Federico Trillo es la representación de la basura política del estado salido de la transición... alcanza la categoría del paradigma

"Desconozco cómo empezó este personaje en la política. No me interesa. Abogado, cartagenero, miembro egregio del Opus Dei, autor de un libro olvidable sobre Shakespeare, imagino que del mismo modo que otros juegan al golf o se dedican a amasar dinero. Un trabajo de los que cuentan a la hora de las valoraciones de sus iguales. “¿Shakespeare? Ah, sí, Shakespeare”. No creo que lo haya leído nadie que no sea un subalterno, y yo, por vicio. 

Cuando aseguro que es la representación de la basura política del estado salido de la transición, no lo digo a humo de pajas. Trillo alcanza la categoría del paradigma. Es falaz, cínico, miente cuanto habla con ese tonillo de abad, al que nadie sabe muy bien cómo llegó donde llegó, a menos de hacer marrullerías. No hay que olvidar que Mariano Rajoy le envío en acto de servicio a desenmarañar toda aquel lío que se habían montado en Valencia, tan enmarañado de comisiones y repartos económicos.

Debió de hacerlo bien, porque casi nadie se enteró de nada y la mierda que él iba a sanear les alcanzó hasta el cuello. Detesto a Trillo, porque me producen alergia esos tipos de comunión diaria y mucho Kempis, y no tienen rubor en matar sin que les afecte en nada. 62 muertos de su estricta responsabilidad no los consigue ni un sicario colombiano . 

62 cadáveres afectos al ejército español, tan bravo él, que dejó a las víctimas en la indefensión más absoluta, al pairo de su familia. El avión no debía volar, el tiempo estaba contraindicado y el ministro en su papel de canalla, mezcló los cuerpos de unos y otros como si fueran chatarra de la guerra. Siguiendo el viejo adagio medieval, de otra talentosa autoridad religiosa: ya los pondrían en orden cuando llegaran al cielo.

Un escándalo, por utilizar una palabra suave, el del crimen de Estado del YAK-42, allá por el año 2003, cuando nadie le tosía a un ministro de Aznar , y Trillo lo era. El desafuero, tan desmesurado, el desprecio y la arrogancia del patán tan considerable, su manera de despreciar a los muertos tan humillante, que acabó de embajador en Gran Bretaña, la cancillería más solicitada después de Washington, e incluso más; mejor nivel de vida, tranquilidad garantizada, y viejas costumbres tan estimadas por los diplomáticos desde que el Duque de Alba lo fue con Franco. 

Así se premia a la basura que recoge los restos que va dejando el poder. Ya tenía que ser grave la ofensa para que una quincena de diplomáticos “de la carrera” solicitaran su retiro inmediato.

Y este hombre, ducho letrado y basura política, tiene honor; los muertos mucho menos, y los que escribimos ninguno. Por eso se va. No con la cabeza alta, porque en su caso la lleva singularmente atornillada al cuello y el cuello, robusto, sabe que no hay otra cosa que el poder. Como si estuviéramos en tiempos del Duque de Olivares, como una gárgola soldada al cuerpo.

 ¿Qué carajo le importan los muertos, sus familiares, la opinión pública, y demás zarandajas? Quien manda, manda. Y ese sabe lo que le debe; hay que evaluar lo pernicioso que es tener un enemigo avieso, rezador, sin dama que le tiente, solo la Gracia Divina, que siempre perdona.

Esta basura política resultó un producto, no sé si espúreo o genuino, de una época donde nosotros mirábamos, la oposición miraba hacia otra parte, los radicales se callaban porque los fallecidos eran militares y ellos aún siguen discutiendo sobre una coleta o una camisa bien planchada.

Y nuestra basurilla, ¿qué será de ella? Después de tantos méritos a los mandos del Estado no sería de extrañar que le pusieran con medallas , con fondo de atambores, y esos collares que, discúlpenme la impertinencia, parecen hechos para colgar más que honrar. 

En Francia lo hicieron hace siglos, y no tienen ninguna razón para arrepentirse. La basura política por excelencia, Federico Trillo, con toda probabilidad asentará sus reales sobre los mullidos sillones del Consejo de Estado, la máxima sinecura que existe en España. Y bien saben ustedes que hay muchas y bien regadas."            (Gregorio Morán, Bez, en Rebelión, 16/01/17)

La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003 es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia

"La tragedia del Yakovlev en mayo de 2003, que costó la vida a 75 personas, es uno de los episodios más siniestros y macabros de las últimas décadas. Y Federico Trillo, uno de los personajes más turbios de nuestra democracia.

Empecemos por el desastre del avión estrellado en Turquía. Además de las vidas humanas que destrozó, el caso tuvo todo lo necesario para llevarse por delante la carrera política y profesional de sus responsables. 

La contratación chapucera de un aparato desvencijado, en condiciones lamentables de uso y mantenimiento, para trasladar a militares españoles a una zona de máximo riesgo; una sucia operación de ocultamiento y de intoxicación informativa para dar carpetazo al asunto cuanto antes; cadáveres sin identificar o con identificaciones falsas, enterrados a toda prisa por orden de la superioridad; el engaño deliberado a las familias de las víctimas, y, por fin, la ingeniería judicial para que los culpables quedaran impunes.

