Ernesto Ekaizer: Las cuadras de caballos purasangre, la otra cara del juez Peinado... Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026... (los jueces no pueden tener ninguna actividad mercantil)

 "El instructor del caso de la esposa del presidente del Gobierno ya ha consagrado como acusada a Begoña Gómez antes de dictar el auto de apertura de juicio oral contra ella, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, y otros, una resolución que será comunicada en los próximos días. El Periódico revela una intensa actividad particular de las cuadras de caballos del juez, que representan una parte de su personalidad, la que le une al turf y a los caballos de carrera. (...)

 Canalejas – nombre de José Canalejas, político regeneracionista liberal que presidió el consejo de ministros entre 1910-1912 y fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas en la madrileña Puerta del Sol- es un ejemplar que según consta en la documentación de la competición pertenece a Juan Carlos Peinado García, es decir, el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Es Canalejas un ejemplar nacido en Francia y es uno de los nombres de personajes españoles famosos que integran la cuadra.

Otros caballos son: Campomanes, Pemán, Valle Inclán, Galdós, Azorín, Unamuno y Baroja.

Para el propietario de Canalejas el premio y la subvención (que incentiva la cría caballar en Francia) ha sumado 44.000 euros.

La pasión del juez Juan Carlos Peinado García (Madrid, septiembre 1954) es más que un hobby, según se desprende de la actividad de las cuadras ‘JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA’, ‘JUAN PEINADO’, ‘SRA. PATRICIA PEINADO’, ‘PATRICIA PEINADO’ e ‘INTERLAWYERS’.

Una cuadra, en la terminología de la hípica, es el conjunto de caballos que pertenecen a un mismo propietario, criadero o equipo de competición.

Las yeguadas mencionadas ‘Sra. Patricia Peinado’ y ‘Patricia Peinado’ figuran como propiedad de Patricia María Peinado Toledo (concejal de Zona sur por el Partido Popular del actual gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid), hija del magistrado Juan Carlos Peinado García.

‘Juan Peinado’ se refiere a Juan Carlos Peinado Toledo - hijo de Juan Carlos Peinado García-, quien aparece en la cuadra solamente como criador en Haras Des Fontaines, 17 Chemin Des Fontaines, 65190 Mascaras, un establecimiento ecuestre profesional histórico especializado en la reproducción, nacimiento, pupilaje (alojamiento) y cuidado de caballos de carrera purasangre que dirige el profesional francés Thierry Abadie en una zona de pastos de alta calidad, veterinarios y personal cualificado. Está situado en la región de Occitania, departamento de Altos Pirineos.

Las primeras carreras de las que se tiene constancia se corresponden con la cuadra `Patricia Peinado´ (hija de Juan Carlos Peinado García) disponiendo del historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.

La carrera en cuestión se celebró el 15 de agosto de 2005 en el hipódromo de San Sebastián por el ejemplar Road Far Fast. Esta carrera parece representar el inicio de la actividad de competición de las cuadras.

Actividad en la que, si se atiende a las cifras económicas, parece responder más a una gestión empresarial o explotación económica que a una mera ocupación recreativa o de ocio.

Hay que ocuparse de la reproducción, nacimiento, alojamiento, pupilaje, cuidado y transporte de los caballos.

El número de carreras disputadas por las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García indican que los ejemplares de ‘Juan Carlos Peinado García’ han corrido 91 carreras desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2026.

La cuadra ‘Juan Peinado’ corrió 121 carreras desde el 6 de diciembre de 2008 hasta el 23 de mayo de 2019.

La cuadra ‘Interlawyers’ ha corrido 4 carreras desde el 29 de junio de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2019.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’ ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023.

Y, por último, la cuadra ‘Patricia Peinado’ ha corrido 3 carreras desde el 17 de junio de 2016 hasta el 9 de junio de 2019.

Conforme a los datos plasmados en una hoja realizada cin el entrecruzamiento de las cuadras examinadas por El Periódico, el número total de competiciones ecuestres de las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían alcanzado las 271 carreras durante un período superior a veinte años dedicados al turf.

Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026, de la que Canalejas salió vencedor en París-Longchamp.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’, hija de Juan Carlos Peinado García, ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023, habiendo corrido en esta última fecha la yegua Olivenza en el hipódromo La Teste de Buch situado en la región de Nueva Aquitania, en Francia.

Esto contrastaría con el siguiente hecho: en su declaración de bienes, actividades y renta de Patricia María Peinado Toledo, como concejal de zona sur, presentada en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la Comunidad de Madrid en fecha 28 de julio de 2023 no menciona ser propietaria de ningún caballo o yegua.

Los nombres asignados a los caballos y yeguas que han integrado el patrimonio equino vinculado, de una u otra forma, a Juan Carlos Peinado García, son sugerentes. Así, aparecen, según se ha apuntado, nombres históricos que rememoran a escritores y políticos.

La vinculación de las distintas cuadras apuntadas está reflejada en el traspaso de algunos ejemplares y por el nombre de preparadores o entrenadores.

Algunos ejemplos: los caballos Stonebridge, Pemán, Café Theatre, Mirlo Blanco, La Adrada [municipio del sur de Ávila donde el juez Peinado posee un chalé] y Azorín, que se repiten en distintas cuadras.

En el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2008 al 14 de mayo de 2026 las cuadras analizadas han tenido registrados no menos de 25 caballos. Con todo, la cifra sería superior.

En cuanto al nombre de preparadores o entrenadores - A. C., C. Alonso y R. Martín -, en particular, según se menciona en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope n.º 24 de fecha 2 de junio de 2017 editado por Jockey Club Español, el 24 de mayo de 2017 el caballo Pemán cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la cuadra ‘Interlawyers’ y en la misma fecha el ejemplar Mirlo Blanco cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la denominada ‘Patricia Peinado’.

Se da la circunstancia, conforme a la información disponible, de que en las competiciones han coincidido la participación de dos caballos pertenecientes a dos cuadras distintas, o bien de la misma, pero con diferente denominación.

Ello ocurrió, por ejemplo, el día 3 de marzo de 2018 en el hipódromo Bordeaux Le Bouscat, en el distrito de francés de Burdeos, en la que compitieron los ejemplares Stonebridge en el premio Prix du Taillan por la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’ y el ejemplar Baroja por la yeguada ‘Juan Peinado’ en la carrera por el premio Prix Du Merlot.

El 27 de agosto de 2017 también hubo esa competencia. En el hipódromo de San Sebastián los caballos Valle Inclán compitieron por el premio Gran Casino Bilbao bajo la tutela de la cuadra ‘Juan Peinado’, y Pemán lo hizo por el premio Lankorpe Industria Gráfica, con los colores de la cuadra de ‘Juan Carlos Peinado García’.

A lo largo de los años de los que se dispone de registros se constata que las cuadras ‘Juan Carlos Peinado García’, ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers’ han corrido en instalaciones hípicas de España y Francia.

