.000 euros de deuda por los seis meses que estuvo sin abonar sus mensualidades. "No pienso pagar. Primero porque no tengo dinero. Pero sobre todo porque a mí me ha costado la salud. Tuve que dejar mi trabajo durante ese tiempo. Lo he pasado jodidamente mal. Me diagnosticaron depresión, perdí muchísimo peso, tenía ansiedad y me pasaba todo el día llorando. Aún me asusto cuando llaman al telefonillo, por si son los buitres pidiéndome la deuda", comenta por teléfono. "Yo soy una prueba muy clara de las consecuencias que ha tenido esto", sentencia.

Casos como el de Murillo han sido habituales en los últimos años. Desahucios de familias vulnerables, de ancianas enfermas, madres solas con hijos a cargo... Algunos se suspendieron en la puerta gracias a la presión de la PAH y otros colectivos, pero muchos se fueron sin hacer ruido, dejando vacías unas casas que ahora han multiplicado su valor. Según calculó el propio Ayuntamiento durante la alcaldía de Manuel Carmena, el paquete de casas que Blackstone compró por 127,5 millones hoy se valoran en unos 600 millones.

"Conmigo pincharon en hueso"

"Está muy claro que lo que querían era comprar barato y venderlo después", explica José Pedro López. En un parque del barrio de La Peseta, en Carabanchel, este operario de 37 años recuerda el estado en el que estaban su casa, los garajes y las zonas comunes "prácticamente hasta antes de ayer". Humedades, el ascensor averiado durante años, lámparas que colgaban de los cables y un sinfín de desperfectos que Fidere nunca reparó. "Hasta que se han levantado las medidas cautelares y pueden venderlo todo si quieren. Le han dado un buen lavado de cara", puntualiza. Él es de los pocos que han resistido y han ganado sin recurrir a la vía judicial.

López y su pareja llegaron en 2012 al piso de 50 metros cuadrados que les había adjudicado la EMVS en régimen de alquiler sin opción a compra. Fue un salvavidas para la familia, con una niña pequeña y otro bebé en camino. Él estaba desempleado en ese momento. "Ya vimos algo raro cuando dejaron de pasarnos varios recibos los meses anteriores a la venta", asegura. En su caso, lo pisos se vendieron con su contrato recién firmado, así que pudo esperar "más o menos tranquilo" varios años hasta que Fidere le remitió el temido burofax. Llegó cuando su contrato estaba a punto de caducar, en 2017. "No querían renovarlo. Querían hacer uno nuevo con condiciones nuevas. Si pagaba 430 euros más los gastos de comunidad, pasaba a pagar 600 euros el primer año, 800 euros el siguiente año y 900 el tercer año. Era inasumible", ilustra.

"Si no hubiera tenido una familia, quizás hubiera tirado la toalla", reconoce. "No es fácil enfrentarte a la posibilidad de quedarte sin casa. Son muchas comidas en las que tus hijos hacen preguntas, en las que se nota la tensión. Lo han pasado muy mal, pero también ha sido una lección de vida para ellos", explica López con una emoción que a veces roza el llanto.

Decidieron no pagar y resistir. Primero participó en la plataforma de afectados por la EMVS, pero con el tiempo dejó de verlo claro. "Me parecía que buscaban más los titulares y el impacto político que la defensa de las familias a las que ya estaban desahuciando", explica. Buscó apoyo en el movimiento social por el derecho a la vivienda, del que ya formaba parte. Consiguió ir aplazando la fecha del desalojo con apoyo de la PAH y del Sindicato de Vivienda e Carabanchel. "Fidere nunca quiso negociar nada, pero sabían que no me iba a ir fácilmente, que conmigo habían pinchado en hueso", afirma.

Solo con la llegada de la pandemia, el fondo buitre se avino a razones. "Tengo un alquiler medianamente razonable y vinculado a los ingresos de la familia y de siete años de duración. Las negociaciones han sido duras y, sin el apoyo de los colectivos de vivienda habría sido imposible", apunta. "Muchos de los vecinos se acabaron yendo o aceptando alquileres de más de 700 euros. No se les puede culpar, porque pelear es una pesadilla", dice.

Un calvario psicológico

"Desahucios, suicidios y personas bajo tratamiento psicológico", resumía durante el juicio Mejías, la portavoz de la plataforma de afectados que llevó a los tribunales la operación. "El resultado judicial se encaja con frustración. Todavía se culpabiliza a los afectados por defender un derecho. Es muy triste, como si todo esto pasara por un capricho mío", explica Mejías. Sus padres, adjudicatarios de una vivienda de la EMVS antes de la venta, también se enfrentaron al desahucio al no querer firmar los nuevos contratos de Fidere. "Nos querellamos y al final forzamos una negociación. Hoy siguen en su hogar, resistiendo", resume. "Pero han sido muchos años y sin apenas experiencia. Me ha desgastado bastante", reconoce.

Casi una década después, la fiebre de los alquileres sigue sin una ley que la enfríe de verdad. Los fondos buitre como Blackstone han tenido alfombra roja para llegar, comprar a precio de ganga los activos tóxicos de los bancos y elevar los precios hasta límites sin precedentes en las grandes ciudades españolas.
Mejías, en cambio, cree que la batalla ya es en sí misma una victoria. "Quedarnos de perfil ante situaciones así no ayuda a cambiar las cosas. Ahora tengo 33 años y sé qué es lo que realmente importa. Me siento vencedora, aunque no lo ha dicho un juez", apunta.

Murillo también aprendió a la fuerza que los desahucios los paraban primero las personas. "No sé a cuántos fui, pero me volqué mucho con la gente que estaba en mi situación", recuerda. López solo ha confirmado lo que ya sospechaba. "Nuestros representantes políticos al final sirven a los intereses de las grandes empresas y no a los de quienes los votamos", asegura. Esperaba más del "ayuntamiento del cambio" de Carmena en este caso, "pero al final he resistido después de mucho esfuerzo y estoy satisfecho". Nadie les devolverá las noches en vela. Las viviendas seguirán siendo de Fidere. El PP sigue gobernando en la ciudad y Ayuso arrasó en la Comunidad. Es Madrid, la capital de la libertad."               (Jairo Vargas Martín, Público, 11/02/22)

Botella, recibida con gritos de 'ladrona', explica por primera vez como testigo ante un tribunal su papel en la venta de viviendas sociales a un fondo buitre... El juicio por la venta irregular en 2013 de 1.860 pisos sociales del Ayuntamiento de Madrid a Blackstone alcanza este miércoles su clímax con la declaración como testigo de la exalcaldesa, máxima responsable política de aquella operación

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

 Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre para el que trabaja su hijo José María Aznar Botella. El Supremo formado por jueces colocados por su marido Aznar la absolvió. Hoy ha declarado como "testigo" y ha asegurado que respetaron el fin social. Sinvergüenza.