Si aquella monstruosidad se dejó pasar sin mayores consecuencias fue, en primer lugar, porque eran tiempos de mayoría absoluta, la oposición estaba débil y el Gobierno se había procurado —gracias a Trillo, entre otros— un control del poder judicial como ningún Gobierno anterior ni posterior han tenido jamás. Y, en segundo lugar, por la singularísima personalidad del ministro de Defensa.

En otras democracias parlamentarias, el suceso y su manejo no solo habrían fulminado al ministro responsable, sino que habrían puesto en dificultades al propio jefe del Gobierno. En España, en cualquier otro momento político —en el actual, sin ir más lejos— no se habría podido mantener al ministro ni enervar la acción de la justicia. Incluso en aquel tiempo en el que todo valía, quizá se habría apartado púdicamente al titular de Defensa si su nombre no fuera Federico Trillo.

¿Haber sido presidente del Congreso y ministro de Defensa cualifica a una persona para ocupar una embajada importante? Teóricamente, sí. Pero no nos engañemos: todo el que ha habitado en la cocina de la política española desde los años ochenta sabe que Trillo no está hoy en Londres por haber desempeñado esas altas responsabilidades. 

Es al contrario: esos puestos han sido sucesivas recompensas por su impagable (aunque excepcionalmente bien pagado) trabajo al servicio de su partido en las cloacas del sistema judicial.

Trillo fue siempre el enlace especial del PP con el submundo de los tribunales, el arquitecto de las estrategias político-jurídicas destinadas tanto a destruir a los adversarios políticos como a proteger a los suyos de cualquier amenaza.

La estrategia de este veterano opusdeísta siempre fue la misma. Jugando al ataque, acosar a los rivales con una catarata de denuncias y acusaciones fundadas o prefabricadas, recursos, impugnaciones y recusaciones sin fin, hasta conseguir una sentencia condenatoria o la lapidación pública del perseguido. 

Jugando en defensa, lanzar toneladas de sospechas contra los jueces que investigaban algún caso relacionado con el PP para sumirlos en el descrédito profesional. Siempre, hay que admitirlo, con altísima eficacia.

Vimos a Trillo en los ochenta desactivar el caso Naseiro (primer tesorero del PP acusado de financiación irregular) para convertirlo en el caso Manglano (el juez encargado de la investigación, sometido a una feroz campaña difamatoria).

Lo vimos, durante el periodo de Felipe González, agitando todos los casos de corrupción que despedazaron a aquel Gobierno: moviendo los hilos judiciales del caso Filesa, de los fondos reservados, de lo de Roldán, lo de Juan Guerra, lo de los papeles de Laos… También tratando de bloquear en los tribunales las decisiones del Gobierno, se tratara de la expropiación de Rumasa, la ley Corcuera o la primera despenalización del aborto.

Lo vimos, durante el periodo de Zapatero, en la sala de máquinas de la ofensiva contra el Estatuto de Cataluña (recusando en cadena a magistrados del Tribunal Constitucional para alterar la mayoría en ese órgano), así como contra las leyes emblemáticas del Gobierno: la de igualdad, la del matrimonio homosexual… y, por supuesto, la segunda ley del aborto (defendiendo el regreso a la primera, que él mismo había combatido).

Lo vimos jalear y tirarse paredes con el juez Garzón cuando este perseguía a los socialistas por los GAL; y años más tarde, dirigir el comando de demolición del mismo juez Garzón cuando empezó a investigar en serio el caso Gürtel.

Quien mejor lo explicó fue, como siempre, Mariano Rajoy, que en 2011 se dirigió a él en público con palabras que querían ser de gratitud: “Has estado siempre ahí, ocupándote de temas que no vamos a calificar”. Y a continuación le entregó la embajada de España en Londres, junto con la matrícula en un curso intensivo para que al menos aprendiera a chapurrear el inglés.

Todo lo que ha sido se lo debe a esos “temas que no vamos a calificar”. Trillo es un intocable, uno de esos tipos a los que no conviene dejar tirados mientras tengan memoria.

Por eso es especialmente enojosa para este Gobierno en minoría la reaparición del episodio del Yakovlev en un informe demoledor del Consejo de Estado que corrobora lo que ya se sabía: que aquel accidente pudo y debió evitarse sin la incuria y la venalidad de las autoridades responsables. Que Trillo y sus colaboradores nos deben 75 vidas y todo el bochorno que vino después.

Es una ocasión pintiparada para que se active una de las varias mayorías que conviven en este Congreso caleidoscópico: la de todos contra el PP. PSOE, Ciudadanos, Podemos, los nacionalistas: todos a una pedirán la dimisión del embajador, la comparecencia de Cospedal y después la de Dastis. 

No les extrañe que se reclame y se obtenga una comisión de investigación para revisar todo lo que ocurrió con aquel avión y los sucesos adyacentes. O que asistamos al insólito espectáculo de la reprobación parlamentaria de un embajador de España en activo.