Así, en La Zarzuela, por ejemplo, en fecha 29 de junio de 2014 tuvo lugar la carrera de la cuadra Interlawyers, o dos carreras más de la ‘Juan Peinado’ los días 2 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2017. Por parte de la cuadra ‘Patricia Peinado’ también corrieron en La Zarzuela los días 14 de abril de 2019 y el 5 de mayo del mismo año. La actividad ecuestre de Juan Carlos Peinado García y en igual medida la de su hija Patricia Peinado se ha desplegado a lo largo de más de veinte años.

En algunos casos, mediante la adquisición de ejemplares fuera de España, por ejemplo en Irlanda, donde se habrían comprado dos potros posteriormente bautizados como Espronceda, perteneciente a la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, y el ejemplar Campomanes, también de la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, que en el enlace aparece asociado a los colores de ‘Interlawyers’.

Algo parecido sucede con el caballo Canalejas, ganador de la carrera del pasado 14 de mayo en el hipódromo de París-Longchamp.

En una carrera anterior, de la que existen imágenes en la que se le puede ver, corrió con los colores de ‘Interlawyers’ (verde y naranja).

Fue el 22 de junio de 2025 en el Prix Montoulieu en el hipódromo de Toulouse.

En la temporada verano 2017, jornada decimotercera, en el hipódromo de San Sebastián, el día 27 de agosto, hay un acta de las carreras en las que se recoge: “Estos comisarios acuerdan sancionar a la CDA.INTERLAWYERS con 75 € por correr con colores distintos a los declarados, siendo reincidentes en la temporada. Todo ello en virtud del artículo 142 (apartado 2º/párrafos III y IV).

No es ciertamente fácil saber con qué indumentaria han de correr a tenor del trasiego de ejemplares entre unas cuadras y otras, aunque todas ellas estén relacionadas.

El mayor número de carreras se habrían realizado en el país vecino, Francia, muy probablemente, o al menos en parte, por la cuantía de los premios, considerablemente más elevados que en España.

Conforme a la información disponible en el portal france-galop.com (el portal oficial de France Galop es la plataforma digital de la entidad que gestiona y organiza las carreras de caballos de galope en Francia) se obtienen los datos correspondientes a los premios económicos logrados.

En concreto, de los distintos enlaces a los que se puede acceder sobre la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, sale la siguiente información sobre los premios conseguidos en los ejercicios 2025 y 2026, serían los siguientes:

· Año 2025 subsidio + bonificación por propiedad: 104.393 euros

· Año 2026 subsidio + Bonificación por propiedad: 119.496 euros.

Por lo que respecta a la cuadra de ‘Patricia Peinado’ en período 2016 – 2022 el montante de premios ha sido de 193.107 euros.

El juez Peinado solicitó en 2023, con 69 años, la prórroga que obliga a todos los jueces a jubilarse a los 70 años.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó en su reunión del 11 de enero de 2024 esa prórroga hasta los 72 años, que el juez cumplirá próximo 27 de septiembre.

Esa prórroga, precisamente, ha permitido al juez admitir a trámite e instruir una causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, iniciada en abril de 2024 al admitir a trámite una querella contra ella del llamado sindicato Manos Limpias.

Dos años largos después, Peinado está a punto de dictar auto de apertura de juicio oral y pide que sea un jurado popular el que enjuicie a Begoña Gómez, una decisión que tendrá que resolver la sección 23 de la Audiencia de Madrid.

Un tema del turf, mira por dónde, recayó en el juzgado 41 de Madrid, a cargo del juez Peinado.

En octubre se 2015, el juez admitió a trámite una querella de Cayetano Martínez de Irujo contra el presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, por delito de prevaricación, fraude electoral y falsedad documental en las elecciones celebradas en 2025.

El pasado 11 de marzo, Peinado citó a los imputados a prestar declaración el 5 de octubre próximo.

Es decir: una fecha posterior a su jubilación, el 27 de septiembre, cuando, según se ha apuntado cumplirá 72 años.

Con todo, según un auto conocido esta semana, el juez Peinado ha resuelto archivar la querella, al acordar, siguiendo el criterio de la Fiscalía de Madrid, el sobreseimiento provisional."

(Ernesto Ekaizer, El Periódico, 31/05/26) 

Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, reclamó a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de su vivienda... a cambio de de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló

 "Buenos días, Paco". Así arranca Ana Millán, actual número 3 de Isabel Díaz Ayuso, un correo electrónico enviado desde su cuenta personal al empresario Francisco Roselló, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Arroyomolinos durante las casi dos décadas en las que la dirigente del PP de Madrid escaló puestos en el organigrama del consistorio hasta llegar a la alcaldía.

Más allá del "beso" con el que despide el correo electrónico, y que también es relevante para la investigación, el asunto ('Ático'), y el contenido del mismo, en el que Millán reclama a Roselló el pago de las cuotas de la hipoteca y la comunidad de la vivienda, convierten el email en una de las principales pruebas en las que se apoya la Guardia Civil para sustentar una investigación que llevará a ambos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un caso de presunta corrupción.

En él se investigan los supuestos pagos en forma de sueldos, ingresos en efectivo y transferencias que habrían recibido entre Ana Millán, su hermana y su pareja sentimental, además del pago de alrededor de 50.000 euros entre hipoteca y gastos de un ático en pleno centro de la localidad.

A cambio, sostiene la investigación, y siempre bajo la presunción de inocencia, de unas adjudicaciones a favor del grupo de empresas de Francisco Roselló. En total, los informes que obran ya en manos del magistrado Francisco José de Goyena apuntan a que sus sociedades recibieron del Ayuntamiento de Arroyomolinos más de 600.000 euros repartidos en nueve contratos, aunque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sigue desenmarañando el caso.

Un 'email' que demuestra "cercanía"

La casualidad, sin embargo, fue la que permitió que este correo electrónico y parte de la documentación del caso llegasen a manos de la Guardia Civil. A pesar de que el Partido Popular ha gobernado prácticamente de forma continua en Arroyomolinos durante las últimas décadas, un breve paso de la oposición por el gobierno permitió que, el día que se iba a tomar posesión de la concejalía en la que estuvo Millán, descubriesen que se estaba destruyendo documentación.

Solo llegaron a tiempo de salvar tres bolsas de basura que quedaban en un despacho, y, entre los papeles, encontraron una copia escrita de este correo electrónico que supuso una de las primeras piedras sobre las que se erigió la denuncia presentada por Carlos Ruipérez, que tomaba posesión de la alcaldía por Ciudadanos.

En ese 'email', Ana Millán, que ahora es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, reclama a Francisco Roselló los pagos atrasados por el supuesto alquiler de un ático en la plaza mayor de Arromolinos justo durante los años en los que se intensificó la contratación del empresario con el ayuntamiento.

En su declaración en sede judicial, Millán explicó que, al comprarse ella otra vivienda en 2008, Roselló le ofreció alquilarle su ático e incluir una opción a compra, aunque no hizo la gestión personalmente, sino a través de una tercera persona que administraba Neverland, una de sus sociedades.