5:25 p. m. · 17 nov. 2021
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"Gritos de "ladrona" a Ana Botella en el juicio por la venta de viviendas públicas en Madrid.

(...) Botella se negó a comparecer en la comisión de investigación.

Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la comisión de investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto. En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina. (...)"      (Raquel Martínez, El Plural, 18/11/21)

"El juicio que desde el pasado 3 de noviembre se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a Fidere, filial española del fondo buitre Blackstone, alcanzará este miércoles su clímax con la declaración como testigo de Ana Botella, exalcaldesa de Madrid.

Será la primera vez que Botella, máxima responsable política de aquella venta, hable abiertamente sobre este polémico asunto. Blindada y protegida desde el primer momento por el PP, hasta ahora la exalcaldesa de Madrid había evitado tener que pronunciarse al respecto. Es más, ese blindaje también se ha extendido al ámbito judicial y ha impedido que Botella se siente en el banquillo, para mayor frustración de los afectados por esta venta, que lamentan que la exalcaldesa no rinda cuentas ante la Justicia pese a que, según ellos, tuvo "bastante responsabilidad" en la operación.

Una operación que según reconoció en su momento el Tribunal de Cuentas causó un perjuicio a las arcas del Ayuntamiento de Madrid de 22,5 millones pues las 1.860 viviendas sociales, las 1.797 plazas de garaje y los 1.569 trasteros se vendieron en plena crisis económica por 128,5 millones de euros cuando su valor de mercado alcanzaba los 151 millones. En su día, Botella despachó esa venta irregular con una de sus ocurrencias: "Sólo es un cambio de casero".

Años después, concretamente en 2016, fue una denuncia del equipo de Manuela Carmena, la sucesora al frente del Ayuntamiento de Madrid, la que puso a Botella y a sus colaboradores en la rampa judicial por este caso. De hecho, en diciembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a otros siete cargos de su equipo de gobierno a pagar esos 22,5 millones de euros por el quebranto causado a las arcas municipales. Una decisión celebrada por los afectados que ponía de manifiesto la responsabilidad judicial de Botella.

Sin embargo, a partir de entonces todo fueron reveses judiciales para los afectados y buenas noticias para Botella. En julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas revocó la primera condena a Botella y sus colaboradores con los votos de dos consejeros nombrados por el PP (una de ellas, Margarita Mariscal de Gante exministra de Justicia con José María Aznar, esposo de Botella). Contra aquella decisión cabía interponer recurso, pero ya había llegado José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde del PP, al Ayuntamiento de Madrid y éste decidió mirar a otra parte.

Pese a ello, una concejal del PSOE, Mercedes González, actualmente delegada del Gobierno en Madrid, se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que la legitimase para ejercer la acción sustitutoria (ya que el Ayuntamiento no iba a recurrir), para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. La concejala del PSOE logró presentar el recurso ante el Supremo, pero en junio de 2020 llegó la decisión definitiva: el Supremo absolvió a Botella. Ahí se esfumó la última posibilidad de que la antigua regidora de la capital se sentase en el banquillo.

Para los afectados por la venta de estas viviendas sociales fue un varapalo que Botella esquivara a la maquinaria judicial, pero al menos tendrán un pequeño consuelo viéndola declarar.

La exalcaldesa de Madrid tendrá que explicar por qué el 20 de junio el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por ella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado otras cuatro ofertas. Botella también tendrá que aclarar si el Consistorio facilitó información privilegiada a las cuatro empresas concursantes sobre las condiciones de la venta. Será un mal trago para Botella, a la que esta venta de las viviendas sociales dejó marcada para siempre su carrera política."                (Jorge Otero, Público, 16/11/21)

Los afectados por la millonaria trama urbanística de la Iglesia: “Nos echan de nuestras casas”. Cerca de 200 familias que viven de alquiler y más de 100 ancianos y 17 monjas que conviven en una residencia se han visto perjudicadas por las ventas del Arzobispado de Madrid

 "Y ahora, ¿qué? Cerca de 200 familias que viven de alquiler, más de 100 ancianos y casi una veintena de monjas que viven en una residencia de mayores han sido, por el momento, los grandes perjudicados de la trama inmobiliaria de la Iglesia en Madrid destapada por EL PAÍS.

 Las tres operaciones aglutinan las enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado. Las ventas se produjeron en los dos últimos años. La última se ha conocido este lunes. Juntas han sumado un monto de más de 100 millones de euros. La Iglesia pretendía comprar un solar con este capital para construir una “Ciudad de la Misericordia” al suroeste de Madrid, una especie de minivaticano con residencias para mayores y varios colegios católicos. Una quimera. 

El Vaticano se ha enterado de estas noticias y ha enviado a un abogado para asesorar al cardenal Carlos Osoro (titular del arzobispado madrileño) ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma ha encargado a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. Todas las operaciones están ahora mismo en los tribunales. ¿Y los afectados? Por primera vez hablan los inquilinos de las tres fundaciones:

1. Fundación Molina Padilla: 70 familias en el limbo

Magnolia Pérez, de 62 años, lleva dos décadas viviendo en uno de los dos edificios que la Fundación Molina Padilla tiene en la calle Núñez de Balboa de Madrid, en pleno barrio de Salamanca. Esta es una de las 64 fundaciones que tutela el arzobispado. Aquí viven alrededor de 70 familias de alquiler. Con la renta de estas casas, la entidad revierte el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos malagueños de pocos recursos.

“Me habían hablado muy bien de esta fundación y, como no tengo familia, decidí vender mi casa e instalarme aquí”, cuenta la vecina Pérez, que se gastó más de 16 millones de pesetas en arreglar el piso con la condición de pagar una renta de alquiler hasta el final de sus días. Sin embargo, en octubre de 2019 su futuro se volvió negro. Sospechaba que algo no iba bien. “La fundación dejó de alquilar pisos y leí en EL PAÍS la venta de los edificios de otra fundación… Ahora sé lo que tramaban. Es todo vergonzoso. Todo son mentiras. Que Dios les ampare. No hay derecho a lo que nos están haciendo. Es lo peor que he visto en mi vida. Que en estos momentos se esté especulando y cociendo la venta de una fundación así es de las cosas más inadmisibles que he visto”.

Este periódico desveló el pasado lunes que el arzobispado ordenó en octubre de 2019 la venta de los dos edificios de la fundación por 13 millones de euros a la sociedad limitada Building The Next Success SL. Un precio muy por debajo del mercado, según los expertos inmobiliarios. Ante el acecho de la justicia, el cardenal Osoro ha ordenado revertir la operación, pero el futuro de los inquilinos y de la propia fundación aún es incierto.