Si fuera cualquier otro, Rajoy encontraría sin gran dificultad una fórmula para entregar la pieza —la cabeza del embajador— sin perder la cara, ahorrándose un escándalo en vísperas de Presupuestos. Pero tratándose de Trillo, es dudoso que tenga libertad para hacerlo sin pactarlo con el interesado. Y es que no se toca a un intocable salvo que se deje, y aun así ha de hacerse con extrema precaución."             (Ignacio Varela, El confidencial, 03/01/17)

Rato, Abel Matutes, Ruiz Gallardón, Federico Trillo, Mayor Oreja, Ana Mato, Soria, Arias Cañete, Fernández Díaz... e a corrupción do PP

"Con esta selección de ministras e ministros que aparecen neste serial de tres artigos ao que agora pomos o ramo queda claro que o PP é un partido que se financia ilegalmente. (...)

Rodrigo Rato. Ministro de Economía e Facenda (1996-2000), ministro de Economía e Competitividade (2000-2004), Vicepresidente do Goberno, Director Xerente do Fondo Monetario Internacional (2004-2007), Presidente de Caja Madrid-Bankia (2010-2012).

Rato tivo durante moitos anos sociedades opacas en paraísos fiscais, tamén cando ocupaba responsabilidade políticas e de goberno. Segundo os papeis de Panamá, utilizou o bufete panameño Mossack Fonseca para liquidar dúas desas sociedades onde tiña gardados 3.672.410 euros. Está acusado dunha fraude fiscal de 5,3 millóns de euros, branqueo de capitais, administración desleal, alzamento de bens e corrupción entre particulares.

Utilizou os seus cargos para beneficiar as súas empresas. Así, concedeu un crédito de 350 millóns de euros ao Valencia Club de Fútbol, cando presidía Bankia, que aproveitou para introducir unha empresa da súa trama familiar na construción do novo estadio. 

Tamén concedeu un crédito de 2,2 millóns de dólares a Lazard, ocultando os seus intereses neste banco de investimentos. Por outra parte, facturaba traballo de asesoría para Telefónica a través da empresa Kradonara 2001 SL, que controlaba, para aforrar no pago de impostos.

Está investigado polo cobro dunha suposta comisión de 850.000 euros, a través de Kradonara, a cambio da adxudicación dun contrato de publicidade de Bankia, que presidía, a Publicis Comunicaciones e Zenith Media por importe de 46 millóns de euros. Rato ocultou a Facenda que tiña negocios en publicidade a través de COR Comunicación SL, que ten como clientes a importantes medios de comunicación.

Realizou moitos favores como ministro, que despois aproveitou para recolocarse cando abandona Bankia. Rato designaba a César Alierta en 1996 como presidente de Tabacalera (empresa que privatizara), e cando Alierta presidía Telefóncia, ficha a Rato por 200.000 anuais en xaneiro de 2013 como conselleiro asesor das súas filiais en Europa e Latinoamérica. 

Tamén Emilio Botín fichaba Rato para o consello asesor do Banco Santander en setembro de 2013, recibindo outros 200.000 euros anuais. Francisco González, que presidía Argentaria (banco privatizado por Rato), perdoaba 312.000 euros a unha empresa da familia Rato en 1999 e catro meses despois González acababa de copresidente do BBVA, resultado da fusión do Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria.

Rato é un dos principais implicados na escándalo das tarxeta black ou opacas, cando presidía Bankia. Cargou a esa tarxeta 99.041 euros como gastos de roupa, copas, mariscadas, xoias, perfumes, vacacións, etc.

Segundo a contabilidade oficial do PP, Rodrigo Rato tería recibido 36.247 euros de sobresoldos entre 1990 e 2011 e segundo os papeis de Bárcenas (contabilidade B) cobrou 216.711 euros de sobresoldos en 11 pagamentos entre 1997 e 2004. É unha persoa rica, participa en 27 empresas, segundo a Axencia Tributaria, e controla un patrimonio de 24 millóns de euros. 

Abel Matutes. Alcalde de Ibiza en 1970 durante a ditadura franquista, senador, deputado, eurodeputado, ministro de Asuntos Exteriores con Aznar (1996-2000).

Utilizou a política para os seus negocios particulares. Así, en 1998 facía coincidir una viaxe oficial a Cabo Verde coa visita a ese país de responsábeis do grupo Doliga (na delegación estaban dúas das súas fillas), empresa de Matutes relacionada co turismo.

Unha das súas fillas, Estrella Matutes, foi conselleira de Urbanismo do Consello Insular de Ibiza (2003-2007) e foi acusada pola Fiscalía dos delitos de prevaricación, negociacións prohibidas a funcionarios, uso de información privilexiada e tráfico de influencias por votar un plan urbanístico de Ibiza adaptado a un contrato privado de venda de terreos que, segundo a Fiscalía “beneficia directamente sociedades en que ela e os seus familiares teñen interese económico directo”.

Abel Matutes ten unha grande fortuna que supera os 400 millóns de euros: presidente do Grupo Matutes e propietario da multinacional Palladium Hotel Group, accionista da navieira Balearia e conselleiro de Globalia, propietaria de Air Europa.