Un contrato que la actual vicesecretaria de Organización del PP de Madrid cree recordar que firmaron en "un bar del pueblo" y que establecía que "el alquiler era la letra de la hipoteca, y, como ya hacía uso de él como si fuera suyo, asumía todos los gastos de comunidad, contribución, seguro...". El precio de una hipotética compra futura sería, dijo ella, lo que restase de la hipoteca en ese momento.

El "Buenos días, Paco" con el que arranca, pero, sobre todo, el "Un beso y nos vemos" con el que cierra ese correo electrónico al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, denotan, según la Guardia Civil, "cercanía" entre ambos.

La investigación ahonda en esa idea al explicar, en base a un interrogatorio de una testigo que trabajaba con ella, que se "destaca la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar" con las sociedades de Francisco Roselló. Además, "esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta" los supuestos retornos que tuvo.

Respaldo del PP

La postura del Partido Popular a la hora de enfrentar el caso ha sido, desde el primer momento, respaldar a Ana Millán, considerada muy cercana a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta, de hecho, la incluyó en sus listas para las últimas elecciones y mejoró su posición dentro del partido a pesar de que ya se había hecho pública la investigación contra ella por cuatro presuntos delitos relacionados con la corrupción.

Una protección por parte del partido que se materializó en su condición de aforada y que se hizo evidente ayer, por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que abría la causa contra ella.

“Es inocente de aquello de lo que se le está acusando”, sostuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicitado que ofrecía su “apoyo”. Y ha subrayado: “Quiero mandar un mensaje a Ana Millán, desde luego, de confianza (...), respeto total y absoluto al procedimiento judicial, pero que estoy seguro de que Ana Millán, desde luego, es inocente”.

Un sentimiento que también ha plasmado este miércoles Miguel Ángel García, portavoz de la Comunidad de Madrid, al asegurar que "no es casualidad" la atención mediática que se le está dando al supuesto caso de corrupción de Ana Millán, pues todo se debe a una cortina de humo orquestada desde el PSOE para intentar tapar la apertura de juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse por el llamado caso ITV."              (Alberto Muñoz , epe, 04/09/24)

La absolución de Camps en el ultimo juicio vivo del ‘caso Gürtel’ deja sin castigo en los tribunales a los jefes de los ejecutivos populares más corruptos. Aznar, Rajoy y Aguirre salen también ilesos de los escándalos a cuenta de sus mandatos... nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b... La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales... “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano Rajoy”

 "Este político del PP anda metido desde hace años en un camino de la vida donde todo son curvas peligrosas. La ruina se le echó encima a cuenta de la corrupción y en breve se sentará en el banquillo amenazado de cárcel. Con la experiencia del tiempo que lleva atrapado en los juzgados, cuenta ahora a EL PAÍS que la justicia no es igual para todos: “Los jefes son intocables. No es lo mismo llevarte por delante a [Luis] Bárcenas que a Mariano [Rajoy]”.

Es solo una opinión, aunque los hechos confirman en parte su veredicto. Desde que los gobiernos más corruptos del PP comenzarán a sufrir las consecuencias de sus actos -2018, primera sentencia del caso Gürtel-, todos los jefes-presidentes de esta formación política han salido ilesos del calvario judicial.

La Justicia no ha sido capaz en todo este tiempo de penalizar la conducta de estos intocables. “Los jueces deberían preguntarse a quién beneficia la corrupción en los partidos y en los gobiernos. Y llegarían a la conclusión de que los principales beneficiados son: candidatos en campaña primero y presidentes del Gobierno después”, señala el político procesado por corrupción.

El PP, sentenciado en dos ocasiones como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la misma trama, acumula en los últimos seis años numerosas condenas por la corrupción de sus cargos públicos. Pero ningún fallo judicial ha golpeado todavía a sus principales líderes.

La última sentencia conocida sobre un caso probado de contratos amañados a favor de la red Gürtel absolvió el pasado miércoles a Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011. Pese a que el empresario beneficiado, y condenado, confesó los hechos -”Yo le pedí a Camps que me ayudara y él me ayudaba”- el tribunal no encontró la prueba definitiva del delito: ni Camps dio la orden de contratar ni firmó ningún documento que le pudiera incriminar. Otros funcionarios del Gobierno de Camps sí han sido condenados por estos hechos.

Muchos años antes (2012), Camps ya salió absuelto en otro juicio por supuesto cohecho en el caso de los trajes. Un jurado de nueve le consideró “no culpable” por 5 a 4. Y eso pese a que la investigación acreditó con facturas y testimonios que la trama corrupta pagó los trajes al entonces presidente y pese a que Camps no logró demostrar el pago de uno solo de los trajes. Su vicepresidente, Víctor Campos, confesó los hechos, devolvió los trajes que le regaló la trama corrupta y fue condenado por cohecho pasivo impropio a pagar una multa. Esa trama corrupta se enriqueció durante años a cuenta de decenas de contratos amañados por el Gobierno de Camps, quien dimitió antes de enfrentarse al juicio de los trajes.

Desde aquella sentencia absolutoria hasta hoy, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia han condenado a numerosos dirigentes y cargos públicos del PP valenciano, muchos de ellos colaboradores principales de Camps. Pero esos castigos nunca rozaron al jefe. Los subordinados siempre cargaron con la culpa.

Sobre esta cuestión elaboró una curiosa teoría Alberto Jorge Barreiro, magistrado del Supremo jubilado el 30 de abril de 2019. El voto particular de Barreiro contra una sentencia que rebajó la pena a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, exponía las distintas varas de medir la culpa en casos de corrupción política: “En este tipo de estructuras jerarquizadas se da la circunstancia de que cuanto menor es la capacidad decisoria y competencial de un funcionario, más próximo suele estar a la materialización de la conducta delictiva y mayores posibilidades tiene de incurrir en la ejecución formal de la conducta típica (…) Se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe del delito y quien es mero ejecutor de los mandatos de un superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como auténtico autor”.

Isabel Gallego, directora general de Medios de la Comunidad de Madrid durante las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, sufre las consecuencias que denunció el magistrado Barreiro. Gallego está procesada en el caso Púnica por prevaricación y malversación. “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella (Esperanza Aguirre)”, indicó Gallego en el recurso para intentar librarse del banquillo. El PP de la Comunidad de Madrid se financió ilegalmente entre 2007 y 2011 a través de una caja b alimentada por empresarios contratistas. Con ese dinero se pagaron actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas y otros servicios para mejorar la imagen de sus presidentes.

Un dirigente autonómico, compañero de Isabel Gallego en el Gobierno de Aguirre, lo cuenta así: “La directora de comunicación está procesada por buscar la forma de encajar un contrato para que Esperanza Aguirre saliera guapa en las redes sociales. Gallego va para adelante en el juzgado mientras que la que sale guapa está en su casa”.