Gema Padilla, sobrina del fundador Alfonso Molina Padilla, resume así el calvario que ha vivido en estos últimos meses: “Mi máxima preocupación era que el patrimonio sirviera para cumplir los deseos de mi tío: dar becas a los niños necesitados de Málaga. Pero estos señores [en referencia a los hombres del arzobispado], solo tienen la pretensión de hacer negocio. Al final conseguirán que la fundación desaparezca entre compras, ventas y comisiones”. Este año la entidad tenía previsto repartir 350.000 euros en becas de estudio, pero la fundación tiene las cuentas ahogadas ante el expolio de sus bienes. Los niños de Málaga se han quedado sin becas por primera vez.

2. Fundación Fusara: casi 200 inquilinos a la calle

La fundación Fusara es un acrónimo que responde a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. Su objeto es “educar a menores de edad carentes de medios económicos con enseñanza católica”. Resulta de la fusión de dos fundaciones en 2008 que contaban con numerosos inmuebles, de cuya administración proveían fondos para orfanatos, colegios concertados y residencias. Su patrimonio entonces estaba valorado en 70 millones de euros. La fundación contaba hasta 2019 con 14 edificios en el centro de Madrid. Aquí viven todavía alrededor de 170 familias en régimen de alquiler. Sus mensualidades sirven para mantener los colegios y las residencias concertadas. Los 14 bloques de viviendas han sido vendidos en 2019 por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas.

“Vino un señor y me dio una carta sin más explicaciones”, contaba hace justo un año María del Carmen Martínez, de 92 años, en el salón de su casa de la calle Angosta de los Mancebos 2, del barrio de La Latina. “Mi hija me explicó que igual nos echan de casa. ¡Y yo pensé que era propaganda!”. El origen de esta trama inmobiliaria se destapó el de 17 de octubre de 2019. Ese día, todos los vecinos de Fusara comenzaron a recibir un burofax. Sebastián Navarro, de 61 años, recuerda ahora que el suyo le deseaba hasta “buena suerte”. Él, que vive en un bloque del barrio de Lavapiés, fue uno de los primeros en remover cielo y tierra para tratar de frenar las ventas. Se puso en contacto con el resto de vecinos. Ahora todos han llevado el caso a la justicia: “La idea de que nos querían echar cuanto antes de nuestras casas estaba muy clara”.

¿Quién compró estos 14 edificios? Un entramado opaco con letras mayúsculas. Cada uno de estos 14 bloques de viviendas los compró una empresa. Estas 14 empresas se crearon entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una. Todas ellas tenían en principio la misma administradora: María Elena García Pastrana, que vive en Badalona y que cuenta con 1.012 empresas vinculadas a su nombre por toda España, según el registro mercantil. La venta de esta operación a través de sociedades opacas alcanzó los 74 millones de euros. El Arzobispado de Madrid cobró la mitad, 37 millones, el 30 de julio de 2019 por transferencia de un banco luxemburgués a una cuenta del BBVA, según pudo confirmar EL PAÍS.

¿Por qué se vendieron? “Existía una problemática muy seria con el estado de los inmuebles. No contábamos con fondos y se realizó un estudio en el mes de mayo con un proyecto de transformación”, cuenta un miembro del patronato. La realidad es bien distinta. La mayoría de los pisos se encuentran en perfecto estado. Más de 40 vecinos afirman que, cuando entraron a vivir, realizaron inversiones de miles de euros (otros de pesetas) para reformar sus viviendas con el visto bueno de la propia fundación Fusara. El futuro de los casi 200 vecinos también pende de la balanza de un juzgado de Madrid.

Y 3. Fundación Santísima Virgen y San Celedonio: 100 ancianos engañados

Sor Rosario caminaba hace justo un año cabizbaja con su hábito blanco por uno de los infinitos pasillos de la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la calle Padre Damián, 22, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu. “Nos enteramos de la venta del edificio en marzo [de 2019]. No sabemos nada más”, contaba esta religiosa de 70 años. El arzobispado ha vendido estos inmensos pabellones residenciales en forma de U y la parroquia de San Jorge, con la que colinda, a la universidad privada de Nebrija por 37 millones de euros.

La Fundación Santísima Virgen y San Celedonio se creó el 1 de julio de 1916. La residencia donde se encuentran cerca de 100 ancianos es fruto de la donación del Conde del Val, un marqués que quiso crear una organización sin ánimo de lucro para atender a las personas mayores más desfavorecidas. Es decir, este edificio es el bien dotacional, cuyo destino es la realización principal de la fundación. “Su arquitectura es de carácter historicista, con elegantes fachadas de ladrillo visto”, según el Colegio de Arquitectos. Fue declarado bien de interés cultural en 1996.

“La venta se ha hecho con un 90% de apoyo de las familias de los ancianos”, argumentaban fuentes del patronato de la fundación cuando EL PAÍS destapó el caso. Las familias, sin embargo, no recibieron ninguna información más allá de una carta que no decía nada del futuro de sus abuelos. El madrileño Pedro Sánchez, de 71 años, tiene a su madre dentro desde 2014. Por su habitación paga ahora 1.832 euros, 400 más que cuando entró. Él se enteró de la venta por una llamada telefónica de la actual directora de la residencia, Esther Sánchez. “Me dijo que la habían vendido y que iban a construir una gran ciudad de la misericordia en Madrid y que por octubre del 2021 mi madre y los residentes se desplazarían allí”, cuenta ahora.

“Todas las cifras que nos han dado eran falsas. ¿Cómo se puede vender esto por 37 millones de euros?”, subraya. “Esto no se lo cree nadie. ¿Qué podíamos hacer las familias de los residentes? Nada. Estábamos atados”, lamenta. El arzobispado y la Universidad de Nebrija llegaron el pasado 3 de diciembre a un principio de acuerdo para revertir las operaciones ante el acecho de la justicia.

¿Por qué se ha vendido la residencia y la parroquia? Según los miembros del patronato de la fundación, presidida, como todas, por el cardenal Carlos Osoro, la enajenación se produjo porque la residencia no estaba adaptada al siglo XXI y los ancianos necesitan mejores atenciones. Sin embargo, según las cuentas a las que ha tenido acceso este diario, la fundación tuvo una reforma de más de 1,5 millones de euros hace dos años. Otro miembro del patronato asegura que se hizo por el estado de las cuentas: “No tenemos dinero para imprevistos”. Las cuentas arrojan un beneficio medio de 177.460,65 en los últimos cinco años.