Alberto Ruiz Gallardón. Presidente da Comunidade de Madrid (1995-2003), alcalde de Madrid (2003-2011), ministro de Xustiza (2011-2013).

Recibía 2.275.000 pesetas da caixa B do PP en sobresoldos (era tamén senador), só no ano 1994 e, como moitos dirixentes do partido, recibía doce mensualidades e dúas pagas. Recibiu un reloxo de 300.000 pesetas de Special Events, o mesmo que Ángel Acebes e Pío García Escudero, con motivo do XIII Congreso Nacional do PP.

Tamén recibiron sobresoldos outros ministros e ministras, segundo recollía a contabilidade B dos papeis de Bárcenas: 296.263 euros, Cristobal Montoro (entre 1993 e 2011); 6.000 euros, Ana Palacio, en 2004; 9.000 euros, Pilar del Castillo en 2004; 42.238 euros, Elvira Rodríguez (entre 2006 e 2007); 7.813 euros, Juan Carlos Aparicio, así como 60.000 euros María Dolores de Cospedal (entre 2008 e 2010), secretaria xeral. Ademais, Cospedal cobrou 963.331 euros polos cargos públicos que desempeñou e como secretaria xeral entre 2006 e 2011, segundo recolle a contabilidade oficial do PP. 

Gallardón, que era alcalde de Madrid, coñecía os pagos por un total de 138.000 euros que entre 2007 e 2009 pagou Fundación Madrid16 –creada para promocionar a candidatura olímpica da capital– a Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), controlada por Iñaki Urdangarín, por uns servizos sen documentar, contribuíndo así a unha situación ilegal e corrupta.

Federico Trillo. Presidente do Congreso dos Deputados (1996-2000), ministro de Defensa (2000-2004), embaixador en Londres desde 2012.

Xuntamente con Vicente Martínez Pujalte, deputado do PP, foi denunciado pola Axencia Tributaria pola realización de actividades incompatíbeis cos seus cargos. Cobraron 429.000 euros por traballos de asesoría ao Grupo Collazo, empresa dedicada a obra civil e que foi beneficiada polos parques eólicos de Castela-León. Trillo ingresou 354.560 euros en tres anos e Pujalte 75.000 euros en 2008 por “asesoramento verbal”, tomando café cada quince días.

O PP pagou con diñeiro negro da caixa B a minuta dos avogados que defenderon Trillo no xuízo do accidente do Yak 42, o 26 de maio de 2003, no que morreron 62 militares do exército español, 12 tripulantes ucraínos e un cidadán de orixe bielorrusa que regresaba de Afganistán.

Trillo foi encargado por Rajoy para frear o caso Gürtel nos tribunais e cualificou de “montaxe política” as denuncias sobre a corrupción no PP: “Este asunto foi unha montaxe política durante tres anos da UDEF e a Fiscalía Anticorrupción dependentes do Gobierno e especialmente de Rubalcaba”.

 Fixo tamén unha entusiasta defensa de Luis Bárcenas: “Tense intentado imputar unha persoa que resultou ser inocente e através dela o Partido Popular”.

Recibiu 185.256 euros de sobresoldos en 11 pagamentos entre 2001 e 2006, segundo a contabilidade B, e outros 187.650 euros entre 1990 e 2011, segundo a contabilidade oficial do PP.

Jaime Mayor Oreja. Presidente do PP do País Vasco (1989-1996) e ministro de Interior (1996-2001).

O dirixente do PNV Xavier Arzallus relacionaba en 2002 a negativa do goberno do PP de aumentar en 200 os membros da Ertzaintza, policía autónoma vasca, cos intereses da familia Mayor Oreja en empresas privadas de seguridade. Despois da denuncia de Jaime Mayor Oreja contra Arzallus por “calumnias”, a Audiencia Provincial de Álava e o Tribunal Supremos certificaban a participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, empresa que xestiona compañías de seguridade, e dos seus irmáns José e Carlos en Seguritec, Prosegur e Protección y Custodia. Por outra parte, a Unión de Gardas Civís sinalaba a relación de Jaime Mayor Oreja con Ombuds, empresa de seguridade, concesionaria de vixilancia en prisións e centros militares sanitarios.

Jaime Mayor Oreja negouse repetidamente a condenar o franquismo, xustificando a súa actitude en que “representa un sector amplo de españois”, “Moitas familias vivírono con naturalidade e normalidade”, e describía a situación no País Vasco durante a ditadura como “extraordinaria pracidez”. Cualificaba o aborto como “algo propio dos bolcheviques”.

O PP pagaba a Jaime Mayor Oreja en 2001 os 2.710 euros mensuais do aluguer da súa casa en Madrid. Ademais, entre 1997 e 2008  recibiu 181.440 euros en sobresoldos da caixa B, repartidos en 16 entregas.

Ana Mato. Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (2011-2014), Vicesecretaria Xeral do PP (2008-2012).