Las dos fiscales que investigaron durante años el caso Púnica se negaron a firmar el escrito final de Anticorrupción, redactado por un compañero que llegó después y exculpó a Aguirre. La presidenta del Gobierno regional y del PP de Madrid se libró así de un sumario donde la Fiscalía pide también cárcel para el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados, y para el gerente del PP-Madrid, Beltrán Gutiérrez, ambos trabajadores a las órdenes de Aguirre.

La expresidenta madrileña ha escapado, de momento, a todas las causas judiciales abiertas a su Gobierno. Su vicepresidente Ignacio González pasó ocho meses en prisión preventiva y está a la espera de juicio. Francisco Granados, exconsejero y exsecretario general del PP-Madrid, pasó 33 meses preso y está a la espera de juicio. Otro vicepresidente, Alfredo Prada, está siendo juzgado por la gestión de la Ciudad de la Justicia, una obra faraónica empantanada tras una inversión de más de 200 millones. Su consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo, fue condenado a 27 años de cárcel por el caso Gürtel, una trama que se enriqueció con cientos de contratos amañados de la Comunidad de Madrid. Directores generales y alcaldes de la etapa en que Aguirre era la jefa de todo en el PP de Madrid han sido condenados, procesados o imputados en diversas causas.

Es un balance parecido al que presenta Camps al frente del PP valenciano y del Ejecutivo que presidió. El resultado de su gestión se puede seguir a través de una decena de fallos judiciales para sacar algunas conclusiones: fueron ocho años de corrupción acreditada en casi todas las áreas del Ejecutivo valenciano que dirigía Camps. La cúpula de su Gobierno -un vicepresidente, varios consejeros y directores generales- y de su partido -secretario y vicesecretario general, gerente, tesorero- ha sido condenada en distintas causas abiertas por corrupción. Campañas electorales con Camps de candidato superaban con creces los gastos legales permitidos; muchos actos se financiaban mediante facturas falsas o pagos en b que asumían empresarios contratistas del Gobierno que presidía Camps; algunas consejerías y empresas públicas adjudicaban contratos amañados a la trama corrupta; hasta la visita del Papa se usó desde la televisión pública valenciana, dirigida por un hombre de confianza de Camps -condenado también a cárcel- para enriquecer a la red Gürtel. Pero Camps “nada sabe, nada recuerda, nada reconoce”, escribió el juez José Manuel Vázquez Honrubia, ponente de la sentencia que castigó con penas de cárcel a 18 personas entre políticos y empresarios por la financiación ilegal del PP valenciano.

El juez Vázquez Honrubia sospechó de Camps pero nada pudo hacer: “Es jurídicamente imposible emitir pronunciamiento alguno al respecto porque en este juicio comparece [Camps] como testigo, por lo que es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta”.

Tampoco nadie pudo hacer un juicio de valor acerca de la conducta de José María Aznar durante los 14 años (1990-2004) que presidió un partido financiado ilegalmente con donaciones anónimas de contratistas públicos usadas para pagar sobresueldos en b: “Nunca supe nada, y yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo”. Mariano Rajoy, sucesor de Aznar, también negó conocer esa caja b que alimentó al partido durante casi 20 años: “Es absolutamente falso”.

Pero los tribunales les han desmentido en, al menos, dos sentencias. La última, de la Audiencia Nacional sobre la caja b con la que el partido pagó parte de las obras de su sede central, será confirmada en los próximos días por el Supremo. El único condenado en esa causa ha sido Luis Bárcenas, el extesorero que declaró al juez que aquella caja b funcionó con el conocimiento y consentimiento de los presidentes del partido.

En el caso de la financiación ilegal del PP valenciano, el juez condenó a quien era secretario general, Ricardo Costa, al que consideró “el hombre que está detrás”, definido como la persona que “sin intervenir en la ejecución tiene un claro dominio de la situación, teniendo como tal la posibilidad de hacerla cesar en cualquier momento”.

El hombre que está detrás no siempre es visible para los jueces. El Tribunal Supremo aceptó hace unas semanas la imputación por terrorismo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, con el argumento de que tenía el poder suficiente para controlar los movimientos independentistas y evitar así la manifestación violenta celebrada en el aeropuerto contra la sentencia del procés. Para argumentar esta decisión, cinco magistrados del Supremo también hicieron referencia a la teoría del hombre que está detrás: “No se necesita probar la orden de cometer los delitos concretos, dado que quien está en la cabeza de la cadena también puede ser acusado por la omisión de controlar al aparato de poder, pudiendo y debiendo hacerlo”.

Aznar y Rajoy, presidentes de un partido que funcionó con una caja b y ocho millones de euros no declarados durante 20 años, afirmaron que entre sus funciones no estaba el control de las cuentas del partido. El Supremo tiene teorías, aplicadas a Puigdemont, que desmontan este intento de exculpación.

La cúpula política y policial del ministerio del Interior ejecutó entre 2012 y 2016, durante el mandato del Gobierno del PP; decenas de operaciones ilegales consistentes en la persecución del adversario político sin autorización judicial, fabricando en ocasiones pruebas falsas para atribuir delitos que nunca se cometieron. Entre esas operaciones también estuvo el espionaje a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP, con la intención de robar documentos que pudieran incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en prácticas ilegales. Por todo ello, el juez Manuel García Castellón, ha procesado a media docena de comisarios de policía, algunos ya jubilados, al exministro del Interior, Jorge Fernández; y al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Rajoy, jefe de Jorge Fernández durante el tiempo que la cúpula policial hizo trabajos sucios a favor del Gobierno que presidía, nunca estuvo investigado en esta causa. El expolítico del PP que se juega su futuro en un juicio próximo lo tiene claro: “No es lo mismo llevarse por delante a Bárcenas que a Mariano”.             (José Manuel Romero, El País, 02/06/24)

Juan Cotino: amaño de contratos desde la dirección de la Policía de Aznar... Tanto sus dos sobrinos como el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana confiesan que el fallecido político del Opus Dei urdió las mordidas millonarias en Luxemburgo de la red del 'caso Erial'... El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión

 "Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado."             (Lucas Marco, eldiario.es, 20/04/24)

García Castellón no prevarica... en España los jueces no prevarican, sino que pueden tener un mal día. O una mala década... García Castellón es el despiste hecho juez. Pero no es un prevaricador. García Castellón no prevaricó, sino que fue despistado cuando, en su investigación de la caja B del PP, no supo señalar quién podía ser ese tal M. Rajoy que aparecía de forma recurrente en los apuntes contables de Bárcenas... cuando García Castellón pasó de la prudencia excesiva al arrojo absoluto y se dedicó a señalar a Podemos abriendo innumerables casos sin pruebas durante años, el juez tampoco prevaricó. Cuando esas acusaciones que el juez sostuvo en el tiempo fueron archivadas, con el daño ya hecho, supimos que de nuevo había cometido inexactitudes en sus instrucciones. La lista de inexactitudes cometidas por García Castellón sin mala intención, decir lo contrario sería cometer delito de injurias, es enorme... En Estados Unidos, a la Operación Catalunya o la Kitchen lo llaman Watergate; en el despacho de este juez, folios cogiendo polvo

 "En España los jueces no prevarican, sino que pueden cometer algunas inexactitudes. A pesar del enorme tufo de politización de la Justicia, de acusaciones sacadas de la chistera en momentos políticos clave o sobreseimientos imposibles que coinciden con que el acusado es afín políticamente, rara vez verá usted a un togado siendo suspendido por el CGPJ acusado de haber retorcido de forma consciente la ley que debe hacer cumplir. Y es que en España los jueces no prevarican, sino que pueden tener un mal día. O una mala década.