Sánchez, el madrileño que tiene a su madre dentro de la residencia, cree que ha llegado el momento de asumir responsabilidades. “Es imprescindible que el arzobispo las asuma”. Para colmo, lamenta que la única ventana que no ha sido reformada por las obras ha sido la de la habitación de su madre. “Por ahí entra un frío tremendo”.                    (Manuel Viejo, El País, 09/12/20)

Operación Padilla: así opera la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid

 "— Buenas tardes, en mí están viendo al arzobispo de Madrid.

El 30 de junio de 2016, un zaragozano de unos 50 años, de estatura baja, nariz achatada, con don de palabra y que llegó a ser director de El Correo de Andalucía, entró por sorpresa en un bajo de la calle Núñez de Balboa 93, de Madrid. El hombre en cuestión acababa de ser nombrado por el arzobispo de la capital presidente de las 74 fundaciones de la Iglesia madrileña. El arzobispo (que también ostenta el nombramiento de cardenal) Carlos Osoro le encomendó la misión de dirigir una especie de ministerio madrileño con más de 1.000 empleados a su cargo. El creyente desconocido se llama David López Royo y es uno de los personajes principales de esta historia. “Es como un encantador de serpientes”, cuenta una exempleada suya.

Aquella tarde, Royo entró por la puerta de la Fundación Molina Padilla con don de mando; ejecutar las órdenes del arzobispo desde el principio. En ese local se encontraba sentada una mujer en su despacho. Gema Molina, de mediana edad, cuenta ahora que se levantó sorprendida ante esta visita inesperada. Ella gestionaba la fundación desde los años ochenta. Toda una vida dedicada a cuidar la herencia de su tío-abuelo. A fin de cuentas, pertenece a una familia que roza la aristocracia. Es sobrina del malagueño Alfonso Molina Padilla, un reputado abogado del siglo pasado que llegó a codearse con el rey Alfonso XIII y con el cardenal Tarancón.

El tío Alfonso murió sin descendencia en 1957 a los 82 años. Sin hijos, firmó en su testamento la creación de una fundación con su nombre. La idea era muy simple. Ofrecer becas a los estudiantes más necesitados de su querida provincia de Málaga con una parte del dinero recaudado de su patrimonio. Los dos grandes bienes de la fundación son, entre otros, dos bloques de pisos de cinco plantas ubicados en el corazón del acomodado barrio de Salamanca de Madrid. Aquí viven alrededor de 70 familias en alquiler. Con la renta de estas casas, la fundación revierte el 70% de los beneficios en ayudas para alumnos malagueños de pocos recursos. Un círculo de gran auxilio para los más vulnerables.

La Fundación Molina Padilla ha estado gestionada por su linaje. En sus estatutos siempre ha figurado que el administrador sea familia del fundador. Con la condición, eso sí, de que el presidente sea el arzobispo de Madrid. De ahí que la Iglesia tutele esta fundación civil. Y de ahí que el zaragozano Royo se presentara en aquel bajo la tarde de junio de 2016 como representante del arzobispo Osoro. Royo lo tenía muy claro desde el principio. Según fuentes cercanas al cardenal, él mismo dijo al arzobispo que había que fusionar la mayoría de las fundaciones de Madrid. Qué era eso de tener 74 pudiendo tener cuatro o cinco grandes. Aseguraba que la mayoría estaban muy mal gestionadas. Un argumento que niega a este diario Adolfo Lafuente, el que fuera anterior presidente de las fundaciones. “Royo ha metido la mano en casi todas”, asegura un conocido sacerdote de la región.

Entre 2016 y 2018, Royo se dedicó a reunirse con los patronos de las 74 fundaciones de la Iglesia. La mayoría de los consultados reconocen ahora que tenía mucha prisa por ejecutar su ansiado plan de fusión. Su idea escondía la venta de los patrimonios de las fundaciones más jugosas de Madrid para, después, comprar un inmenso solar. Su plan era levantar una “Ciudad de la Misericordia” en un rincón de la capital de España tras contar con el visto bueno del arzobispado. Una especie de mini-Vaticano, que contaría con residencias de mayores, de estudiantes y de colegios católicos. Una quimera.

Entre 2016 y 2018 sucedió un hecho clave en toda esta historia. Mientras Royo gestionaba las 74 fundaciones de la Iglesia, fichó también como director por la fundación privada Chávarri Por el Bien Común, una fundación ajena a la fe que pertenece al despacho madrileño Chávarri Abogados. Este bufete es otra pata fundamental de esta trama eclesiástica. Royo, que ha confesado a este periódico que trabajaba de manera altruista para la Iglesia, empezó a recibir un salario mensual de este despacho. Royo, por tanto, comenzó a trabajar a la vez para la Iglesia y para estos abogados.

Actas de la fundación

El 25 de abril de 2018, el aragonés Royo volvió a la sede de Molina Padilla en el bajo del barrio de Salamanca. Había convocado una reunión del patronato de la fundación. Aquí, tal y como consta en las actas a las que ha tenido acceso este diario, dijo que la sobrina-nieta del fundador, Gema Molina, no podía ser patrona y percibir, a la vez, un salario de la fundación de su tío. “[Si no dimite], la fundación Molina Padilla será intervenida inmediatamente por el Protectorado de Fundaciones del ministerio”, vociferó. El Protectorado de Fundaciones estatal se encarga de velar por el buen funcionamiento de estas. Gema, asustada, dimitió de inmediato. La amenaza de Royo pilló al resto de patronos por sorpresa. Tiempo después, el Protectorado de Fundaciones del ministerio negó esto a la familia. Es más, les dijeron que su fundación era “modélica”. Pero ya era demasiado tarde.

La amenaza de Royo tenía escondida una jugada maestra. Si los patronos se marchan, hay que reponerlos. De modo que empezó a colocar a gente de su confianza para ganar todas las votaciones del patronato. La operación Molina-Padilla ya estaba en marcha. A su lado sentó a José Cobo, actual obispo auxiliar de Madrid, a la religiosa Antonia López y a Antonio Chávarri, el socio fundador del despacho Chávarri Abogados y presidente de la fundación Chávarri por el Bien Común, donde aún trabaja el propio Royo.

Ninguno de los tres nuevos patronos conocía de cerca los orígenes de la fundación Padilla. Pero eso era lo de menos. La composición del nuevo patronato iba viento en popa. En febrero del pasado año, los nuevos patronos se volvieron a sentar. El abogado Chávarri propuso la creación de una comisión interna con un nombre muy pomposo. “Comisión de gobierno con facultades de decisión para configurar el patrimonio [de Padilla]”. Es decir, un plan para vender los dos edificios de la fundación donde viven las 70 familias cuyo alquiler financia a niños sin recursos de Málaga.