Mato foi partícipe a título lucrativo nos delitos cometidos polo seu marido Jesús Sepúlveda, ex–alcalde de Pozuelo de Alarcón, segundo o xuíz da Gürtel. Esta trama corrupta pagaba dúas comuñóns e dous aniversarios dos seus fillos, viaxes a Disneyland Paris, Dublín. Entre 2001 e 2003 a Gürtel tería regalado 71 viaxes á familia de Ana Mato por importe de 29.911 euros a través de Pasadena Viajes.

Recibiu da caixa B do PP 136.364 euros en sobresoldos. Ademais, cobraba do partido, segundo a contabilidade oficial, 103.712 euros en 2009, 107.450 euros en 2010 e 122.225 euros en 2011.

José Manuel Soria. Alcalde de As Palmas(1995-2003), presidente do Cabildo Insular de Gran Canaria (2003-2007), ministro de Industria, Enerxía e Turismo (2011-2015) e Presidente do PP de Canarias (1999-2016)

Implicado en varias sociedades en paraísos fiscais nos anos 90 e até, polo menos, 2002, segundo os chamados papeis de Panamá. Soria declaraba, inicialmente, que a súa familia non tiña empresas en paraísos fiscais, pero despois admitía que a sociedade Mechanical Trading Limited foi creada en 1993 na illa de Xersei e que UK Lines LTD estaba rexistrada no Reino Unido. 

Con esas contradicións nas explicacións foi obrigado a demitir como ministro. Posteriormente, foi proposto polo PP como Director Executivo do Banco Muncial, idea que abandonou polo rexeitamento social e político.

Miguel Ángel Arias Cañete. Ministro de Agricultura e Pesca (2000-2004), ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (2011-2014), Comisario Europeo de Enerxía e Clima desde 2014.

Aprobaba como ministro a amnistía fiscal de 2012 da que se beneficiou a súa esposa como apoderada dunha empresa rexistrada nun paraíso fiscal a través do despacho de avogados Mossack Fonseca. 

A esposa de Cañete e outros doce membros da familia Domecq figuran desde 2005 como autorizados de Rinconada Investments Group SA, con sede en Panamá. Tamén foi investigado polos seus intereses nas compañías Petrolífera Dúcar e Petrologis, cando era ministro.

Cañete despediu o director financeiro da sociedade estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) porque enviou varios informes denunciando adxudicacións irregulares de contratos, pagos por obras inexistentes e incremento ficticio do custo das obras; unha fraude de centos de millóns de euros no que están implicadas dez das principais empresas construtoras de España e onde hai numerosos acusados por prevaricación, fraude e falsidade.

Jorge Fernández Díaz. Presidente do PP de Cataluña (1989-1991), Secretario de Estado de Relacións coas Cortes (2000-2004) e ministro de Interior (2011-2015).

En novembro de 2012, Fernández Díaz daba absoluta credibilidade a uns informes sobre unha suposta relación de Artur Mas e Xavier Trias con contas en Suíza, que eran falsos. Por outra parte, utilizou o seu ministerio e a Policía para atacar a forzas políticas nacionalistas de Cataluña.

 Así, en outubro de 2014 tiña unha conversa no seu despacho co director da Oficina Antifraude de Cataluña, que foi gravada, para inventarse irregularidades fiscais contra dirixentes de ERC e CDC. O ministro afirmaba nesa conversa que “o Presidente do Gobierno [Mariano Rajoy] o sabe”.                   

Ver: Ministros, ministras e a corrupción do PP (I) e Ministros, ministras e a corrupción do PP (II)       

(Manuel Monge, Sermos Galiza, 18/10/16)

Relaciones de amistad y parentesco entre abogados y jueces salpican algunos de los casos de corrupción política y económica del país...

"Mario Conde está en la cárcel. Incondicional y sin fianza. Su abogado, consellere en su trasiego de dinero de paraíso fiscal a paraíso fiscal, Javier de la Vega, también. La Guardia civil les pilló hace una semana con las manos en la masa, moviendo (recuperando) el dinero (o parte de él) que el exbanquero disimuló de las cuentas de Banesto.

El abogado de ambos podría ser, si fructifican los contactos ya existentes, José Ángel González Franco, letrado barcelonés experto en delitos económicos y tributarios. En la recámara, por si la cosa se encamina hacia el Tribunal Supremo, se encuentra el letrado Adolfo Prego, exmagistrado del alto tribunal durante más de 16 años.

Jueces y el PP

Prego es un abogado al que se relaciona de forma muy estrecha con el Partido Popular. Así, es uno de los defensores del PP en casos como la Gürtel o la Púnica. Prego es muy amigo de magistrados como Cándido Conde Pumpido, al que algunas fuentes policiales relacionan con determinado empresario catalán recientemente excarcelado.

El hijo de Conde Pumpido, abogado, aparece ahora en los llamados Papeles de Panamá. En 2008 requirió los servicios del despacho Mossack Fonseca para abrir una sociedad relacionada con un proyecto inmobiliario en Panamá.