Quizá el juez que más inexactitudes haya acumulado en los últimos años sea el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. La lista de despistes es tan larga que parece milagroso que aún no lo hayamos visto aparecer una mañana en pijama por la Audiencia Nacional. Es el despiste hecho juez. Pero no es un prevaricador. García Castellón no prevaricó, sino que fue despistado cuando, en su investigación de la caja B del PP, no supo señalar quién podía ser ese tal M. Rajoy que aparecía de forma recurrente en los apuntes contables de Bárcenas. 

Despistes aparte, un buen juez nunca debería precipitarse. Menos aún teniendo en cuenta lo común del nombre: ¿quién no tiene entre sus familiares o amigos unos cuantos M. Rajoy? Tampoco fue prevaricación, sino excesiva prudencia, aquella vez que se negó de forma sistemática a que fuese llamada a declarar María Dolores de Cospedal. A pesar de los audios que demostraban su relación con el corrupto Villarejo, al que se le había ordenado desde el PP la destrucción de pruebas que señalaban al partido, al juez no le parecieron motivo de sospecha suficiente. 

Todos tenemos nuestra interpretación. Un juez también. Y no por ello es un prevaricador. Del mismo modo, tampoco prevaricó García Castellón cuando, sin que nadie lo entendiese, decidió luchar contra los corruptos de una forma sorprendente y rebajó la fianza de Ignacio González para que pudiera salir de prisión. La carrera de García Castellón está repleta de decisiones personales e intransferibles, emanadas todas ellas desde una absoluta independencia de interpretación que todos deberíamos respetar.

Cuando, con unos cambios de ritmo que ya hubiera querido Cruyff sobre el césped, García Castellón pasó de la prudencia excesiva al arrojo absoluto y se dedicó a señalar a Podemos abriendo innumerables casos sin pruebas durante años, el juez tampoco prevaricó. Cuando esas acusaciones que el juez sostuvo en el tiempo fueron archivadas, con el daño ya hecho, supimos que de nuevo había cometido inexactitudes en sus instrucciones. La lista de inexactitudes cometidas por García Castellón sin mala intención –decir lo contrario sería cometer delito de injurias– es enorme. Y en esa lista los casos abordados con pasión desenfrenada y los abordados con excesiva prudencia se van alternando. 

El último, la investigación de la Operación Catalunya. En este caso el prudente juez ha tardado dos años en informar de que se niega a investigar las maniobras ilegales del Villarejo que fabricaba pruebas falsas contra rivales políticos por encargo del PP. Un despiste que ha provocado durante todo este tiempo la paralización de un caso que, para García Castellón, debe de ser un caso menor. ¿Qué es el uso de guerra sucia por parte de un Gobierno contra rivales políticos comparado con pedirle las facturas de los empastes a Juan Carlos Monedero? En Estados Unidos, a la Operación Catalunya o la Kitchen lo llaman Watergate; en el despacho de este juez, folios cogiendo polvo.

Quizá, además de despiste, lo de García Castellón sea falta de recursos. Tal vez el problema de este juez, a veces despistado, a veces apasionado, sea la imposibilidad de abordar casos que afectan al PP mientras anda volcado en la instrucción de otros más interesantes. Por ejemplo, la investigación por posible delito de terrorismo contra los líderes del procés. Justo mientras PSOE y Junts negociaban la formación de Gobierno con el peaje de la amnistía, García Castellón, despistado a veces, pero no siempre, fue el único tipo en España con visión de lince suficiente para darse cuenta en 2023 de que el infarto sufrido cuatro años atrás por un turista en Barcelona durante las protestas de Tsunami Democràtic pudo ser un atentado perpetrado por Carles Puigdemont. Que el guiri tuviese un problema cardiaco congénito y que ni a su propia familia se le hubiese ocurrido relacionar los hechos no convierten a García Castellón en un prevaricador, sino en un juez a veces despistado y a veces apasionado. Siempre desde la honestidad y la profesionalidad. 

Insinuar lo contrario, como ha hecho recientemente la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, es poner en duda la independencia de la Justicia, como bien ha denunciado el CGPJ, en manos del PP desde hace cinco años con el mandato caducado. Como bien le apuntaron desde el PSOE tiempo atrás a un vicepresidente con coleta que por aquel entonces era tan malpensado como lo son hoy los ministros del Partido Socialista. Basta ya, unos y otros, de poner en duda a una Justicia española cuyo funcionamiento es intachable. E independiente."               (Gerardo Tecé, CTXT, 22/01/24)

El informe que enfada al PP y acelera el cierre de la Oficina Anticorrupción balear atribuye posibles delitos a un alto cargo del partido

 "Fabricación de actas falsas, ocultación de irregularidades, concesión de licencias urbanísticas ilegales... Se trata de las presuntas prácticas ilícitas que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears (OAIB) ha detectado en el Ajuntament de Campos (Mallorca), en manos del PP. Se da la circunstancia de que los populares registraron este lunes una Proposición de Ley con la intención de eliminar de urgencia la Oficina, apenas unos días después de que saliera a la luz pública que el organismo público se encuentra investigando una presunta trama de corrupción urbanística que afecta a Sebastià Sureda, exconcejal en Campos y actual director general de Emergencias e Interior del Govern de Marga Prohens (PP).

El cierre de la Oficina Anticorrupción es uno de los firmes propósitos que alcanzaron PP y Vox en las semanas previas al acuerdo que rubricaron, a finales del pasado mes de junio, para que los populares pudieran gobernar las islas en solitario. Sin embargo, la supresión del ente se ha acelerado coincidiendo con la publicación de las informaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por Sureda y otros miembros de la corporación municipal. Los conservadores, sin embargo, aseguran a elDiario.es que el texto ya estaba redactado antes de que las pesquisas en torno a Sureda fueran publicadas por Diario de Mallorca, por lo que niegan que éstas hayan influido a la hora de presentar la iniciativa parlamentaria. Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, acusaba al director de la OAIB, Tòfol Milán, de filtrar expedientes “con el único objetivo de difamar a miembros del partido”.