Había mucha prisa por vender los inmuebles. Al mes siguiente, los patronos se juntan de nuevo. Lo tenían clarísimo: “Ante la baja rentabilidad de los activos de la fundación es preciso cambiar la estructura del patrimonio de la misma y transformarla en un edificio de oficinas”. La fundación, sin embargo, arrojaba siempre cuentas positivas.

De pronto, otro hombre clave llama a las puertas de esta trama. El zaragozano Royo y el abogado Chávarri deciden avisar al letrado urbanista y asesor de urbanismo para la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre Manuel Fernández Clemente. Querían que él también formara parte de la fundación, como secretario. La hemeroteca de Clemente cuenta que ha dado charlas sobre derecho fiscal en una jornada organizada por el Banco Sabadell en Madrid como “abogado colaborador de Chávarri Abogados”. Chávarri, Royo, Clemente y sus patronos afines tenían ya plenos poderes para manejar a su antojo la fundación.

Tomaron el control de las cuentas. El abogado Clemente se impuso un salario como secretario de la fundación Molina de 3.000 euros al mes. En su contrato consta hasta una cláusula para los próximos diez años. Si es despedido, la fundación deberá indemnizarlo con 27.000 euros por cada año que falte. La fundación, además, contrata a más personas afines para llevar la gestión del día a día. Todas cercanas a Royo, Chávarri y Clemente. Y todas con un salario por encima de los 1.500 euros al mes.

La sangría de la fundación seguía su curso. También se acuerda la venta de las acciones que la fundación tiene en Bolsa “para afrontar pagos a corto plazo” por un valor de 128.000 euros. En esta misma reunión, los patronos aprueban que sea el bufete de Chávarri Abogados el encargado de pilotar la venta de los dos edificios de la fundación.

El día de la tasación y la venta de inmuebles

Cien días después, Chávarri Abogados entrega un informe a la fundación con la tasación de los dos bloques de viviendas y con una oferta millonaria de dos compradores. En esta cita, que tuvo lugar en octubre de 2019, entra en escena un miembro de la familia Molina. Carlos Herrero es patrono de la fundación y marido de Gema Molina, la sobrina del fundador. Herrero ha sido el único miembro que ha votado siempre en contra de todas las medidas llevadas a cabo por el resto de patronos. Según cuenta, resistió las embestidas y las presiones de toda la trama. “Estaba harto de ver un expolio en directo”, cuenta ahora.

En aquella reunión, y tal como consta en las actas, él mismo expuso al resto de patronos que vender los dos edificios iba en contra de los propios orígenes de la fundación. Pero el nuevo secretario, el abogado Manuel Fernández Clemente, levantó la voz y le contestó: “La fundación no es de nadie, ni del arzobispado, ni de su esposa ni de usted”. La tensión, según las actas, era máxima. Estuvieron a punto de llegar a las manos. El alegato de Herrero no sirvió para nada. La votación arrojó una mayoría contundente. “Sí a las ventas”.

Chávarri, abogado, patrono y encargado de los informes de la venta, anunció en este encuentro su marcha de la fundación. Dio por finalizado su trabajo. ¿Quién sustituyó a Chávarri en el patronato? Jesús Merino Merchán, que también trabaja en el despacho Chávarri Abogados y que también es el vicepresidente de la fundación del propio bufete, donde también trabajan Royo y Clemente.

Los patronos leyeron en voz alta el informe de Chávarri Abogados. Los letrados contrataron a dos empresas para tasar los dos edificios. Una dijo que valían 16.640.470 euros y la otra 16.828.967 euros. El informe de Chávarri incluía, además, una oferta de la empresa Building The Next Success SL. Esta sociedad ofrecía 13 millones de euros por los inmuebles. La mayoría del patronato accedió a vendérselos.

¿Quién está detrás de esa empresa? Según ha comprobado EL PAÍS, Building The Next Success está relacionada con otra sociedad en la que figura como consejero Raúl Chávarri Aricha, hermano de Antonio Chávarri, propietario del bufete de abogados que hizo el informe de la venta y, además, expatrono de la propia Fundación Molina Padilla. En el momento de la compra su capital social era de 3.000 euros.

Ante estos hechos, el único patrono que sigue el linaje familiar acudió al arzobispado de Madrid hace justo un año. El marido de Gema Molina, la mujer que abrió la puerta del bajo al zaragozano Royo hace ya cuatro años, solicitó una reunión urgente con el arzobispo Osoro en noviembre pasado. El arzobispo, según los testigos, se asombró por lo que estaba escuchando. Osoro pidió a su entorno más cercano que había que revertir esta venta eclesiástica como fuera. La promesa, sin embargo, no llegó a materializarse.

Mientras se desarrollaba la enajenación de los bienes de la Fundación Molina Padilla, que se conoce ahora, EL PAÍS destapó en 2019 dos ventas más de la Iglesia. Una, de 14 edificios en el centro de Madrid de la Fundación Fusara por 74 millones de euros a un entramado opaco de 14 empresas. Y otra, de una parroquia y una residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en los alrededores del Bernabéu, por 37 millones de euros a la privada Universidad de Nebrija. Las dos por debajo del precio de mercado, según los expertos inmobiliarios consultados. Los tres personajes clave de la operación Molina-Padilla, Clemente, Chávarri y Royo, también han formado parte de las otras dos ventas donde, según fuentes de las operaciones, se han repartido comisiones millonarias.

El zaragozano Royo dimitió como presidente de las fundaciones tras las publicaciones de EL PAÍS. Ni Clemente ni Chávarri han querido atender a este periódico. Entre las tres fundaciones hay movimientos y préstamos bancarios de cientos de miles de euros, además de pagos mensuales al arzobispado y más personajes afines cobrando a la vez de las tres fundaciones. Anticorrupción y tres juzgados de Madrid están investigando ahora todas las operaciones.

El Vaticano, al enterarse de estas noticias, envió en junio a un abogado para asesorar al cardenal ante este mayúsculo escándalo. El enviado de Roma ha encargado a un bufete de Madrid revertir todas las operaciones ante el acecho de la justicia. “Es todo muy complicado”, explica el propio letrado por teléfono.

Los edificios de la Fundación Molina Padilla no serán vendidos por el momento. En la última reunión del pasado mes de mayo, el arzobispo ordenó revertir de nuevo la venta para, dos días después, anunciar su marcha de la fundación. El resto de los patronos continúan. Han ordenado un último golpe. Tras la marcha del arzobispo quieren cambiar los estatutos para renovar al 50% de los patronos en 100 días. 