Endogamia judicial

Cándido Conde Pumpido, hijo, está imputado por blanqueo de capitales de una mafia de prostitución, el caso Pokemon. Al parecer, intentó presionar a la juez instructora por escrito, a través de un mail en el que esgrimía sus contactos en el alto tribunal.

Otros de los jueces amigos de Prego son los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez y Manuel Marchena. Precisamente el magistrado Marchena tiene una estrecha relación de amistad con Nicolás González-Cuellar, catedrático de Derecho Penal y abogado del recién dimitido ministro José Manuel Soria. Marchena apadrinó públicamente el ultimo libro escrito por González-Cuellar Ecos de la Inquisición, un tratado sobre Derecho Penal que, por cierto, postula diluir la capacidad de investigación de los jueces de instrucción.

'Doctrina Trillo'

Un fiscal de sala cuya identidad prefiere mantener en el anonimato ha explicado a Crónica Global que esta amalgama de abogados, jueces, magistrados y casos de delito de cuello blanco se regula en base a lo que se ha dado en llamar en los corrillos judiciales de Madrid la doctrina Trillo, en honor al que fuera ministro del PP. Se trata de una doctrina que sugiere un manto de protección jurídica para aquellos imputados del mundo de la alta política y las finanzas vinculados con casos de corrupción.

Un contubernio indecente

Esa misma fuente, experto conocedor de lo que se maquina en la cocina de los tribunales de la capital, se lamenta porque “en España no se ha hecho aún la transición política en materia judicial” y sentencia que “esos delincuentes de cuello blanco, saben a qué abogado hay que recurrir cuando su caso llega al Tribunal Supremo”.               (Carlos Quílez, Crónica Global, 16/05/16)

Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados. El escándalo está en la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de favores

"La noticia que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados cuando se ha descubierto el pastel.

Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.

Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en el ejercicio de su cargo.

Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada. Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los implicados y debe ser evitado.

No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de €30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por precaución.

Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los ingresos a hacienda.

Un político no puede tener conductas que den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión, voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no fuera su salario como cargo público.

 Si un político tiene una fortuna personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust) antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de imparcialidad.

Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que tienen contratos con la administración es completamente inaceptable.

Si estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza, incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es ilegal o no.

Los genios que deciden sobre compatibilidades en el Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de consultor de esta manera es completamente inaceptable.

Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por este pastel. Su justificación es que la asesoría “verbal” era para temas que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino “expansiones estratégicas”, “estudios de mercado” y demás perlas parecidas.

Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso.

No estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores. Haya sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.

Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada relacionado con el gasto público.

 El problema, en este caso, es que en Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en despachos en Castilla-León. La corrupción es tanto un problema de oferta como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.

En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han olvidado de esto."             ( Roger Senserrich  , Politikon, 23/04/2015)

Trillo, el conseguidor apañador

"Embajador en Londres, ministro de Defensa durante la tragedia del Yak-42 y la toma del Islote de Perejil, presidente del Congreso responsable del “manda huevos”… Las facetas de Federico Trillo son múltiples y variadas, por lo que es difícil perfilarle. 

Así que mejor recurrir al agradecimiento que su jefe, Mariano Rajoy, le brindó en noviembre de 2011, en el acto de cierre de campaña del Partido Popular en la Plaza de Toros de Valencia: “Has estado también ahí, ocupándote de temas que no vamos a calificarlos”.

Con eso debería bastar, pero intentemos indagar un poco más en las labores de Trillo que podrían haberle llevado a ese misterioso agradecimiento. ¿Se refería a su labor como responsable de Justicia y Libertades Públicas del PP o a las gestiones en la sombra que realizó dentro del caso Gürtel? Pues bien podría ser por lo primero, ya que su labor para obstaculizar casos de presunta corrupción, como el de los trajes de Francisco Camps, ya estaba más que pagada.

69.600 euros de asesoría

De hecho, el 21 de diciembre de 2009, el Partido Popular pagaba 69.600 euros (60.000 más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de “coordinación [de] defensas”. El despacho, que se dedica al “asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes” está gestionado como administradores por los dos hijos de Federico Trillo y es al mismo al que Grupo Collosa pagó los 354.560 euros que ahora han causado el enésimo escándalo del exministro.

Entre bambalinas

Según fuentes conocedoras del pago, y aunque el PP lo negaba, la factura era por asesorar a los militares acusados del caso Yak-42. Trillo nunca fue citado en el juicio ni como testigo, gracias en parte a que el principal acusado y condenado, el general Navarro, le exoneró de toda responsabilidad. Pero el exministro participó entre bambalinas, entrevistándose tanto con Navarro como con testigos clave antes de que declarasen.

Contra el sastre

Un portavoz del PP citado por El País reconoció que Trillo estuvo coordinando la defensa de casos como “el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel”. Pero en aquella época el PP estaba personado como acusación, lo que no cuadra con el concepto “coordinación [de las] defensa”.  Lo que sí se sabe es que estuvo al frente de maniobras como intentar desacreditar al sastre José Tomás que hacía los trajes para Camps y otros dirigentes.