El informe de la Oficina Anticorrupción, al que ha tenido acceso elDiario.es, apunta, en concreto, a la presunta comisión de varios delitos de prevaricación y falsedad documental por parte de las autoridades de Campos al no actuar en diversos locales que funcionan sin licencia en el polígono industrial del municipio mallorquín, al tiempo que denuncia la concesión de licencias ilegales en zonas donde no está permitido el desarrollo de actividad alguna. Tal como consta en el dictamen, un policía local se personó en la zona a finales de 2022 e hizo constar en su informe que no se apreciaba actividad en las naves y que tan sólo estaban siendo utilizadas como almacén.

“Actividad clandestina”

Sin embargo, la Oficina ha detectado que, en contra del ordenamiento jurídico, sí hay negocios en activo, entre ellos, un club de golf y un taller de reparación de embarcaciones, por lo que el organismo apunta a la comisión de varios delitos de falsedad en documento público al considerar que el agente “faltó a la verdad” en la narración de los hechos. Los investigadores señalan que la nave en la que se ubican estos locales se encuentra en situación “inadecuada” ya que el suelo está clasificado como rústico, e inciden en que el ejercicio de una actividad sin licencia o sin la presentación de una declaración responsable “la convierte en una actividad clandestina” y, por tanto, debe ser objeto de un expediente sancionador.

El informe constata que hasta un total de veinte locales, algunos de los cuales se encuentran en funcionamiento desde hace años, no cuentan con título habilitante alguno para el desarrollo de su actividad, “sin que el Ajuntament haya adoptado ninguna medida”. Una situación que, según el ente público, “pone en peligro la seguridad y la vida de las personas” ya que no está garantizado el cumplimiento de las medidas de seguridad (tales como las relativas a la seguridad eléctrica, a la prevención de incendios o a los planes de evacuación). Asimismo, deduce que los locales sin licencia de actividad podrían no disponer de seguro de responsabilidad civil, puesto que para obtenerlo se necesita disponer de licencia.

El organismo subraya, en este contexto, que se trata de una manera de funcionamiento “reiterada” por parte del Consistorio, y recalca que, a la fecha de redacción del informe, no tiene constancia del cierre, clausura o suspensión alguna promovidos desde la corporación municipal.

El Ajuntament de Campos defiende su actuación

Frente a tales indicios, desde el Ajuntament aseguraron el pasado sábado que todas las decisiones tomadas por la institución cuentan con el aval de los informes técnicos y el voto “favorable y unánime” de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

En un comunicado, el Consistorio asegura que, desde que tuvo constancia de la denuncia interpuesta por un empresario en noviembre de 2020 –de la cual, defiende, no se derivaron investigaciones hasta el pasado 5 de septiembre “por una cuestión estrictamente administrativa”–, ha puesto en marcha todos los mecanismos legales pertinentes para regularizar una situación que afecta a varios centenares de familias del municipio. Asimismo, el Ajuntament señala que continuará trabajando “desde la legalidad por la economía, el bienestar y el futuro laboral” de los vecinos.

PP y Vox, contra la Oficina Anticorrupción

Pese a las investigaciones sacadas a la luz en los últimos años por parte de la Oficina Anticorrupción, la proposición de ley registrada por el PP para tramitar de urgencia la eliminación del ente señala que la OAIB, “más allá de resultar operativa, incurre en una duplicidad respecto de algunas de sus funciones” a tenor de la experiencia y los resultados que constan en las memorias anuales del organismo.

El ente fue impulsado por ley en 2016, durante el primer mandato del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol. Ha sido el encargado, entre otros presuntos casos de corrupción, de instruir la causa contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de “trato denigrante” contra una viceinterventora del organismo y de “presionarla” para “levantar los reparos” a la concesión de un contrato de emergencia durante la pandemia.

La batalla judicial por el macrocomplejo de Ses Covetes

Las irregularidades urbanísticas, caldo de cultivo en un territorio cuyas sucesivas legislaciones han resultado insuficientes para corregir el exponencial crecimiento urbanístico de Balears experimentado en las últimas décadas y vinculado, principalmente, al desenfreno de la actividad turística, no son ajenas al PP en el archipiélago.

Precisamente, también en Campos, en 2013 la Justicia puso fin a uno de los embates territoriales que más repercusión han generado en Mallorca, el relativo a la construcción de hasta 68 apartamentos, una piscina y un restaurante ilegales en Ses Covetes, en el extremo de la playa virgen de Es Trenc. La licencia fue concedida de forma irregular en abril de 1992.

Pese a las sucesivas resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en pro de la demolición de estas edificaciones, los promotores hicieron caso omiso a las mismas en una de las batallas judiciales más largas que se recuerdan (casi dos décadas en manos de los tribunales), mientras el PP, al frente del Ajuntament de Campos, promovía la reforma de las normas subsidiarias del municipio para declarar urbanizables los terrenos en uno de sus múltiples intentos por mantener en pie las edificaciones.

La promoción de los apartamentos cambió de manos en varias ocasiones, en una de las cuales recayó sobre un grupo de empresarios entre quienes se encontraba el padre del actual portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, quien, a su vez, era entonces alcalde de la localidad. El ex primer edil y hoy diputado fue multado varias veces por el TSJIB por el retraso en cumplir las órdenes judiciales y dar inicio al derribo del complejo residencial.

En una entrevista con Diario de Mallorca, Sagreras llegó a afirmar que “lo de ses Covetes es polémica para una minoría absoluta”. La lucha del grupo ecologista GOB y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) por lograr la demolición culminó en 2013, cuando los apartamentos fueron finalmente derruidos. En 2022, la máxima instancia judicial de Balears desestimaba, además, la demanda de indemnización por importe de 11,3 millones de euros que reclamaban los promotores por la anulación de la licencia de construcción de los apartamentos. Inicialmente, la empresa constructora, Marina Erst, llegó a solicitar hasta 27 millones.

El primer gran golpe contra la corrupción urbanística en Balears

También en Andratx, en plena vorágine inmobiliaria, principalmente en la zona costera de Mallorca, se produjo en 2006 el primer gran golpe contra la corrupción en Balears, el caso Andratx. Si las primeras investigaciones parecían limitarse a escasas licencias concedidas de forma irregular, la causa acabaría erigiéndose en el paradigma de la corrupción urbanística en las islas. El procedimiento judicial llegó a desgajarse en 79 piezas separadas y a sumar más de 140 imputados entre ex altos cargos del PP, promotores, arquitectos y funcionarios.

Los hechos llevaron a la detención, entre otros numerosos cargos, del entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), quien ese mismo día se autoproclamaba “preso político” al apuntar que todo era un “montaje” contra él, mientras Jaume Matas, entonces presidente del Govern, aseguraba ser el “primer sorprendido” por los hechos en una rueda de prensa que ofreció para defender su honorabilidad y la de su gobierno y alzarse en defensor de las instituciones baleares."               (Esther Ballesteros / Angy Galvín  , eldiario.es, 11 de octubre de 2023)

La Guardia Civil investiga una trama que implica al PP de Andalucía: “Cajas fuertes en el armario" y “dinero en sobres y bolsas”

 "La Guardia Civil, a través de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, investiga una trama de corrupción que salpica de lleno al Partido Popular de Andalucía. Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ronda ha imputado a la alcaldesa de la localidad, María de la Paz Fernández Lobato, y a otras seis personas por cometer presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

En las diligencias previas a las que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Guardia Civil relata una trama en torno a la empresa pública de limpieza, Soliarsa, que utilizaba “cajas fuertes” y “dinero en sobres” y “bolsas” para supuestamente robar dinero público y ofrecer puestos de trabajo por “afinidad política”.