Es decir, para echar al único miembro de la familia Molina que aún queda en la fundación. Mientras tanto, los niños de Málaga se han quedado sin becas por primera vez este año porque las cuentas están ahogadas. “Lo peor”, cuenta ahora Carlos Herrero, esposo de Gema Molina, “es que personas que deberían haberse dedicado a hacer el bien, se han querido enriquecer con engaños y mentiras”.           (Manuel Viejo, El País, 07/12/20)

"López Royo, de director de periódico a cerebro de los dos pelotazos urbanísticos de la Iglesia.

 Por amor a Dios. Los allegados de David López Royo dicen que todo lo que hace es por amor a la Iglesia. “Así es”, ratifica el propio López Royo a este periódico, “he dedicado toda mi vida a ayudar”. Este hombre dirigió 64 fundaciones de la Iglesia madrileña hasta hace tres semanas. Bajo su mandato se han producido dos operaciones urbanísticas en el Arzobispado de Madrid por un valor de, al menos, 106 millones de euros, la venta de 14 inmuebles a través de Fusara y la venta de una residencia de ancianos con una parroquia a la Universidad de Nebrija.

La versión oficial es que su dimisión estaba prevista desde principios de año: “Sí, pedí ser sustituido en enero para dedicarme a la empresa privada”, reconoce López Royo. Otras fuentes eclesiásticas de Madrid, sin embargo, apuntan a que fue empujado por el cardenal Carlos Osoro, que confió en él la Delegación Episcopal de las Fundaciones en marzo de 2016, una especie de ministerio dentro del arzobispado con 1.200 trabajadores a su cargo. “La sociedad nos exige transparencia”, declaró tras su nombramiento al semanario eclesiástico de ABC AlfayOmega. “No podemos gestionar como se hacía hace 10 años. Los tiempos nos marcan un ritmo vertiginoso”.

López Royo, de estatura baja y complexión delgada —“ponga que corro todos los días casi 10 kilómetros a un ritmo muy bueno”— tiene el don de la palabra. Y el don de poner al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el punto de mira desde hace un mes. ¿Quién es David López Royo?, ¿cómo ha llegado tan lejos en el mundo eclesiástico? ¿Qué necesidad tenía el arzobispado de hacer esas operaciones urbanísticas?

El ritmo de López Royo ha sido, efectivamente, vertiginoso. En menos de 12 meses, dos de las 64 fundaciones que tutela el arzobispado venden su patrimonio sin necesidad aparente. Primero fue la Fundación Fusara, que enajenó los 14 edificios que tenía en el centro de Madrid a 14 sociedades interpuestas por más de 70 millones, y ha dejado en el limbo a 200 inquilinos. Luego vino la Fundación de Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en los alrededores del Bernabéu, que ha vendido a la Universidad de Nebrija por 36 millones una parroquia y una residencia donde conviven 163 ancianos y 19 monjas. “¿Qué sentido tenía esta parroquia si hay tres más alrededor?”, se pregunta López Royo.

“Es un encantador de serpientes con las monjas”, cuenta una exempleada de una de las fundaciones. El 15 de noviembre de 2021 los mayores y las religiosas de la Fundación de San Celedonio tendrán que marcharse. ¿A dónde? “Con los 36 millones construiremos una Ciudad de la Misericordia que contará con una gran residencia adaptada al siglo XXI”, dice un portavoz del arzobispado.Pero ni hay proyecto ni el arzobispado dispone de un terreno.

López Royo nació en Zaragoza hace 62 años, está casado y tiene dos hijos. Desde joven estuvo muy vinculado a la Iglesia. Diplomado en Filosofía y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, entró en Cáritas en los años noventa como director de Cooperación Internacional, donde llegó a coordinar la ayuda humanitaria del huracán Mitch. “Necesita viajar continuamente. Es un hombre pegado al teléfono”, cuenta una excolaboradora.

Meses más tarde dejó Caritas. Durante un tiempo fue responsable del área sociosanitaria del Grupo Eulen en la zona centro de la capital, hasta que entró en el mundo de las fundaciones eclesiásticas. Una de las primeras fue la Fundación Summa Humanite, una organización sin ánimo de lucro formada por laicos católicos. Dos años después, en 2012, dio el salto a los Hermanos San Juan de Dios, donde estuvo como coordinador de 72 centros durante seis años. “Y eso que David no aguanta más de cinco en un sitio”, cuenta una persona que estuvo en su círculo de confianza. “Yo si me voy de un sitio, me voy”, responde López Royo.

El 25 de abril de 2014 su vida dio un giro radical. Fue nombrado director del periódico El Correo de Andalucía. No había ejercido como periodista en su vida. Convenció al presidente del Grupo Morera & Vallejo —propietario del diario y de una correduría de seguros— para que hiciera unas pólizas a la Hermandad de San Juan De Dios, donde él estaba trabajando. “El presidente me llamó y me pidió que intentara trasladar al diario la doctrina social de la Iglesia”. López trabajaba de lunes a jueves en la oficina de la fundación en Madrid y, de jueves a domingo, en la redacción de Sevilla. “El periódico era insostenible”, sostiene.

“¡No tenía ni idea de Sevilla! Su gestión derivó en portadas vergonzosas”, cuenta un exredactor. El 9 de junio de 2014 abrió el diario con un titular de ocho líneas: “El Rey que sirve a todos los españoles y el Príncipe que ama a España son aclamados y vitoreados por la ciudadanía”. Fue objeto de mofa en las redes sociales. “Me acusaban de tener una ideología conservadora”, dice. Al frente de esta redacción de más de 50 periodistas estuvo unos ocho meses. El último día, según varios extrabajadores, salió del despacho para despedirse. “No sabéis escribir”, dijo. “Estáis escorados a la izquierda”. El diario sufrió un ERE año después con otro director. Ahora solo tiene versión digital.

— Yo sigo escribiendo. Mis artículos son muy leídos, dice él. 

Su fulgurante ascenso hacia la cúspide de la Iglesia llegaría meses después. López había conocido al arzobispo Carlos Osoro en Asturias y Galicia, cuando trabajaba para Cáritas. Desde entonces, mantuvieron contacto. En agosto de 2014, el Papa Francisco nombra a Osoro arzobispo de Madrid para emprender una renovación tras la era de Rouco Varela. En marzo de 2016 la Iglesia madrileña se apoyaba por primera vez en dos pilares laicos. Uno de ellos era López Royo, como Delegado de Fundaciones, y Julio Lage, como interventor, al que varios curas madrileños llaman “el Dios del dinero”. “López es una buena persona”, dice Lage. Los dos, según manifiestan, trabajan de manera altruista para la Iglesia.