El escándalo Prosegur

La historia del despacho de Trillo y familia ya aparecía en la prensa en 2005. Entonces era Interviú quien publicaba un jugoso reportaje en el que se narraba que el bufete había firmado un contrato de asesoría jurídica con la famosa empresa de seguridad Prosegur. Todo normal si no fuera, según narraba la revista, porque Prosegur fue una de las empresas más beneficiadas con los contratos del Ministerio de Defensa durante la etapa de Trillo. 

Prosegur llegó a facturar hasta cinco millones de euros a Defensa, lo que le valió para estar en la asociación de empresas suministradoras del Ministerio, y durante la gestión de Trillo colocaron guardas jurados y otros dispositivos de seguridad en varios cuarteles y academias militares.

Los sobresueldos

A estos dos oscuros episodios habría que sumar la aparición de Trillo en los famosos papeles de Bárcenas. De esa contabilidad paralela de la caja B se deduce, presuntamente, que habría cobrado varios sobresueldos, algunos de ellos entre 2000 y 2004, cuando era ministro de Defensa. 

Así, en el año 2000 habría cobrado 12.000 euros; cantidad que subiría a 65.275 euros en 2001 y luego a 74.990 euros en 2002. En 2003 la cifra habría caído a 36.000, luego en 2005 habría cobrado 12.000 euros de nuevo y 3.000 euros en 2006. Lo que arroja una cantidad superior a los 203.000 euros entre 2000 y 2006."         (El Plural, 23/04/2015)

Un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca...

"La noticia que Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte tenían jugosos contratos de consultoría con una constructora siendo diputados es preocupante. Lo es tanto por el contenido y la forma del trabajo que se supone estaban haciendo estos políticos como por la actitud de todos los implicados cuando se ha descubierto el pastel.

Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés.

Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre: a un político no se le debe dar dinero en el ejercicio de su cargo. 

Ni dinero, ni regalos, ni viajes, ni préstamos, ni reformas en la cocina, ni darles una paseo en burro. Nada. Si el político recibe algo que le lucre de forma personal de cualquier modo o le ahorre una cantidad substancial de dinero, ese donativo o favor debe ser visto como algo inmediatamente sospechoso por todos los implicados y debe ser evitado.

No, no hay excepciones. Incluso un regalo de cumpleaños cuesta más de €30, debe ser quemado en una hoguera antes que caiga la noche. Por precaución.

Si os fijáis, ni siquiera estoy mencionando nada relacionado con la ley. Da absolutamente igual que la legislación española tenga lagunas en este aspecto, y es más irrelevante aún que el receptor declare los ingresos a hacienda.

 Un político no puede tener conductas que den pie a la más mínima duda sobre su honestidad, ni puede hacer nada que pueda llegar a sugerir que en algún momento, en alguna decisión, voto o conversación con compañeros de partido, funcionarios o ministros sus acciones podían venir marcadas por una fuente de ingresos que no fuera su salario como cargo público. 

Si un político tiene una fortuna personal o empresas antes de meterse en política, la gestión de estas debe ser puesta en manos de administradores independientes (un blind trust) antes de jurar el cargo. Si es un cargo sin dedicación completa deberá recusarse de inmediato antes de tratar cualquier tema que pueda levantar la más mínima suspicacia sobre posibles favoritismos o falta de imparcialidad.

Trillo y Pujalte, obviamente, no cumplieron con ninguna de estas condiciones. Como cargos públicos en puestos de responsabilidad dentro de un partido político cualquier labor de asesoramiento a empresas que tienen contratos con la administración es completamente inaceptable. 

Si estos contratos, además, pagan decenas de miles de euros anuales sin que haya ni una sola prueba documental, informe, memorándum, notas a mano o nada remotamente parecido a lo que se le exige a un consultor que te está cobrando una tarifa de estrella internacional, los receptores deberían abandonar la política de inmediato, muertos de vergüenza, incluso antes que alguien llegue a plantearse si lo que han hecho es ilegal o no. 

Los genios que deciden sobre compatibilidades en el Congreso pueden haber dicho que tener un despacho de abogados es compatible con la labor de diputado todo lo que quieran: ejercer de consultor de esta manera es completamente inaceptable.

Lo que me ha puesto especialmente de los nervios, sin embargo, ha sido las respuestas de Trillo y Pujalte cuando se les ha preguntado por este pastel. Su justificación es que la asesoría “verbal” era para temas que no tenían nada que ver con la contratación pública, sino “expansiones estratégicas”, “estudios de mercado” y demás perlas parecidas.

 Aún suponiendo que un político puede tener algo parecido a personalidades múltiples y estancas y olvidarse sobre quién le está pagando más de 100.000 euros al año fuera del Congreso cuando está ejerciendo de legislador, el hecho que ni Trillo ni Pujalte parezcan considerar anormal que alguien pueda dudar de ellos es asombroso. No estamos hablando de un problema con Hacienda; el escándalo, insisto, no es si han cumplido con el fisco, sino sobre la posibilidad que una empresa privada les diera dinero a cambio de posibles favores. 

Haya sucedido esto o no, la mera posibilidad que esto hubiera podido suceder es un escándalo en el mejor de los casos, y motivo de cárcel en cualquier país medio normal.