Los detalles relatados por la Guardia Civil son escandalosos y afectan de lleno al Partido Popular de Andalucía.

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla y el coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, son personas muy cercanas a María de la Paz Fernández Lobato.

“Cajas fuertes, sobres y bolsas”

“Había varias cajas fuertes, una que se encontraba en la oficina del jefe (…) otra que era del tamaño de un mueble y la cual se encuentra en las oficinas de Soliarsa y una tercera caja fuerte de tamaño pequeño”, relata uno de los testigos de esta trama a la Guardia Civil en una serie de declaraciones a las que ha tenido acceso en exclusiva este periódico.

Los diferentes testigos aseguran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados que desde la empresa pública se sacaron “bolsas de dinero habiendo monedas y billetes”.

"El dinero defraudado se lo repartían en sobres cerrados”, se explica en otro momento de las diligencias previas emitidas por la Guardia Civil y en las que se pone el foco en “ordenes de transferencias y facturas firmadas por la alcaldesa” del Partido Popular de Andalucía.

La Guardia Civil lo tiene claro: “Hay indicios relevantes que permitirían inferir la presunta comisión de ilícitos penales en el seno de la empresa pública Sociedad para la Limpieza y el Aseo de Ronda S.A. (Soliarsa)”.

En concreto, la Guardia Civil habla de “pagos (ilegales) realizados a empresas externas”, “desvío de fondos públicos”, y “confección de facturas y documentos (falsos)”. Se carecía, además, “de un procedimiento de contratación de empresas externas”. Y de todo ello, la máxima responsable es la alcaldesa del Partido Popular.

Así lo expone con claridad la Guardia Civil en las siguientes afirmaciones que forman parte de las Diligencias Previas:

“Es la única que cuenta con la potestad, de por un lado, aprobar y dar su conformidad a las facturas presentadas por empresas externas (contratos menores), así como, para ordenar el pago de las mismas mediante la emisión de órdenes de transferencia”.

“Es la máxima responsable de la entidad, asumiendo entre otras funciones, la de órgano de contratación y por ende, la aprobación de contratos de empresas externas adjudicados por la sociedad, debiendo asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Le corresponde supervisar su ejecución (contratos) y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada”.

“Asume el cargo de máxima responsabilidad en la Ejecutiva de esta sociedad, y que por ende, habría participado en aquellas decisiones al más alto nivel adoptadas en relación a la gestión de dicha entidad pública”.

“Es la máxima responsable de aprobar y dar conformidad a contratos menores”.

“(Tiene) una falta de control absoluta por parte del órgano de contratación en el cumplimiento de la legalidad y en la justificación de la necesidad de realizar los citados contratos que se reflejaría principalmente en la carencia de inventario”.

“Es la única persona autorizada en las cuentas bancarias del ente en cuestión, por lo que sería la responsable única de aprobar todos los contratos para posteriormente emitir las órdenes de pago”.

En definitiva, la Guardia Civil sostiene que en Ronda se han producido “prácticas que podrían ser constitutivas de ilícitos penales”.

Amenazas a ElPlural.com

A raíz de la publicación de esta exclusiva, el Ayuntamiento de Ronda ha amenazado con denunciar de nuevo a ElPural.com.

Amenazas que se llevan produciendo desde que este periódico desvelase en exclusiva el pasado mes de abril que habían denunciado ante la Agencia Tributaria y la Policía a la alcaldesa de Ronda (PP) por recibir presuntamente miles de euros en dinero negro de comisiones.

El Ayuntamiento también ha emitido una respuesta oficial en la que destaca que María de la Paz Fernández Lobato y la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos están siendo llamadas a declarar en calidad de investigadas, no por haber participado en actividades específicas, sino debido a su papel como presidentas del consejo de administración de Soliarsa durante el período bajo investigación. El Ayuntamiento asegura que no se les acusa de estar involucradas en las circunstancias denunciadas ni se sugiere que tuvieran conocimiento de las mismas (sic).

Comunicado del Ayuntamiento de Ronda 

Trás la publicación de este artículo, el Ayuntamiento de Ronda ha lanzado el siguiente comunicado:

"Ante la información aparecida con relación a las diligencias judiciales abiertas a la empresa SOLIARSA, queremos aclarar lo siguiente: 

-La investigación tiene su origen en una auditoría realizada sobre la empresa referida a los años 2018 y 2019, encargada por propio Gobierno del Partido Popular, nada más acceder a la Alcaldía. 

-Dado que Mari Paz Fernández tomó posesión del cargo, a mediados de junio de 2019 tras las elecciones municipales celebradas ese mismo año, el periodo en que presidió el consejo de administración de la empresa SOLIARSA que está siendo investigado fue tan solo de esos seis meses, correspondiendo al PSOE cualquier tipo de responsabilidad en los años anteriores. 

-Tras la auditoria a la empresa realizada por expreso encargo del gobierno del PP, Mari Paz Fernández adoptó de manera inmediata todas las medidas que el informe y los técnicos municipales propusieron para subsanar las deficiencias detectadas. 

-María Paz Fernández, -al igual que la anterior alcaldesa socialista María Teresa Valdenebro-, ha sido llamada a declarar por el Juzgado por la circunstancia objetiva, por la formalidad, de haber sido presidenta del consejo de administración de la empresa en una parte del periodo investigado, sin que en ningún momento se le haya imputado haber realizado ninguna actuación ilícita. No es cierto, ni consta ninguna mención en las diligencias de la Guardia Civil en tal sentido, que la alcaldesa tuviera conocimiento de los hechos investigados, ni mucho menos que se hubiera beneficiado o lucrado de ninguna forma. 

-Por todo ello, en el mismo momento en que el Juzgado le notificó el auto judicial que acordaba su citación para declarar, la alcaldesa recurrió tal resolución estándose en este momento a la espera de que el Juzgado resuelva el recurso planteado. 

-Conforme establece la ley, la alcaldesa ni ningún político intervienen nunca en los procedimientos de contratación de trabajadores, ya que esta función corresponde exclusivamente a un tribunal formado por funcionarios municipales. Por ello es absolutamente falso que la alcaldesa haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona, ni a su hermano, ni tampoco a “un fisioterapeuta y profesora de la guardería de su hija de su hija” que ni tan siquiera forman parte de la plantilla de Soliarsa. Tan poco fundamento tiene lo anterior, que ni siquiera es objeto de la investigación abierta por el Juzgado. 