López Royo afirma que solo cobra de Chávarri por el Bien Común, una fundación creada hace dos años por el despacho Chávarri Abogados, en cuyo Comité de Dirección figuran ambos. Pero este bufete es el que ha mediado en las recientes ventas de inmuebles del arzobispado, un hecho donde parece existir un conflicto de intereses, aunque ninguno de los intervinientes en la compraventa ha querido aclarar a este periódico si recibieron comisiones o entienden que hay un conflicto. “No, no me he llevado nada”, explica Royo, “para mí no es chocante estar en la Iglesia y estar en un bufete que ha mediado por estas ventas”.                     (Manuel Viejo, El País, 04/12/19)

Así ha maniobrado el PP para salvar a Botella con la venta de vivienda a fondos buitre

"El PP ha hecho un nuevo esfuerzo este viernes por proteger a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, negándose a recurrir su absolución por la venta de viviendas sociales a fondos buitre cuando estaba al frente del Consistorio. 

El Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a un fondo buitre, por debajo del precio de mercado; la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena con los votos de dos consejeros nombrados por el PP -una de ellas, exministra de José María Aznar, esposo de Botella-, y hoy el Ayuntamiento de José Luís Martínez-Almeida ha hecho el último esfuerzo por blindarla a la exalcaldesa.

Con los votos de los consejeros de Ciudadanos, el PP logró el viernes que el Consejo de Administración de la Empresa Municipial de Vivienda y Suelo (EMVS) aprobase no recurrir ante el Supremo esta venta, frente a las críticas de la oposición de Más Madrid y PSOE, y con un tercer voto en contra del partido ultraderechista Vox (6-3). Lo hizo en uno de los dos Consejos de la EMV celebrados a partir de las 14.30 horas: en uno se abordó formalmente el cese de la exdirectora de los Servicios Jurídicos de la EMV, Paloma Arranz. En otro se pulsó la tecla que permite a Almeida afirmar que la decisión correspondió a este órgano, controlado por el PP, y no únicamente a su partido.

La EMV iba a reunirse durante la semana, pero un defecto de forma registrado por el PSOE en la convocatoria ha obligado a aplazarlo hasta el viernes, exactamente el día en el que expiraba el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo.

De hecho, el cese de Paloma Arranz tuvo lugar al arranque de septiembre: era la encargada de redactar el recurso, quien conocía el caso, y Almeida decidió prescindir de ella. También anunció que el Ayuntamiento no recurriría la absolución de Botella, para él una "venganza estéril".

Según el Tribunal de Cuentas, el perjuicio para las arcas públicas por esta venta fue de 25,7 millones de euros, pero el alcalde incidió en que no gastaría dinero del Consistorio en esta operación. Arranz estaba en plantilla, el único gasto habrían sido los honorarios de un procurador, y el Ayuntamiento tiene contratos marco que habrían permitido rebajar este coste.

Por si fuera poco, la decisión de PP y Cs es contraria al acuerdo de pleno del pasado 27 de julio, en el que Más Madrid y PSOE lograron aprobar -con la abstención de los ultraderechistas de Vox- una moción que reclamaba al Ayuntamiento que no tirase la toalla. Como cualquier iniciativa de este tipo, no tenía carácter vinculante, pero expresaba el posicionamiento político de la mayoría del pleno, y de nuevo fue ignorada por Almeida. En la misma línea, el Gobierno de PP y C's ha hecho caso omiso de los escritos registrados este mismo mes por inquilinos afectados por este y otros casos de ventas de vivienda a fondos buitre.

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, y el Tribunal de Cuentas concluyó que el Gobierno municipal vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

La batalla legal de la oposición y la supuesta interrupción de los plazos

El primer pleno del Ayuntamiento en el mes de septiembre ya arrancaba fuerte. José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, amenazaba el martes con querellarse contra Almeida -sin dar más detalles-, y la edil del PSOE Mercedes González daba un ultimátum al Consistorio: de no presentar recurso de casación, lo haría ella misma.

El jueves, González se personó ante el Tribunal de Cuentas para reclamarle que le legitime para ejercer la acción sustitutoria [ya que el Ayuntamiento no lo hará], para después presentar recurso ante el Tribunal Supremo "como vecina de Madrid", en base al artículo 68 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Desde el entorno de la concejala aseguran que esto ha servido para paralizar los plazos para presentar recurso, y precisan que, de no acceder el Tribunal de Cuentas a legitimarles, presentarán recurso de queja ante el Supremo.

Además, el miércoles se conoció que se cerraba otra opción de recurrir, cuando la Fiscalía decidió rechazar la petición de dos diputadas de IU en la Asamblea de Madrid para dar esta batalla, al entender que no quedaba acreditado el "perjuicio" para las arcas públicas de esta operación. La Fiscalía declinó intervenir, pero se confesó "sensible" ante este caso."                      (Alejandro López de Miguel, Público, 28/09/19)

El Tribunal de Cuentas que ha absuelto a Botella: un organismo controlado por el PP y marcado por el enchufismo

"La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno de una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre ha vuelto a poner bajo el foco a este órgano fiscalizador. Actualmente está controlada por el Partido Popular que tiene la mayoría del consejo y que ostenta la presidencia y el órgano de gobierno en su totalidad. La absolución de Botella, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas, una exministra de José María Aznar, marido de la exregidora de la capital.

El Tribunal de Cuentas es quien vigila la contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos públicos. Y aunque reciba el nombre de "tribunal" no es un órgano judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. El ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y el Senado. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con altas probabilidades de repetir.

El Tribunal de Cuentas es, por ley, "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" y le corresponde "en exclusiva" el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.

La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. 

Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.

La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. 

No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.

El índice de rotación de los consejeros por tanto acaba siendo muy bajo y estos gozan de unas condiciones laborales muy ventajosas. Su salario anual asciende a 119.480,34 euros, según recoge en el BOE, a los que se suman otros 6.000 euros para gastos y los trienios que vayan acumulando. También tienen coche oficial y dos secretarias.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece, y la que más poder tiene en el organismo, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración. Una vez que abandonan el cargo, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% de su retribución (que incluye los trienios) durante un máximo de 24 mensualidades.

Nepotismo

Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.

Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).

En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.

Otro de las sospechas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones la fiscalización que ha realizado sobre los partidos. 

Un ejemplo de ello se produjo en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubiera podido detectar de las cuentas de 2008 de las formaciones políticas, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular. Ese retraso de cinco años se ha subsanado ligeramente los últimos años.

La trayectoria de los que han absuelto a Botella

El enésimo escándalo en el Tribunal de Cuentas lo han preguntado dos consejeros del PP que han absuelto a Botella y a otros cargos de su gobierno también del mismo partido. Una de las consejeras es Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica y las sospechas de enchufismo también han recaído sobre el consejero. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público. En concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada por el Supremo fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas."                (Fátima Caballero, eldiario.es, 18/07/19)

Botella sale indemne de la venta de pisos sociales a fondos buitre gracias a una ex-ministra de Aznar y un consejero del PP

"Dos consejeros nombrados por el PP han librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas ha revocado la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero ahora la Sala de Enjuiciamiento ha revocado ese fallo tras el recurso de los condenados.