Por añadido, y como decimos a menudo, no basta con hacer que esta clase de conductas y relaciones incestuosas sean ilegales. La clave, y lo que cualquier reformista debe tener como punto de partida, es que las empresas lleguen a la conclusión que dar dinero a los políticos a cambio de favores sea un gasto inútil, ya que estos realmente no toman la decisión final sobre adjudicaciones, contratos, concesiones o nada relacionado con el gasto público. 

El problema, en este caso, es que en Collosa / Corporación Llorente pudieran llegar a pensar que poniendo a sueldo a cargos nacionales del PP estos les iban abrir puertas en despachos en Castilla-León. 

La corrupción es tanto un problema de oferta como uno de demanda: para que un empresario deje de pagar por dar favores debemos hacer que los políticos no puedan ofrecer venderlos.

En fin, creo que todo lo dicho arriba es obvio: conflictos de intereses, recusaciones, imagen de imparcialidad, cosas bien básicas sobre cómo debe funcionar una administración pública. Al menos, debería serlo. Hay días que me pregunto si algunos políticos incluso se han olvidado de esto."             (Politikon, 23 abr, 2015 - Roger Senserrich)

Hacienda descubre el pago de 354.000 euros de una constructora a Trillo... y de 75.000 a Pujalte

Vicente Martínez Pujalte y Federico Trillo

"Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. 

Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.

En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.

El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.

El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.

En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.

Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.

Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.

Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.

Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. 

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. 

Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.

Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.

Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. 

El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.

En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.

Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.

Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.

El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).

El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda."            ( Fernando Garea / Rafael Méndez  , El País, Madrid 22 ABR 2015)

Testigos del 'caso Gürtel' revelan cómo se tapaba el regalo de trajes a Camps

"Nos hicieron firmar una carta en blanco contra José Tomás" - "Hubiéramos firmado que todos éramos unos ladrones" - "Me forzaron a hacer una entrevista"

La cúpula del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza encargó numerosos trajes en la tienda madrileña de ropa Forever Young entre los años 2005 y 2008 pero no pagó ninguna de las prendas adquiridas .

José Tomás, vendedor de la tienda Forever Young que tenía entre sus clientes a los políticos valencianos del PP, declaró ante el juez a primeros de 2009 que esas prendas fueron abonadas por los jefes de la trama Gürtel mediante transferencias bancarias de cuentas corrientes propiedad de distintas empresas de la red que dirigía Francisco Correa.

El dueño de la tienda Forever Young, Eduardo Hinojosa, le despidió poco después acusando a Tomás de elaborar facturas falsas y otras irregularidades. Los jueces, muchos meses después, declararon improcedente ese despido.

Hinojosa se reunió con Federico Trillo, el ex ministro que dirige la estrategia jurídica de defensa de los imputados del PP en el caso Gürtel, y obligó a sus trabajadores a firmar una carta en blanco que él rellenó con afirmaciones que pretendían desacreditar a José Tomás, uno de los testigos clave para destapar el supuesto cohecho del presidente valenciano, Francisco Camps.

Hinojosa llegó incluso a forzar a sus trabajadores para que concedieran entrevistas a varias televisiones mintiendo sobre José Tomás.

Todos estos hechos fueron relatados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tres empleados de la tienda de ropa -una cajera, un jefe de compras y un jefe de ventas- que acudieron al juzgado como testigos y contaron esta versión de los hechos bajo juramento y conociendo que podrían terminar en la cárcel si prestaban falso testimonio.

Sus declaraciones íntegras apuntan a que tanto el dueño de la tienda, Eduardo Hinojosa, como Federico Trillo, ex ministro de Defensa y responsable de Justicia en el Partido Popular, urdieron un plan para desacreditar a José Tomás, quien era uno de los testigos clave para atribuir a Camps el delito de cohecho impropio. (...)

Miguel Marqués. Él nos hizo firmar un folio en blanco y luego redactó con su letrado una serie de puntos... No sé qué ¿verdad?, sí.

P. ¿No recuerda usted una entrevista con televisión realizada en una de las tiendas de Forever Young en la que estaba usted con una compañera de ventas?

Miguel Marqués. Esto fue una entrevista...

P. En esa entrevista usted manifiesta que José Tomás había confeccionado 15 facturas que no se ajustaban a la realidad en cuanto a concepto.

Miguel Marqués. Le repito, que esta entrevista me la fuerza a hacer a mí el señor Hinojosa, me obliga a hacerlo porque yo pertenezco a la empresa, soy un mandado y no tengo más remedio que decirlo. Fue una entrevista forzada, Hinojosa está presente en la tienda en el momento de la grabación, y yo me presto porque no tengo más remedio que prestarme. Porque era eso o ir a la calle.

P. ¿O sea que usted si su jefe le dice que mienta, usted miente?

Miguel Marqués. En este caso sí, porque yo tengo que comer todos los meses." (El País, 26/11/2010)

Un despacho con influencias... el de Trillo

"El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable. Con un capital social de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros, con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles.(...)

La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.

La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía." (El País, 08/11/2010, p. 16)