-Confiamos en que de manera inmediata la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa de Ronda, que siempre ha actuado con el máximo respeto a la legalidad y en defensa de los intereses de todos los rondeños. 

-Por último, desde la Alcaldía se ha anunciado que esta misma mañana se ha dado instrucciones a los abogados para que interpongan una querella ante la Fiscalía, por la divulgación de datos personales que incluso afectan a su intimidad familiar, como por las calumnias vertidas"."                     (J. M. Garrido, El Plural, 18/09/23)

La antigua rastreadora del saqueo corrupto: “A Carlos Mazón no le importa recuperar el dinero robado por el PP... hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas”... Ana Domínguez, exresponsable de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana, cifra en 12 millones de euros el dinero pendiente de restituir a las arcas autonómicas por causas de corrupciónv.

 "La Oficina de Recuperación de Activos, el órgano de coordinación creado por el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic presidido durante ocho años por Ximo Puig, logró recuperar más de 12 millones de euros y tenía pendiente restituir a las arcas autonómicas otros ocho. Su última responsable, la socialista Ana Domínguez, se muestra tajante ante la decisión del nuevo Ejecutivo del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, de cerrar el organismo: “Lo teníamos prácticamente claro que lo iban a hacer en cuanto llegaran al Gobierno pero es que no han tardado ni un mes”, afirma Domínguez, ex directora general de Relaciones con Les Corts de la Generalitat Valenciana.

Su eliminación ha sido una de las medidas más polémicas de Mazón, quien justificó la decisión por la supuesta “politización” del organismo. Creado durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, el socialista Antonio Torres fue su primer responsable. La Oficina de Recuperación de Activos, adscrita a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, tenía un único objetivo en coordinación con la Abogacía: “Recuperar el dinero que el PP cuando estuvo gobernando robó a los valencianos y las valencianas”, explica Domínguez.

Así, el organismo mantenía un “seguimiento muchísimo más detallado de todos los procesos administrativos y judiciales” susceptibles de recuperar los fondos saqueados por tramas de corrupción como el 'caso Blasco', el desvío de los fondos públicos de la Cooperación valenciana, el 'caso Terra Mítica' o el 'caso Emarsa', entre otros. También se encargaba del seguimiento de las ejecuciones de las sentencias firmes. 

 “El tiempo ha demostrado que la creación de esa oficina tenía mucho sentido, porque hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas y tenía pendientes de ingresar, a medida que avanzaban los diferentes procesos, otros cuatro millones de euros”, aduce Ana Domínguez.

Además de esos 12 millones de euros que fueron recuperados por las arcas de la Generalitat Valenciana, en otra procedimientos se estima que que quedan pendientes otros 12 millones adicionales. “Es decir, podríamos acercarnos a los 20 millones de euros”, recuerda Domínguez.

Durante su trayectoria la Oficina de Recuperación de Activos se hizo con 3,3 millones de euros de la red de facturas falsas en la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm, con dos millones de euros del 'caso Blasco' y con 1,3 millones del 'caso Emarsa'.

En la macrocausa que condenó al exconseller popular Rafael Blasco, el organismo aún tenía pendiente la recuperación de los bienes de su testaferro, el empresario César Augusto Tauroni. “En este momento estábamos detrás y en constante comunicación con las autoridades judiciales de Estados Unidos y Canadá de cómo iba evolucionando el procedimiento de embargo de los bienes de Tauroni, un yate y dos apartamentos”.

El president Carlos Mazón justificó el cierre de la oficina con el argumento de que el nuevo Gobierno de PP y Vox pretende “despolitizar” la recuperación de fondos de corrupción, actuando “con profesionalidad”, para llegar a “todos” los casos. “No hay ninguna eliminación, lo que hemos hecho es despolitizarlo”, adujo Mazón, quien explicó que se había encomendado la tarea a la Abogacía de la Generalitat.

“Evidentemente que diga Mazón que esta oficina es poco menos que un chiringuito da buena cuenta de cómo piensa el PP que funcionan las administraciones públicas”, afirma Domínguez. “Esta oficina nace única y exclusivamente para recuperar el dinero que se había robado por parte de su partido cuando estaban gobernando y lo primero que ha hecho en verano, con nocturnidad y alevosía para que la cosa pase desapercibida, es cargarse la oficina”, agrega su última responsable.

“Me parece una autentica vergüenza que digan a las claras que no les importa recuperar el dinero que sus compañeros de partido y algunos de sus padrinos políticos robaron”, afirma Domínguez en referencia al expresidente Eduardo Zaplana, pendiente de juicio por el 'caso Erial', una causa en la que el Ministerio Fiscal estima que se manejaron 20,6 millones de euros en “operaciones de corrupción”.

“Da buena cuenta de lo que nos espera en los próximos años”, concluye Ana Domínguez."                (Lucas Marco, eldiario.es, 27/08/23)

Un hotel, llamadas telefónicas y la justicia: las tres claves de la traición política del 'tamayazo'... 20 años de la traición política más sonada de la democracia. En 2003, mientras Rafael Simancas se preparaba para ser el presidente de la Comunidad de Madrid, a su espalda dos de sus diputados negociaban con el PP como truncarlo... solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo

 "Esta semana se cumplen 20 años del 'tamayazo'. La traición política de dos miembros del PSOE madrileño que impidió al socialista Rafael Simancas convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid con 36 años. Los socialistas e Izquierda Unida sumaban un diputado más que el PP y Esperanza Aguirre iba a ser la gran derrotada. Pero Tamayo y Sáez se dieron a la fuga de la Asamblea de Madrid y en Madrid no hubo Gobierno progresista.

20 años después, tres claves sobre lo qué pasó realmente en esas horas. Primera: ¿quién estaba detrás del 'tamayazo'? La pista fundamental es el hotel en el que se escondieron Tamayo y Sáez tras su espantada. Un periodista de la Cadena Ser encuentra a Tamayo y Sáez en un hotel a solo ocho kilómetros de la Asamblea. La habitación fue reservada por un constructor, Francisco Bravo. Otra pista sobre quién movió los hilos: las llamadas telefónicas. Esos días, Eduardo Tamayo llamó 16 veces a su asesor jurídico, José Esteban Verdes. Y Verdes, tras recibir la llamada, telefoneó en varias ocasiones a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP en Madrid. El triángulo del tamayazo.

La segunda clave del 'tamayazo', es quizás la más sorprendente: solo una persona terminó condenada. No fue ningún político ni empresario, fue un trabajador de telefónica que filtró las llamadas de Tamayo.

 Última clave: ¿por qué la justicia no investigó este caso? El entonces fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, le obligó a dejar sus averiguaciones. A Cardenal le había colocado el PP. Con el cambio de Gobierno y la llegada de Zapatero muchos pensaron que todo cambiaría, que la Justicia se atrevería a indagar entre los beneficiados del tamayazo. Pero no fue así."            (La Sexta, 12/06/23)