La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que ha mantenido los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.

Margarita Mariscal de Gante fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Ese mismo día, Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también era nombrado miembro del Tribunal de Cuentas.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público, que siempre ha estado rodeado de polémica por los nombramientos a dedos y los enchufes de familiares de políticos.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece fue renovada, y por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público, en concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas.

La vía penal por esta venta sigue abierta pero Botella ha quedado excluida de ser juzgada. La Audiencia Provincial ordenó en junio al juez que sobreseyó en dos ocasiones la causa que diera por concluida la investigación y pasese a la siguiente fase, que sentará en el banquillo a los presuntos responsables de los delitos que aprecian los magistrados en la operación: malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Entre las personas acusadas no está ni estará la exalcaldesa, pese a que la Junta de Gobierno que ella presidía dio el visto bueno a la venta en 2013.

Diferencias con la primera sentencia

La primera sentencia de diciembre de 2018 concluyó que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, "incurrieron en una negligencia grave" porque "no impidieron el perjuicio en el patrimonio público" a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al Blackstone por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.

Sin embargo, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado" y concluye que en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", tras el "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas en su nueva sentencia argumenta que "los precios de la vivienda acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas decenas de pisos en 2011 y 2012 pero dicho procedimiento demostró ser ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas". "Ha quedado acreditado su ajuste a las normas y principios del ordenamiento jurídico", insiste.

La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos "dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público", también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.

Según la argumentación del tribunal en la primera sentencia condenatoria, era indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.800 viviendas duró 14 días. La primera sentencia concluyó que no era tiempo suficiente para preparar una operación de esas características y deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.

El fallo concluye que en el procedimiento de venta hubo información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con los 100 bloques de pisos, que el Gobierno de Botella se saltó todos los controles, e incluso que se pagaron dos millones de euros a una empresa, supuesta intermediaria, sin que se haya probado su participación en la compraventa.

El nuevo fallo de la Sala de Enjuiciamiento da la vuelta a esa argumentación y considera que se llevó a cabo un concurso público para la adjudicación de un servicio de intermediación destinado a la búsqueda de posibles compradores del inmueble. "Este concurso fue publicado oportunamente", dicen los consejeros del PP en contra del primer criterio del Tribunal de Cuentas y añaden que se presentaron diferentes ofertas al proceso de venta.

El Gobierno de Almeida no recurrirá

El Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena demandó en diciembre de 2017 a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión. El Gobierno de Carmena también recurrió la primera condena y pedía que se multiplicase por más de seis el importe de la misma: de 25,7 a 162,8 millones.

Desde Más Madrid, la formación que encabezó Carmena para las municipales y primer grupo en el Ayuntamiento, Marta Higueras reclamaba que se elevase a casación ante el Tribunal Supremo el fallo del Tribunal de Cuentas. Por su parte, el PSOE afeaba que Mariscal y Suárez Robledano no se hayan inhibido en la votación.

Pero el procedimiento tiene visos de quedar en este punto de absolución para Botella y parte de su gobierno. El nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida formado por PP y Ciudadanos no recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, ha confirmado este mismo miércoles la portavoz, Inmaculada Sanz. Para Sanz, la nueva sentencia "deja claro que existió un concurso público" y ha reprochado a la izquierda poner en duda a los tribunales por criticar que una exministra de Aznar haya absuelto a Botella.

"No hemos tenido demasiado tiempo para estudiar esa sentencia; sí parece que deja claro que existió un concurso público, con una serie de informes, entre ellos el de la intervención, que abalaba ese proceso como hemos defendido desde el PP. En todo caso como portavoz del Gobierno, acatar, respetar la sentencia, y aceptaremos las conclusiones que ya se han dado", ha expresado ante los medios de comunicación desde el hall de Cibeles."                       (Fátima Caballero, eldiario.es, 17/07/19)

El TSJM ratifica la sentencia que anula la venta de 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre en Madrid

"El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo buitre Azora-Goldman Sachs por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), llevaba a cabo durante el Gobierno del PP de Ignacio González.

La Sección Octava del TSJM rechaza en una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y el fondo Azora Gestión, y confirma la decisión judicial adoptada en mayo de 2018, que anulaba la venta de las casi 3.000 viviendas por un valor de 200 millones de euros al fondo buitre.

En esa sentencia, la adjudicación que dictó el IVIMA nunca fue debidamente "explicada ni justificada" y tampoco aprobada por el Consejo de Administración de esta institución dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Esta consulta, según la sentencia, era un requisito necesario en una venta de estas características, que supone "una alteración de todo un programa de actuación" del IVIMA, al tratarse de casi 3.000 inmuebles que cumplen la "función social" de proporcionar una vivienda a las clases más desfavorecidas.

Esta adjudicación fue emitida el 29 de agosto de 2013 por el IVIMA sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios la trasmisión de la propiedad de sus viviendas.

Fue una de las afectadas, beneficiaria de una reducción del alquiler del 90 por ciento de su vivienda en Navalcarnero, que emprendió acciones judiciales ante el Juzgado número 29 de lo Contencioso-Administrativo.

El TSJM confirma ahora esta decisión, y declara que la justificación de la "innecesariedad" por parte de la Comunidad de Madrid de las 32 promociones que conformaban estas viviendas "es imprescindible" para que pudieran ser enajenadas.

La sentencia conocida este martes, fechada el 14 de mayo y contra la que cabe recurso en un plazo de 30 días, menciona la función social de estos pisos, y que el traspaso de las mismas a un nuevo titular no obliga al fondo buitre a limitar un precio en los alquileres, por ejemplo, respecto del precio de mercado, siendo inquilinos con escasos recursos para acceder a una vivienda o por estar en riesgo de exclusión.

Además, recuerda que el Gobierno regional "ha prohibido la realización en lo sucesivo de operaciones de enajenación" y cita a la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que permite la enajenación de promociones completas salvo a la vivienda con protección pública "cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid, que no podrá ser objeto de transmisión a terceros distintos de los inquilinos o sus causahabientes".

Esta actuación se realizó en paralelo a otra operación similar llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid en 2013 con Ana Botella al frente, y cuya investigación ha ordenado abrir la semana pasada la Audiencia Provincial, puesto que a diferencia de la venta del IVIMA, en este caso prosigue por la vía de lo penal ante un posible delito de prevaricación y malversación de caudales públicos."                 (Público, 04/06/19)